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Etiqueta: Paz total

El Gobierno renunció a la extradición de dos negociadores del ELN

El Gobierno remitió una nota a las autoridades cubanas informándoles de su renuncia a la extradición de dos de los representantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un gesto que permitiría apuntalar las conversaciones de paz en ciernes.

El documento, al que ha tenido acceso l Caracol Radio, ha sido remitido al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, y hace referencia a Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’ y a Víctor Orlando Cubides, ‘Aureliano Carbonell’ o ‘Pablo Tejada’.

 

El documento explica que el Gobierno ha pedido la suspensión de las órdenes de captura emitidas contra los miembros de la delegación de la guerrilla, pero un juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia no había anulado las órdenes para Ramírez y Cubides, miembros clave en el proceso.

Por ello, notifican al gobierno de Cuba que renuncian a este pedido de extradición para que se siga dando pasos en este eventual proceso de paz.

«De acuerdo a la Resolución 177 del 2022 no se harán efectivas las órdenes de captura y pedidos de extradición, generando seguridad jurídica para miembros de la delegación del ELN» explica el documento.

Por último, el Gobierno asegura que se mantiene la decisión firme e inequívoca de iniciar un proceso de negociación con el ELN en el marco de todas las garantías y seguridad jurídica tanto para las partes como para los países garantes que participan.

Cese del fuego multilateral, ¿Cuestión de días?

Al término de su agenda de trabajo en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, el Presidente, Gustavo Petro, anunció que “en cuestión de días, también, se va a plantear  la posibilidad de un cese multilateral del fuego, que sería el inicio del fin de la violencia en Colombia.

El Jefe de Estado explicó que este cese del fuego multilateral se adelantará con todos los grupos que estén dispuestos a adherirse a la iniciativa

 

“A todos los que deseen un proceso de negociación con la justicia en Colombia para desmantelar organizaciones criminales, lo que les proponemos es cesar hostilidades, crímenes, muerte, cesar el fuego y, dado que es una pluralidad de organizaciones, eso se llama cese multilateral al fuego”, sustentó.

Por esta razón, enfatizó: “Cese multilateral significa que los diversos actores, que son múltiples, cesan de disparar, cesan los disparos. Claro que el Ejército va a funcionar, llegando, precisamente, al territorio en donde hoy no llega porque están las organizaciones narcotraficantes controlando el territorio”.

Diálogos con el ELN

El Presidente Petro también se refirió a los avances en los acercamientos para el inicio de los diálogos con grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y las disidencias de las Farc.

En este sentido, comentó que “ya estamos en la antesala, es cuestión de días”, y aseguró que, “de hecho, ya ha existido contacto oficial de funcionarios del Gobierno, de los delegados a este tipo de tema, el alto Comisionado de la Paz, con miembros de disidencias. Es cuestión de días”.

De la misma manera, se refirió al nuevo tratamiento que debe haber en el país cuando se habla de paz.

En este sentido, aseguró que “cada vez que hablemos más de paz en Colombia, si se reconoce la realidad actual de Colombia, tienes que hablar es de resolver pacíficamente el problema del narcotráfico”.

“Por eso, lo que hemos planteado es una perspectiva de desmantelamiento de ese tipo de organizaciones, aprovechando –en cierta forma– una brecha que hay allí, que tiene que ver con que los dineros del narcotráfico cada vez más se ubican fuera de Colombia”, aseguró.

Ante esta circunstancia, el Jefe de Estado dijo que el Gobierno puede utilizar esa brecha “en función de que estos jóvenes dejen las armas, de que se desmantelen esas organizaciones”.

Puntualizó que para eso “el instrumento fundamental será el que vamos a llamar ‘Acogimiento a la justicia’; el factor central será una negociación entre estos grupos y la justicia colombiana, en pos de su desmantelamiento y la no repetición”.

Paz Total sí, pero con Seguridad Total

Los esfuerzos del Gobierno Nacional para lograr la Paz Total, que busca disminuir los hechos de violencia y delincuencia que afectan la vida, integridad y bienestar de todos los colombianos, en especial de quienes viven y sufren el accionar violento de los frentes del ELN, de las disidencias y demás bandas delincuenciales organizadas que se disputan las rentas del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, la trata de personas, el contrabando, etc, deben complementarse con una estrategia de Seguridad Total.

El Estado colombiano tiene la institucionalidad para adelantar el proceso de paz que propone el gobierno, como también para garantizar la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos a través de la disuasión, la prevención y del uso legítimo de la fuerza. “Zanahoria y garrote” que deben complementarse para lograr la paz anhelada y la seguridad requerida en este momento.

 

Es necesaria esta complementariedad de paz y seguridad si se tiene en cuenta las características de cada uno de los grupos con los que se pretende abrir diálogos o procesos de sometimiento o acogimiento. Para comenzar, no todos van a estar en la Paz Total, algunos seguirán con sus acciones y negocios ilegales, otros se comprometerán e intentaran sacar los mayores beneficios y a unos más les servirán los “ceses de hostilidades” para fortalecer su accionar criminal y para expandir su control hacia los territorios y comunidades que dejen los grupos que se desmovilicen o sometan.

En este escenario, las acciones legítimas y contundentes de seguridad y justicia de las FF.MM, la Policía y de la Fiscalía, en contra de todas las organizaciones delincuenciales, tienen todo el sentido para presionar al mayor número posible de organizaciones y miembros a buscar una salida negociada o de sometimiento o acogimiento.

Sería un grave error limitar el accionar de las instituciones de seguridad y justicia en medio del incremento de la violencia y la delincuencia generada por las organizaciones criminales, así como dejar estas instituciones por fuera de los procesos que se inicien en el marco de la Paz Total, que no avanzará, como se espera, con solo ofrecimientos de parte del gobierno y sin acciones contundentes de uso legítimo de la fuerza frente a las acciones delincuenciales de estos grupos.

Con el ELN los diálogos seguramente arrancarán con el acuerdo firmado en 2017, donde este grupo se comprometió con “el silenciamiento de fusiles, no más secuestros, no voladuras de oleoductos, no siembra de minas antipersonales y no enrolamiento de menores de 15 años”. Por parte del Gobierno los compromisos fueron “mejorar la seguridad los líderes comunitarios y condiciones carcelarias de los militantes del ELN reclusos, despenalizar la movilización y la protesta, aplicar amnistías e indultos y organizar las audiencias para las conversaciones con la sociedad civil”.

Lo más seguro es que algunos frentes del ELN, con su poder y autonomía económica y política lograda en los últimos años, no compartirán iniciar con lo acordado en 2017 y querrán replantear los puntos de ese acuerdo, casi que comenzar de cero con algunos nuevos negociadores, otros estarán ahí, no tan comprometidos con los diálogos esperando a ver qué pasa y seguramente sin abandonar las actividades económicas en torno a las rentas criminales, que es a lo que hoy están dedicados.

Con algunas disidencias, los diálogos comenzarán desde cero, no serán un “otrosí” de los Diálogos de la Habana y con los demás grupos de delincuencia organizada hay que esperar los beneficios que se otorguen tras la reforma de la ley de orden público, que debe contar con la participación y trabajo decido de la Fiscalía, que tendrá que liderar los procesos de sometimiento o acogimiento.

Tanto para Paz Total, como para garantizar la seguridad de los ciudadanos y territorios, es necesario que se haga una caracterización actualizada de todas las organizaciones con las que se va a negociar o se va a ofrecer sometimiento o acogimiento.

Hay que reconocer que hoy ya no se esta ante las organizaciones guerrilleras que se conocían antes de los acuerdos con las FARC en 2016, solo queda el ELN que, en su intención por controlar los territorios y en particular las rentas criminales que dejó ese grupo, entro en un proceso de alta criminalización, dejando de lado la revolución y la toma de poder. Tampoco se esta ante grupos de autodefensas o paramilitares como se conocieron a finales de siglo y comienzos de este. Lo que hay son narcotraficantes puros y una gran cantidad de organizaciones criminales dedicadas a explotar de manera violenta las distintas rentas criminales a nivel rural y urbano. Con esta caracterización va a ser más fácil lograr los objetivos que se ha propuesto el actual gobierno en el tema de Paz Total, y en materia de seguridad ayuda a definir los objetivos, que todavía no son tan claros.

Por otro lado, hay que definir de manera clara como se van a gestionar y coordinar estos estos dos temas. Hasta ahora, son varias las instituciones gubernamentales y parlamentarias que hablan, opinan y hasta dan ordenes en torno a las problemáticas de paz, orden público y seguridad. Se requieren dos cabezas claramente definidas que coordinen a más de 20 instituciones estatales que tienen que ver con estos temas, sin incluir a todos los alcaldes y gobernadores, que en los territorios tienen responsabilidades constitucionales y legales. Todo esto bajo el liderazgo del presidente de la República.

Finalmente, hay que recalcar que la participación y accionar, en el marco del Estado de derecho, de las FF.MM, la Policía y la Fiscalía, son fundamentales para obtener mayores logros en materia de paz y para recuperar y garantizar la seguridad y bienestar de todos los colombianos.

Críticas de Roy Barreras al Gobierno Petro por reunión con las disidencias de las FARC

El presidente del Congreso,  Roy Barreras, cuestionó la reciente declaración conjunta firmada entre el Gobierno y las disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ha cuestionado que desde el Ejecutivo hayan accedido a reconocer a las disidencias como FARC-EP.

«Y entonces, ¿Quiénes fueron los que hicieron el enorme esfuerzo de dejación de armas en el Acuerdo del Teatro Colón? ¿No desvirtúan de un solo plumazo en los diálogos exploratorios, y ahora públicos, la legitimidad del Acuerdo de Paz?»

 

Barreras reconoció que estos contactos suponen un «avance» y un «esfuerzo enorme» para lograr la «paz total», pero advirtió que «las formas y los mensajes importan cuando se actúa comprometiendo al Estado colombiano».

Representantes del Gobierno de Colombia y de las disidencias de las FARC mantuvieron el pasado sábado una reunión exploratoria con presencia de la ONU y Noruega con vistas a abrir un proceso de paz con el objetivo declarado de lograr la «paz total».

La cita se produjo en Caquetá y busca «valorar la posibilidad de iniciar diálogos en el marco de lo que se ha definido como Paz Total», según el documento publicado tras la reunión.

¿Qué queda por fuera de la paz total?

Recientemente, el Alto Comisionado Danilo Rueda dio varias pistas sobre el camino que tomará el Gobierno hacia la paz total. La intervención estuvo llena de ideas innovadoras que ya están en ejecución. Todo indica que pondrá toda la energía del recién nombrado gabinete para aprovechar al máximo el período de luna de miel y entrar al Plan Nacional de Desarrollo con la agenda ya avanzada.

Hay una serie de innovaciones en este proceso, que no son de poca monta. Por una parte, algunos críticos del gobierno señalan un exceso de generosidad en reconocer arraigo social a diferentes grupos armados, entre ellos a diversos grupos armados organizados como el Clan del Golfo, entre otros. Contrario a estas críticas, creo que esto es uno de los cambios más significativos en este proceso que vendrá, y que puede tener efectos positivos en la reducción de la violencia y la protección de las personas que habitan los territorios más afectados. La ampliación del reconocimiento devuelve la humanidad a la población en regiones afectadas por el conflicto. Piénsese que no vamos a volver a escuchar que los niños reclutados o utilizados por grupos armados son meras máquinas de guerra, ni las víctimas civiles tendrán tantas barreras para ser reconocidas como tales y no estigmatizadas por las instituciones que las deben proteger.

 

La segunda innovación que quiero resaltar es estrategia de diálogos simultáneos, pero separados entre los grupos violentos y la sociedad colombiana. En 50 regiones la gente tendrá la oportunidad de expresar sus necesidades de protección social, seguridad humana y cumplimiento de derechos, y también su frustración y desconfianza con el Estado, mientras al mismo tiempo el gobierno adelante la fase exploratoria con los grupos armados. La estrategia acierta en desligar la representación de las demandas sociales de los grupos armados, lo que eleva la presión ciudadana sobre ellos y deslegitima el uso de la violencia. Esta agenda está avanzando con una celeridad asombrosa.

Los otros diálogos han sido más discretos. Sabemos que se descongelaron las negociaciones con ELN y que hubo reuniones con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), el estado mayor central de las FARC y la Segunda Marquetalia. En esto, mientras con la guerrilla del ELN y grupos del mismo origen se avanzará en recuperar la confianza en la negociación y probablemente el gobierno utilice la carta de las reformas sociales para mostrar su capacidad de avance, con los demás grupos se ofrece una alternativa de diálogo socio-jurídico más enfocado en su desmantelamiento con opciones a la justicia restaurativa. Esta última idea es la tercera innovación que quiero resaltar, pero sobre la cual se necesita mucha reflexión colectiva.

Nota relacionada:

Lo que es positivo de esta alternativa es que obliga a reconocer el arraigo de este tipo de grupos armados. Lo que resulta preocupante es los grupos que ejecutan la violencia y los dueños de los negocios no son las mismas personas. Estos grupos usualmente tercerizan acciones violentas sea de narcotraficantes o de otros, utilizando el control social como moneda de cambio. Recordemos que unos meses después de la desmovilización de las FARC, la hoy columna Dagoberto Ramos era un pequeño grupo armado que patrullaba con arma corta y hoy es una estructura que controla gran parte del corredor andino-amazónico del país. Es decir, puede incluso que este diálogo ampliado no sea suficiente.

El cómo conseguir que estos grupos de poder no tengan la capacidad de usar la violencia organizada a su antojo depende mucho de qué suceda con la política de seguridad y defensa, y que ésta esté articulada a la paz total. Por eso, dicha política debe centrar buena parte de sus esfuerzos a la protección de los grupos especialmente vulnerables que desde ya sabemos que van a estar en la primera línea de fuego, incluyendo los presentes y futuros firmantes de paz, y los liderazgos sociales que busquen agenciar los cambios pactados.

En la misma línea, la anunciada política de Seguridad Humana debe enfilar toda su energía a la reforma del sector seguridad que permita una presencia limpia de la Fuerza Pública orientada a la protección del territorio y destierre prácticas nefastas como la de “brazos caídos” en los enfrentamientos entre grupos, el señalamiento de civiles como parte de un bando u otro, pero especialmente que destierre los negocios ilegales de la Policía y el Ejército. Necesitamos que la paz no solamente sea total, sino también sostenible.

 

La paz total motiva guerra de declaraciones entre Iván Cepeda y Sergio Jaramillo

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, respondió a los señalamientos del excomisionado de Paz, Sergio Jaramillo, quien dijo en entrevista para Noticias Caracol, estar preocupado, señalando al congresista de tener la batuta del tema de paz y no el Gobierno Nacional y que, además, “se estaría dejando huérfano la implementación de la paz con las Farc”.

Al respecto, Iván Cepeda escribió en su cuenta de Twitter: “Hemos dicho que la implementación integral del Acuerdo de Paz suscrito en 2016 es la base y el fundamento de la política de Paz Total. El gobierno está trabajando en ello y será con hechos que se demostrará esta afirmación”.

 

Jaramillo señaló al Gobierno Nacional de hablar con organizaciones criminales, con combos hasta en las cárceles y al senador Cepeda le criticó de supuestamente mezclar los acercamientos con el ELN con los de las bandas criminales y las disidencias, lo que calificó como “un error”.

“Después de hacer un análisis muy preciso de qué eran las bacrim, el único tratamiento que cabían para las bacrim era el de organizaciones criminales y el control que están ejerciendo, como hace el crimen organizado, es para regular las economías ilegales y mover el negocio”, dijo el excomisionado quien señaló además que no se pueden abrir diálogos con las disidencias de las Farc, sin antes conocerlas y criticó al Gobierno por un supuesto debilitamiento a las Fuerzas Militares y de Policía, haciendo referencia a la reciente purga de altos oficiales.

El senador Iván Cepeda en su respuesta señala que “el gobierno ha hecho cambios necesarios en los mandos y ha reemplazado la doctrina de seguridad nacional por la concepción de seguridad humana”, y más adelante asegura que en ningún momento se ha considerado la idea de promover zonas de despeje como sucedió en el Gobierno de Andrés Pastrana en San Vicente del Caguán.

Cepeda invitó al excomisionado, Sergio Jaramillo, a participar del trabajo que se está ejecutando desde el Gobierno Nacional para darle continuidad a la implementación de la paz en Colombia.

 

La ONU celebra la estrategia de Colombia para lograr la paz

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos interina de Naciones Unidas, Nada al Nashif, afirmó que «sigue con optimismo» la estrategia del nuevo Gobierno colombiano de buscar «la paz total» y su compromiso para implementar el acuerdo firmado con las FARC en 2016 y las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad.

«Mi oficina está lista para apoyar estos esfuerzos», aseguró Al Nashif en un discurso este lunes en el que aludió de forma velada al futuro marco negociador con los guerrilleros del ELN.

 

Además, invitó al Gobierno de Gustavo Petro a tomar medidas para proteger a la población y a los defensores de los Derechos Humanos de los «crecientes niveles de violencia» por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales.

La responsable de la ONU también recordó que la Oficina de Derechos Humanos continuará informando al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación del acuerdo de paz en lo referente a estos derechos.

Asimismo, Al Nashif dijo que la oficina celebra el anuncio de la reforma del sector de la seguridad y el cambio de la política de drogas a un enfoque social y de salud pública, en lugar del punitivo que había hasta ahora.

“El ELN y las bacrim no van a negociar conjuntamente”: Alirio Uribe

El representante a la cámara, Alirio Uribe, dice que el ELN no se va a sentar en la misma mesa de diálogo con los representantes de las bandas criminales, porque según él, estos procesos deben ser diferenciados. Habla también sobre lo que sería la reforma política.

El ELN manifestó su desacuerdo con sentarse a la mesa a negociar junto a las bandas criminales ¿usted qué piensa al respecto?

 

Alirio Uribe: No van a negociar conjuntamente. Lo primero es aclarar eso, aquí lo que está proponiendo el Gobierno Nacional y lo que está en el proyecto, es precisamente que se caracterice los diferentes grupos porque tenemos unos que tienen naturaleza política como el ELN y tenemos otras estructuras armadas y otros grupos que no tienen esa connotación política.

¿Cuál es el camino ideal para encontrar esa ‘paz total’?

Alirio Uribe: Para buscar la paz total lo que se necesita es que el Estado recupere el monopolio de las armas, hoy tienen armas las guerrillas, hoy tienen armas los grupos paramilitares, tienen armas las bandas criminales y una cantidad de estructuras armadas, entonces habrá modelos diferenciados. No se van a sentar en la misma mesa el Clan del Golfo con el ELN o las disidencias de la FARC y con una banda criminal que hay en Medellín, o la oficina de Envigado, esos van hacer procesos separados.

¿Cómo sería ese escenario?

Alirio Uribe: Con los grupos que son naturaleza política se negociará y para los que son de naturaleza armada criminal que no tienen una connotación política, sino que están más asociados a temas de narcotráfico, de economías ilegales, de tráfico de personas o cualquier otro tipo de conductas, se tendrá que diseñar una ley diferente a la de orden público o ajustar las existentes.

¿Esto se hará sin alguna exigencia previa?

Alirio Uribe: Sí hay un grupo armado que quiere acogerse a una negociación política o quiera someterse a la justicia, se debe a comprometer a cesar las hostilidades, no atacar la población civil, no hacer reclutamiento forzado de niños y niñas, esclarecer la verdad sobre los crímenes o los hechos que hayan ocurrido y lo más importante desmontar la estructura armada para que esta no siga asesinando policías o soldados o atacando a la población civil.

¿Cómo entender qué se quiere hablar de paz con los grupos criminales como el Clan del Golfo cuándo estos no tienen una connotación política?

Alirio Uribe: Hay grupos armados y estructuras criminales que en todo caso tienen control territorial, que en todo caso tienen armas, que en todo caso atacan a la gente y que pueden generar graves daños. Vimos el paro que hizo el Clan del Golfo en una cantidad de municipios y departamentos; entonces yo lo que creo es que si queremos desmontar esas estructuras hay que buscar una vía o una ruta para que ellos se pongan a paz y salvo con la justicia y podamos entrar en ese proceso.

¿Han pensado en que la comunidad internacional se pronuncia en contra de esto, como pasó con la Ley de Justicia y Paz?

Alirio Uribe: La comunidad internacional ha venido acompañando de manera permanente los procesos de negociación y los procesos de sometimiento de la justicia, de hecho, lo ha hecho la Corte Penal Internacional, lo ha hecho la misión de la OEA, nosotros tenemos al consejo de seguridad apoyando lo que se hizo con las FARC, también en su momento con la ley de justicia y paz. Esos son los riesgos de parar una guerra, son muchos y dentro de estos está la posición del ELN de que no lo revuelvan.

La Misión de Observación Electoral, considera que no es pertinente mezclar los temas de reforma a la arquitectura institucional con los temas de reforma política ¿está de acuerdo?

Alirio Uribe: Lo que se quiere separar la reforma política propiamente dicha de la creación de una corte electoral y la modificación al Consejo Nacional Electoral. A mí me parece que habría unidad de materia, pero obviamente la reforma política tiene que ver más con ordenar el sistema de partidos, la democracia interna de los partidos, la financiación de las campañas, la lista cerrada.  Yo pienso que se puede hacer de las dos formas, se puede hacer todo en una sola propuesta o se pueden hacer propuestas diferenciada, una para reformar el sistema de partidos, la forma de financiar las campañas y demás y otra para las reformas del aparato electoral como tal.

hoy se vuelve a hablar de la posibilidad de abrir la puerta para el transfuguismo político, ¿está de acuerdo?

Alirio Uribe: Es posible que en aras de la construcción del frente amplio pueda convenirle al Gobierno y a los partidos del Gobierno permitir que haya por una sola vez, una movilidad para la recomposición política de los partidos, de hecho, algunos consideran que el Pacto Histórico debería convertirse en un solo partido. Creo que hace parte de la discusión política.

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