Afirmó el presidente Petro que prefería renunciar antes de subir la edad de jubilación. Muy bien, pero en realidad, dadas las complejidades que enfrenta nuestro sistema pensional, la edad es lo de menos en la reforma pensional.
Los temas gruesos son, en cambio: 1) La sostenibilidad de los sistemas de prima media (Colpensiones) y de ahorro individual (fondos privados), especialmente en el largo plazo. 2) La baja cobertura en la protección de los adultos mayores. 3) La regresividad de las pensiones más altas del régimen público que reciben subsidios injustificables. Esto no se corrigió en la pasada reforma tributaria a pesar de nuestra propuesta de gravar con impuestos las mesadas superiores a 15 millones de pesos al mes. 4) El efecto cascado que puede generar una reforma pensional agresiva en el mercado de valores, el precio del dólar, el valor de la deuda, y en general en la estabilidad macroeconómica. Y 5) la libertad de los ahorradores para disponer sus recursos como mejor les parezca y convenga.
En cuanto a la sostenibilidad de los sistemas, cobertura y regresividad, es claro que el verdaderamente insostenible es el público y no el privado. Es el sistema de prima media el que requiere de enormes subsidios para pagar las megapensiones que adjudica, y el que es incapaz de generar rendimientos financieros dada la imposibilidad legal y la incapacidad técnica de invertir los recursos en los distintos mercados.
Por su parte el sistema privado, aunque es financieramente sostenible, pensiona a menos personas y entrega menos recursos en las mesadas. Sin embargo, aunque esto se ha tratado de presentar como una debilidad del sistema privado, lo cierto es que los privados pensionan menos gente por concentrar a la mayor cantidad de cotizantes jóvenes, y por el incentivo perverso que genera el régimen de prima media para que las personas próximas a pensionarse se cambien a ese régimen para recibir pensiones más altas pero subsidiadas por los contribuyentes.
Lo deseable sería entonces un sistema público que cubra las pensiones más bajas y no las más altas, y en donde los subsidios, o bien se eliminen, o se dirijan a cubrir a los adultos mayores de menos ingresos que no pudieron cotizar lo suficiente, pero de ninguna manera a completar las pensiones más altas del país. Mientras tanto, el sistema privado debe mejorar en el sentido de otorgar más pensiones y no tantas devoluciones de saldos, pues estas también perjudican al ahorrador, que además termina pagando impuestos sobre sus ahorros por causas que en realidad le son ajenas.
En cuanto al efecto cascada de la reforma, vale decir que estigmatizar al sistema privado bajo la premisa de que los recursos terminan siendo invertidos en obras civiles fallidas, o en portafolios que generan pérdidas, es una maniobra demagógica que puede tener enormes impactos negativos en nuestra macroeconomía. Por un lado, la participación de los fondos de pensiones en los mercados de valores o deuda puede ser tachada desde ciertas ideologías como un mecanismo más de “opresión” de los bancos hacia los ciudadanos, pero ello no deja de ser una presentación ideologizada de los hechos, que también pueden presentarse como una conquista social de todos los ciudadanos, que gracias al sistema de ahorro individual, pueden acceder a los mercados financieros del mundo para que sus ahorros generen rentabilidad. Por otro lado, la alternativa de marchitar a los fondos privados para que el ahorro ya no se invierta, sino que se utilice directamente en el pago de las mesadas actuales, es una verdadera irresponsabilidad intergeneracional con las personas que como yo, estamos a 25 años o más de pensionarnos… si es que esta reforma o las futuras llegan a permitirlo.
Con todo, obstaculizar la inversión de los recursos privados en los mercados financieros terminaría por colapsar el golpeado mercado de valores colombiano, subir aún más el precio del dólar, aumentar (también aún más) el servicio de la deuda pública que es suplido en primer lugar por los ahorradores colombianos, y de carambola, termina por golpear nuevamente a los colombianos afectados por la inflación y devaluación.
Finalmente, frente al punto que recientemente se ha señalado en los círculos de opinión y tanques de pensamiento sobre la libertad de los ahorradores, diremos que la cotización a nuestro sistema pensional parte de la premisa paternalista de que los ciudadanos no saben ahorrar para su vejez y por eso hay que imponerlo. Por eso nuestro sistema actual nos obligó a entregar nuestro dinero a un fondo de pensiones privado o público, aún a pesar de que los más jóvenes tenemos la casi certeza de que jamás llegaremos a pensionarnos y que nuestro dinero desaparecerá en algún recoveco de las pirámides financiera y demográfica. De cualquier modo, al menos hoy se nos respeta la libertad de decidir en dónde queremos ahorrar, si en la bolsa común de Colpensiones, o en la cuenta individual de los fondos privados. Esta posibilidad de elegir libremente no debe cambiar de ningún modo; ni para una parte de la cotización, ni para el todo.
En todo este panorama, la edad de jubilación es apenas una de tantas herramientas que se pueden utilizar para lograr los fines de sostenibilidad, cobertura, o cualquier otro en la reforma pensional. Ya la descartó el presidente, pero en realidad, dados los retos y los enormes impactos que puede llegar a generar cada decisión dentro de nuestro complejo sistema de pensiones, la edad termina siendo lo de menos.
Carlos Ardila
Representante a la Cámara
