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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: paro nacional

Milei enfrentará su primer paro nacional

Argentina vivirá el miércoles 24 de enero una jornada de paro general en la que los principales sindicatos del país saldrán a las calles para manifestarse en contra del decreto de necesidad y urgencia (DNU), por el que se eliminan numerosas leyes y normas para desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas, y de la ley ómnibus, impulsados por el presidente, Javier Milei.

Está previsto que los sindicatos marchen por la Avenida de Mayo de Buenos Aires, una de las principales calles de la ciudad porteña, para llegar posteriormente hasta el Congreso, donde tendrán lugar los actos centrales de la jornada, entre las 15.00 y las 16.00 horas locales.

La atención al público en algunas sucursales bancarias quedará suspendida durante el miércoles, mientras que el transporte público funcionará con normalidad hasta las 19.00 horas, cuando dará comienzo un paro de transportes hasta la medianoche.

Los sindicatos esperan que la convocatoria sea «la más masiva» de la historia y que refleje el rechazo popular a los planes de «ajuste y recorte» del Gobierno de Milei. Las principales organizaciones sindicales van a secundar el paro, entre las que se encuentran la CGT, la CTA, la ATE o La Bancaria.

«El 24 de enero el pueblo copará las calles en una movilización histórica para protestar contra el desmadre inflacionario y rechazar el DNU y la Ley Ómnibus», ha sostenido el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky.

Descontento con el Gobierno

El Gobierno ha mostrado en todo momento su rechazo a esta convocatoria, que llega en tiempo récord, según ha criticado. En concreto, hace referencia a la celeridad con la que el Ejecutivo de Milei se ha tenido que enfrentar a su primer paro nacional, menos de dos meses después de asumir el cargo.

En este sentido, cabe señalar que la Confederación General del Trabajo (CGT) no convocó ningún paro durante los últimos cinco años, que comprenden todo el tiempo que el presidente Alberto Fernández estuvo en el cargo, lo que ha aumentado las críticas del actual mandatario.

Milei ha sentenciado este lunes que el paro va a mostrar que hay dos Argentinas, y aquellos que lo secunden serán los que se quieran quedar en el modelo del pasado y la decadencia, situándose en contra del camino del Gobierno para ser «un país de desarrollo».

En los últimos días se han sucedido también las amenazas para los trabajadores que participen. El Ejecutivo ha advertido de que podría descontar el día a quienes secunden la media jornada de huelga general. «Lo estamos analizando como una posibilidad cierta», ha afirmado el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

Asimismo, se ha puesto a disposición de los argentinos una línea telefónica para denunciar extorsiones y amenazas para obligar a movilizar. «Si sos un argentino que la pelea todos los días para salir adelante y te extorsionan o aprietan para que el 24 de enero hagas paro, defendé tus derechos haciendo una denuncia al 134. ¡No tengas miedo!», ha detallado el Ministerio de Seguridad.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también ha rechazado el paro, al considerar que implicará un día sin producción y sin actividad comercial y una pérdida económica «mayúscula» para el país. «Nuestras pymes necesitan trabajar, ya que sin trabajo no hay ingresos», ha expresado su presidente, Alfredo González.

Fiscalía imputó a coronel que amenazó a Lucas Villa

Lucas Villa, líder estudiantil, fue una de las numerosas víctimas que dejó la violencia policial y civil durante el paro nacional del año pasado. Este viernes, la Fiscalía imputó al coronel que lo amenazó a él mientras estaba hospitalizado

«La Fiscalía presentó ante un juez al teniente coronel en retiro Hesnard Eduardo Ramírez Rojas, como presunto responsable de emitir mensajes amenazantes en contra del líder estudiantil Lucas Villa Vásquez y los integrantes de los movimientos universitarios de Pereira», señaló el ente acusador.

Entre las pruebas recogidas hay publicaciones en redes sociales en las que Ramírez justifica el atentado del 5 de mayo de 2021, en el viaducto César Gaviria Trujillo.

Hesnard Eduardo Ramírez, hoy coronel en retiro y excomandante del batallón de Risaralda, deberá responder por los delitos de amenazas en contra de defensores de derechos humanos, pero no aceptó los cargos.

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Conozca las movilizaciones que tendrá este año la «temporada de paros» en Colombia

El Comité del Paro ha anunciado este miércoles la convocatoria de nuevas movilizaciones para los próximos meses con el objetivo de protestar contra las políticas del Gobierno en materia económica y sanitaria, principalmente.

Entre las próximas marchas se encuentran la movilización contra la carestía, prevista para el 3 de marzo; el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo; la Movilización Nacional del 28 de abril, que conmemora un año desde que comenzaron las protestas en el marco del llamado ‘estallido social’ colombiano y el Día Internacional de la Clase Obrera, previsto para el 1 de mayo.

El grupo, formado principalmente por sindicatos y centrales obreras, ha aprovechado su primera reunión presencial desde que estalló la crisis para ratificar su respaldo político a Centro Esperanza, una coalición política y electoral compuesta por la formación de centro, y Pacto Histórico, una alianza socialdemócrata formada en 2021.

«A pesar de las diferencias que los separan y que corresponde a ellos superarlas, han sido aliados incondicionales del Comité Nacional del Paro, de los trabajadores y el movimiento sindical en estos dos años de duras batallas», ha señalado el comité en un comunicado.

En este sentido, ha asegurado que ambas alianzas se han «constituido dentro y fuera del Congreso en la expresión del CNP, promoviendo debates de control político y audiencias públicas, contribuyendo a la denuncia nacional e internacional de los asesinatos, así como a la violencia y violación de los Derechos Humanos», recoge el texto.

Así, el CNP ha invitado a sus bases a unificar su discurso contra el ‘urbismo’ y la continuidad en el cargo del presidente, Iván Duque. «Que las sedes sindicales y nuestras casas sean sedes políticas de las coaliciones alternativas y factores de unidad sin vetos acompañados de recursos generosos para respaldar las candidaturas al Congreso y a las consultas presidenciales», ha afirmado.

El llamado paro nacional de Colombia comenzó en abril de 2021 como una protesta surgida contra la reforma fiscal presentada por el presidente Duque y luego retirada. Ahora, los manifestantes protestan contra la violencia de las fuerzas de seguridad y exigen reformas sociales.

Entre sus demandas se encontraba la renuncia de Duque junto a su equipo de Gobierno de la Presidencia y la dimisión de varios altos cargos, así como la retirada de la reforma tributaria y sanitaria y la reforma de la Policía Nacional, además del desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), al que se atribuye un uso excesivo de la violencia contra los manifestantes.

Se estima que el estallido social colombiano ha dejado unos 80 muertos y más de 1.200 heridos, además de unos 1.300 detenidos y un centenar de desaparecidos. Según varias ONG, casi una treintena de personas sufrieron agresiones sexuales durante las operaciones para sofocar las protestas.

¿Quién asume la responsabilidad política por las violaciones a derechos humanos en Transmilenio?

Esta semana, junto a mi colega Susana Muhamad, denunciamos cómo las instalaciones de Transmilenio, específicamente de los portales Suba y Américas, fueron usados por la Policía Nacional para violar los derechos humanos de los jóvenes que protestaban en el marco del paro nacional del 29 de abril del 2021.

Un nuevo testimonio, el de Cristian Cabrera, exfuncionario de la Alcaldía Local de Kennedy, relata cómo en ejercicio de sus funciones de seguimiento pudo constatar que la Policía Nacional retuvo a por lo menos 9 personas incluido un menor de edad, el día 29 de abril en el Portal Américas.

Los jóvenes le relataron a Cristian que llevaban cuatro horas retenidos, que fueron bajados de sus bicicletas y trasladados al Portal, donde en un “cuartico” fueron golpeados con distintos elementos incluidos cinturones. En ese mismo “cuartico”, les lanzaban gases lacrimógenos buscando asfixiarlos. Todo indica que en Transmilenio torturaron jóvenes.

Y más grave es que funcionarios del distrito y el comando de la policía tenían conocimiento desde ese mismo día de estas detenciones ilegales, según revelan conversaciones de WhatsApp del día 29 de abril a las 7:43 p.m., en un chat en el que estaban entre otros, delegados de la Secretaría de Gobierno. En la conversación se lee que un miembro de la Policía “detuvo” a varias personas en el Portal Américas. El hecho fue puesto en conocimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4), que se encuentra vinculado a la Alcaldía Mayor y a la Policía Nacional. Es decir, que tanto la Alcaldía distrital como la Policía Metropolitana estaban al tanto de la situación que esa noche se estaba presentando en el portal y, hasta hace unos días, sólo reconocían que esta práctica había ocurrido durante el 3 y 4 de mayo y el 19 en Suba. Pero este hecho de extrema gravedad y anterior a los que habían admitido no había sido aceptado, o, en otras palabras, había sido ocultado.

En su momento el entonces gerente de Transmilenio, no admitió el hecho. En respuesta oficial a un derecho de petición en donde se indagó por las retenciones ilegales ocurridas en Transmilenio, aseguró que la retención de jóvenes en instalaciones de Transmilenio sólo ocurrió una vez: entre la noche del 3 de mayo y la madrugada del 4 de mayo de 2021, cuando admitió que nueve hombres y una mujer fueron ingresados al Portal Américas y que algunas de esas personas se encontraban heridas. Además, aseguró que se trataba “de un hecho único en la historia del Sistema”.

Pues bien, hoy tenemos certeza de que tanto antes como después de esta fecha, se utilizaron las instalaciones de Transmilenio, empresa a la que los bogotanos le acaban de entregar 1.1 billones de pesos, para detener y golpear jóvenes. El relato del exfuncionario Cristian Cabrera demuestra la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, así como la respuesta de la Personería Local de Suba que después del 4 de mayo también fueron retenidos jóvenes en Transmilenio. Según la Personería Local de Suba, el 19 de mayo 4 jóvenes fueron detenidos y conducidos al interior del Portal Suba y además ratificó que “la Policía Metropolitana estaba utilizando el portal como centro de acopio no apto para retener personas, ya que no es un Centro de Traslado por Protección ni una Unidad de Reacción Inmediata”.

Es entonces evidente que el exgerente de Transmilenio no aportó información clave y completa sobre la violación de derechos humanos a la juventud bogotana y colombiana. La responsabilidad de los funcionarios públicos, independiente de su rango, es ante todo, proteger los derechos, actuar con transparencia, honestidad y justicia, cuidar la vida. Alguien debe responder no sólo judicial, sino políticamente por estos lamentamos hechos.

Distrito fue el primero en denunciar casos de abuso policial en TransMilenio: Luis Ernesto Gómez

Tras conocer la denuncia de los concejales Susana Muhamad y Diego Cancino, en la que confirman las torturas a las que uniformados de la Policía habrían sometido a jóvenes manifestantes en los portales de TransMilenio, en el marco del Paro Nacional en 2021, el jefe de Gabinete de la Alcaldía de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, aseguró que la administración fue la primera en responder y atender, a través de la Secretaría Distrital de Gobierno, las denuncias de abuso de autoridad y práctica violatoria de los derechos humanos durante esa jornada de movilizaciones.

“Como todos los bogotanos y colombianos los saben, fuimos los primeros en denunciar estos hechos no solo ante los órganos del control del orden distrital y nacional, sino también ante instancias internacionales”, señaló el Jefe de Gabinete.

Sobre los hechos, el vocero de la administración distrital, informó que el día 3 de mayo de 2021 la Alcaldía Mayor de Bogotá convocó a la Comisión de Derechos Humanos con la presencia de distintas organizaciones de Derechos Humanos para recibir y tramitar ante las diferentes instancias de control, más de 115 denuncias de abuso policial.

Ese mismo día se conoció el caso del joven Diego Luna, quien denunció haber sido agredido y violentado por miembros de la fuerza pública al interior del Portal de las Américas.

Personalmente acudí al lugar junto con el entonces comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Óscar Gómez Heredia; atendimos y escuchamos la denuncia del joven, acompañamos su proceso en un centro de salud y, adicionalmente, le brindamos toda la oferta institucional para instaurar las denuncias correspondientes e identificar a los responsables”, manifestó el Vocero Oficial.

Adicionalmente, se tomaron medidas inmediatas para evitar que se repitieran hechos de abusos, como la instalación de 22 Comisiones Verificadoras de Derechos Humanos en Centros de Traslado por Protección, URI y puntos críticos de la protesta, desde el 4 de mayo. Adicionalmente se instaló un Puesto de Mano Unificado en el Portal Américas con la presencia de todo el Distrito.

Portal Américas un territorio en disputa

Desde el 28 de abril de 2021, el Portal Américas se ha convertido en un escenario de confrontación entre la población y la fuerza pública. En ese espacio y en sus alrededores han confluido una serie de dinámicas, intereses territoriales y complejidades, que lo han convertido en un territorio en el que la ausencia de control y vigilancia por parte de las instituciones, ha permitido que se permeen prácticas violatorias de los Derechos Humanos (DDHH).

Diversas organizaciones sociales, así como el Comité de DDHH del Concejo de Bogotá, hemos denunciado situaciones contrarias a la ley y diversas violaciones a los derechos humanos. Entre ellas, se ha denunciado, en múltiples medios, el uso del Portal Américas como un centro arbitrario e ilegal de detenciones.

A la fecha, se han registrado públicamente cuatro hechos de detenciones arbitrarias por parte del ESMAD, en las cuales se ha reportado no sólo la retención ilegal de personas, sino torturas y otras prácticas violatorias de los derechos humanos. Estos hechos se presentaron el 3, 4, 11 y 12 de mayo, y quedaron registrados en el comunicado del 13 de mayo de 2021 del Comité de DDHH del Concejo de Bogotá.

Particularmente, los hechos sucedidos la noche del 3 y la madrugada del 4 de mayo fueron reconocidos por el gerente de Transmilenio en respuesta a un derecho de petición, en el que se reconoce que nueve hombres y una mujer fueron ingresados al portal.

En la misma respuesta, se compartió una comunicación dirigida al General Eliécer Camacho Jiménez, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, en la que se solicitaba la no repetición de este hecho calificado por el gerente como “único registrado en la historia del Sistema”.

Por otro lado, el Portal Américas no ha sido el único escenario de detenciones ilegales, según reconoció La Personería Local de Suba, en respuesta a derecho de petición, el 19 de mayo de 2021 en el Portal Suba cuatro muchachos fueron detenidos. Nos preguntamos si en esta u otras instalaciones, las detenciones ilegales se han desarrollado bajo los mismos patrones violatorios de los Derechos Humanos.

Asimismo, de acuerdo con nuevas denuncias que hemos recibido, la práctica de usar las instalaciones del Portal Américas como centro de detenciones no inició el 3 de mayo de 2021. Al parecer, inició antes. La próxima semana revelaremos información detallada de estas nuevas denuncias.

Hacemos un rotundo llamado al esclarecimiento de estos hechos y a la identificación de los responsables de estas violaciones por acción y omisión. No puede ser admisible, bajo ninguna condición, que el ESMAD, ejerza prácticas que, más allá de socavar el ejercicio del derecho a la protesta, violenten varios derechos humanos.

El Portal Américas no puede seguir siendo un lugar de nadie, un territorio en disputa, un lugar en donde la población se siente insegura, en donde no hay garantías por parte de las instituciones distritales, y en donde se proclama sobre todas las dinámicas, una visión de criminalidad que desdibuja todas las dinámicas y personas que confluyen en ese territorio.