La Fiscalía de Perú ha citado a declarar al presidente del país, Pedro Castillo, los días 4 y 9 de agosto por los casos de ascensos irregulares de las fuerzas de seguridad del país y la presunta obstrucción en la captura de los ministros prófugos.
«Hay dos fechas. Se ha previsto una primera declaración para el 4 de agosto y una segunda, para el caso de encubrimiento, el 9 de agosto. Ambas son por la mañana», ha señalado el abogado del mandatario, Benji Espinoza, en declaraciones recogidas por la cadena de radio peruana RPP.
Según la defensa de Castillo, todavía falta por tomar la decisión de si la fiscal, Patricia Benavides, acude al edificio presidencial o si es por el contrario el mandatario el que tiene que declarar en la sede del ministerio.
El presidente ha acumulado cuatro investigaciones abiertas por la Fiscalía. No obstante, Castillo se ha defendido de las acusaciones: «Hasta este momento no han podido encontrar una prueba».
Las primeras dos investigaciones versan sobre una presunta mafia que operaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones —Caso Puente Tarata— y por supuestas injerencias en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas.
Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con el extitular de esta cartera Juan Silva –que actualmente se encuentra en busca y captura–.
En la organización criminal también habrían participado funcionaros de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial, así como de empresarios y terceros, todos con el fin de favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.
Asimismo, el Ministerio Público peruano ha acusado al presidente de liderar una presunta organización criminal dedicada al ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional afines al mandatario.
La Fiscalía peruana anunció el 21 de julio la apertura de la tercera investigación contra Castillo, esta vez por presunto delito contra la administración de justicia o encubrimiento personal, un proceso abierto dos días después de que el exministro del Interior Mariano González denunciase que el mandatario obstruía la Justicia y vinculaba su salida del Ejecutivo al caso abierto contra familiares de Castillo.
«No tengo ninguna duda de que esta salida abrupta tiene como fin obstruir la administración de Justicia», denunció el ministro del Interior en alusión a la búsqueda del familiar del presidente Fray Vásquez, el exasesor presidencial Bruno Pacheco, y el exministro de Comercio y Tranporte Juan Silva, acusados de corrupción.
Un día después, el Ministerio Público anunció la apertura de la cuarta investigación contra Castillo, después de dejar sin efecto la suspensión que estableció un juez para iniciar las diligencias contra el mandatario por presuntos delitos por la compra de biodiésel en Petroperú.
Según el Ministerio Público, Castillo habría intervenido en la compra de biodiésel para Petroperú en favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A., por lo que se le acusa de delito contra la administración pública y tráfico de influencias, informó ‘El Comercio’.
