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El expresidente de Perú Pedro Castillo ha sostenido este miércoles que nunca ha cometido un delito de rebelión y ha defendido su recurso contra la prisión preventiva impuesta en su contra, asegurando que «solo ha servido para polarizar» el país andino.

Así lo ha expresado el exmandatario durante su intervención en una audiencia organizada por el Poder Judicial de Perú para analizar la apelación contra los 18 meses de prisión preventiva dictados contra Castillo, según ha informado RPP.

«Jamás he cometido delito de rebelión pues nunca me levanté en armas, ni he dicho a otros que lo hagan. Debo decir que quien sí se levantó en armas es este Gobierno tiránico que ha acabado con la vida mis 28 hermanos peruanos en Andahuaylas, Ayacucho y otros lugares», ha relatado el expresidente, enumerando a 20 desaparecidos y más de 200 heridos.

Castillo se ha defendido afirmando que no ha cometido delito de conspiración, acusando a «aquellos que, desde el Congreso y otras instituciones», habrían maquinado la caída de su Gobierno a través de «sucesivos pedidos de vacancia presidencial y otras artimañas».

«Si mi familia ha tenido que salir del país y refugiarse es porque en Perú corría peligro, no solo su libertad, sino también su integridad y sus propias vidas. Sin embargo, yo me quedaré aquí para afrontar cualquier proceso porque tengo la verdad de mi lado», ha remachado Castillo durante su intervención.

En tanto, ha denunciado que hasta el momento –desde su detención el pasado 7 de diciembre–, habría estado incomunicado, sin acceso a un teléfono para ponerse en contacto con su familia.

Por ello, ha rogado a los jueces supremos que reflexionen sobre «cómo esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto, solo ha servido para polarizar nuestro país, el cual requiere reconciliarse sobre la base de la justicia».

«Todo lo que se viene haciendo en mi contra, es parte de una venganza política, orquestada por haber chocado con intereses de grupos de poder económico y mediático. Por lo tanto, pido el cese al odio y se me deje en libertad por ser mi justo derecho», ha agregado el exmandatario.

La prisión preventiva decretada por el Poder Judicial peruano –y propuesta por la Fiscalía General– tiene lugar después de que Castillo anunciase la disolución del Congreso y la instauración de un Gobierno de excepción el pasado 7 de diciembre, hechos tras los cuales fue destituido por el Congreso y posteriormente detenido por las fuerzas de seguridad peruanas.

Agentes de la Fiscalía Anticorrupción y efectivos de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Policía de Perú han registrado este lunes de madrugada (hora local) la vivienda y oficias de Walter Ayala, uno de los ministros de Defensa del expresidente Pedro Castillo.

Según las informaciones preliminares, el registro podría estar relacionado con los presuntos ascensos irregulares en el seno de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, un caso que salpica a Ayala y otros altos mandos de los cuerpos de seguridad, recoge la emisora RPP.

Los agentes de la Fiscalía y la Policía se han desplazado en primer lugar a las oficinas de Ayala, donde han tenido que entrar por la fuerza. A continuación se han desplazado hasta la residencia particular del exministro, quien sí les ha facilitado el paso.

En ambas dependencias del que fuera encargado de Defensa entre julio y noviembre de 2021, la Fiscalía y la Policía Nacional han incautado un ordenador portátil, varios documentos y una copia espejo de su ordenador personal.

La Fiscalía de Perú acusó a mediados de julio al expresidente Castillo de liderar una presunta organización criminal dedicada al ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional afines al entonces mandatario.

Según la hipótesis del Ministerio Público, el exasesor de Castillo Bruno Pacheco y el exiministro Ayala «habrían operativizado y materializado el proyecto delictivo», gracias al que, junto al presidente, se habrían beneficiado económicamente.

El ministro de Defensa de Perú, Jorge Chávez, ha descartado por el momento el fin de las protestas ciudadanas, iniciadas tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo y en el marco de las que se han lamentado 27 muertes.

En declaraciones al diario ‘El Comercio’, Chávez ha animado al Ejecutivo y a la presidenta andina, Dina Boluarte, a buscar los mecanismos oportunos para acercase a las organizaciones que impulsan las protestas.

Chávez ha instado además a los ministros y funcionarios del Gobierno a desplazarse a aquellas regiones donde más intensas son las manifestaciones para «tratar de tranquilizar, explicar y satisfacer la demandas justas de la población» y que, considera, han sido «totalmente incumplidas».

«Tanto la presidenta Boluarte como el primer ministro (Alberto Otárola) nos han pedido intensificar el diálogo, porque este marco de violencia y esta crisis aún no se han cerrado», ha señalado Chávez, quien ha deslizado que esta es la posición generalizada del Ejecutivo.

Asimismo, ha mostrado su convicción sobre la necesidad de iniciar un proceso de comunicación entre los órganos implicados para abordar el adelanto electoral para abril de 2024, una propuesta ya aprobada por el Parlamento andino.

Finalmente, el encargado de Defensa ha puesto en valor que, precisamente tras certificarse el adelanto electoral, las protestas se han atenuado, si bien ha insistido en que no han llegado a su fin y ha pedido identificar a los principales responsables de las manifestaciones violentas.

Sectores de Perú han salido a las calles del país desde que el 7 de diciembre Castillo fuera destituido y detenido tras anunciar la disolución del Parlamento y decretar un Gobierno de excepción, unas medidas que no fueron respaldadas y que el equipo de su sucesora tildó de «golpe de Estado».

Entre las principales demandas de los asistentes a las protestas se encuentra tanto la dimisión de Boluarte como jefa de Estado, como la convocatoria de elecciones anticipadas.