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Jaime Garzón tradujo de la mano de la comunidad Wayuunaiki el espíritu de los artículos 11 y 12 de la Constitución Política del siguiente modo: Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Tristemente en los últimos años hemos sido testigos de cómo ese espíritu se ha violado sistemáticamente, y lo peor, por parte del estado, especialmente de la Policía Nacional.

Así pues, hemos visto la violencia que la Policía Nacional ha utilizado en contra de quienes ejercen el derecho a la protesta social, fundamentalmente los jóvenes, haciendo uso de herramientas violentas y delictivas contra la libertad de expresión. En el marco de las gigantescas movilizaciones ocurridas después de la firma del acuerdo de paz y sobre todo desde el 21 de diciembre de 2019 e incluyendo las jornadas del 8, 9 y 10 septiembre de 2020 y el paro nacional de 2021, asistimos y denunciamos maltratos, exceso de uso de la fuerza, violaciones, torturas y homicidios de jóvenes que alzaron su voz por distintas causas que consideraron justas y por las cuales dieron su vida.

Los distintos hechos ocurridos en los últimos años debieron motivar una profunda reflexión dentro de los principales mandos de la policía nacional que debía reflejarse en una reforma estructural de la institución, de manera tal que la ciudadanía pudiera tener certeza de que comportamientos similares no se repetirían. La premisa debía ser simple pero inflexible: la vida es sagrada. Sin embargo, episodios en los cuales la policía nacional vulnera los derechos de los ciudadanos y ciudadanas siguen siendo comunes en las noticias diarias, lo que sumado a la desconfianza existente entre la sociedad civil y la policía, dan cuenta de la necesidad de reformarla de manera profunda y democrática.

Es por eso que junto a víctimas de violencia policial y sus familias, y de la mano de jóvenes comprometidos con un país donde la equidad, la justicia y la paz, junto a organizaciones sociales, universidades e investigadores en el tema, e incluso con la misma policía, hemos iniciado un proceso organizativo que busca una reforma popular a la policía nacional. Nuestro proceso se basa en la conversación y la construcción de un sentido compartido, buscando que la voz de la ciudadanía sea la protagonista de la transformación de la institución, sin dejar de lado la participación de sus miembros, y reconociendo la necesidad de mejorar las condiciones en que desempeñan su labor.

En este camino hemos conversado con más de 40 organizaciones sociales, escuchado a más de mil personas, y sumado un respaldo de casi 80 mil firmas. Nos hemos detenido a escuchar a quienes han sufrido directamente la violencia por parte de la fuerza pública; nos hemos dado cita para escuchar devastadores relatos, hemos llorado, hemos cantado, nos hemos abrazado, y ahora, incluso, nos hemos permitido soñar un sueño común.

Una certeza ha quedado de este proceso que recién inicia: las balas no quiebran la vida, las vidas que callaron viven en estos jóvenes: son ejemplo de dignidad. Es por eso que muchas víctimas de violencia policial se han sumado a esta iniciativa que recién empieza pero que desde ya tiene el mérito de generar esperanza, fuerza y confianza. La imaginación que nos la juventud sigue creciendo y será capaz de abrir la puerta al surgimiento de una policía que interiorice y se rija éticamente y legalmente por el espíritu que tradujo Jaime Garzón: Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente.