Las autoridades de Nicaragua han concedido este miércoles asilo político a Carlos Ramón González, quien fuera director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) del gobierno de Gustavo Petro, rechazando así la solicitud de extradición de Bogotá por su implicación en un grave escándalo de corrupción.
«Según el solicitante del asilo, lo hizo por su trayectoria política como líder de izquierda y revolucionaria, su papel en la conformación del actual Gobierno; su cercanía con el actual presidente Gustavo Petro, quien fue su compañero en la guerrilla del M-19, ha sido objeto de una persecución política, judicial y mediática, impulsada por la extrema derecha colombiana», reza un documento del Ministerio de Exteriores nicaragüense.
La cartera diplomática asegura que González ha alegado asimismo «una campaña sistemática de desprestigio en medios de comunicación provocando amenazas directas contra su vida y la de su familia», al tiempo que ha denunciado que los procesos judiciales en su contra carecen de «pruebas reales» y de «sustento jurídico».
El ex alto cargo colombiano ha considerado así que «la inminente imposición de medida de aseguramiento con privación de la libertad en instituciones carcelarias colombianas, pone en riesgo su vida, la libertad y su integridad personal».
El Gobierno de Daniel Ortega ha transmitido su decisión a las autoridades colombianas en un escrito separado en el que alude a la Constitución de Nicaragua, la Convención Americana de Derechos Humanos y resoluciones internacionales en materia de asilo.
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El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, ha mostrado su rechazo a la medida de Managua, un gesto que ha considerad de «inamistoso». «Si el presidente (Petro) pide la extradición a alguien, a cualquier país, en el cual existen tratados y ese país no corresponde a ese pedido de extradición, es algo inamistoso, agresivo que no debe pasar. Habrá que revisar», ha señalado en declaraciones recogidas por W Radio.
Posteriormente, los ministerios de Exteriores y de Justicia colombianos han emitido un comunicado conjunto en el que han mostrado su desacuerdo con el asilo concedido a González, recordando que este derecho no puede ser aplicado a personas con «motivos fundados de que han cometido delitos comunes o se haya entablado una acción judicial originada por dichos delitos», como es el caso del exasesor del Gobierno colombiano.
Así, han considerado que esta decisión de Nicaragua «desconoce lo establecido en el Tratado de Extradición» firmado entre los dos países en 1929 por el que «ambos convinieron entregar mutuamente a las personas procesadas o condenadas en uno de ellos».
Por ello, Bogotá ha solicitado a Managua que reconsidere «revocar dicha protección internacional» atendiendo a las pruebas aportadas por la Fiscalía colombiana contra González, a quien, ha asegurado «brindará todas las garantías procesales».
Sobre Carlos Ramón González pesa una imputación de la Fiscalía por delitos de cohecho por «dar u ofrecer lavado de activos por apropiación en favor de terceros» en el escándalo de corrupción que afecta a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El organismo sostiene que González habría desempeñado un papel determinante en la planificación y ejecución de entregas de dinero, aprovechando su posición y sus conexiones dentro del Gobierno, en un caso relacionado con irregularidades en tres contratos de la entidad estatal que suman 92.000 millones de pesos (cerca de 20 millones de euros).
