Las leyes sobre agentes extranjeros, normativas utilizadas generalmente como herramienta política para limitar las actividades de organizaciones que cuentan con redes transnacionales, han pasado esta semana a estar en el punto de mira a raíz del proyecto de ley presentado ante el Parlamento de Georgia y que ha llevado a miles de personas a protestar en lo que muchos han calificado como un Euromaidán a la georgiana.
Lo que empezó con una reyerta entre diputados ha acabado por encender el debate político a nivel nacional, donde la oposición ha mostrado un rechazo contundente a una medida que, según han defendido, se asemeja a la legislación utilizada por Rusia para acallar voces disidentes y frenar el trabajo de organizaciones y medios independientes.
A pesar de que el Gobierno ha tratado de defender su proyecto, los diputados han tenido que ceder finalmente ante la fuerte oposición en las calles y revertir un proceso parlamentario que, tal y como alertaban algunos actores internacionales, podía sacar a Georgia de su camino hacia la Unión Europea. Sin embargo, son más de una decena los países y regiones del mundo que sí cuentan con este tipo de legislaciones.
RUSIA
La ley de agentes extranjeros de Rusia, duramente criticada por la comunidad internacional durante años por vulnerar las libertades fundamentales de los ciudadanos, ha sido ampliada paulatinamente hasta socavar las actividades y operaciones de miembros de la sociedad civil.
La ley, adoptada en 2012, permite reconocer como «agente extranjero» a cualquier organización sin fines de lucro que haya recibido dinero del exterior y esté realizando, desde el punto de vista de las autoridades, actividades políticas.
Con esta normativa, se prohíbe a los llamados «agentes extranjeros» ejercer la docencia en escuelas y universidades públicas, realizar actividades educativas con menores y o recibir financiación estatal, entre otras cuestiones.
Asimismo, tampoco podrán trabajar en el servicio estatal o municipal, ser miembros de comisiones electorales, ni actuar como organizadores de eventos públicos, además de quedar exentos de invertir en empresas estratégicas en Rusia y hacer donaciones a los fondos electorales de candidatos y partidos políticos.
Esta designación ha sido duramente criticada dado que estigmatiza el trabajo de este tipo de organizaciones y vulnera el trabajo efectivo de la sociedad civil con el objetivo, según voces críticas, de disuadir a los ciudadanos de buscar la ayuda de activistas de Derechos Humanos, entre otros aspectos.
EEUU
No obstante, fue Estados Unidos el primer país en aprobar este tipo de legislación, que se remonta a 1938 y buscaba hacer frente, entonces, a la propaganda del régimen nazi en Alemania. Posteriormente, la conocida como Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés) fue enmendada en los años 60 para englobar a grupos de poder y empresas que promocionaban intereses de gobiernos extranjeros.
Las definiciones incluidas en la ley han sido tildadas en numerosas ocasiones de «amplias» y «vagas», según un informe de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).
Esto permite al Gobierno del país norteamericano aplicar la medida a mayor número de organizaciones, lo que supone un riesgo para la sociedad civil, tal y como han denunciado defensores de Derechos Humanos que insisten, además, en que la redacción del texto socava la eficacia real de la legislación en cuestión.
La ley adquirió una mayor relevancia tras las elecciones presidenciales de 2016, cuando se convirtió en mayor medida en una herramienta para responder a la influencia extranjera en la política.
AUSTRALIA Y CANADÁ
Países como Australia y Canadá cuentan con leyes similares, basadas precisamente en la FARA. En el caso australiano, la normativa obliga a antiguos miembros del Gobierno a registrar «cualquier actividad que realicen en nombre de entidades extranjeras».
La canadiense, por su parte, establece la obligatoriedad de especificar y detallar las identidades y los pagos realizados por clientes extranjeros y establece multas de hasta 200.000 dólares y penas de hasta dos años de prisión en caso vulnerarla.
NICARAGUA
En Nicaragua, la ley obliga a todo aquel ciudadano que trabaje para «gobiernos, empresas, fundaciones u organizaciones extranjeras» a registrarse en el Ministerio del Interior, informar mensualmente de sus ingresos y gastos y avisar previamente en qué se gastarán los fondos extranjeros.
El texto, que recoge sanciones en caso de incumplimiento, puntualiza que estos ciudadanos no podrán «financiar o promover la financiación de cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coalición o alianza política o asociación» que se involucre en la política interna de Nicaragua.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, trató de sacar adelante en 2021 una legislación paralela, si bien la medida se estancó un año después en medio de acusaciones y advertencias a las que se sumó Naciones Unidas, que señalaba que el proyecto incluía restricciones aún más severas que las nicaragüenses porque buscaba gravar un impuesto del 40 por ciento a todas las transferencias procedentes del exterior.
VENEZUELA
La legislación venezolana tampoco se queda atrás: tras su aprobación en 2021, exige la inscripción de todas las personas físicas o jurídicas de carácter no financiero y pone en el punto de mira a las ONG, a las que somete a seguimiento y supervisión.
Enmarcada en la política de seguridad nacional, se suma a otras medidas destinadas a poner trabas al trabajo de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos e incluye, según voces críticas, restricciones a la libertad de expresión.
EL PARADIGMA EUROPEO
En Europa, la medida ha pasado inadvertida a pesar de que países como Hungría, Bulgaria y Ucrania han aprobado en los últimos cinco años legislaciones que limitan las donaciones procedentes del exterior.
Así, las organizaciones que reciban más de 24.000 euros de donaciones extranjeras en Hungría deberán volver a registrarse como organizaciones «que reciben financiación extranjera», y sus sitios web y publicaciones deberán llevar esta etiqueta.
La normativa ucraniana, que se remonta a 2018, permite registrar organizaciones como «agentes que actúan bajo la influencia de un Estado agresor», mientras que la búlgara obliga a declarar ante Hacienda y en el plazo de una semana la obtención de subvenciones procedentes del extranjero que superen los 500 euros, aproximadamente.
El caso de Osetia del Sur es llamativo: la región separatista georgiana ha seguido la estela de la legislación rusa. Los diputados aprobaron la medida en 2014 para incluir las actividades de organizaciones que reciben financiación desde el exterior.
En este sentido, y tras meses de debate entre varias ONG que se oponían claramente a la terminología del texto, Osetia del Sur dio el visto bueno a una normativa que, si bien sustituyó el término «agente» por «socio», permite supervisar las labores de las organizaciones y les exige presentar documentación adicional.
ASIA Y ORIENTE PRÓXIMO
La ley, que prevalece también en Kirguistán, cuenta también con su versión israelí, donde se exige que las organizaciones financiadas en su mayoría desde fuera del país sean declaradas «extranjeras».
Esto incluye también las cuantías procedentes de la Unión Europea, Naciones Unidas y fundaciones gubernamentales, entre otras.
