Desde 2016, Perú ha tenido cinco presidentes, incluyendo a Pedro Castillo, quien fue elegido para el periodo presidencial de 2021-2026. Antes de él, en 2018, Pedro Pablo Kuczynski enfrentó una moción de vacancia, pero renunció antes de la votación de destitución que se estima tenía perdida.
Después, el entonces presidente Martín Vizcarra fue destituido de su cargo en 2020 por el Congreso por «incapacidad moral». A él lo sucedió Manuel Merino, que tuvo una fugaz presidencia de cinco días luego de los cuales renunció, y finalmente Francisco Sagasti terminó el periodo presidencial de Vizcarra en 2021. Kuczynski y Vizcarra tienen investigaciones fiscales en marcha, pero ningún proceso judicial abierto hasta ahora, según Reuters.
Hoy, asume Dina Boluarte como la primera presidenta del Perú para completar el periodo hasta 2026, en reemplazo del destituido Pedro Castillo, que enfrentó tres mociones de censura a lo largo de su mandato.
Primer intento de censura: julio 2021
Habían pasado solo cuatro meses desde su posesión como presidente de Perú cuando el Congreso peruano presentó la moción de censura para destituir al recién elegido mandatario. ¿La razón? Incapacidad moral, al igual que pasó con PPK y Vizcarra, en su momento, respectivamente.
El grupo de 29 congresistas que impulsó en ese momento la moción de vacancia estaba compuesto por legisladores de las bancadas opositoras Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular. En ese momento citaban una investigación de la Fiscalía de un supuesto financiamiento ilícito del partido de Gobierno, Perú Libre, en las elecciones generales de ese año y “tráfico de influencias en ascensos en las Fuerzas Armadas”.
Segundo intento de vacancia: marzo de 2022
Unos meses después del primer intento fallido, una nueva moción de vacancia se cocinó en el Congreso de Perú, esta vez con 50 congresistas (el doble que la vez pasada) promoviendo un nuevo intento de juicio político contra Castillo.
Este segundo intento señalaba entre 20 puntos la causal de vacancia la “permanente incapacidad moral” del mandatario y acusa a Castillo de mentir reiteradamente, y que “no ha reflexionado, y menos corregido su conducta; muy por el contrario, ha insistido en defender sus actos”.
Tercer intento: diciembre de 2022
Es el tercer intento del Congreso por vacar a Castillo, quien no había completado los 15 meses en el Gobierno. El 1 de diciembre de 2022, el Congreso votó a favor de llevar a trámite una nueva moción de vacancia contra el mandatario por «incapacidad moral».
Líos de corrupción
Castillo llega a este momento con al menos seis investigaciones por supuestamente liderar una «organización criminal» por los presuntos delitos de tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, por supuestamente dirigir una organización criminal y hasta de plagio de su tesis de maestría de profesor.
De acuerdo a CNN, recientemente, la Fiscalía General de Perú presentó una acusación constitucional por «criminal, tráfico de influencias y colusión» contra el mandatario
Dimisión de su gabinete
Desde que asumiera la presidencia tras ganar las elecciones en abril de 2021, el candidato de la izquierda por Perú Libre ha ido encadenando escándalo tras escándalo, con nombramientos más que cuestionados, como el del exministro de Sanidad Hernán Condori, quien dimitió tras las críticas a su defensa de métodos pseudocientíficos, por la corrupción, falta de ética y por sus posicionamientos respecto a la pandemia de COVID-19.
También acaparó titulares el ministro de Desarrollo Agrario y Riego de Perú Javier Arce, a raíz de un reportaje emitido por Cuarto Poder en el que se daba a conocer que estuvo en prisión en 1997 y tenía 20 denuncias fiscales, entre otros antecedentes con la justicia.
La renuncia más reciente fue la de su ministro de Defensa peruano, Daniel Barragán, quien alegó a través de una carta “motivos personales” para salir del cargo. Fue sustituido hace escasos dos días por Emilio Bobbio Rosas.
El exministro de Transporte y Comunicaciones (MTC) Juan Silva, sin embargo, no renunció, sino que se aprobó una moción de censura en su contra en el Congreso de Perú por supuestas irregularidades ante la contratación de personal en el Ministerio en el que estaba al frente.
Sin embargo, también fracasaron mociones de censura contra los ministros de Castillo, como es el caso del ministro del Interior, Willy Huerta, quien fue cuestionado tras una serie de polémicos cambios en la cúpula de la Policía Nacional, así lo informó Europa Press.
A esto se le suma la renuncia del gabinete actual
Los ministros de Economía, Relaciones Exteriores y Trabajo anunciaron su renuncia minutos después de que Castillo anunciara sus medidas. Kurt Burneo, César Landa y Alejandro Salas anunciaron en Twitter su decisión de abandonar el Ejecutivo alegando su «apego a los valores democráticos» y constitucionales.
César Landa, titular de Exteriores, afirmó que el presidente ha dado «un autogolpe de Estado» e invocó a la comunidad internacional a ayudar al «reencauzamiento democrático en Perú». Y dejó claro que el mandatario tomó la decisión de disolver el Congreso sin su apoyo.
También ha presentado su «renuncia irrevocable» el embajador peruano ante la ONU, Manuel Rodríguez Cuadros, ante lo que llamó «golpe de Estado. Cuadros, uno de los diplomáticos más respetados en el país, hizo pública en Twitter una carta de renuncia enviada a su superior, César Landa.
«Esta situación infringe la constitución del Estado y las obligaciones internacionales del país contenidas en la Carta Democrática Interamericana», explica en la carta de renuncia, a la que se ha sumado el representante peruano ante la OEA, Harold Forsyth, quien también ha dejado su cargo.
«No puedo por razones morales y profesionales tener ninguna vinculación con un régimen que funciona en base a decretos», dijo Harold Forsyth en una reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington. Su dimisión se suma a la del embajador en Estados Unidos, Oswaldo de Rivero, quien ha denunciado la «ruptura del orden constitucional».
«Considerando la ruptura del orden constitucional en el Perú, el embajador Oswaldo de Rivero renunció como embajador del Perú ante los Estados Unidos de América», anunció la legación peruana en sus redes sociales.
Nulo apoyo internacional
Pese a una relativa resistencia del tejido económico del país en un contexto de crisis internacional, este mandato no solo no ha concretado el cambio que prometió a los votantes, sino que, en la práctica, se dejó de gobernar, tanto por la debilidad del gabinete como por los escándalos que acorralaron al mandatario.
En su momento, el maestro rural se presentó ante América Latina y el mundo como un nuevo representante del eje de Gobiernos de izquierdas y progresistas. El simbolismo de su historia particular le ayudaba a construir un relato.
“Es la primera vez que el país será gobernado por un campesino”, enfatizó el día en que asumió el poder. Sin embargo, la gestión de Castillo no ha reflejado su declaración de intenciones y mucho menos puede compararse con la de otros mandatarios progresistas que gobiernan en América Latina. Las diferencias con el colombiano Gustavo Petro, el chileno Gabriel Boric, el argentino Alberto Fernández y también con el boliviano Luis Arce son enormes.
De acuerdo a el diario El País, hace meses, el antiguo sindicalista recibió el apoyo explícito del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se volcó con él para “prevenir un derrocamiento”. Este le ofreció apoyo político, vacunas y combustible contra, dijo, “la rabia conservadora”.
Y más recientemente la ausencia de Castillo, que no podía salir de Perú por orden judicial, en la Cumbre de la Alianza del Pacífico que iba a celebrarse en Oaxaca motivó la suspensión del cónclave. La semana pasada acordó con Boric convocar la cita regional en Lima.
Falta de apoyo de las Fuerzas Armadas
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) y la Policía Nacional de Perú (PNP) alertaron este miércoles de que no acatarán cualquier acto contrario al orden constitucional, horas después de que el presidente Pedro Castillo dictara la disolución del Congreso y el nombramiento de un gobierno de emergencia, lo que fue calificado mayoritariamente como un golpe de Estado.
«Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú», señalaron el CCFFAA y la PNP en un comunicado.
Agregaron que ambas instituciones son «respetuosas» del orden constitucional que establece el artículo 134 de la Carta Magna, según el cual el presidente del país solo está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros.
Por esta razón, a Castillo le falló su autogolpe de Estado y todo jugó en su contra, hoy, con su detención se cerró su capítulo como presidente de Perú.
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