El 9 de septiembre se cumplieron dos años de la masacre de catorce jóvenes perpetrada por integrantes de la Policía Nacional en Bogotá y Soacha. El Informe para el esclarecimiento de los hechos, emitido en diciembre de 2021 y cuya producción fue apoyada por las Naciones Unidas, afirma que los policías cometieron una masacre en la que resultaron asesinadas catorce personas, entre ellas Javier Ordoñez, y que muchas otras fueron heridas, violentadas o agredidas. Sin embargo, el Informe no sustituye un proceso judicial integral ni satisface plenamente los derechos de las víctimas y sus familiares.
A raíz del aniversario, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, realizó ese día un acto en homenaje a las víctimas de los hechos en la plaza de Bolívar. Se marcó una clara diferencia con actos parecidos en el pasado, la acompañaron el presidente de la República Gustavo Petro, a través de su ministro de Defensa Iván Velásquez, e integrantes de la Policía Nacional. Así estuvieron presentes para escuchar las solicitudes de las víctimas y sus familiares que buscan que los hechos no sean olvidados, no queden en la impunidad y no se repitan. A continuación, las solicitudes que son integrales, detalladas, y merecen ser plenamente conocidas.
Al Gobierno Nacional, Ministerios de Justicia y Defensa y a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que se instale una Comisión institucional para el esclarecimiento de los hechos del 9 de septiembre de 2020 en la que los abogados y las familias puedan hacerse partícipes, e instalar una Mesa Nacional para reformar la Policía Nacional integrada por Ministerios del Interior, Defensa, Policía Nacional, organizaciones de la sociedad civil y familiares de las víctimas.
A la Fiscalía General de la Nación, primero, crear una Unidad especializada de Derechos Humanos cuya única labor sea el esclarecimiento de las graves violaciones cometidas por la fuerza pública en el marco de las manifestaciones, teniendo en cuenta lo que las Altas Cortes han identificado como violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos las ocurridas en la protesta civil. Segundo, que se instale una Mesa de seguimiento de Alto Nivel en que participen todos los interesados -el fiscal general de la Nación, la dirección de fiscalías especializada en derechos humanos, los fiscales de conocimiento de los casos, el delegado de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia, los abogados representantes de las víctimas, un delegado del Ministerio de Justicia-, para que se reúnan periódicamente a efectos de asegurar el seguimiento de los casos y que se den resultados concretos que satisfagan los derechos de las víctimas. Tercero, que se revisen las metodologías que han orientado las investigaciones en estos casos de forma aislada y abrir un macro-caso de violencia policial en Bogotá durante el 9 y 10 de septiembre de 2020, en el marco dentro del cual se puedan identificar patrones criminales, políticas institucionales y los responsables de alto nivel.
Al Congreso de la República, que se tramite una ley estatutaria que desarrolle el derecho a la protesta social, punto 2 del acuerdo de paz de 2016, de acuerdo con la sentencia 7641 del 22 de septiembre de 2020 de la Corte Suprema de Justicia, relacionada con el ejercicio de los derechos fundamentales a la expresión, reunión, protesta pacífica y una mesa de trabajo para reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza a manifestaciones pacíficas y, además que esté de acuerdo los estándares internacionales.
Al Ministerio de Defensa Nacional, primero, como garantía de No repetición, que se depure la Policía Nacional, retirando a los policías y agentes que tuvieron una participación directa e indirecta en la protesta. Segundo, como medida de dignificación de las víctimas, que el ministro de Defensa y que el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, reconozcan su responsabilidad en la masacre policial en la que resultaron catorce jóvenes asesinados y cientos de heridos. Tercero, que el ministro de Defensa imparta instrucciones claras y concisas en la orden de prohibición del uso de armas de fuego en las protestas sociales. Cuarto, que el ministro de Defensa haga un llamado público a todos los policiales que en la noche del 9 de septiembre hicieron uso de su arma de dotación oficial, dispararon a los manifestantes y se quitaron su identificación para que se presenten a la fiscalía general de la Nación para contribuir a la verdad y esclarecimiento de los hechos. Quinto, que la oficina jurídica del Ministerio de Defensa ponga fórmulas conciliatorias en los procesos de reparación directa que los familiares adelantan ante la justicia contencioso-administrativa para que no haya que esperar 20 años para la reparación material. Sexto, que el ministro de Defensa se retracte de lo dicho por su antecesor con relación a los hijos, hermanos y esposos, quien los calificó como vándalos, y, por el contrario, dignifique y honre el nombre de sus familiares.
A la alcaldesa de Bogotá, como medida de No repetición, primero, que en su calidad de máxima autoridad de la policía se comprometa a no permitir que la policía de vigilancia acompañe protestas y manifestaciones sociales. Segundo, que se comprometa a no condecorar a policías que hayan participado en graves violaciones a los DDHH que estén relacionadas con la protesta social. Tercero, que rinda declaración sobre los hechos del 9 de septiembre de 2020 a efectos de esclarecer lo sucedido esa noche, y que la secretaría jurídica de la Alcaldía proponga fórmulas conciliatorias y acepte participar en los procesos de reparación directa.
A la Alta Comisionada de para los Derechos Humanos en Colombia, le pide elaborar un Informe que explique los patrones y la violencia causada por la policía y que acompañe las acciones que se dirijan para el seguimiento de casos.
Finalmente, se pide adoptar las recomendaciones y observaciones efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita de trabajo a Colombia en junio de 2021, implementar las recomendaciones del informe Final de la Comisión de Esclarecimiento y Verdad, y acoger las recomendaciones del informe independiente para el esclarecimiento de los hechos liderado por el exdefensor del Pueblo Carlos Negret bajo el auspicio de la ONU.
Como es evidente en estas solicitudes, los familiares aprovecharon el homenaje a sus seres queridos para dejar claro que no descansarán hasta que todas las autoridades relevantes cumplan plenamente con sus funciones, empezando con garantizar la investigación de la masacre del 9 y 10 de septiembre de 2020. Continuarán su lucha hasta se determine ¿quién fue el policía que disparó contra las víctimas?, ¿quién dio la orden? y también hasta que se hagan los cambios necesarios para que nadie más tenga que pasar por lo que ellos han vivido.
Efectivamente, si se implementaran todas las peticiones de los familiares de las víctimas de la masacre de 9 de septiembre de 2020, incluyendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana, Naciones Unidas y la Comisión de la Verdad, sería un avance enormemente significativo hacia hacer cesar la violencia estatal y sus prácticas de control ciudadano del enemigo interno. Me uno al llamado de los familiares de las víctimas para que las autoridades les garanticen sus derechos en búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de No repetición, sin ser obstaculizadas por amenazas, hostigamientos y estigmatizaciones, en beneficio de todas y todos las y los colombianos.
