Más de 17.000 dólares fueron incautados por las autoridades, quienes les seguían la pista a los falsificadores.
Los hechos se presentaron en la calle 91 A con 18 F sur barrio Mochuelo Bajo de la localidad Ciudad Bolívar, cuando tres personas en un vehículo realizan acciones sospechosas, y por información de inteligencia se logra establecer que en este vehículo transportaban dinero falsificado.
Las autoridades al registrar el vehículo encuentran un paquete que contenía 100 billetes de 20 dólares, 100 billetes de 50 dólares y 100 billetes de 100 dólares, para un total de 17.000 dólares que al parecer seria traficado. Las personas de 26, 48 y 49 años quedan capturados por el delito de Falsificación de moneda nacional o extranjera, en donde su condena oscila entre los 8 a 15 años; y el delito de Tráfico de moneda falsificada, en donde condena oscila entre los 3 a 8 años.
Al parecer la madre presenta trastornos mentales y además, enfrenta diferentes problemas con su pareja sentimental. El caso, tiene consternada a la población en la ciudad de Barranquilla. Las autoridades de la capital del Atlántico rechazaron la actuación de Yohenis.
La niña presentó quemaduras de cuarto grado en forma de salpicaduras en sus hombros, brazo izquierdo, cuello, cara, tórax superior y región lumbar. Sin embargo, pese a que en los últimos días presentó mejorías, la primera capa de su dermis se vio comprometida por las quemaduras.
Un uniformado de la Policíafue asesinado en medio de una balacera en la localidad de Engativá en la madrugada del viernes.
El hecho se presentó en el momento en que un grupo de policías enfrentaron a un grupo de delincuentes que ingresaron a un casino del barrio Luis Carlos Galán de Engativá para atracar a los clientes. Producto de la balacera, uno de los uniformados fue impactado con un disparo.
«Nuestros uniformados llegaron al lugar tras una llamada que alertaba por un robo a un casino, allí fueron recibidos a disparos por los delincuentes, situación en medio de la cual fue asesinado uno de nuestros policías y en la reacción, el otro uniformado abatió a dos asaltantes», dijo el comandante de la Policía de Bogotá, general Carlos Triana.
Uno de los delincuentes quedó herido en el cruce de disparos y fue trasladado de inmediato a un centro de salud.
Un tercer delincuente escapó del sitio, al parecer por una puerta posterior del establecimiento de juegos de azar. A esta hora, las autoridades adelantan operativos de búsqueda de esta persona, mientras que, en el lugar de los hechos, fue encontrada un arma de fuego con la cual habría sido asesinado el policía.
A estos 18 capturados en flagrancia (14 venezolanos, 4 colombiano), se les incautó un total de 10 armas de fuego, 1 supresor de sonido (silenciador), 2 proveedores para pistola, 1 granada de fragmentación, 15 celulares (los cuales al parecer usaban para extorsionar a sus víctimas), 280.000 dosis de marihuana y 30 panfletos extorsivos alusivos a la estructura ‘Satanás’.
Dentro de los procedimientos se identificó que alias ‘Cristopher” sujeto encargado del cobro de extorsiones y disparos intimidatorios a víctimas, atemorizando a comerciantes de Kennedy; y alias ‘Chirey’ encargado de llevar panfletos a los establecimientos ubicados en este sector.
A esta estructura de multicrimen se le atribuyen 10 hechos en dónde utilizaron armas de fuego contra fachadas de negocios e integridad de las víctimas, por el cobro de altas sumas de dinero entre ellas cuotas mensuales de 10 millones, dependiendo su actividad económica que en algunos casos eran superior a los 30 millones de pesos mensuales. Alcanzaban un total mensual cerca de 400 millones de pesos.
Durante el último mes, las autoridades realizaron diferentes operativos, entre las que se cuenta las extinciones de dominio de 14 bienes inmuebles en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Mártires, Bosa, Chapinero y Suba.
Las personas capturadas contaban con antecedentes como porte ilegal y tráfico de armas, estupefacientes, hurto calificado y agravado y lesiones personales; y fueron judicializadas por los delitos de fabricación tráfico y porte de armas y estupefacientes en flagrancia y la imputación por los delitos de concierto para delinquir y extorsión.
🚨Así cayeron “Los Satanás II” una de las bandas más peligrosas que delinquía en Bogotá, dedicada principalmente a la extorsión.
Fueron 18 delincuentes capturados, entre ellos alias "Christopher” encargado del cobro de extorsiones y disparos intimidatorios a las víctimas. pic.twitter.com/HLzfxB9iFs
El Ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna, anunció este martes en los micrófonos de ‘Colombia Hoy Radio’ que se está adelantando un estudio sobre la posibilidad pasar la Policía Nacional a esa cartera, con el objetivo de que “sea el mejor aliado del ciudadano. Eso es lo que queremos y hacia allá van a ir las reformas”.
El funcionario señaló que están esperando las conclusiones de este análisis para después de Semana Santa; sin embargo, “parece ser que lo mejor sería trasladarla al Ministerio de Justicia, porque el Ministerio de Justicia define la política criminal del Estado, porque es el que articula las relaciones con el poder judicial”.
Explicó, a su vez, que se busca que los uniformados sean los grandes aliados del ciudadano, ya sea cuando se presente algún problema o en el momento en que se necesite garantizar la seguridad, pues son un instrumento para resolver problemas. Para esto, hay que avanzar en reformas de modernización de la institución.
Al respecto, el Ministro explicó que dicho estudio “arrojará las ideas de una Policía mucho más cercana a la ciudadanía; que el mejor amigo del peatón sea el Policía”.
Puntualizó que el estudio contempla también brindar herramientas en la formación de los policías como la de ser profesionales en resolución de conflictos y cuenten con habilidades suficientes para que, ejerciendo su autoridad, “la ciudadanía sepa que pueda confiar si tiene un problema de convivencia, si tiene un problema de un delito que ha sufrido”.
La Fiscalía de Perú ha abierto este lunes una investigación por la muerte de siete policías a manos del grupo guerrillero Sendero Luminoso perpetrada el pasado sábado en la provincia de La Convención, en la región de Cuzco, en el centro-sur del país.
Concretamente, la Fiscalía Penal Especializada en Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos, con sede en la ciudad de Pichari, ha empezado a investigar los hechos que rodean al caso, iniciando el levantamiento de los cadáveres y su traslado a una unidad médica para su necropsia, según ha informado la emisora RPP.
Los policías fueron emboscados cuando se trasladaban en un vehículo policial en el centro poblado de Natividad en el VRAEM (la designación utilizada por las fuerzas de seguridad peruanas para referirse al valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, zona en la que tiene presencia la guerrilla maoísta Sendero Luminoso).
Anteriormente, los suboficiales de la Policía Nacional de Perú recibieron honores respectivos de sus compañeros de cuerpo como mártires de su institución.
Entre los fallecidos, se encuentran cinco agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) –Alfredo Loayza Carbajal, Luis Alberto Cerrón Palacios, Wilder Eliseo Conozco, Iván Muñoz Fasabi y Sandro Lorenzo Villegas Corahua– y miembros de la comisaría del centro poblado de Natividad –Williams Edgar Quispe Anchay y Saul Luis Huarco Samaniego–, según la información recogida por la citada emisora.
Un informe de la Policía señala que los departamentos más afectados por el robo de ganado fueron Meta, Cesar, Sucre y Boyacá, en su orden respectivo.
La cifra fue dada a conocer mediante un diagnóstico presentado por el Brigadier General Tito Yesid Castellanos Tuay, jefe nacional del servicio de Policía, al presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGÁN, José Félix Lafaurie Rivera y simultáneamente a los representantes de los comités ganaderos de toda la geografía nacional.
En esta reunión se conoció asimismo que dicha institución incautó 94.611 semovientes (bovinos) durante el 2022 y que en lo corrido de 2023 ha decomisado 9400, es decir, un volumen que equivale al 10 por ciento de la cifra del 2022.
El oficial dio a conocer las cifras de incautación de carne movilizada de manera clandestina en carreteras y trochas. De acuerdo al informe entregado, en el último año se decomisó un total de 7033 kilogramos.
“Se han afectado economías criminales relacionadas con los delitos al sector ganaderos por más de $1100 millones”, aseguró.
Por su parte José Félix Lafaurie Rivera afirmó que “el multi crimen afecta a la actividad ganadera de manera preocupante e ininterrumpida ante lo cual es necesario fortalecer la relación y la cooperación entre todos los agentes que intervienen en las dinámicas del sector ganadero bovino del país con la Policía Nacional”.
Sostuvo Lafaurie que “debido a que el gobierno acabó el sistema de trazabilidad bovina en Colombia, esto ocasionó que entre los años 2016 y 2019 ingresaran 6 millones de bovinos producto del contrabando, operación que generó un lavado de activos que llegó a los USD 2400 millones. Es un tema que incluso estamos trabajando con la Contraloría”.
Durante las actividades del 9 de febrero del 2023 el “Comando Nocturno de Policía” incautó 495 armas cortopunzantes y 11 mil dosis de estupefacientes (Marihuana, Bazuco y Cocaína), y capturó a 102 personas. Pese a que los resultados son positivos, la administración de Claudia López debe continuar trabajando por la inseguridad que sigue siendo un dolor de cabeza para los bogotanos, quienes hoy se encuentran encerrados por el miedo. Quiero manifestar mi preocupación en los siguientes aspectos:
Actualmente, hay 15 organizaciones criminales operando en la ciudad, principalmente en Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, y buscan controlar corredores de economías ilegales como lo manifestó la defensoría del pueblo en las alertas tempranas emitidas en 2022. El resultado de estas luchas se ve en: casos de sicariato y en el hallazgo de 12 personas muertas con señales de tortura envueltos en bolsas, sabanas, colchones, o arrojados a caños.
Con respecto a enero de 2022, este año el homicidio aumentó 16,2%. En promedio se reportaron 2,8 casos al día. El 53,9% se cometieron con arma de fuego y el 33,7% con arma blanca. Bogotá se convirtió en la ciudad con más homicidios.
En la “Bogotá cuidadora” el 77,3% de las víctimas de delitos sexuales son mujeres. Tema clave en la agenda de seguridad y en el que no vemos resultados.
En el mes de enero se reportaron 8.597 hurtos a personas, con una media de 277,3 diarios. El medio más usado fue el arma blanca, seguido por el arma de fuego. Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy fueron las localidades más golpeadas
El hurto a celulares es otro tema de suma preocupación, 3.560 reportes. En promedio 114,8 celulares diarios. Las localidades de Kennedy, Suba, Engativá, Usaquén y Chapinero concentran el 48,3% de los casos.
Hubo 1.279 lesiones personales, la convivencia entre los ciudadanos tampoco es prioridad. Se debe analizar en conjunto con la Secretaría Distrital de Salud. La salud mental de los bogotanos ha empeorado, no se ve trabajo en los factores que detonan los enfrentamientos violentos.
En los hogares se vive un infierno, las principales víctimas de violencia intrafamiliar son las mujeres quienes representan el 59,8% de los casos. No hay articulación con la Secretaría Distrital de la Mujer para que haya una ruta de atención eficiente que no revictimice.
No son claras las estrategias para disminuir la sobreocupación que hay en los equipamientos de justicia. Según la Personería Distrital, con corte a enero de 2023, el hacinamiento es del 254% en las estaciones de Policía y URI de la capital. Las localidades más afectadas son Usaquén (870%), Kennedy (361%), Ciudad Bolívar (296%) y Bosa (542%).
Invito a que la alcaldesa Claudia Lópezy la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se sienten a analizar estrategias efectivas para combatir esta nueva ola de homicidios marcada por las guerras entre bandas criminales, el control de los hurtos y el uso de armas blancas y de fuego en estos, la convivencia fuera y al interior de los hogares y el hacinamiento en los equipamientos de seguridad y justicia.
Reitero mi propuesta de Ecosistema de seguridad, que tiene en cuenta la comunicación fluida entre los actores de la ciudad: el sector privado (empresas de celulares, empresas de seguridad privada, empresarios, tenderos, microempresarios), ciudadanía (grupos de moteros, grupos de conductores, grupos de ciclistas, líderes comunales, y ciudadanía en general), y el sector público. Cuando aumente el flujo de información, las autoridades tendrán la responsabilidad de encontrar tendencias delictivas, producir mapas de calor, usar la inteligencia artificial para reconocer rostros, placas y a los delincuentes en general.
Siete miembros de la Policía han muerto en una emboscada atribuida al grupo guerrillero Sendero Luminoso y perpetrada sobre las 9.45 horas de este sábado (15.45 hora peninsular española) en la localidad de Natividad, provincia de La Convención, en la región de Cusco, en el centro-sur de Perú.
«Lamentamos la pérdida de nuestros hermanos policías quienes han sido emboscados cuando se trasladaban en un vehículo policial en el centro poblado de Natividad en el VRAEM, donde siete efectivos han fallecido y un efectivo policial ha sobrevivido», ha informado la Policía peruana en un comunicado.
El VRAEM es la designación utilizada por las fuerzas de seguridad peruanas para referirse al valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, zona en la que tiene presencia la guerrilla maoísta Sendero Luminoso.
Entre los fallecidos, se encuentran cinco agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) –Alfredo Loayza Carbajal, Luis Alberto Cerrón Palacios, Wilder Eliseo Conozco, Iván Muñoz Fasabi y Sandro Lorenzo Villegas Corahua– y miembros de la comisaría del centro poblado de Natividad –Williams Edgar Quispe Anchay y Saul Luis Huarco Samaniego–, según la información recogida por la emisora RPP.
Agrega que con esta estrategia la Policía ha logrado incautar más de 8.000 mil armas para un total de 22.538 de armas de fuego tipo traumáticas y armas corto punzantes.
Así mismo, se han logrado la captura de 135 personas que estarían en las calles portando armas de fuego y se encuentran respondiendo por el delito de porte ilegal de armas de fuego ante la Fiscalía General de la Nación.
Con ello la reducción de delitos como lesiones personales con -731 casos, hurto a personas con -41 casos y hurto a celulares con -277 casos.
La policía invita a todos los ciudadanos hacer parte de esta estrategias con el fin de reducir las lesiones personales por comportamientos contrarios a la convivencia y aportar a la seguridad de la capital del país.
Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, mediante sus actividades operativas e investigativas, logran la captura de 3 hombre de 18, 20 y 21 años de edad, momentos en el que hurtaban partes de un vehículo NPR.
Los hechos se presentan en la calle 78 con carrera 55ª de la localidad de Barrios Unidos sobre las 4 de la mañana, cuando 3 hombres abordan un vehículo tipo camión y con herramientas mecánicas hurtan partes del mismo.
En medio del hurto, los sujetos son sorprendidos por la Policía quienes se encontraban en el sector realizando labores de vigilancia y control.
Esta banda al parecer se dedicaba al hurto de computadores, baterías y demás auto-partes de diferentes vehículos que se encuentran en vía pública de esta localidad, afectando la seguridad del sector.
En el mes de enero la policía ha logrado una reducción de -10% (-30 casos) de hurto a vehículos comparado con el año inmediatamente anterior.
Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, capturaron a un hombre que les ofreció dinero para evitar una sanción por agresión verbal a una mujer.
Bajo la estrategia Bogotá Ciudad púrpura, una de las patrullas de policías del modelo de vigilancia atiende de manera inmediata un caso de agresión verbal hacia una mujer en un establecimiento.
Los hechos se presentan cerca de la carrera 25 con calle 53 en donde las autoridades al llegar al lugar verifican el caso en donde un sujeto de 52 años de edad solicita el ingreso a un baño a lo cual le niegan la entrada.
De este modo el hombre se torna agresivo y con tono desafiante hacia la mujer intentando agremiarla físicamente y ella solicita la policía para proteger su integridad.
La policía al requerir al ciudadano agresor, lo notifica de una orden de comparendo, pero esté para no pagar la multa ofrece una suma de dinero al policía con el objetivo de no hacerse responsable de la sanción.
De este modo el patrullero de inmediato saca sus esposas y le lee los derechos del capturado por el delito de cohecho, y lo deja a disposición de la fiscalía general de la Nación para que responda por el soborno hacia la autoridad de Policía.
El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, denunció que el pasado 3 de febrero, 12 hombres fuertemente armados secuestraron e interrogaron a tres fiscales de la dirección seccional Antioquia y a una funcionaria de un juzgado de Tarazá (Antioquia), en la vía que conduce de Cáceres a Medellín a la altura de Valdivia y que además, durante el secuestro los pasaron por tres puestos de control del Ejército y la Policía Nacional, quienes no realizaron ninguna acción preventiva.
Barbosa anunció que el ente investigador citará a los uniformados de la Policía y el Ejército que estuvieron presentes durante el hecho para que expliquen lo sucedido.
El fiscal Barbosa dijo además que al parecer quien ordenó el secuestro de los funcionarios fue José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias ‘Gonzalito’, máximo cabecilla del ‘Clan del Golfo’ en este territorio, sobre quien pesa orden de captura con fines de extradición.
De acuerdo con una investigación de la fiscalía general de la Nación, el intendente Óscar Javier Vanegas y los patrulleros Walder Antonio Orjuela, Jairo Alexander Pineda, Cristhian Fernando Molina quienes estaban adscritos al CAI Caldas en la localidad de Kennedyde Bogotá, habrían permitido delitos como prostitución infantil, venta de estupefacientes y tráfico de armas en la localidad de Kennedy.
Labores de policía judicial, entre las que se destacan interceptación de comunicaciones, pusieron al descubierto a los uniformados del CAI quienes serían los encargados de cobrar las altas sumas de dinero que imponían los cabecillas de las organizaciones criminales y que eran cobradas en establecimientos públicos, bares y vendedores informales.
La investigación da cuenta omitían sus deberes frente al control a la venta de licor adulterado, permitían la prostitución infantil y exigían dinero a delincuentes implicados en hurtos; muchos de estos serían integrantes de organizaciones como el llamado Tren de Aragua.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Orjuela Morales y Molina Salas, quienes no se allanaron a los cargos imputados. Por su parte, Óscar Javier Vanegas, y Pineda López aceptaron su responsabilidad y fueron cobijados con detención domiciliaria.
Santiago Murillo era un joven de 19 años que el 1 de mayo de 2021 a las 8:45 pm, a menos de dos cuadras de su casa y en medio de las protestas, recibió un disparo en el pecho que le quitó la vida. Una víctima fatal que se suma a las cifras de las masivas violaciones a DDHH que se cometieron por la Policía Nacional y que han sido reconocidas por la CIDH, la ONU, e incluso por el Estado colombiano. El problema es que, como en la mayoría de los casos, no se ha garantizado la justicia y las víctimas se han quedado en cifras.
Cifras que desconocen el sufrimiento de las familias que se enfrentan a un sistema judicial ineficiente. Números que no reparan, que se sobreponen a la memoria de las víctimas y que excluyen a las familias que se enfrentan a la estigmatización y a un Estado que no las reconoce. Según un informe que revelamos el año pasado, la mayor parte de las violaciones que se registraron durante las protestas siguen impunes. Al menos en un 61,1% de los casos que reporta la Fiscalía General de la Nación no se han identificado los presuntos responsables[1].
Aunque el proceso se encuentra en etapa de juicio y está identificado el presunto responsable, el Mayor de la Policía Jorge Mario Molano Bedoya, desde septiembre de 2021, los padres de Santiago están esperando que se realice la audiencia de juicio. Sin embargo, las maniobras dilatorias para suspenderla han sido tantas y la ineficiencia de sistema judicial colombiano es tan mayúscula, que el pasado 31 de enero el Mayor Molano quedó en libertad por vencimiento de términos. En este caso hay doble penalidad, por el asesinato de Santiago y porque fue cometido por un policía cuya función es cuidar la vida y no eliminarla.
La CIDH, en su informe de verificación de cumplimiento a las recomendaciones que hizo con ocasión a las protestas del 2021, le sigue haciendo el llamado al Estado colombiano para que refuerce las acciones de investigación de carácter disciplinario y penal. A la fecha, el Estado no ha implementado ninguna medida de cumplimiento dirigida a reparar a las víctimas y familiares.
Detrás de estas cifras hay madres, como la de Santiago, que luchan incansablemente porque se garantice la justicia y no las vamos a dejar solas. Exigimos justicia por Santiago y por su familia, no podemos permitir que la impunidad nos venza. No podemos aceptar que mientras la Fiscalía muestra avances en la investigación de agresiones hacia miembros de la Policía, en las investigaciones de hechos en los que civiles fueron asesinados durante el Paro Nacional lo común sea la impunidad.
Diego Cancino
Concejal de Bogotá
[1] Diego Cancino (2022), Informe “Resistir a la Impunidad”.
