Uniformados de la Policía capturaron a alias ‘Maluma’, un joven de 19 años de edad integrante de la subestructura armada Román Velásquez Valle, que hace parte del Clan del Golfo.
Contra alias ‘Maluma’ existen por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación de estupefacientes.
De acuerdo con el comandante de la Policía de Antioquia, el joven fue dejado a disposición de la Fiscalía 27 Especializada Contra el Crimen Organizado en Medellín.
La Alcaldesa de Bogotá, Claudia López y el Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Aníbal Fernández de Soto, entregaron el nuevo Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, cuya inversión fue de $175.000 millones y que integrará, a todas sus especialidades: SIJIN, SIPOL, GAULA, Grupo de Prevención y Comando Operativo de Control y Reacción – COCOR para fortalecer su operación por la seguridad y convivencia en la ciudad.
“Hoy ponemos al servicio el mejor comando de policía de toda Colombia. Solo en este edificio hemos invertido 175.000 de pesos de los impuestos de los bogotanos, y en estos tres años hemos invertido 950.000 millones de pesos para la seguridad de los bogotanos”, indicó la alcaldesa Claudia López.
Durante la entrega oficial del nuevo Comando, detalló que es uno de los más modernos del continente y que fue hecho en Bogotá con arquitectura y diseño colombianos. “Los órganos de control nos acompañaron todo el tiempo para que este Comando de la Policía Metropolitana se terminara, e igualmente el Concejo de la Ciudad”, comentó.
La mandataria distrital manifestó que “esta es una inversión en seguridad para todos y para mejorar la prevención y reducción de violencia contra las mujeres, y en la prevención y reducción de violencia en el transporte público”.
Esta obra fue contratada en el año 2010 durante la administración de Samuel Moreno, quien la adjudicó a la firma, Sociedad Castell Camel SAS, que contó con reiteradas suspensiones, convirtiéndola en uno de los elefantes blancos que dejó el Carrusel de la Contratación en ese período.
En la segunda alcaldía de Enrique Peñalosa se declara el incumplimiento por parte del contratista y se abre una nueva licitación el 14 de noviembre de 2018 y se adjudicó el 12 de diciembre con un presupuesto de $127 mil millones al Consorcio de Seguridad Urbana Distrito Capital que está conformado por Edificadora Urbe S.A.S., Constructora Amco LTDA, Constructora Conacero S.A.S. y AMR Construcciones S.A.
Gracias a una llamada de un ciudadano que se movilizaban en un bus de servicio público fue posible la desarticulación de una banda delincuencial dedicada al hurto de celulares.
La organización delictiva estaba conformada por cuatro mujeres entre ellas una mujer de la tercera edad y un hombre. Todos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Los uniformados de la Policía recuperaron los celulares que hurtados minutos antes.
Otra captura se dio en el barrio El Triunfo en la localidad de Bosa. Los policías procedieron a requisar a este sujeto encontrándole un tubo metálico y unos cartuchos para escopeta. Este artefacto estaba acondicionado para funcionar como arma de fuego tipo artesanal.
Un último hecho se presentó en la localidad de Chapinero sobre la Carrera 11 a la altura de la calle 93, donde se logra la captura en flagrancia de dos sujetos sorprendidos en medio de un hurto a tres ciudadanos.
Los delincuentes tenían en su poder un arma de fuego tipo pistola. Estos sujetos dispararon contra los uniformados y emprenden la huida en una motocicleta, los cuales son alcanzado e interceptados unas cuadras más adelantes logrando su captura y recuperando de los elementos hurtados, estos sujetos fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales.
Ramón Eliecer Marín Dussán, María Cristina Amaya Botero y Emma Socorro Pabón fueron judicializados por ser los presuntos articuladores principales de la organización delincuencial ‘Los Químicos’, que estarían involucrados en la falsificación de whisky, ron, vodka y aguardiente.
Estas personas serían las responsables de elaborar sellos, etiquetas, cajas, empaques y otros elementos necesarios para darle la apariencia de autenticidad a los licores, los cuales eran preparados mediante la mezcla indiscriminada de diferentes sustancias. Posteriormente, comercializaban las bebidas en establecimientos de comercio y en actos públicos, o las enviaban a otras ciudades del país.
Varias botellas e insumos fueron incautados en diligencias realizadas por investigadores del CTI de la Fiscalía en la localidad de Puente Aranda, en el centro-occidente de Bogotá; y en las comunas 8, 10 y 16, y en un centro comercial de Barranquilla (Atlántico). De acuerdo con los elementos de prueba y la abundante evidencia técnica recopilada, esta actividad ilegal se ejercía desde marzo de 2021.
Un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a ‘Los Químicos’ los delitos de concierto para delinquir; corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos obtentores de variedades vegetales; e imitación o simulación de alimentos de alimentos, productos o sustancias. Los cargos no fueron aceptados.
Por disposición del juez de control de garantías los dos hombres cumplirán medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que la mujer permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
El Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a una banda de sujetos que se dedican al microtráfico en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá.
En la operación se logró la captura y posterior judicialización de alias ‘Tapitas’, quien tenía en su poder capsulas de bazuco, con un peso de 300 gramos, y dinero en efectivo producto de la venta ilegal de esta sustancia psicoactiva.
Se destaca que el sujeto capturado al parecer es reconocido en el sector por la comercialización de estupefacientes y su captura se produce luego de recopilar pruebas fílmicas cerca al punto de venta y distribución. Con esta captura se logró mitigar la venta y consumo de estupefacientes en la jurisdicción del CAI Libertadores.
Una operación liderada por investigadores de la Policía Fiscal y Aduanera, permitió la desarticulación de una estructura criminal dedicada a la distribución a nivel nacional y trasnacional de cigarrillos de contrabando con destino a Ecuador y las principales ciudades de Colombia.
Durante las diligencias de allanamiento ejecutadas en el barrio Alfonso López y en el centro de la ciudad de Cali, se incautaron 44.200 cajetillas de cigarrillo y 720 litros de licor de marcas reconocidas, la mercancía estaría avaluada en más de $117 millones de pesos.
Los investigadores identificaron que la organización criminal denominada los “BRASS” era lidera por alias “La Señora” y alias el “Paisa” quienes venían comercializando cigarrillos y licor de contrabando desde el año 2020, fecha en la que se dio inicio a la investigación.
Durante la indagación, se pudo establecer que esta organización delincuencial, tenía como fachada una empresa de bordados en el corregimiento de Juanchito, la cual habrían acondicionado como centro de acopio para el contrabando.
De igual manera, se pudo determinar que alias “La Señora” y su hijo eran los encargados llevar el contrabando de cigarrillos y licor hasta el departamento de Nariño y posteriormente ser comercializado en el vecino país de Ecuador.
Así mismo, alias “El Paisa” coordinaba el ingreso del contrabando desde el departamento de Antioquia, hasta la ciudad de Cali donde era almacenada y comercializada.
Dentro de la investigación, se destaca la captura de alias “El Paisa” jefe de la estructura “BRASS”, a quien para el mes de agosto del año 2021 se le incautaron 943 mil cajetillas de cigarrillos almacenadas en 4 bodegas en un reconocido Parque Industrial ubicado en la Candelaria, Valle del Cauca; esta mercancía estaba avaluada en más de $3.664 millones de pesos.
En operativos recientes contra el uso indiscriminado y peligroso de la pólvora, uniformados de la Policía Metropolitana incautaron 12.326 unidades de material pirotécnico avaluado en quince millones de pesos $15.000.000 y con un peso aproximado de 600 kilogramos, mediante labores de supervisión en las bodegas de la zona comercial de la jurisdicción del CAI San Victorino, en la Carrera 12A # 10-42 del barrio Santa Inés.
La incautación de estos elementos se produjo cuando unidades policiales encontraron al señor ‘NOE’ comercializando de manera ilegal pólvora a las en el centro de la ciudad. Al presunto implicado le aplican orden de comparendo bajo la ley 1801 art. 30 numeral 1, relacionada con la incautación de material pirotécnico.
La pólvora se dejó a disposición de los bomberos para su posterior destrucción.
Con este operativo logramos evitar que los ciudadanos fueran quemados o que se presentaran lesiones personales a terceros, además de fortalecer la seguridad ciudadana y la sana convivencia. De hecho, los voladores, totes, mechas, chispita mariposas, así parezcan inofensivos; representan un riesgo alto para que niños, niñas y adolescentes sufran graves quemaduras, teniendo en cuenta que, durante la temporada de fin de año, la manipulación ilegal de
pólvora es una de las causas de mayor accidentalidad en la capital del país.
En efecto, resultado de los operativos de vigilancia y control adelantados por la Policía Metropolitana en la lucha por evitar la venta y uso de pólvora, durante las últimas horas, fueron incautadas 636 unidades de estos elementos
repartidos en cajas dentro de un vehículo que transitaba por la localidad de Ciudad Bolívar.
Para evitar muertes y lesiones a causa de la manipulación de pólvora, 2.150 uniformados vigilan zonas de alta afluencia en la ciudad, como centros comerciales, zonas de rumba y entretenimiento, y eventos públicos de carácter
masivo; además de realizar reacciones motorizadas con el ‘escuadrón anti riñas y antipólvora’ en puntos priorizados de la ciudad con el propósito de hacerle frente a los accidentes que provoca el uso irresponsable de artefactos
explosivos y la conducta violenta de algunos ciudadanos.
Estas son algunas recomendaciones a la ciudadanía
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Foto: Policía Nacional
Cuando se trata la inseguridad ciudadana, inmediatamente se enumeran las problemáticas y los distintos grupos criminales que ejercen violencia y delincuencia, se identifican escenarios locales y territoriales donde con mayor frecuencia ocurren los hechos y las autoridades de seguridad y justicia proponen alternativas para enfrentar esos problemas y reducir los delitos.
Sin embargo, existen otros problemas que no permiten al Estado colombiano dar respuesta adecuada para garantizar la seguridad de los ciudadanos y no son propiamente los delincuentes, ni sus actos violentos, es la baja confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones de seguridad y justicia, la descoordinación de esas instituciones, la ausencia de liderazgo presidencial y la falta de recursos para fortalecer las instituciones para enfrentar las organizaciones criminales, que sí tienen recursos, en muchos casos trabajan coordinados y gozan de cierto reconocimiento territorial y comunitario sustentado en acciones de intimidación violenta y terror.
Los ciudadanos sienten, cada vez más, que la inseguridad está empeorando, sin que las autoridades responsables del tema le pongan la atención debida a este indicador que no ha dejado de desmejorar.
De acuerdo con la última encuesta de Invamer del mes de octubre, solo el 7% de los ciudadanos consideró que la seguridad estaba mejorando. Esta situación comenzó a deteriorarse desde septiembre de 2010, en el último gobierno del presidente Álvaro Uribe, cuando se pasó de un promedio de 39% de los ciudadanos que consideraban que la seguridad estaba mejorando, a 17% durante los dos gobiernos del presidente Juan Manuel Santos y al 9% promedio, durante el gobierno del Presidente Iván Duque, como se puede ver en la siguiente gráfica:
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Esta percepción ciudadana de deterioro de la seguridad no es homogénea en las ciudades más importantes del país, de acuerdo con la Encuesta Pulso País del DANE de agosto de este año, Cartagena, Riohacha, Quibdó, Neiva, Valledupar, Barranquilla AM, Sincelejo, Bogotá, Ibagué, Villavicencio, Bucaramanga AM, Popayán y Pasto se ubican entre las ciudades donde más del 50% de los ciudadanos se sienten inseguros día y noche, como se puede ver en el siguiente cuadro:
grafica by Confidencial Colombia on Scribd
A esta sensación de inseguridad creciente, se agrega el deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y justicia. Hoy la confianza ciudadana ha caído a los niveles más bajos de los últimos 20 años, de acuerdo con los resultados de la encuesta de Invamer Poll de octubre de 2022, siendo el año 2010 cuando se registraron los resultados más favorables:
Como se puede ver, las instituciones de seguridad y justicia han tenido un notable deterioro en su credibilidad y esto tiene una relación directa con la percepción de inseguridad del país por la falta de protección que sienten los ciudadanos.
Temor y desconfianza ciudadana que afectan de manera grave la gobernanza de la seguridad, que debe estar mediada por la colaboración y trabajo coordinado entre las instituciones del Estado y entre estas y la ciudadanía en general. Como bien lo plantea un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, Confianza, La clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe[1] “la confianza favorece la colaboración en tareas complejas dentro de los organismos públicos. Los funcionarios deben trabajar junto con sus colegas, los ciudadanos y los funcionarios públicos de otros organismos, para implementar los programas de gobierno”. “Cuando la confianza está ausente de estas interacciones, la sociedad y todos sus miembros sufren; la política es inestable, la calidad de las políticas públicas se deteriora, el crecimiento económico se desacelera, y la equidad social y el bienestar individual disminuyen”.
En materia de seguridad, la desconfianza en las instituciones en Colombia ha generado graves problemas, como la “justicia por mano propia, la seguridad paraestatal, el no pago de contribuciones e impuestos para fortalecer los servicios de seguridad y justicia y el aumento de la corrupción como una forma de relación de los ciudadanos con las instituciones.
2. Liderazgo y descoordinación interinstitucional.
n materia de gestión de la seguridad, a los últimos gobiernos les ha faltado el liderazgo requerido del presidente, así como la participación activa de los alcaldes y gobernadores, Hoy los consejos de seguridad nacionales y locales no se realizan de manera periódica, dejaron de ser escenarios de prevención, planeación y coordinación de las instituciones de seguridad y justicia; se reúnen de manera reactiva, después de ocurridos los hechos, cuando ya hay muy poco que hacer. Esto afecta de manera grave la seguridad de los ciudadanos en los territorios.
La relación de alcaldes y gobernadores, gobierno nacional y demás instituciones de seguridad y justicia, se realiza a través de las redes y en muchos casos no se da en los mejores términos, ni con ánimo de coordinar acciones para reducir los hechos de violencia y delincuencia. Las redes se están convirtiendo en la forma riesgosa de gobernar este tema delicado que requiere prudencia y en algunos casos reserva. Hoy, con cada tuit, más emotivo que racional, se hace más difícil la gestión y el trabajo en equipo.
La coordinación con las instituciones de seguridad y justicia es limitada, cuando no inexistente. Hay que anotar que, en materia de seguridad ciudadana, de manera directa, intervienen las siguientes instituciones, que desde la Presidencia pueden y deben ser coordinadas, los ministerios Defensa, Justicia, Interior, el Departamento Nacional de Planeación, el ICBF, Migración Colombia, la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF- del Ministerio de Hacienda y los alcaldes (1103) y gobernadores (32) que tienen obligaciones constitucionales y legales en seguridad y convivencia ciudadana.
Se puede asegurar que las acciones estatales de seguridad y de justicia hoy se ejecutan sin mayor coordinación interinstitucional, afectando tareas que no deberían separarse en el diseño, ejecución y seguimiento de la política integral de seguridad, como es el caso de la prevención (incluye la atención de los riesgos y de las distintas poblaciones vulnerables, el cambio de comportamientos ciudadanos), la vigilancia, la disuasión, la detección de conductas delincuenciales y contrarias a la convivencia, la persecución, la detención, el juzgamiento, la sanción de los infractores y la resocialización.
3. Falta de recursos para ejecutar las políticas de seguridad y convivencia a nivel municipal.
Se puede asegurar que más del 90% de los municipios en Colombia no cuentan con recursos para financiar sus políticas de seguridad y convivencia ciudadana, lo que imposibilita, en gran medida, las soluciones de los problemas que en estas materias tienen. No se cuenta con recursos suficientes para apoyar y fortalecer la labor de la Policía, de la Fiscalía, los jueces, ni para desarrollar políticas locales de prevención, justicia cercana a los ciudadanos, a través de las inspecciones de policía, comisarías de familia y unidades de mediación, entre otros temas.
4. Qué hacer.
De la misma manera hay que trabajar con todos los alcaldes y gobernadores, quienes también deben asumir el liderazgo que les corresponde en materia de seguridad y convivencia y trabajar en equipo con todas las instituciones de seguridad y justicia a través de los Consejos
[1] Banco Interamericano de Desarrollo BID. 2022 https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Confianza-La-clave-de-la-cohesion-social-y-el-crecimiento-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
Uniformados de la Policía desarticularon la red delincuencial “Los Solís”; presuntamente, responsable de transportar cargamentos de marihuana y cocaína desde varios municipios del departamento del Cauca hacia Cundinamarca y Bogotá.
Mediante labores de investigación y diligencias de registro y allanamiento se pudo establecer que los estupefacientes eran adquiridos en los departamentos del suroccidente del país y trasladados a puntos de acopio para su dosificación, prensa y ocultamiento. Posteriormente la droga era transportada a Fusagasugá, Soacha, Sibaté (Cundinamarca); y posteriormente a la ciudad de Bogotá para abastecer las denominadas “ollas de vicio”.
Durante la investigación se constató que la red reclutaba personas parar adherirle al cuerpo las sustancias ilegales. También eran usados vehículos de transporte público para camuflar los envíos en maletas o compartimentos especialmente diseñados para burlar las autoridades viales.
“Los Solís” son presuntamente responsables de mover una tonelada de alucinógenos al mes, mediante alianzas con otras estructuras dedicadas al narcomenudeo. El ente acusador cuenta con información que evidencia cómo esta estructura ilegal camuflaba marihuana, cocaína y éxtasis en dulces o alimentos que eran
comercializados en entornos escolares induciendo al consumo a niños, niñas y adolescentes.
En el momento de la operación se produjeron las capturas por orden judicial, de: Harold Porras alias “Payaso” (presunto cabecilla de la organización, encargado de financiar la actividad ilícita y conseguir los estupefacientes), Michelle Valentina Muñoz, Willy Castaño Guiraldo, Y Yudith Edith Parada Galindo. Así mismo se produjo la captura en flagrancia de Johan Alexander Carrillo
En el curso de la investigación, a la red delincuencial le fueron incautados varios cargamentos de estupefacientes. Los presuntos implicados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento adelantadas en la localidad de Suba (Bogotá) donde se incautaron 163 millones de pesos en efectivo; 100 libras de marihuana, 368 gr. de clorhidrato de cocaína y drogas sintéticas (250 papeletas de LCD; 477 dosis de 2CB), tres armas de fuego (dos 02 armas de fuego tipo revólver cal. 38 mm; un 01 arma de fuego tipo pistola cal. 9 mm), municiones (41 cartuchos cal. 38 mm), dos celulares y elementos para dosificar la droga como 25 cajas de kenatol; 102 recipientes de marihuana masticable tipo wax; 227 gomas adulteradas con droga marca Trolli, entre otros elementos.
Los capturados y las incautaciones fueron dejados a disposición de la Fiscalía Local de Cundinamarca.
En una diligencia de registro y allanamiento adelantada a un inmueble de la localidad de Mártires, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, incautaron 620 botellas de licor que no contaba con los registros de ley y el que estaría listo para su distribución.
En el operativo se decomisaron 549 botellas de whisky de diferentes marcas; 13 botellas de tequila; 54 botellas de ron; 04 botellas de aguardiente.
Asimismo, fueron halladas cajas y estampillas que están siendo verificadas para comprobar su origen, todo este material decomisado y puesto a disposición de la autoridad competente estaría avaluado en 250 millones de pesos.
Aunque no se registraron capturas, la Policía y la Fiscalía seguirán con las investigaciones respectivas para dar con las personas que integran esta red criminal.
Entre el 24 de noviembre y el 7 de diciembre de 2022 se han presentado en la ciudad 16 muertes a causa de la intoxicación por el consumo de bebidas alcohólicas que se obtienen mediante destilación artesanal o preparaciones con alcohol industrial. En total, 28 personas se han intoxicado por el consumo de este tipo de bebidas, de las cuales 12 presentaron muestras de metanol en sus cuerpos.
En reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá en la noche del 7 de diciembre menciona que hubo un despliegue institucional con actividades de vigilancia y control ante los diferentes escenarios asociados a violencia en
diferentes localidades de la capital, especialmente en horario nocturno.
Se dispuso un servicio con más de 3.702 hombres y mujeres policías, con ubicación estratégica y respuesta inmediata ante los diferentes escenarios de atención y contó con un apoyo ordenado por la Dirección General de 202 uniformados de las diferentes especialidades, permitieron obtener los siguientes resultados:
Fallecieron 2 personas en hechos de violencia, los cuales fueron por riña y hurto. El 100% de los hechos se registraron en vía pública, en 2 localidades se registraron los homicidios cada una con un hecho (Mártires y Rafael Uribe).
Con relación a la seguridad vial, se presentaron 15 siniestros, dejando 12 personas lesionadas.
Fueron capturadas en flagrancia 4 personas. También, 178 kilos de pólvora incautada en las localidades de: La Candelaria (1 kilo); Kennedy, (13 kilos); Ciudad Bolívar (120 kilos); Usme (3 kilos); Chapinero (3 kilos); Suba (20 Kilos); Tunjuelito (18 kilos).
Se impusieron 803 comparendos en atención al incumpliendo de la ley 1801 de 2016, por las siguientes conductas:
-504 por incautación de armas corto-punzantes
– 144 por incautación de estupefacientes
– 103 por traslado por protección
– 17 por irrespeto a la autoridad de policía
– 15 por incautación de terminales móviles
– 12 por riñas
– 6 por incautación de armas letalidad reducida
– 2 por suspensión de la actividad económica
En materia de prevención se realizaron cerca de 105 actividades de sensibilización y cultura para el comportamiento ciudadano, impactando 6.000 personas aproximadas.
Durante el presente año, Bogotá registra reducción -13% en el homicidio en comparación con el año 2021, al pasar de 1.066 hechos a 927 homicidios en el 2022 (139 casos menos).
Así mismo se presenta una reducción del -1% en las lesiones personales en comparación con el año 2021, al pasar de 21.284 hechos a 21.232 homicidios en el 2022 (51 casos menos).
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Foto: cortesía.
Dos policías adscritos a la Comandancia de la localidad de Bosa fueron asesinados en medio de un hecho que es materia de investigación.
El crimen se habría presentado en medio de una balacera entre los uniformados y una banda delincuencial de la zona. De Acuerdo con las declaraciones del comandante de la Dirección Metropolitana de la Policía de Bogotá, Carlos Fernando Triana, los uniformados se encontraban atendiendo el llamado de un ciudadano en la localidad cuando fueron atacados por delicuentes que llegaron al lugar con armas de fuego disparándoles.
los dos uniformados que perdieron la vida fueron el subteniente Jose Alirio Sánchez Ojeda de 35 años y el patrullero Gustavo David Bohórquez Canchilla de 22 años.
La Policía ofreció una suma de 200 millones de pesos por la información que permita dar con la captura de los asesinos.
El pasado jueves primero de diciembre rendí cuentas sobre mis principales ejes de trabajo del año 2022: 1. nuestras denuncias sobre graves atajos en la ETB; 2. nuestro proceso de reforma popular a la policía; 3. nuestras denuncias de violencia policial, la construcción de un informe de impunidad en casos de violencia policial, la demanda de inconstitucionalidad que interpusimos contra los traslados por protección y; 4. la oposición que ejercimos al proyecto de región metropolitana por los graves riesgos de volteo de tierras que genera.
Sobre la defensa de los recursos públicos de la ciudadanía, demostramos que en el negocio de móviles 4G, que estructuró el ahora expresidente de ETB, Sergio González, la empresa y la ciudad perdieron como mínimo 612 mil millones de pesos. También denunciamos escandalosos contratos de asesorías que terminaron en miles de millones de pesos en pérdidas para ETB pero en generosos pagos a Delta Partners, que, por hacer un terrible trabajo, recibió 81 mil millones de pesos de los bogotanos en tres años. No sobra decir que González renunció sin darle a la ciudad una explicación y sin presentar el libro blanco de estos negocios.
En cuanto al proceso de reforma popular a la policía, tuvimos 25 espacios de diálogo con la ciudadanía, propiciando la discusión tanto desde los territorios como en espacios académicos, lo cual nos ha permitido compartir experiencias y visiones con más de 600 personas. Además, más de 300 personas de todo el país, nos han expresado que quieren sumarse a esta gran conversación que debe convertirse en un mandato ciudadano que, mediante una reforma profunda, siente las bases de una policía preparada para cuidar la vida, los derechos y la paz.
Durante este año también estuvimos acompañando diversos procesos de víctimas de violencia policial por indebida aplicación de los traslados por protección, violación a los DD.HH en jornadas de protesta, violencia basada en género y lesiones personales. En este proceso hemos trabajado de la mano de organizaciones defensoras de DD.HH que han asumido la representación jurídica de algunas de las víctimas y en el caso de las violaciones cometidas en el Portal de las Américas y las amenazas que reciben algunos jóvenes que participaron en las protestas, hemos denunciado los hechos ante las autoridades correspondientes.
En lo que se refiere a la defensa de una visión compartida de región, su estructura ecológica y su riqueza cultural, hemos puesto en conocimiento de la ciudadanía el peligro que el esquema previsto por el proyecto de Región Metropolitana representa. Es por eso que durante su trámite en el concejo, denuncié que esta iniciativa resulta útil para favorecer intereses particulares, particularmente aquellos asociados al uso del suelo, dando cuenta así de un alto riesgo de volteo de tierras.
Ahora bien, hay cifras que es imposible establecer: ¿Cuántos abrazos intercambiamos con las madres que perdieron a sus hijos por alzar la voz? ¿Cuántas lágrimas derramamos reconstruyendo sus relatos? ¿Cuánto miedo sintieron quienes denunciaron la crueldad de la fuerza pública y luego fueron perseguidos? ¿Cuán grande es su valentía para volver a luchar por todos y todas? ¿Cuántas veces nos vimos a los ojos y sonreímos entendiendo que nuestras ideas viven también en otros? ¿Cuántas veces perdimos la esperanza y nos la devolvió una sonrisa y un abrazo sincero?
Las historias detrás de estas preguntas son las que nos motivan a estar a la altura de la responsabilidad que tengo la oportunidad de ejercer. La fuerza de quienes luchan desde cada territorio por una vida digna y en paz es la que orienta nuestro quehacer político. Gracias a quienes han acompañado nuestra labor este año.
Con una sentida ceremonia en la Plaza de Bolívar, se realizó la ceremonia de graduación de 2.654 mujeres y hombres que ingresan a la Policía Nacional como nuevos patrulleros.
Estos nuevos uniformados fortalecerán el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en todo el país, con un énfasis especial para la ciudad de Bogotá, a donde llegaron 1.398 de ellos.
Así lo explicó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien destacó que cada vez son más los jóvenes que pretenden servir al país. “Patrulleros establezcan ustedes con todos los ciudadanos y ciudadanas, una relación de fraternidad que haga sentir a cada uno, a cada una, de los habitantes de Bogotá, que tenemos una protección cercana, cálida, entregada de su Policía Nacional”.
Estos 2.654 nuevos patrulleros, provenientes de distintas regiones del país, entre afrodescendientes, indígenas, mulatos, palenqueros, raizales y ROM, recibieron formación jurídica, humanística, así como el componente transversal en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, obteniendo el título académico de Técnico Profesional en Servicio de Policía.
La primera misión de estos uniformados será fortalecer el plan “En esta Navidad, mi familia es Colombia”, donde contribuirán a mejorar la convivencia y seguridad en esta época del año con los 160 mil policías que estarán desplegados en todo el territorio nacional.
Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de graduación fue cuando el ministro Iván Velásquez, hizo entrega de la bandera nacional a los padres de la subintendente Andry Vanesa Merlano, quien fue asesinada por el Clan del Golfo, cuando cumplía labores de patrullaje en Santa Fe de Antioquia. Precisamente, esta promoción de patrulleros lleva el nombre de la suboficial fallecida.
A su vez, el director general de la Policía Nacional, mayor general Henry Sanabria, pidió a los nuevos patrulleros trabajar incansablemente por la paz y no decepcionar a sus familias, ni a la Policía Nacional. “Amen profundamente el legado de sus antecesores, sean conscientes de ejecutar la ley, pero primero cumplirla».
Una de las 848 patrulleras graduadas hoy, es Karen Andrea Cárdenas, quien fue escogida como la mejor de esta promoción, resaltó que se vienen muchos retos en esta nueva etapa. «La policía es muy grande y llega uno como lienzo en blanco y lo que quiere es empezar a pintarse y obtener mucho conocimiento, siempre aprender lo bueno para dejar el nombre de la Policía en alto», expresó.
Otra de las graduadas, es la patrullera indígena, Vanesa Sarmiento, quien representa la comunidad Ticuna del Amazonas, asegura que ser policía ha sido uno de sus más grandes sueños “me siento muy feliz, muy contenta poder lograr mis sueños, cumplir una meta que desde muy niña me he propuesto”.
Por otro lado, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le agradeció al ministro de Defensa por la destinación de los patrulleros y manifestó que era algo que estaba esperando la capital hace mucho tiempo. “Yo quiero decir con toda claridad que le agradezco profundamente al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por este esfuerzo para Bogotá. Es un esfuerzo muy grande con su ciudad capital, cuando muchos otros territorios también necesitan de este refuerzo, es un esfuerzo notable y lo agradecemos profundamente”.
Además, dijo que de los 1.398 uniformados que hoy fueron entregados a la Policía Metropolitana de Bogotá, 1.000 estarán destinados a reforzar la seguridad en los paraderos y estaciones de Transmilenio por donde circulan los ciudadanos.
Entre sonrisas, abrazos, lágrimas y sentimientos encontrados de sus familiares que entregan sus hijos a la Patria, finalizó la ceremonia de los nuevos patrulleros que enfrentarán con valentía los riesgos para garantizar la seguridad de los colombianos.
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Foto: Alcaldía de Bogotá
Luego de conocer la denuncia realizada por el cantante Juan Luis Guerra, mediante su cuenta oficial de Twiitter, la Policía Nacional de Colombia desplegó todas sus capacidades de inteligencia e investigación para recuperar una maleta con los elementos tecnológicos de uno de sus colaboradores.
El artista denunció a través de su cuenta de Twitter el robo de uno de equipajes donde se encontraban equipos necesarios para sus presentaciones en tarima.
Gracias a la información que ha suministrado la comunidad, se obtienen las pistas con las cuales se logra recuperar parte de los elementos y se continúa la línea investigativa para ubicar a los responsables del hurto.
El trabajo se viene articulando con las autoridades de control aeroportuario, revisando cámaras de seguridad, entrevistas y línea de tiempo desde el momento en que ocurrieron los hechos.
Los elementos recuperados hasta el momento son:
-MacBook Pro M1 Max 16’
-Ipad Pro 12’