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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Paz total

Gobierno firma decreto que da pie al cese al fuego con el Estado Mayor Central

El Gobierno Nacional firmó el decreto con el que da inició a un cese al fuego durante tres meses con el Estado Mayor Central, grupo ilegal comandado por Iván Mordisco.

El alto al fuego será aplicado en todo el territorio nacional y contará con la elaboración de un protocolo con el que se vigilará la actuación del grupo subversivo, conformado por delegados de las partes, personal del Ministerio de Defensa Nacional designado por el ministro de Defensa, incluidos el observador militar y el observador policial con sus equipos técnicos de apoyo.

 

«El comité técnico deberá elaborar un protocolo mediante el cual se determinen/delimiten las áreas de presencia del Estado Mayor Central de las FARC-EP durante» el cese del fuego», indica el decreto firmado por el ministro de defensa nacional, Iván Velásquez Gómez. 

Medellín: laboratorio de la paz urbana en Colombia

Medellín ha sido un laboratorio de paz urbana para todo el país durante las últimas tres décadas, y por eso no puede ser esquiva al sueño de la paz total. La ciudad ha sido golpeada por varios ciclos de guerra urbana, un conflicto que se ha expresado con mayor fuerza en las comunas con la presencia de combos y estructuras sucesoras del paramilitarismo que ejercen control social y territorial.

El momento actual nos da la oportunidad de dialogar con las estructuras armadas y lograr que la juventud involucrada en el conflicto armado urbano  tenga alternativas de vida digna en el territorio, con oportunidades educativas y laborales. También nos da la oportunidad de articular acciones interinstitucionales para gestionar la paz y la implementación de lo acordado de manera coordinada desde los diferentes niveles de gobierno (local, departamental y nacional).

 

350 bandas y 17 estructuras criminales (entre las que se encuentra La Oficina, Los Pachelly, Los Pesebreros, La Terraza, La Agonía, Los Triana, 12 de Octubre y Los Mesa),  han manifestado la voluntad de sentarse a buscar una salida negociada al conflicto, lo que dejaría un aproximado de 12 mil personas desmovilizadas, en un proceso que involucra actores armados en municipios como La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí y Bello. Esta iniciativa comenzó cuando se aprobó la Ley 2272 o “Ley de paz total” que tiene como uno de sus pilares el sometimiento a la justicia de las estructuras criminales de alto impacto en el país.

Construir la paz urbana en la territorialidad de Medellín sería un hito histórico, ya que la ciudad concentra aproximadamente el 45 % de las estructuras armadas de crimen organizado en el país. Se necesitan programas que vayan más allá de la dejación de armas o de la firma de un acuerdo, para no repetir experiencias anteriores donde la ciudad ha tenido que asumir sola, en gran medida, los procesos de desmovilización y reinserción.

Desde nuestra curul lucharemos por hacer realidad el sueño de la paz total, con Medellín como un referente para sacar adelante procesos de diálogo y de salida negociada al conflicto urbano. Hay que aprovechar la experiencia acumulada en procesos anteriores como el de la desmovilización de las estructuras armadas agrupadas en las Milicias Populares de Medellín (MPM) en 1994, la del 2003 con el Cacique Nutibara y en el 2006 con el Bloque Héroes de Granada, estos dos últimos pertenecientes a las AUC.

Medellín actualmente vive una dinámica criminal mucho más grande y compleja, pues las estructuras criminales con presencia en el territorio tienen impacto y presencia en otras regiones e incluso por fuera del país,  “debido a su permanencia en el tiempo, al tamaño de sus rentas ilegales y la experiencia acumulada en negocios ilícitos” (PARES, 2023). El desafío de la paz urbana en el marco de la política de paz total es un tema histórico que va a definir los cambios con los que ha soñado gran parte de la ciudadanía, especialmente la juventud que ha sido carne de cañón, víctima y victimaria en guerras recicladas.

Pedro Baracutao

“Un monstruo grande” que se alimenta de almas de niños y niñas

Esta semana ocupó gran parte de la agenda mediática, la violencia desatada en territorio palestino luego de un ataque del grupo armado Hamás, que violó todos los límites del derecho de la guerra, cobrando la vida de civiles indefensos y desatando la respuesta desproporcionada del Estado terrorista de Israel, dando continuidad a los planes expansionistas de quienes le gobiernan. Asesinatos de civiles indefensos, masacres, secuestros, delitos todos de lesa humanidad, marcan una guerra territorial, alimentada por los odios y los egoísmos, bajo el pretexto del amor a Dios. “Un monstruo grande” que se alimenta de almas de niños y niñas, y que exige para su terminación, que la comunidad internacional garantice prontamente la instalación de una mesa de diálogo que haga posible el reconocimiento de los dos Estados, que ahogue los extremos terroristas de ambas partes, que promueva un cese al fuego bilateral urgente, y brinde garantías a la vida, la cultura y la permanencia en el territorio de judíos, cristianos y palestinos, entre otras espiritualidades.

Mientras líderes políticos criollos e internacionales, y algunos periodistas opinaban, condenaban, o atizaban los odios, en Colombia pasaron casi desapercibidos los avances internos en materia de construcción de paz. La mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN, por primera vez sesiona en Colombia, más precisamente en Bogotá, demostrando el alto nivel de confianzas que las partes han alcanzado y los avances indiscutibles de este proceso de diálogo. En medio de las críticas destructivas de quienes, desde la comodidad de sus amplias salas de recibo, ven crecer sus arcas gracias a la guerra, la delegación de diálogo del ELN recorre el país, informando y consensuando con sus estructuras los avances y compromisos adquiridos; cosa parecida realiza la delegación del Gobierno Nacional y los miembros del Comité Nacional de Participación-CNP, instancia encargada de construir la metodología amplia de participación que se aplicará a partir de marzo de 2024.

 

Favorecido por el cumplimiento evidente y sin precedentes del Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional con esta organización insurgente, el CNP convocó y realizó el primer encuentro consultivo nacional con los llamados medios de comunicación alternativos, y avanza en los preparativos para nuevos encuentros de sectores sociales y empresariales, así como de encuentros territoriales. Evitando al máximo, contaminarse de la contienda electoral y previniendo cualquier tipo de exclusión, se preparan para realizar, a partir de la primera semana de noviembre, sendos encuentros sectoriales y múltiples pre-encuentros territoriales. Los trabajadores y trabajadoras organizados y no organizados, las víctimas del conflicto armado, las y los exiliados, los gremios económicos, las y los jóvenes, las organizaciones campesinas, los pueblos étnicos, entre otros, tendrán la posibilidad de proponer mecanismos de participación efectiva de la sociedad para superar el conflicto armado con el ELN.

De otro lado, se realizó en el municipio de Tibú, en Norte de Santander, la primera reunión formal de la mesa de diálogo establecida entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC. Lo que algunos señalaron como un revés para el gobierno, no fue otra cosa que el reconocimiento mutuo de que se está dialogando y de que se avanza en la instalación, a partir de este 16 de octubre, de una nueva sesión de conversaciones, que debe escuchar a las organizaciones sociales y que debe avanzar rápidamente hacia un Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal.

Se reconocieron las delegaciones, se examinaron los intereses de cada una de las partes, se avanzó en los aprendizajes propios de un escenario que tiene como objetivo, ponerle fin a la confrontación armada, darle paso a una etapa que permita abordar las causas que originan el conflicto y pactar prontamente, las acciones para superar dichas causas. Esta nueva mesa de diálogo, prontamente deberá entregar los protocolos de cese al fuego, las formas y mecanismos de participación de la sociedad, y en general las rutas para abordar la agenda previamente pactada; sin embargo, mientras esto avanza, es imperativo que se asuma un compromiso ético de cara a la sociedad colombiana, que detenga los ataques a los pueblos étnicos, el reclutamiento de menores y los asesinatos de los firmantes de los acuerdos de paz.

Así mismo, se escuchan voces desde la llamada Farc-Nueva Marquetalia, que dan cuenta de su interés por aportar a la construcción de la paz y a la salida negociada del conflicto armado. Tendrán que darse los pasos necesarios, tanto jurídicos como políticos, para que esta disidencia que retomó las armas luego de firmar el acuerdo de 2016, encuentre los espacios que les permita transitar por el sendero de la paz. Deberán sus comandantes, dar muestras de querer avanzar, ya sea ordenando a sus combatientes un cese al fuego unilateral, o desescalando la intensidad del conflicto, prohibiendo a sus frentes, cualquier tipo de hostilidad contra la población civil.

La paz avanza también en las ciudades, de eso dan cuenta, las mesas de diálogo con las estructuras de crimen organizado que se adelantan en Medellín, Cali, Quibdó, Buenaventura. Estos espacios de diálogo socio-jurídico se mantienen en medio de las dificultades y de los señalamientos politiqueros de quienes, intentado de sacar ventaja electoral, le acusan de estar fraguando supuestos planes para terminar con la vida de algún candidato. Se promueven encuentros en las comunas, se avanza en pactos de no agresión entre las bandas armadas, y se va poco a poco, instalando la ruta definitiva que hará posible que el presente y el futuro de gran parte de la juventud urbana, no sea la delincuencia.

Finalmente, también se escuchan buenas noticias desde los esfuerzos de paz en la Sierra Nevada. Según algunos informes de líderes y lideresas locales, se avanza en la formalización de diálogos con el grupo conocido como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Ojalá, este nuevo esfuerzo cuente con el respaldo de toda la sociedad y así, ir configurando el mapa complejo de transformación del conflicto armado colombiano, con todos los actores involucrados.

La paz prospera, a tal nivel que el Secretario General de las naciones unidas, António Guterres, en su más reciente informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que comprende entre el 27 de junio al 26 de septiembre de 2023, reconoce que el primer año de la administración del Presidente Gustavo Petro “brindó la oportunidad de renovar los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz y de emprender acciones decisivas para cumplir esas promesas”. “El año también ha servido —resalta— para poner en marcha otras iniciativas igualmente ambiciosas en el marco de la política de paz total del Gobierno”.

Ante este panorama, el deber de la sociedad es rodear con más entusiasmo y decisión los esfuerzos de paz, exigir el respeto a la vida y la permanencia en el territorio de líderes y lideresas, promover el Cese al Fuego Multilateral y emprender acciones que llamen la atención del Clan del Golfo y el Gobierno nacional, para que se decidan, sin más excusas, a dar los pasos necesarios que hagan posible, la instalación formal de una mesa de diálogo socio-jurídico para abordar soluciones a las  causas y consecuencias de esta confrontación, pero en especial, para progresar en el desmonte de las estructuras armadas, de las rutas de comercio de drogas ilícitas y de lavado de activos.

La sociedad tiene hoy una gran oportunidad si participa masivamente en las elecciones del 29 de octubre. La paz requiere que, el pueblo elija personas comprometidas con la reconciliación y la democracia, con la defensa de los Derechos Humanos, que luchen contra la corrupción, la pobreza, la injusticia y la inequidad. La paz integral y total, no solo es responsabilidad del Gobierno Nacional, es también un deber y un derecho de la sociedad, de los gobernantes y políticos locales. De nada vale que el Gobierno de Gustavo Petro, logre un acuerdo de paz con cada grupo armado, si los gobernantes locales, acompañados de los y las concejalas, edilesas y diputadas, no se juntan a este esfuerzo. Ciudades como Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Villavicencio, Neiva, Pasto, Montería, Sincelejo, Popayán, Arauca, Apartadó, Ocaña, Caucasia, Barrancabermeja, entre otras, requieren avanzar por los caminos de la paz, la gobernabilidad transparente y participativa. Esfuerzos que deben estar ligados a la promoción e instalación de Cultura de Paz, de lucha contra las violencias de género, intrafamiliar, contra niños, niñas y adolescentes, y la inversión en programas que garanticen un presente y un futuro próspero para la juventud.

Luis Emil Sanabria D.

El Consejo Nacional de Paz, mucho entusiasmo y pocos resultados

La primera vez que participé de un Consejo de Paz, fue en 1992, cuando se estaba iniciando la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y el E.P.L., pues esta guerrilla había pactado una figura de participación complementaria a las Asambleas Comunitarias que definían participativamente la realización de proyectos de desarrollo y productivos, en zonas en donde esta organización tuvo influencias, todo esto bajo la figura del Plan Nacional de Rehabilitación-PNR surgido de la política de paz en el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), desarrollado en el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) y asumido como elemento sustancial para ejecutar algunos acuerdos firmados con las guerrillas de la época.

Por esa época me habían responsabilizado del proceso de reinserción de las y los excombatientes guerrilleros que operaban en los Santanderes y el Sur de Cesar, y avanzar colectivamente en propiciar cambios en las zonas de influencia guerrillera, buscando incidir en la superación de la pobreza, en mejorar la presencia institucional y avanzar en el proceso de cambio, a raíz de la recién estrenada Constitución Política y la figura de la democracia participativa. Los consejos de paz eran un modelo cerrado de concertación entre la institucionalidad, algunos líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz, buscando aportar ideas para la inversión en proyectos de desarrollo y la superación de las en las zonas de anteriores operaciones militares de las guerrillas desmovilizadas.

 

Posteriormente, la idea de la creación de un Consejo Nacional de Paz- CNP y de Consejos Regionales, comenzó a marcar la agenda del movimiento nacional por la paz y la recién conformada REDEPAZ en 1993, buscando reglamentar el artículo 22 de Constitución Política Nacional que define la Paz como derecho y deber. Se recogieron firmas de respaldo a un proyecto de Ley que, aunque no alcanzaron para que este fuera discutido en el congreso, sirvió de guía en la continuidad de la iniciativa que se ventiló con más fuerza en la campaña del mandato de los niños y niñas por la paz en 1996 y en el mandato por la paz de 1997, realizados por la sociedad civil durante el gobierno de Ernesto Samper P (1994-1998). Fue a través de la Ley 434 de 1997, que finalmente se creó esta instancia y que casi automáticamente fue acogida por algunos de los recién elegidos gobernadores.

Se instaló el Consejo Nacional de Paz y algunos departamentales, se intentó ponerlos a marchar efectivamente, pero su importancia y operatividad nunca fueron valoradas por los siguientes gobiernos. En época de los diálogos del Caguán entre el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), el CNP no jugó como colectivo ningún papel preponderante, y luego su figura fue languideciendo hasta desaparecer en los gobiernos de Álvaro Uribe V (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010- 2014). Solo en el segundo gobierno de Santos (2014-2018), y gracias nuevamente a la iniciativa de la sociedad civil, se conformó un Comité de Impulso para convocar el CNP; este comité, haciendo uso de acciones legales logró que finalmente se convocara la conformación e instalación del Consejo Nacional de Paz y el Comité Nacional de Paz -instancia de dirección del Consejo- y se promoviera la instalación de Consejos Departamentales y Municipales; Sin embargo, esta  instancia no logró jugar algún papel destacado en los diálogos entre el Gobierno Nacional y las FARC-Ep, y su actuación fue relegada a unas cuantas sesiones, poco productivas.

Paralelamente, en los diálogos para el logro del acuerdo de Paz firmado en 2016, entre el Gobierno Nacional y la FARC-Ep, se incluyó la figura de un Consejo Nacional de Reconciliación y Convivencia, que luego en la implementación y gracias a las gestiones del recién instalado Consejo Nacional de Paz y el Alto Comisionado para la Paz, se fusionarían mediante decreto ley 885 de 2017 firmado por el presidente Santos, se ampliaran sus facultades y su conformación, dando origen al nuevo Consejo Nacional de Paz Reconciliación y Convivencia- CNPRC que, aunque irregularmente y más por iniciativa del Comité, logró avanzar en algunos temas relacionados con sus funciones y la construcción de lo que debería ser una política estatal de reconciliación y convivencia, que incluiría un fuerte componente de Cultura de Paz.

Con la llegada de otro gobierno, esta vez en cabeza del presidente Iván Duque (2018-2022), el entusiasmo duraría poco, y el papel del CNPRC y de los Consejos territoriales, se fue marchitando, así como la implementación del acuerdo y el optimismo de la sociedad frente a la construcción de la paz. Solo algunos Consejos Territoriales mantuvieron el respaldo de sus respectivos gobiernos y el entusiasmo de sus miembros.

Con la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez, quien fuera presidenta del Comité Nacional de Paz en el 2021, se preveía tal y como fue sugerido por la comisión de empalme, que esta figura jugaría un papel destacado en la construcción de la llamada Paz Total. Algunos llegamos a soñar que en lugar citar con urgencia, solo los Consejos de Seguridad, también se convocaría ante algún hecho violento relevante, al menos el Comité Nacional de Paz; sin embargo, pasados más de trece meses de gobierno, y luego de reinstalada la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional-ELN, logrado un primer acuerdo con las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, e instaladas mesas de diálogo con grupos armados urbanos en Medellín, Buenaventura y Cali, esta instancia ha sido convocada solo una vez, en una sesión bastante irregular, con la participación del Presidente de la República y del Alto Comisionado para la Paz, así como de delegadas y delegados de sectores sociales y empresariales, que ya cumplieron su periodo legal.

Mientras tanto, la mesa de diálogo Gobierno Nacional- ELN, pactó sus propios mecanismos de asesoría para la construcción de la metodología de participación ciudadana, como es el caso del Comité Nacional de Participación- CNP, proceso que no incluye la figura del Consejo Nacional de Paz; ocurriendo lo mismo en la mesa de diálogo con el Estado Mayor Central de las FARC, que al parecer tampoco lo incluye, al igual que en las mesas de diálogo a nivel urbano. Sin embargo, esta instancia o algunos de sus miembros, que ya cumplieron su periodo legal de representación, siguen actuando a nombre de un Comité Nacional que tampoco tiene vigencia.

Todo lo anterior demuestra que, esta figura legal no cumplió, ni cumple, con las expectativas de los diálogos de paz actuales, ni hace parte del andamiaje metodológico que los debiera promover y sustentar, o de una política pública en relación con la reconciliación, la convivencia y la cultura de paz, lo que inevitablemente me lleva a proponerle al Gobierno Nacional, que promueva un proyecto de ley que derogue la vigencia de la Ley 434 de 1997 y el decreto 885 de 2017, previa consulta con las y los voceros de los firmantes de paz de la FARC-Ep, y que en su defecto, se promueva un Consejo Asesor para construir y promover una política pública en materia de Cultura de Paz, Reconciliación y Convivencia, en donde un grupo importante y con experiencia de personas provenientes de diversos sectores de la sociedad, pueda asesorar la construcción de la ruta que nos lleve a la firma de un Gran Pacto Nacional de Paz.

Luis Emil Sanabria D.

Más allá de lo apenas predecible

En cada una de las visitas a las comunidades, en cada reunión de cafetín o en encuentros virtuales, no falta la pregunta, ¿cómo ves el gobierno del cambio? ¿Lo está haciendo bien o mal el presidente Petro?, e instintivamente, dependiendo de mi estado de ánimo, me atrevo a lanzar algunas opiniones, unas más optimistas que otras, guardando siempre el decoro y la solidaridad, con el primer gobierno de la llamada izquierda democrática colombiana.

A mi modo de ver, el Gobierno Nacional lo está haciendo bien, si consideramos que se gobierna a un Estado que arrastra el lastre de la corrupción a todos los niveles, que ha heredado la carga de una inmensa deuda externa del sector público, y que estamos atravesados por el fenómeno del narcotráfico y el lavado de activos que rompe con los análisis y las medidas económicas tradicionales, un Estado debilitado por las políticas neoliberales que privilegian las ganancias del sector privado especulador y que niega derechos fundamentales de los trabajadores y las mayorías, una sociedad atravesada por un Conflicto Armado Interno que genera graves daños y mucho dolor a los más necesitados, y que debilita la capacidad de respuesta del gobierno a fenómenos como la pobreza y la exclusión, un gobierno que se enfrenta a una oposición extremadamente mezquina, rencorosa y violenta, organizada a todos los niveles y en todos los sectores de la sociedad, la mayoría de ella parásita, que se ha enriquecido a expensas de debilitar y apoderarse de los recursos del Estado y del narcotráfico.

 

Pero más allá de lo apenas predecible, y a propósito de la convocatoria a la Jornada Nacional por la Vida, la Paz y el Cambio Social, que se realizará este 27 de septiembre, como una actividad más, en donde convergen la iniciativa de las organizaciones sindicales, sociales, étnicas, comunales y el Gobierno Nacional, me atrevo a escribir unas líneas que considero pertinentes, con el ánimo de contribuir al debate constructivo, desde la orilla de quienes llevamos toda una vida luchando por las transformaciones sociales, políticas y económicas, que nos conduzcan al goce pleno de la Vida, la Libertad y la Dignidad.

El Nuevo Gobierno, sin duda alguna, ha dado pasos importantes en la búsqueda de un mejor vivir para lo cual requiere ponerle fin al conflicto armado, al narcotráfico, a la corrupción, y librar una justa batalla contra el cambio climático, producido por la economía construida sobre los hidrocarburos. Un gobierno que busca revertir las prácticas neoliberales y las constantes violaciones a los Derechos Humanos que tanto daño han hecho a la Democracia, al Estado Social de Derecho, a la equidad y al desarrollo del país; un gobierno al cual, a pesar de su evidente compromiso, le surgen desde diferentes orillas, las críticas y los señalamientos, sobre su capacidad real de gobernar, ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo, y lograr un gran Pacto Nacional por la Paz y la Reconciliación.

Para el Gobierno Nacional, no es fácil gobernar sin que la coalición -formal y no formal-, bautizada como Pacto Histórico, se haya consolidado y haya logrado construir, unas tesis políticas e ideológicas claras, que sirvan de bitácora ejecutiva, de eje de la deliberación frente a otras expresiones políticas y de centro gravitacional que atraiga conscientemente a la ciudadanía. Quienes hoy nos sentimos parte de esta coalición, no hemos podido construir una propuesta unificada acerca del tipo de Estado que queremos, su modelo de democracia, la descentralización o el reordenamiento territorial, la oferta sobre un nuevo modelo económico, y nos alineamos sin mucha discusión, a la inercia del esquema actual de la estructura del Estado, de la economía de mercado y de la democracia representativa que le sustenta, como si solo bastara, para hacer realidad las reivindicaciones propias del pueblo, que lo que no se gana en el congreso, vía deliberación o concesión -entendiendo o aceptando que somos minorías-, se logrará con la llamada lucha callejera.

A corto y mediano plazo, como PH tendremos que superar el sectarismo y el “canibalismo” político internos, la tensión constante entre el parlamentarismo versus organizaciones sociales, que se define siempre en detrimento de los segundos, la búsqueda de victorias personales, la falta de mecanismos claros para la toma de decisiones que se evidenció en la entrega de algunos avales a los y las candidatas a las próximas elecciones y que seguramente no traerá muy buenas noticias en términos de ganar gran parte de la gobernabilidad local.

Si el Pacto Histórico quiere respaldar y mantener la Gobernabilidad Nacional, evitar los incumplimientos a las promesas electorales, debe avocarse a desatar un debate amplio y generoso, que recorra los territorios e incluya a las organizaciones sociales y políticas de base, para definir y fortalecer la estructura organizativa para este periodo de la historia, es decir, avanzar en la construcción, por ahora, de un Frente Amplio, en donde convivan democráticamente, las personerías políticas que hoy existen,  y en donde las organizaciones sociales, en igualdad de condiciones, sean reconocidas como actoras fundamentales del cambio y la gobernabilidad.

Aún no tenemos claro, si lo que queremos es fortalecer o renovar el Capitalismo, al que señalamos de culpable del calentamiento global y sus consecuencias, e involucrar en esta teoría a los pueblos étnicos que lo rechazan, o dejar que la autofagia haga su trabajo y algún día, si la evolución humana continúa, tener un modelo económico, político y social mejor; no hay acuerdo explícito, si lo que queremos es un modelo planificador centralizado, con un presidencialismo fuerte, como hasta ahora sigue ocurriendo, o un modelo que heche mano del federalismo, reconozca las autonomías y gobiernos propios de los pueblos étnicos y sea a su vez una república unitaria.

No tenemos una decisión colectiva sobre, si debemos avanzar hacia una sociedad en donde el poder popular, la soberanía y la democracia directa, sean o no eje fundamental de la convivencia y el desarrollo, o no; no hay consenso sobre, si queremos una reforma rural que favorezca la propiedad privada individual y el modelo capitalista que posiblemente luego la revierta por la vía de la oferta y la demanda, o una reforma rural que privilegie la propiedad de la tierra y el territorio en manos del Estado, de las organizaciones solidarias campesinas o de los pueblos étnicos, con planeación de la producción, comercio justo y centros de producción y desarrollo regionales.

Muchas personas afirmamos que este gobierno es de transición democrática, pero todavía en el PH, no hemos logrado consensuar hacia dónde queremos que nos conduzca esa transición democrática, ¿hacia un modelo liberal keynesiano renovado o modernizado? ¿hacia un socialismo democrático o una socialdemocracia? ¿hacia un modelo de planeación y democracia centralizada, con partido único?, o seremos capaces de escucharnos, de revisar y reconocer nuestras culturas y tradiciones milenarias, de estudiar y examinar en los avances científicos, tecnológicos y productivos contemporáneos ligados a la economía de mercado y otras estructuras sociales, la posibilidad de crear las condiciones necesarias, para que germine una propuesta incluyente, que nos saque de este círculo vicioso de pobrezas, miserias y violencias, en medio del llamado País de la Belleza.

Luis Emil Sanabria D.

Correlaciones y causalidades. La paz total bajo la lupa

Esta semana tuve una amable discusión en X con el exministro de salud, Alejandro Gaviria que puede ayudar a arrojar luz sobre un tema complejo, como la política pública de paz del presente gobierno y la política de seguridad, junto con sus diversos resultados. En el debate hoy hay una premisa casi incuestionable y es que la Paz Total ha causado la presente ola de violencia, lo que es impreciso y conduce a error. Voy a tratar de explicar con algunos datos por qué no es verdad que los incrementos de la violencia son consecuencia de la paz total y que el ejército no está actuando.

La primera variable que quiero analizar es el tamaño y la expansión de los grupos armados. En 2018, el país contaba con 18 estructuras, mientras que en 2022 esta cifra había aumentado a 41, con capacidad de operar y causar daño en 281 municipios. Para 2023, estos 41 grupos se redujeron a cuatro grandes agrupaciones: el ELN, las AGC o Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y el EMC, junto con dos grupos de menor capacidad, los Pachenca. Es importante destacar que, tanto en tiempos de guerra como de paz, resulta más manejable lidiar con seis objetivos en lugar de 41. Sin embargo, es alarmante que en Colombia se haya experimentado un crecimiento tan drástico en tan pocos años. ¿Cómo llegamos a eso?

 

Hay algo que es verdad y es que la ley de Paz Total, tal y como se pasó en el congreso creó el incentivo perverso del “politicómetro” para los grupos armados ilegales, que no causó la oleada de violencia pero contribuyó a reforzar la presión violenta de los grupos sobre las organizaciones sociales y reforzar el reclutamiento y la utilización de población mientras relajaban los principios de distinción entre civiles y combatientes. Esa es la razón por la cual mayoritariamente se ha asesinado a liderazgos indígenas y de comunidades étnicas, que son sustancialmente fuertes y organizadas. Una especie de “si no eres mía, no eres de nadie” para las organizaciones sociales que contribuyó a mantener al alza el asesinato de líderes y lideresas.

En 2022, hubo 180 casos en 12 meses; en 2023, ya van 123 en 9 meses. Analizando trimestres, los casos bajaron a medida que avanzaban las negociaciones, especialmente donde operaba el ELN tras el cese al fuego, de 44 en octubre 2022 a 35 en marzo, según el importante conteo de Indepaz. Sin embargo, en abril, con la ruptura del cese por el Estado Mayor Central y el paro minero de las AGC, subieron a 46 en junio. El 82% de los casos los involucra, pero no hay mesas de diálogo con ninguno de ellos.

Otras variables también se comportan de forma similar. En número de municipios afectados por masacres tenemos: 16 para el 2018, 38 para el 2019, 66 para el 2020, 73 para el 2021, 74 para el 2022 y 51 para el 2023, a septiembre según datos de Indepaz. En número, los años con mayor ocurrencia fueron el 2020 y el 2021 con 91 y 95 casos respectivamente. En lo corrido del 2023 van 64 masacres al 18 de septiembre.  

En cuanto a los departamentos afectados por la violencia, el Cauca lidera la lista con disputas en curso, pero no es el único. También el Chocó, Norte de Santander y Antioquia enfrentan graves problemas, incluyendo confinamiento y restricciones en la ayuda humanitaria. En estos lugares, se observa una variedad de violencias dirigidas hacia el control territorial y poblacional. En todos estos departamentos, el ejército ha llevado a cabo campañas que, en algunos casos, han provocado respuestas de estos grupos armados, tal como lo han expresado en comunicados públicos, como en el caso de las AGC y su promoción del paro minero. Esto contradice la idea de que el ejército no está tomando medidas. En el Cauca, la ofensiva militar ha impulsado al EMC a sembrar más minas y a aumentar la violencia contra civiles, en un intento de ejercer un «disciplinamiento social» y causar daño a las fuerzas de seguridad. Además, debido a las fluctuaciones económicas relacionadas con la coca, buscan expandir su control en el cañón del Micay y adentrarse aún más en la minería ilegal. Este es el epicentro de la actual disputa.

Entonces, ¿por qué la narrativa pública establece una correlación tan fuerte entre la Paz Total y la situación actual? Mi hipótesis es que el gran error del gobierno fue lanzar una política tan ambiciosa en un momento de tantos cambios significativos sin considerar la capacidad de las fuerzas y la institucionalidad para lograr la paz. Esto explica por qué existe una mayor atención en este gobierno en comparación con el anterior. Las expectativas eran elevadas, y hay más denuncias en la mesa debido a la esperanza de ser escuchadas. Y adicional a lo anterior, hay hoy más sectores políticos preocupados por la violencia, lo que nunca había pasado.

La conclusión puede ser la siguiente: No, la paz total no es la responsable del incremento de la violencia, pero tampoco ha contribuido seriamente a su disminución. Esperemos que una mejor articulación entre seguridad y paz pueda llevarnos a buen puerto. Hay que tomar decisiones. ¿Una mayor acción del ejército contribuiría a disminuir la violencia? No necesariamente. ¿Presionaría al grupo armado para forzar una tregua en la mesa de negociación que se instalará? Definitivamente. No es una decisión fácil, pero no tomarla es aún peor.

Laura Bonilla

Estado Mayor Central anuncia cese de ataques

El Estado Mayor Central de las Farc, comandado por Iván Mordiscos anunció el cese de ataques a la población civil y a la Fuerza Pública, tras una escalada de violencia protagonizada por el grupo armado ilegal.

Los frentes que obedecen a alias «Iván Mordisco» señalaron «la suspensión de acciones ofensivas contras las Fuerzas Militares y policiales y las garantías para que todas las políticas desarrollen de manera transparente y sin corrupción el proceso electoral en curso».

 

La orden impartida a los diferentes frentes y columnas es la de «suspender las acciones desde este 22 de septiembre y hasta el próximo 8 de octubre, día en el que según el Gobierno se instalará una mesa de negociación y se espere «inicie a regir el decreto de cese al fuego».

El Estado Mayor Central aseguró que no dudarán en responder en el caso de un ataque a sus filas.

Lafaurie y Valencia Cossio piden un alto al fuego entre ELN y las disidencias

Los negociadores de paz del gobierno de Gustavo Petro con el ELN (José Félix Lafaurie), y con las disidencias Estado Mayor Central (Fabio Valencia Cossio).

Tanto Lafaurie como Valencia Cossio consideran que es necesario un cese al fuego entre esos dos grupos armados ilegales, quienes no han dejado de atacarse mutuamente, incrementando la incertidumbre y el miedo en la población, especialmente en departamentos como el Cauca.

 

“Aunque un acuerdo de cese al fuego con el Gobierno es necesario y urgente, no lo es menos un acuerdo entre grupos armados que se encuentran adelantando negociaciones de paz, pues lo contrario no se compadece con la voluntad de paz, que es inherente a un proceso de negociación para alcanzar la paz”.

De acuerdo con los dos negociadores, “sí estos grupos combaten entre sí, afectando a la población civil, generarán la intervención de la Fuerza Pública produciendo “incidentes” que se registran en los mecanismos de monitoreo”.

Estado Mayor Central insisten en que alias Simón Trinidad integre su delegación

El Estado Mayor Central, EMC, disidencias de las Farc, insisten en la presencia de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, más conocido con el alias de Simón Trinidad, en la mesa de diálogos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“‘Simón Trinidad’ es símbolo de unidad para todos los guerrilleros y para los revolucionarios del mundo. Estamos planteando o buscando los escenarios para lograr hablar con él”, afirmó alias Andrey, jefe de la delegación de paz de ‘Iván Mordisco’.

 

Andrey aseguró que el grupo ilegal solicitará la intermedio de la comunidad internacional, para la repatriación y que sea integrante activo de la delegación de paz.

Hasta el momento el Gobierno Nacional no se ha pronunciado al respecto.

Semanas anteriores, Alias Simón Trinidad dijo estar dispuesto a aportar a la paz en Colombia y solicitó a Colombia mediar ante los Estados Unidos para que se le permita retornar al país y terminar de purgar su pena en una cárcel nacional.

¿Tiene el EMC voluntad de paz?

El hecho de que exista hoy el Estado Mayor Central es una muestra de que los colombianos podemos alcanzar un acuerdo de paz, pero somos incapaces de mantenerlo. Durante los últimos siete años, hemos sido testigos de cómo emerge un nuevo ciclo de guerra y de la capacidad de la violencia organizada para perdurar. Las analistas hemos presentado una hipótesis tras otra, y no hay una sola estrategia contra la violencia que Colombia no haya intentado. ¿Por qué seguimos fallando una y otra vez?

Repasemos lo sucedido. En primer lugar, el frente primero de las FARC se negó a ingresar al acuerdo de paz de 2016. El actual líder del EMC, Iván Mordisco, fue uno de los primeros disidentes, pero también estuvieron Gentil Duarte y otros mandos medios de algunos frentes que desconfiaban del pacto o nunca lo quisieron. Sin embargo, en general, casi toda la guerrillerada se desmovilizó. Las primeras disidencias comenzaron a llevar a cabo lo que sabían. Se ubicaban en lugares estratégicos para la movilidad, retenían y decidían quién podía pasar. Realizaban patrullajes y se hacían presentes. Amenazaban a los líderes sociales que no se sometían a su disciplina. En algunos casos, reclutaban jóvenes con la promesa de obtener poder y respeto a través de las armas, y en otros casos, en contra de su voluntad.

 

Entre el Huila y el Caquetá, las organizaciones sociales que tenían esperanzas en el cumplimiento del pacto advirtieron lo que estaba sucediendo. Sin embargo, pocas personas les prestaron atención. Durante la época en que el frente Carolina Ramírez se estaba formando y los Comandos de la Frontera se fortalecían en el Putumayo, apenas se podía discutir el tema. Incluso los informes de verificación eran minuciosamente revisados por Mauricio Archila, quien además vetaba a cualquiera que hablara sobre la implementación del acuerdo de paz. «Paz con legalidad» se convirtió en un conjunto de programas de emprendimiento rural, de los cuales pocos sobreviven. Cada uno de los grupos que conforman el EMC comenzó a buscar mantenerse y crecer, que es el primer y más importante propósito de cualquier grupo armado.

Para alcanzar su objetivo, retomaron los contactos en Putumayo y Cauca para la venta de pasta base de coca, y cuando aumentaron su número, comenzaron a regular los precios del mercado. Sin embargo, mientras que las organizaciones campesinas cocaleras tradicionales tenían como objetivo la sustitución de cultivos, estos grupos optaron por establecer como estándar político la legalización de la totalidad del negocio. Al no contar con una base social propia, empezaron a reprimir la autonomía de las ya existentes. Lo impactante es que, en esa fase inicial, cuando se podría haber controlado su expansión (entre 2017 y 2022), no se hizo nada más que un puñado de detenciones y persecuciones a los campesinos cocaleros.

En el Catatumbo, el frente 33 se estaba consolidando, y en Arauca, el frente 10. La guerra entre el frente 10, el ELN y la Segunda Marquetalia -otro grupo rearmado- dejó a miles desplazados y un ambiente desesperanzador, donde se perdió el esfuerzo financiero y de desarrollo para la paz, que ya era frágil y embrionario. Tanto la Marquetalia como Gentil Duarte intentaron unir a los diversos grupos para fortalecer su capacidad de control y respuesta. Finalmente, quien tuvo éxito fue Iván Mordisco, al prometer una nueva negociación: La Paz Total. Esto los posicionó como el grupo posiblemente más exitoso, ya que tenían el paquete «premium» de la oferta, mientras que la Marquetalia y el Clan del Golfo tenían el «básico». Un incentivo pernicioso que llevó a unos y otros a intentar alcanzar el anhelado estatus político a través de la presión sobre las comunidades.

Hoy en día, los medios me cuestionan sobre los ataques del EMC a la fuerza pública en el Cauca y su repetición de tácticas conocidas en el país: atentados a estaciones de policía, secuestros, minas antipersona, retenes y homicidios selectivos. Su respuesta radica en imitar lo que consideran exitoso para las FARC, sin percibir que están socavando la oportunidad de paz y que no hallarán una oferta tan generosa. Inmersos en la obsesión por crecer, cruzan límites y, quieran o no, pierden respaldo de la masa crítica en Colombia que aboga por la paz. Al estigmatizar el valioso trabajo de Indepaz, un destacado think tank en defensa de líderes sociales, realizan una acción grave contra la sociedad civil que aleja de la paz. Con ellos, nuestra solidaridad. Con el EMC nuestro firme llamado a que muestren voluntad de paz. La sociedad civil no estará en silencio.

¿Por qué sentarnos a dialogar con las bandas en Chocó?

Por: Pedro Baracutao

En primer lugar agradecer al Gobierno Nacional por nombrarme como  delegado oficial en el “Espacio de Conversación Sociojurídica” con bandas de Chocó. Soy chocoano de nacimiento y conozco, amo y defiendo este territorio como un espacio para la reconciliación y la construcción de la paz desde sus territorios y comunidades.

 

El pasado 3 de diciembre, a instancias de la Comisión de Paz, realizamos en Quibdó una Audiencia Pública por la vida y la paz de Chocó, con la participación mayoritaria de la juventud quibdoseña. Allí dejamos clara la vocación de servicio por la paz total en este territorio que viene siendo desangrado por la muerte criminal de su juventud.

La muerte criminal nos ha arrebatado más de 600 jóvenes en los últimos 6 años y esto no lo podíamos dejar en silencio. Realizamos constancias, diálogos territoriales y la mencionada Audiencia Pública para tratar esta problemática. Sentarnos a dialogar con las bandas  es abrir la posibilidad de encontrar soluciones estructurales al empobrecimiento y la desigualdad que son el caldo de cultivo de las guerras. La guerra con las bandas criminales ha generado desplazamientos intraurbanos (o de barrio a barrio) y también fuera de la capital. Según cifras de la ACNUR, 101.536 personas se han desplazado internamente en Chocó tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

Nosotros como firmantes de paz dejamos las armas como un primer paso para construir una paz estable y duradera, lo cual no es un mero eslogan. En este gobierno el propósito es hacer del Chocó una  potencia mundial de la vida, donde la muerte criminal no sea el camino para las juventudes.

Las bandas con las que se instaló la mesa se autodenominan Los Mexicanos, Locos Yam y RPS. Manifiestan la voluntad de superar una guerra absurda que han vivido desde niños, siendo víctimas y victimarios.  En Quibdó operan además Los Zetas y el Clan del Golfo o AGC. Esperamos que este inicio sea una semilla para conquistar las paces que vendrán.

 

El acertijo de la seguridad ciudadana en Colombia en tiempos de ideas de paz total

Por: Juana Carolina Londoño

En octubre de 1948 apareció por primera vez en la edición #140 de “detective comics” uno de los archienemigos de Batman: El Acertijo; un villano obsesionado con rompecabezas y juegos de palabras.

 

Y traigo a colación este relato para de cierta manera escenificar lo que a nuestro criterio pasa en Colombia por estos días en materia de seguridad ciudadana tras un año del gobierno Petro.

Pareciera a simple vista que el marcado anuncio de avanzar en una política de “paz total” transita al estilo de “ciudad gótica” entre la lucha de Batman por resolver los rompecabezas y juegos de palabras que a manera de desafío le deja el acertijo.

Las cifras de la opinión pública sobre la “paz total” demuestran que para la mayoría de los colombianos cruzamos un laberinto en el cual solo el 26% cree que mejorará la seguridad y el 29% que cambiarán las condiciones de vida de las comunidades.

Se suma que hay dudas en que el gobierno logre, realmente, que los grupos armados se sometan a los diálogos de paz. Solo el 18% cree que lo harán. “Los colombianos siguen muy agobiados con los delitos del día a día”, dice la directora de la FIP Victoria Llorente.

Tenemos miedo y con razones. Entre el año 2019 y lo que va corrido del 2023, delitos como el secuestro se han incrementado. Tan sólo entre el año anterior y julio del presente año 77 casos más de secuestros se han reportado por parte de las autoridades.

Entre el 24 de noviembre de 2016 y el 31 de julio de 2023 han sido asesinados 1.513 líderes/lideresas sociales y defensores de DDHH; 380 firmantes del acuerdo de paz; y en el caso de las masacres con un registro a partir del 7 de agosto de 2018 hasta el 31 de julio de 2023 se han cometido 404 masacres que han dejado 1486 víctimas.

En el año 2022 y 2023 hubo un crecimiento sensible en 10 de los 18 delitos de alto impacto ciudadano. Se incrementaron casos de extorsión, terrorismo, lesiones personales, hurto a personas, hurto de motocicletas, homicidios en accidentes de tránsito y las amenazas.

Está claro que ya no estamos en un escenario de guerra con grupos armados insurgentes con fines estrictamente políticos (guerrilla), sino que lo que hoy existe son grupos delincuenciales dedicados al multi-crimen y a la búsqueda del ejercicio de control en los territorios para dominar las economías ilegales que no sólo se nutren del microtráfico, sino del contrabando, la minería ilegal y otras rentas ilícitas sobre las cuáles la acción estatal se siente limitada.

Y a todo este panorama se suma la necesidad de recuperar la confianza institucional hacia la fuerza pública. Resulta inadmisible por demás la indolencia de ciertos sectores de la sociedad ante cientos de mujeres y hombres adscritos a nuestra Policía Nacional o las Fuerzas Militares y que se han visto literalmente burlados en operativos, secuestrados por grupos civiles con cierta tendencia ideológica e incluso desarmados por “indígenas o campesinos”, hechos que luego quieren hacer pasar como simples “cercos humanitarios”.

En tiempos de discursos de paz total, se va tejiendo un acertijo casi que indescifrable para la seguridad ciudadana.

Mientras la percepción de inseguridad según el DANE pasó de un 44% a un 53% y ciudades como Cali, Bogotá, Cartagena, Bucaramanga y Villavicencio se debaten entre altas cifras de percepción de inseguridad, departamento como el Cauca paulatinamente se ven sitiados por la influencia terrorista de grupos ilegales como el Iván Mordisco.

Ya ni en las vías públicas de las ciudades o en varias carreteras del país como la emblemática ruta del sol, nos sentimos seguros al transitarlas.

Un panorama que se enrarece aún más de cara a las elecciones de octubre, cita democrática que según la Defensoría del Pueblo y la Registraduría ya tienen 113 municipios con alertas tempranas. «Se ha identificado un incremento de un 31 % de los municipios para 2023 con respecto a la alerta temprana de 2022 y 39 % frente a la alerta de 2019», reconocieron las autoridades electorales.

Acciones contundentes, fortalecimiento de la institucionalidad, rodear nuestra fuerza pública, son pasos que debe dar el gobierno nacional. Con hechos es que se desvirtúa que no es verdad que hay una crisis en el país.

 

 

 

 

 

 

Mancuso pide a Marcos Rubio no inmiscuirse en decisiones de Colombia

El exparamilitar, Salvatore Mancuso, a través de una carta le pide al senador de los Estados Unidos, Marcos Rubio, no interferir en los asuntos internos de Colombia  y le recuerda que ya cumplió su pena en el país norteamericano.

Mancuso redactó el texto luego de conocer la opinión del congresista estadounidense quien recordó que el exlíder paramilitar fue condenado en EE.UU. y actualmente se encuentra en prisión por tráfico de drogas. Mancuso también enfrenta cargos en Italia”.

 

«Insto a rechazar cualquier solicitud del gobierno colombiano para la extradición de Mancuso, hasta que se revoque su nombramiento como administrador de paz”, dijo en su momento el senador.

Al respecto, Mancuso contestó, «Sería un equívoco suponer que las personas que estuvimos involucradas en el conflicto armado no podamos ser constructores de paz, por el contrario la historia muestra que una paz genuina, estable y duradera a menudo se logra cuando una sociedad es capaz de escuchar, de decirse las verdades a la cara «.

Salvatore Mancuso reafirma su deseo de contribuir a la paz y a la reconciliación en Colombia y asegura estar dispuesto a contribuir con la verdad.

carta de mancuso a marcos rubio by Confidencial Colombia on Scribd

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Petro firmó decreto nombrando a Mancuso gestor de paz

Después de haberse anunciado hace unas semanas, este lunes en la noche se conoció que el presidente Gustavo Petro hizo oficial el nombramiento del paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz.

El documento es nombrado como la Resolución 244 de 2023. Según el primer artículo del documento, el nombramiento se hace con el fin de que Mancuso «contribuya con su conocimiento y experiencia al diseño de procesos de desarme colectivo de los grupos ilegales que actúan en todo territorio nacional, priorizando las zonas donde ejercicio su actividad crimina».

 

Se espera que el exlíder paramilitar en Colombia firme una acta con el Alto Comisionado de Paz donde se comprometa con su relato a contribuir con la Paz Total planteada por el presidente Gustavo Petro.

En la resolución queda firme que en caso de que Mancuso incumpla con algunas diligencias judiciales en Colombia en la calidad de gestor de paz se le revocará su nombramiento como gestor en el país.

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