Sin tiquete de regreso. Es la suerte que puede correr la verdad de la bacrimpolítica, con la abrupta extradición a Estados Unidos de Daniel Antonio Úsuga, alias “Otoniel”. En efecto, la decisión del Presidente Ivan Duque de pordebajear los derechos de las victimas de los innumerables y aberrantes crímenes cometidos por este capo neoparamilitar en Colombia, para que responda más bien ante los tribunales gringos por el delito de narcotráfico, tiene el inocultable propósito de obstruir la comprometedora verdad sobre los entramados crimínales del Clan del Golfo con sectores políticos y empresariales que veníamos conociendo en sus comparecencias ante la Justicia Especial para la Paz o en sus declaraciones ante los medios de comunicación.
Como buen súbdito de Uribe, Duque repite también en estas materias la historia de sus gobiernos. Entre el 2006 y el 2009 fueron extraditados 32 jefes desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia que hicieron parte del proceso de desmovilización paramilitar pactado con el Gobierno y que en su mayoría se habían acogido a la Ley de Justicia y Paz, instrumento de justicia transicional creado en virtud del mismo. Cuando sorpresivamente, Uribe extraditó a los 14 jefes paramilitares en la madrugada del 13 de mayo de 2008, entre los que se encontraban “Tuso Sierra”, “Gordo Lindo”, “Don Berna”, “Jorge 40” y Salvatore Mancuso, prometió que “(…) en caso de existir el deseo y la voluntad de parte de los extraditados de seguir colaborando con las autoridades judiciales colombianas, confesando hechos delictivos y dando bienes, relato de hechos y manifestaciones de perdón, Estados Unidos facilitaría las condiciones…”.
Demagogia barata. Porque en ninguna de las resoluciones de extradición de los paras ordenadas por Uribe se señaló la obligación de las autoridades norteamericanas en garantizar el retorno al país de los extraditados para que respondieran por sus delitos ante la justicia colombiana y ofrecieran verdad y reparación a sus victimas. Más aún, al revisar las resoluciones respectivas, se observa que no se garantizó la deportación de los extraditados a Colombia una vez cumplieran la pena en el país requeriente, no se prohibió la concesión de asilos o refugio una vez pagaran la pena en EEUU y no se garantizó el apoyo de la justicia gringa para que los extraditados contribuyeran al esclarecimiento de la verdad. Ello explica porque, salvo excepciones como la de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, la mayoría de los paras extraditados negociaron sus penas por narcotráfico con la justicia norteamericana e incluso, varios de ellos como “El Tuso Sierra” o “Pablo Sevillano” se han quedado viviendo el “sueño americano” disfrutando de sus fortunas y conejeando a sus victimas.
Más aberrante aun son las respuestas que me diera él Ministerio de Justicia y la Cancillería de Colombia a un derecho de petición que les envíe para que me informaran sobre el paradero de los paramilitares extraditados en tiempos de Uribe: de los 32 enviados a EEUU solo 12 fueron deportados a Colombia y sobre 8 de ellos no tienen información alguna. Ni siquiera los que han vuelto al país han respondido a las victimas!. La entonces Canciller Claudia Blum descaradamente señala que “Por regla general, los tratados de extradición no prevén la obligación del Estado requiriente de retornar al Estado requerido, la persona extraditada una vez cumpla su condena…”.
Una larga discusión se ha dado, además, sobre la vigencia del tratado de extradición suscrito por Colombia con EEUU el 14 de septiembre de 1979 y ratificado por el Congreso mediante las leyes 27 de 1980 y 68 de 1986, leyes que fueron declaradas inexequibles por vicios de forma por la Corte Suprema de Justicia, competente para entonces. Aunque la Corte Suprema de Justicia de ahora el 13 de septiembre de 2017 conceptuó que el Tratato de Extradición con EEUU sigue vigente, “dado que ningún Estado lo ha dado por terminado”, su no ratificación en el Congreso de la República le permite la discrecionalidad y la responsabilidad política a los gobiernos de Colombia si deciden priorizar los delitos de narcotráfico y lavado de activos en Norteamérica sobre los graves delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por los paramilitares en Colombia.
Pero volvamos a “Otoniel”. Darío Antonio Úsuga, es hoy el personaje que resume la historia criminal de la Colombia del ultimo tiempo. Ingresó en los ochenta al Ejército Popular de Liberación (EPL), se convirtió en disidente de su Acuerdo de Paz para vincularse a las Autodefensas de Cordoba y Urabá y a las AUC, de la mano de miembros de las Fuerzas Militares, según sus confesiones ante la JEP. Después de la desmovilización paramilitar creó su propia organización criminal denominada “Los Urabeños”, bautizada después como “El Clan del Golfo”. Úsuga, en Colombia tiene 122 órdenes de capturas y 7 medidas de aseguramiento, relacionadas con delitos de homicidio, concierto para delinquir, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas, terrorismo, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento de niños, narcotráfico, delitos sexuales, entre otros. También cuenta con 6 condenas vigentes que oscilan entre los 40 y 50 años de prisión. Delitos que no los pagará porque Duque prefirió que le respondiera a EEUU por narcotráfico.
La característica criminal y narcotraficante de su estructura neoparamilitar la ha querido mimetizar “Otoniel” con la denominación “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, que controla económica, politica y militarmente territorios en 115 municipios de 11 departamentos del país en donde hoy adelanta un desafiante “paro armado” que mas bien parece una cuenta de cobro a Duque o una campaña de proselitismo armado a su favor.
Mucho se especuló en su momento sobre una entrega pactada de “Otoniel” a las autoridades y no de una captura como lo reivindicó el cuestionado Ministro de Defensa Diego Molano. También han sido muchas las suspicacias por el afán de Duque en su extradición a EEUU, frenada momentáneamente por una tutela de las victimas. Y mas sospechoso aun el show de los últimos días, después que Daniel Coronel diera a conocer “La Lista de Otoniel” que compromete a 63 personas vinculadas al Clan del Golfo y entregada a la JEP entre las que se incluye un ex Ministro, un Ex Director Nacional del DAS, seis Ex Gobernadores, un Senador actuante y reelegido, cuatro ex Congresistas y dos Universidades. Y ello sin contar los entramados políticos locales de esta banda en mas de treinta subregiones del país. Todo un fenómeno de Bacrimpolítica en tiempos de Duque que guardada las proporciones no tiene nada que envidiarle a la parapolitica de los oscuros tiempos de Uribe. Como aquel, Duque seguramente extraditó sin retorno a la principal fuente de verdad y el mas importante eslabón de esta nueva mezcla criolla de criminalidad y política
