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Etiqueta: Paz total

¿Tiene el EMC voluntad de paz?

El hecho de que exista hoy el Estado Mayor Central es una muestra de que los colombianos podemos alcanzar un acuerdo de paz, pero somos incapaces de mantenerlo. Durante los últimos siete años, hemos sido testigos de cómo emerge un nuevo ciclo de guerra y de la capacidad de la violencia organizada para perdurar. Las analistas hemos presentado una hipótesis tras otra, y no hay una sola estrategia contra la violencia que Colombia no haya intentado. ¿Por qué seguimos fallando una y otra vez?

Repasemos lo sucedido. En primer lugar, el frente primero de las FARC se negó a ingresar al acuerdo de paz de 2016. El actual líder del EMC, Iván Mordisco, fue uno de los primeros disidentes, pero también estuvieron Gentil Duarte y otros mandos medios de algunos frentes que desconfiaban del pacto o nunca lo quisieron. Sin embargo, en general, casi toda la guerrillerada se desmovilizó. Las primeras disidencias comenzaron a llevar a cabo lo que sabían. Se ubicaban en lugares estratégicos para la movilidad, retenían y decidían quién podía pasar. Realizaban patrullajes y se hacían presentes. Amenazaban a los líderes sociales que no se sometían a su disciplina. En algunos casos, reclutaban jóvenes con la promesa de obtener poder y respeto a través de las armas, y en otros casos, en contra de su voluntad.

 

Entre el Huila y el Caquetá, las organizaciones sociales que tenían esperanzas en el cumplimiento del pacto advirtieron lo que estaba sucediendo. Sin embargo, pocas personas les prestaron atención. Durante la época en que el frente Carolina Ramírez se estaba formando y los Comandos de la Frontera se fortalecían en el Putumayo, apenas se podía discutir el tema. Incluso los informes de verificación eran minuciosamente revisados por Mauricio Archila, quien además vetaba a cualquiera que hablara sobre la implementación del acuerdo de paz. «Paz con legalidad» se convirtió en un conjunto de programas de emprendimiento rural, de los cuales pocos sobreviven. Cada uno de los grupos que conforman el EMC comenzó a buscar mantenerse y crecer, que es el primer y más importante propósito de cualquier grupo armado.

Para alcanzar su objetivo, retomaron los contactos en Putumayo y Cauca para la venta de pasta base de coca, y cuando aumentaron su número, comenzaron a regular los precios del mercado. Sin embargo, mientras que las organizaciones campesinas cocaleras tradicionales tenían como objetivo la sustitución de cultivos, estos grupos optaron por establecer como estándar político la legalización de la totalidad del negocio. Al no contar con una base social propia, empezaron a reprimir la autonomía de las ya existentes. Lo impactante es que, en esa fase inicial, cuando se podría haber controlado su expansión (entre 2017 y 2022), no se hizo nada más que un puñado de detenciones y persecuciones a los campesinos cocaleros.

En el Catatumbo, el frente 33 se estaba consolidando, y en Arauca, el frente 10. La guerra entre el frente 10, el ELN y la Segunda Marquetalia -otro grupo rearmado- dejó a miles desplazados y un ambiente desesperanzador, donde se perdió el esfuerzo financiero y de desarrollo para la paz, que ya era frágil y embrionario. Tanto la Marquetalia como Gentil Duarte intentaron unir a los diversos grupos para fortalecer su capacidad de control y respuesta. Finalmente, quien tuvo éxito fue Iván Mordisco, al prometer una nueva negociación: La Paz Total. Esto los posicionó como el grupo posiblemente más exitoso, ya que tenían el paquete «premium» de la oferta, mientras que la Marquetalia y el Clan del Golfo tenían el «básico». Un incentivo pernicioso que llevó a unos y otros a intentar alcanzar el anhelado estatus político a través de la presión sobre las comunidades.

Hoy en día, los medios me cuestionan sobre los ataques del EMC a la fuerza pública en el Cauca y su repetición de tácticas conocidas en el país: atentados a estaciones de policía, secuestros, minas antipersona, retenes y homicidios selectivos. Su respuesta radica en imitar lo que consideran exitoso para las FARC, sin percibir que están socavando la oportunidad de paz y que no hallarán una oferta tan generosa. Inmersos en la obsesión por crecer, cruzan límites y, quieran o no, pierden respaldo de la masa crítica en Colombia que aboga por la paz. Al estigmatizar el valioso trabajo de Indepaz, un destacado think tank en defensa de líderes sociales, realizan una acción grave contra la sociedad civil que aleja de la paz. Con ellos, nuestra solidaridad. Con el EMC nuestro firme llamado a que muestren voluntad de paz. La sociedad civil no estará en silencio.

¿Por qué sentarnos a dialogar con las bandas en Chocó?

Por: Pedro Baracutao

En primer lugar agradecer al Gobierno Nacional por nombrarme como  delegado oficial en el “Espacio de Conversación Sociojurídica” con bandas de Chocó. Soy chocoano de nacimiento y conozco, amo y defiendo este territorio como un espacio para la reconciliación y la construcción de la paz desde sus territorios y comunidades.

 

El pasado 3 de diciembre, a instancias de la Comisión de Paz, realizamos en Quibdó una Audiencia Pública por la vida y la paz de Chocó, con la participación mayoritaria de la juventud quibdoseña. Allí dejamos clara la vocación de servicio por la paz total en este territorio que viene siendo desangrado por la muerte criminal de su juventud.

La muerte criminal nos ha arrebatado más de 600 jóvenes en los últimos 6 años y esto no lo podíamos dejar en silencio. Realizamos constancias, diálogos territoriales y la mencionada Audiencia Pública para tratar esta problemática. Sentarnos a dialogar con las bandas  es abrir la posibilidad de encontrar soluciones estructurales al empobrecimiento y la desigualdad que son el caldo de cultivo de las guerras. La guerra con las bandas criminales ha generado desplazamientos intraurbanos (o de barrio a barrio) y también fuera de la capital. Según cifras de la ACNUR, 101.536 personas se han desplazado internamente en Chocó tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

Nosotros como firmantes de paz dejamos las armas como un primer paso para construir una paz estable y duradera, lo cual no es un mero eslogan. En este gobierno el propósito es hacer del Chocó una  potencia mundial de la vida, donde la muerte criminal no sea el camino para las juventudes.

Las bandas con las que se instaló la mesa se autodenominan Los Mexicanos, Locos Yam y RPS. Manifiestan la voluntad de superar una guerra absurda que han vivido desde niños, siendo víctimas y victimarios.  En Quibdó operan además Los Zetas y el Clan del Golfo o AGC. Esperamos que este inicio sea una semilla para conquistar las paces que vendrán.

 

El acertijo de la seguridad ciudadana en Colombia en tiempos de ideas de paz total

Por: Juana Carolina Londoño

En octubre de 1948 apareció por primera vez en la edición #140 de “detective comics” uno de los archienemigos de Batman: El Acertijo; un villano obsesionado con rompecabezas y juegos de palabras.

 

Y traigo a colación este relato para de cierta manera escenificar lo que a nuestro criterio pasa en Colombia por estos días en materia de seguridad ciudadana tras un año del gobierno Petro.

Pareciera a simple vista que el marcado anuncio de avanzar en una política de “paz total” transita al estilo de “ciudad gótica” entre la lucha de Batman por resolver los rompecabezas y juegos de palabras que a manera de desafío le deja el acertijo.

Las cifras de la opinión pública sobre la “paz total” demuestran que para la mayoría de los colombianos cruzamos un laberinto en el cual solo el 26% cree que mejorará la seguridad y el 29% que cambiarán las condiciones de vida de las comunidades.

Se suma que hay dudas en que el gobierno logre, realmente, que los grupos armados se sometan a los diálogos de paz. Solo el 18% cree que lo harán. “Los colombianos siguen muy agobiados con los delitos del día a día”, dice la directora de la FIP Victoria Llorente.

Tenemos miedo y con razones. Entre el año 2019 y lo que va corrido del 2023, delitos como el secuestro se han incrementado. Tan sólo entre el año anterior y julio del presente año 77 casos más de secuestros se han reportado por parte de las autoridades.

Entre el 24 de noviembre de 2016 y el 31 de julio de 2023 han sido asesinados 1.513 líderes/lideresas sociales y defensores de DDHH; 380 firmantes del acuerdo de paz; y en el caso de las masacres con un registro a partir del 7 de agosto de 2018 hasta el 31 de julio de 2023 se han cometido 404 masacres que han dejado 1486 víctimas.

En el año 2022 y 2023 hubo un crecimiento sensible en 10 de los 18 delitos de alto impacto ciudadano. Se incrementaron casos de extorsión, terrorismo, lesiones personales, hurto a personas, hurto de motocicletas, homicidios en accidentes de tránsito y las amenazas.

Está claro que ya no estamos en un escenario de guerra con grupos armados insurgentes con fines estrictamente políticos (guerrilla), sino que lo que hoy existe son grupos delincuenciales dedicados al multi-crimen y a la búsqueda del ejercicio de control en los territorios para dominar las economías ilegales que no sólo se nutren del microtráfico, sino del contrabando, la minería ilegal y otras rentas ilícitas sobre las cuáles la acción estatal se siente limitada.

Y a todo este panorama se suma la necesidad de recuperar la confianza institucional hacia la fuerza pública. Resulta inadmisible por demás la indolencia de ciertos sectores de la sociedad ante cientos de mujeres y hombres adscritos a nuestra Policía Nacional o las Fuerzas Militares y que se han visto literalmente burlados en operativos, secuestrados por grupos civiles con cierta tendencia ideológica e incluso desarmados por “indígenas o campesinos”, hechos que luego quieren hacer pasar como simples “cercos humanitarios”.

En tiempos de discursos de paz total, se va tejiendo un acertijo casi que indescifrable para la seguridad ciudadana.

Mientras la percepción de inseguridad según el DANE pasó de un 44% a un 53% y ciudades como Cali, Bogotá, Cartagena, Bucaramanga y Villavicencio se debaten entre altas cifras de percepción de inseguridad, departamento como el Cauca paulatinamente se ven sitiados por la influencia terrorista de grupos ilegales como el Iván Mordisco.

Ya ni en las vías públicas de las ciudades o en varias carreteras del país como la emblemática ruta del sol, nos sentimos seguros al transitarlas.

Un panorama que se enrarece aún más de cara a las elecciones de octubre, cita democrática que según la Defensoría del Pueblo y la Registraduría ya tienen 113 municipios con alertas tempranas. «Se ha identificado un incremento de un 31 % de los municipios para 2023 con respecto a la alerta temprana de 2022 y 39 % frente a la alerta de 2019», reconocieron las autoridades electorales.

Acciones contundentes, fortalecimiento de la institucionalidad, rodear nuestra fuerza pública, son pasos que debe dar el gobierno nacional. Con hechos es que se desvirtúa que no es verdad que hay una crisis en el país.

 

 

 

 

 

 

Mancuso pide a Marcos Rubio no inmiscuirse en decisiones de Colombia

El exparamilitar, Salvatore Mancuso, a través de una carta le pide al senador de los Estados Unidos, Marcos Rubio, no interferir en los asuntos internos de Colombia  y le recuerda que ya cumplió su pena en el país norteamericano.

Mancuso redactó el texto luego de conocer la opinión del congresista estadounidense quien recordó que el exlíder paramilitar fue condenado en EE.UU. y actualmente se encuentra en prisión por tráfico de drogas. Mancuso también enfrenta cargos en Italia”.

 

«Insto a rechazar cualquier solicitud del gobierno colombiano para la extradición de Mancuso, hasta que se revoque su nombramiento como administrador de paz”, dijo en su momento el senador.

Al respecto, Mancuso contestó, «Sería un equívoco suponer que las personas que estuvimos involucradas en el conflicto armado no podamos ser constructores de paz, por el contrario la historia muestra que una paz genuina, estable y duradera a menudo se logra cuando una sociedad es capaz de escuchar, de decirse las verdades a la cara «.

Salvatore Mancuso reafirma su deseo de contribuir a la paz y a la reconciliación en Colombia y asegura estar dispuesto a contribuir con la verdad.

carta de mancuso a marcos rubio by Confidencial Colombia on Scribd

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Petro firmó decreto nombrando a Mancuso gestor de paz

Después de haberse anunciado hace unas semanas, este lunes en la noche se conoció que el presidente Gustavo Petro hizo oficial el nombramiento del paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz.

El documento es nombrado como la Resolución 244 de 2023. Según el primer artículo del documento, el nombramiento se hace con el fin de que Mancuso «contribuya con su conocimiento y experiencia al diseño de procesos de desarme colectivo de los grupos ilegales que actúan en todo territorio nacional, priorizando las zonas donde ejercicio su actividad crimina».

 

Se espera que el exlíder paramilitar en Colombia firme una acta con el Alto Comisionado de Paz donde se comprometa con su relato a contribuir con la Paz Total planteada por el presidente Gustavo Petro.

En la resolución queda firme que en caso de que Mancuso incumpla con algunas diligencias judiciales en Colombia en la calidad de gestor de paz se le revocará su nombramiento como gestor en el país.

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Gobernadores dicen que Petro no los escucha

Diferentes gobernadores del país a través de la Federación Nacional de Departamentos, hicieron un llamado al presidente de la república, Gustavo Petro, porque sienten que sus preocupaciones en lo que tiene que ver con el manejo del orden público, no son escuchadas.

“Las poblaciones y carreteras del país se ven afectadas por violentos bloqueos y anarquía; se vulneran los derechos y libertades de las personas; los delincuentes intimidan, amenazan, y atacan a la población civil; y día tras día aumentan las dolorosas cifras de asesinatos de miembros de nuestras Fuerzas Militares y de Policía”, dice el comunicado de la Federación Nacional de Departamentos.

 

Los mandatarios regionales dieron a conocer las alertas por lo que sucede en sus territorios en vísperas de elecciones a alcaldes, gobernadores, asambleas y concejales.

“Ante este crudo panorama, ¿cómo podrá la nación garantizar unas elecciones transparentes y seguras? ¿Cómo podremos seguir hablando de paz?”, preguntan.

 

Jóvenes en paz, presente y futuro del país

El anuncio del Gobierno Nacional de iniciar el programa Jóvenes en Paz, ha despertado en sectores políticos y sociales, las mas variadas reacciones adversas, como si la juventud colombiana víctima de exclusión social, estigmatización, violencias estructurales, políticas y armadas, no pudiera tener la más mínima oportunidad de romper los círculos de violencias y pobrezas, a los cuales ha sido sometida por las políticas impuestas por quienes, desde los privilegios económicos, culturales, sociales y políticos, han administrado los destinos de la nación.

Una sociedad profundamente fracturada, afectada por fenómenos delincuenciales tan poderosos como el narcotráfico y la corrupción que, interactúan y se retroalimentan regional y nacionalmente, haciendo uso de las más temibles prácticas mafiosas contra la vida, especialmente de jóvenes marginalizados, no permitirá el surgimiento de hombres y mujeres nuevas; una sociedad que niega a la juventud, esencialmente rural, la posibilidad de acceder y/o mantenerse en el llamado sistema educativo; una sociedad que, forma jóvenes que no logran recrear en sus mentes o corazones, la posibilidad real de obtener un titulo técnico, tecnológico o universitario que, les brinde las condiciones para acceder a un mejor nivel de vida y gozar plenamente de sus derechos, debe plantearse con la profundidad que se requiere y la responsabilidad necesaria, romper esos círculos de violencias y generar condiciones para que las y los jóvenes, se dispongan a ser constructores de un mejor país.

 

Más allá de la iniciativa del Gobierno del Cambio, lo real es que, el reto de acabar con las violencias, que hacen imposible alcanzar los niveles de desarrollo sostenible adecuados y necesarios, para que todas y todos, en campos y ciudades, podamos gozar plenamente de derechos y vivir en un ambiente de convivencia, respeto y democracia, debe ser asumido por todos los gobiernos departamentales y municipales, por todas las entidades del Estado, por todos los sectores sociales y económicos, en especial, por quienes han tenido el privilegio de vivir o alcanzar una vida sin restricciones, exclusiones o violencias.

Construir la paz, no solo puede entenderse como el silenciamiento de las armas y su destrucción, sino que, esta debe ser el resultado de una serie de acciones y programas que se pongan como retos, a corto, mediano y largo plazo, eliminar o disminuir las causas estructurales que hace o motivan que, los y las jóvenes se vinculen o sean reclutados por los ejércitos regulares e irregulares, y seguramente caigan asesinados en cualquier esquina o vereda. Seguramente, si no estuviéramos sufriendo las consecuencias de las violencias estructurales, de la corrupción y el narcotráfico, no nos veríamos abocados a implementar este tipo de programas, que en otras situaciones, menos injustas e inequitativas, pueden ser catalogados como contraproducentes para el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

Colombia merece un futuro mejor, y esto exige desplegar la mas generosa creatividad que haga posible romper con las lógicas de la guerra y la ilegalidad. Esa es la bondad que encierra un programa como Jóvenes en Paz, que por supuesto, no puede verse como una única estrategia, sino como un complemento necesario y obligatorio, que le devuelva o haga emerger de los corazones y las mentes de las y los jóvenes en riesgo o vinculados a los actores armados, la esperanza de una nueva vida.

Es apenas lógico que, algunos gobernantes regionales, criados bajo el cuidado de clanes que amasaron fortunas producto de la ilegalidad, se opongan a este tipo de programas. Retoños de las mafias, nuevos jefes de clanes, usurpadores de la representatividad popular y étnica, influenciadores espurios que posan de congresistas, herederos del totalitarismo, defensores a ultransa de tesis militaristas fracasadas, se resisten a que las y los jóvenes de las barriadas, las y los jóvenes de los pueblos étnicos, pescadores y pescadoras, campesinos y campesinas, mineros y mineras artesanales, albañiles o trabajadoras del hogar, rompan con el papel de miseria y esclavitud que se les ha impuesto. Temen, con justificada razón, que este tipo de programas sean exitosos, y hagan surgir un inmenso contingente de mujeres y hombres, capaces de transformar pacíficamente las condiciones que los mantienen bajo la influencia fatal de la violencia.

A buena hora, el presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez, decidieron acelerar la implementación de este programa, cumpliendo la palabra empeñada en la campaña electoral y definidas en el Plan Nacional de Desarrollo; ojalá, todas y todos los gobernantes municipales y departamentales que se posesionarán a partir de enero de 2024, implementen programas como este, y complementen el compromiso nacional por hacer posible la Paz Total e Integral. Necesitamos que esta iniciativa se convierta en política de Estado, hasta superar o por lo menos disminuir a niveles menos dolorosos, las violencias de todo tipo.

Para poder alcanzar un sociedad que pueda dirimir o transformar pacíficamente sus conflictos, que haga realidad la reforma rural, que haga los cambios necesarios para perfeccionar su democracia y le de oportunidades reales a la juventud, se requiere implementar programas que privilegien la inversión social, el acceso popular a los derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda y por supuesto la alimentación; ganarle la partida a las mafias de la corrupción y el narcotráfico, a los grupos armados ilegales, requerirá de nuevas generaciones, que desde los territorios y la marginalidad urbana, hagan posible el desarrollo, la justicia y la equidad.

Programas como Jóvenes en Paz, Jóvenes en Acción, Gestores de Convivencia, complementarios al derecho a la educación y al trabajo con dignidad, serán parte fundamental para la resocialización de jóvenes atrapados y victimizados por las mafias y los grupos armados, que se enriquecen con sus almas y sus vidas, o que alimentan sus estructuras armadas. Programas que generarán las condiciones para que, una vez los frutos de los diálogos socio-jurídicos que se adelantan con las bandas criminales urbanas y rurales, los diálogos políticos con las guerrillas den los resultados esperados y la sociedad pacte un gran Acuerdo Nacional, las nuevas generaciones puedan construir un país en paz, democrático, justo y feliz. La nueva juventud, alimenta las juntanzas creadoras de paz y harán posible la felicidad, para vivir sabroso.

Luis Emil Sanabria D

 

Se silencian los fusiles, se escuchan los pensamientos

Este pasado tres de agosto, se convirtió en una fecha especial para la vida y para la construcción de un país del tamaño de nuestros sueños. Un país en paz, en donde sus habitantes podamos dirimir nuestras diferencias acudiendo a la palabra, al acuerdo o a la democracia. En esta fecha se instalaron y se iniciaron dos componentes importantes del proceso de diálogo que se adelanta entre el Gobierno nacional y las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional – ELN.

Uno de estos acuerdos preliminares, tantas veces exigido por el pueblo afectado directamente por la confrontación, es el llamado Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal, que durante los próximos 180 días, silenciará los fusiles de la confrontación, que por casi 60 años, mantiene el Estado y estas guerrillas; y de otro lado, se instaló el Comité Nacional de Participación- CNP, instancia que convocó a 30 sectores de la sociedad con 81 delegados y delegadas, para que diseñe de forma participativa, durante los próximos seis meses, la metodología de participación social que convocará la voluntad de las colombianas y colombianos, que quieren construir paz y lograr un gran pacto nacional, que señale el camino de la equidad, la justicia social y el desarrollo.

 

En el recinto de La Carpa de Corferias, en pleno Corazón de Bogotá, con la presencia de cientos de personas, provenientes de todos los rincones del país y de múltiples organizaciones, se dieron cita las delegaciones de diálogo del Gobierno Nacional y del ELN; cada una de estas personas, haciendo alarde, con justa razón, de la importancia de lo que hasta la fecha se ha acordado. Y es que, con esa guerrilla, nunca antes se habían llegado a firmar acuerdos tan importantes, que hacen prever que el camino que se retomó en diciembre del año pasado, dando continuidad a lo alcanzado en el gobierno del expresidente Juan M Santos, y que estuvo cargado de incertidumbres y desconfianzas, empieza a mostrar resultados concretos, que la sociedad debería, disponerse a rodear sin vacilaciones.

Se silencian los fusiles, se escuchan los pensamientos, la palabra crece y el diálogo construye soluciones, amores y afectos. La palabra se toma el conflicto político, social, económico y armado, los cañones se enfrían y las balas abandonan los proveedores, para que el entendimiento, la deliberación y la vida ocupen el lugar en la sociedad, del que nunca debieron ser desalojados.

Habló el presidente Gustavo Petro, reafirmando como Presidente de la República, Jefe de Estado y firmante del acuerdo de paz de 1990 con el M-19, su voluntad de paz y la decisión gubernamental de continuar avanzando por ese camino, habló el comandante Pablo Beltrán, del ELN, ratificando el discurso rebelde, pero cargado de frases esperanzadoras sobre el futuro de paz, también se dirigió al país el jefe negociador del gobierno, el también firmante de paz del M-19, Otty Patiño, con su tono pausado y profundo señaló la importancia de los acuerdos y los avances del proceso, hablaron Monseñor Héctor Fabio Henao, en representación de la iglesia Católica y Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, ambos en calidad de garantes del proceso.

Los hombres que, en otrora, han sido los protagonistas absolutos de los discursos, tuvieron que cederles la palabra a las mujeres, no tantas como quisiéramos; la comandanta Consuelo Tapias del ELN, muy de civil y ostentando sus raíces afrodescendientes ratificó el compromiso eleno de avanzar hacia la paz, lo mismo desde la orilla del gobierno hizo otra mujer afrodescendiente, la delegada Nigeria Rentería, y en representación del CNP y del Comité Nacional de Paz, la palabra fue regalada por Yolanda Perea, lideresa afrodescendiente, víctima del conflicto armado. Nos hablaron las mujeres, nos hablaron desde el corazón de las dadoras de vida, defendiendo la vida. Nos ratificaron que la paz es posible, que el amor es posible y que las diferencias se pueden solucionar pacíficamente, si nos disponemos a escuchar al otro y a la otra, no para imponer nuestras ideas, sino para construir juntanzas creadoras de paz.

Pero más allá de la reseña de los y las protagonistas de tarima y sus discursos, lo más importante de este especial evento, fue el entusiasmo que cientos de personas desplegaron en el recinto. Se mezclaron las palabras, los gritos, los olores y los abrazos de ministros y ministras, exministros y exministras, ex negociadores de paz, militares, policías, guerrilleros y guerrilleras, exguerrilleros, académicos, comunales, sindicalistas, exiliadas, jóvenes, gais, lesbianas, mayoras y mayores de los pueblos étnicos, guardias indígenas, campesinas y cimarronas, autoridades  y representantes de diversas confesiones religiosas, periodistas, artistas, campesinas y campesinos, edfensores de Derechos Humanos, empresarios, y en general, constructoras y constructores de paz.

Con ese torrente importante de amantes de la paz y la felicidad, de defensoras y defensores de la vida, se le entregó a las y los delegados del Comité Nacional de Paz, la inaplazable tarea de construir un mecanismo de participación social para la paz y de cautivar a la mayor cantidad de colombianos y colombianas, para que entre todos y todas, en todas las ciudades y veredas, en los barrios y universidades, en las oficinas y los estadios, se le de una nueva oportunidad a la paz, a las transformaciones pacíficas de las causas que originan y retroalimentan el conflicto, a la palabra empeñada, al acuerdo cumplido, a la verdad y la reconciliación.

Vienen seis meses de cese al fuego, que posibilitarán al mismo tiempo, la realización de consultas, reuniones, encuentros territoriales y sectoriales, pedagogías y documentos. Meses de deliberaciones y acuerdos, hasta poder entregar al país, un documento con una metodología lo suficientemente consensuada, amplia, generosa, innovadora y transformadora, una propuesta lo suficientemente responsable, que nos enamore de la esperanza y mantenga por el sendero del cambio. Será a partir de marzo del 2024, que se empezará a aplicar este mecanismo, pero desde este mismo momento, todas las organizaciones, instituciones, y la ciudadanía debe aprestarse a realizar encuentros, a fortalecer sus coordinaciones territoriales, regionales y subregionales, a movilizarse y desatar la mas amplia iniciativa por la paz.

 

Luis Emil Sanabria D.

Arranca el cese al fuego con el ELN

Inicia el cese al fuego entre las Fuerzas Militares de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que tendrá seis meses de duración según lo pactado en la mesa de diálogos de paz.

El cese al fuego contará con una verificación integrada por delegados de ambas partes, la Misión de la ONU así como la Iglesia Católica. Participarán además veedurías conformada por grupos de la sociedad civil.

 

La Verificación tendrá sedes en Bogotá, Arauca, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Pasto, Quibdó, Soacha y Valledupar. También habrá 22 puntos locales en municipios como Aguachica, Becerril, Barrancabermeja, Buenaventura, entre otros.

 

ELN ordena detener ataques contra la Fuerza Pública

El Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ordenó a todas sus estructuras hacer un alto a los ataques contra la Fuerza Pública en todo el país, en el marco del cese al fuego firmado con el Gobierno Nacional.

El cese al fuego tendrá una duración de seis meses, a partir del próximo 3 de agosto.

 

“En el marco del acuerdo firmado con el Gobierno colombiano de Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal (CFBNT), el comando central del Ejército de Liberación Nacional ordena a todas sus estructuras a suspender las operaciones ofensivas contra las Fuerzas Armadas, la Policía y los organismos de seguridad del Estado colombiano”, señaló alias ‘Antonio García’, máximo cabecilla del grupo insurgente.

El jefe guerrillero advirtió que cada incumplimiento será reportado al comité de verificación quienes se encargarán del respectivo monitoreo.

“Llamamos a todos los mandos y combatientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a cumplir de manera rigurosa con este cese al fuego acordado”, puntualizó.

Nota relacionada: Estos son los protocolos para el alto el fuego con el ELN

 

El cambio, la paz y la reconciliación serán con más y mejor democracia

El pasado sábado 29 de julio, se cerraron las inscripciones de candidatas y candidatos a las Alcaldías y Gobernaciones, a las Juntas Administradoras Locales-JAL, a los Concejos Municipales y a las Asambleas de Diputados departamentales, en momentos en que, el país se sacude con vientos de cambio y se propone superar definitivamente el conflicto armado.

No será fácil para el pueblo elegir la mejor propuesta y evitar la tentación, en medio de las ofertas corruptas de los clanes mafiosos que, nuevamente aspiran convertir el erario público en un botín que alimenta las arcas privadas de familias y castas. Tarea difícil para un electorado poco informado o con escasa cultura política, diferenciar y elegir la mejor propuesta que les beneficie individual y colectivamente, en medio de amenazas, fuego cruzado, hambre, miseria, exclusión, manipulación, o constreñimiento.

 

Estas inscripciones electorales y lo que se percibe van a ser las campañas, dejan claro varios problemas de nuestra democracia que han estado al centro de los acuerdos de paz y de las exigencias populares, que deberían ser solucionados; me refiero específicamente, a la necesidad de construir concertadamente, la más profunda reforma política, electoral y administrativa que ayude a erradicar los vicios que han afectado la democracia representativa, potenciar la democracia directa y deliberativa, y avanzar hacia la tantas veces aplazada descentralización.

Se les olvida a las clases dirigentes de todas las ideologías, con algunas pocas excepciones, que el surgimiento y la retroalimentan del conflicto armado interno y las múltiples violencias estructurales que nos afectan, guardan relación estrecha con la exclusión en la toma de decisiones, de aquellas corrientes políticas y sociales que han cuestionado el establecimiento, a su modelo económico y al tipo de democracia que hemos desarrollado, y que para esta exclusión, las corrientes políticas dominantes han utilizado la violencia estatal y para estatal, y la negación de espacios de comunicación y deliberación. Se olvidan, que fenómenos como el estallido social de hace pocos años, guarda relación directa, con la evidente exclusión de las mayorías populares, en la toma de decisiones.

No podemos pretender que el país cambie y que avance hacia la paz, el desarrollo sostenible, la equidad, la superación de la impunidad y la justicia social, si cada dos años, dependiendo de los cargos que estén en juego, repetimos fenómenos como el nepotismo, la compra y venta de votos, el constreñimiento, la falta de propuestas o programas elaborados en cada partido, la débil participación de las mujeres y la población LGBTIQ+, el ingreso de recursos ilegales o la superación de los topes económicos de campañas. ¿Para cuándo el voto electrónico y la modernización en el conteo?

Es necesario y urgente una reforma política y electoral que haga posible la modernización de los partidos, con mecanismos internos democráticos y participativos sólidos y exigentes. Partidos que deben desarrollar una plataforma política e ideológica clara, que no estén al vaivén de los intereses de camarillas nacionales, departamentales o municipales. Colectividades que reconozcan la importancia de las militancias en la toma de decisiones. Se requiere de partidos fuertes que puedan constituir frentes políticos, claramente definidos y comprometidos con sus militantes. Partidos y frentes que elijan democráticamente a sus candidatos o candidatas, y que una vez electos, actúen como bancadas en cada corporación.

No podemos pretender que la reconciliación sea posible, si las decisiones trascendentales que afectan el presente y el futuro de las comunidades, se siguen tomando en los clubes sociales, en las cantinas o en sitios de veraneo; Colombia reclama hoy, una reforma política que haga posible que la soberanía repose exclusivamente en pueblo, tal y como se dispone en el artículo 3° de la constitución y que esta ciudadanía informada y estructurada, la ejerza de forma directa. Debemos avanzar hacia modelos deliberativos asamblearios territoriales, en donde el constituyente primario, mediante metodologías incluyentes construyan y decidan los planes, programas y proyectos que harán posible el desarrollo sostenible territorial. ¿Para cuándo la planeación participativa a 20 o más años? ¿para cuándo la armonización de los Planes de Desarrollo con los Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial?

En todos los llamados Consejos, sean estos de Juventud, de Paz, Medio Ambientales, etc., con pequeñas excepciones en cada uno de ellos, al pueblo solo le corresponde “aconsejar”, porque finalmente, son los llamados representantes (alcaldes, gobernadores, concejales y diputados), quienes en conclusión deciden. Se ha fragmentado la voluntad popular, para manipular o solo para refrendar, alguna decisión tomada de forma centralizada. La democracia que el país requiere, tendrá que reconocer el poder de decisión, la potestad vinculante de la ciudadanía, no a voluntad de uno u otro gobernante progresista o demócrata, sino como política de Estado. No basta solo, con la llamada rendición pública de cuentas, hay que gobernar con y para el pueblo.

Toda esta gran reforma quedaría inconclusa, sino se avanza hacia la descentralización administrativa y política tendiente a fortalecer los municipios, los departamentos y las regiones, con autonomía y coordinación nación-territorio. Que los y las gobernantes de los entes territoriales, las JAL, los Concejos, y las Asambleas, con congresistas que se elijan para representar verdaderamente a los territorios y con capacidad de asumir el proyecto de nación, acompañados de una verdadera participación y control ciudadano, tengan la posibilidad de administrar y cuidar sus recursos económicos y naturales, de definir las rutas del desarrollo y de avanzar hacia el goce pleno de los derechos de sus habitantes.

Nos enorgullecemos de nuestras comunidades indígenas y afrodescendientes, de su cultura, de la música, la gastronomía o la danza, pero la dirigencia política y económica, se asusta cuando los pueblos étnicos exigen soberanía sobre su territorio, sobre sus mares, ríos, y quebradas, su aire, suelo y su subsuelo, sobre las llamadas riquezas mineras o energéticas, sobre los bosques y selvas. Se asustan cuando exigen gobierno y justicia propia, rescate de la cultura ancestral, defensa de las lenguas y tradiciones. ¿Para cuándo el gobierno propio? ¿para cuándo el derecho sobre sus territorios que ahora llamamos baldíos? ¿para cuándo el derecho a recorrer, como pueblos nómadas y seminómadas, el territorio que milenariamente les pertenece?

Finalmente, y aunque todavía estemos inmersos en una democracia con tantas dificultades, el camino será siempre la democracia. Hay que desatar mucha pedagogía electoral que haga posible la elección de personas honestas, capaces, transparentes, comprometidas con la paz y las transformaciones. De la ciudadanía también depende que los cambios se den y que los territorios sean bien gobernados.

 

Luis Emil Sanabria D.

«No entiendo la polémica por la designación de Mancuso»: Gloria Inés Flórez

La senadora del Pacto Histórico, Gloria Inés Flórez, explica las razones que tiene para defender la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz.

OS: ¡Está de acuerdo con la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz?

 

Gloría Inés Flórez: Claro que estoy de acuerdo, Es un compromiso que tiene el Gobierno Nacional con la paz total, que implica todos los actores, entre ellos los grupos paramilitares y el aporte a la verdad que pueden entregar. Muy importante aportar a la verdad de este país para que nunca más vuelvan a suceder hechos violentos. Hay una justicia restaurativa que nos permite superar ese dolor y perdonar como sociedad y el papel que puede jugar él, es fundamental para poder finiquitar el proceso de Justicia y Paz.

No es la primera vez que a una persona que ha estado en conflicto armado termine ejerciendo temas de paz, entonces, ¿por qué se genera toda esta polémica?

Gloria Inés Flórez; No entiendo porque la polémica y en especial la expresión del expresidente Uribe sobre el caso de la decisión de Petro de nombrar como gestor de paz a Mancuso cuando acá en este mismo recinto del Senado; ellos fueron aplaudidos por el Congreso y ahora se trata de que digan toda la verdad y cuando una sociedad conoce la verdad puede perdonar, puede hacer justicia y puede encaminarse a la construcción real de la reconciliación de la paz.

Habrá verdades que Mancuso diga y que no pueda comprobar en estos momentos, ¿puede esto provocar que se caiga su designación?

Gloria Inés Flórez:   Eso ya le corresponde a la Justicia Especial Para la Paz. Yo respeto la justicia y son los entes de justicia que pueden determinar y exigir la evidencia y la prueba, pero sí es importante el testimonio porque el testimonio ayuda a revelar situaciones que se han denunciado históricamente.

¿Cómo cuáles?

Gloria Inés Ramírez: Yo como defensora de derechos humanos denuncié el paramilitarismo en el Norte de Santander y dije que hubo casos de personas que tiraron al lado de Venezuela y la confesión de Mancuso ante la JEP, evidencia que era cierto, que teníamos la razón.

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Estos son los negociadores de paz del Estado Central Mayor de las Farc

El Estado Central Mayor de las Farc anunció el nombre de las personas que en su nombre participarán en la mesa de diálogos de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El jefe negociador será alias ‘Andrey Avendaño’, comandante del bloque Magdalena Medio y señalado como uno de los presuntos responsables del atentado en contra del expresidente Iván Duque, en Cúcuta.

 

También estará Ángela Izquierdo del bloque Occidental; alias ‘Sebastián’; Jonathan Jair Narváez Quintero, Adolfo Ballesteros Fernández, Óscar Ojeda, Alexander Farfán Suárez y José Luis Rodríguez Mora.

La instalación de una Mesa de Diálogos de Paz, la cual estará precedida por una fase preliminar de alistamiento, actualmente en desarrollo.

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Gobierno nombra a Mancuso ‘Gestor de Paz’

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter anunció la designación del exlíder paramilitar, Salvatore Mancuso, como Gestor de Paz.

“El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aun no se sabe toda la verdad las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados. Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”, escribió la red social el primer mandatario.

 

Tras el anuncio algunos personajes de la política nacional expresaron sus opiniones:

“No me parece que tenga la autoridad moral ni ética para prestar ningún apoyo al proceso de paz un delincuente de esta magnitud y de estas proporciones”, dijo el excomisionado de paz, Juan Camilo Restrepo.

“Que el Pte lo nombre gestor de paz no importa, lo grave es que mienta y que haya discriminación” dijo al expresidente Álvaro Uribe, proponiendo además que se otorgue la misma condición a Jorge 40.

La actual de concejal de Bogotá por la Colombia Humana y exmiembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, aseguró que “la paz es el camino para la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Estoy segura de que Salvatore Mancuso contribuirá a la Paz Total”.

Por su parte el columnista y analista en temas de paz, Luis Emil Sanabria califica la decisión del primer mandatario como “acertada”.

Inmenso es el desafío de construir paz

¿Será qué en esta oportunidad si se logra un acuerdo de paz con el ELN?, esta es una de las preguntas que rondan muchas de las reuniones que alrededor de la paz se realizan por estos días, tanto en los espacios de debate académico como en los escenarios sociales y políticos; y no es para menos, ya que, solucionar el conflicto armado, en el que esta guerrilla es protagonista, toma carácter de urgencia. Responder positivamente esta pregunta, no será posible si, como lo exigen algunos liderazgos políticos, lo que se pretendiera fuera solo la desmovilización, la dejación de armas y la reincorporación de esta insurgencia, como si el futuro de la superación de los ciclos de violencias, dependiera únicamente de la voluntad que expresen y demuestren los grupos alzados en armas.

Sin embargo, si asumimos, como hasta ahora se ha planteado, tanto por el gobierno como por los elenos, que este nuevo intento de lograr un acuerdo de paz, pasa por la búsqueda de transformaciones a las causas estructurales que originan esa violencia política y las demás violencias, seguramente la respuesta puede ser bastante optimista. Y es que los pasos hasta ahora dados en la mesa de diálogo con el ELN, son bastante promisorios, pues se deja ver en las declaraciones y acuerdos, que se piensa en ponerle fin, no solo al conflicto que en este caso les compete, sino que, a partir de estos acuerdos, se pueda aportar a la construcción de la paz integral y total, y a la superación de todas de las violencias, tanto políticas, como económicas y sociales.

 

Algunas voces se han levantado exigiendo, una supuesta mayor operatividad de la fuerza pública frente al ELN, mayores precisiones, definición de etapas, tiempos exactos y resultados tangibles de la mesa de diálogo, como si se tratara de aplicar una receta, seguramente ya fracasada. Por primera vez, un gobierno asume la complejidad de abordar múltiples escenarios de diálogo con diversos actores armados, políticos y no políticos, sacar adelante un Plan Nacional de Desarrollo que pretende superar las brechas de pobreza y exclusión, poniendo al centro la defensa de la vida, transformar las políticas antidrogas colocando el énfasis en la persecución a los narcotraficantes y al lavado de activos, y sacar adelante la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma agraria, entre otras y de las cuáles es imposible prescindir.

Lo que vemos con claridad, y en este caso es necesario darles los créditos a las delegaciones tanto del Gobierno Nacional como del ELN, es que los acuerdos hasta ahora alcanzados indican que, lo que se busca es llegar a lo que podemos considerar, un punto de no retorno, no solo con el proceso de paz que involucra a esta guerrilla, sino en general, con toda la complejidad del conflicto armado, sus múltiples protagonistas, sus causas estructurales y sus reiterativas consecuencias. No de otra forma, se puede entender la simultaneidad de acuerdos, la disposición a su pronta implementación y la generación de rutas poco ortodoxas, para alcanzar la paz, la justicia social, y la equidad, a través de lo que puede ser un novedoso mecanismo de participación ciudadana que haga posible el compromiso de la sociedad y sus diversos sectores, en lograr pactos y acuerdos, tanto regionales como nacionales, y que adicionalmente entregue luces, para lo que puede ser una reforma política profunda, que ponga al centro el poder y la soberanía popular.

En solo siete meses, esta mesa de diálogo ha dado a conocer varios acuerdos que pudiéramos llamar de alistamiento, que marcan el camino de la profundidad de los pactos que se pretenden lograr, y la responsabilidad conjunta, con la cual, se establecieron las condiciones que deben generarse, para llegar a estos. El primero, es el llamado Acuerdo de México, que sirve de marco conceptual conjunto y que define los alcances de lo que se pretende abordar, tanto en las formas y metodologías, como en los ejes de la agenda temática. Sin demeritar otros acuerdos que se han dado, hay que resaltar el acuerdo No. 9, por la entrega que hace de elementos novedosos para el abordaje de esta manifestación del conflicto armado; este acuerdo central, que hace referencia al proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz, crea un figura muy importante para la elaboración participativa de la metodología que convocará luego a la sociedad a participar en la creación de acuerdos, denominada Comité Nacional de Participación-CNP, que a su vez ya cuenta con su reglamento operativo y su plan de trabajo, y que será instalado el próximo 3 de agosto.

Así mismo, es necesario resaltar que, este ejercicio de participación no será posible, si la mesa de diálogo no hubiera logrado prontamente otro acuerdo importante, como es, el Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal, el cual cuenta con acuerdos sobre mecanismo de monitoreo, verificación y sus protocolos complementarios, y que entrará en vigor el 3 de agosto, a la par del CNP. Es decir, estos dos acuerdos son interdependientes y se robustecerán en la medida en que entren a funcionar y las confianzas de la sociedad se fortalezcan. Los acuerdos y protocolos hacen precisiones necesarias, sin embargo, estas precisiones generan nuevos retos cargados de incertidumbres, que son propios de los abordajes participativos y complejos, los cuales se deben asumir con profundo respeto y sin muchos temores.

Los comandantes del ELN deberán garantizar que todos los frentes y sus combatientes, respetarán el cese al fuego, y tomar los correctivos necesarios para prevenir o solucionar posibles comportamientos, eventos o enfrentamientos con la Fuerza Pública que comprometan su continuidad, incluido por supuesto el acatamiento al Derecho Internacional Humanitario, en especial el respeto a la población civil; por otro lado, la Fuerza Pública, que deberá hacer los propio en relación con sus mandos a todos los niveles, y los soldados y policías, también le corresponderá profundizar su compromiso con la paz y la superación de posibles conductas que los señalan como aliados de grupos herederos del paramilitarismo y garantizar, junto con otros instrumentos, como la Unidad Nacional de Protección, la vida de líderes y lideresas sociales, gremiales y políticos de todos los sectores, para su permanencia en el territorio.

El reto del Comité Nacional de Participación, en sus seis meses de funcionamiento, será igualmente grande; deberá diseñar participativamente, mediante una serie de reuniones periódicas, encuentros territoriales, sectoriales e instrumentos virtuales, la forma de participación de la sociedad en el proceso, es decir, el cómo, quiénes, cuándo y dónde se va a participar, para construir colectivamente una agenda de transformaciones que hagan posible la paz, que sea el eje fundamental para lograr un Gran Acuerdo Nacional para la superación del conflicto político, social, económico y armado. Inmenso es el desafío de construir paz, como inmenso es el conflicto armado.

Este mecanismo o metodología de participación, que debe comenzar a implementarse desde marzo de 2024 y que llegará hasta mayo de 2025, debe ser lo suficientemente incluyente, para que ningún sector social, político o económico se sienta excluido, debe responder a la urgencia de las soluciones que exige la sociedad tradicionalmente excluida y a las transformaciones estructurales por años represadas, debe ser tan mesurado como sea posible para no crear falsas expectativas y tan ambicioso como sea necesario, para que la sociedad recupere la confianza en la posibilidad real de construir una nueva sociedad capaz de vivir en paz.

Paralelamente, se deberá incentivar que la sociedad en general se movilice en respaldo del proceso, que construya propuestas y las presente, que se haga sentir cuando considere necesario, que sea artífice y veedora del proceso y que participe en la implementación de los acuerdos tempranos que se logren. No será fácil, no será imposible, para la paz hay que creer que podemos, y hacer viable la juntanza creadora que nace y se recrea en cada territorio y en cada colombiana y colombiano.

Luis Emil Sanabria D.