En el acto de entrega de títulos de propiedad a 34 familias víctimas del conflicto en Córdoba, el presidente Juan Manuel Santos recalcó la necesidad de direccionar al país al final del conflicto y de apoyar el proceso de paz. También le habló a los enemigos de los diálogos, y les dijo que “sus voces son, por fortuna, cada vez más débiles”. 49 reclamantes no asistieron al encuentro.
Juan Manuel Santos entregará este miércoles a 34 familias de campesinos parte de una finca usurpada hace décadas por líderes paramilitares en Córdoba. Durante los años 90, los hermanos Castaño constituyeron en esta zona del país el fortín desde el que delinquieron.
La muerte el jueves del llamado «Zar de las esmeraldas» Víctor Carranza trae a la memoria todo tipo de anécdotas sobre el polémico empresario. Una de ellas, la de la noche de su captura el 24 de febrero de 1998 cuando Juan Manuel Santos llamó a primera hora de la madrugada, al entonces fiscal Alfonso Gómez Méndez para averiguar por las condiciones del detenido.
Víctor Carranza generó al mismo tiempo amores y odios durante su vida. Mientras algunos lo tildan de fundador de grupos paramiliates y despojador de tierras, otros destacan su labor como un gestor de convivencia en varias regiones del país. Confidencial Colombia recoge el testimonio de su sobrino, quien opina que el «zar de las esmeraldas» siempre quiso la paz.
El caudal electoral en las regiones de Colombia parece estar en manos los jóvenes. En Magdalena, Córdoba y Santander, departamentos con problemas profundos y episodios históricos de violencia, gobiernan funcionarios con menos de 32 años, que tienen niveles muy aceptables de popularidad pero viven a la sombra del apoyo de líderes que han estado vinculados con grupos al margen de la ley.
Un juez de tierra ordenó suspender las licencias mineras de 13 mil hectáreas de tierra que pertenece a la comunicad indígena Embera Jatía, en el departamento de Chocó. El organismo ordenó la medida para garantizar la protección “a la pervivencia física y cultural” del grupo étnico.
La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la principal asociación sindical del país, denunció amenazas de muerte por un supuesto grupo armado que los declaró «objetivos militares», por lo que le pidieron al Gobierno protección.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema ordenó reabrir la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos vínculos con grupos paramilitares entre 1996 y 1997, cuando fue gobernador de Antioquia. El abogado del exmandatario rechazó que su cliente “haya promovido la delincuencia”.
La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General informó de que entre 2005 y diciembre de 2012 los paramilitares desmovilizados han confesado un total de 25.757 homicidios y 1.046 masacres.
A las acusaciones de los ex paramilitares al zar de las esmeraldas, Víctor Carranza como un colaborador de las AUC, se le suma un documento en poder del Departamento de Estado de EE.UU. que lo incrimina en la masacre en la población de Miraflores, Guaviare en 1997.
Un juez dictó este viernes el primer fallo de restitución de tierras en zona urbana en favor de una familia víctima de grupos paramilitares a la que le devolvieron un predio de 800 metros cuadrados usurpados hace 10 años. El despojo tuvo lugar en el municipio de Tibu, en Norte de Santander.
El juzgado sexto de ejecución de penas de Medellín ordenó la libertad condicional del exsenador Mario Uribe por considerar que ya cumplió las tres quintas partes de su condena. Uribe lleva recluido 54 meses en la cárcel de Yarumito, en Antioquia, condenado por vínculos con grupos paramilitares.
El Gobierno ratificó hoy viernes una recompensa de 50 millones de pesos (27.550 dólares) por los autores de la matanza de diez campesinos en una zona rural de Antioquia y anunció un consejo extraordinario de seguridad que encabezará el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.
Caracol Radio dio a conocer unas serie de grabaciones en las que, presumiblemente, los exjefes paramilitares Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Salvatore Mancuso «libretearían» sus versiones libres de las audiencias de justicia y paz.
Si los paramilitares quieren conservar las penas de la ley de Justicia y Paz, que son de cinco a ocho años, deberán reparar a sus víctimas. Así lo aprobó este miércoles la plenaria del Senado en el debate final para reformar esta polémica iniciativa legal, que cumple 5 años de ejecución.