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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Paz total

Dos mesas de negociación y una sola frontera

Las fronteras tienen un peso predominante en las transiciones entre la guerra y la paz. Así lo señala muy acertadamente la profesora de Oxford, Annette Idler, en su libro Fronteras Rojas. En los márgenes y la periferia, todo se multiplica, incluyendo por supuesto la corrupción y las violencias organizadas. Lo que ella llama el “efecto-frontera” apunta a sistemas de gobernanza estatal débiles y con una alta tendencia a la impunidad, lo que las hace un territorio perfecto con bajos riesgos y oportunidades altas para la criminalidad. Esta interpretación, a mi juicio muy lúcida, permite una mirada más precisa de nuestras fronteras y de la violencia que allí se vive, incluyendo el grado de violencia de distintos grupos armados contra el tejido social.

Voy a tomarme el atrevimiento de utilizar el planteamiento central de la profesora Idler para interpretar el contexto de hoy en la frontera colombo venezolana. En más de 2.219 kilómetros de frontera que comparten estos dos países, varios grupos de violencias organizadas logran controlar la vida cotidiana de miles o tal vez millones de personas, omitiendo o cooperando con las instituciones formales del Estado, que se supone deberían ejercer ese rol. Estos grupos pueden ser guerrillas, como en el caso del ELN, la segunda Marquetalia o algunos de los grupos que se juntaron en el nombre de Estado Mayor Central de las FARC; o violencias organizadas como los sindicatos en Venezuela o facciones de grupos de crimen organizado. Esta explicación, más compleja pero también más completa, permite salir del lugar común de muchos analistas e informes que únicamente publican la presencia de los grupos armados ilegales, haciéndola mucho mas grande de lo que es y atribuyéndole capacidades casi sobrehumanas con tal de no reconocer la relación tan profunda que existe entre las violencias organizadas y las instituciones, usualmente a ambos lados de las fronteras.

 

Hoy, en la mesa de diálogo recientemente instalada con el ELN, es fundamental entender lo que pasa en la frontera. He de decir aquí que se conoce (e interesa) mucho más lo que está pasando en la frontera colombiana, mientras que del lado venezolano una gran parte de informes únicamente se limitan a señalar, de forma muy burda e irresponsable en la mayoría de caso, que el ELN está en territorio venezolano. Incluso, contrario no solo a la literatura académica, sino a la lógica misma, el ELN es para ellos una guerrilla binacional que opera igualmente en Colombia y en Venezuela. La información de calidad pareciera ser la ausente en el debate público.

En la otra mesa, la de México, en la que se reúnen el gobierno venezolano y la oposición para intentar lograr condiciones para las elecciones de 2024 e intentar reconducir a Venezuela por un camino de respeto a los Derechos Humanos y a las libertades civiles no se trata ni el tema de frontera, más allá del restablecimiento de las relaciones económicas, ni de las afectaciones gravísimas a las comunidades de la Amazonía venezolana en materia de violación sistemática e impune a sus derechos humanos fundamentales. Si bien es bastante probable que la sociedad civil colombiana logre trasladar sus inquietudes, propuestas, recomendaciones y agendas a la mesa de Caracas, no será así de sencillo que esto ocurra en la de México.

En la frontera colombo venezolana las cosas no se suscriben a si está el ELN o no. Más bien es fundamental a la par que avanza la mesa, pensar en la desactivación de los mecanismos violentos y quitarles la posibilidad de que a sigan controlando la ciudadanía. Esto implica poner un muy serio límite en la mesa de diálogo a no admitir, bajo ninguna circunstancia, que continúen las agresiones a la población civil, ni siquiera cuando ésta es acusada de hacer parte del “enemigo”. Y es que, al día de hoy, el porcentaje de acciones bélicas de los grupos armados incluyendo guerrillas, estructuras criminales organizadas y similares que buscan retar al estado, no llega siquiera al 10% según el último conteo de la Fundación PARES. Ni siquiera existen altos combates entre grupos. Lo que sí hay es un número infame de asesinatos selectivos contra liderazgos sociales y personas que hacen parte de todo tipo de organizaciones comunitarias.

Del lado venezolano la situación para las mujeres indígenas de la amazonia es muy similar, donde la presencia de grupos armados no compite con la guardia civil por el control territorial y que por el contrario se dedica de forma sistemática a extraer recursos, riquezas y personas del amazonas y utilizarlas en negocios de explotación de niños, niñas y adolescentes, y a la esclavitud de miles de personas que están quedando enterradas en los socavones de la minería ilegal del Estado de Bolívar para que después el oro pueda ser lavado y exportado como oro colombiano. Este control violento del territorio, su economía y su población no está siendo necesariamente ejecutado por el ELN sino por otros grupos en la sombra, de los cuáles se habla muy poco. Es curioso cómo en los diálogos entre gobierno y oposición, la situación de estas personas y comunidades sigue siendo completamente invisible.

Con esto en mente, en ambas mesas la reconstrucción institucional de la frontera y la creación de oportunidades para la legalidad debería estar como un tema prioritario y no es claro que pueda llegar. Sin embargo, el liderazgo que el gobierno colombiano ha tenido para la reactivación de los diálogos en ambas mesas es determinante para abrir una ventana de oportunidad. La perspectiva nacionalista debería reemplazarse por un plan de recuperación de la frontera que contemple estos territorios como espacios transfronterizos dinámicos, que requieren una protección especial y un fuerte fomento del tejido social, que futuro lo que puede hacerlos sostenibles hacia el futuro. Propongo desde este espacio de opinión una idea: ¿qué tal promover, desde la sociedad civil transfronteriza, veedurías, verificación e intercambios que nos permitan que la agenda de una frontera pacífica e incluyente llegue a ambas mesas? Les escucho.

 

 

ELN no será un obstáculo en el retorno embera

El presidente Gustavo Petro celebró el primer acuerdo establecido con el Ejército de Liberación Nacional en medio de la mesa de conversaciones de paz.

De esta manera el ELN facilitará el retorno de comunidades emberas desplazadas a sus lugares de origen, entre ellos el municipio de Murindó, Antioquia.

 

Así lo afirmó el Mandatario al intervenir en el Encuentro de Dirigentes del Occidente Antioqueño, evento que se realizó en Dabeiba, donde recalcó que el Gobierno del Cambio no puede permitir que la violencia convierta a Murindó en un municipio moribundo.

Al respecto, el jefe de Estado expresó: “Murindó, indudablemente, es un municipio excluido en Antioquia. No debería ser así. Murindó es de mayorías étnicas: indígenas y afros. Murindó también políticamente no se comporta como la mayoría de los municipios de Antioquia. Murindó es un municipio organizado socialmente y afectado por la violencia, y la violencia prácticamente está desplazando a su población”.

“Han vuelto a Murindó un municipio moribundo, y nosotros no podemos permitir eso”, reiteró.

En su discurso, el jefe de Estado recordó que el pueblo embera ha sido afectado por distintos actores de la violencia, “quitándoles la tranquilidad de vivir en sus territorios”.

Frente a esta situación, destacó el acuerdo logrado entre el Gobierno Nacional y el ELN, en cuestión de una semana, en el marco de los diálogos de paz que se llevan a cabo en Caracas, Venezuela.

“Con el ELN se ha empezado una conversación, un diálogo de paz. El primer punto de acuerdo que logramos con el ELN, en escasamente una semana que llevan estos diálogos, es que se permite el regreso de las poblaciones desplazadas por esa organización de territorios indígenas emberas a sus resguardos, con garantía de no repetición y de retorno”, precisó.

Puntualizó que se requiere “el cese de la hostilidad sobre la población en Murindó, de tal manera que su población afro e indígena pueda por lo menos empezar a vivir en paz”.

¿Paz total?

La “paz total” suena bien. Porque cuánto diéramos los colombianos por no haber padecido tantas violencias políticas, empezando por las de los liberales y los conservadores en los siglos XIX y XX. Y que desde los años sesenta del Siglo XX suframos por las violencias “de izquierda” que en Colombia y en otros países, en un error garrafal, intentaron copiar el alzamiento armado de Fidel Castro en Cuba. Pero en aras de la verdad también debe decirse que otros sectores “de izquierda” nunca han usado la violencia para promover sus puntos de vista.

Tan estériles han sido los errores cometidos con estas violencias –antes y después de la Constitución de 1991–, que suelo repetir la conclusión del padre Francisco de Roux como la mejor conclusión de este dolorosísimo drama que aún no termina: una violencia que “no mejoró nada y lo empeoró todo”. Y que el Estado –dicen los hechos–, nunca pudo terminar.

 

Bienvenido entonces el acuerdo que terminó con la violencia liberal-conservadora. Y los pactos con el M-19, con otros sectores y con las Farc, porque sus renuncias a la lucha armada redujeron la violencia y condenaron como equivocada la táctica de la combinación de todas las formas de lucha política –legales e ilegales–, como manera darles solución a las lamentables condiciones de vida del pueblo colombiano.

Y bienvenida la “paz total”, proceso más complejo que los anteriores por aquello de lo “total”, que implica acabar con tres violencias: la del ELN, la de los exmilitantes de las Farc que siguen en el monte porque no aceptaron los acuerdos o los incumplieron y la de los delincuentes comunes, exclusiva o principalmente narcotraficantes.

Con mirada optimista, aunque creo que no será fácil, veo factible un acuerdo de paz con el ELN, semejante al de las Farc. Aunque tiene mayores complejidades –por algunos ya señaladas–, también pueden salirse de la violencia los ex Farc que aun empuñan las armas. Pues, aunque suene a simple, esas paces son irreversibles si el Estado y cada grupo ilegal se deciden, pactan y cumplen los acuerdos.

La paz que veo imposible es la del narcotráfico. Pero no porque no pueda llegarse a acuerdos con quienes controlan ese negocio, así sean más complejos. Sino porque, aunque todos ellos se acuerden con el gobierno –posibilidad que insisto en observar viable–, no hay manera de impedir que otros narcotraficantes reemplacen a los actuales, empujados por un negocio descomunal, del orden de diez mil millones de dólares al año en Colombia, capaz de corromperlo casi todo, en negocios privados, la política y el Estado.

Este lío nos lleva entonces a debatir sobre cómo acabar con el súpernegocio del narcotráfico, solución que exige alguna forma de legalización del consumo, el comercio y la producción, verdad que nadie puede entender mejor que Estados Unidos. Porque, en 1920, ese país prohibió la fabricación, transporte y venta de las bebidas alcohólicas, medida absurda que disparó el contrabando de los licores, la corrupción y la violencia –con las inmensas ganancias propias del delito–, horrores que inmortalizaron los Al Capone de las películas y que terminaron en 1933, una vez los gobernantes, retornando a la sensatez, derogaron la prohibición.

La gran traba reside en que la única solución posible no le interesa al gobierno de Estados Unidos, país que gana de varias maneras con lo que ocurre: el negocio es inmenso porque es ilegal y allá se queda lo principal de las ganancias, sus políticos engatusan electores con el eterno debate del sí y el no y la prohibición y el crimen le justifican intervenir en otros países.

España nombrará representantes para los diálogos de paz con el ELN

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado este viernes que nombrará a un representante para que participe en las conversaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se han iniciado esta semana.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios después de que Colombia formalizase este mismo viernes la invitación a España para que asista al proceso como país acompañante.

 

«Probablemente designemos a una persona para que esté presente en todas esas reuniones», ha indicado Albares desde el recinto ferial de IFEMA, donde se celebra el XXVI Congreso de la Internacional Socialista. Además, ha puntualizado que en algunos de estos encuentros estará él mismo, «dependiendo del nivel y la intensidad» de los mismos, según ha precisado.

Así, ha recordado que España se había puesto a disposición de Colombia «para que alcance la paz» en todo lo que pudiese ser útil. «La decisión del gobierno colombiano ha sido que España sea país acompañante y eso es lo que hacemos», ha añadido antes de apuntar que la agenda «la tiene que marcar» el Ejecutivo del país sudamericano.

«Nosotros estaremos a disposición para acompañar este proceso y para que definitivamente la paz vuelva a Colombia lo antes posible», ha reiterado. Asimismo ha trasladado que España siempre estará a disposición para participar en todas las reuniones que precisen y también «si en algún momento quieren algún tipo de reunión en España», ha señalado.

Alemania, Suiza y Suecia:

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, uno de los integrantes de la delegación gubernamental, ha publicado en su perfil de Twitter los tres primeros acuerdos que han logrado alcanzar con la guerrilla del ELN en la primera semana de conversaciones celebradas en Caracas, Venezuela.

Uno de estos de acuerdos es qué países han sido invitados como mediadores y acompañantes, estando en este último grupo España, Alemania, Suiza y Suecia. En el primer bloque se confirma la presencia ya sabida de Noruega, Cuba y Venezuela, mientras que se invita a México, Brasil y Chile a «definir su participación».

Sánchez ofreció a España como sede:

El resto de actores invitados a participar como mediadores son la Iglesia Católica de Colombia y el representante especial en Colombia del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Asimismo, el ELN y el Gobierno de Colombia han acordado «adelantar acciones diplomáticas» con Estados Unidos «para conocer su disposición a participar en este proceso mediante un enviado especial».

A finales de octubre, Colombia ya adelantó que ofrecería a España la posibilidad de acompañar las negociaciones como país observador, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita oficial en agosto al país sudamericano, ofreciera el territorio español como sede para la negociación con el ELN.

María Fernanda Cabal hará oposición al proceso de paz del que su esposo es negociador

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, expresó en diferentes medios de comunicación su desacuerdo con la decisión de su esposo, José Félix Lafaurie, de ser parte de la mesa de negociación de paz con el ELN.

“Yo no estoy de acuerdo en negociaciones con los elenos, yo desde el principio lo dejé claro, sobre todo desde el asesinato de los 22 cadetes, himnos de campesinos por parte de este grupo., no confío en ningún éxito de ninguna negociación”, sostuvo la congresista en entrevista para RCN Radio.

 

Cabal dice que le sugirió a su esposo ser miembro observador más no negociador y que si bien su esposo aceptó este encargo pensando en el bienestar de su gremio ganadero, él no contará con su respaldo para cumplir esa tarea.

La congresista aseguró que continuará en su papel de oposición al Gobierno Petro y que su manera de ver el proceso de paz no va a cambiar con la decisión de su esposo.

 

José Félix Lafaurie será negociador de paz con el ELN

Foto: Semana

El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), José Félix Lafaurie aceptó ser parte del equipo negociador de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), luego de recibir la invitación del presidente Gustavo Petro.

 

“Por su mentalidad, por sus maneras de pensar, con su representación sobre un sector de la sociedad que indudablemente tiene algo y mucho que decir, su presencia será valiosa en los diálogos que se han iniciado con el ELN y ojalá sea la concreción de lo que hemos llamado la paz total”, dijo el primer mandatario.

La respuesta de Lafaurie se dio durante el Congreso de Ganaderos, que se celebra en la ciudad de Barranquilla.

“El sector ganadero no puede negarse a una solicitud como la que hizo el presidente con mucha generosidad. (…) A quienes más ha golpeado la violencia es al sector ganadero, por eso me da mucha frustración ver cómo ciertos actores en Colombia pretenden hacer ver a sector ganadero como victimario, al contrario, somos víctimas”, respondió el presidente de Fedegan.

Los diálogos de paz con el ELN iniciarán en los próximos días en Venezuela, y contarán con la participación de Otty Patiño como jefe negociador del gobierno.

 

Avanzar en la restitución de tierras es avanzar por la paz total

Este miércoles 16 de noviembre radicaré el primer Proyecto de Ley de mi autoría que tiene por objeto agilizar el trámite de restitución de tierras despojadas, mediante la modificación de la Ley 1448 de 2011, dotando de facultades jurisdiccionales a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para que adelante y decida el proceso de restitución de tierras, en aquellos casos en los que en el trámite de inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzadamente no concurran terceros ni se identifiquen propietarios, poseedores u ocupantes distintos al solicitante.

En nuestro país una de las principales causas de victimización ha sido el despojo forzado de tierras, se estima que en Colombia entre 1985 y 2018 hubo aproximadamente 7,75 millones de casos y gracias al acuerdo de paz se crearon mecanismos de justicia transicional y un marco institucional para lograr la reparación integral a las víctimas.

 

Uno de ellos es la ley 1448 de 2011 un instrumento que tiene entre sus objetivos lograr la restitución a las víctimas de despojo. Sin embargo, el porcentaje de avance hasta la fecha no ha sido optimo, por lo que la vigencia de la ley tuvo que ser prorrogada hasta el 2031.

En ese sentido, hemos logrado identificar que parte del problema ha sido que la Unidad de Restitución de Tierras -URT-

carece de herramientas eficaces para restituir en aquellos casos en donde no existen opositores a las solicitudes y por ende no habría necesidad de que un juez de la República resuelva una solicitud en la que no se presenta un litigio.

Actualmente, todas esas solicitudes llegan a los despachos judiciales especializados en restitución generando congestión y una carga innecesaria para nuestros jueces, con el Proyecto de Ley podríamos agilizar significativamente el proceso de restitución si le conferimos facultades jurisdiccionales a la URT para que pueda adelantar el proceso de restitución a las víctimas si durante el trámite de inclusión en el Registro de Tierras Despojadas se identifica que no existen opositores a la solicitud o que en el predio no existan poseedores, propietarios u ocupantes distintos a la víctima.

La ley 1448 de 2011 se trazó la meta de reparar más de 300 mil víctimas despojadas, sin embargo a la fecha el porcentaje de cumplimiento es mínimo y con el proyecto que radicaré en los próximos días pretendemos avanzar en las adecuaciones institucionales que permitan cumplirle a las víctimas en el menor tiempo posible para de esta manera reducir su flagelo.

Soy un convencido de la Paz Total y de trabajar por ella y ahora desde mi lugar en la Cámara de Representantes buscaré fortalecerla y poner a las víctimas en el centro del acuerdo, como está estipulado mediante las herramientas jurídicas que permitan avanzar en la implementación de los acuerdos para seguir construyendo #ElCambioQueSoñamos.

Petro insiste en que el mundo de cambiar la política antidrogas con valentía

Durante su intervención en el Foro de París sobre la Paz, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió cambiar la política antidrogas “con valentía”.

“Si no lo hacemos nosotros, lo hará la humanidad sin nosotros, añadió el primer mandatario”.

 

El jefe de Estado consideró que hoy en el mundo estamos enfrentando no solo unos tiempos “que pueden ser los del comienzo de la extinción humana”, según lo dice la ciencia, sino también unos “tiempos de lucha entre la humanidad y la codicia, entre la humanidad y su vida, y un poder mortal que se cifra alrededor de la acumulación infinita y permanente de cosas”.

“La humanidad tiene que salir de un concepto de riqueza que se construye alrededor de la acumulación de las cosas, hacia un concepto de riqueza que tiene que ver con la intensidad de la existencia”, sostuvo el presidente de la República.

En este sentido, afirmó que el cambio que se necesita hoy debe ser radical, y que el miedo al cambio es lo que desencadena en el mundo desde las “guerras fósiles” hasta las guerras por el control de riquezas, como la de la cocaína.

El presidente Petro afirmó que la guerra contra las drogas, que ha dejado un millón de muertos latinoamericanos, “ha fracasado y no ha traído sino muerte”.

Planteó que los recursos que se invierten en la guerra contra las drogas podrían destinarse a la prevención del consumo de estupefacientes, ya que el adicto “es la persona más débil en una sociedad”.

El Jefe de Estado declaró: “La región más violenta del mundo hoy no es Ucrania, no es el Medio Oriente, no es Irak, no es Libia. La región más violenta del mundo está en América. Son las rutas ‘clandestinizadas’ del transporte de la cocaína. Ciudad y país por donde pasa, va dejando un reguero de sangre que se cuenta por centenares de miles: un millón de muertos latinoamericanos, millones de presos por consumir drogas en los Estados Unidos, la mayoría de raza negra o de étnias afroamericanas”.

Vamos por la ‘Paz Total’ 25 años después de la masacre de El Aro

Para los que creemos en la paz y hemos trabajado por construir bases desde lo territorial para la reparación y no repetición del conflicto armado, la masacre ocurrida en el Aro hace 25 años nos marcó y trazó la ruta de lo que no queremos permitir que vuelva a suceder en nuestro país.

El 22 de octubre de octubre de 1997 vive en nuestra memoria como una de las fechas y de los hechos violentos más dolorosos en la historia del conflicto armado colombiano: 150 hombres de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá entraron al corregimiento de El Aro, en el municipio de Ituango y quemaron 42 de las 60 casas del lugar, se robaron reces, caballos y cerdos, desplazaron a cerca de 700 personas y asesinaron cruelmente a 17.

 

Y esos datos, que infortunadamente se nos han vuelto paisaje porque a veces parece que normalizamos la guerra se unen a la macabra cifra de más de 9 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia y que nos hacen trabajar con ahínco en la consecución de la paz total de nuestro país, dar nuestro mayor esfuerzo por garantizar mejores condiciones para los territorios y cesar la espiral de la violencia.

El proyecto de Paz Total que está listo para sanción presidencial es la materialización de años de trabajo de líderes y defensores de los derechos humanos, de personas que incluso han dejado su vida en esto y es en honor  a las personas que no pudieron verlo para que su historia no se repita más; todos los que votaron creyendo en la paz, los que han apostado por ella, los reincorporados, los que hemos llegado al territorio, a la Habana, los que hemos hablado de paz celebramos que ahora la paz se convertirá en política de Estado y que dejaremos de verla como una utopía.

Es muy importante haber logrado la aprobación de este proyecto, que fue consensuado y discutido tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República porque significa que ahora la paz es transversal al Estado, es decir que compromete a las autoridades en todas las ramas y niveles del poder público a orientar sus actuaciones a darle cumplimiento a esta ley.

Pero también es muy importante que la transformación se va a dar desde el lenguaje porque se va a empezar a hablar de seguridad humana, como se dijo en campaña, con el objetivo es darle un enfoque más humanista a la seguridad, medirla en vidas salvadas y para ello se promoverá respuestas centradas en las personas y las comunidades adaptadas a cada contexto, orientadas a la prevención, y que refuercen la protección de todas las personas y todas las comunidades.

A falta de sanción presidencial podemos decir que inicia una nueva era que reconocerá la interrelación de la paz, el desarrollo y los derechos humanos en el enfoque de seguridad humana. Este es #ElCambioQueSoñamos y seguiremos trabajando por construirlo y por hacer de Colombia una potencia mundial para la vida.

 

 

Iván Márquez

La semana que termina fue muy importante para el país especialmente para el gobierno, para los colombianos. El gobierno logró un triunfo en materia legislativa aprobando la reforma tributaria en el Senado y entra a conciliación en la Cámara de Representantes muy posiblemente martes o miércoles de la próxima semana. Se aprobó y se sancionó la ley modificatoria de la Ley 418 o Ley de Orden Público de 1997 que, hoy con las modificaciones y los aportes y con las iniciativas del gobierno y de los congresistas le estamos llamado la ley de la “Paz Total” y convivencia pacífica en nuestro país.

Hay que recordar que la ley 418 le ha servido a todos los gobiernos para promover convivencia pacífica, le ha servido como autorizaciones del legislativo al ejecutivo para entrar en diálogos y tomar medidas para procurar acuerdos de paz, en eso se basó desde el año 97 para adelantar diálogos, como por ejemplo, el que se hizo con la extinta guerrilla de la FARC en el año 2016 y 2017. Entonces hoy, el gobierno nacional a través de esas autorizaciones tiene el instrumento legal para entrar en diálogos especialmente con el Ejército de Liberación Nacional, diálogo político de negociación y también el instrumento que se ha denominado de sometimiento a la justicia o de acogimiento según el caso, para las demás organizaciones como las disidencias, incluso bandas criminales como el Clan de Golfo. Entonces el gobierno nacional está envestido de autorizaciones para adelantar diálogos, pero también acercamientos con grupos armados ilegales en el marco del sometimiento o acogida a la justicia.

 

Mucho escozor causó la posibilidad que en esas facultades el gobierno adelante diálogos de sometimiento a la justicia con disidencias de las FARC especialmente con la “Segunda Marquetalia” comandada por Iván Márquez ex negociador de paz de las FARC en La Habana. Hubo mucho rechazo de varios sectores, incluso del ex negociador Humberto De La Calle Lombana hoy Senador de la República quien se opuso en un discurso de manera vehemente y también la oposición como siempre muy reacia a lo que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro, también de opinadores y columnistas a nivel nacional.

No es fácil entender que estos diálogos además del Ejército de Liberación Nacional con otros sectores armados se lleven a cabo, pero el país requiere definitivamente la desmovilización, el desarme de todos los actores armados ilegales para entrar verdaderamente a la Paz Total o a la convivencia pacífica en Colombia, especialmente en los territorios, porque una cosa es la violencia y el conflicto en el centro del país y las grandes ciudades, pero otra cosa es en el territorio, sobre todo que el gobierno del expresidente Duque con su posición y actitud reacia a la Paz y el proceso de La Habana, abandonó los territorios, destruyó los instrumentos del proceso de paz, los PNIS, Programas de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, causó intranquilidad en los desmovilizados y desarmados y por eso hoy someto al análisis una hipótesis de que el Estado colombiano en el gobierno del Presidente Duque cometió una amenaza al proceso de paz y con ello pudo haber incurrido en una actitud de perfidia, que el Derecho Internacional Humanitario lo censura y por supuesto lo considera en los conflictos internos de los países y los acuerdos que en medio de los conflictos haya en los distintos países suscribientes de los tratados y esta hipótesis la reafirmó en lo siguiente.

Que el gobierno nacional presentó un proyecto de ley para modificar la JEP denominado “Objeciones a la JEP” que tuvo apoyo por supuesto del Centro Democrático y también de los Conservadores y de la bancada de la U que habían respaldado a Juan Manuel Santos en el proceso de paz, como ganó Duque, estos dos partidos como siempre, dieron el giro de apoyar la paz, a objetar la JEP columna central del proceso de paz.

Entonces el gobierno nacional del entonces presidente Duque, causó nerviosismo en las filas de los concentrados, de los desmovilizados, y muchos de ellos emigraron, conozco los casos del sur de Colombia, de Miravalle en el Caquetá, de La Variante en la Costa Pacífica en Tumaco, La Paloma de Policarpa en Nariño, la del Putumayo, en fin. Entonces el gobierno con ese proyecto de ley rompió la estabilidad jurídica y la garantía que les había ofrecido el gobierno del presidente Santos, ahí se configura la perfidia del gobierno, pero además de las objeciones a la JEP, el gobierno del presidente Duque, como lo dije anteriormente destruyó los instrumentos del proceso de paz, los PNIS de sustitución de los cultivos ilícitos, abandonó el cuidado y la seguridad de los desmovilizados concentrados en los ETCR, también abandonó los proyectos productivos para promover oportunidades a los desmovilizados, ese conjunto de actitudes, de rechazo al proceso de paz, de incumplirle a los desmovilizados configura una perfidia y por lo tanto muchos ex guerrilleros abandonaron los ETCR y por supuesto el proceso de sometimiento entre esos Jesús Santrich que fue víctima de un entrampamiento del cual se ha hablado mucho ya, igualmente Iván Márquez abandonó los instrumentos del proceso de paz y retomó las armas.

No lo justificamos de ninguna manera, pero está columna sirve para recordar, para hacer y refrescar memoria de los colombianos que aquí sí bien falló Iván Márquez o Santrich y algunos desmovilizados que desertaron de los ETCR, también el gobierno colombiano en cabeza del presidente Duque le falló a la Paz y por supuesto motivó la deserción y el crecimiento enorme en los cuatro años de Duque de las disidencias a todo nivel en el territorio nacional

Es un hecho: Gustavo Petro podrá buscar la “paz total” para Colombia

Este viernes desde la Casa Presidencial de la Hacienda Hato Grande, ubicada en el municipio de Sopó, el presidente Gustavo Petro, firmó la prórroga de la Ley 418 aprobada por el Congreso de la República con la que se permite iniciar el proceso de “Paz Total” con la guerrilla y grupos armados ilegales del país, además de acercamientos con grupos criminales como las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Márquez.

“Se ha renovado la regulación que le permite a los gobiernos construir negociaciones con quienes están al margen de la ley, para conquistar el sueño de la paz total en Colombia, así que ahora le corresponde a nuestro Comisionado de Paz, Danilo (Rueda), implementar buena parte de esta reglamentación”. afirmó el mandatario.

 

Además, el presidente explicó: «Habrá personas que negociarán con la justicia la posibilidad de un desmantelamiento pacífico del crimen. Habrá personas que negociarán con el Gobierno las opciones de acabar con una guerra insurgente, de hace muchas décadas, que debe terminar definitivamente, sin ecos, para que la sociedad colombiana sea la verdadera dueña del país, la verdadera dueña de los destinos de Colombia, la democracia real y pacífica que necesitamos en este país».

Esta ley también revive la posibilidad de tener un Servicio Social para la Paz de forma paralela al servicio militar obligatorio.

Servicio Social para la Paz

Se debe aclarar que es un servicio alterno al servicio militar obligatorio por lo que no lo reemplaza, sino que será complementario, tendrá una duración de (12 meses) y puede presentarse de la siguiente forma:

  1. Servicio social para promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas.
  2. Servicio social para el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos, la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
  3. Servicio social para la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz.Entre otros.

Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas

Este Programa tendrá una duración de 12 meses, prorrogable por igual término, contados a partir de la expedición de la reglamentación del proyecto de ‘Paz Total’. Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que, de manera voluntaria, entregue al Departamento Control y Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE) o recibirá anonimato.

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Foto: Presidencia de la República

Paz total pasa a sanción presidencial

La Cámara de Representantes y el Senado de la República aprobaron la conciliación de la modificación, adición y prórroga de la Ley 418, y ahora pasa a manos del Presidente, Gustavo Petro, para su sanción.

La iniciativa otorga facultades al Presidente de la República, al Alto Comisionado de Paz y al Gobierno en su conjunto para adelantar negociaciones con grupos armados ilegales.

 

Luego de la aprobación del proyecto, el Ministro del Interior, Alfonso Prada destacó el espaldarazo que dieron las plenarias de Senado y Cámara de Representantes, y destacó que al ser una política de Estado se “vinculan los gobiernos pasados y futuros a la implementación de los compromisos de Estado con las fuerzas desmovilizadas, desarmadas y en proceso de reincorporación o acogidas y sometidas a la justicia”.

Esto, a su juicio, “nos imponen el reto de trabajar con las nuevas figuras, figuras de la talla de las regiones de paz, de los comisionados de Paz regionales que reconocen que Colombia es un país de regiones y que la Paz Total se arma desde allá”.

En este sentido, la norma establece la creación de una comisión de alto nivel para calificar cuál es el tipo de organización, si se toma la vía del diálogo político o del sometimiento o acogimiento.

Dicha instancia, según quedó aprobado, permitirá estudiar la estructura jurídica constitucional que podrá allanar el camino de las conversaciones y negociaciones.

La Ley 418 de Paz Total determinará las Regiones de Paz para adelantar diálogos con actores armados ilegales que deseen acogerse a la ley. Igualmente, se contemplan zonas de ubicación temporal con presencia de todas las autoridades, aclarando que no serán zonas de despeje de la Fuerza Pública.

“El reto que tenemos como país y con la Paz Total es desarmarlos, desarticularlos, desmovilizados y ocupar el territorio con paz, con desarrollo económico, con justicia social, con una lucha enorme contra la adaptación hacia el cambio climático”, añadió el Ministro Prada.

Así mismo, se da paso al Gabinete de Paz, instancia del alto Gobierno integrado por los Ministerios y demás entes que aportarán a definir la política pública y demás iniciativas concernientes a la paz. Participarán en las sesiones del Gabinete de Paz los representantes autorizados para adelantar diálogos y negociaciones con grupos armados al margen de la ley, así como los integrantes de las comisiones de paz del Congreso.

“Una paz que va a tener una perspectiva y un enfoque regional, una paz que va a tener la posibilidad de hacer acuerdos parciales. Una paz que crea unas condiciones para que el Gabinete para la paz que se crea también en la ley, pueda construir una coordinación de gobierno para apoyar todo el proceso de diálogos, negociaciones, conversaciones”, señaló el titular de la cartera.

Sumado a estos propósitos, se gestan la Regiones de Paz con comisionados en sitios específicos de Colombia que se identifican por un tipo especial de violencia que se quiere desmontar. Allí la articulación de autoridades y gestores de paz, ayudarán a dialogar y concertar con esas estructuras para avanzar en su posterior desmonte.

Servicio social y no militar

Uno de los temas relevantes que se contempla es el Servicio Social como alternativa al Servicio Militar Obligatorio para que los jóvenes decidan qué tipo de servicio quieren prestarle al país en ámbitos sociales, ambientales, rurales, tecnológicos, entre otros.

De esta manera, se busca un servicio que aporte al crecimiento económico, sostenible, incluyente y equitativo de todos y todas los colombianos y colombianas. Además, el Servicio Social servirá de experiencia y formación de competencias para el primer empleo.

¿Hasta cuándo con Iván Márquez?

Entiendo las razones para que el Gobierno Nacional se empeñe en lograr que todos los territorios del país vivan tranquilos sin miedo a la presencia de grupos armados al margen de la ley, pero lo que si no comprendo ni comprenderé jamás es que se sacrifique la justicia que debe operar en casos como el de alias Iván Márquez.

Este asunto no es ni siquiera comparable con el de los paramilitares que se desmovilizaron con la Ley de Justicia y Paz y se regresaron a la ilegalidad porque al fin de cuentas este fue un proceso demasiado débil y poco garantista tanto para victimarios como las mismas víctimas, muy diferente a lo que se pacto en la Habana con las extintas Farc, del cual hizo parte el mismo Iván Márquez.

 

Valga recordar además que no es la primera vez que Márquez incumple unos acuerdos, lo hizo también cuando se dieron los diálogos en el gobierno de Belisario Betancourt cuando abandonó la curul en el Congreso de la República, fruto de los acuerdos políticos que le dieron vida al partido político, Unión Patriótica, para internarse en la selva y empuñar las armas.

Para desgracia del país, Márquez o Luciano Marín como es su nombre de pila, incumplió de nuevo, muy a pesar de la confianza que le brindó Colombia recibiéndole tanto a el como al resto de exguerrilleros de las Farc, a la vida sin armas.

En el momento en que menos se lo esperaba, incumplió los acuerdos y por segunda vez retornó a la ilegalidad, demostrando y dejando muy claro que, para él, es mejor y más cómodo estar en la ilegalidad y todo lo que le rodea.

Muy claro dicen los Acuerdos firmados entre el Estado colombiano y las Farc en el Teatro Colón, que quien los incumpla perderá todos los beneficios que otorga la justicia transicional y deberá someterse a la justicia ordinaria y no habrá lugar para más procesos que no sea un sometimiento. Más claro no canta un gallo.

Es ahí donde uno entiende porque el empeño del Gobierno Nacional y de algunos miembros de su bancada en el Congreso por establecer unos diálogos a la medida de Iván Márquez.

¿se habrán dado a la tarea de pensar en el mensaje que se le envía al ELN con este tipo de actuaciones? ¿Cómo entonces obligar a a esta guerrilla a cumplir estrictamente con lo que se pacte cuando se es laxo con quienes ya incumplieron acuerdos en el pasado?

Por supuesto que todos queremos vivir tranquilos, especialmente quienes le dijimos Si a la paz con las Farc, pero, señores del Gobierno no crean que la paciencia de los colombianos es infinita y que estarán dispuestos a soportar abusos en nombre de la paz.

Cuidado señores del Gobierno Nacional porque podrían estar jugando con candela.

Mancuso dice estar listo para la paz total

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso hizo saber a través de una carta al presidente Gustavo Petro, que su «compromiso» para lograr una paz definitiva en el país sigue «intacto» y por ello pide citarse con él.

«Si tuvimos la capacidad y formas de emprender una guerra tan frenética y desgarradora, también tenemos capacidad, formas y experiencia para ayudar a pararla», escribe Mancuso.

 

Así, quien fuera uno de los hombres armados más sanguinarios del conflicto interno en Colombia, le ha asegurado a Petro que comparte con él «que en cualquier caso la verdad tiene que ir por delante» y en ese sentido, ha enfatizado que durante el proceso de desmovilización de las grupos paramilitares de autodefensa él siempre cumplió con esa máxima.

«Estoy listo para entablar una conversación con usted (…) para materializar esa voluntad compartida e integrarle a las nuevas generaciones una Colombia pacificada y más humana», le ha dicho Mancuso al presidente Petro, a quien le ha pedido además ser reconocido como agente de paz durante la negociación.

En el documento, Mancuso ha destacado que como parte de su camino por ofrecer «verdad» durante todo este proceso ha recibido amenazas a su seguridad y a la de los suyos. «No tengo miedo alguno, lo que he tenido que decir lo he dicho a costa de mi seguridad y la de mi familia y como cuenta de cobro vea usted donde estoy y las venganzas y persecuciones de las que hemos sido objeto», ha dicho.

Mancuso, preso en una cárcel de Estados Unidos por delitos de narcotráfico, ha intentado sin éxito en varias ocasiones acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo judicial surgido tras los acuerdos de paz de 2016 con la extinta guerrilla de las FARC.

‘Triple Cero’, como era conocido en sus años al frente de los paramilitares, confía en poder ser acogido por la JEP en calidad de tercero civil si logra probar los supuestos vínculos que estos grupos armados mantuvieron con agentes de las fuerzas de seguridad y el Ejército en diferentes etapas del conflicto armado.

Temeroso de su extradición a Colombia una vez cumpla su condena en Estados Unidos, tiene abiertos dos procesos judiciales por su responsabilidad en más de 600 homicidios, el desplazamiento forzoso de casi 1.000 personas y más de una treintena de desapariciones forzadas.

Él mismo ha reconocido su implicación en al menos 300 asesinatos, entre los cuales están los de la masacre de El Aro, que le acarreó una condena de 40 años de cárcel que jamás cumplió por sumarse al mecanismo Ley de Justicia y Paz, promovido por el expresidente Álvaro Uribe para desmovilizar a los paramilitares.

La paz total, también pasa por el cuerpo de las mujeres

En el reciente Informe para el Esclarecimiento de la Verdad en su volumen “Mi cuerpo es la verdad “se recoge el testimonio de miles de mujeres quienes fueron víctimas de actos intolerables, en los cuales el primer territorio de la guerra fue su cuerpo.

En muchos de los espacios de escucha promovidos por la Comisión “las mujeres comprendieron que la guerra no era más que un refuerzo del patriarcado, una contribución al gigantesco negocio de las armas; y, sobre todo comprendieron que, por el camino de la guerra, no se encontraría en Colombia una salida hacia la recuperación de la dignidad “. El Informe señala que en la lucha de las mujeres porque     se conozca su verdad y pare la guerra, su puntana como práctica ancestral, su insistencia desde organizaciones de mujeres víctimas y la fuerza de los movimientos feministas    han sido decisivos para demostrar contra viento y marea, que sin las mujeres la paz no va y que la paz pasa por sus cuerpos. Esos cuerpos que ya no podrán ser sometidos, torturados, explotados, violados, en razón a sus luchas, resistencias y rebeldías. Esos cuerpos ya no serán matables, en un país donde la vida no cuenta.

 

En la encuesta adelantada por la Casa de la Mujer con el apoyo de Oxfam sobre   Prevalencia de violencia sexual en contra de las mujeres, en el contexto del conflicto armado colombiano entre los años 2010- 2015, se encontró que, en    145 municipios con presencia de fuerza pública, guerrilla y paramilitares, la violencia sexual era del 18.36 %, lo que significa que durante esos seis años 875.437 mujeres habrían sido víctimas de violencia sexual. En el estudio se establece que ésta era una práctica frecuente y hacía parte del repertorio de violencias presentes en estos territorios de guerra. Los resultados también mostraban que el 56 % de las mujeres que habitaban en estos municipios, consideraban que la presencia de actores armados legales e ilegales, incrementaban la violencia en el ámbito público.  Ese macabro repertorio incluía prácticas como: regulación de su vida social, acoso sexual, violación, servicios domésticos forzados, aborto forzado, prostitución forzada, embarazo forzado esterilización forzada. La encuesta hace parte del proyecto: “saquen mi cuerpo de la guerra “liderado por 12 organizaciones de mujeres en Colombia.

Tanto en este estudio, como en el texto   citado de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad   se establece   cómo las violencias perpetradas contra mujeres, jóvenes y niñas en el ámbito público son un continum de las violencias que empiezan en la cama, en la casa, en los espacios más cotidianos en los cuales transcurren sus vidas.  Es decir, las vidas de muchas mujeres en Colombia están amenazadas y éste anhelo de paz debe contribuir a erradicar ese patriarcado reforzado, que implica la guerra.

La paz total planteada por el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez tiene el propósito de parar la destrucción y la muerte en nuestro país.  Este complejo proceso tendrá que tramitarse en los caminos de las negociaciones con los movimientos guerrilleros y el acogimiento de los grupos neoparamilitares y las organizaciones multicrimen.  Se trata de una propuesta   audaz y urgente para un país de guerra de guerras, pero también se trata de parar las guerras cotidianas y devastadoras que afectan y destruyen las vidas de las mujeres.

! ¡Sólo habrá paz total, si erradicamos todas las formas de violencia contra las mujeres!