Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: minas y energía

Irene Vélez, ¿dura de sacar?

Escrito por Periodista Infiltrado en . Publicado en Colombia, Lo + Confidencial, Nación.

A pesar de que Irene Vélez presentó carta de renuncia al cargo de ministra de Minas y Energía, asistió al reciente consejo de ministros ocupando la silla de jefe de esta cartera y hasta los últimos días ha ejercido la función como si nada.

Desde el Ministerio de Minas y Energía explicaron que la dimisión al cargo fue aceptada por medio del  Decreto 1286 de agosto 2 de 2023, y en el mismo acto administrativo es nombrado Omar Andres Camacho como nuevo ministro. El paso a seguir es la toma del juramento y acto de posesión del nuevo ministro, y que para esto se requiere que el primer mandatario otorgue espacio en su  agendae

 

El caso sorprende porque no sucedió lo mismo cuando se presentaron las renuncias de la exministra Cecilia López en la cartera de Agricultura, ni mucho menos con la de Alejandro Gaviria.

 

El fantasma del racionamiento

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Amylkar D. Acosta M[1]

El lunes 2 de marzo de 1992, el presidente Cesar Gaviria se vio precisado a tomar una medida extrema, al decretar el racionamiento en la prestación del servicio público de energía eléctrica en todo el territorio nacional, la cual se prolongó hasta el 5 de febrero  de 1993

 

Como una medida complementaria a la anterior y con el propósito de ahorrar energía se adelantaron en una hora las manecillas del reloj y de esta manera aprovechar la luz solar, reduciendo el consumo de energía. Esta medida estuvo en vigor desde el 28 de abril de 1992 hasta el 5 de febrero de 1993.

Una y otra medida de emergencia se tomaron para poder sortear el déficit en la capacidad de suministro de energía por parte de los generadores, el cual tuvo múltiples causas que lo precipitaron. Esta crisis se venía incubando imperceptiblemente. El Sistema eléctrico en su integridad estaba en manos del Estado, este era generador, transmisor y distribuidor de energía, asumía sus costos de operación y el financiamiento de los proyectos requeridos. Los créditos adquiridos con tal fin se convirtieron en un pesado fardo para la Nación. Entre tanto las tarifas de la energía se administraban más con criterio político que con criterio técnico y las alzas, cuando se autorizaban, no respondían a la suficiencia financiera y a los costos eficientes en que incurrían las empresas que prestaban el servicio.

Adicionalmente, hizo carrera entre la tecnocracia el aserto de que el sector eléctrico estaba sobreinstalado, dado que su capacidad instalada de generación era más que suficiente para garantizar la prestación del servicio de energía sin interrupciones. Pero resulta que el 78% de la misma dependía de la hidrología, tornándola muy vulnerable frente a los embates del cambio climático. A ello contribuyó el criterio de mínimo costo, que fue determinante para que en el plan de expansión se priorizara la generación hídrica, frente a la generación térmica.

También contribuyó al déficit en el abastecimiento de energía el atraso y los sobrecostos de proyectos tan claves para asegurarlo como el de El Guavio. A ello se vino a añadir la falta de diligencia por parte de los responsables para darle el debido mantenimiento al parque térmico, que servía de respaldo a los generadores hídricos. De manera que cuando se desató el fenómeno del Niño, el Sistema no estaba en condiciones de garantizar la firmeza y la confiabilidad en la prestación del servicio en condiciones de una hidrología critica como la que se presentó.  Tanto más en cuanto que el nivel consolidado de los embalses de las hidroeléctricas era del 28% y el de El Peñol particularmente, el único con capacidad de regulación anual, era de sólo el 20.66% (¡!). Este fue el detonante de la crisis a la que se vio abocado el Sector eléctrico.

Los intentos de paliar las consecuencias que se derivaron de la misma, como fue la importación al país de dos barcazas generadoras de energía, fueron fiasco total y piedra de escándalo de corrupción. No generaron un solo kilovatio. Este y otros desaguisados llevaron al Congreso a adelantar debates de control político cuestionando el manejo dado  al sector eléctrico por parte del Gobierno Nacional, así como la politización de las empresas distribuidoras. La Fiscalía general y los organismos de control asumieron las investigaciones de rigor, tomando como base el Informe que rindió la Comisión V del senado de la República en el cual se establecieron las causas del racionamiento y los funcionarios responsables de este, quienes recibieron el condigno y ejemplar castigo.

Esta fue una dura prueba para el país, de la cual quedaron varias lecciones aprendidas. En primer término, en lugar del criterio de mínimo costo a la hora de definir la prioridad en la ejecución del plan de expansión eléctrico debe primar el de mínimo riesgo, que es el que garantiza la confiabilidad y firmeza del Sistema. Y de allí la importancia de diversificar la matriz robusteciendo el componente térmico de generación. En segundo lugar, que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone en el momento justo en que se requiere.

También quedó clara la necesidad de contar con el concurso del sector privado para garantizar los recursos necesarios para invertir en los proyectos sin la limitación del espacio fiscal de los gobiernos de turno. Y, finalmente, para garantizar la sostenibilidad del Sistema y espantar el fantasma de un nuevo racionamiento se requería contar con un órgano de regulación que fijara las reglas de juego y otro que velara por el cabal cumplimiento de las mismas. Estas lecciones aprendidas fueron la base para la expedición de las leyes 142 y 143 de 1994, que son gemelas.

www.amylkaracosta.net

Encuentra aquí más artículos de opinión de Amylkar Acosta 

 

 

 

 

[1] Miembro de Número de la ACCE

Receta para la construcción de institucionalidad

Escrito por Columnista en . Publicado en Colombia, Opinión.

Recientemente se conoció en contenido del proyecto de Decreto que pretende quitarle a la CREG las funciones en ella delegadas por los gobiernos de turno desde 1994, el cual ha generado preocupación en diferentes círculos del sector energético.

Para juzgar el impacto de esta potencial medida es necesario entender el papel que cumple la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG desde su creación y los motivos que la inspiraron.

 

Hasta inicios de la década de 1990 el desarrollo del sistema eléctrico colombiano recaía sobre el Estado, a quien se le debe reconocer sus esfuerzos por cumplir sus obligaciones constitucionales en la materia y los logros alcanzados hasta entonces. Sin embargo los pobres resultados de su gestión en términos sociales y financieros estaban caracterizados por la baja cobertura e ineficiencia en la prestación del servicio, mínimos niveles de inversión e inexistencia de competitividad; la realidad financiera de la época está referida en la publicación del BID (Entre el Mercado y el Estado, Millan, Jaime, 2006): para la época el sector eléctrico era responsable de 30% de la deuda externa total y del 33% del déficit del sector público no financiero, estaba en bancarrota.

Precedido de un fuerte fenómeno del Niño, cuyas prolongadas sequías redujeron a niveles críticos los embalses del país, se puso en evidencia la fragilidad del sistema con el costoso apagón de 1992, explicado en la demora y sobrecostos de entrada en operación de proyectos hidroeléctricos como el del Guavio. Con acierto el gobierno creo un marco legal (leyes 142, 143 y posteriormente la 1715) capaz de adoptar una política nacional de generación, transmisión, interconexión y distribución de fuentes alternativas, así como la regulación técnica para todos los energéticos que derivó en el desarrollo del mercado eléctrico que hoy conocemos.

La piedra angular del sistema es la CREG que apoyada en los cargos por confiabilidad, la remuneración a los agentes y del funcionamiento del mercado, bajo criterios técnicos, ha garantizado que los prestadores del servicio cuenten con suficiencia financiera y el cumplimiento de las inversiones a lo largo de toda la cadena de servicio, asegurando su expansión, en franca competencia entre actores locales y extranjeros así como públicos y privados, capaz de responder a la demanda energética nacional.

La CREG como órgano técnico independiente, cuyas funciones entre otras, consisten en establecer un modelo tarifario que refleje los costos de inversion, así como de operación, administración y de  mantenimiento de la misma, asegurando la confiabilidad requerida en la operación del sistema, velando por la transparencia del sector y propendiendo por unos precios eficientes en la prestación del servicio, ha permitido la sostenibilidad económica necesaria para lograr la financiación de las inversiones en materia de generación, transmisión y distribución, cerrando la brecha de cobertura pasando de un poco más de 70% de la población a inicio de los 90, a más del 97% en la actualidad (Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica-PIEC 2019-2023, UPME). Es justo reconocer que existen retos por superar, máxime aún cuando ese 3% restante se encuentra disperso por todo el territorio nacional.

Con el anterior panorama no deja de sorprender la intención del gobierno plasmada en la publicación del citado proyecto de Decreto. En una opinión muy personal se me ocurren dos hipótesis que la explicarían: i) intervenir la política tarifaria en determinados grupos poblacionales como alivio inflacionario o ii) limitar el campo de actuación de los miembros independientes de la CREG, cuya mayoría es producto de las “jugaditas” finales del anterior gobierno por mantener el control de dicho órgano.

En ambas situaciones o cualquier otra explicación al margen de las hipótesis (sin demostración), la intención del gobierno contenida en el proyecto de Decreto es innecesaria debido a que éste tiene asiento en la CREG con los Ministros de Minas y Energía, Hacienda y el Director Nacional de Planeación, sin contar con los mecanismos mediante los cuales el gobierno puede participar de las modificaciones que bajo su criterio sean necesarias en el marco de la política energética nacional con el consenso de sus miembros.

Respecto a las medidas de control a la inflación, existen mecanismos apropiados en el mismo marco, como la política de subsidios que se viene otorgando a los usuarios de los estratos uno, dos y tres y que requiere ser focalizada urgentemente no solo por su impacto fiscal sino a los errores de inclusión del sistema de estratificación.

En caso contrario, la entrada en vigencia del proyecto de Decreto, será considerado como una intervención indebida del gobierno en la CREG, que acarreará con la pérdida de la confianza inversionista, desmejorará el perfil de riesgo de los agentes de la cadena calificadas, limitará su financiamiento por vía del costo de la deuda, deteniendo la expansión del sector y la confiabilidad del servicio dándole la espalda a los legítimos intereses de los consumidores.

Considero muy acertado la comunicación conocida el lunes 13 de febrero suscrita por un número plural de ex altos funcionarios de estado y ex comisionados de la CREG quienes claman por la no intervención.

El gobierno nacional debe velar para que la convivencia entre la inversión pública y privada y las regulaciones del sector público se mantenga al margen de las posiciones y diferencias políticas.

Permítanme a manera de corolario la siguiente reflexión: “La construcción de institucionalidad es un arte difícil. No hay una receta; es siempre un ejercicio de persuasión y construcción de confianza antes que uno de autoridad. Y es ante todo un ejercicio de voluntad, perseverancia y visión” (Entre el Mercado y el Estado, Millan, Jaime, 2006).

 

Regulación política

Escrito por Simón Gaviria en . Publicado en Opinión, Para tener en cuenta.

No es compatible la transición energética con incertidumbre regulatoria. Si después del fracaso de las resoluciones de Min Minas con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el presidente quiere resolver el problema de energía en el Caribe hace muy bien. Sin embargo, esto se puede lograr con una intervención puntual, sin tener que asumir toda la agenda regulatoria. Mucho se puede hacer en el Plan Nacional de Desarrollo, un cronograma de decretos o en la misma CREG. Se debe evitar enviar señales de contracción, cuando la supuesta narrativa es de expansión de renovables. Si no hay claridad, podemos acabar con nubarrones de apagón en un sistema contaminante.

El presidente está asumiendo directamente el estudio de la regulación de energía, frustrado por la falta de resultados.  Asumir toda la agenda regulatoria de servicios públicos causaría una parálisis regulatoria o el descuido de otros temas de Estado. No todos los temas son de relevancia para tomar el tiempo del presidente, además, su asunción implica la elaboración de tantos estudios técnicos, que no existen funcionarios en palacio que los puedan hacer. Más bien, el presidente puede ejercer un control preferente de la agenda regulatoria para escoger solo los temas de especial importancia. La alternativa es que el gobierno debe nombrar tres comisionados que mas su viceministro, fácilmente lograría control técnico sin el traumatismo que esta propuesta crea.

 

Si podría ser útil introducir mandatos más claros de sostenibilidad en las leyes de servicios públicos. La ley 142 fue revolucionaria al permitir invertir capital privado para prestar servicios públicos domiciliarios. Se diseñó una robusta capacidad regulatoria en las comisiones técnicas y de vigilancia con la Super de Servicios Públicos. Al mismo tiempo que limitó las utilidades, también reconoció que ese capital requiere un retorno razonable para expandir coberturas y mejorar la calidad del servicio. Su mandato social hace que los estratos altos paguen tarifas más costosas para financiar un subsidio cruzado para los estratos más bajos. Su neutralidad tecnológica se debe actualizar para premiar lo sostenible.

Por fortuna, el sector de telecomunicaciones no hace parte de esta nueva política regulatoria. La actual ministra y su comisión de regulación tienen una agenda reformista que quiere abordar temas novedosos. No obstante, la injerencia del Consejero Presidencial Digital en diciembre logró que no bajaran tanto las tarifas como estaba originalmente previsto en la Resolución 7007. Lamentablemente, la postura técnica pro-consumidor la frenó la injerencia política.

Curiosamente, lo que sobra son recursos privados para invertir en renovables; la transición energética solo necesita señales regulatorias de largo plazo para materializarse. Al generar dudas sobre el retorno económico, disminuye la inversión, ya Fitch expreso su preocupación sobre las inversión de distribución y transmisión. Aunque la intervención tarifaria pueda tener efectos inmediatos, los resultados a mediano plazo serán devastadores. Inclusive, 2025 se está viendo apretado y puede que necesitemos más energía, ojalá sea limpia.

PS No es clara ninguna razón para intervenir la Comisión de Regulación de Agua.

 

¿Hidroicuando?

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en . Publicado en Opinión.

La advertencia de XM

Una vez más me veo en la penosa necesidad de referirme a la problemática planteada por la sucesión sucesiva de sucesivos aplazamientos de la entrada en operación del megaproyecto de HIDROITUANGO, para tratar de desentrañar sus causas y consecuencias. Como se recordará este proyecto, caracterizado y catalogado, dada su envergadura, fue declarado como de interés estratégico nacional (PINE), a la luz del documento CONPES 3762 de 2013.

 

Y no era para menos, dada su capacidad de generación de 2.400 MW de potencia, disponiendo de 8 unidades con capacidad de generación de 300 MW cada una de ellas. Está en juego nada menos que el 17% de la demanda de energía eléctrica del país. Para el Plan de expansión eléctrica de la Unidad de Planeación Minero – energética (UPME) este proyecto es clave para garantizar la confiabilidad y firmeza del Sistema interconectado nacional (SIN). Su atraso ha venido estresándolo y presionando al alza los precios y las tarifas de energía a los usuarios, a quienes se les trasladan los costos de las restricciones provocadas1 y exponiendo al país al riesgo de un eventual racionamiento del servicio de energía en los próximos años.

En efecto, lo acaba de advertir XM, la empresa responsable de la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de administrar el Mercado de Energía Mayorista (MEM): “en dos años, si hay un fenómeno del Niño, HIDROITUANGO no entra, las renovables se siguen retrasando y la demanda crece por encima del escenario medio de la Unidad de Planeación Minero-energética (UPME), vamos a racionar. Desde ya lo decimos”2. No hay que perder de vista que los episodios que ha tenido el país de racionamiento del servicio de energía, todo ellos, han tenido como causa – raíz el atraso en la ejecución de proyectos tan importantes como lo son estos dos. En todos los casos lo que precipitó el racionamiento fue el fenómeno del Niño, fenómeno extremo que se debe al Cambio climático, que es recurrente, cada vez más frecuente, más intenso y duradero. A ello estamos expuestos nuevamente y no contamos con un Plan B3.

¿Y de la advertencia local qué?

Hace cuatro años, en abril de 2018, cuando se presentó la contingencia que paralizó el proyecto este tenía un avance del 84.3% y la misma lo reversó hasta el 60%, representando un enorme reto su superación y recuperación. Ello trajo, entre otras consecuencias la expedición por parte de la Autoridad de licencias ambientales (ANLA) la Resolución 820 del 1º de junio del mismo año, mediante la cual suspendió la Licencia ambiental que le había otorgado. En dicha Resolución se dispuso, como medida cautelar “la suspensión inmediata de todas las actividades regulares relacionadas con la etapa de construcción, llenado y operación del embalse, que hacen parte de las actividades que se llevan a cabo dentro de la ejecución del proyecto”4. Sólo le es permitido al consorcio constructor adelantar las actividades y trabajos tendientes a “prevenir y mitigar los riesgos asociados a la contingencia presentada” 5 , tales como poner a funcionar el vertedero o la recuperación de la casa de máquinas.

En el mismo acto administrativo le requirió a EPM de Medellín presentarle un dictamen pericial como requisito sine qua nom para reconsiderar la medida6. Para tal efecto y dando cumplimiento al mismo se contrató a la consultora chilena Pöyry, la cual produjo un Informe muy prolijo, el cual le fue presentado a la ANLA para su consideración. Según el vocero de esta, “con base en sus propios análisis, la ANLA definirá si lo consignado en el documento de Pöyry cumple con lo solicitado para un eventual levantamiento de la medida preventiva impuesta a HIDROITUANGO”7.

Continúa diciendo la ANLA que “teniendo en cuenta el propósito de las medidas preventivas de suspensión de actividades, de acuerdo con lo dicho y sustentado técnica y jurídicamente y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, la medida preventiva aquí impuesta únicamente será levantada cuando se verifique técnicamente la superación de los hechos o causas que dieron origen a su imposición, atendiendo al cumplimiento de cada una de las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

Dicho propósito se logrará una vez sea posible expedir un acto administrativo que determine el cumplimiento de los requisitos para su levantamiento, previo el escrutinio técnico de la totalidad de la documentación entregada a esta Autoridad, y las verificaciones técnicas a que haya lugar en las que se determine que con su ejecución no se ponen en riesgo los recursos naturales”8. Como bien lo dijo, con toda claridad, el equipo que destacó la Autoridad de licencias ambientales para este caso, con ocasión de su visita de campo al proyecto, “la ANLA realiza los pronunciamientos a través de actos administrativos”9. Y que se sepa, este acto administrativo “que determine el cumplimiento de los requisitos” 10 para el levantamiento de la suspensión de la Licencia ambiental no se ha expedido.

Si este es el caso, sería muy grave, puesto que estaríamos en presencia de semejante proyecto en plena ejecución sin contar con la Licencia ambiental, porque la misma sigue suspendida y la medida cautelar dispuesta por la ANLA está en pleno vigor. Esto es insólito y no tiene precedentes (¡!). EPM y sobre todo la ANLA deberían hacer claridad sobre este particular, ya que se puede pecar por acción en el primer caso y también por conducta omisiva en el segundo.

Leer texto completo:

HIDROICUANDO, ENTRE LA SINDÉRESIS Y LOS DESVARÍOS by Confidencial Colombia on Scribd

1 Amylkar D. Acosta M. La hiperinflación de las tarifas de energía. Septiembre, 7 de 2022

2 El Tiempo. Noviembre, 11 de 2022

3 Amylkar D. Acosta M. Alerta naranja. Noviembre, 20 de 2022

4 ANLA. Resolución 820 de 1º de junio de 2018. Artículo primero 5 ANLA. Resolución 820 de 1º de junio de 2018. Artículo segundo 6 Amylkar D. Acosta M. Hidroicuando? Enero, 16 de 2021

7 El Colombiano. Enero, 18 de 2022

8 ANLA. Resolución 820 de 1º de junio de 2018. Condiciones para el levantamiento de la medida preventiva.

9 Ídem

10 Ídem

Ministra de Minas no parece muy segura de poder bajar las tarifas de energía

Escrito por Confidencial Noticias en . Publicado en Nación.

En medio del debate en la Comisión V del Senado, la ministra de Minas Irene Vélez, dijo que era necesario revisar la manera como se establecen las tarifas de energía en las facturas de los colombianos, antes de tomar cualquier decisión al respecto.

El senador citante, Miguel Barreto Castillo, expresó su preocupación por lo que tildó como incumplimiento de parte del Gobierno:

 

“Las empresas le han mentido a los colombianos. Las reducciones, en la tarifa de energía eléctrica, no son significativas. Es inaceptable hablar de bajar en un 2% el recibo de la luz, cuando sus ganancias han crecido por encima del 25% y tienen utilidades mayores a los 11 billones de pesos. El incremento en la tarifa, que han sufrido los colombianos es mayor al 30% o el 40% en algunas regiones del país”, aseguró el congresista.

Barreto resaltó que los embalses están a tope y el país lleva dos años en Fenómeno de La Niña, lo que permite una mayor posibilidad de generar energía eléctrica de manera hidráulica. En los meses de agosto, septiembre y octubre, el 80% del consumo del país, fue cubierto de esa manera, según indicó Barreto Castillo.

El legislador añadió que el papel de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión Reguladora de Energía y Gas no ha sido fundamental para el beneficio de los usuarios, al no controlar y vigilar la posibilidad de un oligopolio y/o integración vertical de las empresas del sector.

“Acá, es fundamental vigilar y modificar, el modelo, las tarifas y el servicio. ¿Hasta cuándo los colombianos seguiremos pagándole a las empresas el cargo por confiabilidad? ¿Hasta cuándo los usuarios vamos a seguir pagando las inversiones ejecutadas a las empresas comercializadoras? Los altibajos de luz dañan electrodomésticos, las neveras en los locales, y nadie les responde a los usuarios. Los PQRs, son un saludo a la bandera, y las únicas soluciones que plantean las empresas, es endeudar con créditos a los usuarios para reponer los elementos dañados”, indicó el Senador.

Por último, el senador Conservador, hizo una invitación a la ministra Vélez: “Ministra Pongámonos en los zapatos de los colombianos. Vamos a recorrer las calles. Preguntémosles a los usuarios cómo se sienten ellos con la prestación de los servicios públicos ¡Se sienten abusados! Acá la meta que debemos tener todos es bajar el costo de la tarifa, por el bien de los 16 millones de usuarios de energía eléctrica, por las familias que comen o pagan el recibo y por los pequeños comercios e industrias que generan empleo”.

 

«Producción de petróleo y gas tendrá continuidad»: Gustavo Petro a Paloma Valencia

Escrito por Oscar Sevillano en . Publicado en Lo + Confidencial.

El Presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó que la producción de petróleo y gas seguirá con normalidad en Colombia.

A través de su cuenta de Twitter, el Presidente le salió al paso a informaciones difundidas por redes sociales en el sentido que el Gobierno del Cambio prohibió esta actividad.

 

“En ninguna parte del país se ha prohibido ni el petróleo ni el gas, seguirán produciéndose normalmente”; afirmó.

Dijo además que “los contratos de exploración petrolera, carbonera y gasífera continúan normalmente”.

Agregó que “los contratos de exploración vigentes continúan normalmente. No hay ninguna prohibición”.

Del mismo modo, respondió a la oposición que aseguró que el déficit en Colombia aumentó en los dos meses del actual mandato.

“Tenemos el derecho a defendernos de la mentira”, dijo y confirmó que quien subió la deuda de Colombia fue el anterior Gobierno.

Expectativas para ronda petrolera 2014

Escrito por Esneyder Negrete - @esnegrete en . Publicado en Actualidad. No hay comentarios en Expectativas para ronda petrolera 2014

En el marco del taller presentado por la Asociación Colombiana de Petróleo, ACP, empresas como Pacific Rubiales, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH y el ministerio de Minas y Energía, dieron a conocer los retos que tienen para los próximos años en la producción de hidrocarburos en el país. El objetivo principal es trabajar con petróleo no convencional.

Continuar leyendo