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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

La vaca envenenada

No se necesitaba ser adivino para saberlo. El Clan del Golfo terminó por envenenar la famosa “vaca” promovida por Uribe y el Gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón. Esta banda armada hizo público sus aportes de por lo menos diez millones de pesos que habrían ingresado a la cuenta habilitada por la gobernación para esta cruzada, mezclando en las arcas públicas dinero manchado de sangre y coca con recursos limpios de ciudadanos de buena fe. Era previsible que la rabiosa colecta, cuyo propósito central era mostrarle los dientes al gobierno nacional con el pretexto de sustituir recursos de la nación con voluntarios aportes de los ciudadanos para la terminación de proyectos viales, terminara infiltrada por dineros de dudosa procedencia en un departamento con presencia histórica de estructuras criminales y economías ilegales.

Con el pasar de los días van quedando al desnudo muchas de las falacias que motivan este arrebato de regionalismo paisa. Nos habían dicho que era para la terminación de las vías 4G y el Túnel del Toyo ante los incumplimientos de compromisos del Gobierno Nacional en la financiación de dichas obras. Resulta que en el articulo 4 del decreto expedido por el Gobernador Rendón el pasado 22 de marzo, deja abierta la puerta para que los dineros recaudados puedan ser usados para otros “proyectos de infraestructura vial, orientados a mejorar la conectividad entre Antioquia y el resto del país” que no tendrían nada que ver con compromisos actuales del Ministerio de Transporte o Invias. El propio Ministro Willian Camargo aclaró que el tramo 2 del Túnel del Toyo a cargo del Invias tiene un avance del 79% de las obras y que durante el actual gobierno actual se suman aportes por 1.2 billones de pesos así: 190 mil en el 2022, 405 mil en el 2023, 304 mil en el 2024 y 309 mil en el 2025. Pero el “florero de llórente” de este debate fue la petición de 650 mil millones de pesos de sobrecostos para culminar la obra, que en todo caso el Presidente Petro aceptó finalmente costear desde la nación. El propio José Fernando Villegas, director de la Cámara Colombiana de Infraestructura reconoció en su cuenta de X “que los costos de materiales han aumentado, pues los presupuestos de esta obra se hicieron antes de la pandemia y de la guerra en Ucrania”, una manera “técnica” de justificar pagar mas por la misma obra.

 

Dudas jurídicas han puesto en entredicho a la famosa “vaca”. La Gobernación de Antioquia en el decreto del 22 de marzo invocó el articulo 355 de la Constitución Nacional, pero al revés, recordando a las entidades publicas se les prohíbe donar dineros en favor de particulares pero que “las entidades de derecho público pueden ser beneficiarias de la donación de bienes de otra entidad del Estado o de particulares”. Apeló ademas al articulo 1443 del código civil que “permite donaciones entre particulares” y al concepto 1495 del 2003 del Consejo de Estado que opina que la Constitución no prohíbe “expresamente” tales donaciones. Justificaciones legales que pretendieron responder al señalamiento del Presidente de la República que en su cuenta X cuestionando la “vaca” de Uribe y Rendón hizo alusión al articulo 316 del Código Penal que advierte que “quien desarrolle, promueva, financie, colabore o realice cualquier otro acto para captar dinero público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente incurrirá en prisión de ciento veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses y multa de hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Si aceptáramos la tesis en favor de la “vaca uribista” de una diferencia jurídica entre captación de dinero y donación, en todo caso lo más aconsejable es establecer un aporte voluntario tributario que debe ser avalado o recaudado por la DIAN en las declaraciones de impuestos con una destinación especifica para las obras a financiar. Expertos tributaristas opinan que en este caso, el de las 4G de Antioquia, los aportes tributarios voluntarios deben estar ligados al pago del impuesto de ganancia ocasional.

Ese fue el camino legal que ensayó con acierto el entonces Alcalde de Bogotá Antanas Mockus. Con el decreto 040 del 2002 Mockus autorizó a la Secretaría de Hacienda para ese mismo año gravable recaudar aportes voluntarios de los particulares en calidad de donación, equivalentes a un 10% adicional del valor de los impuestos (predial, vehiculos e Industria y Comercio) que resulte a cargo de los contribuyentes. Este decreto, replicado en las administraciones siguientes de la Capital, incorpora un listado específico de proyectos de dotación, infraestructura o política social sobre los cuales el ciudadano elige el destino de su aporte voluntario. Sin embargo, la legalidad, transparencia y equidad de este ejercicio no alcanzaron para impedir el descenso progresivo de este recaudo. Posterior a esta administración, el aporte voluntario bajó en un 50% debido a que los contribuyentes se resistían a conceder un sobre pago de sus impuestos sin ver resultados positivos o si advertían fenómenos de corrupción en las obras. Los datos históricos de la Secretaría de Hacienda revelan que pasamos de un relativo éxito con 102 mil ciudadanos que lograron aportar 1.763 millones de pesos en al 2002, a apenas 48.569 personas en el 2008 y una reducción a la mitad de esa última cifra en el 2011.

Esta “vaca muerta” atravesada en el camino de la relación entre el departamento de Antioquia y la Nación ha entrado por fortuna en el congelador, mientras se restituye una relación fluida entre la Gobernación y la Presidencia de la República para terminar las obras o para priorizar de una mejor manera las inversiones públicas en esta y las demás regiones de la Colombia más allá de sus principales centros urbanos. Debe quedar como lección para los gobernantes territoriales que la demagogia, las zonas grises entre legalidad e ilegalidad y el chovinismo regional no son buenos consejeros para administrar los destinos de sus territorios y sus gentes.

Antonio Sanguino

Reflexión obligada de los tecnócratas

En un artículo de hace cuatro años, describiendo la mecánica de los poderes bajo la cual funciona nuestro país (similar en todo el mundo), incluía a los economistas que configuran el poder “técnico” como parte del engranaje entre el poder económico y el poder político. En resumen, el poder político termina siendo usado por el poder económico para que cuide y favorezca sus intereses y no deje que nada cambie radicalmente (el famoso reclamo del statu quo); ese uso puede ir incluso hasta la mayor de las corrupciones, que no es ilegal, en la que el poder político atenta contra el pueblo que lo elige para favorecer al poder económico: menores impuestos, barreras para su competencia, incentivos para sus negocios con dineros públicos, jugosos contratos direccionados, etcétera; en contraprestación, el poder económico le “suministra” dinero para sus campañas o “hacen negocios” entre ambos con dineros públicos con fachadas bien elaboradas. Una de las herramientas con las que cuentan para lograr todo esto es glamurosa, técnica, de alto perfil y muy bien concebida: ese poder técnico, que es nombrado por el poder político en altos cargos del Estado con el visto bueno del poder económico.

Los técnicos en teoría no se ensucian con la politiquería. De hecho, cuando se lanzan al ruedo de la política no logran tener éxito (Echeverry, Cárdenas, Gaviria). El problema surge cuando a la luz de los hechos, de la realidad tajante que vivimos y sin tratar de meterle atenuantes, surge la pregunta de cómo esos muy bien estudiados y preparados altos funcionarios técnicos del Estado, ese pequeño círculo que ha tenido la oportunidad de cambiar el curso de los resultados, no han servido para que la mayoría de los colombianos superen la pobreza, y que la desigualdad y la concentración de la riqueza no sean una de las peores características de nuestro país en comparación al mundo. Ellos se defienden y argumentan que ha habido estabilidad económica pese a la violencia permanente, al narcotráfico y a los vaivenes de la economía mundial.

 

En los últimos días, como se sabe, los tecnócratas han estado en el escenario por cuenta de la cerrada de filas del presidente con su gente afín. Una semana antes de nombrar en Planeación Nacional a un político sin perfil técnico, que dice que “le quedaron grande” las matemáticas en el colegio, siendo ese uno de los cargos reservados para la élite de tecnócratas, se despachó contra los economistas (y algunos abogados) que forman el pequeño grupo de determinadores de las políticas públicas, para preparar el camino y nombrar a personas sin perfil en cargos muy altos del Estado (tal vez ya lo había hecho con Ecopetrol, pero al parecer, no fue tan notorio). Y por eso hemos visto muchos artículos al respecto, con opiniones en todas las direcciones.

De todo lo publicado reluce la investigación y análisis (no opinión) de Jenny Pearce (profesora de la London School of Economics) y Juan David Velasco (profesor de la Universidad Javeriana) publicada en la Silla Vacía y posteriormente entrevistados en A fondo de Maria Jimena Duzán. Muy reveladora. Haré una síntesis intentando no dañar la lectura o escucha obligada de estas referencias.

Dicen los investigadores que desde 1991 a 2023, la tecnocracia ha sido compuesta por 61 personas blancas, 86% hombres, 78% economistas de la Universidad de los Andes, 77% bogotanos, 93% con estudios de alto nivel (PhD) en el extranjero en prestigiosas universidades de EEUU y UK, con, 48% has sido profesores en Uniandes, 54% trabajó en entidades financieras multilaterales como el Banco Mundial y el BID, 71% trabajaron en Fedesarrollo o el Cede (Centro de estudios de economía de la Universidad de los Andes), que han pasado por los puestos más importantes del alto gobierno nacional: la dirección del Departamento Nacional de Planeación, los gerentes y miembros de la junta del Banco de la República, la presidencia de Ecopetrol y por supuesto, el Ministerio de Hacienda. Se les achaca desconocimiento del país, de lo social, por estar mirando más a lo que está pasando afuera que en su propio país, y ser de escritorio.

Han sido reformistas moderados, adeptos al gradualismo o al incrementalismo: no reformas a gran escala, no estructurales, no duraderas; han sido proclives a mantener el statu quo, afín a la derecha o mínimo a la centro derecha, y han mostrado su inconformismo con la izquierda, siendo ahora fuertes cuestionadores de las reformas que intenta el presidente Petro, a las que usualmente las califican de populistas y peligrosas. Por supuesto, son de postura conservadora, aunque algunos se digan liberales. Este perfil mayoritario lleva a los investigadores a concluir que ha habido unidad de pensamiento (de ideología) proveniente de la misma escuela o tipo de escuela, y como, salvo el periodo de Samper que fue de centro izquierda, los regímenes que hemos tenido son de derecha, esa ideología de derecha no ha tenido competencia de ideas que es fundamental en una democracia.

Muy importante el análisis de cómo, en un gobierno de tecnócratas como el de Santos, se hace una gran reforma (proveniente de la política), la de la paz, pero su implementación no logra financiarse ni en el 20%. Concluyen que esto se debe a la teoría de Collier del Banco Mundial, que sostiene que la violencia es causada por la codicia y la búsqueda de rentas;  en su verificación encuentran que, independientemente de lo codiciosos que puedan ser los actores en conflicto, las zonas donde se despliegan corresponden a las de más pobreza monetaria y multidimensional, lo cual induce a pensar que esa ortodoxia ha imposibilitado terminar el conflicto armado al no lograr la financiación de los acuerdos que logren la paz, permitiendo que se recicle permanentemente la violencia con nuevos actores.

A Juan Carlos Echeverry, que defiende en la Silla Vacía avances en lo social debidos a los tecnócratas, le señalan que las reformas sociales que cita, lo mismo que Carlos Caballero, como familias en acción (orígenes de la red de solidaridad social) y del Sisbén, que sucedieron durante la administración Samper, tuvieron su mayor auge como política social durante el gobierno Uribe, pero porque un político profesional presidía la agencia Acción Social (Luis Alfonso Hoyos), y porque la Corte Constitucional obligó al gobierno a llevar a cabo el programa social para víctimas del conflicto armado; no fueron originadas por la tecnocracia.

Por último, señalan que, aunque desprecian el populismo, sí negocian acuerdos y transacciones con los políticos sobre los fondos para el clientelismo y los han legitimado como un mecanismo de redistribución y de acceso de los pobres al Estado. De paso, puede agregarse, que se han hecho los de la vista gorda con la corrupción en estos procesos, que se conocen vox populi. La lucha contra corrupción no ha estado en la mira de quienes diseñan las políticas públicas, por consecuencia, siendo lo más grave que nos afecta crecientemente en las últimas tres décadas.

Aunque se reconozca la estabilidad económica lograda, y la importancia de tener una tecnocracia vibrante para la administración del Estado y para el diseño de políticas públicas, como se ve, hay fuertes cuestionamientos, pero sobre todo por los malos resultados, que apuntan a la concentración de la riqueza mientras la mayoría permanecen pobres. Qué bueno sería que, en aras de un país mejor, hicieran un profundo acto reflexivo y no se defendieran sino que usaran ese esfuerzo para empezar a trabajar por unos mejores resultados sociales para el país que tanto los ha admirado, tal vez, injustificadamente.

Rafael Fonseca Zarate

Cómo curarse de odio

En Semana Santa bien vale la pena escribir sobre el odio. En últimas, fue el odio lo que llevó a la crucifixión del Mesías. El problema del odio o la enfermedad del odio, por denominarlo de esa manera, no es de quien es destinatario o receptor de ese sentimiento de aversión o de esa emoción negativa que busca su destrucción, si no de quien realmente lo padece, en otras palabras: El problema del odio es de quien supura odio y destila la hiel de destrucción hacia el sujeto u objeto del odio. Quien odia, no sólo odia lo que está fuera, odia finalmente lo que está afuera porque allí recae su propio reflejo. Es decir, quien odia a otro, se odia a sí mismo porque ve reflejado en el otro lo que tanto detesta y le incita a querer autodestruirse por medio de la destrucción del otro. Este breve artículo sin pretender ser un tratado de ciencia psicológica, porque definitivamente no lo es, sí es una diminuta reflexión personal sobre como curarse de odio, o al menos, intentar tomar conciencia sobre el padecimiento del odio.

El odio es catalogado como un sentimiento de aversión hacía alguien o hacia algo, se dice también que es una emoción negativa que provoca el más profundo rechazo hacia el destinatario de dicha emoción que, muchas veces puede ser la misma persona que la padece. Según algunos diccionarios de psicología definen el odio como una pasión de un sujeto que busca la destrucción de su objetivo, para el psiquiatra de nacionalidad alemana Sigmund Freud (1856-1939) el odio era un hecho clínico esencial que produce serias consecuencias psíquicas y sociales. Para el psiquiatra y psicoanalista francés Jacques Lacan (1901-1981) el odio se manifestaba como el odio celoso y el odio del ser; el primero se dirige hacia aquello que se considera digno de rivalidad, y el segundo, que es más vehemente, es el odio hacía otro por el hecho de saber más o de conocer más o incluso el odio hacía Dios por el hecho de ser Dios, “El odio del ser puede también apuntar al ser de una persona a la que le es supuesto un saber más perfecto y cuyas conductas o proposiciones son entonces execradas”, en términos de Lacan, fueron víctimas de este odio del ser, el astrónomo pisano Galileo Galilei (1564-1642) y el matemático alemán, inventor de la teoría de conjuntos, George Cantor (1845-1918).

 

El que odia lo hace porque le ha dado la capacidad al destinatario de esa aversión para provocarle ese sentimiento de repulsión. Quien odia lo hace porque sufre, es débil, su inteligencia emocional no le permite gestionar adecuadamente las emociones, entendiendo que el dolor provocado puede ser digerido por medio del diálogo y la introspección. Los seres humanos cargamos con dolor, con resentimiento, con desprecio por el que es diferente ya sea por que se ve diferente, porque vive diferente o simplemente porque piensa o ama diferente. ¿A dónde irá a parar el mundo si todos los seres humanos tuviéramos que concebirnos, vivir, pensar o amar de la misma manera?

Curarse de odio no es fácil, ni consiste en una receta mágica que se toma en dosis de comprimidos cada ocho horas, pero en mi experiencia, más como receptor o recibidor de odios fundados e infundados y menos como odiador, lo que creo trance superado, es posible proponer desde una mirada holística algunos ejercicios terapéuticos a saber: Primero, aceptación y amor propio. Segundo, entender que todos los seres humanos somos diferentes y que la tolerancia es un acto de amor. Tercero, el sentido de la consideración moral para con el otro. Cuarto, tener la capacidad de hacer un ejercicio de alteridad desde el lugar del otro, y luego desde un lugar ajeno al otro y al propio para determinar qué es lo que provoca ese sentimiento aversivo. Quinto, meditar con la mirada hacia dentro, introspección para hallar la causa del odio dentro del propio ser y no fuera. Sexto, perdonar lo odiado, sin perdón no es posible sanarse de odio.

El camino del odio viene de afuera hacia dentro, y no al contrario. Dado el caso, pido perdón a quienes me han odiado y a especialmente a quienes me odian, y a quiénes en algún momento he odiado, no ha sido jamás mi deseo despertar tan vil sentimiento. El odio enceguese. Abandonar el odio es retomar la claridad. Que la Semana Santa haya sido tiempo de refrigerio y reflexión.

León Sandoval

Un botón

Después de haber asistido al derrumbe de la derecha con el mandato de Duque, gracias a un presidente que dice ser de Izquierda, así llego al poder.

En las calles, en los taxis, en las cafeterías, en las discusiones familiares hay un malestar general que dice: no era lo que esperábamos, nos sentimos traicionados, es la expresión de un amplio sector de los votantes por Petro. Puede ser, que lo que la gente está diciendo sea, la política partidista hace varios periodos perdió su fuerza por la falta de claridad ideológica y renovación, bueno, también, porque se dedicó a la corrupción, a la politiquería, a llenarse las arcas individuales y dejaron a los seguidores sumergidos en un vació político que llevo al trasfuguismo, a buscar en otras huestes un sentido de lo político. Esta des-configuración partidista fue dando lugar, esto es lo interesante de las contradicciones, a una manera distinta de ir tras los votantes, aparecieron las firmas, los nombres que representan las necesidades y sobre todo la pulcritud, la ética, restablecer la confianza colocándola en alguien que represente y haga visibles a los electores. Un primer asomo de aquello fue Uribe, dijo: soy el poder, y uni-personalizo el estado colombiano. Se inician los gobiernos que hacen de la personalidad del presidente la forma de gobernar no con la necesidad de los electores. En la misma lectura, Santos quería ubicarse en la historia como el nobel de paz y todas sus locomotoras se detuvieron sin más. Duque, invirtió una suma considerable del dinero, estatal, para favorecer su imagen delante de los colombianos. El hombre de izquierda, de los nadie, vuelve por la misma, a gobernar con la personalidad dejando una estela de soberbia, de adicto, de terquedad, de incumplido, de clientelista en tanto que coloca en el poder a quienes le sirvan a los beneficios de su ego.

 

La política en Colombia es un marasmos de cosas por ende la cultura política de los colombianos no es de una clara orientación o una férrea disciplina de partidos sino que va de acuerdo a las dinámicas sociales que se vayan presentando, por lo tanto, los políticos ven en ella las oportunidades para afianzar su poder, la violencia, o una perspectiva política que casi nada tiene que ver con las realidades que urgen en el país. En general el malestar, la falta de participación, desesperanza y profunda desilusión se registran matizando, de esta manera, un sentimiento nacional. Importa muy poco se ha vuelto la actitud en la cultura política de la democrática Colombia. No hay legados que dejar, o al parecer son tan pocos los políticos que se pueden “salvar” de la mirada generalizada, que no se les tiene en cuenta.

Otro factor, no menos importante, que deambula por los pasillos de los entramados políticos es la mermelada, pagar los favores, que ha sido otra práctica que heredamos de otras latitudes en la que el favor se cobra un tiempo después, cuando se necesita, postura usada por lo grandes mafias en el mundo, la italiana, la cosa nostra, los Yakusa, entre otros, que invadieron con sus métodos las palestras de la política en Colombia. Los carteles, el ceveyé, el amiguerismo, por eso se inventó en la política aquello del merecimiento, para distraer, porque lo que se ve es la misma dinámica del dulce.

Hoy el revuelo en los medios de comunicación y las redes sociales en Colombia es la condena por corrupción del precandidato a la presidencia de la república Rodolfo Hernández, que perdió por 700.000 votos contra Petro (se imaginan). Ya no hay asombro, no hay perplejidad, no hay dignidad política dado que la sociedad esta cauterizada por tanto de los mismo. Para la muestra este botón.

Jalily Covezdy

Director de Ciencias Políticas

Politécnico Grancolombiano

Petro debe pedir la renuncia de Roa

Jorge Espinosa publicó las conclusiones y recomendaciones del estudio de Control Risks (Control de Riegos), en las que le fue pésimo a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, quien ya ha debido salir de ese cargo. Estos son apartes del texto:

“El entorno de riesgos de Ecopetrol en las condiciones actuales es más complejo y de mayor impacto para la empresa de lo que posiblemente se había presumido anteriormente (…) El entorno político inmediato alrededor de los cuestionamientos al presidente de Ecopetrol y su probable evolución en las próximas semanas y meses ya implica un nivel de riesgo elevado” para la petrolera. “En todos los escenarios de Control Risks, Ecopetrol se expone a una pluralidad de riesgos de nivel ALTO Y MUY ALTO”. “El escenario más inminente de riesgos es las imputaciones de cargos al presidente de Ecopetrol por irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial”. Y, “dada la información públicamente disponible a la fecha, consideramos que es creíble la apertura de investigaciones administrativas, disciplinarias y/o penales” contra Roa, por gerenciar la plata con la que ganó Gustavo Petro, con graves efectos “reputacionales y de gobernanza para Ecopetrol, así como los impactos comerciales y regulatorios”.

 

Control Risks también señala que Ecopetrol debe “considerar el escenario de investigaciones regulatorias y penales por parte de las autoridades norteamericanas contra” Roa, advertencia que tiene sentido que resalte porque esas investigaciones serían de un impacto desastroso para Ecopetrol y para Colombia.

De otra parte, fue otro atentado contra la reputación de Ecopetrol –que también le desvaloriza sus acciones– que el gobierno hubiera impuesto en la nueva junta directiva a dos viceministros de Gustavo Petro. Porque violaron los criterios de la OCDE, organización a la que pertenece Colombia según decisión que se aprobó con el voto positivo del senador Gustavo Petro –y el negativo mío–, quien ese día votó en el senado como le recomendó Carrasquilla. Y las normas y los acuerdos deben cumplirse, así no se compartan.

Si el presidente Gustavo Petro tuviera como prioridad el interés nacional, ya habría sacado de la presidencia de Ecopetrol a Ricardo Roa, porque es lo único que le sirve a Ecopetrol para paliar en algo el gran daño a su reputación, el cual puede agravarse, y también ha podido sacarlo Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda. O Roa ha debido renunciar apenas conoció este informe –incluso así se considere inocente–, porque su salida es lo único que puede reducir un daño a Colombia de grandes proporciones. Y cada uno de ellos ha debido publicar completo el informe de Control Risks –de 164 páginas–, porque sus conclusiones apenas ocupan un par. A Publicarlo.

Pero no lo han hecho porque son del tipo de políticos y burócratas que no llegan al Estado a servirle a Colombia, sino a ponerla al servicio de sus objetivos subalternos.

A cuidar a Ecopetrol. Porque el cambio de ayer de su Junta Directiva, así como su muy equivocado cambio de naturaleza de empresa petrolera, tiene como fin, según piensa Petro, imponerle a esa empresa y al país un incremento absurdo –ridículo, incluso– de decisiones contra el petróleo y el gas, al igual que un conjunto de políticas clientelistas, todas ellas de descarado disfraz ambientalista.

Coletilla: La Silla Vacía ha publicado informes según los cuales Euclides Torres –financista ilegal de la campaña de Gustavo Petro, según lo ha dicho y ratificado Nicolás Petro– ya firmó contratos por 180 mil millones de pesos con este gobierno (ver enlace), contratos que, llamativamente, suelen ser para negocios de energías alternativas, las que tanto le gustan a este gobierno.

Jorge Enrique Robledo

De Constituyente y constituyentes

Muy a pesar de las bondades democráticas y en materia de reconocimiento de derechos que consagró la constitución de 1991, hemos asistido en las últimas décadas a una severa profundización de la crisis de legitimidad del Estado, a una crisis económica y social sin precedentes, a la profundización del conflicto armado interno y su degradación humanitaria, lo cual ha obligado a los ciudadanos  y ciudadanas, en diferentes momentos de nuestra historia reciente, a generar iniciativas y a redoblar los esfuerzos tendientes a forjar los cambios necesarios desde el constituyente primario, que permitan a corto, mediano y largo plazo, un presente y un futuro mas halagüeño y menos escéptico para el conjunto de los colombianos y las colombianas.

Luego del Mandato Ciudadano Por la Paz, la Vida y la Libertad de 1997, comenzaron a surgir, en diferentes municipios y poblaciones del país, ejercicios de soberanía popular y de participación ciudadana. Redepaz y otras organizaciones sociales de base, lograron desatar un importante plan pedagógico y organizativo, cuyo centro de acción recuperaba elementos de la escuela nueva, basados en métodos que rescataron el arte y la creatividad, para, desde el fortalecimiento de la sensibilidad, hacer posible la emergencia de conceptos que promovieran el poder constituyente del pueblo, mediante las llamadas Asambleas Territoriales Constituyentes.

 

La democracia directa contemplada en el artículo 3º de la CPN, en correspondencia con el anhelo de la constituyente de 1991 de implementar la democracia participativa, la descentralización y la modernización de la gestión pública, ha sido, mediante leyes y decretos, tecnocratizada, sobrerregulada, burocratizada, limitando su alcance y reduciéndola exclusiva y excluyentemente a un mero ejercicio de consulta, de enajenación del poder soberano, mientras paralelamente se fortalece la democracia representativa y se reproducen los vicios de corrupción, clientelismo, sectarismo, empobrecimiento, afianzando practicas excluyentes, autoritarias, y centralistas, que unidas a políticas económicas, perpetúan las condiciones que dieron origen a la confrontación armada interna y pretenden imposibilitar la experimentación del camino de la solución política a la misma.

Dichas medidas políticas, han atrofiado y limitado el ejercicio participante del constituyente primario, obligando al ciudadano y a la sociedad colombiana, en el marco de la Constitución Política Nacional, a crear nuevos espacios de participación y soberanía popular, capaces de transformar su realidad, señalando el camino hacia el desarrollo y el crecimiento humano para el cambio social, político y económico que, nos permita conquistar una sociedad democrática, pluralista y tolerante, para una paz duradera y estable.

Como desarrollo de las iniciativas ciudadanas de territorialidad para la paz y ante los graves problemas de violencia, desarrollo, gobernabilidad y legitimidad del Estado, en el entendido de que los mecanismos de participación ciudadana, han sido insuficientes para superar las situaciones planteadas, surgieron y desaparecieron -producto de la persecución política-, a finales del siglo pasado y comienzos del presente, las llamadas Asambleas Municipales Constituyentes, de las cuales destacamos los procesos de Mogotes en Santander (primer premio nacional de paz), Tarso y los Municipios del Oriente en Antioquia, las Asambleas Departamentales Constituyentes de Tolima, Antioquia y Nariño, los procesos de Tarqui, La Argentina en el Huila, los procesos en Tiquisio y Micohaumado en Bolívar, y los ejercicios de participación en Nariño, entre más de doscientos procesos identificados. Estas Asambleas, desatadas desde la iniciativa de la sociedad civil, con al acompañamiento de algunos gobiernos locales, y aprendiendo de dinámicas como la Asamblea Popular del Catatumbo y el Proceso de Territorialidad para la Paz de la India en Santander, lograron impregnar de dignidad y optimismo a importantes capas de la sociedad local.

El presidente Gustavo Petro Urrego ha puesto nuevamente en la agenda del debate político, el tema constituyente, y ha defendido la urgencia de recurrir al pueblo como legítimo soberano, para que, a través de procesos asamblearios, se identifiquen soluciones a las problemáticas estructurales que afectan la sociedad y la gobernabilidad. A mi modo de ver, en esta propuesta, que no surgirá solo con el entusiasmo del Jefe de Estado, deberán concurrir todas las instancias de gobierno y de Estado, si realmente se quiere avanzar progresivamente, de tal forma que se logre establecer un proceso para las transformaciones que exige la paz, la equidad y la justicia social. Un proceso que exige establecer un ambicioso plan pedagógico basado en los derechos y los deberes, con el fin de hacer posible la emergencia de ciudadanías informadas y propositivas (Ciudadanías Libres), capaces de desatar en cada espacio social o territorial, un proceso de carácter asambleario permanente, que haga uso del poder de decisión para construir planes de vida a largo plazo, decidir sobre su presupuesto y proteger sus recursos naturales. Finalmente, y acorde a la política de Paz Total e Integral, declarar la territorialidad para la paz, exigiendo a los grupos armados, el cese de actividades violentas y delictivas.

Este proceso, así planteado y vivido, podrá o no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, utilizando los canales que contempla la Constitución y la Ley. Una ANC surgida, promovida, reglamentada y establecida, con el ánimo de hacer de esta, un escenario amplio, incluyente, participativo, capaz de construir un Pacto Social, amparados en el espíritu democrático de la Constitución Política Nacional, ampliando sus alcances y desarrollando el Estado Social de Derecho. Colombia necesita, a propósito de las mesas de diálogo con los actores armados y el alto grado de polarización promovido por la oposición al gobierno del cambio, la presencia constante del constituyente primario en el control social y político del ejercicio de lo público, para hacer práctica la relación Individuo-Sociedad-Estado, y generar una nueva forma de asumir la ciudadanía, cuya eficacia depende de la posibilidad de decidir, interpelar, controlar, incidir y transformar la realidad de su espacio territorial.

Un proceso para relegitimar al Estado y hacer de este, un ente coordinador de la sociedad en la construcción de pactos, consensos y objetivos comunes justos, democráticos, equitativos, solidarios y pacíficos. Un proceso soberano para el respeto a la vida, que interpela la confrontación armada, la conmina a desaparecer y se impone desde la noviolencia. Un proceso que trasciendala democracia representativa, y avance, por el camino de la interiorización cultural de nuevas practicas ciudadanas, con deberes y derechos, un proceso de resignificación y dignificación del ser humano, de recuperación de la memoria histórica individual y colectiva, y de rompimiento con viejas estructuras injustas, prácticas sociales y políticas excluyentes, capaz de potenciar y redefinir la organización social.

Los ejercicios constituyentes, deberán ser, por excelencia, espacios de inclusión para amplios sectores sociales que no han podido acceder al goce pleno de sus derechos, espacios de toma de decisiones para las soluciones a sus graves problemas. Ejercicios que requieren avanzar hacia el reconocimiento político pleno en lo local y nacional, sin renunciar a su vocación soberana constituyente para la paz y la reconciliación nacional.

Luis Emil Sanabria

La canallada de ‘Mordisco’ y las verdades de Mancuso

Con una verdadera canallada respondió alias “Iván Mordisco”, jefe del autodenominado Estado Mayor Central EMC, a las declaraciones del Presidente Gustavo Petro que nos recordó las inocultables actividades traquetas  de esta banda armada, y en las que además rechazó el ataque permanente y reiterado que esta despliega sobre líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz y comunidades campesinas e indígenas especialmente en Cauca y Nariño, violando el cese al fuego que pactaron con el Gobierno Nacional en el marco de las negociaciones en curso. Porque atreverse temerariamente a afirmar un supuesto apoyo suyo a la campaña Presidencial de Petro, no busca otra cosa que justificar mediante el chantaje, la conejeada que pretende hacerle al cese al fuego y a los demás compromisos en la mesa de diálogos.

Pero no deja de ser otra canallada de la oposición uribista, que le de crédito de inmediato al pretexto criminal de ‘Mordisco’ para solicitar oportunistamente la apertura de una investigación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y agitar un improbable e injustificado juicio político contra el Presidente Gustavo Petro.

 

La misma derecha, ahora opositora, estelar protagonista de la parapolítica y de la ñeñe política, la que recibió demostradamente financiación de Odebrecht en sus campañas electorales, y la responsable de los falsos positivos y de otros crímenes atroces, aberraciones que si merecieron de sobra una censura política a sus gobiernos. 

Lo que resulta grotescamente descarado es que desde esa misma orilla política se desestimen las verdades que el repatriado exjefe paramilitar Salvatore Mancuso viene contando ante la justicia colombiana, sin que sepamos aún que tanto pudo haber declarado ante la justicia norteamericana en el contexto de su extradición. Se les “olvida” a estos representantes de la derecha criolla que, contrario a “Mordisco”, las declaraciones de Mancuso, que los compromete hasta los tuétanos, están precedidas de voluminosos expedientes judiciales en la Corte Suprema de Justicia que dieron cuenta de las investigaciones a 136 parlamentarios que condujeron a la condena de 86, 39 senadores y 47 Representantes a la Cámara, quienes resultaron elegidos como producto de alianzas con los paramilitares y que ayudaron a elegir en primera vuelta a Álvaro Uribe en las presidenciales del 2002.

Las verdades de Mancuso han sido reveladas ante los Tribunales de Justicia y Paz creados en el marco de la desmovilización paramilitar y son hoy materia de comprobación en la Jurisdicción Especial de Paz JEP que reclama la competencia exclusiva en este caso, asunto que debe resolver la Corte Constitucional. 

“Iván Mordiscos” está jugando con candela si persiste en esa actitud. El Gobierno Nacional con la aprobación en el Congreso de la República del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” y de la Ley 2272 del 2022 o Ley de Paz Total se la jugó a la apertura simultanea de tres mesas de dialogo y negociación con el Ejercito de Liberación Nacional, el Estado Mayor Central y mas recientemente con la Segunda Marquetalia. Una jugada arriesgada en un país con una tradición de negociaciones parciales y escalonadas con las guerrillas y otros grupos armados, asumiendo el costo ante la opinión publica de reconocer estatus político y concederles una nueva oportunidad a remanentes de las antiguas FARC en franco proceso de degradación por sus vínculos estrechos con economías ilegales o que habían abandonado el Acuerdo de Paz del Teatro Colón.

El Estado Mayor Central EMC y su jefe, en vez de responder con canalladas a las exigencias del jefe de Estado, están obligados a dar muestras de cumplimiento de los acuerdos que se van haciendo en la mesa de negociaciones, si quieren que este proceso llegue a buen puerto. Y al Gobierno le corresponde mantener la política de paz total sin abandonar el ejercicio de la fuerza del Estado en todo el territorio nacional con los más altos estándares en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario.

Antonio Sanguino

La Costa y sus costos de energía

Cuando hablamos de precios e impacto en las tarifas de energía y que han sido tema de conversación todo el año para el sector y los usuarios, siendo Sincelejo, Montería, Valledupar y Cartagena las ciudades que mayor variación anual en el servicio de energía tienen, nos lleva a analizar la problemática en la Costa Caribe.

Son tres los aspectos que han impactado las tarifas de energía:

 

1.            La estructura tarifaria: tiene funcionalidad desde el año de 1994 a través de la ley 194, y si observamos el artículo 87 pretende que, con las tarifas se garantice la suficiencia financiera para las compañías, es decir que el beneficio costo no se vea afectado y siempre se cuente con una tasa de rentabilidad.

En ese entendido, cada uno de los componentes que hacen posible que el servicio este en nuestros hogares, esté por encima del 12% esta rentabilidad, haciendo de este uno de los más altos en el mundo y a diferencia de la unión europea que se ubica en 5,8%.

2.            Desde el pasado gobierno, se generó un régimen especial tarifario para la costa, teniendo en cuenta las perdidas eléctricas, hurtos y fraudes, que, al trasladarse al usuario final, ha impactado en más de 130 pesos el Kilovatio (kWh) por persona, con un agravante de cobro por inversiones futuras anticipadamente.

3.            La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), aprobó al finalizar el año pasado, la resolución 101028, para generar un nuevo aumento tarifario o mejor, una recuperación tarifaria a través del costo de opción tarifaria, el cual fue financiado en pandemia e inicio su recuperación durante 120 meses, es decir 10 años.

En cualquiera de estos casos, ya que hablamos de normatividad, podría aplicarse el artículo 126 de la ley 142 de 1994 y que menciona, que cuando una norma tarifaria golpea a la mayoría de la población se debe modificar por parte de la Creg de manera inmediata o a petición de parte. En la costa, si sumamos el costo de opción tarifaria (COT) mas el costo unitario (CU), el valor es superior a los 1000 pesos.

La cumbre generada en el Palacio de Nariño el mes pasado sobre el impacto de los servicios públicos en la costa, ha dado algunos frutos de forma, pero no de fondo:

El primero fue el estudio de la rebaja y precio en las tarifas de energía (siendo la más costosa el componente de generación eléctrica) adicional, la omisión de tarifas de monopolio; el segundo lugar y a largo plazo, encontramos el impulso de las comunidades energéticas junto a la reunión de los parlamentarios y diferentes sectores para analizar la situación, recordemos que días atrás hubo un llamado por varios congresistas aludiendo la frase “O comemos o pagamos la luz”; y el tercero, la opción tarifaria y normatividad vigente que no se discutió y se propuso una nueva fecha, el pasado 9 de Marzo en Sincelejo.

En esta cumbre, con los gobernadores de Sucre, Córdoba y Atlántico se plantearon medidas como:

–              Excluir de la facturación los cobros excepcionales como perdidas y opción tarifaria.

–              Modificar limites de consumo de subsistencia por debajo de 340 mts a partir del próximo mes, incluyendo los estratos 1,2 y 3.

–              Proyectos de energías renovables (construcción de granjas solares), comunidades energéticas y que el gobierno ofrezca mayor participación accionaria de Gecelca y Urrá.

–              Participación diferencial en los departamentos que les permita trasladar las utilidades a los estratos 1 y 2.

Al final de todo, el gobierno dejo un billón sobre la mesa, que se destinaran en proyectos con comunidades y hogares energéticamente sostenibles… por lo demás, seguramente continúen pagado la injusta alza.

Les doy moral, se viene el fenómeno de la niña, y las lluvias pueden influir en la reducción de precios mientras se sigue el debate de las costosas y monopólicas tarifas de energía.

Iván Santisteban

Tierra para el que la produce

Decir que Colombia es un país centralizado es hablar de una frase trillada, pero cada vez más real y difícil para el desarrollo económico y social del país.

El campo refleja la profunda desigualdad que caracteriza a la Nación. A pesar de que el 75 % de los municipios son rurales y abarcan el 94 % del territorio, el acceso a la tierra y los recursos sigue siendo un desafío para la mayoría de sus habitantes. El 64% de los hogares rurales carece de tierra y solo el 11% de los productores ha solicitado un crédito agropecuario. Esta brecha se amplía aún más cuando se considera que el 46 % de la tierra está en manos del 0,4% de los propietarios.

 

La pobreza extrema en el campo alcanza casi el 20%, en contraste con el 5% en las áreas urbanas. Las condiciones de vida en las zonas rurales también son precarias, con un déficit de vivienda del 61% y una cobertura de servicios básicos considerablemente más baja que en las ciudades. La clase media rural constituye solo el 8 % comparado con el 30.1% en las zonas urbanas y por supuesto la falta de acceso a la tierra perpetúa un ciclo de pobreza y limita las oportunidades de desarrollo.

El gobierno actual está trabajando en una reforma agraria que busca abordar estas desigualdades. Se han entregado más de 200.000 mil hectáreas a campesinos en los últimos dos años y se han ayudado a titular más de 1.000.000 de hectáreas. Esto sin duda contribuirá al acceso al crédito, al incremento de cultivos en diferentes zonas del país y una mayor dinamización económica del territorio. Esto en conjunto con la visión del Plan de Desarrollo Nacional en llevar inversiones a lugares históricamente olvidados que generarán las semillas propicias para una Colombia que avance con todos sus ciudadanos y ciudadanas.

Esteban Restrepo

Una fiscal para la justicia y no para sus amigos

Después de cuatro sesiones, el alto tribunal de la Corte Suprema de Justicia entregó a Colombia una decisión crucial el 12 de marzo, 18 de los 23 magistrados eligieron a Luz Adriana Camargo como la nueva Fiscal General de la Nación. Camargo, una abogada especializada en Derecho Penal y Criminología, ostenta una hoja de vida intachable y ha acumulado méritos significativos en su incansable lucha contra la corrupción.

No es ajena al éxito en este campo, fue parte del grupo de abogados que acompañó y asesoró a Iván Velásquez, líder de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), desde 2013 hasta 2019. Durante este periodo, lograron impactar la corrupción desmantelando y condenando a más de 50 congresistas, además de investigar el homicidio de los periodistas Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Sierra, quienes fueron víctimas de un grupo disidente del narcotráfico de las FARC.

 

Uno de los roles más destacados de Camargo es su labor como magistrada auxiliar en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde desempeñó un papel crucial en la investigación del escándalo de la parapolítica, expuso la conexión entre sectores políticos y las Autodefensas Unidas de Colombia. Con más de 20 años de experiencia en el campo legal, Camargo se presenta como una figura sólida y capacitada para enfrentar los desafíos judiciales y de corrupción que afectan al país y superar las cifras de la Gestión del ex Fiscal Barbosa.

Pues si bien Barbosa trata de vender la idea de que se va como el mejor Fiscal en la historia del país, la realidad dice otra cosa. En su posesión, expresó que su gestión estaría enmarcada en la lucha contra la corrupción, comprometiéndose a fortalecer la investigación en crímenes de líderes sociales y reforzando la presencia de la fiscalía en regiones como Chocó, donde solo el 36,7% de las denuncias por violencia sexual tienen avances en cuanto al esclarecimiento, Amazonas con un 38,2%, y Putumayo con tan solo un 32,2%. Lo más preocupante es que entre 2020 y 2024 más de la mitad de los procesos terminaron en absoluciones, Sin olvidar los retrasos que presuntamente orquestó, como lo fue el caso de Álvaro Uribe Vélez, pues varios fiscales buscaron precluir el proceso y que decir continuos retrasos en el caso Odebrecht o de su esmero por judicializar a manifestantes durante los estallidos sociales para evadir la problemática de corrupción en el país.

El clamor por un cambio era más que evidente. Colombia necesitaba una Fiscalía con experiencia en materia penal, libre de sesgos políticos y favoritismos, verdaderamente imparcial pues recordemos que Barbosa mantenía una estrecha relación con Iván Duque, lo que generaba legítimas dudas sobre su independencia. Es hora de depositar nuestra confianza en un cambio real, en una fiscalía verdaderamente imparcial y comprometida con la lucha contra la corrupción, una que defienda los intereses de todos los ciudadanos sin distinción alguna.

Alejandro Toro

Petro, todo un dictador

Gustavo Petro es un peligro y una amenaza para la democracia colombiana. Lo hemos advertido de mil maneras y en mil espacios desde el Centro Democrático, pero lastimosamente no hemos tenido eco. Solo hasta ahora, dos años después de padecer su mal gobierno, la ciudadanía ha empezado a comprender el riesgo que genera, sus delirios de chavista, para las libertades e instituciones en Colombia.

Recién llegado a la Casa de Nariño, Petro avivó desde el gobierno una violenta campaña para acabar con la fuerza pública. La salida intempestiva de cientos de sobresalientes militares y policías, la reducción de 800 mil millones de pesos del presupuesto para el sector defensa y los discursos de odio y estigmatización en contra de los uniformados, son prueba de ello. Así, poco a poco, nuestras fuerzas armadas han perdido hombres, capacidades y moral, necesarias para garantizar la paz y estabilidad de un país en jaque por el conflicto.

 

De igual manera, paralelamente, el presidente ha hecho lo posible y lo imposible para beneficiar, complacer y fortalecer a los peores criminales. Otorgar ceses al fuego, frenar la ofensiva militar, limitar la erradicación de cultivos ilícitos y liberar bandidos, son algunos de los ingredientes que componen su perversa receta de impunidad. Esto ha ocasionado, tal como lo demostró la Senadora Paloma Valencia, en una exposición magistral en el Congreso de la República, un aumento histórico de 3,587 hombres en armas para un total 16,767 subversivos en las filas del ELN, las FARC y el Clan del Golfo, sembrando el terror en cientos de municipios del territorio nacional, negociando libremente 230 mil hectáreas de coca y generando nuevos y peores ciclos de violencia en el país. Así, poco a poco, los violentos han ganado hombres, dinero y territorio, necesario para someter el estado de derecho.

Por si no fuera poco, en su afán por doblegar la institucionalidad y dejar el país a merced de los bandidos, Petro ha optado por fungir, en sus propias palabras, como el “jefe” del Fiscal General de la Nación, del Congreso de la República, de la Rama Judicial y de los medios de comunicación.

Para su infortunio, ni la mermelada ni los vándalos, han podido cercenar la independencia de las ramas del poder público ni alivianar los pesos y contrapesos del sistema democrático.

Hoy, el desespero y la frustración de verse limitado por la ley, lo han llevado a proponer, cual pichón de dictador, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que promueva la redacción de una nueva Constitución que le permita imponer sus funestas propuestas de país y, por qué no, perpetuarse en el poder.

Todavía estamos a tiempo, pero hay que tomar acción. Colombia entera debe reaccionar, al unísono rechazar y tomar todas y cada una de las vías constitucionales y legales para frenar los abusos de Gustavo Petro. En las calles, en las cortes, en el congreso, en las redes sociales y en las urnas, todos a defender la democracia.

Julián Uscategui

La asamblea de Ecopetrol es de alto riesgo

El próximo viernes 22, se reunirá la asamblea de accionistas de Ecopetrol, la empresa más importante de Colombia por el tamaño de sus operaciones y sus grandes transferencias al Estado y porque el petróleo es el producto que mayores ingresos en dólares le aporta al país. Su importancia también obedece a que en Ecopetrol tienen sus ahorros 260 mil accionistas y los fondos de pensiones, todos colombianos con pleno derecho a exigir que sus recursos se administren en forma responsable.

Ese día, mediante la reforma de sus estatutos, Gustavo Petro se propone modificarle a Ecopetrol su naturaleza de empresa petrolera, cambio que puede hasta quebrarla, lo que le generaría a Colombia un daño incalculable.

 

Porque Ecopetrol, por primera vez en su historia, está sometida a lo que se le antoje a un presidente de la República que ha probado decidir guiado por un odio irracional al petróleo, capaz de llevarlo a las más garrafales equivocaciones. Tanto, que ha determinado que en Colombia no se firmen nuevos contratos para buscar petróleo y gas, lo que llevaría importarlos, porque el consumo del petróleo y el gas no desaparecerán en Colombia y el mundo en el mediano plazo.

En su fobia antipetrolera, en las elecciones de 2018, Petro fue capaz de prometer el ridículo de reemplazar el petróleo por aguacates. Y ahora es por turistas, disparates que además de falaces son innecesarios. Porque Estados Unidos, China, México y Brasil y los demás países petroleros desarrollan sus otras economías y a la par aumentan la producción de hidrocarburos (ver enlace).

De lo peor de la conducta de Petro es que nunca ha publicado un estudio que intente sustentar sus dislates antipetroleros, que él impone con un par de frases. Y no lo hace, porque él sabe que en un debate a fondo sobre su falso ambientalismo quedaría muy mal –pues ni siquiera contribuye en serio con la necesaria transición energética global– y reduciría su capacidad de engañar a quienes no tienen la suficiente información.

La única vez que este gobierno intentó sustentar su infantilismo contra el petróleo y el gas, recordémoslo, condujo a que su ministra de Minas falseara las reservas de hidrocarburos de Colombia.

Prueba también la irresponsable posición antipetrolera de Gustavo Petro que haya puesto en la presidencia de Ecopetrol a Ricardo Roa, quien no tiene hoja de vida para ese cargo (ver enlace), como tampoco varios de los miembros que propone para la nueva junta directiva, más allá de ser compadres políticos suyos y de ser incapaces de contradecirle sus absurdos.

El cambio de los estatutos consiste en agregarle a Ecopetrol un conjunto de deberes en energías renovables que no tiene capacidad económica de asumir (ver enlace), salvo estrangulándole su actividad petrolera y gasífera, como preferir importar gas de Venezuela, recortarle todavía más al presupuesto de exploración y producción de Ecopetrol y no promover la necesaria modernización de la refinería de Barrancabermeja. Y este cambio también facilitará el uso de Ecopetrol como caja menor del Estado para financiar el clientelismo y la demagogia de falso ambientalismo de Gustavo Petro.

Ante los disparates de Gustavo Petro, los accionistas privados de Ecopetrol –entre los que me encuentro, con pocas acciones–, y todos los colombianos, debemos unirnos en la exigencia de que la asamblea no modifique sus estatutos, para que una decisión tan riesgosa como esa solo se tome luego de que el gobierno presente un estudio de fondo, con todas las cifras y los detalles, sobre por qué y cómo cambiarle la naturaleza a Ecopetrol para meterla en negocios que pueden ser muy malos.

Jorge Enrique Robledo

En los criterios esg, hay espacio para el consenso

A principios de este mes, varias instituciones financieras importantes de Estados Unidos se retiraron de Climate Action 100+, una coalición internacional de administradores de dinero comprometida a presionar a las grandes empresas para que aborden los problemas climáticos. Su retirada es el episodio más reciente de una tendencia creciente de Wall Street a retirarse de compromisos ambientales anteriores en medio de crecientes divisiones políticas y presiones financieras. (Lexology, marzo 5, 2024)

En el mismo artículo se afirma que, tras el furor inversor de finales de la década de 2010 y principios de la de 2020 por la inversión ESG, los últimos años han traído consigo una creciente reacción contra la inversión centrada en el clima a medida que ha crecido la división política en Estados Unidos. Varios estados gobernados por republicanos pusieron en la lista negra a administradores de dinero con compromisos públicos de sostenibilidad e introdujeron legislación destinada a limitar la capacidad de las instituciones financieras para incluir consideraciones ESG en las estrategias de inversión.

 

Temerosas de la contienda política, algunas instituciones financieras importantes han dado marcha atrás en sus promesas relacionadas con el clima. Un ejemplo es el reciente retiro de administradores de dinero, incluidos BlackRock, State Street, JPMorgan y Pimco, del Climate Action 100+,  después de que el grupo pidiera a los miembros que se retiraron que presionaran a las grandes corporaciones para que redujeran las emisiones, un plan que, según los miembros que se retiraban, podría violar el compromiso fiduciario con los accionistas o entrar en conflicto con las regulaciones antimonopolio, ya que las instituciones financieras actuaban en concierto para moldear el comportamiento de otras empresas.

Por otro lado, uno de los argumentos anti-ESG está centrado en el impacto en los fondos de pensiones y otras inversiones. Si los administradores de estas operaciones dejan de centrarse en equilibrar adecuadamente el riesgo y el rendimiento, por alcanzar objetivos ESG, los contribuyentes podrían verse afectados en miles de millones en deuda.

Desde la perspectiva de quienes están a favor de esta ola anti-ESG, se afirma que obligar a los gerentes de esas operaciones a adoptar o rechazar estos criterios, podría privar a los contribuyentes de la innovación basada en el mercado, la resiliencia y el valor a largo plazo.

Según un informe del Consejo de Gobiernos Estatales (en EE.UU.), sólo a nivel estatal, los contribuyentes enfrentan 1,3 billones de dólares en pasivos no financiados provenientes de los sistemas de pensiones de los empleados gubernamentales. Los administradores de estos planes de pensiones necesitan todas las herramientas a su alcance para proteger a los contribuyentes contra rescates masivos.

Según la ola anti-ESG, aprobar leyes a favor de estos criterios restringe las operaciones financieras a nivel federal o estatal, y podría colocarlos en una posición fiscalmente insostenible. En varios casos, la búsqueda de resultados no financieros con motivaciones ESG ha llevado a menores retornos de la inversión, distorsiones del mercado y otras formas de daño económico.

Por ejemplo, cuando Texas aprobó una ley en 2021 que prohibía a los municipios trabajar con bancos que adoptaran políticas de mitigación de riesgos relacionados con los combustibles fósiles y las armas de fuego, investigadores de Wharton Business School descubrieron que esto impulsó a cinco de los aseguradores más grandes del estado a salir del mercado. Eso disminuyó la competencia local por el endeudamiento y aumentó las tasas, lo que costó a los contribuyentes $532 millones adicionales en intereses durante ocho meses.

Pero esto no solo se ve en Estados Unidos. Según la revista Fortune:  Una ola de descontento por las políticas de sostenibilidad está atravesando el Atlántico, dificultando el crecimiento verde y presionando a los líderes y financieros que luchan por implementar políticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Y las próximas elecciones estadounidenses no les facilitarán la vida a las empresas que navegan por las poderosas corrientes de los lobbistas anti-ESG. (marzo 7, 2024)

La perspectiva que las finanzas verdaderamente sostenibles sean incapaces de preservarse está ganando gran importancia en 2024. La idea de una transición justa e integral de la economía estaría cambiando de abarcar todo el sistema a un sector muy pequeño que se enfoca en las finanzas sostenibles.

¿Qué ayudó a despertar esto? Las comunicaciones mal diseñadas en la UE sobre la inversión ESG, han contribuido a debilitar el movimiento hacia una economía responsable y con visión de futuro. Ante las furiosas protestas de los agricultores de los meses pasados, la unión ha renunciado a su objetivo de reducir a la mitad el uso de pesticidas para 2040.

El activismo ambiental financieramente analfabeto también está teniendo un efecto paralizador en las empresas. Por ejemplo, una investigación parlamentaria en Francia está examinando los compromisos medioambientales del gigante energético Total Energies. Con acusaciones de greenhushing (silenciar la ecología), greenwashing (lavado de imagen verde) y woke capitalism (capitalismo despertado), las tres letras “ESG” se han convertido en sinónimo de reacción violenta.

Lo anterior muestra la absoluta necesidad que los políticos, ambientalistas y barras bravas del clima se apropien del tema correctamente, entendiendo aún más del funcionamiento empresarial y de finanzas. Si bien existen empresas que hacen greenwashing,no se puede negar y esto se debe denunciar (dejando el activismo), también se puede trabajar con ellas para que aceleren su transición real. No se puede destruir todo, solo porque no cumple con los estándares idealistas de algunos sectores. Hay que ser realistas y construir sobre lo mucho, o lo poco que se haya construido.

El libre mercado se nutre de la competencia, la eficiencia y la adaptabilidad. La inversión puede coexistir armoniosamente con los principios ESG, al trabajar con inversores, las empresas pueden optar por adoptar voluntariamente prácticas sostenibles y priorizar la gobernanza ética, al tiempo que garantizan la libertad de tomar decisiones de inversión que permitan a las empresas mejorar su desempeño general.

Al mismo tiempo, las empresas que invierten en prácticas eficientes en el uso de recursos, como la energía renovable, pueden impulsar innovaciones que generen retornos financieros a través del ahorro de costos, una mayor eficiencia operativa y mantenerse a la vanguardia de los cambios regulatorios.

Además, en todo cambio social, económico o político, después de las aplicaciones de nuevas ideas, reformas o revoluciones (para ponerlo en términos más extremos), siempre hay un periodo de contra-reformas o contra-revoluciones, que busca reestablecer los viejos valores. ¿Estamos viviendo ese momento de contra – ESG?

Como en la política, con los criterios ESG, hay espacio para el consenso, y el trabajo mutuo.  Hay que evitar ser reactivos, y ser más propositivos.

Juan Camilo Clavijo

Alimentar Vs nutrir

En los años ochenta del Siglo pasado, la preocupación global giraba en torno a la crisis provocada por el hambre, en muchos países africanos, los niños morían por desnutrición ante la escasez de alimentos que había en ese continente, o por lo menos, así lo informaban los medios de comunicación de la época. Ingenuamente se pensaba que la solución a la hambruna era enviar toneladas de comida; aparentemente, la hambruna desapareció y los niños dejaron de morir por desnutrición, no obstante, África no ha superado los deficientes niveles de atención nutricional de sus habitantes. ¿Sería esa misma la solución para la aguda situación de los niños de las comunidades étnicas de la Guajira afectados por desnutrición? En tiempos donde se produce tanto alimento y comida como jamás antes se ha producido, no debería haber desnutrición o al menos mala nutrición.

La respuesta está en la dicotomía entre alimentar y nutrir: Sobreabunda el alimento, o por lo menos los anuncios publicitaros y las góndolas de los supermercados así lo permiten percibir, alimento entendido como comida hiperprocesada, los famosos paquetes, enlatados, combos, cajita alegres, etcétera que, aparentemente, hacen la vida más fácil, al evitar la preparación de los alimentos y permitir más tiempo para trabajar y otros menesteres como la recreación y el descanso, muy acorde con una sociedad que quiere fórmulas instantáneas e inmediatas para satisfacer las necesidades y ser feliz.

 

En consonancia, los huevos desyemados y sin cáscara, las papas tajadas, sazonadas y precocidas, el café sin cafeína y el chocolate sin cacao, los vegetales lavados y procesados, el sabor en cajitas de colores, cuya consecuencia es la vida más sencilla y fácil, además de los puestos de trabajo que requiere mano de obra para procesarlos. La gastroquímica hace de las suyas; la magia del sabor ya no está en el alimento ni en la habilidad del cocinero, reposa en la sustancia mágica que se añade a la cacerola. Todo sabe mejor.

¿Realmente, es cierta tanta provisión? Ha crecido la industria de los alimentos mas no en las mismas proporciones la nutrición. Las personas se alimentan más, mientras se nutren menos. Nutrir es el acto de proveer los nutrientes adecuados para cada quien, cede frente al alimento que llena el estómago y calma el hambre. Suprema sabiduría contiene la expresión “Somos lo que comemos”. A mayor acceso a los alimentos y a mayor variedad, la nutrición escasea. La salud alimentaria hoy día es deficiente, al punto que el sobrepeso se ha normalizado, elevados índices de marcadores sanguíneos negativos son la constante, y un variopinto diagnóstico de múltiples enfermedades que tienen origen en lo que las personas llevan a sus bocas.

Es hora de hacer un alto en los procesos nutricionales e invitar a reflexionar a productores como procesadores de alimentos, a los gobiernos y por supuesto a la ciudadanía en general sobre la calidad y beneficios nutricionales de los alimentos y la relación costo-beneficio nutricional. Es increíble como los carbohidratos, las harinas refinadas, los azúcares y las bebidas saborizadas están en la carta de la mayoría de los restaurantes y expendedores de alimentos, sin importar el lugar, bien sea un centro comercial, una institución educativa o un hospital, sin que el consumidor pueda ejercer el derecho a nutrirse en lugar de alimentarse.

No significa que en épocas pretéritas la gente se nutriera mejor y se alimentara peor, simplemente se apelaba a comer lo que había como base de su dieta y lo complementaba con una vida nómada. Es imperativo cambiar los hábitos individuales y colectivos, entender que el modelo del ejecutivo exitoso que consume sanduches, papas fritas y gaseosas porque su tiempo debe priorizarse para producir debe ser modificado. Es un deber humano retomar la comida sana, saludable y sanadora preparada en el hogar con tiempo, amor y dedicación para cuidar a la familia. Se requiere mejor y mayor nutrición. En tiempos donde alimentarse es relativamente fácil nutrirse se torna difícil, fallan la solidaridad y la conciencia.

León Sandoval

Audiencia Pública Cultura de Paz: el arte de la participación ciudadana y popular

Este viernes 15 de marzo, en el municipio de Bello (Antioquia) realizaremos una Audiencia Pública para poner en diálogo al sector cultural con las entidades competentes. El objetivo es escuchar y dialogar con las distintas expresiones del movimiento cultural de Antioquia en la perspectiva de generar rutas de articulación que permitan la construcción de la cultura de la paz, reconociendo que el arte y las expresiones culturales son herramientas poderosas para el bienestar, la reconciliación y el reconocimiento intercultural.

En este espacio se espera que el Ministerio de las Artes, los Saberes y las Culturas exponga la oferta institucional y las apuestas territoriales para el sector en el marco del Plan de Desarrollo “Colombia Potencia de la Vida”. La cultura como tejedora de la paz es un eje central en la agenda del gobierno del cambio.

 

El territorio antioqueño es rico en expresiones culturales, pero adolece de políticas que estructuren y descentralicen una oferta cultural que llegue a los lugares más apartados en condicione dignas y de calidad. Históricamente se ha asumido la cultura como un adorno, una ambientación o un espectáculo. Su potencial transformador está siendo desperdiciado: miles de bibliotecas comunitarias sin quien las dinamice y vistas solo como guardadero de libros, perdiendo su potencial creativo e integrador de otras artes y ejercicios de integración comunitaria. Lo mismo sucede con museos en diferentes municipios, con los bienes y  patrimonios arqueológicos descuidados y con las casas de la cultura destartaladas.

Escogimos a Bello porque este territorio es un epicentro de la cultura y las expresiones artísticas en el Valle de Aburrá. Su movimiento social, ambiental, artístico y cultural ha forjado una resistencia alrededor de la defensa del patrimonio artístico y cultural del municipio, así como por la protección de sus bienes ambientales. Por eso estamos convocando allí a este ejercicio de participación ciudadana y popular que es la Audiencia Pública «Cultura de paz» en esta ciudad que tiene todo para ser «potencia de la vida».

La cultura de paz será el verdadero pegamento de la reconciliación y la herramienta para la reconstrucción del tejido social en los territorios. Les esperamos este viernes desde las 8:00 A.M. en el Parque de Artes y Oficios de Bello (Calle 46 # 45-29).

Pedro Baracutao