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Mitos y realidades de la paz total

Escrito por Laura Bonilla en Abr 3, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Hay dos cosas que son verdad: La paz total tiene grandes problemas de diseño, desde la concepción de la política de la cual nunca se conoció un documento, hasta la generación de expectativas a los grupos armados por encima de la capacidad del propio Estado para negociar agendas disímiles. Pero también es verdad que la reciente campaña que trata de vender la situación de violencia de país como la peor crisis de la década, no sólo es falsa, sino malintencionada. Claramente ningún gobierno funciona bien si todo el mundo piensa que no tiene nada bajo control.

En nuestro más reciente informe, Mitos y Realidades de la Paz Total, la Fundación PARES muestra una versión más aterrizada de la situación. Un ejemplo sencillo de que no fueron los ceses los responsables del incremento de la violencia es que la tendencia al alza viene desde el 2018. Me explico: si hubo algo que afectó seria, sustancial y dramáticamente la posibilidad de la paz en Colombia fue el incumplimiento del acuerdo del Colón con las FARC, lo que es perfectamente comprobable en la tendencia al alza de las masacres, el desplazamiento forzado, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes y las restricciones a la acción humanitaria. El problema es que la tendencia es difícil de revertir.

El año 2023 inicia con 37 asesinatos de líderes y lideresas sociales entre enero y marzo[1] y 26 masacres en el mismo período. El gran problema con esto es que llevamos más de cinco años cobrando la vida de personas que son la base de la democracia en local y regional. Si esto se mantiene así, tendremos comunidades reticentes – y con razón – a participar en cualquier escenario democrático. Por eso resulta tan absurdo que se quiera llamar a la participación ciudadana sin hacer un mínimo esfuerzo de disminuir los repertorios de violencia. No va a ser posible que la comunidad participe en ningún proceso de paz si Arauca continúa con un incremento de 568% del desplazamiento forzado.

Justamente el caso de Arauca muestra que la guerra por el control territorial es hoy una guerra que está perdiendo aceleradamente los límites y que ni siquiera la misión humanitaria – fundamental para cualquier proceso de paz – está pudiendo dar asistencia mínima a las poblaciones afectadas Muchas personas han intentado hacer llegar mensajes a la mesa de negociación para que cese la violencia contra civiles, pero ninguno de estos grupos está dispuesto a ceder. Por el contrario, en sus últimos comunicados se hace más que evidente que para el ELN es casi irrelevante quién se siente en la mesa de negociación. El Estado sigue siendo su enemigo.

El gobierno necesita entender que los grupos armados hoy son un productor de violencia organizada, seguridad y coerción que basan su subsistencia en el control territorial. Eso explica la reacción de las AGC (o Clan del Golfo) en el paro minero del Bajo Cauca antioqueño contra las acciones de incautación y destrucción de maquinaria amarilla realizadas por el ejército, y también explica la terquedad del ELN a no perder la posición estratégica de Arauca y el Chocó. No se lo pueden permitir.

Aquí es donde el gobierno debe darle un viraje a toda la política de paz, aunque eso implique sacrificar la idea inicial y reconocer que tal vez la grandilocuencia de los discursos no correspondía a la realidad. Además, en caso de que logre aprobar varias de las reformas sociales, la implementación no será posible en medio de la violencia. Y lo peor es que si el presidente Petro se da el lujo de perder la batalla contra la violencia, el país estará a portas de elegir un populismo autoritario en las próximas presidenciales.

Lo mejor que puede hacer el presidente, aunque no sea su opción favorita, es dedicarse a implementar el acuerdo de paz con las FARC y mostrar que tiene capacidad y voluntad de hacerlo. Incluso, tiene la oportunidad de mejorarlo con una burocracia eficiente, mayor capacidad, descentralización de procesos y recursos, innovación en laboratorios de desarrollo y paz. Así mismo es importante mantener la mesa con el ELN, pero acelerar con fuerza ya no un cese bilateral, sino una tregua o un plan de reducción verificada de la violencia contra civiles. Insisto; no son los combates entre guerrilla y fuerza pública los que tienen a Arauca y al Chocó en la crisis violenta en la que están.

Finalmente, algo que también ha funcionado antaño es mover a esa gran sociedad civil colombiana que ha producido los movimientos pacifistas más importantes de la región y que puede ser parte de la salida a esta encrucijada. Por supuesto eso también implica bajar las expectativas y la grandilocuencia, pero hoy son más importantes los resultados que las palabras.

Laura Bonilla

[1] Corte al 17 de marzo.

La paz territorial y nacional, la paz para la gente

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Abr 2, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Mucho dolor y desesperanza causó el ataque que el ELN realizó contra un campamento del Ejercito Nacional, en donde siete jóvenes soldados y dos oficiales perdieron la vida y un número igual de combatientes fueron heridos. La Campaña Colombiana Contra Minas, ha reportado el incremento de accidentes con minas y artefactos antipersona en zonas donde estos actúan, e igualmente en varias zonas del país se reporta aumento de las hostilidades contra la población civil.

Estas noticias seguramente no causarían tantas reacciones adversas, si no estuviera instalada una mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y este actor armado, el cual puede justificar, como hasta ahora lo ha hecho, que no se ha pactado un cese al fuego bilateral, y que por lo tanto, así como el Ejercito Nacional los ataca, ellos también están en el derecho de atacar. Pero resulta que, cuando una organización armada se define como de carácter político, todas sus acciones son medidas desde la política y cada acción militar tiene esa repercusión.

Visto de esta forma, surgen por lo menos dos preguntas que para el análisis en torno a la construcción de la paz, son fundamentales: 1) Si la decisión del ELN sigue siendo lograr el derrocamiento del Estado, dando continuidad a la estrategia de Guerra Popular Prolongada que motive un levantamiento popular, en donde esta fuerza guerrillera actuará como acumulado insurreccional, ¿Qué tanto sirven estas acciones para su estrategia de asalto al poder?; 2) Si la decisión del ELN, es avanzar hacia una negociación de paz con el Estado, con una amplia participación ciudadana, ¿Cómo encajan estas acciones en la búsqueda de confianzas que permitan alcanzar un acuerdo para transformar las causas que originan o sustentan el levantamiento político armado? Por lo menos para mi, las respuestas no conectan en ninguna de las dos estrategias.

Para la primera pregunta, la respuesta es negativa por varias razones. En primer lugar, porque la lucha política armada, además de haber sido indudablemente derrotada como estrategia de acceso o derrocamiento del poder, por lo menos en América, la mayoría de los movimientos de izquierda renunciaron a esta, debido a su perdida total de vigencia o por ser considerada una equivocación política desde su origen. En segundo lugar, y entendiendo que el ELN mantiene la estrategia de lucha armada, como se puede deducir de su comportamiento, estas acciones en nada fortalecen su accionar político-militar de guerra de liberación que los acerque a la toma del poder, por que es evidente que, el establecimiento y las estructuras de poder ligadas a los sectores económicos y políticos tradicionales, no han sido debilitadas o no sienten en las acciones guerrilleras, una fuerte amenaza que ponga en juego sus intereses, y porque adicionalmente, el otro componente de esta estrategia, que sería, ganar el respaldo del pueblo, no se vislumbra por ningún lado, a excepción de pequeños focos aislados que no representan grandes ventajas políticas o militares, y que están bajo su dominio, más por la aplicación estatal del modelo neoliberal que no considera estas regiones o capas de la sociedad claves para generar ganancias (lo que algunos llaman abandono estatal), que por sus acciones políticas o pedagógicas acertadas.

Para la segunda pregunta, la respuesta es igualmente negativa, porque la sociedad colombiana en general, y los sectores populares excluidos política y socialmente, esclavizados, empobrecidos y ninguneados, hace ya varios años que decidieron en su gran mayoría, transitar por el camino progresista de la paz y la democracia para alcanzar las transformaciones estructurales que requiere nuestra sociedad y que hacen parte de las causas que alimentan el desarrollo violento y armado de los conflictos. No de otra forma se entiende que, las propuestas de gobierno en torno a la paz y el cambio, enarboladas por el hoy Presidente Gustavo Petro, hayan logrado, contra todas las estrategias, vicios y delitos electorales, alzarse con la victoria.

Si bien es cierto que, otros sectores de la sociedad ligados al fenómeno del narcotráfico, el paramilitarismo, la corrupción y el lavado de activos, alimentan desde adentro y fuera del Estado, respuestas violentas armadas a las exigencias de grandes capas de la población, relacionadas con más y mejores espacios de participación y acción política desde la democracia participativa y representativa, y con el acceso adecuado a la salud, la educación, el empleo digno, la tierra, y en general el rechazo a las políticas económicas, es igualmente cierto, el amplio rechazo que esta estrategia ha desencadenado en importantes capaz de la sociedad, incluidos algunos sectores que tiempo atrás, vieron alguna posibilidad de pacificar el país, por esta vía.

Hoy desde diferentes regiones del país, sectores populares y sus organizaciones ratifican la necesidad de realizar cambios estructurales pacíficos, que hagan posible la vida con dignidad, el goce pleno de los derechos humanos, el logro del bien común, la defensa y goce del medio ambiente sano, el reconocimiento y la participación política con poder de decisión. Estas exigencias noviolentas, requieren y exigen a todos los actores armados de carácter político y a quienes no se les considera políticos, el respaldo real y efectivo. Un cese al fuego bilateral que pueda evolucionar hacia un cese al fuego multilateral, ayudaría de sobre manera para que la sociedad aumente su respaldo y sus acciones por alcanzar la paz territorial y nacional, la paz para la gente.

Las organizaciones han decidido instalar la Mesa Nacional de Interlocución Nacional Para la Paz- MENISP, dando prioridad a los mas empobrecidos, para ampliar y mejorar sus opciones de vida. Actualmente avanzan con decisión en la realización de encuentros territoriales y la instalación de mesas locales, para desarrollar en un futuro cercano, diálogos con sectores gremiales y empresariales, ojalá bajo la tutela del Gobierno Nacional y el acompañamiento de la comunidad internacional, la academia y los medios de comunicación, desatando un gran diálogo para la construcción de acuerdos, que alimenten y acompañen las conversaciones y negociaciones con los actores armados.

Luis Emil Sanabria D.

Regaño del Gobierno al ELN

Escrito por Confidencial Noticias en Abr 1, 2023. Publicado en Colombia, Nación.

El Gobierno Nacional exhortó a la guerrilla del Eln a manifestar su verdadera intención de paz frente al pueblo colombiano, tras los hechos de violencia ocurridos esta semana en la región del Catatumbo, en los que fueron asesinados nueve soldados.

Así lo dio a conocer el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, al concluir una reunión de trabajo convocada por el Presidente Gustavo Petro con los integrantes del equipo negociador del Gobierno en la mesa de diálogo con el Eln, la cual tuvo lugar en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño.

“No es con más muertes de ningún colombiano ni ninguna colombiana como se consolida la paz. El Ejército de Liberación Nacional tiene en sus manos una responsabilidad inmediata de generar esperanza en la sociedad colombiana. Esperamos que escuchen al pueblo colombiano, que escuchen a las comunidades. Este Gobierno del Cambio ofrece ese espacio y esas posibilidades”, enfatizó el Comisionado en declaración a medios.

Al respecto, el Jefe del equipo negociador del Gobierno con el Eln, Otty Patiño, reiteró el llamado al Eln: “Antes de que comience este tercer ciclo (de negociación, en Cuba) es absolutamente necesaria una respuesta clara, para que sepamos a qué atenernos en las intenciones que tiene el Eln, con relación a este proceso”.

El Comisionado Rueda afirmó que el Eln en su integridad debe ser consecuente con lo que se está negociando en la mesa de diálogo, porque las comunidades en los territorios están cansadas de las acciones beligerantes de esa guerrilla, y en tal sentido debe haber una respuesta de la delegación de paz sobre si representa o no a toda esta organización armada.

“La respuesta la tiene que dar el Ejército de Liberación Nacional. Si la delegación de paz, como ellos nos lo han dicho, los representa a todos o no, porque no se puede firmar un acuerdo como el acuerdo de México y simultáneamente tener un mensaje como el que se recibió recientemente”, aseveró.

Jefe negociador de paz invita al ELN a crear escenarios de confianza

Escrito por Juan Gómez en Mar 30, 2023. Publicado en Colombia, Nación.

El Jefe Negociador del Gobierno en la mesa de diálogo con el Eln, Otty Patiño, le envió un mensaje a esa guerrilla asegurando que “se debe crear un clima de confianza donde las armas valgan menos y las palabras valgan más”, con el fin de que el país avance en la búsqueda de la Paz Total.

El Jefe Negociador ratificó que el Gobierno del Presidente Gustavo Petro tiene como bandera la Paz Total y dejó claro que “no seremos nosotros los que nos pararemos de la mesa de negociación”, al insistir que “entre más acciones militares y hostigamientos hagan, la voz de los delegados va a ser menos confiable”.

Reiteró que la Paz Total “no es solamente una bandera, es un propósito de este Gobierno; es más, a pesar de que se rompió el cese bilateral con el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Gobierno sigue dialogando en medio del fuego con ellos”.

Por esta razón, enfatizó que “el Gobierno no va a ceder en la búsqueda de una Paz Total y en la búsqueda de la preservación de la vida de la población y de los propios combatientes y de las instituciones armadas de Colombia, cuyo compromiso con la paz es evidente”.

El Jefe Negociador comentó que a pesar de que “no se ha firmado un cese al fuego y hostilidades, el espíritu que hay que crear es de confianza, porque además en este proceso se ha creado la necesidad de ir implementando los acuerdos” a los que se han llegado con esa guerrilla.

Hacia un acuerdo de paz que beneficie la vida, la cultura y el territorio

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Mar 26, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Hemos señalado en varios escritos la complejidad del Conflicto Colombiano e identificado algunos de los ciclos multicausales que lo retroalimentan periódicamente. Este Conflicto Armado Interno-CAI conformado por múltiples expresiones que nos han afectado como proyecto de sociedad y de Estado, por lo menos durante los últimos 60 años, requiere romper los esquemas tradicionales de negociación, resolución o transformación pacífica a la que hemos estado acostumbrados, y que aunque han des escalado la ferocidad o intensidad de las consecuencias violentas de este y han ayudado a mejorar el ambiente político y social, para promover los relevos políticos y administrativos de gobierno, no han logrado la fuerza y el dinamismo necesarios, que nos permitan gozar de un ambiente de convivencia y democracia, capaz de llevarnos y mantenernos en un escenario de paz política, económica y social.

No se trata de solo establecer unas mesas de negociaciones en donde participen delegados del Gobierno en representación de un Estado, que es señalado de haber perdido el control de los territorios y su esencia como garante de derechos fundamentales de sus asociados, y que concurran delegados de Grupos Armados No Estatales – GANE, cuestionados políticamente, así sus reivindicaciones gocen de buena salud, o dedicados a cometer acciones criminales para beneficio individual de sus miembros, que manifiesten su interés en sentarse bajo unas condiciones a pactar un acuerdo, y buscar rápidamente su Desarme, Desmovilización y Reincorporación (DDR) como algunos de forma ingenua o manipuladora piensan o presionan, tampoco se trata de instalar unas mesas de negocio en donde dos partes ganan y cada uno se va feliz para su casa con una bolsa de acuerdos que, seguramente serán incumplidos por una o las dos partes.

No se trata solo de, si una parte o ambas están maduras para un proceso de paz o pacificación. El espíritu que hoy recorre calles y veredas de este hermoso y adolorido País, es más grande, más altruista, más generoso y exigente. Es el deseo de una sociedad profundamente afectada, que quiere pactar un gran acuerdo nacional por la paz y la reconciliación, al centro del cual estén, no las víctimas como una masa amorfa a la que se le puede incumplir su reparación integral, sino esencialmente unos acuerdos fundamentales para transformar las realidades políticas, económicas y sociales que alimentan el CAI y que deben ser cumplidos, a corto mediano y largo plazo, por todos, todas y todes los miembros de la sociedad, y especialmente por ese aparato que, obliga ser curado de enfermedades crónicas como la corrupción y el narcotráfico, que lo han llevado casi a la muerte, me refiero al Estado y sus diferentes instrumentos de gobierno, de justicia y de construcción normativa.

El abordaje complejo (Morin, 1998)[1] sistémico, para la transformación del CAI y la construcción de la Paz Total, integral estable y duradera, requiere reconocer que se generaran muchas incertidumbres para acercarse con más probabilidad al éxito de su cometido, lo que invita no solo a instalar espacios de diálogo diversos, en relación con los actores, la solución a las múltiples causas y las múltiples consecuencias, sino también (y esto reviste la mayor importancia), instalar mecanismos formales y no formales de comunicación e interacción horizontales entre las rutas y los escenarios establecidos, de tal forma que se alcance la integración de la mayoría de la sociedad y el acuerdo asuma un plano nacional.

Es la interrelación e interacción comunicativa (Luhmann, 1998)[2] y dialógica la que nos permitirá construir conocimientos, identificar y potenciar la emergencia de transformaciones novedosas y ponerle orden al caos inevitable del diálogo en múltiples escenarios, y a su vez la que nos conducirá a superar las incertidumbres propias de la complejidad que nos impone solucionar un conflicto fragmentado, multicausal y de tanta permanencia en el tiempo, como el colombiano.

Para robustecer los acuerdos que se vayan estableciendo en los diferentes escenarios de diálogo tanto de los actores armados como de la sociedad, y las necesarias conferencias con la comunidad internacional, será necesario adelantar encuentros periódicos, intercambiar documentos, según los avances de los acuerdos logrados, de tal forma que los acuerdos específicos temáticos y territoriales, se encuentren en un acuerdo nacional para avanzar en una estrategia de implementación pertinente, en tiempos, temas y territorios.

No busquemos un acuerdo nacional en donde se contemple o se plasmen las demandas de los actores armados, o en donde gane o se impongan los intereses de quienes representan el Estado débil y cuestionado que hoy tenemos. El acuerdo que se debe buscar, es el que mas y mejor beneficie a la sociedad, a su gente, a quienes han sido tradicionalmente excluidos o marginados, a las víctimas de todos los actores armado incluido el Estado, a las niñas, niños y adolescentes cuyo futuro hoy es incierto, a la naturaleza exuberante pero lastimada, a la vida, la cultura y el territorio.

Luis Emil Sanabria D.

[1] Morin, E. (1998). Introducción al pensamiento complejo. Gedisa.

[2] Luhmann, N. (1998). Sistemas sociales, Lineamientos para una teoría general. Barcelona: Antropos.

Fiscalía suspende órdenes de captura a cinco jefes del Estado Mayor Central de las Farc

Escrito por Confidencial Noticias en Mar 24, 2023. Publicado en Colombia, Nación.

La Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura a cinco jefes del Estado Mayor Central de las Farc – EP, en el marco de la búsqueda de la paz total.

Quienes se verán beneficiados con la decisión del ente investigador son: Luis Carlos Pinilla Cortez, Renzo Alirio Martínez, Robinson de Jesús González, Ramiro Pinzón Novoa y Walter Freddy Ruiz Montaño.

“De esta manera, se reitera el compromiso de la Fiscalía General de la Nación y del fiscal General de apoyar, desde sus competencias, las decisiones que beneficien la obtención de la paz”, explicó Barbosa.

Dijo además que en dicho resolución se reconocen a cinco personas como representantes con estatus político del grupo armado autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP, y que integrarán el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación.

Diálogo amplio y territorial para la paz, sin vetos ni mezquindades

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Mar 19, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

No es una coincidencia que el Gobierno Nacional, algunas plataformas y organizaciones sociales, gremios económicos e intelectuales del país estén, por diferentes caminos, proponiendo la necesidad de hacer un esfuerzo aún mayor en la instalación de escenarios de diálogo y encuentro social, que nos permitan abordar sin vetos ni mezquindades, el análisis franco y generosos de todos las temáticas que desde hace muchos años han sido señaladas como generadoras de conflictos sociales y políticos retroalimentadores del conflicto armado.

Lo que hemos definido como conflicto armado interno es un sistema complejo, que contiene en su origen y desarrollo múltiples mecanismos que se repiten indefinidamente, y antes que solucionarse o desaparecer, tienden a ampliar su radio de acción, como una tormenta que nunca termina y se convierte en huracán, arrasando a su paso periódicamente, todo lo construido, para darle lugar a pequeños momentos de descanso, y aparecer luego con más fuerza, llenando de más dolor e incertidumbre a la sociedad.

Recogemos la propuesta de Paz Total, que preferimos llamar Paz Integral, porque estamos convencidos de que ese camino logra integrar experiencias importantes desarrolladas en años anteriores y que le apostaron con honestidad a la construcción de la paz, aplicando metodologías y definiciones preparadas oportunamente, pero que evidentemente no lograron, por diferentes condiciones, transformar las causas del conflicto o superar su desarrollo violento, entre ellas, la férrea oposición y saboteo de sectores de la sociedad que no se sintieron representados en lo acordado, y la no incorporación en la agenda de diálogo con los actores armados y en la dinámica social, de componentes dinamizadores del conflicto armado que aún hoy persisten.

La violencia armada en Colombia cobró en el 2022 alrededor de 13.000 homicidios, seis veces más que el promedio mundial. Las principales zonas afectadas se relacionan directamente con los enfrentamientos de Grupos Armados por el control del territorio, estrategia a su vez relacionada con las economías ilícitas ligadas al narcotráfico, la minería, el tráfico de personas, el tráfico de armas y municiones y el contrabando de mercancías.

Para muchos sectores de la sociedad, la violencia armada tiene su origen en la pobreza que alcanza hoy según proyecciones de la CEPAL, 38 de cada cien colombianos y colombianas son considerados pobres, así que será necesario que la sociedad en general a través de espacios de diálogo y concertación, y las mesas de negociación con los Actores Armados No Estatales, aborden este tema, respondiendo más o menos a las siguientes preguntas, que deben ser abordadas territorialmente ¿Cuál será la política económica que debe implementar la sociedad colombiana representada en el Gobierno del Estado, para superar progresivamente esos índices de pobreza? ¿A qué se compromete la sociedad en todas sus expresiones (gremios económicos, empleados, obreros, campesinos) para reducir la pobreza?

Para otros sectores sociales, el conflicto armado interno se alimenta también de conflictos ambientales no resueltos o de la imposición de proyectos económicos ligados a la minería, la explotación de hidrocarburos o a el desarrollo de infraestructura para la conectividad. Otros señalan las dificultades de la juventud para acceder y mantenerse en el sistema educativo (Colombia reporta en pleno siglo XXI una tasa de analfabetismo de 5,24%) o los aprietos para acceder en zonas rurales a la atención en salud, como determinantes en el sostenimiento de la conflictividad armada. Para numerosos pobladores, especialmente de zonas rurales, la falta de empleo legal (en el 2022 cerca del 11% de los campesinos/as en Colombia estaban desempleados), es un determinante que hace que algunos jóvenes se sientan atraídos hacia las cadenas de economía ilegal (raspachines, barequeros) y para aceptar la oferta económica o política de pertenecer a grupos armados. De estas cifras surgen algunos retos o interrogantes ¿Será posible seguir estableciendo enclaves extractivitos minero-energéticos en zonas ambientalmente estratégicas? ¿Podemos fortalecer el sistema educativo que permita garantizar acceso y mantenimiento en condiciones dignas de niños, niñas y adolescentes? ¿Es pertinente la educación que se imparte en Colombia, en relación con los problemas estructurales o las ventajas comparativas y competitivas en los territorios? ¿Será posible desarrollar un programa territorial de prevención en salud y control de enfermedades tropicales? ¿Podemos concebir un programa de generación de ingresos y productividad ligado al campo colombiano? ¿Para qué y en dónde desarrollamos la reforma rural integralmente?

Muchas expresiones populares ligan el fenómeno de la proliferación de grupos armados directamente con el problema de la corrupción. En el comunicado #01-2023 de transparencia por Colombia, nuestro país sale muy mal librado en materia de percepción frente a este fenómeno, y afirma que “la falta de acción decisiva para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas alimenta las acciones del crimen organizado”. Muy unido a la corrupción la comunidad señala la debilidad en materia de gobernabilidad democrática, transparencia y participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones frente a los planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo y presupuestación. Tendríamos que preguntarnos en este sentido ¿Cómo entre todas y todos nos comprometemos a superar efectivamente el fenómeno de la corrupción local y nacional? ¿Cómo podemos desarrollar en el territorio procesos de participación ciudadana que hagan efectivo el artículo 3º de la C.P.? ¿Cuál es la reforma política y electoral que requiere realmente Colombia, para sacar las armas de la política? ¿Cómo la construimos?

Si desatamos un gran diálogo territorial, estructurado metodológicamente, sin restricciones temáticas preconcebidas, de tal forma que ningún sector político, económico y social sea excluido, para construir respuestas a los interrogantes, como base para la construcción de Planes de Paz y Reconciliación territoriales que se complementen con otros planes territoriales, y a partir de estos ensamblar un gran Plan Nacional de Paz y Reconciliación que sirva de insumo para un Pacto Nacional Por La Vida, como principal aporte de la sociedad a las mesas de negociación del Estado con los Grupos Armados No Estatales, tendríamos seguramente, un porcentaje de éxito mayor en la superación definitiva del Conflicto Armado y las violencias, y en la construcción de la Paz Total. Un pacto de paz con un porcentaje mayoritario de respaldo popular que garantice su sostenibilidad y la progresividad en su implementación.

Luis Emil Sanabria D.

@luisemilpaz

Proyecto de ley de sujeción a la justicia es un paso más hacia la Paz Total

Escrito por Alejandro Toro en Mar 19, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Esta semana en el Congreso de la República se radicó un Proyecto de Ley de sujeción a la justicia, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas de alto impacto que tendrá un mecanismo de justicia ordinaria con investigación y judicialización. Este proyecto está pensado para aquellos proyectos armados al margen de la ley que no tienen finalidad o vocación política y pretende brindar herramientas al poder judicial.

Con la radicación de este proyecto, el gobierno le sigue cumpliendo a los colombianos con el propósito de poner todos sus esfuerzos para la construcción de una convivencia pacífica, y demuestra una vez más que la paz se construye con diferentes estrategias. Esta es una de las maneras para avanzar en el camino de tejer y articular la vocación de paz de esta administración.

Nota relacionada: Radican proyecto de ley para el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia

Actualmente tenemos vigente la Ley 2272 de 2022 que tiene como objeto definir la política de paz como una política de Estado, en esta hay dos caminos: una de negociación y otra de compensaciones que permita avanzar en sujeción a la justicia con estructuras que se mueven en la economía ilegal, que es precisamente el objeto del proyecto de ley presentado y que determinará las acciones de los jueces penales.

En esta, no hay reconocimiento político por lo que no hay justicia especial. Los actores armados deberán reconocer actuaciones, aportar a la verdad y reparación a víctimas, desmontar el aparato criminal, entregar las armas, cesar acciones como secuestros, reclutamiento a menores y/o desapariciones, entregar el inventario de los bienes, rentas ilícitas, colaboradores y redes de apoyo.

Las penas dependerán de la gravedad de conductas y grados de intervención. No habrá libertades inmediatas por lo que se contempla que la privación de la libertad este entre los 6 y 12 años incluyendo los 4 años de justicia restaurativa. La implementación de la Ley se hará en tres etapas: acercamientos y determinación de voluntad, procesamiento judicial con la Fiscalía, los jueces y estamentos de justicia y cumplimiento e implementación de la Ley.

Ahora, queda a disposición del Congreso la deliberación y aprobación, que será una plataforma jurídica en el proceso de construir la paz en nuestro país, y desde mi posición en la Cámara de Representantes trabajaré para que llegue a feliz término, para que nuestro país siga pavimentando el camino por el buen vivir de los colombianos y para que a los territorios lleguen oportunidades y calidad de vida.

«La Fiscalía no es subalterna del Ejecutivo»: fiscal Barbosa sobre reparos a Ley de Sometimiento

Escrito por Juan Gómez en Mar 16, 2023. Publicado en Nación.

Este miércoles el gobierno de Gustavo Petro radicó el proyecto de Ley de Sometimiento por la política de Paz Total y ya comenzó su trámite en el Congreso de la República. El proyecto ha tenido fuertes reparos por parte del fiscal general, Francisco Barbosa.

El funcionario del ente judicial se quejó en contra del artículo 29 del proyecto, debido a que -según él- atenta contra la separación de poderes. Además, criticó que no se tuvieran en cuenta los reparos que hizo al proyecto previamente.

«Este artículo dice que la oficina tendrá que aportarle a la oficina del Alto Comisionado para la Paz información sobre todas las indagaciones investigaciones y procesos penales en curso contra los integrantes de la estructura organizada de alto impacto. La Fiscalía no es subalterna de la Rama Ejecutiva», señaló el fiscal en entrevista con Caracol Radio.

Además, afirmó que este proyecto no recogió lo relativo al concierto para delinquir con los actores que se sometan y que es un proceso de paz simulado.

Dicha declaración contrapone el argumento principal del proyecto radicado y es que expresa que «no se otorgará estatus político a los grupos que decidan acogerse a la justicia».

El proyecto contempla penas en prisión de 6 a 8 años entre quienes se acojan, más cuatro años de libertad condicional con actividades relacionadas con la reparación a las víctimas. Los acogidos podrían conservar el 6 % de sus bienes ilícitos sin que superen los 10 mil salarios mínimos en monto.

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Petro abre otro proceso de paz

Escrito por Oscar Sevillano en Mar 13, 2023. Publicado en Colombia, Nación.

El Gobierno Nacional anunció la creación de una mesa de diálogos de paz con la agrupación Estado Mayor Central de las Farc (EMC-Farc), de la cual hacen parte de los frentes de la exguerrilla de las Farc que no firmaron el Acuerdo de Paz del 2016.

“Comienza un segundo proceso de paz. Se establecerá una mesa entre el Gobierno y el Estado Mayor Central”, escribió el jefe de Estado a través de su cuenta de Twitter y posteriormente dio detalles de la decisión en una declaración a medios de comunicación en el municipio de Rosas (Cauca).

“Se llama Estado Mayor Central y su origen son los frentes de las Farc, que no firmaron el Acuerdo de Paz con (el entonces Presidente Juan Manuel) Santos, quienes quedaron por fuera de ese acuerdo por diversas razones. Ahora se han integrado para finiquitar —yo diría— ese Acuerdo de Paz pasado y volverlo completo”, sostuvo el Mandatario.

A su vez, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en carta enviada al primer mandatario, anunció la suspensión de las órdenes de captura de 19 de los integrantes de este grupo guerrillero.

Las personas a las que ya no se les levantará la orden son Edgar de Jesús Orrego Arango, Farby Edisson Parra Parra, Robinson de Jesús González, Willinton Henao Gutíerrez, Carlos Eduardo García Tellez, Omar Pardo Galeano, Ciro Alfonso Romero, Iván Jacob Idribo Arredondo, Diverney Valencia, Deison Rodrigo Ortiz Camallo, Wilmar Pasu Rivera, Luis Carlos Pinilla, Anderson Andrei Vargas, Óscar Eduardo Sandoval Noscué, Luis Hernán Ochoa, Fabio Giraldo Giraldo, Jaime Muñoz Dorado, Leydy Tatiana Rojas y Eliécer Palomeque.

El gran sancocho nacional

Escrito por Laura Bonilla en Mar 13, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Si hay una expresión que resuma al gobierno de Gustavo Petro es la famosa frase del ex comandante del M19, Jaime Bateman: “Hay que preparar el gran sancocho nacional”. Pero un sancocho también requiere método y cuidado. El orden en el que se colocan los ingredientes, la calidad de estos, el fuego, la leña determinan si es un éxito o un fracaso. Con la paz total es igual. Ahí es donde tenemos que mejorar, especialmente cuando se está tratando de la apuesta más ambiciosa que ha tenido el país para tener una sociedad más pacífica e incluyente.

Creo que es normal que cuando se tienen más respuestas que preguntas se llegue a ejecutar una idea sin pararse a analizar las consecuencias. También es fuerte la tentación de ubicar siempre la responsabilidad en los enemigos. Pero esa curva de aprendizaje, tan natural en cualquier lugar, en Colombia tiene el correlato de la violencia más larga del mundo respirándole al cuello. Cualquier chispa prende el fuego, cualquier error lo estalla todo. Y tiene razón en eso el presidente, los saboteadores son muchos y la incertidumbre no ayuda.

La ecuación de la paz total es paradójicamente sencilla: desactivar todos los factores de violencia organizada, especialmente el narcotráfico, reconocer el carácter político de la última guerrilla del continente y además quitarles poder estructural a las mafias y a las violencias. Hasta aquí suena todo muy lógico, ¿pero que pasa si nos equivocamos en las premisas?

Varias cosas están pasando en diferentes territorios, que retan la cosas que consideramos verdades. Es una especie de explosión de expectativas en un contexto altamente violento. Y una cosa es lidiar con la frustración acumulada y justamente rabiosa del movimiento campesino que ha pasado décadas firmando acuerdos incumplidos, y otra es lidiar con la frustración de los pequeños y medianos mineros en medio del control territorial de un grupo armado. Sí, es necesario que aceptemos que los grupos armados controlan territorio y población y en eso hay mucho más que un ansia de apropiación de rentas ilegales. Esa premisa, la de no hay grupo puro, es totalmente cierta. ¿Entonces, qué está fallando? ¿Por qué no cesa la violencia?

La hipótesis que quiero aventurar en esta columna es que todos los actores del sancocho de la paz total tienen la percepción de que ganarán, porque perciben al actor más grande y fuerte – en este caso a las Fuerzas Armadas – como ausentes del juego. En eso, el ELN exige en la mesa de diálogo que el Estado limpie a Arauca de disidencias, algunos grupos cruzando la frontera incluso piensan que podrán negociar títulos mineros en el marco de la paz total, y los frentes del Chocó y Nariño están listos a disparar y a conservar territorio. Mientras tanto, el Clan del Golfo se asegura sus provisiones y su control en un momento de incertidumbre, haciendo lo que más saben hacer los grupos de violencia organizada en Colombia: utilizar población civil. Ante la incertidumbre, cada uno de ellos busca acumular el bien que les permitirá una mejor posición en la negociación: mayor control territorial.

En el sur del país, la agrupación conocida como el Estado Mayor Central de las FARC se postula a sí misma como una organización político militar, cuando hace meses en el Putumayo amenazaba los liderazgos sociales que intentaban construir una economía alternativa a la coca. Ahí, ellos se impusieron, considerando incluso enemigos a los antiguos proyectos de sustitución alternativa de la coca. Este caso, el del Putumayo hace que la premisa de que en esos territorios todos los campesinos quieran sembrar tranquilamente coca porque es lo que más les produce, de forma libre, y que el actor armado es un simple cobrador de rentas es falsa. La coca también fue impuesta de forma violenta, aunque rentable.

Y aquí viene mi otra hipótesis, tal vez mucho más polémica a los ojos de mis colegas violentólogos: el narcotráfico ha sido motor de la violencia, pero hoy la violencia en sí misma es una economía ilegal y tal vez la más rentable de todas. Eso quiere decir que hay más variables a considerar en un proceso de acercamiento y negociación con los actores armados, pero especialmente hay que responder a la pregunta: ¿cómo logro que la violencia deje de ser rentable? Sobre esto tratarán mis columnas posteriores.

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La Paz Total requiere transformar las causas e interacciones estructurales que alimentan el conflicto armado interno

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Mar 12, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

La transformación del Conflicto Armado Interno -CAI, que afecta e involucra a toda la sociedad, requiere identificar sus componentes temáticos y explorar rutas que permitan ampliar los abordajes bidireccionales de negociación y transformación, que se enfocan principalmente en reparar consecuencias o expresiones del conflicto, y hacer un mayor esfuerzo en relación con transformaciones de las causas e interacciones estructurales que lo motivan. Las mesas de diálogo bilaterales entre el Gobierno Nacional y los grupos armados, no pueden definir unilateralmente el rumbo de la sociedad y la institucionalidad, colocando en interinidad, tanto al poder del constituyente primario[1], como a las ramas del poder público. Lo que se requiere es que sea la sociedad a través de diversos escenarios de diálogo, la que construya acuerdos preferiblemente consensuados, que serán entregados en calidad de propuestas-mandatos-planes a las mesas de diálogo con las estructuras armadas.

El análisis del CAI da cuenta de una serie de causalidades que se pueden agrupar en componentes temáticos no excluyentes, y que se expresan de forma diferenciada en escenarios territoriales, alrededor de los cuáles se pueden establecer mesas de diálogo sociales y mesas de negociación con los grupos armados no estatales, para lograr acuerdos y construir planes territoriales y un Plan Nacional de Paz y Reconciliación.

Desarrollo Humano: a) Reforma rural, tenencia de la tierra y el territorio, productividad, monocultivos y soberanía alimentaria; b) Generación de ingresos, proyectos económicos, desarrollo empresarial, economía solidaria y popular, manufacturas, etc; c) Democracia participativa, protesta social y soberanía popular, reforma política y reforma electoral, lucha contra la corrupción, el clientelismo, el tráfico de influencias; d) Cultura, soberanía, autonomía y gobierno propio de los pueblos y comunidades étnicas; e) Garantías a la vida y a las organizaciones sociales, Derechos Humanos, derechos de la mujer, niñas, niños y adolescentes, derechos de la población LGBTIQ+, derechos de la población con discapacidad, seguridad humana, integración social y el buen vivir; f) Derechos laborales y pensionales, cobertura en salud, educación, agua potable, energía eléctrica, TIC, etc.

Paz con el planeta: a) Cuidado de la tierra y el agua, páramos, bosques, selvas y aire, calentamiento global; b) Cuidado y protección de la economía popular. Sustitución/aprovechamiento de cultivos de coca con fines ilícitos; b) Minería tradicional, proyectos mineros extractivos; c) Macroproyectos de alto impacto, vías, puertos, ferrocarriles, aeropuertos, represas.

Cultura de paz y noviolencia: a) Desarme ciudadano, prohibición de porte y tenencia de armas por parte de civiles, monopolio estatal de armas y municiones; b) Reparación integral e inclusión social y económica de víctimas del conflicto armado, verdad, justica y no repetición; c) Cultura de paz, convivencia ciudadana y reconciliación, justicia restaurativa y jueces de paz, guardias indígenas, cimarronas y campesinas; d) Pertinencia educativa, cátedra de paz en la escuela, valores ciudadanos e historia; e) Nueva doctrina para la policía y las FFAA, restructuración de la policía, futuro del ESMAD.

Desmovilización, dejación de armas y reincorporación; a) Justicia transicional, desmovilización, desarme y compromiso de norepetición; b) Garantías políticas y de seguridad a los firmantes de los acuerdos; c) Reincorporación económica y social, no estigmatización y comunidades de acogida; d) Narcotráfico, lavado de activos, tráfico de personas, explotación y turismo sexual, tráfico ilícito de armas y municiones.

Según la JEP[2] el Conflicto Armado se reactivó en Montes de María; Sur de Bolívar; Occidente antioqueño; Sur de Chocó y bajo Calima; Medio y bajo Atrato; Norte del Cauca y sur de Valle del Cauca; Pacífico nariñense y sur de Cauca; Catatumbo; Caguán, Yarí, Ariari y Bajo Putumayo; Sabana y piedemonte araucano; Nordeste antioqueño y Bajo Cauca; Urabá antioqueño y sur de Córdoba (alto y bajo Sinú), y según el monitoreo de REDEPAZ, también en el Oriente Antioqueño, lo que obliga a establecer procesos de diálogo social, adicionando a los escenarios, algunas ciudades que aparecen referenciadas por sus altos índices de violencia o por ser estratégicas para la logística del CAI, como Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Santa Marta, Quibdó, Arauca, Valledupar, Montería, Ocaña, Buenaventura, Tibú, Tumaco, Apartadó, Barrancabermeja, Caucasia, Aguachica y por supuesto Bogotá D.C., entre otras. De otro lado, y en correspondencia con delitos internacionales y narcotráfico será necesario instalar conferencias internacionales, teniendo en cuenta los TLC y demás tratados que el Estado colombiano ha firmado.

Para que la Paz Total sea posible, los acuerdos pactados deben ser reconocidos por todos y cada uno de los espacios de diálogo establecidos, en todos los temas y a todos los niveles, de tal manera que el proceso en su desarrollo y aplicación temprana, vaya construyendo la legitimidad y el respaldo de toda la sociedad.

Nota: Muy importantes los avances que se lograron en la Mesa de Negociaciones del Gobierno Nacional y el ELN en México. Habrá que hacer un gran esfuerzo colectivo para que lo allí expresado avance hacia un abordaje integral. No olviden que la sociedad civil ha solicitado que la Mesa se traslade a Colombia.

Luis Emil Sanabria D.

[1] Artículo 3º de la CPN. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.

[2] La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep, bajo el Acto Legislativo 01 de 2017.

Corte Constitucional admite demanda a la Paz Total

Escrito por Oscar Sevillano en Mar 11, 2023. Publicado en Colombia, Nación.

La demanda interpuesta en la Corte Constitucional por las senadoras María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia en contra de la “Ley de Paz Total” fue admitida y entrará a estudio y revisión.

De acuerdo con las demandantes, existe ‘Vicio insubsanable de procedimiento por falta de concepto del Consejo Superior de política criminal (CSPC)’, ya que según lo certificó la Secretaría General del Senado, el concepto no fue presentado en la radicación del Proyecto ni en ninguna de las fases del trámite legislativo.

Consideran además que existe ‘Vicio de inconstitucionalidad del artículo 5 por desconocimiento de los derechos de las víctimas a la igualdad y acceso a la justicia ‘, incurriendo en una omisión legislativa.

Gobierno y ELN finalizan ronda de conversación en México

Escrito por Iván Santisteban | Opinión en Mar 10, 2023. Publicado en Colombia, Nación.

Foto: Oficina Alto Comisionado Para La Paz

Al culminar la ronda de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional – ELN, las delegaciones anunciaron la nueva agenda pactada en la que se acordaron mecanismos de participación de la sociedad en la construcción de paz y se adelantaron unos primeros pasos para la declaración de un cese al fuego.

De acuerdo con la líder afro Dayana Domico, ““la manera como se aborda el cese al fuego es novedosa, en tanto es un proceso que se va dando a lo largo del desarrollo de los diálogos y no se incorpora como una precondición o como un elemento que se aborda al final del proceso”.

Nota relacionada: El eterno proceso del ELN

Silvana Guerrero, delegada del ELN, destacó la importancia que tiene para ellos la participación de la sociedad civil.

La nueva agenda consiste en cinco puntos:

La participación de la sociedad en la construcción de paz.

Democracia para la paz

Transformaciones para la paz

Víctimas

Fin del conflicto armado

Los puntos más polémicos de esta nueva agenda es el que tiene que ver con la revisión del modelo económico y el régimen político el país y la declaración del medio ambiente como víctima dentro del proceso de paz.

Gobierno atenderá las dudas del Consejo de Política Criminal sobre el proyecto de sometimiento a la justicia

Escrito por Confidencial Noticias en Mar 10, 2023. Publicado en Colombia, Nación.

Luego de que el Consejo de Política Criminal formulara sus dudas sobre el proyecto de ley de sometimiento a la justicia que el gobierno preparó para el desmantelamiento de las organizaciones criminales como por ejemplo que los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y garantías de no repetición no se hacen expresos o incluso se ven reducidos o limitados, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que el Gobierno dialogará y escuchará las inquietudes al respecto.

El ministro Osuna calificó como “una muy buena noticia” el concepto favorable que emitió el Consejo al estudiar la iniciativa y aseveró que gran parte de las observaciones planteadas por este organismo de consulta serán incluidas en el proyecto de ley que el Gobierno presentará al Congreso de la República, clave para la Paz Total.

“Quisiera decir que en el proyecto que radicaremos en el Congreso de la República recogemos casi que la totalidad de las observaciones que hicieron en el Consejo de Política Criminal. También vamos a recoger todas las que hizo la fiscalía general de la Nación y varias de las que hicieron algunas personas e instituciones. De esa manera, el proyecto queda mucho más nutrido y enriquecido”, explicó el titular de la cartera de Justicia.

Con relación a las observaciones planteadas por el Consejo, el ministro Osuna hizo referencia a “la ampliación de los términos de investigación para la fiscalía general de la Nación”.

Asimismo, el Consejo considera necesario que “la Fiscalía le asigne esos procesos a la unidad que el fiscal del momento determine que sea la conveniente y no a una específica como estaba en el proyecto inicial”.