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El presidente de Perú, Pedro Castillo, declaró ante la Fiscalía por los presuntos delitos de corrupción que se le imputan, si bien el mandatario también se acogió a su derecho de no responder a las preguntas formuladas por el Ministerio Público.

Castillo se presentó a la cita con la Fiscalía para responder por los presuntos casos de corrupción en el seno de la empresa estatal petrolera Petroperú y una serie de obras adjudicadas por el Ministerio de Vivienda.

De acuerdo con las explicaciones del abogado de Castillo, Benji Espinoza, el mandatario realizó una declaración «abierta, clara y espontánea» donde ha aprovechado para «proclamar su inocencia en cada caso», si bien más tarde el jefe de Estado ha optado por «reservar» sus respuestas a las preguntas de la Fiscalía.

«Más que callar, lo que ha hecho el presidente es reservar una declaración para más adelante (…) Todo tiene su tiempo. Llegará el tiempo para que el presidente dé toda la explicación, pero ese tiempo no es hoy, no es ahora», detalló Espinoza.

Finalmente, el abogado aseguró que su defendido niega cualquier tipo de responsabilidad en los delitos de los que se le acusan. «Por supuesto que las imputaciones son graves, pero más que graves son infundadas y eso el tiempo lo determinará porque las hipótesis que tiene la Fiscalía no las va a poder confirmar».

Este mismo martes la Fiscalía peruana ha incluido al primer ministro, Aníbal Torres, y al ministro de Justicia y Derechos, Félix Chero, en la investigación que sigue los supuestos delitos de organización criminal y encubrimiento personal del presidente Castillo.

De este modo, Torres y Chero se han sumado al caso que investiga el equipo especial contra la corrupción del poder de la Fiscalía y por el que ya está siendo investigado el extitular prófugo de la cartera de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

Asimismo, se les añade a la causa abierta contra Castillo para colocar a personas de su confianza en puestos clave. Esta investigación contra el presidente dio comienzo tras la salida de Mariano González del Ministerio del Interior, quien acusó a Castillo de estar obstruyendo la justicia.

La Fiscalía de Perú solicitó este martes 36 meses de prohibir la salida del país para la primera dama, Lilia Paredes y sus hermanos, Walter y David, por su participación en una supuesta trama corrupta liderada por el presidente, Pedro Castillo, de la que también haría parte el ministro de Transporte, Geiner Alvarado.

La medida también agrega al empresario Hugo Espino, quien el viernes salió en libertad condicional tras prestar declaración sobre esta supuesta trama con la que el Gobierno, de manera fraudulenta, hacía entrega de contratos obras públicas, detalla el diario peruano ‘La República’.

De acuerdo con la acusación la primera dama coordinaba la entrega de estos contratos, en todo momento bajo el conocimiento del presidente Castillo, supuesto cabecilla, en colaboración con su hermana Yenifer Paredes, a quien se le acusa de los delitos de organización criminal y blanqueo de dinero.

El pasado viernes 19 de agosto, el presidente Castillo anunció que su esposa estaba «dispuesta» a entregar su pasaporte ante la posibilidad de que la Fiscalía concretara esta petición.

«Ella no va a salir en ningún momento del país y tiene que someterse no solo a la justicia, sino a demostrar su inocencia», dijo Castillo, quien ha denunciado una persecución judicial con tintes políticos contra él y su familia.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, denunció que existe una persecución contra él y su familia, afirmando que las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía por supuestos delitos de corrupción no son más que intentos por «arremeter» contra sus seres queridos.

«Sé que se la van a llevar, quieren engrilletarla y también al resto de mi familia y quieren quebrarme», aseguró el presidente Castillo en relación a su esposa, Lilia Paredes, quien se encuentra investigada en un caso de supuesto trato de favor en la licitación de obras públicas.

«No saben que nosotros venimos de la adversidad, venimos de abajo, venimos del sufrimiento. Voy a resistir hasta que el pueblo me diga resiste y hasta acá y por eso no nos van a quebrar», enfatizó Castillo durante un acto de entrega de fertilizantes en la ciudad de Andahuaylas, en el sur de Perú.

Castillo también ha alertado de la presencia de ciertas personas que intentan hacerse pasar por representantes del Estado para beneficiarse, por lo que ha pedido la ayuda ciudadana para que sean «identificados» y «sancionados«.

«No hemos dado ningún espacio y no hemos dado ningún aval, para que en nombre de Pedro Castillo o en nombre de la familia, estén ingresando a algún ministerio para sacar rédito para su bolsillo», ha dicho, según informó el diario ‘El Comercio’.

Este domingo, el Poder Judicial ha reprogramado la audiencia en la que se decidirá la petición de la Fiscalía de 36 meses de prisión preventiva para la cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de dinero, en el marco de una trama que según la Fiscalía lidera el presidente peruano.

La cuñada del presidente peruano Pedro Castillo, Yénifer Paredes, se ha entregado en la tarde de este miércoles a la Fiscalía después de que el martes el Poder Judicial de Perú ordenara su detención preliminar por supuestos delitos de tráfico de influencias.

Después de pasar 12 horas en condición de prófuga –ya que el martes una diligencia de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía fue a buscarla al Palacio de Gobierno, sin éxito–, Paredes se apersonado a las 17.30 horas (hora local) en la Fiscalía para ponerse a disposición de la Justicia, ha informado ‘La República‘.

Después de unas diligencias iniciales, la hermana de la primera dama de Perú ha sido trasladada a las dependencias de la Diviac, donde se encuentran otros tres detenidos por el caso por el que se investiga a la cuñada del mandatario.

Paredes enfrenta una investigación fiscal por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de dinero. Según la hipótesis del Ministerio Público, integraría una red criminal que estaría liderada por el jefe del Estado, según ha recogido ‘El Comercio‘.