La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, como parte de su visita a la capital brasileña, anunció que Colombia pueda utilizar una herramienta tecnológica implementada que mide los daños medioambientales y el impacto generado por la minería ilegal.
“Vinimos a conversar con el Fiscal General en Brasil, con el propósito de lograr una colaboración entre los dos países y para que nos faciliten las herramientas tecnológicas utilizadas que verifican el valor y la forma de reparar los daños medioambientales en Colombia”, destacó la jefe del Ministerio Público, tras el encuentro.
Según Cabello Blanco, el propósito es que se pueda lograr interoperable el sistema con el utilizado por la Procuraduría en Colombia, y se aprenda a utilizar esa herramienta que facilita la lucha contra la minería ilegal y la deforestación causada por grupos ilegales y otras organizaciones en ambos países.
la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros del Ejército Nacional, logró la ubicación de una unidad de producción de minería ilegal, donde eran empleadas dos excavadoras y dos dragones.
En esta importante operación hubo una afectación valorada en más 3000 millones de pesos. La unidad de producción minera generaba una extracción aproximada de 8000 gramos de oro al mes, con un valor de 2400 millones de pesos en el momento de la comercialización. Este resultado afecta directamente las economías ilícitas del Frente José María Becerra, del ELN.
Con este resultado se logra reducir el impacto en el ecosistema, en un área estimada de más de 420 hectáreas, donde se habían removido alrededor de 120.000 metros de tierra, desforestando más de 60.000 árboles; además de la contaminación que recibía el río Pilpé, en el municipio de Guapi, departamento del Cauca, lo que causó un daño ambiental que tardará en recuperarse entre 20 y 30 años aproximadamente.
De esta forma, el Ejército Nacional, haciendo uso de sus capacidades y misionalidades, trabaja en la lucha contra los delitos que atentan contra el medio ambiente, cumpliendo así con entereza la misión institucional de proteger los recursos naturales de nuestro país.
Un operativo de la Armada de Colombia en coordinación con el Ejército Nacionalpermitió el hallazgo de mercurio en el río Cauca, área general de Nechí – Antioquia.
Tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No.17 y del Ejército Nacional que realizan labores de control y vigilancia en las arterias fluviales del Caribe Colombiano, obtuvieron información sobre el posible ocultamiento del mercurio, en algunas zonas del río para evitar ser sorprendidos por las autoridades, por lo cual fue desplegado un grupo de hombres de la Fuerza Pública para realizar una inspección.
En el lugar fue hallado un recipiente plástico que en su interior contenía 510 gramos de mercurio, sustancia que al parecer sería utilizada en actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros sobre el río, representando un peligro para la salud e integridad de las personas, la afectación de los ecosistemas y un alto impacto ambiental. Es de resaltar, que cada gramo de este metal tiene un poder de contaminación superior a los 30 mil litros de agua.
Durante el procedimiento no se realizaron capturas y el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes.
Paralelamente, en otros tres puntos de esta misma zona del país, también se ubicaron otras tres dragas artesanales. La primera de ellas en el sector conocido como Paso del Diablo, corregimiento fronterizo de San Felipe; la segunda, en el área rural de Barrancominas, y la tercera, en el sector El Coco, municipio de Inírida.
En las 12 estructuras se encontraron abundantes equipos e insumos utilizados comúnmente para la extracción ilícita de yacimientos mineros, como motores diésel, bombas de succión o caracolas, compresores, motobombas, mangueras, implementos para buceo y combustible, entre otros elementos.
Se estima que el costo de estas unidades de producción minera y dragas artesanales podrían alcanzar los 470 millones de pesos, y con su hallazgo e inutilización se evita que se extraigan mensualmente cerca de 7, 5 kilogramos de oro y 6 toneladas de materia prima, negándoles el ingreso de aproximadamente de 2000 millones de pesos a las economías ilegales.
Las infraestructuras fueron destruidas en el lugar de los hechos, dando cumplimento a los protocolos establecidos para la protección del medio ambiente, mientras que el material incautado y el personal capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes.
La Tercera Brigada del Ejército Nacionalconfirmó la liberación de los 30 soldados que fueron secuestrados por un grupo de personas dedicadas a la minería ilegal en en la vereda Peñas Blancas, corregimiento de Pichinde, municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca.
La tropa se encontraba en la zona en medio de una operación contra las actividades mineras de tipo ilegal cuando fueron atacadas, primero con objetos contundentes y luego con disparos.
Tras la intervención de la Defensoría del Pueblo se logró su liberación. En la operación se incautaron seis mulas «que llevaban elementos para la extracción ilícita de yacimientos mineros» y que eran conducidas por cuatro personas, que fueron capturadas.
De acuerdo con lo reportado, las tropas realizarían la incautación de seis mulares que llevaban elementos para la extracción ilícita de yacimientos mineros. Estos eran conducidos por cuatro personas.
Cuando las tropas informaron que fueron rodeadas por más de 100 personas, quienes, de forma tumultuaria y agresiva, con palos y piedras impidieron que se llevara a cabo el procedimiento y minutos después fueron atacadas con disparos por lo que se vieron obligadas a responder.
En el hecho resultó muerta una persona y cuatro más heridas, que son evacuadas de la zona para recibir atención médica, situación que será investigada por las autoridades competentes.
Se reportó además que la comunidad quemó los equipos de campaña y víveres de los soldados e intentó arrebatar el fusil a uno de ellos.
El Ejército Nacional reportó que en este momento se encuentran 30 soldados en el sitio, a quienes les impiden salir del lugar.
Tropas del Ejército Nacional, en el municipio de Bello, ubicado al norte del área metropolitana del Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia, capturaron a 18 sujetos que al parecer pertenecerían al grupo delincuencial organizado La Torre y El Pinal.
Con este resultado se logra afectar las economías ilícitas de este grupo delincuencial organizado, por un valor superior a los 900 millones de pesos, igualmente se detiene el daño causado al suelo, las plantas y el desplazamiento de su hábitat natural de animales en vía de extinción.
Las tropas del Ejército Nacional continúan desplegando sus capacidades para proteger los recursos naturales y seguir afectando las estructuras logísticas y criminales de los grupos armados organizados que delinquen en esta región del país.
Tras una visita a las fincas Mandinga y Marlengo, ubicadas en el municipio de Cáceres (Bajo Cauca antioqueño), escenario del reciente paro minero que afectó durante varias semanas el orden público en la región, el el Fondo para la Reparación de las Víctimas, junto con la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Minas, la Alcaldía de Cáceres, la Personería y la Procuraduría, constataron que se había tramitado una licencia de manera irregular en el predio de Mandinga para actividades de extracción minera.
En el recorrido se evidenció que no se trata de minería artesanal sino de minería con maquinaria, con excavaciones profundas que deja un balance de daños físicos y ambientales muy grande en el predio.
En Marlengo se presenta una ocupación ilegal de alrededor 1.000 unidades habitacionales para casi 5.000 personas, según datos de la Alcaldía de Cáceres, lo que ha generado una problemática social muy amplia que se revisará en conjunto con varias entidades locales.
El Fondo para la Reparación de las Víctimas solicitó la presencia del Ministerio de Minas, lo mismo a la procuraduría delegada al seguimiento del proceso de paz, la Secretaría de Ambiente de Antioquia, la Policía y el Ejército para frenar la actividad.
El Ejército Nacional logró la intervención de 32 unidades de producción minera que se utilizaban para la explotación ilícita de yacimientos mineros.
Las operaciones se desarrollaron en los departamentos de Antioquia, Chocó, Cauca, Caldas y Nariño. Este es un fuerte golpe a la minería ilegal, ya que se neutralizó la maquinaria avaluada en 8 mil millones de pesos.
Estas máquinas producían más de 33 mil gramos de oro, equivalentes a más de diez mil millones de pesos. Este fue el monto que dejaron de percibir los grupos al margen de la ley por la comercialización de ese metal.
Adicionalmente, se realizaron 24 capturas de personas que pertenecerían a grupos armados organizados. La afectación de estas explotaciones ilícitas de yacimientos mineros afectaron un área estimada de 110 hectáreas, donde se realizó la remoción de 126.500 metros cúbicos de suelo, con afectaciones a algunos afluentes hídricos fueron contaminados.
En el lugar fueron inhabilitadas cuatro unidades de producción minera y cuatro dragones, que al parecer pertenecían a integrantes de la Subestructura Héroes de Jesús Carreteras, del Clan del Golfo. Con estas máquinas extraían cerca de 15 kilogramos de oro cada mes, con ganancias ilícitas cercanas a los 4000 millones de pesos.
La inutilización de esta maquinaria, avaluada aproximadamente en 6000 millones de pesos, evita una renta ilegal mensual de hasta de 400 millones de pesos, dinero que es captado por este grupo ilegal mediante la modalidad de cuota extorsiva por extracción, financiación y compra del mineral extraído.
Cuatro dragas que acababan los ríos del Bajo Cauca y Sucre fueron destruidas”, confirmó este sábado el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter.
A su vez, el ministro de Defensa, Iván Velásquez,precisó que la Policía Nacional, con el apoyo del Ejército, “acaba de destruir en el Nordeste de Antioquia cuatro grandes dragas que alimentaban las finanzas del Clan del Golfo”.
El Ministro indicó que el Director de la Policía Nacional, general Henry Armando Sanabria Cely, “personalmente dirige los procedimientos de policía en la región del Bajo Cauca Antioqueño, realizando tareas conjuntas para brindar las condiciones de seguridad a los habitantes de estos municipios”.
Alrededor de 2 mil unidades policiales están en esta subregión del Bajo Cauca desarrollando operaciones helicotransportadas de embarque y desembarque de unidades policiales y comandos, para proteger los puntos de intervención y la vida de los uniformados que desbloquean y mantienen la movilidad y las caravanas de abastecimiento de la población.
Soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, propinaron duro golpe a las organizaciones criminales al servicio de la explotación ilícita de yacimientos mineros, en la vereda La Isla, del municipio chocoano de Rio Quito.
En el lugar fueron inhabilitadas 7 unidades de producción minera, 5 dragones, una excavadora, 2 dragas, 2 motores y otros elementos que al parecer, pertenecían a integrantes de la Subestructura Héroes de Jesús Carreteras, del Clan del Golfo, con los que extraían cerca de 25 kilogramos de oro cada mes, con ganancias ilícitas cercanas a los 7000 millones de pesos.
Con la inutilización de esta maquinaria, avaluada aproximadamente en 7900 millones de pesos, se evita una renta ilegal mensual hasta de 718 millones de pesos, dinero que es captado por este grupo ilegal, mediante la modalidad de cuota extorsiva por extracción, financiación y compra del mineral extraído.
Se recuperaron 7 hectáreas, donde se habían removido alrededor de 6650 metros de tierra y se habían deforestado alrededor de 14.000 árboles nativos. La recuperación del daño ambiental puede tardar entre 40 y 50 años
Tropas del Ejército Nacional en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca y Tolima, lograron afectar las economías ilícitas de las Estructuras Armadas Ilegales.
Con estas operaciones, se afectaron las finanzas de los Grupos Armados Organizados,por un valor aproximado de más de dos mil millones de pesos, al intervenir la infraestructura y maquinaria usada para la explotación ilícita de yacimientos mineros.
Asimismo, estos grupos delincuenciales dejaron de percibir por la comercialización de oro más de ochocientos millones de pesos, al evitar la extracción de aproximadamente 26,625 gramos de oro, metal avaluado en el comercio internacional en más de siete mil millones de pesos.
«De esta manera se reducen los impactos negativos ocasionados al medio ambiente, en esta región del país por la explotación irregular de yacimientos mineros», informó el Ejército Nacional.
A partir de esta semana está previsto que el nuevo Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ponga en marcha la prometida macrooperación contra la minería ilegal en la Amazonía brasileña, con la que se busca expulsar a más de 20.000 personas que se dedican a la extracción de oro y otros materiales preciosos en la reserva protegida de la comunidad indígena yanomami.
El plan inicial cuenta con una primera dotación de 500 efectivos de diversas fuerzas del orden, entre ellas Policía, Ejército y Marina, así como con la puesta en marcha de un cerco logístico con el que se pretende asfixiar económicamente a estos grupos antes de tener que recurrir a la violencia.
Así, el Gobierno confía en que todas estas persona vayan abandonando la región a medida que sus instalaciones y logística son desmanteladas. Los primeros ‘garimpeiros’ (extractores ilegales) en salir «espontáneamente» lo hicieron este fin de semana, según ha contado el Gobierno de Roraima.
A su vez, está previsto que este miércoles viaje a la región el ministro de Defensa, José Múcio, junto al resto de altos mandos de las Fuerzas Armadas para representar el inicio de las operaciones, las cuales están previstas que se prolonguen al menos durante los próximos dos meses, cuenta el diario ‘O Globo’.
Ante la alarma generada por la crisis humanitaria que desde hace años vienen padeciendo el pueblo yanomami –el mayor de los pueblos indígenas en Brasil– las nuevas autoridades iniciaron un plan de choque que consistió en decretar la emergencia sanitaria en estas comunidades e iniciar la primeras medidas contra la minería ilegal, a la que se responsabiliza de la mala situación.
La semana pasada, las primeras aeronaves que se utilizan para este tipo de operaciones ilegales fueron requisadas por la Fuerza Aérea Brasileña, que podrá derribar cualquier vehículo aéreo que no responda a las órdenes de advertencia de para su identificación. Al ser una región de difícil acceso, los ‘garimpeiros’ recurren a avionetas y helicópteros para acceder a ella.
El Ministerio de los Pueblos Indígenas informó a finales de enero que un centenar de niños de entre 1 y cuatro años de la comunidad yanomami murieron por desnutrición, neumonías y diarreas como consecuencia del avance de la minería ilegal, responsable de la contaminación de ríos y campos de los que vive esta comunidad. También se ha denunciado un aumento grave de los casos de malaria en el último año.
La Procuraduría General de la Nación convocó la primera Mesa Nacional de Mercurio, en atención a las reiteradas denuncias relacionadas con el incremento de las actividades de minería ilegal en diferentes regiones del país, que estarían generando impactos socio ambientales, contaminación de fuentes hídricas, el incremento de la deforestación y afectaciones a ecosistemas estratégicos por este metal, especialmente en los departamentos de Santander, Bolívar, Antioquia, Chocó, Caldas y Boyacá.
Ante este panorama y con el propósito de atender esta grave crisis socio ambiental que se ha intensificado, registrando cifras preocupantes en los últimos meses, el ente de control convocó a más de 50 entidades estatales, entre entes de control, corporaciones, autoridades ambientales, organizaciones, universidades, para consolidar una estrategia nacional de articulación interinstitucional, que facilite el monitoreo y control al uso del mercurio y sus impactos socio ambientales.
La Procuraduría precisa que, la solución para frenar de manera eficaz esta actividad ilícita de alto impacto, requiere de la coordinación entre las diferentes autoridades y el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales.
La reunión, liderada por el Ministerio Público, se realizará el próximo 26 de enero en Bogotá, con el objetivo de garantizar la protección del ambiente y los derechos colectivos de las comunidades, mediante la reducción y eliminación del uso de mercurio, evitando así la irreversible afectación de los ecosistemas y salud de los habitantes de los territorios que se benefician de sus servicios ecosistémicos, así como frenar la deforestación generada por esta actividad ilegal.
