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La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha elegido como nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) al coronel retirado del Ejército Juan Carlos Liendo O’Connor, quien considera estas últimas protestas como «insurgencia terrorista» y que ya trabajó en dicha institución cuando fue señalada por delitos de lesa humanidad durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori.

«Si se quiere abordar los hechos que estamos viendo como conflicto social, estamos en un error total. Aquí no hay conflictos sociales. Ni si quiera hay vandalismo. Son ejercicios de la violencia con una agenda política bien clara: asamblea constituyente, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso», dijo apenas un día antes de ser elegido para el cargo.

«Esto se repite como objetivo político en cada lugar donde bloquean una carretera, donde tiran piedras, donde se cierran aeropuertos. En cada lugar donde se ataca a la Policía y a las Fuerzas Armadas, hay un objetivo político y eso se llama insurgencia terrorista», ahondó O’Connor en Willax TV.

O’Connor ha alabado el papel de la Policía y el Ejército durante esta crisis política a pesar de los casi treinta muertos que ya se han registrado desde que comenzaran las protestas en apoyo del expresidente Pedro Castillo hace dos semanas, justificando que esas bajas son «instigadas por el terrorismo».

«Yo gratamente he podido apreciar a un Ejército entrenado, disciplinado, actuando de forma eficiente con el uso de armas», ha dicho O’Connor, mientras manifestantes y organizaciones internacionales y políticas en la oposición denuncian un uso excesivo de la fuerza durante los operativos de represión.

Además, O’Connor ha aceptado el cargo de manos de Boluarte a pesar de que ella, en calidad de vicepresidenta en el gobierno de Castillo, habría sido una de los «cómplices funcionales» que a su parecer servían como «proyección» de Sendero Luminoso en el poder.

«Hoy tenemos a Sendero, a la proyección de Sendero, en el poder. Y a los liberales progresistas, a los caviares, tratando de ayudarlos. En la práctica son cómplices funcionales de la destrucción del país», señaló O’Connor durante el convulso mandato de Pedro Castillo, recuerda el diario ‘La República’.

Antes de ser elegido para este cargo, O’Connor trabajó, aunque sin tener poder decisión, en uno de las anteriores versiones de la DINI, el Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) entre 1991 y 1998, cuando estaba bajo control de Fujimori y Vladimiro Montesinos, ambos en la cárcel, por delitos de lesa humanidad el primero y el segundo por diversos delitos de narcotráfico y asesinato.

Durante esos años O’Connor trabajó junto a Julio Salazar Monroe, exjefe del SIN y exministro de Defensa con Fujimori, que cumple actualmente una pena de 35 años de cárcel por la matanza de La Cantuta, en la que nueve estudiantes y un profesor fueron asesinados para luego hacerles pasar por terroristas.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha descartado la posibilidad de presentar su dimisión pues considera que de esta forma la estaría dando la razón a los «violentos», y ha apelado al Parlamento a aprobar «reformas políticas».

En una entrevista para el canal peruano Latina Televisión, Boluarte ha defendido que su renuncia no solucionaría los «problemas» a los que se enfrenta el país, a la par que ha puesto en duda que los «violentos» cambiaran de parecer y apostaran por «vivir en paz».

«Si yo renuncio estaría dándoles la razón a estos violentos (…) Creo que las personas en democracia tenemos que saber respetar y ser respetuosos de las leyes», ha manifestado la presidenta de Perú, quien sigue firme en su idea de que lo adecuado es convocar elecciones anticipadas.

En este punto, ha instado al parlamento a reconsiderar el proyecto de adelanto electoral, si bien considera que también es necesario que se aprueben antes una serie de «reformas políticas» encaminadas a perfilar un Congreso de la República que sea «respetable».

Finalmente, Boluarte ha adelantado que el martes concretará la recomposición del Gabinete ministerial, que tendrá un «perfil político» y sensibilidad para atender a las necesidades de la población de Perú, tal y como recoge la emisora RPP.

Boluarte ha destituido este fin de semana a su primer ministro, Pedro Angulo, y vio como a finales de la semana pasada los ministros de Cultura y de Educación presentaban su dimisión ante la muerte de manifestantes en las protestas por la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo.

En estas, la jefa de Estado ha puesto en valor el «coraje y valentía» de los miembros de su Gabinete para afrontar una «situación difícil» a nivel político y social.

La detención de Castillo –apresado tras anunciar la disolución del Parlamento y decretar un Gobierno de excepción– ha derivado en una serie de protestas a nivel nacional. La actuación de las autoridades de seguridad se ha cobrado ya la vida de más de una veintena de personas.

Entre las demandas de los manifestantes destaca la de la salida de Boluarte de la Presidencia de Perú y la convocatoria de nuevas elecciones. El Parlamento descartó el pasado viernes aprobar un adelanto electoral que la propia Bolaurte sí defiende.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú ha justificado que el uso de la fuerza para sofocar las protestas en Ayacucho (sur), y que derivó en nueve muertos y una decena de heridos, se produjo como consecuencia de los ataques que han estado sufriendo por parte de «malos peruanos» desde que en los últimos días se intensificaran las manifestaciones a favor del expresidente Pedro Castillo.

«En ese espacio de tiempo hemos sufrido ataques tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas de parte de estos malos peruanos», ha dicho el jefe del Comando Central, el general Manuel Gómez de la Torre, dando así a entender que tuvieron que recurrir a las armas de fuego para sofocar las protestas.

«Nos hemos mantenido firmes ante esta amenaza a nuestra seguridad nacional, hemos venido recuperando paulatinamente la normalidad en nuestras carreteras, en nuestros aeropuertos, en nuestras ciudades», ha recalcado Gómez de la Torre cuando ha explicado el operativo para evitar la toma del aeropuerto en Ayacucho.

Sin embargo, las autoridades militares no han explicado por qué algunas de las personas que observaban todo aquello fuera de las instalaciones del aeropuerto recibieron impactos de bala, cuenta el diario ‘La República’.

Por su parte, el general Rubén Castañeda ha evitado hablar sobre cómo se produjeron aquellas muertes y ha subrayado que de no haber retomado el control del aeropuerto y con algunas de las carreteras todavía bloqueadas, el Ejército no hubiera tenido «capacidad» para hacer frente a las manifestaciones.

«¿Por qué intentaron tomar el aeropuerto de Ayacucho? Porque es muy importante. Sirve para llevar el personal que está reforzando la seguridad y el control tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. Venimos trayendo gente de distintos puntos del país para llevarlos a Apurímac, primero, y luego a Ayacucho, que son lugares críticos», ha dicho el general Castañeda.

En vísperas de cumplirse dos semanas desde la destitución y detención de Castillo, cerca de 195.000 personas han salido a las calles de 144 localidades de todo el país para protestar y exigir el cierre del Congreso, la liberación del expresidente y la celebración cuanto antes de elecciones anticipadas.

La Policía de Perú ha informado de que se han detenido a 183 personas por actos violentos durante las protestas, que han dejado por ahora varios centenares de heridos y un total de 25 fallecidos.

Como consecuencia de esta nueva crisis política en Perú, la nueva presidenta, Dina Boluarte, ha anunciado la destitución del hasta ahora primer ministro, Pedro Angulo, quien apenas ha durado diez días en el cargo. Se espera que a lo largo de esta semana haga una remodelación de su gabinete con vistas a poder encauzar la negociación en medio del descontento social.

Foto: tomada de notiamerica.com

El Gobierno peruano ha decretado la «inmovilización social obligatoria» entre las 18.00 y las 4.00 horas y durante cinco días en la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, en respuesta a las protestas tras la salida del poder del presidente Pedro Castillo que se han cobrado ya una veintena de muertes.

El Decreto Supremo publicado en una edición extraordinaria del diario oficial ‘El Peruano’ impone la inmovilización social obligatoria en sus domicilios para todas las personas de Huamanga, informa la agencia de noticias peruana Andina.

Solo se podrá abandonar la residencia para la adquisición, producción o abastecimiento de alimentos o en el caso de personal estrictamente necesario que participa en la prestación de los servicios de salud, medicinas, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, agricultura, pesca y acuicultura, transporte, vigilancia y seguridad, envíos, restaurantes y hoteles, asistencia, servicios financieros, energía eléctrica, gas, telecomunicaciones y actividades conexas, combustibles, limpieza y recogida de residuos sólidos, servicios funerarios y actividades vinculadas.

También podrá circular el personal de prensa escrita, radio o televisión siempre que porte su pase personal laboral, credencial periodística y documento nacional de identidad. La autorización también es extensiva para las unidades móviles usadas para el cumplimiento de su función.

De igual modo, se permite el desplazamiento con vehículo particular o peatonal de aquellas personas que requieren de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud, así como para la adquisición de medicamentos.

El texto legal recoge informes de la Policía sobre «actos de violencia y vandalismo contra las instituciones públicas y privadas», así como «agresiones contra la integridad personal de los ciudadanos y autoridades».

La declaración del toque de queda se ampara a su vez en el Decreto Supremo 143-2022-PCM por el que se declaró el estado de emergencia a escala nacional durante un periodo de 30 días durante el cual la Policía Nacional mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Al menos cuatro de los nueve fallecidos en los enfrentamientos que se produjeron el pasado jueves en Ayacucho han sido enterrados este sábado. Las autoridades sanitarias trasladaron a Lima a siete heridos y afectados durante el estallido de violencia en esa localidad.

Foto: tomada de notiamerica.com

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú, Manuel Gómez de la Torre, ha asegurado este sábado que paulatinamente se está recuperando la normalidad en Perú tras los recientes disturbios entre manifestantes y fuerzas de seguridad que se han saldado con una veintena de muertes.

«Hemos venido recuperando paulatinamente la normalidad en las carreteras, en los aeropuertos, en las ciudades. Se está volviendo a la normalidad, todavía no está lograda; sin embargo, seamos positivos», ha explicado Gómez en rueda de prensa desarrollada desde el Palacio de Gobierno de Perú recogida por la agencia de noticias Andina.

Gómez ha denunciado que miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han sufrido ataques por parte de personas que están completamente equivocadas en sus reclamaciones. «Nos hemos mantenido firmes», ha destacado.

El jefe de las Fuerzas Armadas ha subrayado que su misión durante el estado de emergencia nacional decretado por el Gobierno ha sido salvaguardar los activos críticos atacados por grupos que están cometiendo acciones «terroristas».

«No se puede destruir locales de la Fiscalía, del Poder Judicial. No se puede limitar la capacidad de los aeropuertos, ¿Cómo se van a trasladar los ciudadanos? Necesitamos tener libres las vías de comunicación. Ante el uso ilegal indebido de la violencia, el Estado dispone que las Fuerzas Armadas y la Policía, como corresponde. Salgamos a proteger al Perú», ha argumentado.

Gómez ha saludado además la iniciativa de miles de ciudadanos que frente a los actos de violencia han organizado marchas con polos blancos, de manera pacífica, para reclamar paz y el cese de la violencia en el país.

Foto: tomada de notiamerica.com

El Congreso de la República de Perú ha rechazado este viernes la reforma constitucional para el adelanto de elecciones presidenciales para abril del año 2024, tal y como había propuesto esta misma semana la jefa de Estado, Dina Boluarte.

La reforma constitucional formulada apuntaba al adelanto de elecciones generales para diciembre de 2023, y el recorte de los mandatos presidencial y parlamentario hasta el 30 de abril del año siguiente.

La medida tan solo ha recabado el apoyo de 49 congresistas, mientras que otros 33 se han manifestado en contra y 25 más se han abstenido, quedando muy lejos de las cifras requeridas para sacar adelante una reforma constitucional, recoge la emisora RPP.

Boluarte anunció el fin de semana una propuesta para el adelanto electoral como respuesta a las protestas sociales que sacuden el país desde hace ya diez días, después de que el expresidente Pedro Castillo fuera destituido y detenido.

Entre las demandas formuladas en las protestas –en las que ya han perdido la vida una veintena de civiles– se encontraba la convocatoria de nuevas elecciones y la salida de Boluarte de la Jefatura de Estado.

La que hasta la semana pasada era la ‘número dos’ de Castillo asumió la Presidencia después de que el Congreso de la República desbancara al mandatario tras su intentar disolver el Parlamento y declarar un Gobierno de excepción; una maniobra que desde el nuevo Ejecutivo tildaron de «golpe de Estado».

El expresidente de Perú Pedro Castillo ha denunciado que la embajadora de Estados Unidos en Lima, Lisa Kenna, acudió el martes al Palacio de Gobierno para «dar la orden» a la presidenta peruana, Dina Boluarte, de que sacara las tropas a la calle.

El exmandatario, sobre el que pesan 18 meses de prisión preventiva por su papel en la presente crisis política y social de la nación andina, ha alertado de los supuestos hechos en una misiva manuscrita y publicada en su perfil oficial de Twitter.

En la carta, Castillo incide en que la visita de Kenna «no fue gratis», sino que sirvió para que la representante diplomática estadounidense ordenara sacar los militares a las calles para «masacrar» al pueblo peruano.

«De esto la prensa peruano no solo callará, sino que la negará así de fácil», ha zanjado Castillo su misiva, aludiendo a la connivencia entre medios de comunicación y en nuevo Gobierno. El exmandatario denunció esta semana una supuesta subvención de 1.800 millones de soles –más de 442 millones de euros– a la prensa.

Kenna visitó el martes el Palacio de Gobierno y se reunió con la presidenta Boluarte, a quien reiteró el respaldo de Washington a «la institucionalidad democrática en Perú», así como a las medidas que el Gobierno peruano pueda tomar para «estabilizar la situación social», según destacó entonces la Presidencia andina.

Foto: tomada de notiamerica.com

El ministro de Defensa de Perú, Luis Alberto Otarola, ha adelantado este miércoles que el Gobierno andino ha decidido declarar el estado de emergencia a nivel nacional durante un periodo de 30 días como medida de respuesta a las protestas en apoyo al expresidente Pedro Castillo.

Según ha relatado Otarola, durante este periodo, la Policía Nacional deberá encargarse de mantener el orden interno en el país en colaboración con las Fuerzas Armadas, tal y como recoge la emisora peruana de radio RPP.

El ministro de Defensa considera que esta es una medida de respuesta «contundente y de autoridad» por parte de las autoridades peruanas ante las recientes protestas violentas que se dan en varias regiones del país.

Ya el miércoles la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte, apuntó a la posibilidad de ampliar el actual estado de emergencia –vigente solo en las regiones de Ica, Arequipa y Apurímac– al conjunto del territorio de Perú.

Los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes ya llevaron a la presidenta a declarar el estado de emergencia durante 60 días en las tres mencionadas regiones, epicentro de las protestas violentas en las que ya se han confirmado al menos seis civiles muertos.

Actualmente ya hay cuatro aeropuertos de Perú –los de Cusco, Puno, Arequipa y Apurímac– que han sido clausurados. Por su parte, la empresa PerúRail confirmó también la paralización de los trenes que conectan con Machu Picchu, uno de los principales atractivos turísticos del país.

Miles de personas están protestando en el sur del país por la destitución del expresidente Castillo como respuesta a lo que desde el Ejecutivo se ha tildado de «golpe de Estado». En las protestas también se reclama al nuevo Gobierno una convocatoria de elecciones presidenciales.

Foto: tomada de notiamerica.com

El Consejo de Estado de Perú –formado por representantes de todos los poderes del Estado– ha manifestado este miércoles su total respaldo a la presidenta del país, Dina Boluarte, a la par que ha hecho un llamamiento a «restablecer el orden público».

El órgano ha lanzado un comunicado esta madrugada en el que se posiciona respecto a la convulsa coyuntura política y social que vive Perú, y ha mostrado su rechazo a los «actos y medios violento que ponen en peligro la vida e integridad física de peruanos».

En este sentido, el Consejo de Estado ha adelantado que el sistema judicial investigará estas protestas violentas por haber afectado tanto a la propiedad pública y privada, como por impedir «la adecuada prestación de los servicios públicos».

«Exhortamos a los ciudadanos a canalizar sus demandas, preocupaciones y propuestas a través de los canales democráticos y procesos de diálogo que para tal efecto promoverá el Poder Ejecutivo», han añadido los representantes de los Poderes del Estado.

En la línea, han animado a la sociedad civil a un «diálogo político permanente con las autoridades públicas a través de espacios democráticos» a fin de alcanzar acuerdos que avancen hacia la normalización en la nación andina.

Finalmente, el Consejo de Estado ha lamentado la pérdida de vidas humanas en el marco de las protestas registradas durante los últimos días en varias de las regiones del país, una situación que ha llevado a las autoridades a decretar el estado de emergencia en los territorios más convulsos.

Perú es escenario de incertidumbre política y tensión social después de que el pasado miércoles el entonces presidente, Pedro Castillo, anunciase la disolución del Parlamento y el decreto de un Gobierno de excepción.

Aquella medida no fue respaldada y finalmente el mandatario acabó destituido por el Congreso de la República y detenido por la Fiscalía. Tras esto, su ‘numero dos’, Dina Boluarte, fue proclamada como presidenta.

Acto seguido, simpatizantes de Castillo han salido a las calles en varios puntos del país en una serie de marchas que se han tornado cada vez más violentas. Entre sus demandas se encuentra tanto la expulsión de Boluarte de la Presidencia, como la convocatoria de nuevas elecciones.

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El expresidente de Perú Pedro Castillo ha apelado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que interceda tanto por sus derechos como por los de aquellos ciudadanos afines a su figura y que han salido a las calles en los últimos días tras la destitución y detención del exmandatario.

«¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato», reza una carta manuscrita por el propio Castillo, y que ha sido difundida en su perfil oficial de la red social Twitter, en la que rechaza la petición de 18 meses de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.

Ante esta situación, el exmandatario ha pedido la intervención del órgano interamericano y ha aprovechado para acusar directamente a los jueces y fiscales del país como «responsables (…) de lo que pase en el país».

Después de ver como el Supremo rechazó el martes su apelación a la detención provisional, Castillo está ahora a la espera de que se decida si deberá pasar 18 meses en prisión de forma preventiva, tal y como lo ha solicitado la Fiscalía.

En estas, el expresidente ha hecho un llamamiento a sus seguidores para que concurran al centro de detención de la Policía Nacional peruana en Lima, donde permanece aún privado de libertad, para recibirlo cuando finalice su detención preliminar, este miércoles pasado el mediodía.

Castillo se encuentra detenido después de que el pasado 7 diciembre anunciara la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Su decreto, que no recabó ningún apoyo, terminó por llevar al Parlamento a apoyar una moción de censura en su contra y a la posterior detención por la Policía del país.

Este miércoles se acaba el plazo de su detención preliminar, si bien la Fiscalía ha solicitado a la Justicia peruana 18 meses de prisión para Castillo.

No obstante, ahora el Poder Judicial tiene un plazo de 48 horas para programar una audiencia sobre esta petición realizada por la Fiscalía, todo ello como parte de la ya oficializada investigación contra el expresidente por rebelión.

El Tribunal Supremo de Perú evalúa este martes el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Pedro Castillo contra su detención provisional por un plazo de siete días en el marco de la investigación en su contra por el supuesto delito de rebelión tras intentar sin éxito disolver el Congreso.

La audiencia está programada a partir de las 9.00 horas (hora local) de manera virtual, si bien el abogado de Castillo, Miguel Pérez Arroyo, ha solicitado poder comparecer de manera presencial e intervenir para presentar alegaciones.

Castillo permanece en prisión preventiva desde el pasado miércoles 7 de diciembre cuando fue detenido por su propio equipo de seguridad poco después de dirigirse a la nación para anunciar la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción y la convocatoria de elecciones legislativas con las que poder después poner en marcha un nuevo proceso constitucional.

La maniobra de Castillo, de la que habrían estado al tanto los ex primeros ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez, fue rápidamente interceptada por el Congreso, que aprobó su destitución.

Desde entonces, las protestas en contra de su detención y a favor de cerrar un Congreso que desde el primer día ha maniobrado para sacarle del cargo se suceden, con un balance de siete fallecidos y un centenar de heridos entre policías y manifestantes. El nuevo Gobierno de la Dina Boluarte ha hecho un llamamiento al diálogo y ha convocado gabinete de crisis para hacer frente a la crisis.