En medio de la situación de violencia y delincuencia que se registra en el país, persiste, en algunos funcionarios del gobierno, la idea de sacar la Policía del Ministerio de Defensa, situación que, de cierta manera, ha afectado la operatividad regular de esta institución en materia de seguridad.
Cabe anotar que hasta el momento solo se conoce el documento “Traslado ministerial de la Policía Nacional” elaborado a comienzos de este año por el Departamento Nacional de Planeación, el cual toca unos interesantes puntos que hay que tener en cuenta a la hora de pretender sacar a la Policía del Ministerio de Defensa.
Mantiene las tres propuestas que se han hecho en torno a este tema, crear un nuevo ministerio o trasladarla al Ministerio del Interior o al de Justicia. De acuerdo con el documento, es claro que esto no es un mero trasteo de la Policía. En todos los casos supone reformas administrativas de dos o tres sectores de gobierno.
Es decir, en principio hay que reformar el sector Defensa para definir funciones claras en materia de seguridad pública entre las Fuerzas Militares y la Policía, que hoy se comparten en materia de seguridad y orden público. Si la idea es crear un nuevo ministerio, los retos son grandes, ya que se requerirían recursos significativos para su estructura administrativa, en medio de las limitaciones fiscales que hoy afronta el Plan de Desarrollo y las distintas reformas que está promoviendo el Gobierno Nacional en el Congreso de la República, donde parece no existe el consenso necesario para crear un nuevo ministerio.
Si la idea es trasladarla al Ministerio del Interior o al de Justicia, habría que reformar los respectivos sectores de Defensa, Justicia y/o Interior. Esto supone reformas profundas, donde deben participar, además de los ministerios mencionados, el de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública con estudios importantes sobre carga fiscal de las reformas, lógicas presupuestales, reformas administrativas de los sectores comprometidos y políticas y lineamientos sobre estructura del Estado. Como se ve, esta propuesta no es un mero trasteo de la Policía a otra dependencia. Hasta ahora Función Pública no ha sido consultada sobre estas posibles reformas.
Dada esta complejidad de esta reforma, en los últimos meses el Gobierno Nacional estudio la posibilidad de trasladarla al Ministerio de Justicia. De avanzar en esta línea, se estaría ubicando la Policía en uno de los ministerios más débiles: desapareció en 2003 como ministerio y fue convertido en viceministerio del Ministerio del Interior. En 2011 fue revivido como ministerio y aunque ha avanzado en su organización todavía presenta grandes falencias, como el desgobierno que existe en el Sistema Carcelario y Penitenciario, donde el INPEC y la USPEC son ruedas sueltas con grandes problemas de corrupción e ineficiencia, sin que los distintos ministros hayan podido gobernar estas instituciones. Si se insiste en trasladarla a este Ministerio hay que hacerle reformas profundas para que no solo gobierne el sistema carcelario, sino para que tenga la capacidad de gobernar la Policía y atender los distintos problemas que hoy tiene esta institución y en general la seguridad de los ciudadanos.
Tampoco parece que el Ministerio del Interior sea la mejor opción para trasladar a la Policía, porque podría quedar expuesta a intereses de los partidos que gobiernen. Más bien se propone trasladar de este Ministerio, hacia donde quede la Policía, el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y otras actividades de seguridad ciudadana que en la actualidad ejecuta.
Como se puede ver, este no es un simple trasteo de la Policía. Se está ante una reforma estatal compleja que involucra distintos sectores de gobierno y que pueden afectar de manera grave la gobernanza de la seguridad y la justicia, en la medida en que las instituciones intervenidas, generalmente, entran en un estado de parálisis e incertidumbre.
Si se hace con la urgencia que se han presentado otras reformas, seguramente los resultados serán desastrosos para la institución y para la seguridad de los ciudadanos, y si se hace como se debe el proceso será largo o seguramente se puede llegar a la conclusión que es mejor reformar solo el Ministerio de Defensa y convertirlo en el Ministerio de Seguridad Ciudadana y Defensa, desde donde también se puede avanzar hacia una Policía más civilista.
Mientras se toman decisiones al respecto, se puede asegurar que la “barrida masiva” del alto mando de la Policía a comienzos de este Gobierno, la posible reforma de la institución y la falta de ordenes claras respecto a como asumir los graves problemas de seguridad en algunos territorios y ciudades, esta afectando la seguridad de los ciudadanos y del Estado.
Hugo Acero
