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Etiqueta: ministerio de Minas y Energía

Un paso en la dirección correcta

“Insisto en que no voy a hacer tonterías, ni a dejar hacer tonterías” José A Ocampo

Después de afirmaciones tan categóricas como las de la Ministra de Minas y Energía, en el sentido que “no vamos a firmar nuevos contratos de exploración y explotación”, enfatizando que “esta decisión no es caprichosa…estamos cumpliendo una promesa de campaña”, secundada por su Viceministra, que en un tono desafiante les dijo a los delegados al Congreso de NATURGAS que no sabía “qué parte de esa frase no han entendido”, tuvo que salirles al paso el Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, afirmando que esa esta decisión “aún no está tomada”.

 

Este zambapalo en el seno del gabinete ministerial del Presidente Petro mandó mensajes equívocos y equivocados al mercado, que terminaron pasándole factura a la economía exacerbando la devaluación del peso, que ha pegado un brinco del 32% entre junio y octubre de este año y a ECOPETROL, de la cual la Nación mantiene el 88.49%, desplomando la cotización de su acción en la Bolsa, que ha acumulado una caída del 29.42 entre el 2 de mayo ($3.252) y el 27 de octubre ($2.295) del 29.42% (¡!).

No hay duda que el zar de las finanzas del gobierno, el Ministro Ocampo, sabe que tiene en el Ministerio de Minas y Energía la caja registradora. Sólo ECOPETROL, en el primer semestre de este año, gracias a los precios altos de la actual coyuntura, reportó utilidades de $17 billones, más de los $16.7 billones de todo el año anterior y se proyectan utilidades del orden de los $34 billones, mucho más de lo que se espera recaudar con el proyecto de reforma tributaria que cursa en el Congreso de la República, al cierre del 2022.

También lo sabe el Ministro de Comercio, Industria y Turismo Germán Umaña, que el petróleo es el primer renglón de exportación del país, que el año anterior le generó al país divisas del orden de US $13.514 millones, el 32% de los US $41.390 millones que le entraron por las exportaciones totales. De no ser por las exportaciones de petróleo, la balanza de pagos, que acusa un déficit de su cuenta corriente que terminó en 2021 en un estrambótico – 5.7% hubiera sido aún más calamitoso.

La razón que se ha esgrimido para decretar una moratoria a los nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos es para no “salir a presionar la frontera extractiva en un contexto de crisis climática y ambiental global”. Pero, es que lo global no nos puede hacer perder la perspectiva de lo local. Colombia, sin ser un país petrolero, produce, en promedio, 750 mil barriles/día, de los cuales se exportan 400 mil, de 100 millones que se comercializan diariamente en el mercado internacional, es decir el 0.4%, el mismo porcentaje que representan las emisiones de Colombia en la totalidad de las emisiones globales.

Y mientras aquí se pretende ponerle el freno de mano a la industria petrolera, países desarrollados como el Reino Unido y Noruega, que son los mayores responsables de la acumulación de gases de efecto invernadero y en consecuencia del cambio climático, no sólo no están tomando distancia de los hidrocarburos sino que están acelerando su extracción. El Reino Unido, por ejemplo, que había decretado una moratoria del uso de la técnica del fracking para desarrollar yacimientos no convencionales de roca generadora, la acaba de levantar y Noruega se está atreviendo hasta explorar en busca de petróleo en las profundidades del Ártico (¡!). Al parecer afana más el velón que el dueño de la olla.

Desde luego, Colombia no puede perder su Norte que apunta hacia la Transición energética para contribuir al objetivo de alcanzar la carbono neutralidad hacia el 2050, pero como bien lo dijo la 26 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP26) “esperamos obligaciones más estrictas bajo el principio de responsabilidad común pero diferenciada”. El mensaje es claro: todo los países, todos a una como en Fuenteovejuna, deben contribuir a dicho objetivo, pero los mayores responsables de esta debacle, que significa el Cambio climático, son los que deben hacer el mayor esfuerzo. En este contexto, cuanto hagamos en Colombia, más alentados por el voluntarismo que por el realismo, no le mueve la aguja a esta problemática de dimensiones colosales.

Y no hay que perder de vista que la Transición energética no debe poner en riesgo la seguridad energética y aún más la soberanía energética. Esta es una de las lecciones aprendidas de la crisis que agobia a los países que integran la Unión Europea. Y de contera son muchos los estragos que se han derivado de la misma, abocándolos a una recesión acompañada de una inflación galopante (estanflación). No se puede jugar con candela!

Por todo lo anterior es que ha sido muy bien recibido el anuncio del Director de crédito público del Ministerio de Hacienda José Roberto Acosta dejando

entrever que el Gobierno nacional está reconsiderando la decisión, aupada por la Ministra de Minas y Energía y su Viceministra, de no más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Como es bien sabido el Marco fiscal de mediano plazo (MFMP) es la Carta de navegación del Ministerio de Hacienda y lo que ha dicho Acosta es que para que se cumplan sus presupuestos y metas es menester que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) reanude sus rondas para ofertar y contratar la exploración y explotación de nuevos bloques en áreas con potencial hidrocarburíferas en el territorio nacional. Este es un paso en la dirección correcta.

El análisis de esos números “definitivamente serán los que guien la decisión final en aras de esa sostenibilidad fiscal donde estos ingresos son muy importantes”, refiriéndose a los provenientes de la industria de los hidrocarburos. Este anuncio disipó muchos temores, muchas dudas y sobre todo mucha incertidumbre, desatada por pronunciamientos erráticos y errados que no le hacen bien al país.

De hecho la propia Ministra Irene había dado las primeras puntadas en su entrevista el pasado domingo en El Espectador, bajándole el tono a sus anteriores declaraciones, advirtiendo que “no se ha tomado una decisión a futuro, el Gobierno está analizando los escenarios y las necesidades que vaya presentando el país”. Y añadió que “en cuanto a la exploración de petróleo y gas, este es un tema que está en análisis para ver qué necesita el país mientras se lleva a cabo esa transición”. Dicho de otra manera, esta vez no descartó la firma de nuevos contratos de exploración y explotación!

 

Bogotá, octubre 27 de 2022 www.amylkaracosta.net

Más exploración para los hidrocarburos, sin discusión

De lo poco que nos puede ayudar en esta crisis mundial que se avecina en temas de recesión y sobre todo en términos de devaluación de la moneda, es la exportación de Petróleo y demás hidrocarburos, tema muy mencionado por estos días con el dólar rozando los $5.000 pesos. Para este 2022 no serán menos de $22.000 millones de dólares que se obtendrán por la exportación de este importante ítem, que pase lo pase, tengamos o no una transición energética, sigue siendo hoy uno de los bienes que más nos brinda divisas en la nación.

Como hemos venido diciéndolo antes, una transición energética es importante, pero hasta no lograr altos niveles de ingresos similares por otro tipo de exportaciones, no es conveniente dejar de percibir ingresos en dólares por los hidrocarburos, menos pensar en dejar de explorar.  Si de energías alternativas se trata y desarrollarlas en beneficio del planeta, pienso es muy claro que debemos seguir ese camino para lograr una sana sustitución energética, pero de la misma manera pienso, debe ser una sustitución muy gradual y a muy largo plazo. Antes hemos hablado de cómo algunos países en latinoamericana, quienes tienen una excelente fuente lumínica por sus desiertos como Chile, han logrado explotar la energía solar. Por ejemplo, llegan a los 23 teravarios /hora con estas fuentes alternativas de energía, lo cual no es suficiente aún para suplir al país, pero ya avanzaron. Colombia solo ha logrado llegar a los 2 teravatios/hora en energías alternas, tampoco   suple aún los requerimientos de energía nacional, así como tampoco hemos logrado las exportaciones necesarias o ventas con servicios como el Turismo que alcancen los niveles de exportaciones requeridos para esperar reemplazar lo que percibimos con lo que vendemos por Hidrocarburos. Claro, el gobierno ha dicho que el tema será gradual, pero hablan de 6 u 8 años, lo cual pienso, no es suficiente tampoco para una transición energética.

 

Como conclusión y para dar alcance al tema, debe haber más exploración para los hidrocarburos, sin discusión. El gobernó no puede seguir dando mensajes confusos al país, los inversionistas y las empresas que directa o indirectamente hacen parte de esta industria. El gobierno nacional a través de la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, afirma que actualmente Colombia tiene más de 147 contratos en fase de explotación los cuales en promedio producen 750.000 barriles de petróleo por día. También manifiesta que tenemos 8 años en reservas. En temas de exploración, comenta que tenemos en Colombia 207 contratos de los cuales se desean reactivar el 56 % de los mismos para contar con esos recursos de manera correcta. Por lo tanto, seguirán con estos vigentes, pero no parece tener credibilidad con la exploración futura, lo cual trae como consecuencia incertidumbre para el sector y a su vez en los mercados.

No es un secreto que las últimas décadas la política de enfocarse en la extracción minera y de hidrocarburos, con no muy buenos beneficios sociales para las poblaciones, ha generado descontento y malestar directamente en las poblaciones donde se realiza con intensidad el desarrollo de este este sector, ya que es una población que necesita y merece mayor atención y solución a problemas básicos de salud, agua, contaminación de sus tierras, entre otras. Debe ser prioritario este tema y política de Estado el bienestar basado en los beneficios de las ventas en este sector.

Teniendo en cuenta el componente social, con mayor razón, se deben enviar mensajes claros de una transición energética muy gradual y debemos como nación trabajar mejor para diversificar las exportaciones y lograr no depender de los hidrocarburos y sus exportaciones como importante componente para la entrada de divisas al país y como consecuencia, entre otros factores externos e internos, incidir en el precio del dólar. No es tampoco un secreto que uno de los determinantes en el precio del dólar, además de variables exógenas, es la cantidad de divisas que llegan al país, entre más lleguen, más dólares hay, en consecuencia, puede incidir en el precio si no tenemos muchas divisas, si no exportamos los hidrocarburos al no tener aún sustitutos en esas exportaciones que como mencionamos, en el 2022 serían unos $22.000 millones de dólares, el precio del dólar se podría disparar aún más, sí claro, entre otra variables exógenas, pero incidiría.

Por lo tanto, claro que existen muchas variables que inciden en la progresiva alza del dólar en Colombia, esta falta de claridad en el tema de las exploraciones de hidrocarburos es una de ellas, si se hace realidad, sin tener aún sustitutos en las exportaciones, el panorama fruente al dólar sería peor de lo pronosticado. Sumemos el tema de la transición energética, de la cual ni los países más avanzados han terminado, y siguen aún explorando, siendo conscientes que se debe llegar a la sustitución, pero en el largo plazo y de forma muy gradual. Con este último pensamiento me quedo, y de la misma forma le pido al gobierno actual que envíe mensajes más claros y concretos en torno a la exploración de hidrocarburos en el país. Sin mencionar lo que ocasionaría depender de otros países la obtención de los mismos.

Seguimos esperando que el gobierno bajo el liderazgo también del Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo siga brindando claridad y confianza, ya que manifiesta que ejecutarán, en palabras del ministro, una política macroeconómica responsable, van a diversificar exportaciones. Porque dice que el compromiso del gobierno es con la estabilidad macroeconómica para que sea reconocida por los mercados. Señores gobierno, agreguen más confianza a esas palabras, más exploración para los hidrocarburos, sin discusión.

 

@jack80x

Ochenta y dos empresas se unen al pacto para disminuir tarifas de energía

La Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y los actores del sector energético ratificaron el compromiso adquirido, al anunciar, como resultado de la primera etapa de negociaciones, que 82 empresas se unieron al Pacto por la Justicia Tarifaria, para disminuir las tarifas de energía para las y los colombianos.

Según el cronograma planteado, el pasado 7 de octubre se cumplió el plazo de la etapa de ajustes en las metodologías tarifarias y en los contratos de energía.

 

Las generadoras, transportadoras, distribuidoras y comercializadoras manifestaron públicamente su voluntad de acogerse al Pacto por la Justicia Tarifaria y buscar alternativas para reducir efectivamente y, en el corto plazo, las facturas del servicio de energía eléctrica en los distintos rincones del territorio nacional.

Según reportó la Ministra Vélez, 82 empresas se sumaron a las medidas para reducir los componentes de Generación, Transmisión y Distribución. En total, 952 contratos entre generadores y comercializadores fueron modificados, de los cuales el 54% se asocian al mercado regulado y el 46% al mercado no regulado.

“Hasta el 7 de octubre, las empresas tuvieron plazo de hacernos llegar sus propuestas de disminución y los acuerdos alcanzados, y cómo estos tendrán un efecto real para la reducción de las tarifas. Por ello, hoy podemos anunciar que más de 80 compañías del sector dieron el paso de flexibilizar su postura y mostrar voluntad para alcanzar una tarifa justa”, dijo la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, durante el evento de presentación de los resultados en Medellín.

“Esto es solo el inicio del gran acuerdo al que debemos llegar y apenas una etapa intermedia en el cronograma del Pacto. Haber sentado en un diálogo a casi todo el sector ya es un logro sin precedentes, sin embargo reitero la necesidad de seguir trabajando para alcanzar la meta que nos hemos propuesto”, concluyó.

 

La ministra de Minas y Energía deberá responder por supuesto pánico económico

Los representantes a la Cámara Óscar Villamizar y Juan Espinal anunciaron acciones penales contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, porque según ellos, las declaraciones que ha dado en las últimas semanas, han generado incertidumbre en la industria energética del país.

“Ella ha venido haciendo unos anuncios que además de faltar a la realidad han sido inexactos y han generado en las compañías de dedicadas a la explotación de los hidrocarburos, petróleo y gas, una incertidumbre muy grande y como resultado tenemos a las acciones de Ecopetrol  devaluadas”, aseguró el representante Villamizar.

 

En la denuncia se detallan las declaraciones que ha dado la funcionaria y  que según los denunciantes “genera más incertidumbre”.

Villamizar pide a la Fiscalía investigar los efectos que han tenido estas declaraciones en la economía colombiana.

Por su parte el representante Juan Espinal, exigió al Gobierno Nacional ser claro en la política de hidrocarburos que va a ejercer durante los próximos cuatro años. Para el congresista, «no es posible que un día la ministra y la viceministra de  Minas de Energía digan una cosa y luego el ministro de Hacienda diga lo contrario».

“Más de 37 millones de colombianos consumimos gas, la mayoría en estratos 1 y 2. Si tenemos que importarlo, el costo por este servicio se va a incrementar”, aseguró Espinal.

Los dos representantes citaron a audiencia pública para que el Gobierno explique las políticas en esta materia.

La transición energética en Colombia

Hay un antes y un después del año 2015, cuando tuvo lugar la 21ª Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), que concluyó con la firma del Acuerdo de París, al tiempo que la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 compendiada en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). La descarbonización de la economía para contrarrestar el cambio climático y conjurar sus estragos, por una parte y propender por la universalización del acceso de la población a energías limpias por la otra, son dos compromisos inaplazables de la comunidad internacional y la Transición energética la estrategia para lograrlo.

Colombia por su parte tiene el compromiso con la comunidad internacional de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que para el 2019 alcanzaron los 275 millones de toneladas, 0.57% de las totales, en un 51% para el 2030.

 

Entre otras razones porque, de acuerdo con el principio establecido en la COP26 de “responsabilidad común pero diferenciada”, reconoce que no todos los países tienen las mismas responsabilidades y compromisos, así como las capacidades para enfrentar el reto del cambio climático. De ello se sigue que cada país debe adoptar su propio ritmo a efectos de cumplir con los suyos, consultando sus potencialidades y limitaciones. Entre otras razones porque, de acuerdo con el principio establecido en la COP26 de “responsabilidad común pero diferenciada”, reconoce que no todos los países tienen las mismas responsabilidades y compromisos, así como las capacidades para enfrentar el reto del cambio climático. De ello se sigue que cada país debe adoptar su propio ritmo a efectos de cumplir con los suyos, consultando sus potencialidades y limitaciones.

A guisa de ejemplo, mientras el total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel global en 2019 fue de 51.1 miles de millones de toneladas, en Colombia sólo se registraron 275 millones, equivalente al 0.57%. Entre tanto las de China, EEUU, India y Rusia, que son los principales responsables de tales emisiones, concentran el 30.65%, el 13.54%, el 7.20% y el 4.52%, respectivamente. Mientras un colombiano emite 1.6 toneladas de CO2 equivalente anualmente, el promedio mundial, según el Informe del Banco Mundial en 2018 estaba en 4.47 toneladas. Un chino, por ejemplo, emite 8 veces más que un colombiano y uno del Reino Unido 2.7 veces (¡!)

1 Miembro de Número de la ACCE

En consecuencia, cada país se ha de dar su propia hoja de ruta de la Transición energética, consultando sus especificidades y peculiaridades. La estrategia a seguir, por tanto, difiere de un país a otro. La línea de base de la que parten cada uno de ellos es determinante. Hay una enorme diferencia, por ejemplo, entre aquellos países que dependen de la importación del petróleo, del gas y del carbón para proveerse de los mismos y otros que, como Colombia, dependen de la producción y exportación de los mismos.

En Colombia, a diferencia del resto del mundo, en donde la principal fuente de emisiones de GEI es el sector energético con el 73.5%, este sólo contribuye con el 14%. Entre tanto, el cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y la deforestación participan con el 59%. Ello se explica en gran medida porque mientras en el resto del mundo, en promedio, la participación de la generación de electricidad con base en el parque térmico es del 64.9%, en Colombia a duras penas llega al 30% (¡!). Dicho de otra manera, entre Colombia y el resto del mundo, especialmente con respecto a los países desarrollados, existen grandes asimetrías, las cuales hay que tener en cuenta a la hora de definir nuestra propia hoja de ruta de la Transición energética.

De ello se sigue que el Pareto del costo-efectividad para la reducción de la huella de carbono en el caso de Colombia invita a poner el énfasis en la política que contrarreste el inadecuado uso del suelo, las malas prácticas en la agricultura y la ganadería y sobre todo detener el ecocidio de la devastadora deforestación, que supera las 170.000 hectáreas anuales. Sólo así podrá cumplir Colombia con su compromiso con la comunidad internacional de reducir sus emisiones de GEI en el 51% hacia el 2030. Ello, sin perjuicio de la necesidad de imprimirle celeridad al impulso de la generación de energía a partir de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias, las cuales, además de robustecer y diversificar aún más la matriz eléctrica, contribuirán también a que la misma sea más resiliente frente al Cambio climático.

Esta, además, es la oportunidad de ampliar la cobertura del servicio de energía a los

431.117 hogares que aún no cuentan con el mismo, siendo esencial como lo cataloga la Ley y por consiguiente un derecho fundamental que les asiste. Sobretodo a los 207.449 hogares ubicados en sitios remotos, de difícil acceso y baja densidad poblacional, lo que dificulta conectarlos tomando la electricidad de la red del Sistema interconectado nacional (SIN), dada la flexibilidad que ofrecen las soluciones modulares solar-fotovoltaicas, instalando en ellos paneles solares. A ello concurre también la generación distribuida o embebida, cuya energía se consume in situ, prevista en la nueva arquitectura del sistema eléctrico.

De esta manera, además, se estaría cumpliendo con el 7º de los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) para garantizar la universalización del acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. De esta forma se podría, de paso,

sustituir el consumo de leña por parte de 1.2 millones de familias campesinas que no tienen otra opción distinta a esa para la cocción de sus alimentos.

Ello se justifica con creces, no sólo por razones de conveniencia si no por los altos costos en los que se incurre por parte del Gobierno a través del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas no Interconectadas (IPSE). En efecto, el costo de los subsidios a los combustibles, según cifras para el 2018, es del orden de los $288.514.728. Lo más insólito es que cuesta más el transporte del combustible hasta los poblados en donde se genera electricidad con plantas térmicas que el combustible mismo.

El Gobierno Nacional, los departamentos y municipios se deberían comprometer en un ambicioso programa de masificación de la instalación y el uso de los paneles solares, con lo cual al tiempo que se aliviaría el bolsillo de los usuarios del servicio de electricidad se promovería la cultura del ahorro y el uso eficiente de la energía. Es esta, también, una forma de involucrar al usuario como agente activo de la cadena, ahora en modo Transición energética. Por lo demás, el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, debería asegurarse de que en la ejecución de sus planes y programas de vivienda de interés social (VIS) se contemple la dotación de paneles solares en los techos.

 

A partir de noviembre los colombianos pagarán un menor valor por la energía eléctrica

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, al término de una reunión en el Palacio de Nariño, anunció que desde noviembre bajarán las tarifas de energía eléctrica en el país.

El anuncio fue hecho tras la reunión que sostuvo el Gobierno con los gremios del sector, por los elevados costos del servicio.

 

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, se emitió un paquete regulatorio con diferentes medidas técnicas con la finalidad de iniciar el proceso de reducción de las tarifas de energía eléctrica.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG emitió unas propuestas de resoluciones.  La primera de estas se encuentra proyectada a 12 meses, y busca Involucrar a todos los actores de la cadena de la electricidad en la reducción de las tarifas eléctricas. La segunda contempla la posibilidad de aliviar la carga de los comercializadores que son los que recaudan el dinero de las tarifas, permitiéndoles el diferimiento de, al menos, el 20% de las obligaciones desde septiembre a diciembre de 2022 con los generadores, transmisores y distribuidores y la tercera consiste en renegociar los contratos del mercado regulado entre comercializadores y generadores.

“Cumpliendo con lo que el presidente Gustavo Petro dijo hace ocho días, hoy anunciamos al país que antes de finalizar el año los colombianos verán una reducción en su tarifa de energía”, dijo la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres.

 

De nuevo la ministra de Minas es motivo de burlas y comentarios

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, una vez más fue motivo de comentarios en las redes sociales por cuenta del llamado de atención que le hizo el senador del Pacto Histórico, Inti Asprilla, por leer un documento en medio de su intervención en un debate en la Comisión Quinta del Senado, al cual estaba citada.

 

Durante el fin de semana la funcionaria también estuvo en los comentarios de la opinión pública por asegurar que Colombia tenía un déficit de 10.000 billones de pesos por cuenta de la gasolina.

“Tenemos un déficit creciendo en el fondo de la gasolina, problema impactado por los altos precios de la tasa cambiaria, y tenemos que resolverlo porque es preocupante, es bastante grande”, dijo inicialmente.

El comentario de la ministra desató reclamos incluso del integrante del Pacto Histórico como la representante Katherine Miranda quien dijo a través de sus redes sociales: “¿10.000? ¿En serio?”.

También el periodista Daniel Samper Ospina comentó: “Esta señora tiene la mezcla perfecta de ignorancia y soberbia como para acabar con todo… Qué desastre”.

Semanas atrás la ministra Vélez fue motivo de fuertes comentarios por cerrar de manera abrupta una rueda de prensa sin contestar las preguntas de los periodistas.

 

 

Impuesto al Carbono

Cuando se creó el impuesto al carbono en 2016, se aprobó lo que políticamente era posible y, a la luz de hoy, funcionó. Gracias a una tarifa de $17.660 por tonelada de carbón en 2021, el país recaudó $425 mil millones. Es un tributo al uso de combustibles, pero que se compensa si el contribuyente es carbono neutro. Se puede adquirir bonos de carbono creados por terceros para cumplir el requisito, lo cual contribuye a la creación de un mercado de carbono nacional. Si bien hay leves ajustes en la tributaria, seguimos sin desincentivar todos los gases efecto invernadero (GEI), no es solo el dióxido de carbono que causa el calentamiento global. Un impuesto que abarque más sectores tendría sentido.

El actual mercado de créditos de carbono mueve más de $600 mil millones, debido a una demanda anual de 13 millones de toneladas. Estos recursos para ser usados en el esquema tributario, deben registrar proyectos ante Min Ambiente. Gracias al incentivo de compensar el impuesto al carbono se financian 65% de estos. La nueva tributaria limita la compensación a tan solo el 50% del valor económico actualmente se puede hasta el 100%, debilitando el incentivo a la conservación para privilegiar la caja. En vez de poder pagar por conservación, por lo menos la mitad del recurso debe ir en efectivo a la Dian.

 

Cuando se definió el precio de la contribución en 2017, este era cerca de US$5, pero como consecuencia de la devaluación y de un ajuste de inflación más uno por ciento, se perdió casi 25% de su valor en dólares, tanto, que el mercado voluntario internacional está por encima, oscilando entre US$7-15. En la tributaria se aumenta la base de la contribución en 16% para llegar a $20.500 la tonelada, monto que, en dólares, está por debajo del precio original. Como se mantiene la fórmula de ajuste es probable que nuestro incentivo local sea insuficiente. Ahora con COP 27 fortaleciendo temas de financiación, las transacciones internacionales no se contabilizan para cumplir compromisos nacionales.

Con la propuesta de reforma, el impuesto al carbono se amplía levemente, incluyendo el consumo de carbón de manera gradual hasta 2028, pero con ello el tributo solo afecta sectores como transporte (16,9%), hidrocarburos (3,1%) y minería de carbono (2,2%), lo cual, en conjunto, solo aporta el 22,2% de las emisiones nacionales. No obstante, otros sectores que son mucho más contaminantes están exentos de contribuir al cambio. No hay ni garrote ni zanahoria para manufactura, industria, energía o residuos sólidos. El proyecto de reforma tributaria también debería traer incentivos puntuales para fomentar las inversiones privadas de la transición energética.

El grueso de los avances en sostenibilidad proviene del incentivo privado a disminuir los costos; el Estado debe acelerar este proceso. El Congreso debe aprobar algunas de las modificaciones del impuesto al carbono, pero al limitar la compensación al 50% se da un golpe a la conservación. Al ir estos recursos al presupuesto general puede que se gaste en conservación, pero también en defensa y pensiones. Esto afecta el propósito de disminuir en un 51% las emisiones nacionales para 2030, mucho mas cumplir con las metas del nuevo presidente. Se recauda un poco más, pero hacemos menos por el medio ambiente.

 

 

 

Transición energética sí, ¿pero no así?

El actual gobierno del presidente Gustavo Petro, y su ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, parece tendrán que seguir aterrizando más sus propuestas de transición energética para el país que incluye un proceso durante los siguientes 6 u 8 años como lo han propuesto de forma reiterada ante los medios de comunicación y de acuerdo a los planes de gobierno en materia energética. Así como se espera continúen con la intención de continuar con los actuales contratos de exploración de hidrocarburos.

Pongamos sobre la balanza 2 hechos importantes que se unen en estos tiempos en torno a esta propuesta de transición energética, la guerra entre Rusia y Ucrania, y el despertar de la humanidad para cambiar poco a poco su demanda de energía producida por combustibles fósiles.

 

La guerra entre Rusia y Ucrania ha llevado a los precios del gas, por ejemplo, a los más altos niveles en Europa ahora debido a que la semana pasada Rusia cortó el suministro que venía pasando por el Nord Stream 1 por temas de mantenimiento. Esto hizo que el precio del Megavatio hora llegara a los 342 euros. En Alemania y Francia se lograron tristemente nuevos records en precios también del Megavatio hora por electricidad, 850 euros en Alemania y hasta 1.000 euros en Francia.

Entonces, ante una evidente escases de este y otro tipo de hidrocarburos y subida de precios en la generación de la energía en el mundo, ¿De dónde saldrá ahora la energía que se necesita para suplir estas necesidades? La guerra de Rusia con Ucrania efectivamente ha logrado poner sobre la mesa la eterna discusión de los hidrocarburos, su oferta, sus precios, su distribución, porque lamentablemente aún no se ha llegado al límite de reemplazarlos por energías alternas en tu totalidad, esto es una realidad. Mas no quiere decir que no se busque esa transición, si de algo pueden estar orgullosos muchos países europeos, es de sus avances en la transición energética. Alemania, entre otros tiene metas muy precisas para cambio de combustibles alternativos y dejar los hidrocarburos en el largo plazo. Dinamarca propone solo vender nuevos vehículos eléctricos desde el 2030, pero hasta que todo esto suceda, el problema de escases y altos precios en la energía, ocasionará inestabilidad en el mundo. Incluso el Estado de California ya aprueba la intención de lograr para el año 2035, venta de automóviles nuevos solo funcionando por electricidad o hidrógeno, igual la iniciativa no piensa prohibir los vehículos a gasolina, los nuevos deberán no ser de combustible fósil, por lo tanto, esa transición será más larga de lo que se piensa, pero sucederá. Para el 2045 California también planea alimentar gran parte de su economía con energía eléctrica, no de combustibles fósiles, actualmente cuentan con 80.000 cargadores públicos, y para el 2030 esperan llegar a 1.2 millones de cargadores eléctricos. Con esto se evidencia el despertar para cambiar poco a poco esa demanda de energía tradicional, es algo, es un avance, mas no es suficiente a hoy, son conscientes que la transición tomará más tiempo.

Con estos planteamientos volvemos a Colombia. Si vemos estos ambiciosos planes en varios países del mundo, ¿qué nos hace pensar en nuestro país que lograremos la transición energética en 6 u 8 años como proponen desde este nuevo gobierno? La guerra entre Rusia y Ucrania puede ser una oportunidad para el mundo con el fin de acelerar procesos de búsqueda de energías alternativas, sumado a la urgencia del invierno que se avecina, esto es claro, pero en el largo plazo, hasta no tener estos reemplazos, el mundo debe seguir consumiendo energía con lo que tiene, los hidrocarburos entre ellos.  En Colombia, el 70% de la energía que se consume proviene de los combustibles fósiles, y del consumo total, el 28% viene del gas. Para lograr ese reemplazo de consumo por una energía alternativa, se requieren mayores inversiones en investigación, infraestructura, entre otros factores, para lograrlo en esos 6 u 8 años que manifiestan. En nuestra región latinoamericana, países como Chile, donde se tiene una excelente fuente lumínica por sus desiertos, ente otros, se ha logrado explotar la energía solar, por ejemplo, llegan a los 23 teravarios /hora con estas fuentes alternativas de energía, lo cual no es suficiente aún para suplir a todo el país, pero ya es un avance. Colombia con sus esfuerzos ha logrado llegar a los 2 teravatios/hora en energías alternas. Claro, el gobierno anterior continuó esfuerzos con el tema de energía solar y eólica, pero no llegamos aún a más de eso, 2 teravarios/hora.

Por lo anterior, hay un camino trazado por la humanidad hacia la disminución de emisiones de CO2, existe voluntad política en este gobierno de Colombia para avanzar en esa transición energética, lo cual es muy valioso, pero se debe tener en cuenta que no tenemos aún el desarrollo, la inversión o la infraestructura suficientes para comprometer un cambio en 8 años, o incluso en 12, como lo han mencionado últimamente en el gobierno. Debemos aterrizar estas propuestas, esta transición, la cual es indiscutible, inevitable, se debe dar, pero como lo hemos mencionado, si hay países más desarrollados, con metas más reales, sería importante que Colombia lograra esa transición también con planes a más largo plazo, y sin dejar por fuera los hidrocarburos, que mal que bien, los debemos seguir consumiendo hasta lograr ese reemplazo serio, real, coherente. Hasta no lograrlo, no podemos cerrar nuestras puertas al gas, al petróleo. Tenemos las hidroeléctricas, pero precisamente depender de ellas ante el inminente cambio climático, renunciando al gas, sería depender de suministros de energía externos que pondrían en riesgo la productividad del país. Depender de países hermanos, por más que se reestablezcan relaciones diplomáticas, tampoco es garantía de futuros recursos de gas si se agotan nuestras existencias. Es positivo apostarle en grande a las energías alternativas, como lo hace Chile, entre otros, de forma creciente, ordenada, más debemos tener en claro nuestras limitantes en este tipo de proyectos de producción de energía alternativa, deben ser más ambiciosos, deben pretender abarcar todo el país, ahí está el gran reto para este gobierno y los siguientes.

Cuando se logre una plena transición, se cambiará a las energías alternativas, el planeta y nuestros hijos, lo agradecerán.

 

@Jack80x

Llamado a la calma de la ministra de Minas y Energía al sector petrolero

En el XIX Congreso Regional Colombiano de Petróleo, Gas y Energía 2022, organizado por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet) en Cartagena la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, reiteró que la transición no pondrá en juego la seguridad energética del país

Durante su intervención en este evento, que reúne a los principales actores de la industria del gas y petróleo del país, la ministra reiteró que el proceso de transición energética que acelerará este Gobierno no pondrá en riesgo la independencia y la soberanía energética del país.

 

“Desde el Gobierno reconocemos la importancia del sector de hidrocarburos para el país y es por eso que los invitamos a que se sumen a este proceso de transición justo, gradual, intensivo en conocimiento y seguro con el cual lograremos convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida. Vamos a fortalecer la investigación, la ciencia y la tecnología para la industrialización y el aprovechamiento de todas las oportunidades alrededor de la transición energética”, dijo la ministra Vélez Torres.

La funcionaria resaltó que el proceso de transición será intersectorial, por lo que se trabajará en conjunto con otras carteras como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; con el fin de impulsar la movilidad eléctrica y sostenible, la inversión extranjera y la consolidación de una industria local de la transición.

Vélez Torres también recordó que el Ministerio de Minas y Energía es de puertas abiertas y reveló que se llevará a cabo una gran mesa de diálogo y conversación nacional en la que estarán involucrados el sector privado, los gremios, las comunidades y todos los actores del sector energético, para determinar la hoja de ruta a seguir para lograr una transición energética social, justa y exitosa.

Sólo el 44,1% de la población minera cuenta con producto financiero activo

El Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería y la Banca de las Oportunidades presentaron el primer reporte de inclusión financiera del sector minero. Un diagnóstico que constituye la base para realizar acciones focalizadas y políticas públicas, basado en dos ejes de análisis: mineros de subsistencia y titulares mineros.

El documento, con cifras a junio del 2021, brinda una línea base para la inclusión financiera de los mineros del país y aborda el diagnóstico para los mineros de subsistencia y los titulares mineros. Este reporte hace parte del compromiso de Gobierno Nacional de “impulsar la inclusión financiera en todo el territorio nacional” .

 

Para la minería de subsistencia, estos cálculos se realizaron al cruzar las bases de datos de la plataforma de registro para estos mineros – Génesis de la Agencia Nacional de Minería (ANM) – y la información financiera de la central de información. Según esta validación, se estableció que, de los 88.169 mineros de subsistencia registrados a junio de 2021, el 75,4% tiene al menos un producto financiero, Sin embargo, al revisar si se cuentan con un producto financiero activo o vigente tan sólo el 44,1% lo tiene.

Boyacá cuenta con las cifras más altas en indicador de acceso y uso de productos financieros (89,9% y 64,2%, respectivamente). Mientras, Cauca presenta el acceso más bajo (71,2 %) y Nariño el menor indicador de uso (27,2 %). Igualmente, el reporte evidencia que la cuenta de ahorros es el producto de depósito preferido por esta población minera.

Respecto a los productos de crédito, cuatro de cada cinco mineros de subsistencia no acceden a estos, es decir, el 20,6 % de estos trabajadores tiene al menos uno y el microcrédito es el más utilizado (12,7%).

Por otra parte, al referirse a los 6.898 titulares mineros distribuidos a lo largo del país, personas naturales o jurídicas que tienen derechos habilitados para desarrollar esta actividad en las diferentes etapas del ciclo, se evidencia que 87,4% tienen al menos un producto financiero, mientras, el 76% poseen uno activo o vigente.

Santander presentó el mayor indicador de acceso (94,7%), seguido por Valle del Cauca (93,1%). Este último, también presentó el mayor indicador de uso (87,7%), seguido por Santander (84,8%).

Con relación a los productos de depósito, el 86,7% de los titulares mineros posee al menos uno, sin embargo, sólo el 68,8% lo tenía activo. Para estos trabajadores la cuenta de ahorros también obtiene la mayor penetración (80,9%).

El 58,9 % de los titulares mineros tenía al menos un producto de crédito. La tarjeta de crédito es el producto más utilizado (39,0%); en el segundo lugar estuvo la cartera bancaria (28,9 %), seguida por los sobregiros (21,7 %) y los préstamos rotativos (13,2 %).

Para Fredy Castro, director director de Banca de las Oportunidades, los anteriores resultados muestran la necesidad de seguir trabajando en la inclusión financiera del sector minero.