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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Policía Federal de Brasil

Policía brasileña allana domicilios de un senador

La Policía Federal de Brasil ha realizado este jueves tres órdenes de allanamiento en domicilios vinculados al senador del conservador partido Podemos Marcos do Val, que aseguró que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro buscó convencerle para dar un golpe de Estado, aprovechando su experiencia militar.

Las órdenes –ejecutadas en su oficina de senador, en su apartamento en Brasilia y en su residencia en Espírito Santo– han sido emitidas por el juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes, que está investigando al senador por entorpecer las investigaciones sobre el asalto a las instituciones democráticas del 8 de enero.

 

El juez le investiga por cinco delitos, que son divulgación de documento clasificado, asociación delictiva, atentado contra la soberanía del país, intento de declarar mediante violencia o amenaza grave el Gobierno legítimamente constituido y organización criminal, según ha podido saber la red de emisoras Jovem Pan.

El Supremo ya determinó en febrero la apertura de una investigación contra Do Val para investigar las declaraciones de que había recibido una propuesta para participar en un golpe de Estado. El hijo mayor de Bolsonaro, el también senador Flavio Bolsonaro, confirmó la existencia de aquella reunión que tuvo lugar en diciembre, pero descartó que el tema de la reunión fuera constitutivo de delito.

«En nuestra legislación, por lo menos, eso no es constituye un delito. Aún siendo verdad, porque no sé si lo es, hablar sobre eso no es un crimen. Llevarlo a cabo si lo sería. Un delito, bajo mi punto de vista, menor», valoró, y criticó que el senador cambiara de versión «de una hora para otra».

Exministro de Justicia de Bolsonaro en libertad tras investigación por asalto a instituciones brasileñas

El exministro de Justicia brasileño Anderson Torres ha sido puesto en libertad después de pasar casi cinco meses en prisión preventiva por el caso que investiga su papel en el asalto a las instituciones de Brasil el pasado 8 de enero.

Torres, que ejercía el cargo durante el Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, ha sido puesto en libertad con medidas cautelares por el juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes, que se encarga de la investigación.

 

De Moraes ha considerado que el periodo de prisión preventiva ya ha cumplido su cometido, que era permitir a la Policía llevar a cabo las diligencias necesarias para la investigación, y por lo tanto ha concedido la libertad al exministro, que sin embargo sigue en el caso y deberá cumplir otras medidas de seguridad, según ha informado el portal O’Globo.

El investigado deberá llevar una tobillera electrónica y no podrá abandonar el Distrito Federal. También se le obliga a dejar su cargo como delegado de la Policía Federal, y tendrá que acudir a comisaría todas las semanas. Para evitar su huida fuera del país también se le ha retirado el pasaporte.

Asimismo ha visto revocada su licencia de armas y se le ha retirado la pistola reglamentaria a la que como alto cargo de la Policía tenía derecho. También se le prohíbe comunicarse con otros investigados e incluso hacer uso de sus redes sociales, teniendo en cuenta que el incumplimiento de cualquiera de estas medidas cautelares conllevará su detención nuevamente.

Torres fue detenido el 14 de enero a su vuelta a Brasil desde Estados Unidos, cuando se entregó a la Policía Federal para ser investigado por presunta omisión de su labor como ministro durante el asalto a la explanada de los tres poderes en el 8 de enero.

El exministro se encontraba de vacaciones con su familia en Estados Unidos cuando comenzó la toma de los tres poderes por manifestantes que pedían un golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha –también aliado de Bolsonaro–, destituyó fulminantemente a Torres poco después del inicio del asalto.

Autoridades brasileñas citan a Bolsonaro para declarar sobre acciones golpistas

La Policía Federal de Brasil ha citado para el próximo miércoles al expresidente del país Jair Bolsonaro para que comparezca en el marco de la investigación sobre los ataques a las instituciones democráticas por parte de simpatizantes bolsonaristas el pasado 8 de enero.

Bolsonaro tendrá que acudir a la sede de la Policía Federal en Brasilia, después de que el juez del Tribunal Supremo Federal (STF, por sus siglas en portugués) Alexandre de Moraes lo determinase así la semana pasada, indicando que es «indispensable para el completo esclarecimiento de los hechos investigados».

 

Moraes ha dado respuesta así a una solicitud del Ministerio Público, indicando que la Policía Federal tiene diez días para escuchar al exmandatario, según ha informado el portal G1.

Según las investigaciones preliminares, Bolsonaro estaría vinculado con el asalto a las instituciones democráticas, por su responsabilidad al haber presuntamente alentado el ataque a los edificios de los tres poderes, así como por haber puesto en cuestión en repetidas ocasiones el sistema electoral brasileño.

Bolsonaro regresó a Brasil el pasado 30 de marzo tras pasar tres meses en Estados Unidos, cuando evitó estar presente en el acto de toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y mientras avanzaban las pesquisas sobre los ataques a las sedes de los tres poderes el 8 de enero.

Tras la negación de la Policía, Bolsonaro insiste en revisar el caso de las joyas saudíes

La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha recurrido a unas recientes declaraciones del ministro de Justicia, Flávio Dino, para insistir en que se le permita el acceso a la investigación sobre las joyas saudíes, en tanto que hasta ahora la Policía Federal se lo ha negado ya que no está siendo investigado.

No obstante, la defensa de Bolsonaro ha reclamado de nuevo a la Policía Federal que permita conocer los pormenores de la investigación que se acaba de abrir ya que el ministro Dino estaría tratando ya al expresidente como investigado, aunque de manera extraoficial, a tenor de sus declaraciones públicas.

 

Las declaraciones a las que hace referencia la defensa son unas en las que Dino afirma que el expresidente, en calidad de «investigado», tendrá ser llamado a declarar. «En caso de que no comparezca, aparece una nueva situación en la que se podría o no accionar mecanismos de cooperación internacional», dijo, haciendo referencia a la estadía de Bolsonaro en Estados Unidos.

«Es posible concluir la investigación independientemente de si él es escuchado o no, pero espero que comparezca y se le escuche, pues es un derecho que tiene como investigado», dijo Dino este lunes.

La investigación versa sobre las joyas que la monarquía saudí regaló a los Bolsonaro tras su paso por el país en 2021. Hasta dos cofres repletos de lujosos agasajos se trajeron, aunque sin pasar por los trámites legales. Uno de ellos logró superar los controles de aduanas, sin embargo, otro, cuyo contenido está valorado en 16,5 millones de reales (casi 3 millones de euros) fue interceptado.

Bolsonaro intentó en varias ocasiones sin éxito recuperar este último antes de poner rumbo a Estados Unidos, en donde se encuentra desde finales de diciembre de 2022, coincidiendo con la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva.

Esta semana, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) dio a Bolsonaro un máximo de cinco días para que entregue el cofre que está en su poder, así como un juego de armas de fuego, cortesía también de la monarquía saudí. También se ha dado orden al departamento de Ingresos Especiales –Receita Federal–, una secretaría del Ministerio de Economía, que entregue el juego de joyas que mantienen bloqueado.

Bolsonaro reitera su disposición con la Justicia y accede a declarar sobre escándalo

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha notificado este lunes a la Policía Federal que se abre a testificar por el escándalo de las joyas regaladas por Arabia Saudí, objetos que está dispuesto a entregar a la Justicia del país.

Según el documento enviado a la Comisaría de Delitos del Tesoro de Sao Paulo, el exmandatario se ha puesto «a su entera disposición para cumplir con las determinaciones en aras del esclarecimiento de la verdad real», informa el periódico ‘Folha de S. Paulo’.

 

Asimismo, Bolsonaro no tuvo en ningún momento «la intención de obtener beneficio o tener para sí bienes que pudieran, en cualquier caos, ser considerados públicos», según sus abogados.

«Si en la actualidad, al parecer, se está discutiendo el estatus jurídico de tales bienes, dada la complejidad de las normas que teóricamente rigen la dinámica de los bienes de ese orden, hemos considerado correcto proponer que, desde un principio, se queden bajo custodia del Gobierno, hasta que concluya definitivamente la discusión sobre su correcto destino», indica.

El equipo legal de Bolsonaro ha indicado que ha tomado esta decisión tras los informes en medios de comunicación, a pesar de que «no puede afirmar la confiabilidad de la información, ya que no ha recibido ninguna citación».

Tal y como reveló ‘O Estado de Sao Paulo’, Bolsonaro recibió en octubre de 2021 de manos de las autoridades saudíes varios joyas, entre ellas «un collar, un anillo, un reloj y un par de pendientes de diamantes» que, sin embargo, fueron requisadas en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en Sao Paulo.

Desde entonces, los Bolsonaro han intentado en hasta ocho ocasiones recuperar unas joyas que en el momento de ser requisadas estaban en posesión de Marcos Soeiro, ayudante del exministro Albuquerque, a través también del Ministerio de Asuntos Exteriores y la oficina de la Presidencia.

Este supuesto intento por sortear los cauces legales correspondientes podrían suponer varios delitos, tal y como explicó este pasado fin de semana el ministro de Justicia, Flávio Dino, entre los cuales está el de peculado y el blanqueo de capitales.

La única forma de recuperar las joyas sería pagando el impuesto obligatorio, el 50 por ciento de su valor y una multa del 25 por ciento por no declararse a tiempo.

Exdiputado bolsonarista es detenido por confirmar sus ataques a instituciones

La Policía Federal de Brasil ha detenido este jueves al exdiputado bolsonarista Daniel Silveira por reiterar sus ataques a las instituciones e incumplir su arresto domiciliario y también ha incautado más de 270.000 reales (49.400 euros) durante un registro en su domicilio tras una orden judicial decretada por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

 

De Moraes ha ordenado la detención del exdiputado por el ultraconservador Partido Laborista Brasileño (PTB) después de que dañara la tobillera electrónica durante su arresto domiciliario y reiterase los ataques contra las instituciones y cuestionase el proceso electoral durante las elecciones que dieron la victoria al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, según ha informado el diario ‘O Globo’.

Tras ordenar su detención, el exdiputado brasileño ha sido arrestado en Petrópolis, en el Estado de Río de Janeiro. Los agentes federales han encontrado cerca de 270.000 reales brasileños en su domicilio, por lo que está previsto que se anuncie una investigación para determinar la procedencia de este monto.

Silveira fue detenido por primera vez por orden del juez De Moraes en febrero de 2021 después de que el exdiputado brasileño amenazara a jueces del Supremo y atacara las instituciones judiciales. Un mes después, el magistrado decretó arresto domiciliario en su contra.

El exdiputado fue condenado a ocho años de prisión por amenazas e incitación a la violencia contra los jueces del Tribunal Supremo, aunque fue indultado por el expresidente Jair Bolsonaro y elegido posteriormente miembro de hasta cinco comisiones de la Cámara de Representantes, entre ellas la de Constitución y Justicia (CCJ).

De Moraes aseguró en junio de 2021 que Silveira, quien se presentó como candidato a senador y tenía inmunidad por su cargo político, había incumplido las condiciones de su arresto. En noviembre ordenó medidas cautelares en su contra.

La condena a Silviera –apoyada por diez jueces del máximo órgano judicial del país– fue en un principio perdonada por Bolsonaro menos de 24 horas después de que el Supremo la aprobase y antes incluso de que se pudieran agotar todas las vías para apelar el veredicto.