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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Paz total

Gobierno reconoce a 19 miembros del Estado Mayor Central FARC-EP

El Gobierno Nacional a través de un decreto reconoció a 19 miembros de las autodenominadas Estado Mayor Central FARC-EP, para avanzar en el proceso de paz total.

La idea del Gobierno según lo explica en el documento, la idea es avanzar en el desarme y la desmovilización del grupo armado. En la nueva resolución no se incluye a Alfonso Velosa García, alias Jhon Mechas, principal líder del Frente 33, señalado de ordenar varios hechos violentos incluido el atentado al expresidente Iván Duque.

 

En la lista se menciona a Edgar De Jesús Orrego Arango conocido como Leo; Farby Edisson Parra Parra conocido como Richard; Robinson De Jesús González conocido como Caicedo y WILLINTON Henao Gutiérrez también conocido como Olmedo; Carlos Eduardo García Téllez conocido con el seudónimo Andrei; Omar Pardo Galeano también conocido como Antonio Medina; Ciro Alfonso Romero conocido como Willy Romero e Ivan Jacob Idribo Arredondo conocido como Marion. Por último, se pide la libertad de Diverney Valencia también conocido como Herson y Deison Rodrigo Ortiz Camallo también conocido como Esteban González.

El presidente reconoce en que el conflicto armado interno persiste y que para terminar con la violencia que este produce es necesario acabar también con las causas: “La búsqueda de la paz no se limita a la eliminación de la violencia directa, sino que se requieren formas avanzadas y ante todo civilizadas que permitan pactar una salida negociada al conflicto armado interno, que durante muchas décadas ha asolado cruelmente a la población”, señaló.

Roy Barreras pide al Gobierno no insistir en diálogos con narcos

El presidente del Congreso de la República, Roy Barreras, pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro, suspender cualquier tipo de acercamientos con grupos de narcotraficantes en el marco de la Paz Total y esperar a que el legislativo apruebe el proyecto de ley de sometimiento.

“Le pido al gobierno que suspenda toda conversación formal o no formal con narcotraficantes porque le hace daño al propósito de la paz total”, afirmó.

 

Para el congresista no es necesario desgastarse en este tipo de causas que, desde su punto de vista, “hacen daño al propósito de la paz total”.

Barreras recordó que hay en trámite un proyecto de sometimiento a la justicia y una vez el Congreso apruebe esa ley, los narcos podrán someterse a la justicia al igual que sus bandas y ellos podrían encaminarse hacia la sociedad y salvar a sus familias.

Recordó que Los narcos no pueden ir a la JEP y a la justicia transicional, “El hecho de que haya intermediarios de mala fe que hayan utilizado la paz total para lucrarse, le ha hecho un daño a esa política de paz total”, sostuvo.

Al referirse a los hechos que rodearon la protesta de campesinos en el Caquetá dijo: “No se puede permitir la humillación a la Fuerza Pública, porque es la humillación del Estado de Derecho”.

La paz será posible si se abren espacios ciudadanos de participación y decisión

El interrogante del cómo hacer la paz, recorre las reuniones de las organizaciones ciudadanas y diversos escenarios de encuentro social, incentivando la elaboración de propuestas tendientes a encontrar las rutas que logren la transformación pacífica y definitiva del conflicto armado, para abordar, con la necesaria participación ciudadana que debe enriquecer y legitimar lo acordado, las múltiples causas que lo retroalimentan.

Será muy importante que se instalen prontamente todas las mesas previstas de negociaciones entre el Gobierno Nacional y las diversas expresiones armadas de alto impacto nacional y territorial, diferenciando las negociaciones con las organizaciones guerrilleras, atendiendo a su reconocimiento como grupos armados de carácter político que incurren en delitos comunes y las negociaciones con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, que incurren en delitos políticos.

 

La sociedad está dispuesta a acompañar y participar, pero los grupos deben decidirse rápidamente a participar del proceso y lograr el respaldo de la gente.

Hay que reconocer que la política para construir la paz, transforma e incide sobre lo jurídico, y que la institucionalidad y la sociedad evolucionan con mayor comprensión y flexibilidad a la hora de encarar las iniciativas. Para encontrar salidas, seguramente será necesario ir más allá de la tradición jurídica que caracteriza el delito político. Se debe avanzar en desescalar la intensidad de la confrontación, pactar ceses al fuego y de hostilidades bilaterales y promover el cese al fuego multilateral. Las organizaciones de la recién instalada Mesa Nacional de Interlocución Social para la Paz-MENISP, han ratificado sus dispocisión de acompañar y de vincularse a los espacios de monitoreo y verificación del cese al fuego y de hostilidades que se pacten.

Para las organizaciones y esperamos que para el Gobierno Nacional y los Grupos Armados No Estatales, se debe avanzar en alcanzar preacuerdos que dejen establecidas algunas premisas, dentro de las cuáles se pueden asumir las siguientes: a) Dejar claridad que se negocia para alcanzar un acuerdo que propenda por la superación de las múltiples causas que retroalimentan el conflicto; b) y para avanzar en el desarrollo efectivo del Estado Social de Derecho, dando como resultado la dejación de armas y su monopolio por parte del Estado, las garantías de no repetición, lo que lleva implícito el abandono de toda acción violenta y delincuencial, la exclusión de las armas de la política y avanzar en garantías efectivas a la reincorporación social, económica y política de los excombatientes. Se debe insistir en que todas las mesas de diálogo se desarrollen en territorio colombiano. En ese sentido el Consejo Regional Indígena del Cauca-Nacional, ha ratificado el ofrecimiento para que los diálogos se adelanten en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas vinculados a esta organización.

Al tiempo que avanzan los diálogos con las organizaciones armadas, se deben instalar con el mismo compromiso y responsabilidad, espacios de diálogo y construcción de acuerdos entre sectores sociales que mantienen conflictos, que manifiestan diferentes formas de ver la política y la economía o que mantienen contradicciones territoriales y nacionales. Mesas de diálogo sobre los temas que alejan o acercan a la sociedad, en donde participen gremios económicos, empresas, organizaciones sociales, comunitarias, étnicas, juveniles, LGBTIQ+, víctimas, de discapacidad, de mujeres, sindicales, etc., teniendo en cuenta las múltiples causas que alimentan el conflicto armado y los territorios en donde estos temas impacten negativamente con mayor fuerza. Estas mesas deberán construir planes territoriales, como componentes de un gran plan (acuerdo) nacional de paz y reconciliación.

Ojalá los grupos armados se comprometan a profundidad, de tal forma que en estos espacios de diálogo social se posibilite su participación y por supuesto la del gobierno. Espacios que deben ser dinamizados por el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, bajo el marco del Plan Nacional y los Planes territoriales de Desarrollo, acompañados por garantes que observen especial interés en los temas o en los territorios. Las autoridades tradicionales étnicas deberán ser las responsables de promover e instalar mesas de diálogo y definir los enfoques temáticos en los territorios de su jurisdicción. Adicionalmente, se deben prever mecanismos de decisión o refrendación ciudadana en caso de que, por ninguna de las rutas o escenarios establecidos, se logren acuerdos sobre un tema específico. En ese sentido se pueden convocar Asambleas Ciudadanas, o consultas ciudadanas territoriales o nacionales según sea el caso. El Consejo Nacional y los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, pueden asumir la tarea de convocar, coordinar y dinamizar estos espacios de diálogo y concertación social.

La paz será posible si se abren con generosidad y compromiso, espacios ciudadanos de participación y decisión, y si estos espacios no excluyen a ningún sector social, por muy profundas que sean las diferencias. De eso se trata un proceso de paz, de reconciliar a una sociedad tan fracturada como la colombiana, afectada por más de 60 años de violencias de todo tipo.

Luis Emil Sanabria 

Sistema de la ONU en Colombia ratifica su apoyo a los PDET

Como resultado de un encuentro entre el director de la Agencia de Renovación del Territorio, ART, Raúl Delgado Guerrero, y los máximos representantes de las agencias que conforman la Organización de las Naciones Unidas, ONU, los líderes del organismo multilateral ratificaron su apoyo a la implementación de los Programas con Enfoque Territorial, PDET, y que hacen parte del punto 1 de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP.

Como principales conclusiones están las de fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias en los municipios más afectados por la guerra, y la articulación entre las agencias de la ONU, y la ART, para redoblar esfuerzos de manera urgente en la transformación de la región del Catatumbo.

 

El director de la ART aseguró frente a los delegados de la ONU, la Misión de la ONU en Colombia, ONU Derechos Humanos Colombia, ONU Mujeres, FAO Colombia, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas, entre otras, que: “El reto conjunto es recuperar la confianza de los territorios en su transformación. El Acuerdo de Paz con las FARC-EP tiene que fortalecerse. Va más allá del compromiso del Gobierno del cambio, debe ser un mandato para toda la sociedad”.

Como otros desafíos importantes, mencionó consolidar una cultura de paz que propicie espacios para la reconciliación, impulsar la reconversión productiva de los territorios con presencia de cultivos de coca, marihuana y/o amapola, articular un esfuerzo de largo aliento del Gobierno en todos sus niveles y avanzar en la política de la Paz Total.

Frente a esto, Maya Takagi, jefe interina de la oficina de FAO para Colombia, con quien en un encuentro adicional, afirmó que: “En esta reunión acordamos seguir apoyando a Colombia para lograr la Paz Total en los territorios a través del desarrollo territorial y el fortalecimiento de capacidades de las comunidades para emprender procesos productivos”.

La participación ciudadana clave para transformar el conflicto armado

La alta fragmentación del conflicto armado colombiano, sus múltiples expresiones que involucra actores armados políticos y actores criminales de alto impacto, su permanencia en el tiempo, las múltiples causas del mismo; las diversas y graves consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales que le retroalimentan; las heterogéneas dinámicas que se expresan y que afectan y fragmentan de forma específica y en diferentes categorías a los miembros de la sociedad, incidiendo negativamente en los países vecinos y el hemisferio; las dificultades, aciertos y fracasos de procesos de paz anteriores, nos invitan a buscar alternativas complejas tanto a nivel local, como regional, nacional e internacional, que involucren escenarios e iniciativas diversas que deben interactuar y coordinarse prolíficamente a fin de lograr los consensos y pactos que garanticen un presente y un horizonte de paz, con una nueva ética política que rompa de una vez por todas, con las prácticas que conducen a la eliminación moral, biológica (individual y colectiva), política y jurídica del contrario, es decir una nueva sociedad capaz de romper con la necropolítica (Mbembe, 2011).

La magnitud de la paz que necesitamos, reclama múltiples y armonizados abordajes, caminos y enfoques que se integren y recojan en un sistema amplio. La paz que involucra a la comunidad, a las familias, a los individuos y al ecosistema o territorios en donde se habita. La paz que se pacta en planes de vida prospectivos, asumidos como mandatos para quien se involucra en el proceso de diálogo y para la sociedad en general, que será beneficiaria de una nueva realidad en donde la reconciliación y las garantías de no repetición sean posibles. Esta paz integral conformado por varios componentes que se interpelan, retroalimentan, autorregulan e interactúan, convoca necesariamente el concurso del Estado y sus instituciones de gobierno como responsables y dinamizadores fundamentales, convoca a la más amplia participación de la sociedad civil, a las organizaciones sociales, sindicales y comunitarias, los gremios económicos y las empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales, todas las expresiones políticas y culturales, las organizaciones de mujeres, los movimientos juveniles, las organizaciones de población LGBTIQ+, y los pueblos étnicos que serán protagonistas en los territorios ancestrales.

 

La transformación del conflicto armado interno y la construcción de la paz integral, demanda escenarios múltiples que tendrán a su vez diferentes tiempos de acción, unos serán más lentos según la temporalidad de sus protagonistas, temáticas y complejidades y otros se desarrollarán con más celeridad en correspondencia con las exigencias y las necesidades de las comunidades y los protagonistas del proceso. La paz integral y la transformación del conflicto armado colombiano, deberán producir de forma sistémica cambios estructurales a las causas o condiciones objetivas económicas (legales e ilegales) y políticas que  le dieron origen y le alimentan, deberá abordar las causas subjetivas, culturales (incluida la memoria y las verdades) y sociales construidas en las mentes de los individuos y colectivos, así como sacar las armas de la vida política y social, lo que contempla campañas de desarme ciudadano, la dejación de armas, la desmovilización y reincorporación a la vida civil y política de los excombatientes y el logro definitivo del monopolio de las armas por parte del Estado.

Un abordaje sistémico para la transformación (Lederach, 1995) del conflicto armado y la paz integral, que tenga como horizonte regional y nacional la identificación y elaboración de planes, programas y proyectos para la paz, siempre tendrá una alta dosis de incertidumbre, un proceso siempre en permanente perfeccionamiento, siempre inacabado, conforme lo requiere el desarrollo de la sociedad; un proceso en constante evaluación, con temporalidades y metas que le van imprimiendo dinámicas propias y retos constantes.

Si no asumimos la complejidad de la construcción de paz integral o total, no se incidirá integralmente en todo el conflicto con sus múltiples expresiones, lo que seguramente nos llevará a futuros escenarios de violencias recicladas y de reestructuración de grupos armados cada día más ligados a la criminalidad, al narcotráfico y la corrupción. Es el momento de la paz. Los astros, los dioses, las energías o la naturaleza, están alineadas para que esta nueva oportunidad no se pierda, y para que nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, amigas y amigos, gocen plenamente de los derechos humanos y de este pedazo de tierra que por gracia nos correspondió, en armonía con la naturaleza.

Luis Emil Sanabria

Grupo disidente dice estar listo para la ‘Paz Total’

En un video divulgado en redes sociales, alias Darwin y alias Andrey, por el Tercer Canal, integrantes del frente 33 del Magdalena Medio de las disidencias, aseguran estar dispuestos a participar en la construcción de la paz total.

“Como bloque Magdalena Medio estamos en toda la intención de ayudar a construir en lo que esté a nuestro alcance para hacer posible esa paz completa”, indicó alias Andrey.

 

Ambos aseguraron estar listos para participar en un diálogo regional que permita establecer un cese bilateral fuego.

En las últimas horas el ministro de Defensa, Iván Velásquez aseguró que hay estructuras disidentes que parecen actuar cada una por su cuenta sin una unidad de mando, dejando claro además que l jefe de la cartera de Defensa, dijo que cualquier cese al fuego bilateral debe contar con unos  mecanismos de veeduría monitoreo y verificación y que espera que se hagan de forma muy rápida para evaluar si hubo o no una violación.

Los peros del Fiscal al proyecto de sometimiento a la justicia

El fiscal general de la Nación sostuvo una reunión con el presidente de la república, Gustavo Petro, en donde le expuso los nueve puntos que le preocupan del proyecto de ley de sometimiento a la justicia presentado a consideración del Congreso de la República en días anteriores.

  1. La Fiscalía en su integridad debe asumir la investigación y ejercer la acción penal sobre las personas que manifiesten su voluntad de sometimiento, y no debería limitarse este ejercicio a la Unidad Especial de Investigación (UEI), como está contemplado en el texto del proyecto.

    Esta dependencia fue creada al amparo del Acuerdo de Paz de La Habana, por lo que cualquier atribución adicional que se le imponga excede el mandato constitucional que sentó sus bases de funcionamiento.“La Fiscalía General de la Nación es la que aplicará el proyecto de sometimiento a la justicia, no una unidad especial dentro de la Fiscalía. Es la Fiscalía General de la Nación la que la aplicará en su integralidad, es decir, todas las unidades de la Fiscalía trabajaran en eso”, solicitó el Fiscal Barbosa Delgado.
  2. Mayores tiempos procesales, en el entendido de que el Gobierno Nacional propone términos cortos que imposibilitan un estudio profundo y una investigación detallada que permita acceder a la verdad. “No nos permiten hacer corroboración y contrastación probatoria. ¿Qué significa eso? Que una vez se den las actas individuales y colectivas de sujeción que se tienen que firmar ante el Alto Comisionado para la Paz nosotros tenemos que tener tiempos suficientes para contrastar esa información con lo que ellos dicen, pero también con lo que nosotros tenemos sobre ellos para saber si hay verdad o no hay verdad, si se aprueban o no se aprueban esas personas o si están diciendo mentiras o no”, explicó el Fiscal General de la Nación.
  3. No limitar las formulaciones de imputación. La Fiscalía debe tener la potestad de investigar otras conductas que no sean puestas en conocimiento por las personas que se sometan.“Las imputaciones no se pueden limitar solamente a las actas que firman allá. Las imputaciones así excluyen conductas que no estarían reconocidas en la imputación y que están en la Fiscalía. Por ejemplo, delitos que se hubiesen cometido, que nosotros sepamos, pero que ellos no digan en el acta, entonces implicaría que nosotros continuemos la investigación penal, así ellos hubiesen firmado un acta”, detalló el Fiscal General.
  4. Topes en extinción de dominio, es decir, que los bienes afectados con medidas cautelares, que estén vinculados a procesos ante los jueces o a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) no pueden hacer parte de las negociaciones de las organizaciones criminales. De esta manera, debe garantizarse que presenten bienes que no estén afectados.“Los topes de extinción de dominio ajustarlos al Código de Extinción de Dominio, artículo 133. Señalar que bienes que ya tiene la justicia no hacen parte de lo que ellos van a entregar porque ya los tenemos. Es decir, 26 billones de pesos ya no entran dentro de eso porque eso hace parte de lo que la justicia colombiana ha hecho en los últimos tres años en esta Fiscalía”, dijo el Fiscal Barbosa Delgado.
  5. La Fiscalía no debe aprobar listados ni verificar el cumplimiento de obligaciones, pues no es la función constitucional que le fue asignada. A la Fiscalía le corresponde investigar.“No hace parte de nuestra función constitucional, para poderlo decir, tendría que modificar la Constitución Política porque nuestra función constitucional artículo 250, es la de ser la titular del ejercicio de la acción penal y se desvía de nuestra función”, aseguró el Fiscal General de la Nación.
  6. La aplicación total del principio de oportunidad, entendida como inmunidad penal, se debe otorgar luego de que el aspirante a este mecanismo cumpla todos sus compromisos de verdad y colaboración efectiva.“(…) no se regala la zanahoria hasta tanto no se cumpla el compromiso de restauración porque si uno da la zanahoria, pues se la comen antes. Entonces hay que dar la zanahoria, pero parcialmente. Cuando cumplan se las damos totalmente. Es decir, principio de oportunidad suspensivo”, enfatizó el Fiscal Francisco Barbosa Delgado.
  7. Las víctimas deben ser protegidas. En el proyecto no existe una ruta de atención, reconocimiento o reparación a las víctimas.“Las víctimas no pueden quedar desprotegidas. ¿Qué quiere decir? Que el proyecto de ley no tiene esquema de reparación de las víctimas ni el rol de las víctimas en el proceso”, señaló el Fiscal General.
  8. Respeto por el principio de cosa juzgada para no dar espacio a que se modifiquen o alteren sentencias que están en firme.“Van a darse sentencias colectivas, pero dice el proyecto que si aparecen nuevos hechos atribuibles a personas que están en la sentencia, se abre la sentencia y se incluye el hecho atribuible. Es raro y nunca lo había visto desde mi función como abogado. Sentencia que se produce, sentencia que se cierra, que queda ejecutoriada. Por ende, sentencia que se firmó por parte de un juez, no puede desconocérsele su intangibilidad. Por eso, ese artículo, es un artículo que tiene que modificarse”, indicó el Fiscal General de la Nación.
  9. No aplicación del principio de oportunidad al delito de concierto para delinquir por delitos graves, entiéndase infracciones a los derechos humanos y a la dignidad de las víctimas.“No es posible aplicar principio de oportunidad, a nuestro juicio, frente al concierto para delinquir por delitos graves, porque hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que el Estado no puede inhibirse frente a investigaciones de derechos humanos, y en estos casos esos conciertos para delinquir podrían estar implicando esas circunstancias”, agregó.

    El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, fue enfático en resaltar que estos nueve puntos hacen parte del aporte decidido de la entidad para alcanzar la ‘paz total’.

La paz en Colombia, caminos, escenarios, iniciativas

A principios de la década de los 80 del siglo XX, se entablaron diálogos bilaterales entre el gobierno nacional en cabeza del entonces presidente Belisario Betancur (QEPD) con las guerrillas de las FARC, el EPL, el M-19 y el grupo Autodefensa Obrera-ADO, que por diversas consideraciones lamentablemente no llegaron a feliz término. Posteriormente, ya a finales de esa misma década, durante el gobierno del entonces presidente Virgilio Barco V (QEPD), se adelantaron diálogos multilaterales y simultáneos con todos los grupos insurgentes de la época; el gobierno abrió varios procesos de diálogo que condujeron a principios de los 90 a la dejación de armas del Movimiento 19 de abril-M-19. Estos diálogos continuaron en el gobierno de Cesar Gaviria, y condujeron a la dejación de armas de la mayoría de E.P.L., del P.R.T., el Quintín Lame, las Milicias Urbanas de Medellín. En todas esas negociaciones primaron los acuerdos alrededor de las garantías para convertirse en grupos políticos legales; la apertura democrática en donde la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente fue fundamental y por supuesto la reincorporación de excombatientes que, aunque débil, acompañó de forma empírica e improvisada la nueva vida de cientos de excombatientes. Posteriormente en 1993, se concretó la firma de un acuerdo de paz con la Corriente de Renovación Socialista – CRS, una escisión del ELN. Procesos que a pesar de las estrategias de extermino contra excombatientes firmantes de los acuerdos, se señalan como exitosos.

La construcción de la paz integral o la paz total, ha ocupado constantemente la agenda social y política de la sociedad civil colombiana, que se ha manifestado con fuerza en las últimas tres décadas. Procesos de coordinación, de convocatoria amplia, de estructuración de organizaciones territoriales, sectoriales y temáticas, han concitado en mayor o menor medida la voluntad de múltiples expresiones de la sociedad. Redes, plataformas, procesos asamblearios, iniciativas de resistencia ciudadana, procesos de participación y territorialidad para la paz, mesas de coordinación, redes y organizaciones de mujeres, convergencias en defensa de la paz, campañas, eventos, movilizaciones, etc., han marcado el dinamismo y el compromiso social por la paz en Colombia.

 

En las últimas dos décadas se avanzó en el proceso de paz parcial, primero con las llamadas AUC y luego en la firma del acuerdo paz con la mayoría de las FARC-EP. En todos los procesos se instaló un modelo bilateral de negociación, donde participaron élites políticas y militares de ambos bandos enfrentados (Gobierno del Estado colombiano-Grupo armado), con agendas pactadas desde las mesas exploratorias, con algunos escenarios de participación de la sociedad poco decisorios y menos aún vinculantes, proceso de negociación que evidentemente en al menos alguno de los momentos conducentes a un acuerdo, remplazaron la institucionalidad estatal, definiendo de forma vertical e impositiva, a partir de la concertación bilateral de acuerdos en relación con la agenda temática, el futuro de la sociedad colombiana, su forma de gobierno, su estructura política y la aplicación de justicia. Este modelo, que en el caso del proceso con las Farc-Ep y debido a su reconocimiento como grupo armado de carácter político, abordó algunas de las múltiples causas objetivas y subjetivas de la génesis del conflicto armado, no logró desatar un abordaje complejo y sistémico profundo que posibilitara y concitara la participación ciudadana amplia, no conquistó la legitimidad que produce el reconocimiento y la amplia refrendación social mayoritaria, como se evidenció en los resultados del plebiscito realizado el 2 de octubre de 2016 , donde más allá del resultado tan reñido a favor del No (50,21%), evidenció posiblemente un amplio desconocimiento y desacuerdo ciudadano con lo pactado, haciendo imposible que este acuerdo se convirtiera en un pacto definitivo que le pusiera fin a la violencia armada, al menos con esa expresión guerrillera, lo cual, unido a los posteriores incumplimientos del Estado y las decisiones de retornar a la lucha armada de algunos de sus líderes, reprodujo el conflicto armado aunque con evidente menor intensidad y victimización.

La decisión mayoritaria del pueblo colombiano, expresada en las elecciones presidenciales del 29 de mayo de 2022, de respaldar con un 50,47% de favorabilidad las propuestas de gobierno del hoy Presidente Gustavo Petro y la Vicepresidenta Francia Márquez, dentro de las cuales se propuso ponerle fin por medios pacíficos y negociados a la violencia política armada, a las violencias ligadas a las delincuencias, superar las violencias de Estado, las violencias cotidianas entre la sociedad, y las violencias contra el medio ambiente y la vida de otros seres sobre el planeta, ligada a las transformaciones que requiere nuestro país, en relación con la política capitalista neoliberal, la corrupción, el narcotráfico y la pobreza, aunque demostraron nuevamente lo poco atractivas que resultan ser para un porcentaje importante de compatriotas las elecciones, pues la abstención llegó al 46,07%,  requieren, hoy más que nunca -y tal vez también por ese motivo-, del fortalecimiento de espacios y mecanismos de diálogo ciudadano, con capacidad para asumir los retos de consensuar, negociar y acordar planes de vida y reconciliación territoriales que conformen un gran pacto nacional, atados a la incidencia y decisión en los diferentes espacios o mesas de diálogos que se abren camino, para solucionar las múltiples conflictividades violentas que nos afectan.

Se inician vías de diálogos buscando de forma simultánea la superación del conflicto político armado y el acogimiento a la justicia, se anuncian espacios de diálogo para la superación de conflictos sociales y políticos represados durante decenas de años, se adelantó con dificultades en relación con la real participación popular, la construcción vinculante del Plan Nacional de Desarrollo, se abren caminos de diálogo y concertación para estructurar una nueva política en materia laboral, tributaria, de salud, rural, y seguridad, etc. Todo esto requiere de la instalación de diversos escenarios de diálogo que conciten una amplia representación y participación de la sociedad en todas sus expresiones y en todos los territorios, en especial en aquellos territorios afectados con mayor intensidad por los subconflictos armados. Escenarios que deben mantenerse intercomunicados para que la complejidad de las causas y las soluciones que se construyan, dialoguen y se comuniquen permanentemente cimentando soluciones holísticas y legítimas, lo que hace necesario el diseño más o menos estructurado, de una ruta expedita, con metodologías y temáticas complejas, sistémicas, pertinentes e incidentes, que den respuestas al reto de avanzar hacia la Paz Integral y el cierre el ciclo de violencias armadas, pactando la Paz Total, definitiva, estable y duradera.

Luis Emil Sanabria Durán

Paz Total, seguridad y metas

Por: Hugo Acero Velásquez. 

En un país cuyo nombre no será mencionado,

 

se produce algo nunca visto: la muerte decide suspender su trabajo letal…

“Las intermitencias de la muerte” José Saramago.

El Encuentro Internacional de Conflicto y Crimen Organizado que la Fundación Ideas para Paz (FIP), la Fundación Konrad Adenauer (KAS) y la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional (GITOC), el pasado 31 de enero y 1 de febrero de 2023, sirvió de escenario para escuchar al Presidente del Congreso Roy Barreras, al senador Ariel Ávila, al Fiscal General Francisco Barbosa y a distintos expertos nacionales e internacionales sobre uno de los temas centrales del Gobierno del presidente Gustavo Petro, como es el de la Paz Total.

Uno de los objetivos centrales de la Paz Total, a través de los diálogos de paz con el ELN y algunos grupos de las disidencias de las FARC, así como el sometimiento o “acogimiento” con distintas grupos criminales organizados, se orienta fundamentalmente a reducir las variadas manifestaciones de la violencia que se presentan en áreas urbanas y rurales del país, protagonizadas por estas organizaciones criminales, que afectan de manera grave la seguridad y bienestar de los ciudadanos, los derechos humanos, en particular el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad de tránsito y el disfrute del patrimonio.

En concreto, se busca reducir el asesinato de líderes comunitarios y de DD HH, las masacres, los desplazamientos, los confinamientos, las amenazas, en general reducir los homicidios en el país y avanzar en el control Estatal de algunos territorios que gobiernan las distintas organizaciones criminales; una estrategia de reducción de la violencia y de la delincuencia focalizada, que hasta el día de hoy tiene un ejemplo para mostrar con el cese de enfrentamiento entre dos bandas en Buenaventura, los “Shotas” y los “Espartanos” con la reducción de los homicidios que venían creciendo en los últimos años en esa ciudad, se pasó de 113 casos en 2019 a 194 en 2021 y el año pasado bajó a 111 homicidios registrados.

Hay que anotar que hoy cerca del 70% de los homicidios dolosos corresponden al accionar de estructuras criminales, a través del sicariato y del asesinato de ciudadanos en medio de un hurto y otros actos delincuenciales. Con estas cifras resulta relevante los esfuerzos de la Paz Total, que deben ir acompañada de una contundente política de seguridad ciudadana que enfrente, en el marco del Estado de Derecho, a las organizaciones delincuenciales que persisten en su accionar criminal.

El derecho a la vida garantiza el disfrute de los demás derechos.

 El proyecto del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de vida 2023, 2026” que presentó el Gobierno de Gustavo Petro al Congreso contiene dos metas que apuntan a reducir las muertes violentas en el país, los homicidios y las muertes en siniestros viales, una muy conservadora y la otra muy ambiciosa.

En el caso de los homicidios, en Colombia en 2022 se cometieron, según cifras del Ministerio de Defensa, 13.896 homicidios; en promedio se registraron 38 asesinatos diarios, que representó una tasa de 26,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Frente a esta tasa de violencia homicida el Gobierno actual propone en cuatro años reducirla a 24,4[1], es decir una reducción anual de 180 homicidios, como se puede ver en el siguiente cuadro:

adjuntos1 by Confidencial Colombia on Scribd

Una meta poco ambiciosa si se tiene en cuenta que el objetivo central de la Paz Total es reducir las distintas manifestaciones de violencia, que generan las organizaciones armadas y delincuenciales que operan en el país, en particular reducir los asesinatos de líderes, ciudadanos en general y de personas vinculadas a actividades delincuenciales.

Frente a la cifra de 38 homicidios diarios en promedio que se cometieron el año pasado, se podría poner una meta de reducir un homicidio diario en todo el país, lo que daría una reducción de 365 homicidios anuales y al final del periodo (2026) se tendría una tasa de 23 homicidios por cada 100.000 habitantes, y si fueran dos homicidios diarios, es decir que en el país no mataran en promedio 38 personas diarias, sino 36, al final del periodo, en 2026, se tendría una tasa de 20,4, como se puede ver en el siguiente cuadro:

adjuntos2 by Confidencial Colombia on Scribd

La apuesta y logro de una meta ambiciosa y posible por parte del Gobierno en este campo sería el resultado más importante de la Paz Total. Una meta de país donde el Presidente, con base en la Constitución y las leyes, puede comprometer a los gobernadores, alcaldes e instituciones de seguridad y justicia en su logro. Hay que anotar que la meta que se imponga el gobierno no es solo para que la asuma y la cumpla la Policía, debe ser una meta de todas las instituciones de seguridad y justicia, incluidos los alcaldes y gobernadores.

En lo que hace a la meta de reducción de fallecidos en siniestros viales, en el documento del Plan Nacional de Desarrollo, primero, hay que ajustar la línea base al año 2022, donde se produjeron 8301 fallecidos, y segundo, si se mantiene la meta de bajar esta cifra a 5.723 en 2026, como lo expone el Plan, se pasará de una tasa de 15,6 fallecidos en siniestros viales por cada 100.000 habitantes en 2022 a 10,6 en 2026, es decir que hay que reducir en 645 casos anuales durante los próximos cuatro años, como se puede ver en siguiente cuadro:

adjuntos 3 by Confidencial Colombia on Scribd

Una meta muy ambiciosa si se tiene en cuenta que desde 2018 los fallecidos en siniestralidad vial no han dejado de crecer, salvo el año 2020 que por los aislamientos por el COVID se redujeron los riesgos de siniestralidad; se pasó de 6.754 fallecidos en siniestros viales en 2017 a 8301 en 2022, como se puede ver en la siguiente gráfica:

adjuntos4 by Confidencial Colombia on Scribd

[1] En el documento del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida 2022, 2026” maneja dos cifras distintas de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, Una con las cifras de la Policía Nacional SIEDCO (13.442. ver Indicadores de primer nivel pág. 54) y la otra con las cifras que maneja el Ministerio de Defensa (13.896. Pág. 57), que incluye los “abatidos” en uso legítimo de la fuerza.

 

El eterno proceso del ELN

Hoy se abre un nuevo ciclo de diálogo con el ELN donde se retomarán en México lo iniciado en Caracas y gran parte del Acuerdo de diálogos para la Paz, firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2016. El ELN lleva seis intentos de diálogos y la agenda tiene justamente seis puntos. Este nuevo intento, que ya cuenta con prácticamente todos sus protocolos aprobados, es lo más lejos que el país ha llegado en un intento de paz con esta guerrilla. Pero así mismo puede ser muy frágil.  Muchas personas que votaron a Gustavo Petro para hacer realidad la paz con el ELN y detener la cruenta oleada de violencia que vive el país se sienten confundidas con las últimas declaraciones de esta guerrilla donde se ubican en oposición a la política de paz total y a la posibilidad de diálogo con otros actores armados. Acusan al gobierno Petro de ponerlos “en la misma bolsa”.

Esto no es nuevo. Cada vez que el país ha abierto frentes de diálogo y negociación simultánea con distintos actores, al menos uno de ellos se declara en oposición. El propio ELN vivió la férrea y violentísima oposición de los paramilitares al eventual despeje de una zona del sur de Bolívar entre 1998 y el 2002, mientras que en el cuatrienio 2014-2018 manifestó sentirse relegado ante la prioridad de firmar la paz con las FARC. Sucedió también en la negociación de finales de la década de los ochenta e inicio de los noventa cuando se intentó conversar con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, cuando finalmente señalaron de traidores a todos los firmantes de paz de ese entonces.

 

Los cuellos de botellas y las líneas rojas durante todos estos años también han sido similares: por una parte, el ELN siempre demandó un cese bilateral de hostilidades con el Estado y una amplia participación en su proceso de paz, aunque jamás se ha llegado a especificar el cómo. Tampoco se ha logrado pactar un cese de las violencias contra población civil, especialmente en Arauca. Pero hay algo nuevo y es que este gobierno no tiene ningún problema en decretar un cese de hostilidades, lo cual pone a la guerrilla en una situación complicada, dado que sus principales acciones violentas no son contra el Estado, sino para mantener el control territorial único y férreo, cueste lo que cueste.

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El ELN, una guerrilla profundamente apegada al detalle muestra ese carácter nuevamente en la mesa de negociaciones. El escalamiento de sus acciones violentas en el departamento de Arauca le están comenzando a pasar factura hasta en los amigos y garantes del proceso de paz. Recientemente, según conocimos en la Fundación PARES, varios líderes sociales fueron declarados objetivo militar por su intención de participar en el proceso de Paz Total. El departamento no soporta más una violencia tan cruenta y extendida.

Es fundamental evitar que este escenario se agudice. Es muy probable que en este ciclo las discusiones sobre los detalles de protocolos y agendas, así como las peticiones para no otorgar estatus político a las disidencias se tomen una porción muy importante del tiempo de ambas delegaciones. Pese a que el cambio de gobierno ha sido muy bien recibido y el ambiente en la mesa tiende a ser positivo, la negociación sigue estando afincada en una profunda desconfianza al Estado. Cualquier error por parte del gobierno puede ser dramáticamente cobrado por la guerrilla, e incluso puede ser utilizado para romper la mesa acusando al Estado de incumplir.

Si bien es completamente cierto que el cumplimiento del Estado Colombiano ante todos los acuerdos de paz que ha firmado – también es verdad que esta puede ser la última oportunidad del país para tener una paz negociada con el ELN. La Paz Total nos ha obligado a reconocer las raíces tan profundas que tienen las organizaciones criminales y los grupos armados no estatales en el gobierno del día a día de regiones enteras, y por primera vez plantearnos como sociedad hacer algo al respecto. Y es aún más cierto que un cese bilateral de hostilidades no representa la realidad de la violencia hoy, y que el gobierno tiene total disposición de firmarlo.

Hoy, la pelota está en la cancha del ELN. Esperemos que esté a la altura de esa responsabilidad y salga de la idea de un ciclo sin fin de negociación.

Gobierno y ELN retoman este lunes las negociaciones de paz en México

El Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) comenzarán este lunes un nuevo ciclo de las negociaciones de paz con sede en México.

Los diez miembros de delegación del ELN ha llegado ya a territorio mexicano, concretamente a Ciudad de México, encabezados por Pablo Beltrán, jefe de la delegación guerrillera, quien ha apuntado que esperan avances significativos en este período de conversaciones.

 

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El senador e integrante de la delegación de paz, Iván Cepeda, confirmaba por su parte que el Gobierno de México tiene todo dispuesto para iniciar el nuevo ciclo. «México garantiza seguridad y condiciones para el diálogo entre Colombia y el ELN», ha apuntado Cepeda en redes sociales.

Está previsto que este segundo ciclo de contactos dure un mes en el que se abordarán cuestiones como el alto el fuego aún pendiente, la forma en la que la sociedad civil participará en la construcción de paz y se analizará el primer informe de la Caravana Humanitaria que les dará una hoja de ruta para la aplicación efectiva de los alivios humanitarios para que las comunidades afectadas por el conflicto armado se vean beneficiadas con el proceso de paz.

Esta nueva fase está marcada por las diferencias tras el anuncio del presidente colombiano, Gustavo Petro, de un acuerdo bilateral un alto el fuego que fue desmentido por la guerrilla. En enero, ambas partes anunciaron un acuerdo para retomar los contactos con la intención de concretar este cese de las hostilidades.

¿En qué condiciones llega el ELN a la mesa de conversaciones en México?

Arranca el nuevo ciclo de negociaciones de paz entre el Gobierno nacional y la delegación del Ejército Nacional de Liberación (ELN), etapa que podría definir el rumbo del proceso porque en ella se discutirán temas de gran interés para el país como la posibilidad de concretar un cese al fuego bilateral, asunto que no será fácil de definir por la manera en cómo opera el grupo armado ilegal.

Luis Emil Sanabria, directivo de Redepaz y columnista de Confidencial Colombia, considera que“el ELN no pactara un fuego bilateral, si antes no lo consulta con sus bases”, lo anterior de acuerdo con el analista, porque esta guerrilla es una organización que trata de no ser tan jerárquica en términos militares, lo qué quiere decir que muchas de sus decisiones las consultan con su gente en los territorios donde tienen presencia. En este sentido, mientras el ELN dialogue mantendrá sus acciones bélicas.

 

De acuerdo con Alejandro Restrepo, coordinador del Área de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación, estas acciones bélicas se han dado en mayor proporción con otros actores ilegales como las disidencias de las Farc y el Clan de Golfo, en comparación con las que se han presentado con las Fuerzas Militares y la Policía.

El reciente informe sobre el estado del conflicto armado en Colombia presentado por la Fundación Paz y Reconciliación, señala que esta guerrilla libra una batalla por el control territorial en departamentos como Arauca, por ejemplo, donde el Frente Domingo Laín, perteneciente al Frente de Guerra Oriental del ELN, ha protagonizado una disputa contra la disidencia de Gentil Duarte.

Dice el estudio que en lo que tiene que ver con el Norte de Santander, “el ELN ha concentrado   su   presencia en el Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta con el Frente Urbano Carlos Germán Velazco Villamizar, el Frente Juan Fernando Porras, el Frente de Guerra Nororiental y el Frente de Guerra Oriental”. Menciona, además, “que en el Catatumbo el ELN ha dispuesto una campaña ofensiva que se intensificó en el 2018, tras la salida de las extintas FARC- EP, y con la que ha logrado replegar al Ejército Popular de Liberación (EPL), más conocido como “Los Pelusos”.

Otro enemigo con el que disputa algunas zonas de la ciudad de Cúcuta, por las rentas ilegales que hacen presencia en la frontera con Venezuela, es el Tren de Aragua. Lo anterior, sin dejar de mencionar al Clan del Golfo, grupo armado que también opera en esta región.

“Esta última disputa se enmarca dentro del control al que busca hacerse el ELN, principalmente, de los pasos informales (trochas) del corregimiento La Parada en Villa del Rosario”, afirma el estudio.

El Chocó es otro departamento en donde el ELN mantiene fuertes disputas con los demás grupos armados ilegales, “aquí se han presentado diferentes acciones con el Clan del Golfo, “desencadenado una serie de vulneraciones contra la población civil como confinamientos y vinculación de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas y consejos comunitarios”, asegura Paz y Reconciliación.

El seguimiento que la ONG realiza al conflicto armado ha logrado establecer que esta guerrilla a pesar de mantener presencia en  municipios del Sur de Bolívar, Sur del Cesar y Sur del Cauca y Nariño, no ha salido bien librado, de hecho, “ha sufrido debilitamiento”.

“En el occidente del país parece que este grupo armado está perdiendo fuerza respecto a otros grupos como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, mientras que, en el oriente, se ve como un grupo más consolidado a las dinámicas del conflicto que se desarrollan en la zona de frontera con Venezuela.

Restrepo concluye diciendo que, aunque el ELN se mantiene fuerte en territorios donde históricamente ha hecho presencia y donde es común verlos patrullar como Arauca, Norte de Santander y Chocó, también es cierto que se ha debilitado en otros como Nariño, por ejemplo, más, sin embargo, esto no va a evitar que se quiera mostrar en medio de los diálogos. “con la sartén por el mango”.

¿De qué vive el ELN?

Laura Bonilla, politóloga y gerente para América Latina de la Fundación Paz y Reconciliación afirma, que el ELN no capta recursos de una renta ilegal única como el narcotráfico sino que dependiendo el lugar en donde haga presencia, capta recursos cobrando extorsiones y vacunas a las economías de la región como la extracción de madera, la ganadería, agricultura y la minería.

Esta variedad en la manera como consigue recursos mediante prácticas ilegales, de acuerdo a la explicación de Bonilla, se presenta por la descentralización de sus mandos, quienes deciden de manera unilateral de donde o cómo conseguir el dinero.

Es así como también se dedican a la Trata de mujeres según lo explica Alejandro Restrepo: “a las mujeres indocumentadas las explotaban sexualmente en prostíbulos que iban desde el área metropolitana de Norte de Santander hasta el Catatumbo. ELN tenía el control de los lugares donde explotaba y esclavizaban a las mujeres sexualmente, nosotros denunciamos que había una red de trata de mujeres, también sucede lo mismo en la Guajira”.

La Fundación Paz y Reconciliación establece en su informe, que  el ELN ha logrado desplegar 8 frentes de guerra (entre ellos el Frente de Guerra Urbano Nacional) de los cuales hacen parte 32 frentes guerrilleros, 20 compañías y 2 comisiones integradas por 2541 hombres en armas y 2253 integrantes de las redes de apoyo al terrorismo.

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Gestoría de paz, una dignidad que requiere Colombia

En los últimos meses y especialmente desde que el Presidente Gustavo Petro comenzó a hablar de la Paz Total, mucho se ha discutido y especulado sobre la figura social y jurídica conocida como Gestor de Paz, y no es para menos, si tenemos en cuenta que esta figura ha servido para que personas como el reconocido delincuente Luis Alfonso López, alias “Tiburón” recobrara la libertad aduciendo que se convertiría en Gestor de Paz, beneficio adicional al que le diera el mismo Juez que lo envió a pagar una pena de varios años de prisión en una Mansión de uno de los barrios más lujosos de Barranquilla, por el asesinato de un reconocido periodista en Magangué. Cosas de la justicia, dicen las víctimas del sur de Bolívar y la Mojana, que señalan a este señor y su reconocida madre alias la Gata, como autores intelectuales y materiales de múltiples delitos.

Pues bien, ser reconocido en Colombia como gestor, constructor, tejedor de paz, más que una necesidad es en si mismo una dignidad, un reconocimiento que se gana con el compromiso y la labor constante no violenta, a favor de la paz y la convivencia. Ser Gestor de Paz, en el marco de la solución pacífica del conflicto armado en sus múltiples manifestaciones, incluye una serie de responsabilidades que requieren la realización de actividades y que por supuesto, deben reportar unos resultados claros en relación con el proceso de conversaciones o diálogos como se contempla en el artículo 8º de la Ley 2272 de 2022 que actualiza y modifica la conocida Ley 418 de 1997.

 

Pero más allá de la figura que se contempla en dicha Ley, donde se define también la calidad de Representante o Vocero de Grupo Armado y se les asignan unas características. Las llamadas gestorías de paz para el caso específico de la búsqueda de la paz por vía de negociación o sometimiento, han cumplido un importante papel en los acercamientos, diálogos exploratorios, y construcción de la agenda, así como en la búsqueda y generación de ambientes favorables al proceso. Basta recordar al comandante del ELN, Tulio Gilberto Astudillo Victoria, conocido como ‘Juan Carlos Cuéllar’, con más de 30 años haciendo parte del ELN, y miembro de la Dirección Nacional de esa organización insurgente, quien en varias ocasiones y por distintos gobiernos, incluido el actual, ha sido reconocido y designado como gestor de paz. Juan Carlos Cuellar, inclusive en momentos en que ha estado en detención intramural, como en la cárcel de Jamundí o la de Bellavista, promovió no solo los últimos acercamientos con el ELN, organización que lo reconoce y le delega este tipo de funciones, sino que también fue un puente importante en los acercamientos iniciales con las FARC-Ep, que llevaron a establecer una mesa de negociaciones y la firma del acuerdo de paz de 2016.

Adicional a estas gestorías, que se involucran directamente en la búsqueda de las transformaciones del conflicto armado y que son fundamentales en la generación de confianzas, también existen otro tipo de gestores de paz, menos reconocidos o con responsabilidades autoasignadas, como el inmenso voluntariado que conforma a las redes y organizaciones que día a día trabajan por la paz y la reconciliación. Son un inmenso mar de corazones y manos que sin el mayor reconocimiento económico o político, tejen acuerdos locales, se inmiscuyen en positivo en los conflictos intrafamiliares, en las peleas entre vecinos, en la defensa de las normas cotidianas que hacen posible la convivencia en los barrios o en los conjuntos residenciales, o que también son contratados, por algunos meses, sin estabilidad laboral en algunas alcaldías que han entendido que la prevención y la construcción de convivencia es muy importante para lograr la estabilidad social de la comunidad.

En el caso de Bogotá, estos gestores de paz, muchas veces sin más herramientas que un chaleco rojo, han logrado intervenir en conflictos y prevenir que estos se desarrollen de forma violenta, no sin antes ser señalados por algunos medios de comunicación y/o algunos periodistas, los cuales deberían recibir cursos de comunicaciones para una buena gestión de paz, como cómplices de los “grupos de desadaptados”, o promotores de la violencia o de la impunidad.

Ser Gestor/a de Paz es una dignidad que se gana con compromiso y trabajo cotidiano, que se puede ejercer en muchos escenarios sociales o políticos. Se necesitan gestores para fortalecer los comités de convivencia de las Juntas de Acción Comunal o los Consejos de Administración de propiedad horizontal, o jueces de paz y equidad como programa reconocido en la cadena de aplicación de justicia restaurativa, en la cual se busca apoyar, por ejemplo, la justicia restaurativa ancestral indígena.

La paz total exige fortalecer las organizaciones y colectivos locales y nacionales que trabajan por la paz, y hacer de estos un gran equipo de gestores/as para desarrollar pedagogías que aporten en la construcción de una cultura de paz, de goce pleno de los Derechos Humanos y de promoción del Derecho Internacional Humanitario. Nos urge un equipo de gestores y gestoras para desarrollar trabajo y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado y sus organizaciones,  para promover los derechos de la mujeres y avanzar en su empoderamiento e inclusión en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales, para promover la movilización social desde la no violencia, para proteger y defender la naturaleza, la biodiversidad, los ríos, humedales, ciénagas, lagunas, la riqueza ambiental y forestal, para fortalecer el voluntariado humanitario y preventivo ante los desastres que causa el cambio climático, para fortalecer la participación ciudadana, la democracia, la autonomía y el gobierno propio de pueblos étnicos, y en general para construir constantemente la paz integral.

Por esta y otras razones, ser gestor o gestora de paz no puede ser una práctica que lleve a la impunidad, sino el reconocimiento a un compromiso, un actuar, una voluntad refrendada en el tiempo y el actuar constante. Un gestor o gestora de paz, debe demostrar su compromiso con la verdad, la justicia, la reparación integral y trabajar constantemente por la no repetición de los hechos violentos como prueba de que los cambios serán posibles.

Luis Emil Sanabria Durán

 

El INPEC tiene de nuevo en sus manos al hijo de ‘La Gata’

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC confirmó tener de nuevo en sus manos Jorge Luis Alfonso López, exalcalde de  Magangué, condenado por el asesinato de un periodista.

Alfonso López fue designado por el Gobierno Nacional como facilitador de paz, y recibió de parte de un Juez de Barranquilla la orden de libertad, tras la solicitud de su abogado previo aviso al comisionado de paz Danilo Rueda.

 

«El privado de la libertad Jorge Luis Alfonso López nuevamente fue reseñado por parte de funcionarios de Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Barranquilla ‘El Bosque’ en su lugar de residencia donde cumplirá su detención, ante la nueva medida judicial», dice en la información entregada por el INPEC

De acuerdo con la entidad, se harán visitas periódicas para garantizar su permanencia en la prisión domiciliaria.

Horas antes, el juez quinto de Ejecución de Penas de Barranquilla, Orlando Petro Vanderbilt, había revocado su propia decisión, quitándole la libertad temporal que le había concedido para que ejerciera como facilitador de paz.

Procuraduría se opone a la libertad del hijo de la ‘Gata’

La Procuraduría General de la Nación presentó un recurso de apelación contra la decisión del Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla que le otorgó la libertad a Jorge Luis Alfonso López, hijo de ‘La Gata’ Enilce López, tras la solicitud hecha por el Comisionado de Paz para que actúe como facilitador de paz.

El Ministerio Público, considera que la decisión del juez no se analizó la procedencia de su designación como facilitador de paz, y no hay claridad sobre si actuará como vocero o representante de algún grupo armado organizado, como lo establece la Ley 418 de 1997.

 

Tras la polémica desatada, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aclaró al país que el Gobierno Nacional en ningún momento ha solicitado la libertad de Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López, alias ‘La Gata’, quien hoy cumple una medida de prisión domiciliaria.

Alfonso López fue condenado a 29 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir y homicidio. En 2021 le fue concedida la detención domiciliaria, decisión que en su momento fue apelada por la Procuraduría y que se encuentra pendiente por resolver.