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Sin duda, Venezuela pasa por uno de sus peores momentos, la crisis desatada tras la decisión del Tribunal Supremo al disolver la Asamblea Nacional, acabando con la representación del pueblo y debilitando en su totalidad la democracia de ese país, no es más que el desenlace de lo que se veía venir, hechos que fueron antecedidos por la violación a la libertad de prensa, opinión y a la oposición.

El ejercicio de un poder desmesurado tiene al vecino país en la peor crisis de su historia, ya sin el órgano de representación popular más importante, los venezolanos quedan en manos del gobierno y del poder judicial del país; dos poderes unidos para consolidar la dictadura.

El Gobierno no solo logró disolver la separación de los poderes, desde hacía tiempo venía preparando el camino con leyes habilitantes quitándole al legislativo su función y sometiendo al poder judicial, debilitando la economía, dejando a los venezolanos hundidos en la total pobreza, hostigando a la prensa y acabando con la oposición; símbolos éstos de una clara autocracia.

Los efectos de la crisis no serán ajenos a Colombia; si ya veíamos el éxodo de venezolanos que desesperados buscaban una oportunidad en nuestro país, el fenómeno a partir de ahora será peor; la decisión de la Canciller Holguín de llamar a consultas al Embajador es acertada, si bien Colombia debe actuar debe hacerlo con prudencia, respetando el derecho a la libre determinación de los pueblos, principio de soberanía e independencia del derecho internacional.

Debemos tomar medidas, preparar a las ciudades para lo que será una acogida en masa de venezolanos y esperar a que organismos internacionales como la OEA y Naciones Unidas actúen, confiando en que la crisis se resuelva restableciendo los derechos de todos sus nacionales.

Se agudiza la crisis política en Venezuela, en las últimas horas el Tribunal Supremo de Justicia anuló las funciones de la Asamblea Nacional.

El TSJ de Venezuela decidió que asumirá las competencias del Parlamento, controlado por los opositores, debido a la persistencia del «desacato», un estatus que el Supremo impuso el año pasado a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) por el incumplimiento de varias sentencias.

«Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho», reza una sentencia de dicha Sala.

La oposición al régimen de Nicolás Maduro, consideró el hecho como un ‘golpe de Estado’.

El diputado Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, rompió y pisoteó la sentencia donde el TSJ dejaba sin maniobrabilidad a la Asamblea Nacional.

“La sentencia de ayer concentra el poder en sus manos. Se hizo para tratar de evitar el control del Parlamento al otorgamiento de empresas y explotaciones petroleras extranjeras”, dijo.