La más que probable asistencia de Nicolás Maduro a la Cumbre Iberoamericana de Santo Domingo, la primera en sus diez años al frente de Venezuela, permitirá al mandatario completar el proceso de ‘rehabilitación’ internacional del que se ha venido beneficiando en los últimos tiempos tras haberse convertido en un paria desde 2019.
El mandatario no ha acudido a ninguna de las cuatro citas que se han producido desde que tomó las riendas de Venezuela en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez. En 2018 estaba prevista su presencia en Guatemala, pero finalmente optó por enviar al canciller, Jorge Arreaza. Lo mismo ocurrió en la de 2021 en Andorra, cuando en el último momento delegó en la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, pese a que la intervención tenía que ser telemática debido a la pandemia.
Ahora, a falta de confirmación oficial, se da por hecha su presencia, salvo sorpresa de último momento ya que el contexto le es ahora mucho más favorable tras los cambios de signo político en países como Brasil o Colombia y por el panorama internacional creado por la guerra en Ucrania.
En República Dominicana tendrá ocasión de ver a los mandatarios de la región y también coincidirá con el Rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Está por ver si el mandatario venezolano consigue forzar un saludo con ellos o incluso un breve encuentro.
Eso fue lo que ocurrió a principios de noviembre con motivo de la COP27 en Egipto, cuando consiguió forzar un breve intercambio de impresiones con el presidente francés, Emmanuel Macron, así como saludar al primer ministro portugués, Antonio Costa, e incluso un apretón de manos con John Kerry, emisario para el cambio climático de Biden.
Su vuelta a escena regional iba a producirse en la cumbre de la CELAC de finales de enero, pero en el último momento delegó en el canciller, Yvan Gil, aduciendo «un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de agresiones» contra la delegación venezolana.
DE HEREDERO DE CHÁVEZ A PARIA
Maduro fue elegido presidente tras la muerte de su mentor en unos comicios muy ajustados contra el opositor Henrique Capriles en 2013 y en 2015 vio cómo la oposición se hacía con el control de la Asamblea Nacional, algo que el chavismo nunca aceptó.
En 2017, el Tribunal Supremo dejó sin competencias a la Asamblea Nacional, provocando una ola de protestas masivas que se saldaron con más de un centenar de muertos. La respuesta del régimen fue la creación de una Asamblea Constituyente paralela, de mayoría chavista.
En 2018, en medio ya de una grave crisis, Maduro es reelegido en unas elecciones con escasa participación y que no reconoció el grueso de la comunidad internacional, empezando por la UE –y con ella España– y Estados Unidos.
Ese fue el asidero al que se agarró en enero de 2019 el entonces titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para autoproclamarse presidente encargado conforme a la Constitución, al considerar que la Presidencia estaba vacante. Su gesto recibió un amplio respaldo internacional, con más de 50 países que llegaron a reconocerle como tal, lo que convirtió a Maduro en un paria salvo por el inquebrantable respaldo de Rusia, China y Cuba, y en menor medida de Turquía e Irán.
SANCIONES CONTRA EL RÉGIMEN
Al reconocimiento se sumaron las duras sanciones impuestas al régimen de Maduro por Estados Unidos, con Donald Trump entonces en la Casa Blanca, contra el sector petrolero así como para impedir el acceso a su sistema financiero, entre otras, todo con el objetivo de imponer la máxima presión sobre el mandatario para forzar su renuncia. La UE también impuso sanciones selectivas contra dirigentes chavistas.
Con todo, los expertos no consiguen ponerse de acuerdo en si las sanciones, en particular las estadounidenses contra el sector petrolero clave para el país, son responsables de la grave crisis económica en que se vio inmersa Venezuela, como sostiene el régimen de Maduro, o por el contrario ha sido su mala gestión de la economía del país con las mayores reservas de crudo del mundo la culpable.
Sea como fuere, en este periodo 7,1 millones de venezolanos han abandonado el país en busca de un futuro mejor, principalmente hacia los países de la región, con Colombia a la cabeza, mientras lo que comenzó siendo una crisis política degeneró en una grave crisis económica y en último término en una crisis humanitaria, hasta el punto de que la ONU ha tenido que brindar asistencia a millones de venezolanos dentro del país.
Pero el paso del tiempo y la resiliencia demostrada por Maduro han terminado jugando a su favor, a lo que ha venido a sumarse la guerra en Ucrania. El deseo de diversificar los proveedores energéticos frente a Rusia llevó a que tan solo dos semanas después de la invasión altos cargos estadounidenses se reunieran con Maduro en Caracas para explorar cómo incrementar la producción de crudo y solicitar la liberación de varios norteamericanos encarcelados.
A la liberación de los estadounidenses siguió en junio la autorización por parte de Estados Unidos a que las petroleras Repsol y ENI reanudaran sus envíos de crudo a Europa y en noviembre fue el turno de la estadounidense Chevron, que pudo retomar sus exportaciones hacia Estados Unidos tras cuatro años de parón. No obstante, el sector petrolero es una sombra de lo que fue, con una producción de 578.000 barriles al día en 2021 frente a los 3,4 millones que producía a finales de los 90.
FRACASO DE LA ESTRATEGIA OPOSITORA
Por otra parte, la estrategia de la oposición no ha tenido los resultados esperados, básicamente desalojar a Maduro de Miraflores, lo que poco a poco ha ido erosionando el respaldo no solo fuera de Venezuela –con países como España que fueron dejando de considerar a Guaidó como el presidente encargado– sino también en las filas opositoras.
Guaidó contaba con el respaldo de la Plataforma Unitaria que engloba a Voluntad Popular –su partido–, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, pero finalmente la falta de resultados concretos del presidente encargado y del Gobierno interino que encabezaba llevaron a su destitución a principios de año y su reemplazo por un nuevo «gobierno parlamentario interino».
Entre medias, Gobierno y oposición retomaron a finales de noviembre el proceso de diálogo en México, sellando un acuerdo social por el que se pretendía desbloquear fondos del Estado congelados en virtud de las sanciones internacionales y financiar con ellos proyectos de índole social.
Sin embargo, desde entonces no solo no ha habido más contactos sino que el acuerdo no se ha materializado, entre otras cosas por las dificultades legales que entraña puesto que Guaidó ha dejado de ser presidente y por tanto no hay una figura legal que pueda reclamar estos fondos en Estados Unidos y Reino Unido.
Así las cosas, los expertos insisten en la necesidad de mantener las sanciones, más teniendo en cuenta que Venezuela tiene que celebrar presidenciales en 2024. Con Guaidó fuera de juego y dada la división en las filas opositoras, «Maduro podría tener una alternativa mejor a un acuerdo negociado: sentarse y esperar porque considera que el tiempo está de su parte», advierte José Ignacio Hernández, investigador asociado del Programa de las Américas del ‘think-tank’ CSIS.
Para este experto, más que las sanciones propiamente dichas lo que llevó a Maduro a negociar con la oposición fue su aislamiento internacional por el reconocimiento a Guaidó. Si ahora se levantaran las sanciones, previene, no tendría «ningún incentivo claro para negociar verdaderas reformas electorales» de cara a las presidenciales de 2024, como quieren tanto la oposición como la comunidad internacional para garantizar que sean democráticas.
