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Al menos dos bomberos han fallecido este viernes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en la capital peruana de Lima, después de la colisión de su camión con el ala de un avión que se encontraba en proceso de despegue.

«Un avión que estaba despegando impactó su ala derecha con la autobomba (camión de bomberos) del aeropuerto, en el cual, debido al impacto, murieron dos bomberos», ha informado el comandante general del Cuerpo de Bomberos, Luis Ponce.

Asimismo, en declaraciones a la emisora peruana RPP, el comandante de Bomberos ha aclarado que todos los pasajeros del avión han sido evacuados y ninguno se presenta heridas de consideración, con lo que se considera que la situación está ya bajo control.

La empresa operadora del aeropuerto Jorge Chávez, Lima Airport Partners, ha lamentado lo ocurrido. El avión cubría la ruta entre Lima y la ciudad de Juliaca, a unos 840 kilómetros de la capital y ubicada en el sureste de Perú.

«En este momento nos encontramos realizando todas las investigaciones necesarias para determinar las causas de este hecho», ha manifestado la organización en un comunicado, donde trasladan su pésame a las familias de las víctimas y dicen ponerse a su disposición.

Como consecuencia del incidente, el aeropuerto Jorge Chávez ha suspendido su actividad hasta pasado el mediodía del sábado (hora local), con lo que las autoridades han hecho un llamamiento a los viajeros para que se informen sobre las condiciones de reprogramación de sus vuelos.

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El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, ha planteado este jueves una moción de confianza al Congreso de la República para así poder aprobar un proyecto de ley que establece una reforma en el proceso de aprobación de reformas constitucionales.

La propuesta de Torres apunta a certificar la «facultad del pueblo como poder constituyente» a la hora de participar de forma activa en temas «de mayor relevancia» y evitar así que el poder político «se coloque por encima del poder soberano».

El jefe de Gobierno ha destacado que su solicitud pasa por la reforma de una ley ordinaria, aunque ha remarcado que en caso de tratarse de una norma constitucional, no significa que no pudiera ser derogada, según recoge la emisora RPP.

La Constitución de Perú contempla que, en caso de que el Congreso de la República rechace una cuestión de confianza, se deberá recomponer el equipo ministerial. Si la cámara rechaza una segunda cuestión de confianza, se podrán disolver el Parlamento y convocar elecciones.

En este punto, algunas bancadas del Parlamento han acusado a Torres de poner a la oposición ante la disyuntiva de aprobar su cuestión de confianza o, por el contrario, atenerse a un posible «cierre del Congreso» que derive en nuevas elecciones.

«Si el Ejecutivo hubiese querido cerrar el Congreso (…) Hubiésemos presentado dos o más proyectos de ley planteando dos o más cuestiones de confianza respecto de estos», ha remarcado Torres, quien ha recordado a la oposición que ellos sí han presentado «interpelaciones y (mociones de) censuras de manera sucesiva y simultánea».

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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento ha aprobado un informe, que ahora pasará a manos de la Comisión Permanente, en el que aconseja acusar constitucionalmente al presidente de Perú, Pedro Castillo, por traición a la patria.

El informe ha sido aprobado por la mínima –11 votos a favor y diez en contra– por una subcomisión encabezada por la expresidenta del Parlamento Lady Camones y donde aunque los aliados del fujimorismo son mayoría, han requerido de los votos a favor de otras formaciones como Alianza para el Progreso o Somos Perú.

La resolución de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha concluido que Castillo debería ser inhabilitado durante cinco años de cualquier puesto al frente de la función pública tras presuntamente haber cometido los delitos de traición a la patria y haber violado la Constitución al hablar de concederle a Bolivia una posible salida al mar, recoge ‘La República’.

Ahora, una vez que la subcomisión ha dado el primer paso para inhabilitar a Castillo, el informe será evaluado por la Comisión Permanente y, en caso de que el asunto sea también aprobado, será finalmente el Pleno del Congreso de la República quien tenga la última palabra.

El presidente Castillo se enfrentaría así a una posible acusación por traición a la patria, lo que supondría el culmen de una innumerable lista de quejas e incriminaciones contra el mandatario en los poco más de 16 meses que lleva al frente de Perú.

En este tiempo, el jefe de Estado no solo ha visto cómo se le ha acusado a él de diferentes delitos, la mayoría por presunta corrupción, sino que también ha dedicado gran parte de su tiempo a nombrar nuevos ministros y hasta cuatro primeros ministros en un contexto político notablemente tenso.

La inhabilitación requiere de 66 votos, restando a los miembros de la mencionada Comisión Permanente. La prensa peruana ha advertido que, en base a la aritmética parlamentaria ya mostrada en anteriores ocasiones, es posible que la oposición cuenta con los números a su favor.

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El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, ha anunciado este jueves que presentará una nueva solicitud para reformar la norma que regula la moción de confianza en el Parlamento pese a que el titular de la Cámara, José Williams, rechazase una instancia anterior considerándola como «no atendible».

La iniciativa del jefe de Gobierno busca que el Legislativo entre a debatir un proyecto impulsado por el Ejecutivo para la derogación de la normativa sobre la cuestión de confianza, mecanismo del que la oposición ha hecho uso en innumerables ocasiones desde la toma de posesión del presidente del país, Pedro Castillo, allá por el mes de julio de 2021.

«En aras del respeto al Estado Constitucional de Derecho, la institucionalidad democrática y la separación de poderes, cualquier decisión respecto a una cuestión de confianza solo procede una vez que esta haya sido presentada y sustentada ante el pleno del Congreso», se desprende del documento remitido por Torres a Williams.

El presidente del Parlamento ya ha respondido anteriormente a esta petición de Torres tildándola de «no atendible» y acusando al Gobierno de tratar de «provocar» e intentar cerrar la sede del Poder Legislativo, según recoge la emisora peruana RPP.

«Creo que el Ejecutivo pretende enfrentar al Congreso, y que el Ejecutivo pretende cerrar al Congreso de la República (…) Revisar esta ley, que es constitucional, mas bien rompería el equilibrio de poderes», dijo Williams al respecto.

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La Embajada de Estados Unidos en Perú ha lanzado este martes un mensaje en sus redes sociales en defensa de la libertad de prensa, pilar fundamental de «una democracia saludable».

«Estados Unidos apoya la labora de los periodistas, quienes brindan información veraz y transparente al público», ha manifestado en su perfil oficial de Twitter la delegación diplomática estadounidense en Perú.

Asimismo, la Embajada ha destacado que «el respeto por la igualdad de derechos para todos» es uno de los «temas principales» de la política exterior implementada desde Washington.

Este mensaje en defensa de la libertad de prensa se da en un contexto en el que desde varios sectores del colectivo de la comunicación se han lanzado denuncias al presidente, Pedro Castillo, y su Gobierno por supuestos hostigamientos.

El mandatario lanzó a mediados de octubre un discurso en el que acusaba a la prensa peruana de estar «sesgada», lo que le sirvió una reprimenda de la Defensoría del Pueblo, que le exhortó a respetar la libertad de expresión y prensa.

Así, el organismo exigió al mandatario abstenerse de atacar a los medios de comunicación pues, según la Defensoría del Pueblo, este tipo de «discurso hostil» ya ha generado «actos de violencia contra mujeres y hombres de la prensa».

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El presidente de la comunidad de Cuninico, Watson Trujillo Acosta, ha asegurado este viernes que los cerca de 150 turistas retenidos desde hace 24 horas, entre los que se encuentran españoles, a bordo de distintas embarcaciones en la provincia de Loreto, serán liberados «antes del mediodía».

«Se debe primar el derecho y respeto a la vida. En ese contexto, nosotros vamos a dar las facilidades para que las personas que están en la embarcación se puedan trasladar a sus destinos. Eso va a ser antes del mediodía (hora local)», ha dicho en una entrevista con la peruana RPP.

Los manifestantes, que mantienen retenidos a los turistas, pertenecen al distrito de Urarinas en la provincia de Loreto, y afirman que dos niños y una mujer han muerto en la zona debido a derrames de petróleo de un oleoducto de 40 años de antigüedad en el río Cuninico.

La Defensoría del Pueblo ha comunicado también que las comunidades de Cuninico han aceptado su petición para liberar a las personas retenidas en el río Marañón, medida que, según ha publicado el organismo en su perfil de Twitter, «se ejecutará en breve».

Entre los turistas también se encuentran un bebé de un mes, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. De los cerca de 70 pasajeros extranjeros, hay personas con nacionalidades de Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Suiza, según ha informado la cadena británica Sky News.

El oleoducto, que transporta petróleo desde la región amazónica hasta la ciudad noroccidental de Piura, ha sido escenario de varios derrames de petróleo en los últimos años. Según los últimos informes, el último derrame de petróleo de unos 2.500 barriles en el río Cuninico tuvo lugar el 16 de septiembre.

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La Fiscalía de Perú ha abierto este miércoles una investigación preliminar contra el ministro de Salud Jorge López por presunto enriquecimiento ilícito tan solo dos días después de que fuera destituido del cargo tras destaparse su posible participación en un caso de corrupción.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció a comienzos de semana el cese de López como ministro de Salud después de que un medio de comunicación informara de su participación en este posible caso de ‘pitufeo’. Sin embargo, aún no existe una resolución que oficialice la decisión.

Ahora, el Ministerio Público peruano considera que la expareja de López habría adquirido un inmueble con «dinero de una fuente ilícita» depositado en sus cuentas bancarias por una empresa médica y por servidores del Ministerio de Salud.

De hecho, uno de los empleados públicos que se ha visto salpicado por esta presunta trama de corrupción es el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Juan Carlos Delgado, quien este mismo miércoles ha presentado su dimisión al cargo.

Delgado ha trasladado un comunicado al ministro en el que informa de su renuncia al cargo, aprovechando en la misiva para agradecer la oportunidad de ejercer como empleado público y defender su buen hacer a lo largo de su gestión, según recoge ‘La República’.

Por su parte, la Justicia ha dado ‘luz verde’ a las peticiones de la Fiscalía y ha incautado el inmueble ante el peligro de que López pueda trasferir la vivienda. Además, ha dispuesto que, en caso de que sea necesario, se pueda cerrar la propiedad, según recoge RPP.

El programa Punto Final de Latina Televisión contó que el pasado 31 de agosto seis trabajadores del Ministerio de Salud fueron reclamados por López para realizar doce ingresos bancarios por valor de 98.400 soles (25.000 euros) en diferentes sucursales del Banco de Crédito del Perú, en Lima, a la cuenta de su expareja y madre de sus hijos.

Por su parte, López, si bien ha reconocido dichos pagos, ha insistido de que el dinero no proviene de las arcas del Estado, sino de su propio bolsillo y que dispone de las pruebas para acreditarlo.

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El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha enviado este miércoles por la noche un mensaje a la ciudadanía peruana reiterando sus críticas a la Fiscalía General por presentar una denuncia constitucional en su contra, y asegurando que existe «un complot» hacia un Gobierno elegido democráticamente en las urnas.

«Queridos compatriotas, la nación enfrenta momentos difíciles. Graves acusaciones se repiten, tan graves como inconsistentes, como es la denuncia constitucional presentada por la fiscal general de la nación ante el Congreso en mi contra», ha aseverado Castillo en un mensaje en la televisión peruana, acompañado de sus ministros.

El mandatario peruano ha sostenido que la denuncia constitucional presentada por la titular del Ministerio Publico, Patricia Benavides, es «inconstitucional e ilegal», afirmando que carece de pruebas objetivas

«Ante esta antidemocrática situación, debo denunciar ante el país y la comunidad internacional que esta práctica de quebrantamiento del orden constitucional y democrático, las fuerzas políticas que sumieron al país en el más grande proceso de corrupción de la historia nacional en los años noventa, son las que ahora impulsan, como en aquella época, una modalidad de un nuevo golpe de Estado en el Perú«, ha resaltado Castillo en su mensaje a la nación.

Este mensaje tiene lugar una semana después de que la fiscal general peruana presentase ante el Congreso una acusación constitucional contra Castillo inculpándolo de corrupción.

Según la Fiscalía, el presidente de Perú sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con Silva, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

Tras esta acusación, Castillo afirmó que está sufriendo una persecución política, a la vez que denunció una «nueva modalidad de golpe de Estado».