Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá capturaron a dos mujeres cuando se encontraban deambulando con actitudes sospechosas por la zona de los establecimientos comerciales abiertos al público.
En el momento de realizar el registro se les encuentra 17 pastillas de Zolpidem medicamento sedativo-hipnotico, que aparentemente lo pretendían utilizar, para escopolaminar a sus víctimas.
Ayer, el registrador del Chocó fue víctima de un secuestro. Hasta ahora, la policía no ha logrado obtener información sobre el autor o el motivo del delito, reflejando la realidad del 60% de los casos registrados. En el período comprendido entre agosto de 2022 y octubre de 2023, se documentaron 287 secuestros, según datos proporcionados por el SIEDCO de la Policía Nacional. Es probable que este periodo culmine con la cifra más alarmante desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, evidenciando una tendencia al alza que suscita una preocupación generalizada.
El aumento no puede atribuirse al acuerdo de paz ni a la supuesta «entrega del país a las FARC». Más bien, se debe al enorme vacío dejado tras dicho acuerdo, combinado con el crecimiento desmedido en número y capacidad de estructuras criminales organizadas. Actualmente, contamos con 196 de estas estructuras solo en las 7 principales ciudades, y la extorsión se convierte cada vez más en una fuente de financiamiento. Entre 2018 y 2022, Colombia experimentó un aumento de 18 a 33 Grupos Armados Organizados (GAO), un mercado que se sofistica diariamente y resulta cada vez más difícil de combatir. La justificación de toda nuestra violencia mediante el narcotráfico también se torna cada vez más insostenible.
La política de paz total no es la única responsable del incremento en secuestros, pero tampoco ha contribuido a mitigarlo hasta el momento. Considerando que el ELN puede estar asociado al 11% de los casos y el EMC al 10%, y que solo con estos dos grupos hay mesas de diálogo, incluso con un cumplimiento del 100% de lo pactado, nos enfrentamos a un universo del 80% restante, con poca información y una alta impunidad.
El secuestro, especialmente el extorsivo, se ha vuelto atractivo para el crimen organizado y grupos armados. No requiere una logística particularmente costosa y cuenta con el respaldo del control territorial ejercido por estos grupos. Utiliza las mismas rutas controladas por los violentos y ofrece una rentabilidad inmensa a un costo mucho menor que otras actividades informales o ilegales, solo comparable con la extorsión.
La concentración territorial refuerza esta hipótesis. A nivel departamental, Antioquia (67 casos), Norte de Santander (60 casos) y Valle del Cauca (55 casos) son los más afectados. Sin embargo, a nivel de ciudades, Cali (23), Bogotá (23), Cúcuta (21), Medellín (20) y Buenaventura (12) destacan la urbanización del fenómeno. En el caso del Valle del Cauca, Buenaventura y Cali concentran el 63% de los casos.
En contraste, la capacidad de la Policía Nacional y de la Fuerza Pública en general se encuentra limitada. Se requiere una mayor aplicación de tecnología y una mayor eficiencia en el seguimiento de los casos en las primeras horas. La falta de coordinación eficiente también es un obstáculo, sumado a la enorme impunidad, donde muchos casos se resuelven únicamente con el pago de rescates. Esto implica que los responsables no enfrentan consecuencias penales, aumentando la probabilidad de que vuelvan a cometer el delito.
Hasta ahora, nos enfrentamos a un fenómeno que se urbaniza no solo en las grandes capitales sino también en centros poblados urbanos. El secuestro, de bajo costo y baja probabilidad de judicialización, se ve facilitado por el control territorial ejercido por actores armados. La Fuerza Pública tiene una capacidad limitada para perseguir y capturar eficientemente, mientras que la justicia enfrenta dificultades para condenar el delito. Todo esto, junto con la sofisticación de las redes de extorsión y el alto número de estructuras armadas organizadas, conforma un cóctel perfecto donde los incentivos negativos superan ampliamente a los positivos.
Toda esta información salió a la luz ayer en uno de los noticieros de mayor audiencia nacional, tras el secuestro del gobernador. En retrospectiva, durante la entrevista, no me di cuenta de que llevaba mi saco al revés. Sin embargo, al reflexionar sobre la atención generada por este hecho, creo que no solo mi saco estaba al revés, sino también nuestras prioridades como sociedad.
La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional entregó un balance positivo acerca de los siniestros viales que se presentaron durante la época de fin de año.
Del 29 de diciembre de 2023 al 1 de enero del 2024 se movilizó una cifra de 3.369.646 vehículos en todo el país siendo Cundinamarca el departamento con más afluencia.
«La accidentalidad presenta una histórica reducción del 52 %. El año anterior hubo 81 fallecidos, este año lamentablemente fallecieron 39 y en los heridos se redujeron 26%, pasando de 222 a 165 comparado con el año anterior», señaló la Policía.
En otras cifras durante este periodo se sancionaron 2.495 conductores que no acataron las normas de tránsito. La mayoría, 382, fue por no portar la licencia de conducción.
Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, logró la captura en flagrancia de cinco personas en el barrio Cedritos de la localidad de Usaquén, momentos en los cuales fueron sorprendidos huyendo por los techos de las viviendas de este sector, con algunos de los elementos hurtados.
La rápida y oportuna reacción de la patrulla del cuadrante, permitió la captura de estas personas y la recuperación de los elementos hurtados, asimismo fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, para que respondan por los hechos.
Estas personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, para que respondan por los hechos.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, considera que es necesario reforzar en la ciudad la seguridad en la ciudad con mayor presencia de la Policía en la calle.
“Tengan la certeza que como alcalde me voy a preocupar para que con recursos del Distrito ustedes estén bien, tengan los elementos de inteligencia y transporte para que recuperemos la tranquilidad de la ciudad”, dijo.
El mandatario de la capital del Valle del Cauca prometió trabajar de la mano con la Policía para que los índices de inseguridad se reduzcan y garantizar de esta manera la seguridad de los caleños.
Durante el año 2023 la ciudad de Cali registró más de 1000 homicidios lo que terminó por convertirla en la capital más insegura de la capital.
Durante el acto de transmisión de mando de la Comandancia de Policía Metropolitana de Bogotá, a manos del Brigadier General, José Daniel Gualdrón Moreno, el alcalde, Carlos Fernando Galán, pidió al cuerpo de uniformados, trabajar las 24 horas para reestablecer el tejido social y la confianza de los ciudadanos hacia el trabajo que en materia seguridad se hace desde la administración distrital.
El mandatario reconoció el delicado estado por el que atraviesa la seguridad en la capital del país y prometió trabajar de la mano con el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, para atacar la criminalidad y una mejor convivencia ciudadana.
“Vamos a trabajar por convertir a Bogotá en un referente de seguridad, convivencia y justicia, como bases fundamentales del desarrollo social y económico de nuestra sociedad”, afirmó el alcalde de la capital.
En su discurso Galán reconoció el papel que cumple la Policía a la hora de garantizarle a los ciudadanos la tranquilidad, reafirmando su compromiso para que los uniformados puedan cumplir con su labor.
“Bogotá espera que recorramos y tracemos el camino hacia una Bogotá segura donde el transporte público pueda usarse a cualquier hora y no haya zonas por donde no se pueda transitar y en las que los únicos que sientan miedo de caminar por las calles sean los delincuentes”, puntualizó.
Reiteró la necesidad que tiene la ciudad de un trabajo conjunto entre la administración y la Policía y que se superen las pugnas internas. Dijo además que su alcaldía tendrá tres prioridades: la protección de la vida; la garantía del disfrute de la ciudad y la reconstrucción de la confianza ciudadana.
El Brigadier General José Gualdrón asume el mando de esta unidad policial enfatizando en la importancia de la corresponsabilidad, tanto institucional como social, para frenar la criminalidad, alcanzar índices representativos en la disminución de la delincuencia y el crimen organizado.
El señor oficial, con 35 años de servicio en la Policía Nacional, oriundo del municipio de Flandes, Tolima, nació en el seno del hogar conformado por don Luis Martín Gualdrón y doña María Dolores Moreno, el 20 de septiembre 1966; es el cuarto de ocho hermanos, casado y con tres hijos, quienes representan su mayor motivación. Vivió su niñez y adolescencia en su natal Flandes.
Al finalizar sus estudios, en 1986 se incorporó al Ejército Nacional para definir su servicio militar obligatorio, dos años más tarde ingresó a la Policía Nacional de Colombia como estudiante en la Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada y como profesional, fue destinado como su primera unidad al Departamento de Policía de Caquetá.
En su carrera policial ha laborado en los comandos de la Policía Metropolitana de Bogotá y de Santiago de Cali; los Departamentos de Policía de Cundinamarca, Santander, Tolima, Guajira, Caquetá, Putumayo y Risaralda. De igual manera, ha prestado sus servicios en especialidades como Tránsito y Transporte y en el Área de Control Interno de la Institución.
La hizo efectiva la judicialización de alias «La Mona», sindicada de ser integrante del frente Martín Villa de las disidencias de las Farc.
«Según la investigación, la mujer se habría concertado con otros integrantes del grupo para cometer acciones criminales como homicidios selectivos, extorsiones, labores de inteligencia contra la fuerza pública, compra de elementos de intendencia y actividades relacionadas con la comercialización de estupefacientes, entre otras, en los municipios de Puerto Rondón (Arauca) y Roberto Payán (Nariño)», señaló la Fiscalía.
La captura de la mujer se hizo efectiva el pasado 7 de diciembre por la Policía Nacional en el Terminal de Transportes del Sur de Bogotá y a pesar de no aceptar la responsabilidad en los cargos formulados por concierto para delinquir agravado de la Fiscalía tendrá medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
Para evaluar los resultados, en materia de seguridad, de los actuales alcaldes y alcaldesas de las principales ciudades, es necesario tomar como línea base el año 2019 y no solo los resultados de este ultimo año, comparado con 2022. Este artículo solo pretende mostrar las cifras de delitos de mayor impacto registradas en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional –SIEDCO– para que analistas y los nuevos alcaldes y alcaldesas puedan sacar sus conclusiones y definan acciones para mejorar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos durante el periodo de gobierno que se avecina.
Para comparar los resultados de seguridad de doce ciudades importantes del país (Bogotá, Cali, Medellín Barranquilla, Cartagena, Manizales, Cúcuta, Pereira, Ibagué, Villavicencio, Bucaramanga y Pasto) se tomaron las denuncias registradas en el SIEDCO de diez delitos de mayor impacto entre 2019 y 2023, se organizan por ciudad y se comparan los resultados entre ciudades, de acuerdo al número de delitos que han aumentado o disminuido. En este caso las cifras no se presentan dándole mayor peso al delito de más sanción penal, como es el caso de los homicidios, que será objeto de otro análisis.
Dado que para el año 2023 SIEDCO solo tiene publicadas cifras de delitos de mayor impacto hasta noviembre, para efectos de análisis comparativo con el año completo de 2019, a cada delito de 2023 se le sumo la cifra registrada en diciembre de 2022.
De acuerdo con estas cifras, dentro de las doce ciudades, se destaca, primero, la ciudad de Manizales como la más segura. De 10 delitos registrados, solo el hurto de automotores aumentó de manera leve, pasó de 7 casos registrados en 2019 a 10 en 2022. Se destaca la disminución de los homicidios en un 44%, como se puede ver en el siguiente cuadro:
Segundo, le sigue la ciudad de Pasto donde el homicidio disminuyo en un 23% y solo dos delitos han aumentado, el hurto a personas en un 43% y el hurto a motocicletas en un 15% (ver siguiente cuadro):
En tercer lugar, se ubica Medellín, donde aumentaron los hurtos automotores 7%, motocicletas 27% y el hurto a personas 13% y se destaca la disminución de los homicidios en un 38%.
En cuarto lugar, se sitúa Pereira donde aumentaron los hurtos a Automotores 97%, Motocicletas 51% y a personas en un 40% y disminuyo el homicidio en un 9%.
En quinto lugar, está Bucaramanga, donde han aumentado tres delitos, los homicidios 8,4%, y los hurtos motocicletas 19,7% y a personas 47%, como se puede ver en el siguiente cuadro:
Bogotá se sitúa en el sexto lugar, aumentaron los homicidios en 1,6% y los hurtos de automotores 7,4%, motocicletas 17% y a personas 18,8%.
En séptimo lugar se ubica Villavicencio, donde los homicidios aumentaron en un 20% y los hurtos a motocicletas 46%, a personas 48% y a residencias 3%, como se puede ver en el siguiente cuadro:
Sigue Cúcuta en octavo lugar. Aumentaron los homicidios 22% y los hurtos de automotores, 31%, motocicletas 10% y a personas 14%.
En noveno lugar se ubica Cartagena donde los homicidios aumentaron en un 109%, los hurtos a automotores 38% y a personas 29% y la violencia intrafamiliar en un 32%.
En decimo lugar aparece Ibagué, donde aumentaron los homicidios en un 4%, los hurtos a automotores 38%, motocicletas 82% y a personas en 31%, además de la violencia intrafamiliar en un 9%.
En decimo primer lugar aparece Barranquilla donde aumentaron los homicidios 34,5%, los hurtos a automotores 100%, motocicletas 30,5% y a personas 12,6% y además aumento la violencia intrafamiliar en un 44,9%.
Finalmente, y como caso especial, se presentan los resultados de Cali, donde todos los delitos disminuyeron, según el reporte de SIEDCO, como se puede ver en el siguiente cuadro.
Situación que debe revisarse si se tiene en cuenta el comportamiento irregular de algunos delitos entre los meses de julio y noviembre de 2023, especialmente las cifras de hurtos a comercio, personas y residencias. Por ejemplo, en el caso del hurto a personas que mantenía un promedio mensual cercano a 2000 casos, en el mes de julio pasó a 199, agosto 178, etc, como se puede ver en el siguiente cuadro:
Seguramente existe una explicación a estas disminuciones tan importantes, dentro de las que no se puede descartar que se debe al accionar y operatividad de las autoridades de seguridad y justicia, que de ser así se deberían replicar en las demás ciudades y municipios del país donde estos delitos no han dejado de crecer.
Temas a tener en cuenta para evaluar de mejor manera la gestión de los actuales alcaldes y alcaldesas.
Para evaluar la gestión de los alcaldes y alcaldesas de estas ciudades hay que tener en cuenta una serie de hechos que hicieron más compleja la situación de inseguridad durante este cuatrienio de gobierno:
Primero, el crecimiento y consolidación de estructuras criminales cada vez más organizadas y violentas. Hoy no se está ante un delito de oportunidad, sino ante verdaderas empresas criminales que explotan las distintas rentas del narcotráfico, microtráfico, extorsión, trata de personas, comercio ilegal de armas, contrabando como forma de pago del narcotráfico, los hurtos de carros, motos, celulares, joyas, distintas modalidades de ciberdelito y los famosos y violentos préstamos gota a gota.
Aquí se requiere, más que el aumento de policías en la calle, que va a ser muy difícil incrementarlos porque la Nación no asignó recursos para esto, aumentar y fortalecer los equipos de inteligencia e investigación criminal. Más policías y fiscales especializados para atacar, no solo las estructuras y personal de los grupos criminales existentes, sino sus finanzas, sus rentas criminales, que es lo que más les duele.
Segundo, las protestas sociales que comenzaron en 2019 con el paro nacional de estudiantes y se sostuvieron durante los siguientes dos años. Protestas legítimas que en algunos momentos se tornaron violentas y que comprometieron a casi todo el personal de la Policía, presentándose casos de exceso de fuerza y violación de los DD HH. Este tipo de protestas disminuyeron con la llegada del nuevo gobierno de Gustavo Petro.
Tercero, la atención a la pandemia del COVID que comenzó en marzo de 2020 y que se extendió hasta bien entrado el 2021. Aquí la Policía tuvo una de las tareas más difíciles y poco reconocidas, el control de los ciudadanos en los aislamientos y de las medidas sanitarias impuestas, situación que no en pocas oportunidades creó tensión y desavenencias con distintas poblaciones. Tanto la atención de las protestas, como las medidas control durante la pandemia, terminaron afectando la confianza de los ciudadanos en la Policía y por tanto la seguridad de los ciudadanos.
Cuarto, sin desconocer el trabajo coordinado de la nación y los entes territoriales en la atención de la pandemia, en materia de seguridad y orden público la relación no ha sido la mejor. Discusiones públicas, en algunos casos irrespetuosas, minaron la coordinación y trabajo en equipo que debería darse para mejorar la seguridad de los ciudadanos y el control de los territorios. Inclusive, con el nuevo gobierno nacional, esa coordinación nación territorio no se ha podido lograr, como lo han manifestado públicamente los alcaldes y gobernadores.
La ofensiva para continuar con la lucha contra el uso prohibido de la pólvora continúa en pie y la Policía decomisó un cargamento con media tonelada de pólvora lista para ser distribuida.
Los hechos se dieron en el barrio Siete de Agosto de Florencia (Caquetá). Se hizo gracias a la Seccional de Investigación Criminal, Inteligencia Policial y Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.
Con estas acciones se logró la incautación avaluada en 120 millones de pesos. Este material estaba almacenado y listo para su distribución.
«Se insta a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la venta o manipulación ilegal de pólvora», advierte la Policía.
Esta acción se ejerce en vísperas de la celebración de Año Nuevo este 31 de diciembre, día en el que crece exponencialmente el uso de la pólvora.
El presidente de la república, Gustavo Petro, firmó el decreto 2225 del 2023, dando vida al programa de gratuidad en el proceso de incorporación de soldados profesionales, infantes de marina profesional y patrulleros de la Policía Nacional.
El beneficio está orientado a reservistas de primera clase y jóvenes en servicio militar que deseen seguir una carrera en las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional, dándole prioridad a quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad económica.
El decreto establece como condición, el ser colombiano, con edades comprendidas entre los 18 y 24 años para las Fuerzas Militares, y entre 17 años y seis meses a 27 años para la Policía Nacional. Además, de ser reservistas de primera clase.. Quienes accedan a este beneficio tendrán que firmar un acta de compromiso de permanencia durante su formación, y solo se otorgará una vez. Se dará especial consideración a quienes estén dentro de los parámetros del Sisbén, en especial a aquellos clasificados en los grupos de pobreza extrema, moderada y población vulnerable.
Uniformados del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), lograron la desarticulación de la organización criminal conocida con el nombre de ‘Los Elenos’, dedicada a a la extorsión a comerciantes en la capital del país.
La banda ‘Los Elenos’ estaría involucrada en una serie de eventos relacionados con acciones extorsivas, como la quema de dos vehículos y la realización de disparos a locales comerciales, por el no pago de las exigencias de dinero que realizaban aparentando pertenecer al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las primeras denuncias que se tiene registradas son en el sector de Bella Vista de la localidad de Kennedy. Estos delincuentes recolectaban datos personales de sus posibles víctimas, para luego crear los videos donde mostraban armas, municiones y explosivos con los nombres de los familiares, amenazándolos de muerte, si no ‘colaboraban’ con sus exigencias.
Esta estructura, dentro de su modalidad extorsiva, también llegó a afirmarle a sus víctimas que les otorgaban ‘crédito’ y ‘facilidades de pago’ para que cumplieran con las exigencias económicas a cambio de no atentar contra su integridad.
La investigación pudo establecer que estos delincuentes exigían sumas de dinero entre los 5 hasta los 60 millones
de pesos a comerciantes, bajo el pretexto de no atentar contra la vida de sus familias, trabajadores o la infraestructura de sus negocios; en algunas ocasiones constreñían con plazos de 8 horas para enviar el dinero.
Además, se encontró que usaban al menos 30 números telefónicos, para realizar las amenazas, pero cuando pedían la consignación de los dineros, enviaban el mismo número para consignar por una plataforma bancaria.
A esta red criminal se le atribuyen al menos 55 víctimas, donde se presentaron cinco hechos de violencia, con la utilización de armas de fuego y artefactos explosivos.
Durante el operativo se incautaron 2 granadas de color azul, un elemento explosivo improvisado tipo ‘tatuco’, 10 panfletos extorsivos, 150 gramos al parecer del explosivo C4, dos armas de fuego tipo revolver con 18 cartuchos y cinco teléfonos celulares con posible información criminal.
Luego de terminar un consejo de seguridad en el departamento del Cauca convocado por el Gobierno Nacional para analizar la situación de orden público en este territorio, el ministro de Defensa manifestó que existen muchas razones para sospechar que detrás del asesinato del alcalde de Guachené, están las disidencias lideradas por alias ‘Mordiscos’.
«Tenemos como altamente probable que la autoría de esta masacre en Canoas, Santander de Quilichao, fue obra del Estado Mayor Central, la estructura Dagoberto Ramos», aseguró.
El jefe de la cartera de Defensa confirmó la orden del presidente de la república, Gustavo Petro de reforzar la seguridad en el departamento del Cauca.
«Vamos a desatar una ofensiva de protección a la población civil», dijo el funcionario quien aseguró que va a incrementarse, la presencia de la fuerza pública, del Ejército, de la Policía y que los organismos de inteligencia estarán presentes en esta tarea.
Una emergencia se vivió en la ciudad de Cartagena el jueves 21 de diciembre, tras el estallido al interior de un bus de una botella que contenía ácido nítrico.
En el hecho once personas resultaron heridas y fueron trasladadas de inmediato Hospital Universitario del Caribe y la Clínica Cartagena del Mar.
Las víctimas sufrieron quemaduras en sus extremidades y rostros. Las autoridades investigan las razones por las cuales una botella con un químico de esta naturaleza se encontraba en el interior del bus.
La policía identificó y retuvo a la persona que abordó el vehículo con el ácido y abrió una investigación para determinar las circunstancias exactas que llevaron al derrame, además de establecer el por qué no transportaba esta sustancia con las normas para su traslado.
Los hechos tuvieron lugar, el pasado 6 de octubre del 2022, en el barrio Restrepo en la localidad de Antonio Nariño, en el momento que el patrullero asesinado cumplía las funciones de custodio de una persona privada de la libertad (alias ‘Sower’), que habría planeado una supuesta cita odontológica para fugarse.
Este individuo contaba con circular azul de Interpol, además según información compilada por los investigadores se encontraba evadiendo la justicia en el vecino país de Ecuador. Se pudo establecer, que este sujeto era líder de una organización delincuencial, dedicada al hurto de usuarios del sistema financiero, mediante la modalidad de ‘fleteo’. Evadía a las autoridades presentando documentos de identidad falsos.
El individuo presenta antecedentes por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego y falsedad en documento público; fue presentado ante la autoridad competente por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas.
