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Etiqueta: pot

Alcaldía de Galán enfrentó su primer debate en el Concejo por cuenta de la ALO Norte

La administración de Carlos Fernando Galán enfrentó su primer debate en el Concejo de Bogotá, por cuenta de los predios de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), en la parte norte de la capital del país, en donde la Alcaldía de Claudia López, dejó contratado un proyecto para construir la Ciudadela Educativa de Suba.

En el debate citado por la concejal del Centro Democrático, Sandra Forero, quedó claro que la cabildante no se opone a la construcción de la Ciudadela Educativa y del Cuidado de Suba, pero sí fue enfática en dejar claro que esta no debe hacerse en los predios de la ALO Norte y dijo que “la administración debe buscar los predios para una nueva ubicación del proyecto”. Seguidamente, solicitó la terminación definitiva del contrato de Renobo teniendo en cuenta los vicios y violación de los principios rectores de la contratación estatal como es el de planeación en la celebración de este contrato.

 

Así mismo, Forero Ramírez hizo un llamado urgente al Alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para abrir la posibilidad de revisar el POT, “con el objetivo de corregir este y tantos otros problemas que dejó Claudia López. Un POT que contaba con observaciones en más de 300 artículos y fue impuesto de forma arbitraria a la ciudad”.

Por su parte, el concejal Daniel Briceño, aseguró que interrumpir la ALO en su tramo norte, es dejarla a media.

La concejal del Partido Liberal, Clara Lucía Sandoval, se unió al debate exponiendo que con el debate se busca una visión de desarrollo sostenible para el occidente de Bogotá, «no hacer la ALO equivale exponer a Suba en más trancones y a mayor contaminación».

El debate tendrá continuidad el próximo viernes 9 de febrero.

Un POT de papel

Por: Sandra Forero Ramírez

Arquitecta y urbanista

 

Desde la joven concepción de planificación territorial que tiene nuestro país, se ha venido discutiendo la importancia de los Planes de Ordenamiento Territorial para el desarrollo social, económico y ambiental de nuestras ciudades. Los POT son la base de la transformación física del territorio y quizás uno de los mayores instrumentos para la generación de bienestar de la población y la construcción de una visión conjunta, armónica y clara de nuestras urbes. No obstante, como todos los planes, el mejor Plan de Ordenamiento Territorial es el que se logra ejecutar y el que, en mayor medida, logra recoger la suma de realidades físicas, económicas y sociales, y los plasma en objetivos que se puedan llevar de manera tangible al territorio.

Desde la administración pública, sacar adelante un POT no es una tarea fácil. La divergencia de intereses y visiones se sobreponen en la necesidad de contar con un ámbito regulatorio que genere certeza jurídica para las inversiones públicas y privadas, y en el que exista una continua y legítima conversación con todos los actores para que eso que se planea sea una hoja de ruta clara y una guía de ciudad. Pero lo que no puede pasar es que un POT se convierta en el logro tecnocrático de un grupo de “gurúes” que por imposición ideológica, académica o política suponen verdades que la tinta y el papel validan sin ninguna legitimidad y sin efectos en el territorio.

Hoy nuestra querida Bogotá está bajo la guía de un POT de papel que,  saltándose todos los procesos de debate y consenso, en 8 libros, 608 artículos, 7 anexos técnicos y más de 21 decretos, circulares, resoluciones y manuales hacen prácticamente imposible intervenir la ciudad para su desarrollo formal y en el que expedir una licencia urbanística queda inmerso en una maraña de disposiciones de toda índole y que como resultado bloquean el avance social y económico del territorio. Este POT es un compilado de desafíos, propósitos, políticas, directrices que invocan objetivos, todos ellos loables, pero que sin duda desconocen la capacidad institucional y los incentivos necesarios para plasmarlos en el territorio.

Por ejemplo, el POT define 25 actuaciones estratégicas que suman alrededor de 6.000 has de suelo con potencial de re desarrollar la infraestructura, los equipamientos y generar oferta de vivienda para los hogares, pero la realidad es que a la fecha, la forma para materializar estas actuaciones solo cuenta con escuetos documentos de directrices que entiende un grupo de tecnócratas y que con presentaciones y renders se alejan de la realidad operativa y de la forma de hacer efectiva esa figura. Mientras tanto, 30% del área desarrollable de la ciudad, bloqueada. Otra perla viene de la supuesta política de protección a moradores que actualmente está en discusión. Esta reglamentación del POT propone que para desarrollar la ciudad se debe “indemnizar” a los arrendatarios, trasgrediendo los derechos reales de propiedad y que al final deja casi cualquier desarrollo e inversión inmobiliaria sujeta a una especie de “consulta pública” bajo la bandera de evitar la gentrificación. Esto es otro evidente capricho politiquero carente de sustento y solución real a la gentrificación.

En resumen, los bogotanos estamos heredando un POT que no necesariamente le sirve a la ciudad, pero como debemos construir sobre lo construido, lo que hay que corregir supone que se deben modificar algunas de las reglamentaciones expedidas y tener mucha sensatez desde la administración distrital para expedir lo que falta. Es imperativo, volver a darle la legitimidad necesaria mediante el diálogo constructivo en el Concejo Distrital, para que por excepcionalidad ajustemos el POT a algo más cercano a la realidad y más lejano a tener un POT de papel.   

    

 

Las discusiones en Cartagena por la formulación del POT

La formulación del Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena sigue dando de que hablar en los diferentes sectores que intervienen en su discusión.

Es así como la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) presentó sus observaciones ante la Secretaría de Planeación Distrital las observaciones en donde deja ver sus desacuerdos con algunos puntos.

 

Así mismo, sectores de la ciudad le pidieron al Distrito suspender el proceso, muy a pesar de que la Alcaldía continúan realizando mesas de trabajo para explicarle a la ciudadanía lo que se planea para la ciudad.

También se pidió Juzgado Cuarto Administrativo del Distrito de Cartagena, a través de una demanda interpuesta por el abogado Agustín Leal Jerez, levantar la medida cautelar de suspensión provisional contra las normas que rigen las cesiones urbanísticas en el suelo rural.

Un POT que pone en riesgo los colegios privados de Bogotá

La alcaldesa Claudia López en su discurso de defensa del nefasto POT, habla de cómo este va a fomentar los servicios del cuidado y como se van a poder implementar en la ciudad con el fin de “pagar la deuda social” por los próximos años y que no es más que otra promesa fallida lejos de la realidad y del discurso de la alcaldesa.

En el artículo 94 del Decreto 555 de 2021 se define: …“Con este Sistema se territorializa el cuidado en el POT, garantizando suficientes equipamientos y correctamente distribuidos en el territorio para responder a las demandas locales y a los recorridos poligonales que realizan cotidianamente las personas cuidadoras en Bogotá.”… Dentro de esta categoría se incluye la educación de primera infancia, básica y media donde las instituciones privadas cumplen un papel fundamental.

 

Según cifras de la Secretaría Distrital de Educación en 2021 los colegios privados representaron el 35,9% de la matrícula en Bogotá porque han brindado atención y servicios a 446.113 alumnos principalmente de las localidades de Suba (103.655), Usaquén (41.831), Kennedy (48.688), Engativá (49.591) y Bosa (32.003) y emplean a 27.673 docentes en toda la ciudad.

En el POT se “insiste” en la priorización de los equipamientos para la educación. En la realidad, al momento de aplicar la norma está restringe los colegios privados y no permite que mejoren sus condiciones a la atención, cuidado y enseñanza que brindan desde hace décadas muchos de ellos a las ciudad y ahí si, dentro de una visión de 30 minutos.

Los propietarios de estos colegios me han manifestado la preocupación sobre cómo las denominadas “Actuaciones estratégicas” impiden el desarrollo y en algunos casos la legalización de sus infraestructuras educativas al no estar reglamentadas en la actualidad estas actuaciones y como lo he evidenciado constantemente va a congelar el desarrollo de la ciudad en lugar de …”detonar procesos de revitalización y desarrollo en lugares estratégicos para la ciudad”… cómo define la planeación sobre esto.

Otro aspecto que preocupa enormemente a estas comunidades es como la reglamentación del estándar de calidad espacial y el plan maestro del cuidado que del primero el borrador publicado las exigencias no tienen en cuenta las condiciones en las que es estos colegios se han desarrollado en los barrios y su papel en la construcción del tejido social y una atención oportuna a las comunidades y del segundo no se conoce si continuarán con los “ambientes compartidos” implementado en el plan maestro de equipamientos de 2006.

Los colegios privados son fundamentales para la ciudad y los bogotanos en aras de romper con la brecha de desigualdad y así tener jóvenes más capacitados para afrontar las necesidades que se requieren para la capital y el país, por eso preocupa enormemente que este POT de afán los esté afectado de la forma que lo hace, mientras la alcaldesa habla de cómo el sistema distrital del cuidado es el pago a “la deuda social”.

Lucía Bastidas

Las limitaciones estratégicas del POT de Bogotá

Los Planes de Ordenamiento Territorial – POT, son posiblemente, los documentos más importantes para las ciudades, allí se orienta su desarrollo futuro, buscando el bienestar y equidad de las personas, definen cómo se ordena el territorio, hacia donde se crece, cuales sectores ambientales se protegen, qué actividades y usos son permitidos y cuales restringidos, donde se puede construir un edificio o un centro comercial, que tan alto puede ser y cómo se debe retribuir a la ciudad, entre muchas otras cosas.

El Decreto 555 de 2021, actual Plan de Ordenamiento territorial, propone a Bogotá como la ciudad de 15 minutos, en donde se puede conseguir todo caminando, donde se mezclan diferentes modos de transporte y se dignifican las condiciones de habitabilidad, es la Bogotá en la que todos quisiéramos vivir, sin embargo, esas condiciones de ciudad se encuentran lejos de concretarse. Con el paso de los años, la inmensa y densa Bogotá, aunque brinda oportunidades a todos, nos hace vivir días de angustia y desespero.

 

La concreción de esa ciudad de 15 minutos pretendida en el POT de Bogotá no se va a dar porque esté escrita en una norma, sino a partir de la apropiación de las personas, de un cambio de hábitos, de la construcción de infraestructura y vivienda y sobre todo de la generación de confianza de cada uno de los participantes de la ciudad.

Sin embargo, hay una medida que contempla el POT de Bogotá que a pesar de no haber sido la más debatida, (como el tamaño mínimo de las viviendas, la continuidad de la Avenida longitudinal de Occidente tramo Norte o la ampliación de las cargas para construir), tiene un inmenso impacto para la ciudad, en términos de desarrollo urbano, de generación de riqueza y de rentas captadas por el Distrito; estas son las llamadas Actuaciones Estratégicas de Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá.

Las Actuaciones Estratégicas son 25 inmensas zonas de la ciudad, en donde la Alcaldía aspira a realizar grandes transformaciones urbanas. ¿Cuáles transformaciones?, aún no lo sabemos, de hecho, el POT se reservó 6 años para que la Alcaldía lo defina, durante esos 6 años, no se podrá construir ningún edificio de más tres pisos en esos sectores (en promedio, restricción de licenciar índices por encima del básico IC Max 1.3).

Pero ¿qué tan grandes son las actuaciones urbanísticas? Pues bien, ahí es donde se encuentra el problema, estamos hablando de más de 920.000 predios de la ciudad de Bogotá, 7400 hectáreas (dos veces la ciudad de Pereira aproximadamente), y algo más de 160 Barrios, (entre los que destacan el 20 de Julio, Siete de Agosto, Chapinero, Corabastos, La Gaitana, Fontibón Centro, Las Ferias, Ciudad Kennedy, Usme Centro, San Fernando, Los Alcázares, San Felipe, 12 de octubre, Toberín, Zona Industrial, Barrancas, Santa Fé, El Polo, Nuevo Muzú, Santa Bárbara, entre muchos otros). Barrios completos en donde durante 6 años cada uno de los propietarios de estos inmuebles, tendrá afectado su patrimonio por la decisión de esta Alcaldía.

Las Actuaciones Estratégicas impiden el desarrollo de la ciudad en una porción muy significativa, no solamente en términos de cantidad sino también en idoneidad, porque se trata de algunos de los mejores sectores de la ciudad, con ubicación estratégica y especial potencial.

El bloqueo del potencial de construcción, tiene graves impactos a nivel individual (patrimonio de los propietarios), fiscal (impuesto predial) y urbanístico (déficit de vivienda, ciudad cercana e integración regional), esto resulta problemático, más aún, cuando existen antecedentes que prueban la dificultad de desarrollar piezas de Ciudad que dependen de nuevos actos administrativos (por ejemplo operaciones estratégicas – Decreto 190) , de hecho, la falta reglamentación y falta de certezas, ya se ven reflejadas en el bajo número de licenciamientos expedidos por las Curadurías Urbanas con fundamento en el nuevo POT Decreto 555 de 2021.

Esperemos que la Alcaldía redoble esfuerzos en la reglamentación de los muchos vacíos que trae la norma de la ciudad, que reconozca la urgencia de brindar reglas claras para el desarrollo, que entienda que lo que no atiende la formalidad lo soluciona la informalidad y que ya tiene un POT cuya única opción de transformarse en realidad, es con la apropiación y coparticipación de todos los sectores que conforman Bogotá.

*Abogado Urbanista

diegoriosb@gmail.com

 

Vergüenza debería darles señores concejales

Lástima que en las reflexiones que suelen hacer los concejales de Bogotá cuando realizan su registro en cada sesión de plenaria y comisiones, no se pregunten sí están cumpliendo con la tarea para la que fueron elegidos y por la cual se les paga una suma de un millón quinientos mil pesos al día.

Y digo que es una lástima porque en los últimos dos años, los bogotanos le han pagado de la plata de sus impuestos a los concejales de Bogotá, por sesiones en donde no se ejerce el debido control político a la Alcaldía de Bogotá sino para que tramiten impedimentos y recusaciones.

 

El informe de Concejo de Concejo Vamos que evaluó el desempeño del cabildo distrital durante el primer semestre de 2022, revela que la Corporación dedicó un total de seis sesiones dedicadas a tramitar impedimentos y recusaciones que a la ciudad le costaron un total de $91.484.834 pesos, ¡hágame el bendito favor!, en una ciudad que requiere miles de millones de pesos para atender las necesidades sociales que existen en prácticamente en todas las localidades.

Es ahí donde uno se pregunta ¿Quién ronda a los concejales? ¿no se supone que cada sesión que se cita en el Concejo cuenta con el acompañamiento de la Contraloría Distrital y la Veeduría? ¿Qué pasa que no actúan? ¿Por qué no ejecutan una acción preventiva?

Es muy triste ver que existan concejales que sean malos perdedores y cuando no ven a su favor  el debate de los argumentos, acuden a la justicia para interponer demandas y parar las discusiones sin importarles que la ciudad se paralice, y para colmo, ahora encontraron la fórmula mágica para evadir los debates a los proyectos de acuerdos que se deben tramitar y así dilatarlos. Hablo de los impedimentos y recusaciones.

Sucedió con la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial, que tuvo que ser decretado por la alcaldesa de Bogotá porque al Concejo llegaron más de 50 recusaciones e impedimentos que debieron ser tramitadas, evitando la discusión de la iniciativa, lo que obligó a la Corporación a modificar su reglamento interno. Esta misma situación vuelve a presentarse ahora con la discusión del proyecto de acuerdo que pide la autorización para que la capital del país ingrese a la región metropolitana Bogotá Cundinamarca.

Sí en cada discusión que se vaya a dar en Concejo de Bogotá, vamos a ver este espectáculo tan deprimente, los bogotanos tendremos que analizar si es necesario elegir a 45 personas para que asistan a unas sesiones digan dos o tres frases, calienten la silla durante un rato para luego servir de notario a uno de sus colegas diciendo si está o no está impedido, y después retirarse sin cumplir con su obligación de ejercer el control político a la Alcaldía de Bogotá. Pero eso sí, el pago por día de millón quinientos mil pesos, sí hay que hacérselos porque de lo contrario, se les estaría violando sus derechos e incumpliendo una obligación, no importa si ellos incumplen las suyas.

Una vez más el Concejo de Bogotá, tendrá que revisar su reglamento interno y discutir la posibilidad de que no se paguen las sesiones en donde se deba hacer trámites de impedimentos y recusaciones pero que su asistencia sea obligatoria. Solo así se podrá acabar esa ‘guachafita’.

 

 

Claudia López 1 – Miguel Uribe 0

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, revocó la medida de suspensión al Plan de Ordenamiento Territorial, decretado por la alcaldesa, Claudia López, ordenada por un juez de la república al fallar una demanda interpuesta por el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

La decisión fue anunciada por la alcaldesa Claudia López, a través de su cuenta Twitter:

 

“La Sala considera que no había lugar a decretar la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo proferido por la alcaldesa distrital de Bogotá, en consideración que no está probada la suspensión del plazo por el trámite de impedimentos y recusaciones”, precisa la decisión.

Igualmente, se advierte que “no se reúnen los requisitos exigidos por la ley 1437 de 2011 para decretar la suspensión provisional de los actos demandados”.

El senador, Miguel Uribe Turbay, interpuso una demanda al nuevo POT de Bogotá considerando que la alcaldesa de Bogotá no podía decretarlo porque para él, los tiempos de discusión en el Concejo de Bogotá, no se cumplieron por los más de 20 impedimentos y recusaciones que impidieron el debate. Para el congresista, “los plazos quedan suspendidos en el momento en que un cabildante se declara impedido y se surte el trámite en la plenaria para tomar una decisión al respecto”.

La decisión se toma en segunda instancia y se espera nuevos pronunciamientos al respeto, por otras demandas que fueron interpuestas por algunos concejales de Bogotá.

 

“Algunos concejales no han leído muy bien el fallo de la Corte”: Antonio Sanguino

Antonio Sanguino, jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá, explica los alcances del fallo de la Corte Constitucional que tiene que ver con el número de localidades de Bogotá y la creación de las Unidades de Planeación Local.

¿Qué lectura tiene la Administración de Bogotá sobre el fallo de la Corte Constitucional que tiene que ver con las localidades?

 

Antonio Sanguino: Nosotros compartimos el fallo de la Corte Constitucional, estamos además muy contentos porque dejó en firme y declara exequible la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá que aprobó el Congreso de la República, que yo voté positivamente como senador. Lo que dice el fallo es que las modificaciones de las localidades de Bogotá no se pueden hacer por decreto, sino que deben ser el resultado de un proyecto que lleve la Administración para que el Concejo de la ciudad lo discuta y lo apruebe, si es el caso, es un criterio y aclaración que nosotros acogemos y respaldamos. Ahora, ¿por qué la modificación de las localidades está en el decreto del POT?, por una realidad eminentemente legal, no porque así lo quisiera la alcaldesa.

¿Cómo inicia este enredo?

Antonio Sanguino: La Administración presentó un proyecto de modificación del POT al Concejo de Bogotá y en ese proyecto iba incluido un mandato legal que creaban las unidades de planeación local (UPL), -que sustituyen lo que hoy se llaman UPZ- (Unidades de planeación zonal), hoy son más de 130 y quedan reducidas a 33 y, las hacía coincidir con una propuesta de igual número de localidades en la ciudad.  El Concejo de Bogotá no quiso votar el proyecto de modificación del POT, se comprometieron en una trapisonda de recusaciones y de acciones legales que impidieron el debate. No fue la Administración la que acudió a ese tipo de maniobras y de leguleyadas sino el propio Concejo, había tres ponencias positivas para el proyecto de modificación del POT; se habían recogido una serie de propuestas modificatorias al proyecto original y, adicionalmente se hicieron varias audiencias públicas pero el Concejo no quiso y eso facultaba a la Administración para decretar el POT, como lo hizo la alcaldesa Claudia López.

Para mayor claridad, explíquenos por favor lo que queda en firme con la sentencia de la Corte

Antonio Sanguino: La Ley 388 establece que cuando se decreta el POT, debe ser el que originalmente se lleva al Concejo y por esto terminó esa disposición de la creación de localidades incorporada en el Decreto, pero muy bien hace la Corte sustrayendo ese asunto, dejando el resto en pie en lo que corresponde al Estatuto Orgánico de Bogotá -es decir- que existan UPL, y que estas deben corresponderse con las localidades, ¿qué más dejó en pie?:  qué el compromiso de vigencia futuras cuando son ordinarias, se puedan hacer por el Confis y no a través del Concejo de la ciudad y una serie de disposiciones en general.

Eso quiere decir que el corazón de este debate se encuentra en la modificación al Estatuto Orgánico de Bogotá que aprueba el Congreso de la República y no tanto en el POT, como se le está mirando desde el Concejo.

Antonio Sanguino: El asunto legal del POT está en conocimiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no en la Corte Constitucional. Esta demanda de inconstitucionalidad que entablaron varios concejales era sobre la reforma del Estatuto Orgánico de Bogotá, una cosa está conectada con la otra.

Entonces en el Concejo están revolviendo peras con manzanas

Antonio Sanguino: Yo creo que algunos concejales no han leído muy bien el fallo de la Corte, yo les sugeriría que hiciéramos un ejercicio de lectura que no cae mal de vez en cuando para que conozcan los alcances del pronunciamiento.

¿Alcanza esta Administración a presentar el proyecto de acuerdo que tiene que ver con el número de localidades, una vez se destrabe el POT en el Tribunal?

Antonio Sanguino: No creo, nosotros nos vamos a ocupar en implementar el POT una vez se descongele, confiamos en que así ocurra para dedicarnos a los asuntos que tienen que ver con el reverdecimiento de la ciudad, la ampliación de la estructura ecológica principal, los usos del suelo, avanzar en una ciudad que disminuya los tiempos entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo y estudio de los ciudadanos, en fin, todo lo que trae el POT.

Yo creo que este asunto de las localidades le va a corresponder a la próxima Administración, y tendrá que presentar un proyecto para que estudie el próximo Concejo de la ciudad. Lo que si es claro es que vamos a poner en operación las UPL, que esas sí quedan en pie y estamos facultados para crearlas.

Sí las UPL están sustituyendo a las UPZ ¿por qué en el Concejo insisten que ésta figura crea otras localidades?

Antonio Sanguino: Pues porque no se han leído el fallo, ni se han leído el POT porque como se pusieron a idear trapisondas y crear recusaciones, seguramente no han leído lo que está proponiendo la Administración en esta materia. Mire, tan sencillo como esto, Bogotá hoy tiene UPZ y tiene localidades, tiene más de 100 UPZ y 20 localidades, ahora va a tener las mismas localidades y 33 UPL que reemplazan a las UPZ y eso no implica ni exige un proyecto de acuerdo en el Concejo

¿Qué es mejor ser senador o ser jefe de gabinete de una ciudad que tiene un ritmo de trabajo fuerte?

Antonio Sanguino: Son oficios distintos, yo he venido construyendo una vocación pública que la quiero también poner a prueba en esta nueva responsabilidad, es otro lugar, es otro rol. Algunos dicen que es preferible un centímetro de ejecutivo que 100 kilómetros de legislativo, voy a ver si es cierta esa afirmación

“La Corte Constitucional no habla del nuevo POT de Bogotá”: Antonio Sanguino

La Alcaldía Mayor de Bogotá se pronunció frente al fallo de la Corte Constitucional asegurando que es “importante subrayar que la honorable Corte Constitucional no analizó una demanda contra el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Bogotá Reverdece 2022 – 2035: el alto tribunal estudió la Ley 2116 de 2021, la cual modificó en algunos aspectos el Estatuto Orgánico de Bogotá”. En este sentido, encontró ajustados a la Constitución:

En lo que tiene que ver con el reclamo que hacen algunos concejales de Bogotá para la delimitación de las localidades, la Alcaldía reconoce la competencia del cabildo distrital en esta materia aclarando lo siguiente:

 

“Con el fallo de hoy se reconoce que una futura creación o modificación de localidades por parte del Concejo debe coincidir con la planeación territorial de la ciudad. Este será un proyecto de acuerdo que deberá presentar la siguiente administración y aprobar el próximo Concejo para establecer un nuevo modelo de organización administrativa que coincida con la planeación territorial”.

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El comunicado finaliza diciendo: “El POT de Bogotá no crea ni modifica las localidades de la ciudad. En el POT se determinan las Unidades de Planeación local (UPL), lo cual es un asunto propio de este tipo de instrumentos”.

El jefe del gabinete distrital, Antonio Sanguino, es enfático en asegurar que “Este pronunciamiento de la Corte Constitucional para nada se refiere a la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial, hecho por esta Administración”.

Corte Constitucional echa para atrás la creación de nuevas localidades de Bogotá

La Corte Constitucional determinó a través de un fallo que el Plan de Ordenamiento Territorial de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no puede aumentar o delimitar localidades en la capital al ser expedido por decreto.

La acción fue interpuesta por los concejales, Emel Rojas, Carlos Carrillo, Lucía Bastidas y el exconcejal y actual representante a la Cámara por Bogotá, Andrés Forero.

 

En el fallo la Corte Constitucional se deja claro que, aunque la máxima autoridad de Bogotá, en este caso, la alcaldesa Claudia López, tiene la facultad para decretar un Plan de Ordenamiento Territorial, temas como la delimitación o aumento del número de localidades, deben ser autorizados por acuerdo del Concejo Distrital.

“Es constitucional que la delimitación de las localidades del Distrito Capital de Bogotá, sea la que se defina mediante el acto administrativo que adopte el Plan de Ordenamiento Territorial – POT, en el entendido que, éste sea expedido por decreto, no puede incorporar dicha delimitación territorial”, determina la Corte quien añade:

“Dado que el artículo 322 de la Constitución define de forma expresa que la delimitación de las localidades y la asignación de sus atribuciones le corresponde al Concejo Distrital, la Sala Plena estimó que la norma acusada no viola la Constitución, siempre y cuando el acto en el que se defina la delimitación corresponda a un acuerdo del Concejo y si el Plan de Ordenamiento Territorial es expedido por Decreto, este acto no puede incorporar la delimitación territorial de las localidades”.

Al respecto la concejal Lucía Bastidas, una de las demandantes consideró: “el fallo de la Corte Constitucional nos da la razón a quienes consideramos que la UPL no se pueden determinar por decreto en el Plan de Ordenamiento Territorial”.

Es de su interés:

 

La Alcaldía de Bogotá hará un pronunciamiento luego de analizar junto a su equipo jurídico la Sentencia.

 

Varillazo de Claudia López a Miguel Uribe

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que apelara la decisión del Juez  Quinto Administrativo del Circuito de Bogotá, quien impuso medida cautelar al Plan de Ordenamiento Territorial expedido por decreto en diciembre de 2021.

Para la Alcaldía de Bogotá, el trámite del POT en el Concejo de la ciudad cumplió a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos, trámites y términos perentorios que ordena la ley. “Así lo demostraremos en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Cundinamarca”, indicó la mandataria distrital en un comunicado.

 

“La medida cautelar se refiere al trámite de las recusaciones y apelaciones durante el trámite del POT en el Concejo, y no al contenido del POT Bogotá Reverdece 2022 – 2035”, señaló.

Recordó además que las normas que regulan el trámite de los POT ante los concejos municipales establecen que estos tienen 90 días para ser discutidos y que si en esos 90 días no se toma ninguna decisión –ya sea para aprobar o improbar– el gobierno puede expedir el POT por decreto.  Durante su trámite en el Concejo de Bogotá.

“El POT tuvo 3 ponencias positivas y un pliego de modificaciones, avalado casi en su totalidad por la administración. Infortunadamente, una serie de recusaciones y tutelas para sabotear el debate impidieron avanzar en la discusión del articulado” indicó la alcaldesa.

Claudia López finaliza el comunicado con una clara alusión al senador electo y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, autor de la demanda.

“Quienes ven afectada su política del lucro y corrupción a costillas de los bolsillos y calidad de vida de los bogotanos fueron los mismos que sabotearon en el Concejo el trámite del POT y hoy pretenden a toda costa evitar que se aplique el POT Bogotá Reverdece 2022 – 2035 porque el mismo ponía fin al volteo de tierras, a la denegación de vivienda digna a los familias más humildes, a la depredación de la estructura ecológica de la ciudad, y a la perpetuación de la inequidad y la pobreza en calidad de vida por falta de servicios e infraestructura para el empleo, transporte limpio, educación, salud y cuidado a las mujeres, jóvenes y familias de Bogotá. Lo que pretenden es seguir beneficiando de manera indebida los bolsillos de unos pocos a costa de la pobreza en la calidad de vida de los bogotanos”, dice la mandataria local.

Bogotá queda otra vez sin POT

El juez Quinto Administrativo del Circuito de Bogotá, impuso medida cautelar al  Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, decretado en diciembre de 2021 por la alcaldesa Claudia López.

El togado justifica la medida cautelar, argumentado que para hacer uso de la facultad que tiene el mandatario de turno de la ciudad para firmar el POT por decreto, se deben agotar los  90 días de debate en el Concejo de Bogotá, hecho que no ocurrió porque la Corporación no pudo dar inicio a las discusiones por una serie de recusaciones e impedimentos que se presentaron a partir de la radicación del documento por parte de la Administración en el Cabildo Distrital.

 

El Juez considera que el trámite de discusión se congeló durante los 48 días en los que el Concejo de Bogotá se tomó discutiendo las recusaciones e impedimentos que se presentaron y que impidieron el inicio de las discusiones.

La demanda fue interpuesta por el senador electo del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. El Distrito deberá presentar sus argumentos para que se levante la medida cautelar impuesta.

Muy pronto comenzará la adecuación progresiva de los sitios de reciclaje en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, firmó el Decreto 203 de 2022 que  determina la adecuación progresiva de las ECA, define condiciones para el traslado progresivo de la actividad económica de bodegas privadas de reciclaje,  establece los mecanismos para el apoyo en la reubicación de otras actividades económicas, y se precisan las condiciones para la ubicación de servicios especiales en el área de actividad de proximidad.

Este decreto hace parte de la implementación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que entró en vigencia en diciembre de 2021.

 

“En una ciudad ordenada hay normas urbanísticas que se deben cumplir, porque de ellas depende nuestra sana convivencia. Y en una sociedad deliberante los compromisos que se adquieren en el marco de un cabildo son de obligatorio cumplimiento”, dijo la Secretaría Distrital del Planeación.

En ese sentido, la secretaria dijo que “esta es una cita importante no solamente por la norma urbanística de la ciudad, sino ante la necesidad de conversar, acordar cosas y cumplirlas”.

De esta manera, las instalaciones, que se dedican a la recepción, clasificación, pesaje, compactación, pretransformación y almacenamiento temporal de residuos sólidos, podrán adecuarse de manera progresiva, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del Artículo 199 del Decreto 555 de 2021, del nuevo POT.

Durante los próximos seis meses siguientes a la expedición de este Decreto, la Uaesp realizará el inventario de la totalidad de las ECA existentes en la ciudad, identificando como mínimo las dimensiones de cada una, su funcionamiento y su ubicación

Con base en este inventario y el plan de fortalecimiento de la Uaesp, de manera concertada con cada ECA, establecerá los mecanismos para su crecimiento gradual durante la vigencia del POT ‘Bogotá Reverdece 2022-2035’, de acuerdo con la posibilidad de aumentar la capacidad, teniendo en cuenta la disponibilidad de infraestructura con el área requerida, ajustada a la necesidad física y capacidad financiera de las organizaciones.

Las ECA existentes, seguirán desarrollando su actividad, fundamental para la sostenibilidad y resiliencia de Bogotá, conforme a la normatividad nacional relacionada con la prestación del servicio, y de manera progresiva realizarán los ajustes para alcanzar las dimensiones requeridas.

Aquellas ECA que no puedan cumplir el área mínima (500 m2) establecida en el POT, y deban trasladarse a otra zona de la ciudad, recibirán acompañamiento en procesos de formalización, acceso a financiamiento, formación y capacitación empresarial, acceso a nuevos mercados y los mecanismos que permitan facilitar el traslado de esta actividad, en el marco del plan de fortalecimiento de la Uaesp.

El traslado y reubicación de las actividades económicas de las bodegas privadas de reciclaje activas e incluidas en los inventarios de 2011 y 2013, se adelantarán dentro de los dos años siguientes contados a partir de la definición de los mecanismos de apoyo.

Las que no fueron incluidas en los inventarios de 2011 y 2013, y las correspondientes al inventario 2022, tendrán un plazo de dos años para el traslado y reubicación contados a partir de la definición de los mecanismos. Para el caso de las bodegas inventariadas en 2022, este plazo será prorrogable, por una sola vez, otros dos años más.

Las actividades económicas distintas a las ECA y a las bodegas privadas de reciclaje, que no cuenten con licencia urbanística y que, debido a las decisiones relativas a los usos de suelo se deban trasladar a otras áreas de actividad de la ciudad, tendrán un período de dos años a partir de la entrada en vigencia del nuevo POT, para realizar el respectivo traslado. En todo caso, deberán mitigar los impactos que generen en cuanto a ruido, disposición de residuos y manejo de aglomeraciones.

 

 

 

Miguel Uribe y sus razones para demandar el POT

El candidato al Senado por el Centro Democrático, Miguel Uribe, explica por qué demandó el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá que fue expedido por la alcaldesa Claudia López vía Decreto a finales del 2021.

Esta es la séptima demanda que recibe el POT de Claudia López, el cual ha salido bien librado de los otras seis diligencias judiciales que han intentado tumbarlo. ¿Qúe pasará con la demada de Uribe Turbay?, Tocará darle tiempo a la justicia.