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Etiqueta: Nicaragua

Lula pedirá al Foro de Sao Paulo que apruebe una resolución contra Nicaragua

Escrito por Europa Press en . Publicado en Colombia, Global, Internacional.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha planteado la posibilidad de que en la próximas reunión del Foro de Sao Paulo que se celebra esta semana en Brasilia, el grupo apruebe una resolución para condenar los crímenes del Gobierno nicaragüense de Daniel Ortega, según adelantan fuentes del Palacio del Planalto.

 

Este cambió de rumbo del Gobierno de Lula con respecto a Ortega quedó ya plasmado la semana pasada cuando Brasil se sumó una resolución similar redactada por la Organización de Estados Americanos (OEA).

A pesar de la «irritación», tal ha sido calificada la sensación de Lula con Ortega por varios miembros de su gabinete consultados por el portal Metrópoles, el presidente brasileño sigue siendo partidario de mantener una vía de comunicación abierta con Nicaragua y no cerrarse en banda como han hecho otros países.

Lula da Silva ya dejó entrever también este malestar la semana pasada cuando, a su paso por Europa, criticó a Ortega por la detención de varios religiosos, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por rebelión, por quien se comprometió a intentar mediar para su liberación.

Sin embargo, reconoció que no sería un asunto fácil, entre otras cosas, porque, en referencia a Ortega, «ni todo el mundo tiene la grandeza para pedir disculpas».

«La palabra ‘perdón’ es sencilla, pero requiere mucha grandeza reconocer que se cometió un error (…) No todos los hombres tienen el coraje de decir: ‘me equivoqué, voy a cambiar de opinión’. Hay que estar convencido», dijo.

La reunión de este jueves del Foro de Sao Paulo –un grupo formado por partidos y organizaciones de la izquierda latinoamericana–, contará con la presencia del propio Lula en la jornada inaugural, así como de representantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido oficialista de Nicaragua.

Nueva oleada de arrestos en Nicaragua

Escrito por Europa Press en . Publicado en Colombia, Global, Internacional.

El Gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega, ordenó el miércoles la detención de al menos 30 periodistas, opositores y activistas que han sido puestos en libertad tras ser acusados de «traición a la patria» o alteración del orden público».

Según ha denunciado el diario ‘La Prensa’, un número indeterminado de afectados, hasta 30 personas –aunque las organizaciones de Derechos Humanos elevan el número a 40–, han quedado en libertad con la condición de personarse periódicamente ante la Justicia.

 

«Habló el Ministerio Público, que me acusaba por sedición, propagación de noticias falsas, exposición de personas al peligro y por atentar contra el Gobierno. Después nos dijeron que firmáramos un documento donde teníamos que presentarnos todos los días (ante la Justicia)», ha relatado el periodista William Aragón.

Entre los detenidos afectados por la ola de arrestos se encuentra también Teresa Mena, líder del movimiento campesino; Iliana Velásquez, excandidata a la alcaldía en el municipio de Terrabona o el defensor de los Derechos Humanos Harold Antonio González González.

Las detenciones se producen después de la celebración del 2 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Las protestas de 2018 se alargaron durante meses y derivaron en una escalada represiva que se saldó en los años posteriores con más de 200 arrestos de personas contrarias a la tesis del Gobierno.

Ortega ha comenzado también una batalla contra las universidades, consideradas el símbolo de las protestas, imponiendo el cierre de decenas de ellas, lo que ha deteriorado la libertad académica. En los últimos meses, ha privado de nacionalidad a disidentes, ha expulsado del país a embajadores y ha clausurado miles de ONG nacionales e internacionales, así como medios de comunicación y organizaciones religiosas.

Se cierra otra organización en Nicaragua

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Imagen de @IAmCaritas 

El Gobierno nicaragüense ha procedido a cerrar las ramas de la ONG católica Cáritas en Nicaragua, sumándose así a la lista de cientos de organizaciones no gubernamentales cerradas en los últimos meses y marcando una nueva brecha entre el Gobierno y la Iglesia Católica.

 

El Ministerio de Gobernación ha cancelado la personalidad jurídica de Cáritas Nicaragua y Cáritas Jinotega, a través de la «disolución voluntaria» acordada por sus propios miembros, según informa ‘La Prensa’.

Este martes también se ha cancelado la personalidad jurídica de dos universidades católicas nicaragüenses, la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN) y la Universidad Juan Pablo II, ambas operando como asociaciones y acusadas de incumplir una controvertida ley que limita la actividad de las ONG en Nicaragua y que ya ha servido como instrumento para el cierre de cientos de organizaciones.

Este tipo de medidas ha aumentado a raíz de las protestas opositoras de 2018 y del proceso electoral de 2020, cuando decenas de disidentes fueron encarcelados. La semana pasada un grupo de expertos de Naciones Unidas acusó a Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, de perpetrar abusos equiparables a crímenes contra la humanidad.

Es uno más de los roces entre la Iglesia Católica y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que anteriormente exigió «democracia en el seno de la Iglesia católica», calificándola de «mafia organizada», después de que el Papa Francisco criticara la reciente condena de 26 años de cárcel contra el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez.

«Son una mafia, miren los crímenes que han cometido, cuántos crímenes han cometido», aseveró Ortega, ironizando sobre el respeto que le puede tener a los obispos que ha conocido en Nicaragua ya que, según él, «eran somocistas», seguidores del dictador nicaragüense Anatasio Somoza.

Se cierra la principal organización empresarial en Nicaragua

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Imagen de @cosep.nicaragua

El Gobierno de Nicaragua ha retirado la personalidad jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal representación de la patronal empresarial en el país centroamericano, alegando supuestas irregularidades de tipo administrativo.

 

La medida afecta a Cosep y a todas las cámaras que forman parte de esta organización, que ya estaba en el punto de mira del régimen de Ortega. De hecho, varios de sus responsables formaban parte del grupo de presos políticos desterrados en febrero a Estados Unidos y despojados de su nacionalidad, informa el diario ‘La Prensa’.

El Ministerio de Gobernación ha alegado que las organizaciones no han completado un proceso de convalidación de registro, en aplicación de una controvertida ley que limita la actividad de las ONG en Nicaragua y que ya ha servido como instrumento para el cierre de cientos de organizaciones.

Este tipo de medidas han aumentado a raíz de las protestas opositoras de 2018 y del proceso electoral de 2020, cuando decenas de disidentes fueron encarcelados. La semana pasada, un grupo de expertos de Naciones Unidas acusó a Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, de perpetrar abusos equiparables a crímenes contra la humanidad.

ONU pide a Nicaragua que devuelva la nacionalidad

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La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha hecho un llamamiento a Nicaragua para que libere a 37 personas que permanecen encarceladas «arbitrariamente» y para que restituya la nacionalidad de las más de 300 personas afectadas por las recientes decisiones del Gobierno de Daniel Ortega.

Durante una actualización oral al Consejo de Derechos Humanos, la subsecretaria general de DDHH de la ONU, Ilze Brands Kehris, ha instado a las autoridades nicaragüenses a derogar toda legislación que impida el ejercicio de la participación política, o el de libertades como la de expresión, reunión, asociación, y nacionalidad.

 

«Hacemos un llamado al Estado de Nicaragua para que libere incondicionalmente a las 37 personas que aún se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad, entre ellas (el obispo) Rolando Álvarez», ha manifestado Brands Kehris, quien ha resaltado que el estado de salud del mismo se desconoce.

También ha pedido al Ejecutivo de Daniel Ortega que restituya la nacionalidad, así como los derechos civiles, políticos, sociales y económicos, a las más de 300 personas afectadas por las recientes expatriaciones.

El pasado mes de febrero, el Gobierno retiró la nacionalidad a 222 presos que expatrió a Estados Unidos, quitándosela poco después a otros 96 nicaragüenses en el exilio por la supuesta comisión del delito de «traición a la patria».

En este sentido, el Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos ha instado a Nicaragua a derogar «toda legislación» que impida el ejercicio de la participación política, las libertades de expresión, reunión y asociación, el derecho a la nacionalidad y el derecho a la propiedad con seguridad jurídica.

La petición de la Naciones Unidas tiene lugar después de que la oficina haya documentado «un patrón de violaciones» a las normas y estándares del debido proceso en los juicios llevados a cabo entre enero y febrero a las personas disidentes detenidas arbitrariamente desde agosto de 2022.

Entre las «violaciones» se incluyen juicios a puerta cerrada, denegación a algunos acusados de su derecho a un abogado o abogada de su elección y el derecho a reunirse con él o ella en privado.

Además, algunos de los acusados no habrían tenido conocimiento oportuno o completo de los cargos en su contra ni de las sentencias dictadas contra ellos, lo que les impidió impugnarlas, según relata la ONU en un informe.

La erosión de los Derechos Humanos en el país también se ha evidenciado en el aumento del número de personas que han abandonado el país, que alcanzas más de 260.000 hasta la mitad del año pasado. Nicaragua tiene una población menor de siete millones de habitantes.

Ante esta situación, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH ha instado a la comunidad internacional, especialmente los que han recibido un gran número de nicaragüenses desde 2018, a que proteja de manera «eficaz» el derecho a solicitar asilo y el derecho a una evaluación individual de sus necesidades.

«Saludamos el generoso gesto humanitario de aquellos Estados que han ofrecido la nacionalidad a los nicaragüenses que fueron despojados de la suya y que, en su mayoría, se encuentran ahora fuera de su país de origen. En estas difíciles circunstancias, deseo destacar la importancia de que se facilite, lo antes posible, la reunión de estas personas con sus familiares», ha esgrimido Brands Kehris.

Costa Rica solicita a Nicaragua garantizar el derecho a la nacionalidad

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Costa Rica ha mostrado este martes su preocupación por las medidas del Gobierno de Nicaragua en cuanto a la privación de nacionalidad de más de 300 nicaragüenses, instando al presidente Daniel Ortega a garantizar el derecho a la nacionalidad.

El Ministerio de Exteriores costarricense ha hecho un llamamiento a Managua para que cumpla «con sus obligaciones internacionales de garantizar el derecho a la nacionalidad y de tomar medidas para la prevención y erradicación de la apatridia».

 

«Para Costa Rica, que mantiene (una) fuerte presencia en los foros internacionales de Derechos Humanos, la situación en el hermano país contradice las obligaciones que tiene todo estado en el marco del Derecho Internacional, que prohíbe privar arbitrariamente la nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos», ha declarado el viceministro Christian Guillermet-Fernández.

La cartera de Exteriores se ha posicionado en la línea de lo señalado por Naciones Unidas y otros organismos multilaterales, que recuerdan que la privación de la ciudadanía contraviene la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, de los cuales Nicaragua es parte.

El Gobierno de Nicaragua retiró la semana pasada la nacionalidad a 94 ciudadanos, entre los que se encuentran periodistas, activistas, políticos, religiosos o defensores de Derechos Humanos, declarados «prófugos de la Justicia».

Este despoje de la nacionalidad tuvo lugar después de que Nicaragua deportara a Estados Unidos a 222 presos, a quien también dejó apátridas, elevando a 316 los nicaragüenses que han perdido su ciudadanía en menos de siete días.

Sacerdote italiano es expulsado de Nicaragua

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El Gobierno de Nicaragua ha expulsado del país al sacerdote italiano Cosimo Damiano Muratori, acusado de delito de violencia sexual en Italia, después de que haya actuado «injuriosamente» al comentar el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez.

Muratori, por quien la agencia Internacional de Policía (Interpol) habría solicitado recientemente su itinerario de vuelo, según ha informado Managua, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por un tribunal de la ciudad italiana de Perugia, por su acoso sexual a una joven en 2009.

 

«El mencionado sacerdote y ciudadano italiano fue expulsado de Nicaragua el día de hoy, entre otras cosas, por ese delito cometido en su país, y su itinerario de vuelo, solicitado por la misma Interpol Italia, fue comunicado a las autoridades pertinentes», se lee en un comunicado del Ministerio de Gobernación nicaragüense.

Horas antes del comunicado, el fraile fue detenido por fuerzas de seguridad, después de que presidiera una misa y se refiriera al encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez, condenado la semana pasada a más de 26 años por la Justicia nicaragüense, según ha informado el diario ‘Confidencial’.

«Nos vamos a reunir en oración no solamente por nosotros, sino por todos los nicaragüenses en todo el mundo, por los sacerdotes y también ciudadanos que han salido de Nicaragua forzosamente, y oremos también por monseñor Álvarez que está en la cárcel», dijo el fraile al ofrecer una misa.

Muratori estuvo asignado por su orden religiosa desde 2014 en la localidad de San Rafael del Norte a la custodia del mausoleo del padre Odorico, aunque llegó al país centroamericano en 1976.

Con todo, la Justicia de Nicaragua condenó este viernes a 26 años de cárcel al obispo Ronaldo Álvarez, perdiendo su nacionalidad tras haber sido declarado «traidor de la patria», todo ello un día después de que 222 personas fueran deportadas de Nicaragua en un avión rumbo a Estados Unidos, dentro de una medida inédita, ya que habían sido acusadas de incitar supuestamente a la violencia y el terrorismo, así como de perpetrar acciones de «desestabilización económica».

Álvarez es miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y en el país es reconocido por su labor en defensa de los Derechos Humanos frente a la opresión sandinista. De hecho, en 2022 se convirtió en el primer obispo de la Iglesia católica en ser arrestado desde que Ortega se hizo con el poder en 2007.

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, tildó anteriormente a la Iglesia de «dictadura perfecta» y de «usar» a sus obispos para «dar un golpe de Estado» en el país centroamericano, asegurando que algunos sacerdotes hacían llamamientos al derramamiento de sangre durante la ola de protestas de 2018, que se saldó con la muerte de más de 300 personas.

EE.UU. exige la liberación inmediata del obispo nicaragüense

Escrito por Europa Press en . Publicado en Colombia, Global, Internacional.

El Gobierno de Estados Unidos ha pedido este lunes la «liberación inmediata» del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, después de que haya sido condenado a 26 años de prisión por la supuesta comisión de delitos de conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones y desacato a la autoridad.

«Condenamos esta acción del Gobierno de Nicaragua e instamos a la liberación inmediata del obispo Álvarez», ha señalado el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, antes de reiterar el llamamiento de la Administración Biden a «la liberación de las personas encarceladas en Nicaragua por ejercer sus libertades fundamentales».

 

Price ha indicado que las autoridades estadounidenses continúan «pidiendo al Gobierno nicaragüense que libere a quienes están retenidos por no hacer otra cosa que ejercer el derecho que es tan universal para ellos como para las personas de todo el mundo».

La Justicia de Nicaragua condenó este viernes a 26 años de cárcel al obispo Álvarez, perdiendo su nacionalidad tras haber sido declarado «traidor de la patria», todo ello un día después de que 222 personas fueran deportadas de Nicaragua en un avión rumbo a Estados Unidos, dentro de una medida inédita, ya que habían sido acusadas de incitar supuestamente a la violencia y el terrorismo, así como de perpetrar acciones de «desestabilización económica».

«Cuando hablamos a finales de la semana pasada sobre la llegada de 222 ex presos políticos de Nicaragua a Estados Unidos, dejamos muy claro que era un paso bienvenido, que era un paso constructivo, pero que de ninguna manera era una panacea para las muchas preocupaciones que tenemos con el régimen nicaragüense, incluida la represión y la opresión que sigue ejerciendo contra su propio pueblo», ha explicado el portavoz del Departamento de Estado.

«Con los 222 presos políticos que fueron liberados la semana pasada y a los que se permitió viajar a Estados Unidos, aún quedan muchos más presos políticos que permanecen en prisión», ha lamentado Price.

Álvarez es miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y en el país es reconocido por su labor en defensa de los Derechos Humanos frente a la opresión sadinista. De hecho, en 2022 se convirtió en el primer obispo de la Iglesia católica en ser arrestado desde que Ortega se hizo con el poder en 2007.

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, tildó anteriormente a la Iglesia de «dictadura perfecta» y de «usar» a sus obispos para «dar un golpe de Estado» en el país centroamericano, asegurando que algunos sacerdotes hacían llamamientos al derramamiento de sangre durante la ola de protestas de 2018, que se saldó con la muerte de más de 300 personas.

Se envía a prisión obispo de Nicaragua

Escrito por Europa Press en . Publicado en Colombia, Global, Internacional.

La Justicia de Nicaragua ha condenado este viernes a 26 años de cárcel al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, tan solo un día después de que el prelado se negara a abordar un avión que lo habría trasladado a Estados Unidos junto a otros 222 presos que han sido expulsados del país centroamericano.

El Tribunal de Apelaciones de Managua ha sentenciado a Álvarez por la supuesta comisión de los delitos de conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones y desacato a la autoridad, las cuales suman un total de 26 años y cuatro meses de condena, según ha informado el diario nicaragüense ‘Confidencial’.

 

Además, el líder religioso perderá su nacionalidad tras haber sido declarado como «traidor a la patria» –tal y como hizo el jueves el Gobierno de Daniel Ortega con las 222 personas excarceladas–, y deberá pasar su pena en la cárcel La Modelo.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, calificó el jueves al obispo de Matagalpa como un «desquiciado, «energumeno’ y «soberbio», criticando su decisión de aceptar su destierro del país.

«Lo que tenemos es un comportamiento de soberbia, de quien se considera el jefe de la Iglesia en Nicaragua (…) y debe pensar que está a punto de optar el cargo de su santidad el Papa. Está desquiciado, pero eso lo tendrán que decir las autoridades judiciales y las autoridades médicas porque tendrán que atenderlo», aseveró el jefe de Estado nicaragüense en un discurso recogido por ‘La Prensa’.

Álvarez es miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y en el país es reconocido por su labor en defensa de los Derechos Humanos frente a la opresión sadinista. De hecho, en 2022 se convirtió en el primer obispo de la Iglesia católica en ser arrestado desde que Ortega se hizo con el poder en 2007.

El presidente nicaragüense tildó anteriormente a la Iglesia de «dictadura perfecta» y de «usar» a sus obispos para «dar un golpe de Estado» en el país centroamericano, asegurando que algunos sacerdotes hacían llamamientos al derramamiento de sangre durante la ola de protestas de 2018, que se saldó con la muerte de más de 300 personas.

Con todo, la condena de Álvarez se da un día después de que 222 personas, todas ellas consideradas «traidoras a la patria», fueran deportadas de Nicaragua en un avión rumbo a Estados Unidos, dentro de una medida inédita, ya que habían sido acusadas de incitar supuestamente a la violencia y el terrorismo, así como de perpetrar acciones de «desestabilización económica».

La situación de los presos ha sido motivo recurrente de quejas de la comunidad internacional y de organismos como Naciones Unidas. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas cifró en enero en al menos 245 la cifra de reclusos, entre ellos diez encarcelados antes de las protestas de 2018, consideradas un punto de inflexión.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, reclamó también en diciembre la liberación «inmediata» de 225 personas que permanecían detenidas «arbitrariamente» por su disidencia frente al Gobierno de Daniel Ortega. En su informe periódico de la situación, denunció las condiciones «precarias» en que estaban detenidos esos presos, así como el trato «humillante y degradante» al que se somete a sus familias.

Cancillería explica la ausencia del país en la votación de la OEA contra Nicaragua

Escrito por Oscar Sevillano en . Publicado en Lo + Confidencial.

La cancillería emitió un comunicado en el que asegura que la ausencia de Colombia el día en que la Asamblea de la Organización de Estados Americanos debía votar la condena a Nicaragua por violaciones a los derechos humanos, se debió a una serie de gestiones humanitarias que coincidieron en fecha y hora.

“Se debió tanto a razones estratégicas como humanitarias y no ideológicas. La ventana de oportunidad para una acción humanitaria de envergadura en Nicaragua coincidió con la votación de ese día».

 

Y agregó, “»se guardó silencio diplomático debido a que no podíamos hacer públicas las gestiones internacionales que se están adelantando antes de obtener un resultado. Esperamos que las filtraciones no tengan consecuencias adversas a lo buscado».

El Ministerio de Relaciones Exteriores explica las razones para ausentarse de la cita por el escándalo interno ante esta actuación por la que la oposición al Gobierno de Gustavo Petro, citará a un debate en el Congreso de la República.

 

Proponen moción de censura al canciller Leyva

Escrito por Oscar Sevillano en . Publicado en Lo + Confidencial.

El canciller, Álvaro Leyva, será citado a debate de control político por las actuaciones de Colombia frente al gobierno de Nicaragua.

La citación fue propuesta por el Centro Democrático, luego de que se conociera desde la Cancillería se dio la orden para que Colombia se ausentara de la sesión citada por la Organización de Estados Americanos OEA para condenar las diferentes vulneraciones de derechos humanos por parte de Nicaragua.

 

El partido de oposición anunció que propondrá una moción de censura contra el canciller Álvaro Leyva, por haber dado la orden de no participar en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.

El representante a la cámara, Andrés Forero, considera que es necesario que el Canciller se presente ante el legislativo para que explique las razones que motivaron esta decisión.

«Estamos citando al canciller Leyva al Congreso de Colombia para que explique por qué razón Colombia se ausentó de la votación en la Organización de Estados Americanos para rechazar la violación de derechos humanos y la persecución a la iglesia católica por parte del régimen nicaranicaragüense», indicó.

La crueldad de los poderosos

Escrito por Confidencial Noticias en . Publicado en Opinión.

De nuevo las primeras páginas de medios de comunicación denuncian los atropellos y persecuciones que Daniel Ortega presidente de Nicaragua, cuya reelección se hizo en medio de múltiples denuncias y prácticas electorales oscuras, se hace evidente su condición de un presidente eterno.

A Ortega se le conoce como un gobernante que cada vez hace mayor gala de su autoritarismo y espíritu pendenciero. Sus peleas de larga data con la Iglesia Católica, con los medios de comunicación y la forma como enfrentó el estallido social en el año 2018 que dejó 355 persona muertas según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fruto de la violenta represión ejercida por las fuerzas armadas, a cuatro años de lo ocurrido, deja a muchas familias de las víctimas que fueron asesinadas o detenidas, sin verdad y sin justicia.  Lo ocurrido en Nicaragua en el 2018 fue similar a la forma como, Iván Duque expresidente de Colombia respondió al estallido social del 2021.

 

Según Carlos Fernando Chamorro quien tuvo que salir de Nicaragua por la persecución que desplegó en su contra el gobierno de Ortega “el estallido de abril de 2018 es el inicio de una rebelión cívica espontánea “. El descontento por la excesiva centralización del poder, la corrupción y el ejercicio cotidiano de represión por parte de la fuerza pública, además de las reformas propuestas por Ortega fueron el origen del malestar ciudadano, malestar que aún continúa. De acuerdo a estas declaraciones de Chamorro fueron los jóvenes, como también ocurrió en Colombia, los verdaderos protagonistas de la protesta. Ortega es un gobernante autoritario, pero con pies de barro.

Porque los verdaderos pies de barro de Ortega se hicieron visibles tras las denuncias de la hija de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo por la violencia sexual ejercida sobre ella, durante los años que vivió con la pareja. En una extensa carta Zoilamérica Narváez   hace pública denuncia de que Daniel Ortega abusaba de ella desde que tenía 11 años. Denuncia que Ziolaamérica llevó ante los tribunales de su país y que su madre desestimó, diciendo que “estaba perturbada y manipulada por fines políticos “. Justificaciones que nos suena familiares por estos lados del continente.

También quisiera recordar la carta que la poeta nicaraguense Gioconda Belli le envío a la vicepresidente Rosario Murillo el 17 de junio del 2018 después de la brutal represión a su pueblo y en la cual recuerda lo ocurrido frente a las denuncias de su hija a Daniel Ortega: “No sé qué podríamos esperar de vos que no mostraste ninguna piedad con tu hija, carne de tu carne, sangre de tu sangre “

La valiente denuncia de la hija de Rosario Murillo y su impacto en el mundo político en los proyectos que se reconocen como progresistas , fue recordado recientemente  en una excelente conferencia de la profesora y feminista  Doctora Rita Segato cuando nos exhortó a quienes hacemos parte de fuerzas políticas de izquierda  y feministas ,que denunciar esas violaciones contra los cuerpos de las mujeres , es también un hecho político  y que no es hora de callar de cara a la guerra declarada por muchos políticos contra las mujeres en nuestros territorios .

EEUU condena el «drástico deterioro» de la democracia en Nicaragua

Escrito por Europa Press en . Publicado en Internacional.

El Gobierno de Estados Unidos ha condenado este jueves el «drástico deterioro» de los principios democráticos y de los Derechos Humanos en Nicaragua, fruto de la represión ejercida por el «régimen» de Daniel Ortega.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha lamentado en rueda de prensa la persecución de líderes sociales, políticos opositores, estudiantes y periodistas y ha subrayado que este tipo de acciones son «inaceptables» a ojos de Washington.

 

En este sentido, ha recordado que la Administración estadounidense, en colaboración con otros gobiernos de la comunidad internacional, han adoptado medidas para presionar a Ortega y promover la rendición de cuentas. Y «seguirá haciéndolo», advirtió Jean-Pierre.

“Fallo de la CIJ es una derrota para Colombia”: Rodrigo Lara

Escrito por Confidencial Noticias en . Publicado en Lo + Confidencial.

El senador Rodrigo Lara aseguró que las declaraciones de Carlos  Gustavo  Arrieta, agente de Colombia, “ofenden la inteligencia de los colombianos”.

El defensor de Colombia ante la Haya, manifestó en su declaración, sentirse satisfecho con la decisión porque según él, “la Corte le dio la razón en uno de los argumentos más importantes de toda la controversia, que Colombia no ha incumplido el fallo del 2012”.

 

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El abogado dijo que la Corte reconoció el principio de libertad de navegación y el derecho que tiene Colombia a través de la Armada Nacional de hacer presencia en aguas alrededor del archipiélago de San Andrés y Providencia y en el Caribe occidental en general, así como es el derecho que tiene para realizar operaciones relacionadas con la lucha contra el tráfico de estupefacientes y el crimen organizado en general.

«Este también es un gran éxito en la estrategia de defensa de Colombia y materia orgullo en la medida que se trata de un tema de gran relevancia internacional», dijo.

«Queda absolutamente claro que Colombia puede seguir haciendo presencia naval en el área, puede continuar patrullando y puede hacer operaciones en materia de lucha contra el narcotráfico», agregó

Para el congresista, el fallo no es una victoria como lo está señalando,  “el gobierno engaña a los colombianos mostrando una derrota como una victoria”.

El senador Rodrigo Lara por su parte considera que Colombia no puede estar satisfecha con un fallo que ratifica que al país se le han quitado los derechos sobre 75 mil km que ahora pertenecen a Nicaragua.

“Presentan como victoria un derecho y una costumbre internacional: nuestra libertad de navegación en la zona económica exclusiva que nos arrebató Nicaragua”, dijo además que, “una nave, privada o militar, tiene derecho a cruzar mares. Interdicción del narcotráfico en mar abierto existe en tratados”.

El congresista manifestó que el Gobierno no le ha dicho  al país que ya no se podrá impedir, por ejemplo, “la explotación petrolera que realice Nicaragua en esa zona, o el posible otorgamiento de licencias pesqueras a las depredadoras flotas chinas de pesca industrial”.

“Que nos reconozcan zonas contiguas de 12 millas náuticas, no implica que ganemos mar territorial, única manera de reintegrar la unidad del archipiélago de San Andrés”, puntualizó el senador Rodrigo Lara.

“Colombia debe «cesar» interferencia en aguas de Nicaragua”: CIJ

Escrito por Confidencial Noticias en . Publicado en Lo + Confidencial.

La Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) determinó en su fallo que Colombia ha violado su obligación internacional de respetar los derechos y jurisdicción de Nicaragua sobre su zona económica exclusiva, interfiriendo con actividades de pesca e investigación marítima.

El tribunal internacional afirmó que el país no ha demostrado el disfrute que tienen los pobladores raizales para ejercer la pesca artesanal en las aguas que ahora pertenecen a Nicaragua. La decisión de la CIJ se tomó con una votación de 9 votos contra 6.

 

El fallo dice además que Nicaragua no ha demostrado las violaciones en las que habría incurrido Colombia al realizar operaciones a través de la Armada Nacional y de exploración petrolera.

“El tribunal determina que Colombia ha violado su obligación internacional de respetar los derechos soberanos y la jurisdicción de Nicaragua en la Zona Económica Exclusiva (…) al interferir con las actividades de pesqueras y la investigación científica marina por parte de embarcaciones con bandera nicaragüense o con licencia nicaragüense”, sostuvo la CIJ.

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La Corte dictaminó que Colombia debe “cesar inmediatamente” las interferencias en aguas del mar Caribe que ese tribunal reconoce como pertenecientes a la ZEE de Nicaragua.

La disputa internacional  tiene origen en noviembre de 2012, cuando la CIJ reconoció  soberanía de nuestro país en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el Caribe, pero otorgó  jurisdicción de Nicaragua en 75 mil kilómetros de  las aguas circundantes.

El fallo dejó  a cayos de soberanía colombiana rodeados por aguas nicaragüenses, y por ello el entonces gobierno de Juan Manuel Santos anunció que la decisión sería acatada pero no implementada.

Más adelante, en el año 2013, el país vecino presentó una queja ante el tribunal alegando que Colombia interfería en actividades pesqueras y científicas en aguas que estaban bajo su jurisdicción.