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Etiqueta: Paz total

Nadie nos llama, nadie nos dice nada, como si no existiéramos

Hablar del secuestro o como lo llaman las guerrillas “retenciones económicas”, vuelve a ponerse sobre el debate público. Las cifras son alarmantes y demuestran que algo tanto en el proceso de paz como en las políticas de seguridad no está funcionando o no está siendo efectivo a corto plazo. Según diferentes fuentes el número de secuestros ocurridos en 2023 sobre pasa la cifra de las 80 personas, muchas de ellas con paraderos aún desconocidos.

Aunque el secuestro nace en Colombia mucho antes de la aparición de las guerrillas de izquierda, si es muy claro que luego del surgimiento de estas en 1964, el fenómeno empieza a tomar mayor relevancia, tanto en los llamados secuestros políticos, como en los secuestros con fines económicos; sin embargo, fue solo con el Mandato Nacional Por la Paz de 1997, donde más de diez millones de personas se manifestaron en contra de este y otros delitos, y con la llamada marcha del No Más en 1999, que se evidenció el dolor y los daños que el secuestro causa a la sociedad, la economía y principalmente a la víctima y sus familiares.

 

Más allá de las cifras, el secuestro afecta profundamente la salud mental y espiritual de los seres queridos y de quien lo padece directamente. La incertidumbre frente a la situación de su familiar, el sentimiento de impotencia, la espera día y noche de una llamada o un mensaje, el traslado de un sitio a otro principalmente en horas de la noche, el miedo frente a posibles combates, etc., consume profundamente, de forma silenciosa a quienes esperan algo de piedad estando secuestrados, y a los familiares y amigos más cercanos.

Con las denuncias públicas frente al secuestro del Sr. Díaz, empecé a recibir llamadas de personas que querían revelar el secuestro de sur ser querido o amigo, pues a pesar de los esfuerzos, los nombres de la mayoría pasan desapercibidos para la sociedad, los medios de comunicación y los gobiernos, principalmente para los alcaldes y gobernadores, que nada o poco hacen para ayudar a controlar el delito o para brindar acompañamiento a las víctimas.

Una de esas llamadas terminó siendo el clamor de una amiga de juventud. Cuando sonó el teléfono, y aunque evidencié que el número en la pantalla era desconocido, sentí que por alguna razón debía aceptar la llamada. Al responder con el cauteloso y cortante ¡alo!, me habló afanosamente una mujer. Hola Lucho, ¿cómo estás?, era una voz que me inspiraba confianza por la familiaridad de sus palabras y el tono con el que me habló. Soy Mildred Quintero[1], no sé si te acordás de mí, estudiamos juntos en el colegio. No fue fácil retroceder el tiempo, de esa época ya pasaron más de cuarenta años. Era una amiga de esas difíciles de olvidar, por su extrovertida forma de ser y las señales que en menos de dos minutos me refirió. Necesito hablar urgente con vos, hoy te vi en TvSanJorge – el canal comunitario de Ocaña- y hablaste del secuestro y quiero que me orientes sobre un caso. Establecimos una cita en su casa, hablamos de muchas cosas, hasta que finalmente me atreví a poner el tema para el que había sido citado. Del patio de la casa, salió una señora joven, con los ojos hinchados seguramente de llorar, y un caminar lento, comprendí inmediatamente que un ser muy cercano a ella era víctima de secuestro. Con las presentaciones de rigor y la cautela que el tema amerita, la señora comenzó a narrar el dolor tan inmenso que estaba padeciendo con el secuestro de su hijo, era la primera vez que lo hacía con alguien que no

fuera su círculo familiar cercano. Con el llanto entrecortado, la mirada perdida, el celular en una mano y con la otra aferrada al mueble, como si estuviera siempre dispuesta a salir corriendo frente a cualquier llamada, comenzaron a salir de su boca más que frases de relato, algunas preguntas ¿por qué secuestraron a mi hijo, si yo no tengo plata y mi hijo tampoco? ¿qué le digo a los niños, mis nietos, que todo el día preguntan por él? Nunca imaginé que esto nos pudiera pasar a nosotros, el papá también está como loco, no sabe que hacer y ya llevamos casi un mes en esta incertidumbre, nadie llama, nadie dice nada, no sabemos nada.

No era fácil responder. Lo primero que se me vino a la mente, además de escuchar detenidamente, fue tratar de consolarla, por lo que le hice una señal a Mildred para que la abrazara y se sentara a su lado ¿Ha recibido alguna ayuda o acompañamiento de la alcaldía o de alguna autoridad? le pregunté; su respuesta, que es la misma que se repite en muchos casos fue negativa. El Gaula de la Policía, solo me informó cómo, según ellos, habían ocurrido los hechos, y por donde se los habían llevado, pero nada más. Ni el alcalde, ni el gobernador, ni el presidente, nadie nos llama, como si no existiéramos, como si mi hijo no valiera nada, me dijo. Luego de darle algunos consejos, más relacionados con su salud mental y de ponernos de acuerdo para realizar un acto simbólico en el parque principal de Ocaña y una misa, le sugerí que visitara al obispo y solicitara su intermediación para intentar conocer en manos de quien estaba el hijo, y que buscara ayuda profesional para ella y para el papá del joven secuestrado, que al parecer estaba en un estado mayor de afectación.

Este lamentable y doloroso episodio, y a riesgo de ser vetado o estigmatizado, me llevan a proponer que los diálogos de paz deben, de manera urgente abordar el tema de ponerle fin al secuestro, y otros asuntos que tienen que ver con el Derecho Internacional Humanitario. Revisar sin ambages la cuestión de la manutención de los combatientes involucrados en el proceso de paz, de tal forma que esta deliberación, pueda también llevarnos casi automáticamente a evaluar la posibilidad de que las estructuras guerrilleras se ubiquen en zonas específicas, y los protocolos de cese al fuego bilateral, se puedan aplicar y monitorear de forma más efectiva.

No es la primera vez que, en el caso de la mesa de diálogo Gobierno Nacional-ELN, se anticipan elementos del quinto punto de la agenda, esto demuestra la madurez del proceso, los avances y el compromiso de las partes. Es el momento de responder positivamente al clamor ciudadano y buscar fórmulas expeditas para que las guerrillas abandonen el secuestro y devuelvan a todas las personas que se encuentran en su poder, hechos que, por supuesto no deberían suceder en la guerra, ni mucho menos en medio de un diálogo que busca la paz. Es el momento, de estudiar fórmulas para posibles ubicaciones territoriales temporales o permanentes de las estructuras insurgentes, para que la implementación de los acuerdos a corto plazo, se pueda adelantar incluso con la participación de guerrilleros desarmados.

Ya vendrán otros temas o preguntas que seguramente causarán desacuerdos, pero que, con el compromiso sólido en la búsqueda de la transformación de las causas que originan el conflicto y sus consecuencias, se podrán abordar y solucionar. Me atrevo a anticipar algunas: ¿Qué hacer con las armas y municiones, se entregan o no a la comunidad internacional para su destrucción? ¿Se hace o no dejación de armas y municiones a la firma del acuerdo o luego de su implementación total? ¿Seguirán en tregua bilateral o esta pasará a ser multilateral, de forma permanente, hasta la implementación de todo lo acordado? ¿La reincorporación de excombatientes, se empezará a dar cuando se entreguen todas las armas y municiones o antes, en la medida en que se vaya aplicando lo acordado?

Por el bien de Colombia, por la vida y la reconciliación, todos los diálogos de paz deben continuar. El Estado Mayor Central-FARC, debe volver a la mesa y debatir en esta, las inconformidades que expresa públicamente, y que antes de acercar a las partes, motiva reacciones políticas y sociales que hacen más difícil la construcción de acuerdos. No es el momento de la confrontación, ya la sociedad lo ha demostrado de múltiples formas. Hoy lo más revolucionario que un grupo insurgente puede hacer, es transitar por el camino de la paz, ponerle fin al conflicto armado e involucrarse en la lucha democrática por las transformaciones que las mayorías exigen.

Luis Emil Sanabria D.


[1] He cambiado el nombre para evitar señalamientos.

Lugares comunes

Hace pocos días me preguntaron que pensaba de la crisis del proceso de paz total. Traté de dar mi opinión, basándome en los hechos conocidos y en el acceso a la información de la que disponemos en la fundación Pares. Después de leer mi propia opinión me di cuenta de que la paz, al igual que yo y que otros colegas estamos girando alrededor de lugares comunes.  

La verdad es que tenemos poca información de las múltiples agendas que se mueven en los lugares de la geografía colombiana donde persiste la violencia organizada. Lo otro es que estamos midiendo muy mal, tanto los éxitos, como los fracasos y como la propia complejidad de la violencia. Hacemos unas canastas de indicadores de violencia que poco o nada tienen que ver con lo que está viviendo la gente a diario, y sobre esos números establecemos nuestro análisis. Bueno para nuestro ego, malo para el país.  Por eso, voy a reformular mi opinión sobre el estado actual del proceso y algunas ideas que podrían ayudar a volver a darle foco, tratando de hacer énfasis en la imperiosa necesidad de avance de la paz.

 

El primer punto que puede ayudar es aprovechar este momento para parar, observar detenidamente, recolectar información y crear inteligencia colectiva en el sector paz del gobierno. La información está dispersa en mesas, liderazgos y tareas. Medir mejor es fundamental. Los repertorios de violencia no son estáticos y los análisis sobre los mismos tampoco deberían serlo. La realidad es la que debe dictar la acción y no al contrario.  

Lo segundo suena obvio, pero no es sencillo. El gobierno debe reconocer que la gente está sufriendo. Meterles fuerza y debate político a dos o tres cifras distrae a la opinión pública de lo fundamental. La gente está dispuesta a entender que el camino está lleno de baches, pero no a que le digan que esos baches, los que viven, ven, sienten y perciben a diario no existen. Actualmente muchas comunidades y organizaciones sociales con experiencia, dedicación y compromiso en la construcción de paz nos aseguran que no están siendo escuchadas.

Lo tercero es cambiar el foco de los violentos al territorio. Estamos tan llenos de lugares comunes que no somos capaces de ver que la mayor demanda política detrás de la violencia (y tal vez la única que queda en firme) es la presencia de un Estado que atienda las necesidades básicas de la población. Tan simple como eso, pero tan complejo de hacer. Es la promesa que jamás se ha cumplido. Como somos un país profundamente centralista, la rendición de cuentas que la sociedad hace al Estado se va poco a los mandatarios locales y muchísimo al gobierno central.

Lo cuarto es desenredar la pita. El proceso, lleno de procesos está actualmente enmarañado en funciones, dispersión de las mismas, decretos, etc. Ordenar así sea un poco la gestión de la paz en el territorio no es mala idea en absoluto. Por ejemplo, sería deseable recuperar la senda de los PDET en construcción de infraestructura y al mismo tiempo darle un aire serio, renovado, con recursos y capacidad a reconstruir el tejido civil y social que ha sido roto por la violencia. La capacidad que no tienen los gobiernos a nivel local la puede tener la sociedad civil, que en estos momentos se siente aislada. El presidente tiene, además la posibilidad de trabajar con las gobernaciones entrantes. Ojalá volvamos a ponerle el apellido paz a las cosas positivas en las que el Estado está avanzando (reforma agraria, por ejemplo). Y que ese apellido venga con recursos y capacidad humana.

Finalmente viene la cuestión de los armados. Aquí la cosa es de un balance muy delicado, incluyendo por supuesto mantener abiertos canales de diálogo y la oferta de negociación, al mismo tiempo que se continúa avanzando en los cuatro puntos anteriores. Es importante, y esto lo digo con algún conocimiento de años de estudio de grupos armados en Colombia y otros países, salir de la idea de que existe una voluntad real de paz (de unos) y una voluntad falsa de otros. Todos los grupos tienen una parte de sí que quiere negociar y una parte que no. Hasta el final tratan de mantener planes B, balances, y “seguros” por si las cosas salen mal. De lo bien que se hagan las mesas de negociación depende que esa parte que no quiere negociar sea minoritaria.

Es total responsabilidad del Estado, quién se sienta a negociar en nombre de la paz como derecho fundamental, que entienda esto. Y aquí, en esta crisis no hay otra opción que mantener la mesa salvable – que es la del ELN – lograr aglutinar la presión ciudadana contra el secuestro a favor de la liberación inmediata de todas las personas en poder de esta guerrilla y acelerar con firmeza el paso de los acuerdos. Si en la mesa queda claro que hoy, tanto el ELN como el gobierno y como el país en general tenemos el tiempo en contra, la cosa puede rescatarse. 

Laura Bonilla

Fama y secuestro

Ana Karina Bayter respira profundamente. Me mira y comienza a hablar. Me cuenta sobre el Banco Magdalena, la depresión Momposina, los territorios anfibios y su trabajo en programas sociales y el sector de la salud. «Hay un rezago», me dice. «Mi territorio no ha tenido las mismas oportunidades que muchos otros». El Banco es un pueblo con problemas, afectado enormemente por el conflicto armado. Pero hace más de veinte años no vivía un secuestro. Y ocurrió. No solo su hermano fue secuestrado, sino en el mismo mes tres personas más en Ocaña.

Juan Carlos Bayter salió el 18 de octubre para llevar a sus hijos al colegio. Fue raptado por hombres armados en el centro del municipio. Han pasado 20 días sin noticias, y su familia teme lo peor. Inicialmente se pensó que el caso podría haber sido perpetrado por bandas foráneas. «En el Banco no tenemos ese problema», asegura Ana Karina. «Fue gente de fuera». La comunidad se movilizó, el Gaula comenzó a investigar, la Oficina del Alto Comisionado de Paz atendió el caso. Luego, silencio. Con el paso de los días y sin recibir ninguna llamada, la familia comienza a temer lo peor, pero aún mantienen la esperanza.

 

Luego aparece la noticia. El ELN acepta haber secuestrado a Luis Manuel Díaz. Todo cambió de repente para la familia Bayter mientras veían a todo el país solidarizarse y movilizarse por la vida y la libertad del padre de uno de los futbolistas más queridos. En medio de la tragedia y el dolor, surge la pregunta: ¿Vale menos la vida de Juan Carlos? ¿La comunidad de Banco Magdalena? ¿Por qué aún no sabemos nada? ¿Tiene también el ELN a Juan Carlos?

Esta guerrilla dio un paso en falso monumental al volver a secuestrar. Según el comunicado, se infiere que este no es el único caso y que hubo una «orientación financiera» para que el Bloque Norte llevara a cabo secuestros como fuente de financiación. El propio comunicado plantea un problema que el mecanismo de verificación del cese debe estar revisando con rigor en este momento. No existe el término «retención de civiles», aunque el ELN trate de matizar esas palabras. Es un secuestro y es un crimen, uno de los más sensibles en el país.

Tal vez sin querer, el ELN revela que está buscando otras fuentes de financiación, posiblemente debido a la disminución de la compra de pasta de coca en varias regiones y la reducción de sus ingresos mientras mantienen los costos de la guerra y se enfrentan a las AGC y al Estado Mayor Central (EMC). Sin embargo, esto no importa al país. Por el contrario, volver a secuestrar solo generará un mayor repudio en la sociedad. Puedo asegurar que hoy en día, el secuestro no es bien recibido en ningún municipio o vereda, sea cual sea el actor involucrado.

Al ELN no le queda otro camino que la paz o la descomposición total. El tiempo pasa y las opciones se reducen cada vez más. La ventana que la sociedad colombiana generosamente abrió, junto con un gobierno dispuesto al diálogo, no estará siempre disponible. Tienen tres años en los que su contraparte en la mesa hará todo lo posible para avanzar en la promesa de la paz, pero no a cualquier precio. Este evento se interpreta como un sabotaje al proceso mismo.

Por lo tanto, aprovecho esta columna para preguntarles directamente: ¿Tienen secuestrado a Juan Carlos Bayter? Si es así, les pido en nombre de su familia que lo liberen sano y salvo, así como a todas las personas que tengan secuestradas, aunque no sean famosas. Colombia no merece revivir ese drama, y les aseguro que el argumento de que necesitan financiar la guerra no tiene fundamento ni en las regiones donde operan ni en las ciudades. Deben considerar que, en un proceso de paz, la sociedad misma los acogerá y apoyará, pero es imperativo que cesen las agresiones contra civiles. No saboteen la paz.

Laura Bonilla

Sin resultados la “Potencia de la Vida”

Por: Hugo Acero Velásquez

Las cifras de muertes violentas y lesionados reportadas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y septiembre de este año, comparadas con el mismo periodo del año anterior, muestran que las muertes violentas en Colombia siguen creciendo. Los homicidios han aumentado en un 5,3%, 517 casos más, se pasó de 9.844 homicidios entre enero y septiembre 2022 a 10.361 en el mismo periodo de este año. Las muertes en siniestros viales aumentaron en un 2,8%, los suicidios en un 10% y las muertes accidentales en un 4,9%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

 

Pero no son solo las muertes violentas las que han aumentado, también las lesiones. Salvo los delitos sexuales, la violencia entre personal, la violencia intrafamiliar, las lesiones en siniestros viales y las lesiones accidentales han crecido en Colombia, entre enero y septiembre de este año.

De continuar con estas cifras, difícilmente el gobierno de Gustavo Petro podrá cumplir con las metas que se fijó en su Plan de Desarrollo y Colombia no será la “Potencia de la Vida” que pretende convertirla.

Con relación a los demás delitos, el Ministerio de Defensa reporta que entre enero y septiembre se pasó de 99 secuestros extorsivos en 2021 a 141 en 2022 y este año, hasta septiembre, ya iban 167 casos.  Algunos otros delitos también han aumentado, como es el caso de los hurtos a personas 18%, vehículos en 3%, motocicletas 5%, residencias 3% y la extorsión aumentó en un 18%. En general las cifras no son favorables y los ciudadanos se sienten cada vez más inseguros.

Frente a esta situación de incremento de la violencia y la delincuencia, uno de los temas más importantes que el presidente Gustavo Petro y los ministros del interior, Defensa y Justicia deben trabajar con los nuevos alcaldes y gobernadores en la seguridad de los ciudadanos y de los territorios, que está siendo afectada de manera grave por las distintas estructuras criminales que operan en las regiones y ciudades del país.

En este campo, no basta con una reunión con los nuevos mandatarios locales en la Presidencia de la República o un “cónclave” para discutir qué se va a hacer, es necesario definir una estrategia de trabajo coordinado y permanente de los ministros del Interior, Defensa, Justicia y Planeación Nacional con los mandatarios locales, trabajo coordinado que debe contar con la participación de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, dado que este es el problema más grave de Estado que hoy tiene el país.

Seguramente, no será posible trabajar con todos los alcaldes y gobernadores, pero dadas las características de los problemas de violencia y delincuencia, los esfuerzos se pueden focalizar en aquellas regiones y ciudades donde se concentran los principales problemas. Por ejemplo, cerca del 55% de los homicidios se concentran en 50 municipios del país y las ciudades con mayor número de casos, algo más del 30%, son Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Cúcuta, Santa Marta, San Andrés de Tumaco, Soledad y Quibdó.

En el caso de los departamentos se puede trabajar por regiones donde se concentra el accionar delictivo de las organizaciones delincuenciales que se disputan las distintas rentas criminales del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas, el comercio de armas ilegales, la extorsión, entre otras. Se pueden concentrar los esfuerzos en los departamentos de las fronteras con Ecuador, Perú, Venezuela y Panamá, entre Meta y Guaviare, en el Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño, en el Catatumbo y otras regiones suficientemente conocidas por las autoridades.

Si el presidente Gustavo Petro no asume este tema, como corresponde, y bajo su liderazgo no promueve y sostiene el trabajo permanente y en equipo con todas las autoridades estatales de seguridad y justicia, incluidos los alcaldes, gobernadores, la Fiscalía, la Defensoría y la Procuraduría, difícilmente se va a recuperar la seguridad de los ciudadanos en todos los territorios y ciudades y Colombia no será la “Potencia de la Vida” que pretende lograr con su plan de desarrollo.       

El Plateado y la Paz con el llamado Estado Mayor Central de las Farc

Debido a las constantes tomas y ataques de las guerrillas, hace varios años que la Policía Nacional tuvo que abandonar El Plateado, corregimiento del municipio de Argelia en el Cauca, y han sido infructuosos los intentos de retoma de este y de todo lo que se conoce como el Cañón de Micay, enclave de cultivo de coca para la producción de cocaína, su transporte y comercialización hacia la costa pacífica principalmente. Hasta este año, gran parte de este territorio, volvió a ser ocupado por la Fuerza Pública, y se plantea una acción integral del Estado para contrarrestar las violencias, alimentadas esencialmente por el narcotráfico.

Las economías ilegales señaladas, el acceso a la compra armas y municiones ilegales, las difíciles condiciones sociales y políticas, la debilidad del Estado y el abandono de sus responsabilidades en materia de salud, educación, vivienda, vías de comunicación, y el desamparo de las economías campesinas, han hecho de esta hermosa región, un caldo de cultivo, en donde proliferan todo tipo de expresiones armadas. Hace muchos años que estas poblaciones del Cauca, al igual que ocurre en muchos territorios del país, son sometidas por parte de los actores armados no estatales y estatales a una constante victimización e infracciones al Derecho Internacional Humanitario- DIH, representadas fundamentalmente en masacres, asesinatos de líderes y lideresas, desplazamiento forzado, confinamientos, instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos, y cada dos años al constreñimiento electoral o a la imposibilidad de ejercer este importante derecho democrático.

 

No es mucho lo que la juventud que habita este territorio puede aspirar a hacer con su vida. Los esfuerzos de las organizaciones sociales y étnicas que intentan por todos los medios, arrebatarle a la guerra sus jóvenes, son insuficientes, y los grupos armados siguen reclutando bajo la presión de las armas, las ofertas económicas o el convencimiento ideológico, y ante la mirada cómplice de políticos y gobernantes. El municipio de Argelia, es hoy uno de los territorios que ostenta una las más altas tasas de homicidios del país, la mayoría de ellos jóvenes.

Parece una historia de nunca acabar, las noticias nefastas se repiten desde hace muchos años, la indolencia de algunos gobiernos, tanto nacionales como locales, las fallidas estrategias militares que priorizaron los bombardeos, la militarización y la persecución contra las organizaciones sociales, sus líderes y lideresas, los abordajes fraccionados y poco integrales para la solución pacífica del conflicto, han demostrado la necesidad de ensayar coordinadamente otras estrategias sociales, políticas, económicas, y de acción dialógica con todos los actores armados en la región, así como motivar la presencia integral del Estado, tal como lo viene desarrollando, aunque con dificultades, el presente gobierno.

Algunos sectores políticos con sus respectivos amplificadores radiales, televisivos y escritos, en medio de la campaña electoral y de desprestigio del gobierno de Gustavo Petro, se rasgan las vestiduras y hasta se muestran compungidos, porque la estrategia de Paz Total, no se rompe y se realiza la toma a sangre y fuego del corregimiento de El Plateado. No les preocupan las vidas de niños, niñas y adolescentes, les preocupan los votos que seguramente no podrán comprar, no les preocupa el fortalecimiento de la democracia y no les conviene la paz y la posibilidad de entendimiento, por esta razón, vociferan cargados de improperios contra el hecho de que voceros del llamado Estado Mayor Central-FARC, se comprometan con la Registraduría Nacional, a dejar ingresar pacíficamente los tarjetones electorales. Hoy estarían felices si los tarjetones hubieran llegado, luego de la muerte en enfrentamientos, de muchos colombianos y colombianas.

Es preciso dimensionar este logro tan importante del proceso de Paz Total. El gobierno nacional y las fuerzas armadas, sin demostrar debilidad, y con un profundo compromiso por la vida y el respeto al Derecho Internacional Humanitario, han logrado que un grupo armado ilegal, comandado en su mayoría por jóvenes entre los 25 y los 35 años, con poca experiencia militar y política, que han demostrado no respetar a cabalidad las reglas de la guerra, se comprometan a avanzar en la firma de un cese al fuego bilateral y a respetar el transcurso de las elecciones. Ha sido el camino de la Paz en el horizonte de la Paz, el que ha logrado lo que anteriores gobiernos no había logrado, que se celebren elecciones en El Plateado y que las confianzas entre las partes se vayan fortaleciendo, para garantizar que lo pactado en la mesa de diálogo, se implemente a corto, mediano y largo plazo.

Seguramente se tendrá que mejorar en muchos aspectos de esta recién instalada mesa de diálogo, se tendrá que profundizar de forma ágil en la definición de los mecanismos de participación de la sociedad, se tendrá que ahondar sobre los puntos de la agenda pactada en el municipio de Tibú, el pasado 16 de octubre, se tendrá que avanzar en los protocolos que hagan posible que el cese al fuego bilateral se mantenga hasta que se logre la firma de un acuerdo que ponga fin a la confrontación armada con este sector de las guerrillas, que no se sintió conforme con el proceso de paz que llevó a la firma del acuerdo en el 2016,  con el grueso de las FARC-Ep.

Lo cierto es que ya se han logrado elementos que son importantísimos para transformar pacíficamente un conflicto armado, y es sentarse a dialogar oficialmente, avanzar en la toma de confianzas, cumplir lo que sea posible de cumplir a corto plazo, y silenciar los fusiles para que las ideas fluyan y la sociedad vaya sintiendo que la paz avanza. Ojalá este escenario, posibilite avanzar hacia un cese al fuego bilateral entre el ELN y el EMC-Farc, y por qué no, multilateral con todas las fuerzas en proceso de diálogo.

Tendrán que hacer un mayor esfuerzo, el conjunto de la ‘guerrillerada’ y los comandantes del EMC-Farc, por acatar el Derecho Internacional Humanitario, por suspender la instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos que victimizan a la población civil, por frenar el secuestro y la extorsión, por detener definitivamente la estigmatización y los asesinatos contra líderes, lideresas sociales y firmantes del acuerdo de paz, por parar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, entre otros delitos. Este proceso de paz debe prontamente dejar de gatear, lo que demanda también, que las Fuerzas Armadas cumplan a cabalidad el cese al fuego y se borre todo manto de duda, frente a posibles complicidades con grupos herederos del paramilitarismo.

La sociedad también tiene su cuota para aportar. Debe, a través de la movilización, las acciones simbólicas, los pronunciamientos y demás formas de manifestación noviolenta, rodear el proceso, respaldar las acciones y acuerdos que se implementen en el marco de los acuerdos, alistarse a participar los más unidos posible en los distintos escenarios que se abrirán y, de esta forma lograr que las partes dialogantes sientan que su compromiso más importante es con el pueblo colombiano, que ya no resiste más guerra y más violencias, y que no se deben levantar de la mesa de diálogo, hasta no pactar un acuerdo que haga posible las transformaciones que borren de nuestra existencia, las causas estructurales que generan y alimentan el conflicto armado.

Luis Emil Sanabria D.

Vaticano premia a Santos por el proceso de paz

El expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, recibió el Premio Internacional Achille Silvestrini entregado por el Vaticano a las personas que trabajan en pro de la paz y la reconciliación.

Este premio fue creado por .  asociación cultural Premio Internacional Achille Silvestrini para el diálogo y la paz ETS fue fundada en el centenario del nacimiento del cardenal Achille Silvestrini. a Asociación tiene como objetivo conceder el Premio Internacional Achille Silvestrini para el diálogo y la paz a una personalidad internacional que, en diferentes ámbitos, haya trabajado y testificado por la afirmación y la difusión de la cultura del diálogo y de la paz y de valiosas indicaciones en este sentido.

 

“Me siento muy honrado de estar hoy con ustedes y de ser el primer receptor del Premio Internacional Achille Silvestrini por el Diálogo y la Paz. Lo recibo como un reconocimiento al trayecto recorrido, pero sobre todo como un compromiso para no cesar en mi empeño en trabajar por la paz en los pueblos, entre los pueblos y de los pueblos con la naturaleza”, dijo el Nobel de Paz, al recibir el reconocimiento. 

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Gobierno firma decreto que da pie al cese al fuego con el Estado Mayor Central

El Gobierno Nacional firmó el decreto con el que da inició a un cese al fuego durante tres meses con el Estado Mayor Central, grupo ilegal comandado por Iván Mordisco.

El alto al fuego será aplicado en todo el territorio nacional y contará con la elaboración de un protocolo con el que se vigilará la actuación del grupo subversivo, conformado por delegados de las partes, personal del Ministerio de Defensa Nacional designado por el ministro de Defensa, incluidos el observador militar y el observador policial con sus equipos técnicos de apoyo.

 

«El comité técnico deberá elaborar un protocolo mediante el cual se determinen/delimiten las áreas de presencia del Estado Mayor Central de las FARC-EP durante» el cese del fuego», indica el decreto firmado por el ministro de defensa nacional, Iván Velásquez Gómez. 

Medellín: laboratorio de la paz urbana en Colombia

Medellín ha sido un laboratorio de paz urbana para todo el país durante las últimas tres décadas, y por eso no puede ser esquiva al sueño de la paz total. La ciudad ha sido golpeada por varios ciclos de guerra urbana, un conflicto que se ha expresado con mayor fuerza en las comunas con la presencia de combos y estructuras sucesoras del paramilitarismo que ejercen control social y territorial.

El momento actual nos da la oportunidad de dialogar con las estructuras armadas y lograr que la juventud involucrada en el conflicto armado urbano  tenga alternativas de vida digna en el territorio, con oportunidades educativas y laborales. También nos da la oportunidad de articular acciones interinstitucionales para gestionar la paz y la implementación de lo acordado de manera coordinada desde los diferentes niveles de gobierno (local, departamental y nacional).

 

350 bandas y 17 estructuras criminales (entre las que se encuentra La Oficina, Los Pachelly, Los Pesebreros, La Terraza, La Agonía, Los Triana, 12 de Octubre y Los Mesa),  han manifestado la voluntad de sentarse a buscar una salida negociada al conflicto, lo que dejaría un aproximado de 12 mil personas desmovilizadas, en un proceso que involucra actores armados en municipios como La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí y Bello. Esta iniciativa comenzó cuando se aprobó la Ley 2272 o “Ley de paz total” que tiene como uno de sus pilares el sometimiento a la justicia de las estructuras criminales de alto impacto en el país.

Construir la paz urbana en la territorialidad de Medellín sería un hito histórico, ya que la ciudad concentra aproximadamente el 45 % de las estructuras armadas de crimen organizado en el país. Se necesitan programas que vayan más allá de la dejación de armas o de la firma de un acuerdo, para no repetir experiencias anteriores donde la ciudad ha tenido que asumir sola, en gran medida, los procesos de desmovilización y reinserción.

Desde nuestra curul lucharemos por hacer realidad el sueño de la paz total, con Medellín como un referente para sacar adelante procesos de diálogo y de salida negociada al conflicto urbano. Hay que aprovechar la experiencia acumulada en procesos anteriores como el de la desmovilización de las estructuras armadas agrupadas en las Milicias Populares de Medellín (MPM) en 1994, la del 2003 con el Cacique Nutibara y en el 2006 con el Bloque Héroes de Granada, estos dos últimos pertenecientes a las AUC.

Medellín actualmente vive una dinámica criminal mucho más grande y compleja, pues las estructuras criminales con presencia en el territorio tienen impacto y presencia en otras regiones e incluso por fuera del país,  “debido a su permanencia en el tiempo, al tamaño de sus rentas ilegales y la experiencia acumulada en negocios ilícitos” (PARES, 2023). El desafío de la paz urbana en el marco de la política de paz total es un tema histórico que va a definir los cambios con los que ha soñado gran parte de la ciudadanía, especialmente la juventud que ha sido carne de cañón, víctima y victimaria en guerras recicladas.

Pedro Baracutao

“Un monstruo grande” que se alimenta de almas de niños y niñas

Esta semana ocupó gran parte de la agenda mediática, la violencia desatada en territorio palestino luego de un ataque del grupo armado Hamás, que violó todos los límites del derecho de la guerra, cobrando la vida de civiles indefensos y desatando la respuesta desproporcionada del Estado terrorista de Israel, dando continuidad a los planes expansionistas de quienes le gobiernan. Asesinatos de civiles indefensos, masacres, secuestros, delitos todos de lesa humanidad, marcan una guerra territorial, alimentada por los odios y los egoísmos, bajo el pretexto del amor a Dios. “Un monstruo grande” que se alimenta de almas de niños y niñas, y que exige para su terminación, que la comunidad internacional garantice prontamente la instalación de una mesa de diálogo que haga posible el reconocimiento de los dos Estados, que ahogue los extremos terroristas de ambas partes, que promueva un cese al fuego bilateral urgente, y brinde garantías a la vida, la cultura y la permanencia en el territorio de judíos, cristianos y palestinos, entre otras espiritualidades.

Mientras líderes políticos criollos e internacionales, y algunos periodistas opinaban, condenaban, o atizaban los odios, en Colombia pasaron casi desapercibidos los avances internos en materia de construcción de paz. La mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN, por primera vez sesiona en Colombia, más precisamente en Bogotá, demostrando el alto nivel de confianzas que las partes han alcanzado y los avances indiscutibles de este proceso de diálogo. En medio de las críticas destructivas de quienes, desde la comodidad de sus amplias salas de recibo, ven crecer sus arcas gracias a la guerra, la delegación de diálogo del ELN recorre el país, informando y consensuando con sus estructuras los avances y compromisos adquiridos; cosa parecida realiza la delegación del Gobierno Nacional y los miembros del Comité Nacional de Participación-CNP, instancia encargada de construir la metodología amplia de participación que se aplicará a partir de marzo de 2024.

 

Favorecido por el cumplimiento evidente y sin precedentes del Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional con esta organización insurgente, el CNP convocó y realizó el primer encuentro consultivo nacional con los llamados medios de comunicación alternativos, y avanza en los preparativos para nuevos encuentros de sectores sociales y empresariales, así como de encuentros territoriales. Evitando al máximo, contaminarse de la contienda electoral y previniendo cualquier tipo de exclusión, se preparan para realizar, a partir de la primera semana de noviembre, sendos encuentros sectoriales y múltiples pre-encuentros territoriales. Los trabajadores y trabajadoras organizados y no organizados, las víctimas del conflicto armado, las y los exiliados, los gremios económicos, las y los jóvenes, las organizaciones campesinas, los pueblos étnicos, entre otros, tendrán la posibilidad de proponer mecanismos de participación efectiva de la sociedad para superar el conflicto armado con el ELN.

De otro lado, se realizó en el municipio de Tibú, en Norte de Santander, la primera reunión formal de la mesa de diálogo establecida entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC. Lo que algunos señalaron como un revés para el gobierno, no fue otra cosa que el reconocimiento mutuo de que se está dialogando y de que se avanza en la instalación, a partir de este 16 de octubre, de una nueva sesión de conversaciones, que debe escuchar a las organizaciones sociales y que debe avanzar rápidamente hacia un Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal.

Se reconocieron las delegaciones, se examinaron los intereses de cada una de las partes, se avanzó en los aprendizajes propios de un escenario que tiene como objetivo, ponerle fin a la confrontación armada, darle paso a una etapa que permita abordar las causas que originan el conflicto y pactar prontamente, las acciones para superar dichas causas. Esta nueva mesa de diálogo, prontamente deberá entregar los protocolos de cese al fuego, las formas y mecanismos de participación de la sociedad, y en general las rutas para abordar la agenda previamente pactada; sin embargo, mientras esto avanza, es imperativo que se asuma un compromiso ético de cara a la sociedad colombiana, que detenga los ataques a los pueblos étnicos, el reclutamiento de menores y los asesinatos de los firmantes de los acuerdos de paz.

Así mismo, se escuchan voces desde la llamada Farc-Nueva Marquetalia, que dan cuenta de su interés por aportar a la construcción de la paz y a la salida negociada del conflicto armado. Tendrán que darse los pasos necesarios, tanto jurídicos como políticos, para que esta disidencia que retomó las armas luego de firmar el acuerdo de 2016, encuentre los espacios que les permita transitar por el sendero de la paz. Deberán sus comandantes, dar muestras de querer avanzar, ya sea ordenando a sus combatientes un cese al fuego unilateral, o desescalando la intensidad del conflicto, prohibiendo a sus frentes, cualquier tipo de hostilidad contra la población civil.

La paz avanza también en las ciudades, de eso dan cuenta, las mesas de diálogo con las estructuras de crimen organizado que se adelantan en Medellín, Cali, Quibdó, Buenaventura. Estos espacios de diálogo socio-jurídico se mantienen en medio de las dificultades y de los señalamientos politiqueros de quienes, intentado de sacar ventaja electoral, le acusan de estar fraguando supuestos planes para terminar con la vida de algún candidato. Se promueven encuentros en las comunas, se avanza en pactos de no agresión entre las bandas armadas, y se va poco a poco, instalando la ruta definitiva que hará posible que el presente y el futuro de gran parte de la juventud urbana, no sea la delincuencia.

Finalmente, también se escuchan buenas noticias desde los esfuerzos de paz en la Sierra Nevada. Según algunos informes de líderes y lideresas locales, se avanza en la formalización de diálogos con el grupo conocido como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Ojalá, este nuevo esfuerzo cuente con el respaldo de toda la sociedad y así, ir configurando el mapa complejo de transformación del conflicto armado colombiano, con todos los actores involucrados.

La paz prospera, a tal nivel que el Secretario General de las naciones unidas, António Guterres, en su más reciente informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que comprende entre el 27 de junio al 26 de septiembre de 2023, reconoce que el primer año de la administración del Presidente Gustavo Petro “brindó la oportunidad de renovar los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz y de emprender acciones decisivas para cumplir esas promesas”. “El año también ha servido —resalta— para poner en marcha otras iniciativas igualmente ambiciosas en el marco de la política de paz total del Gobierno”.

Ante este panorama, el deber de la sociedad es rodear con más entusiasmo y decisión los esfuerzos de paz, exigir el respeto a la vida y la permanencia en el territorio de líderes y lideresas, promover el Cese al Fuego Multilateral y emprender acciones que llamen la atención del Clan del Golfo y el Gobierno nacional, para que se decidan, sin más excusas, a dar los pasos necesarios que hagan posible, la instalación formal de una mesa de diálogo socio-jurídico para abordar soluciones a las  causas y consecuencias de esta confrontación, pero en especial, para progresar en el desmonte de las estructuras armadas, de las rutas de comercio de drogas ilícitas y de lavado de activos.

La sociedad tiene hoy una gran oportunidad si participa masivamente en las elecciones del 29 de octubre. La paz requiere que, el pueblo elija personas comprometidas con la reconciliación y la democracia, con la defensa de los Derechos Humanos, que luchen contra la corrupción, la pobreza, la injusticia y la inequidad. La paz integral y total, no solo es responsabilidad del Gobierno Nacional, es también un deber y un derecho de la sociedad, de los gobernantes y políticos locales. De nada vale que el Gobierno de Gustavo Petro, logre un acuerdo de paz con cada grupo armado, si los gobernantes locales, acompañados de los y las concejalas, edilesas y diputadas, no se juntan a este esfuerzo. Ciudades como Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Villavicencio, Neiva, Pasto, Montería, Sincelejo, Popayán, Arauca, Apartadó, Ocaña, Caucasia, Barrancabermeja, entre otras, requieren avanzar por los caminos de la paz, la gobernabilidad transparente y participativa. Esfuerzos que deben estar ligados a la promoción e instalación de Cultura de Paz, de lucha contra las violencias de género, intrafamiliar, contra niños, niñas y adolescentes, y la inversión en programas que garanticen un presente y un futuro próspero para la juventud.

Luis Emil Sanabria D.

El Consejo Nacional de Paz, mucho entusiasmo y pocos resultados

La primera vez que participé de un Consejo de Paz, fue en 1992, cuando se estaba iniciando la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y el E.P.L., pues esta guerrilla había pactado una figura de participación complementaria a las Asambleas Comunitarias que definían participativamente la realización de proyectos de desarrollo y productivos, en zonas en donde esta organización tuvo influencias, todo esto bajo la figura del Plan Nacional de Rehabilitación-PNR surgido de la política de paz en el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), desarrollado en el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) y asumido como elemento sustancial para ejecutar algunos acuerdos firmados con las guerrillas de la época.

Por esa época me habían responsabilizado del proceso de reinserción de las y los excombatientes guerrilleros que operaban en los Santanderes y el Sur de Cesar, y avanzar colectivamente en propiciar cambios en las zonas de influencia guerrillera, buscando incidir en la superación de la pobreza, en mejorar la presencia institucional y avanzar en el proceso de cambio, a raíz de la recién estrenada Constitución Política y la figura de la democracia participativa. Los consejos de paz eran un modelo cerrado de concertación entre la institucionalidad, algunos líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz, buscando aportar ideas para la inversión en proyectos de desarrollo y la superación de las en las zonas de anteriores operaciones militares de las guerrillas desmovilizadas.

 

Posteriormente, la idea de la creación de un Consejo Nacional de Paz- CNP y de Consejos Regionales, comenzó a marcar la agenda del movimiento nacional por la paz y la recién conformada REDEPAZ en 1993, buscando reglamentar el artículo 22 de Constitución Política Nacional que define la Paz como derecho y deber. Se recogieron firmas de respaldo a un proyecto de Ley que, aunque no alcanzaron para que este fuera discutido en el congreso, sirvió de guía en la continuidad de la iniciativa que se ventiló con más fuerza en la campaña del mandato de los niños y niñas por la paz en 1996 y en el mandato por la paz de 1997, realizados por la sociedad civil durante el gobierno de Ernesto Samper P (1994-1998). Fue a través de la Ley 434 de 1997, que finalmente se creó esta instancia y que casi automáticamente fue acogida por algunos de los recién elegidos gobernadores.

Se instaló el Consejo Nacional de Paz y algunos departamentales, se intentó ponerlos a marchar efectivamente, pero su importancia y operatividad nunca fueron valoradas por los siguientes gobiernos. En época de los diálogos del Caguán entre el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), el CNP no jugó como colectivo ningún papel preponderante, y luego su figura fue languideciendo hasta desaparecer en los gobiernos de Álvaro Uribe V (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010- 2014). Solo en el segundo gobierno de Santos (2014-2018), y gracias nuevamente a la iniciativa de la sociedad civil, se conformó un Comité de Impulso para convocar el CNP; este comité, haciendo uso de acciones legales logró que finalmente se convocara la conformación e instalación del Consejo Nacional de Paz y el Comité Nacional de Paz -instancia de dirección del Consejo- y se promoviera la instalación de Consejos Departamentales y Municipales; Sin embargo, esta  instancia no logró jugar algún papel destacado en los diálogos entre el Gobierno Nacional y las FARC-Ep, y su actuación fue relegada a unas cuantas sesiones, poco productivas.

Paralelamente, en los diálogos para el logro del acuerdo de Paz firmado en 2016, entre el Gobierno Nacional y la FARC-Ep, se incluyó la figura de un Consejo Nacional de Reconciliación y Convivencia, que luego en la implementación y gracias a las gestiones del recién instalado Consejo Nacional de Paz y el Alto Comisionado para la Paz, se fusionarían mediante decreto ley 885 de 2017 firmado por el presidente Santos, se ampliaran sus facultades y su conformación, dando origen al nuevo Consejo Nacional de Paz Reconciliación y Convivencia- CNPRC que, aunque irregularmente y más por iniciativa del Comité, logró avanzar en algunos temas relacionados con sus funciones y la construcción de lo que debería ser una política estatal de reconciliación y convivencia, que incluiría un fuerte componente de Cultura de Paz.

Con la llegada de otro gobierno, esta vez en cabeza del presidente Iván Duque (2018-2022), el entusiasmo duraría poco, y el papel del CNPRC y de los Consejos territoriales, se fue marchitando, así como la implementación del acuerdo y el optimismo de la sociedad frente a la construcción de la paz. Solo algunos Consejos Territoriales mantuvieron el respaldo de sus respectivos gobiernos y el entusiasmo de sus miembros.

Con la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez, quien fuera presidenta del Comité Nacional de Paz en el 2021, se preveía tal y como fue sugerido por la comisión de empalme, que esta figura jugaría un papel destacado en la construcción de la llamada Paz Total. Algunos llegamos a soñar que en lugar citar con urgencia, solo los Consejos de Seguridad, también se convocaría ante algún hecho violento relevante, al menos el Comité Nacional de Paz; sin embargo, pasados más de trece meses de gobierno, y luego de reinstalada la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional-ELN, logrado un primer acuerdo con las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, e instaladas mesas de diálogo con grupos armados urbanos en Medellín, Buenaventura y Cali, esta instancia ha sido convocada solo una vez, en una sesión bastante irregular, con la participación del Presidente de la República y del Alto Comisionado para la Paz, así como de delegadas y delegados de sectores sociales y empresariales, que ya cumplieron su periodo legal.

Mientras tanto, la mesa de diálogo Gobierno Nacional- ELN, pactó sus propios mecanismos de asesoría para la construcción de la metodología de participación ciudadana, como es el caso del Comité Nacional de Participación- CNP, proceso que no incluye la figura del Consejo Nacional de Paz; ocurriendo lo mismo en la mesa de diálogo con el Estado Mayor Central de las FARC, que al parecer tampoco lo incluye, al igual que en las mesas de diálogo a nivel urbano. Sin embargo, esta instancia o algunos de sus miembros, que ya cumplieron su periodo legal de representación, siguen actuando a nombre de un Comité Nacional que tampoco tiene vigencia.

Todo lo anterior demuestra que, esta figura legal no cumplió, ni cumple, con las expectativas de los diálogos de paz actuales, ni hace parte del andamiaje metodológico que los debiera promover y sustentar, o de una política pública en relación con la reconciliación, la convivencia y la cultura de paz, lo que inevitablemente me lleva a proponerle al Gobierno Nacional, que promueva un proyecto de ley que derogue la vigencia de la Ley 434 de 1997 y el decreto 885 de 2017, previa consulta con las y los voceros de los firmantes de paz de la FARC-Ep, y que en su defecto, se promueva un Consejo Asesor para construir y promover una política pública en materia de Cultura de Paz, Reconciliación y Convivencia, en donde un grupo importante y con experiencia de personas provenientes de diversos sectores de la sociedad, pueda asesorar la construcción de la ruta que nos lleve a la firma de un Gran Pacto Nacional de Paz.

Luis Emil Sanabria D.

Más allá de lo apenas predecible

En cada una de las visitas a las comunidades, en cada reunión de cafetín o en encuentros virtuales, no falta la pregunta, ¿cómo ves el gobierno del cambio? ¿Lo está haciendo bien o mal el presidente Petro?, e instintivamente, dependiendo de mi estado de ánimo, me atrevo a lanzar algunas opiniones, unas más optimistas que otras, guardando siempre el decoro y la solidaridad, con el primer gobierno de la llamada izquierda democrática colombiana.

A mi modo de ver, el Gobierno Nacional lo está haciendo bien, si consideramos que se gobierna a un Estado que arrastra el lastre de la corrupción a todos los niveles, que ha heredado la carga de una inmensa deuda externa del sector público, y que estamos atravesados por el fenómeno del narcotráfico y el lavado de activos que rompe con los análisis y las medidas económicas tradicionales, un Estado debilitado por las políticas neoliberales que privilegian las ganancias del sector privado especulador y que niega derechos fundamentales de los trabajadores y las mayorías, una sociedad atravesada por un Conflicto Armado Interno que genera graves daños y mucho dolor a los más necesitados, y que debilita la capacidad de respuesta del gobierno a fenómenos como la pobreza y la exclusión, un gobierno que se enfrenta a una oposición extremadamente mezquina, rencorosa y violenta, organizada a todos los niveles y en todos los sectores de la sociedad, la mayoría de ella parásita, que se ha enriquecido a expensas de debilitar y apoderarse de los recursos del Estado y del narcotráfico.

 

Pero más allá de lo apenas predecible, y a propósito de la convocatoria a la Jornada Nacional por la Vida, la Paz y el Cambio Social, que se realizará este 27 de septiembre, como una actividad más, en donde convergen la iniciativa de las organizaciones sindicales, sociales, étnicas, comunales y el Gobierno Nacional, me atrevo a escribir unas líneas que considero pertinentes, con el ánimo de contribuir al debate constructivo, desde la orilla de quienes llevamos toda una vida luchando por las transformaciones sociales, políticas y económicas, que nos conduzcan al goce pleno de la Vida, la Libertad y la Dignidad.

El Nuevo Gobierno, sin duda alguna, ha dado pasos importantes en la búsqueda de un mejor vivir para lo cual requiere ponerle fin al conflicto armado, al narcotráfico, a la corrupción, y librar una justa batalla contra el cambio climático, producido por la economía construida sobre los hidrocarburos. Un gobierno que busca revertir las prácticas neoliberales y las constantes violaciones a los Derechos Humanos que tanto daño han hecho a la Democracia, al Estado Social de Derecho, a la equidad y al desarrollo del país; un gobierno al cual, a pesar de su evidente compromiso, le surgen desde diferentes orillas, las críticas y los señalamientos, sobre su capacidad real de gobernar, ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo, y lograr un gran Pacto Nacional por la Paz y la Reconciliación.

Para el Gobierno Nacional, no es fácil gobernar sin que la coalición -formal y no formal-, bautizada como Pacto Histórico, se haya consolidado y haya logrado construir, unas tesis políticas e ideológicas claras, que sirvan de bitácora ejecutiva, de eje de la deliberación frente a otras expresiones políticas y de centro gravitacional que atraiga conscientemente a la ciudadanía. Quienes hoy nos sentimos parte de esta coalición, no hemos podido construir una propuesta unificada acerca del tipo de Estado que queremos, su modelo de democracia, la descentralización o el reordenamiento territorial, la oferta sobre un nuevo modelo económico, y nos alineamos sin mucha discusión, a la inercia del esquema actual de la estructura del Estado, de la economía de mercado y de la democracia representativa que le sustenta, como si solo bastara, para hacer realidad las reivindicaciones propias del pueblo, que lo que no se gana en el congreso, vía deliberación o concesión -entendiendo o aceptando que somos minorías-, se logrará con la llamada lucha callejera.

A corto y mediano plazo, como PH tendremos que superar el sectarismo y el “canibalismo” político internos, la tensión constante entre el parlamentarismo versus organizaciones sociales, que se define siempre en detrimento de los segundos, la búsqueda de victorias personales, la falta de mecanismos claros para la toma de decisiones que se evidenció en la entrega de algunos avales a los y las candidatas a las próximas elecciones y que seguramente no traerá muy buenas noticias en términos de ganar gran parte de la gobernabilidad local.

Si el Pacto Histórico quiere respaldar y mantener la Gobernabilidad Nacional, evitar los incumplimientos a las promesas electorales, debe avocarse a desatar un debate amplio y generoso, que recorra los territorios e incluya a las organizaciones sociales y políticas de base, para definir y fortalecer la estructura organizativa para este periodo de la historia, es decir, avanzar en la construcción, por ahora, de un Frente Amplio, en donde convivan democráticamente, las personerías políticas que hoy existen,  y en donde las organizaciones sociales, en igualdad de condiciones, sean reconocidas como actoras fundamentales del cambio y la gobernabilidad.

Aún no tenemos claro, si lo que queremos es fortalecer o renovar el Capitalismo, al que señalamos de culpable del calentamiento global y sus consecuencias, e involucrar en esta teoría a los pueblos étnicos que lo rechazan, o dejar que la autofagia haga su trabajo y algún día, si la evolución humana continúa, tener un modelo económico, político y social mejor; no hay acuerdo explícito, si lo que queremos es un modelo planificador centralizado, con un presidencialismo fuerte, como hasta ahora sigue ocurriendo, o un modelo que heche mano del federalismo, reconozca las autonomías y gobiernos propios de los pueblos étnicos y sea a su vez una república unitaria.

No tenemos una decisión colectiva sobre, si debemos avanzar hacia una sociedad en donde el poder popular, la soberanía y la democracia directa, sean o no eje fundamental de la convivencia y el desarrollo, o no; no hay consenso sobre, si queremos una reforma rural que favorezca la propiedad privada individual y el modelo capitalista que posiblemente luego la revierta por la vía de la oferta y la demanda, o una reforma rural que privilegie la propiedad de la tierra y el territorio en manos del Estado, de las organizaciones solidarias campesinas o de los pueblos étnicos, con planeación de la producción, comercio justo y centros de producción y desarrollo regionales.

Muchas personas afirmamos que este gobierno es de transición democrática, pero todavía en el PH, no hemos logrado consensuar hacia dónde queremos que nos conduzca esa transición democrática, ¿hacia un modelo liberal keynesiano renovado o modernizado? ¿hacia un socialismo democrático o una socialdemocracia? ¿hacia un modelo de planeación y democracia centralizada, con partido único?, o seremos capaces de escucharnos, de revisar y reconocer nuestras culturas y tradiciones milenarias, de estudiar y examinar en los avances científicos, tecnológicos y productivos contemporáneos ligados a la economía de mercado y otras estructuras sociales, la posibilidad de crear las condiciones necesarias, para que germine una propuesta incluyente, que nos saque de este círculo vicioso de pobrezas, miserias y violencias, en medio del llamado País de la Belleza.

Luis Emil Sanabria D.

Correlaciones y causalidades. La paz total bajo la lupa

Esta semana tuve una amable discusión en X con el exministro de salud, Alejandro Gaviria que puede ayudar a arrojar luz sobre un tema complejo, como la política pública de paz del presente gobierno y la política de seguridad, junto con sus diversos resultados. En el debate hoy hay una premisa casi incuestionable y es que la Paz Total ha causado la presente ola de violencia, lo que es impreciso y conduce a error. Voy a tratar de explicar con algunos datos por qué no es verdad que los incrementos de la violencia son consecuencia de la paz total y que el ejército no está actuando.

La primera variable que quiero analizar es el tamaño y la expansión de los grupos armados. En 2018, el país contaba con 18 estructuras, mientras que en 2022 esta cifra había aumentado a 41, con capacidad de operar y causar daño en 281 municipios. Para 2023, estos 41 grupos se redujeron a cuatro grandes agrupaciones: el ELN, las AGC o Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y el EMC, junto con dos grupos de menor capacidad, los Pachenca. Es importante destacar que, tanto en tiempos de guerra como de paz, resulta más manejable lidiar con seis objetivos en lugar de 41. Sin embargo, es alarmante que en Colombia se haya experimentado un crecimiento tan drástico en tan pocos años. ¿Cómo llegamos a eso?

 

Hay algo que es verdad y es que la ley de Paz Total, tal y como se pasó en el congreso creó el incentivo perverso del “politicómetro” para los grupos armados ilegales, que no causó la oleada de violencia pero contribuyó a reforzar la presión violenta de los grupos sobre las organizaciones sociales y reforzar el reclutamiento y la utilización de población mientras relajaban los principios de distinción entre civiles y combatientes. Esa es la razón por la cual mayoritariamente se ha asesinado a liderazgos indígenas y de comunidades étnicas, que son sustancialmente fuertes y organizadas. Una especie de “si no eres mía, no eres de nadie” para las organizaciones sociales que contribuyó a mantener al alza el asesinato de líderes y lideresas.

En 2022, hubo 180 casos en 12 meses; en 2023, ya van 123 en 9 meses. Analizando trimestres, los casos bajaron a medida que avanzaban las negociaciones, especialmente donde operaba el ELN tras el cese al fuego, de 44 en octubre 2022 a 35 en marzo, según el importante conteo de Indepaz. Sin embargo, en abril, con la ruptura del cese por el Estado Mayor Central y el paro minero de las AGC, subieron a 46 en junio. El 82% de los casos los involucra, pero no hay mesas de diálogo con ninguno de ellos.

Otras variables también se comportan de forma similar. En número de municipios afectados por masacres tenemos: 16 para el 2018, 38 para el 2019, 66 para el 2020, 73 para el 2021, 74 para el 2022 y 51 para el 2023, a septiembre según datos de Indepaz. En número, los años con mayor ocurrencia fueron el 2020 y el 2021 con 91 y 95 casos respectivamente. En lo corrido del 2023 van 64 masacres al 18 de septiembre.  

En cuanto a los departamentos afectados por la violencia, el Cauca lidera la lista con disputas en curso, pero no es el único. También el Chocó, Norte de Santander y Antioquia enfrentan graves problemas, incluyendo confinamiento y restricciones en la ayuda humanitaria. En estos lugares, se observa una variedad de violencias dirigidas hacia el control territorial y poblacional. En todos estos departamentos, el ejército ha llevado a cabo campañas que, en algunos casos, han provocado respuestas de estos grupos armados, tal como lo han expresado en comunicados públicos, como en el caso de las AGC y su promoción del paro minero. Esto contradice la idea de que el ejército no está tomando medidas. En el Cauca, la ofensiva militar ha impulsado al EMC a sembrar más minas y a aumentar la violencia contra civiles, en un intento de ejercer un «disciplinamiento social» y causar daño a las fuerzas de seguridad. Además, debido a las fluctuaciones económicas relacionadas con la coca, buscan expandir su control en el cañón del Micay y adentrarse aún más en la minería ilegal. Este es el epicentro de la actual disputa.

Entonces, ¿por qué la narrativa pública establece una correlación tan fuerte entre la Paz Total y la situación actual? Mi hipótesis es que el gran error del gobierno fue lanzar una política tan ambiciosa en un momento de tantos cambios significativos sin considerar la capacidad de las fuerzas y la institucionalidad para lograr la paz. Esto explica por qué existe una mayor atención en este gobierno en comparación con el anterior. Las expectativas eran elevadas, y hay más denuncias en la mesa debido a la esperanza de ser escuchadas. Y adicional a lo anterior, hay hoy más sectores políticos preocupados por la violencia, lo que nunca había pasado.

La conclusión puede ser la siguiente: No, la paz total no es la responsable del incremento de la violencia, pero tampoco ha contribuido seriamente a su disminución. Esperemos que una mejor articulación entre seguridad y paz pueda llevarnos a buen puerto. Hay que tomar decisiones. ¿Una mayor acción del ejército contribuiría a disminuir la violencia? No necesariamente. ¿Presionaría al grupo armado para forzar una tregua en la mesa de negociación que se instalará? Definitivamente. No es una decisión fácil, pero no tomarla es aún peor.

Laura Bonilla

Estado Mayor Central anuncia cese de ataques

El Estado Mayor Central de las Farc, comandado por Iván Mordiscos anunció el cese de ataques a la población civil y a la Fuerza Pública, tras una escalada de violencia protagonizada por el grupo armado ilegal.

Los frentes que obedecen a alias «Iván Mordisco» señalaron «la suspensión de acciones ofensivas contras las Fuerzas Militares y policiales y las garantías para que todas las políticas desarrollen de manera transparente y sin corrupción el proceso electoral en curso».

 

La orden impartida a los diferentes frentes y columnas es la de «suspender las acciones desde este 22 de septiembre y hasta el próximo 8 de octubre, día en el que según el Gobierno se instalará una mesa de negociación y se espere «inicie a regir el decreto de cese al fuego».

El Estado Mayor Central aseguró que no dudarán en responder en el caso de un ataque a sus filas.

Lafaurie y Valencia Cossio piden un alto al fuego entre ELN y las disidencias

Los negociadores de paz del gobierno de Gustavo Petro con el ELN (José Félix Lafaurie), y con las disidencias Estado Mayor Central (Fabio Valencia Cossio).

Tanto Lafaurie como Valencia Cossio consideran que es necesario un cese al fuego entre esos dos grupos armados ilegales, quienes no han dejado de atacarse mutuamente, incrementando la incertidumbre y el miedo en la población, especialmente en departamentos como el Cauca.

 

“Aunque un acuerdo de cese al fuego con el Gobierno es necesario y urgente, no lo es menos un acuerdo entre grupos armados que se encuentran adelantando negociaciones de paz, pues lo contrario no se compadece con la voluntad de paz, que es inherente a un proceso de negociación para alcanzar la paz”.

De acuerdo con los dos negociadores, “sí estos grupos combaten entre sí, afectando a la población civil, generarán la intervención de la Fuerza Pública produciendo “incidentes” que se registran en los mecanismos de monitoreo”.