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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: prision

Hallan celdas con lujos en cárcel de Ecuador

El Ejército de Ecuador ha informado del hallazgo de estancias para presos lujosamente decoradas, una discoteca e incluso una piscina en una cárcel del centro de Ecuador en el marco de la campaña de investigación de las prisiones iniciada tras la “guerra” declarada a los grupos criminales por el Gobierno que incluye la declaración del estado de excepción y el toque de queda.

El vídeo publicado en redes sociales muestra un puesto de vigilancia y control de los agentes penitenciarios del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi que había sido convertido en una estancia VIP para presos.

En la estancia había camas dobles, luces empotradas, ropa de marca, una piscina y una discoteca con luces led con bebidas alcohólicas caras y droga.

La intervención militar ha puesto fin a estos privilegios para determinados presos y en cambio se han instaurado servicios básicos como los de peluquería o abastecimiento de medicamentos.

“Si alguno requiere atención médica bajo el resguardo del personal militar es trasladado al policlínico”, ha explicado un portavoz militar, que ha destacado además el fin de los pagos por dormir, por ir al baño o por alimentos adicionales.

“La verdad, no comíamos todos. A nosotros solo nos hacían una supuesta sopa que era agua con huesos. Los embutidos y atunes eran para comandantes. Eso comían ellos y a nosotros nos daban pura agua”, ha denunciado uno de los presos.

La violencia estalló en el país después de que el 7 de enero se descubriera la fuga de Adolfo Macías, alias ‘Fito’, cabecilla de Los Choneros, de la cárcel Regional de Guayaquil. Tras ello, el Gobierno declaró el estado de excepción ante la existencia de un “conflicto interno armado” debido a la actividad de grupos “terroristas”.

Asesor del expresidente Fujimori fue condenado a 23 años de prisión por homicidio

El Poder Judicial de Perú ha condenado a 23 años de cárcel a Vladimiro Montesinos, exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y asesor del expresidente Alberto Fujimori, por el asesinato de la exagente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) en 1997 Mariella Barreto.

“La Cuarta Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional condena a 23 años de prisión a Vladimiro Montesinos (autor mediato) y a Martín Rivas (autor) –el exjefe del paramilitar grupo Colina– por homicidio calificado con la agravante de alevosía por asesinato de Mariella Barreto”, ha publicado el Poder Judicial de Perú en su cuenta de Twitter.

Los otros condenados por el caso Carlos Sánchez Noriega (15 años) y a José Salinas Zuzunaga (8 años), que participaron en el “secuestro, asesinato y descuartizamiento” de Barreto por filtrar a la prensa los crímenes del Grupo Colina y de sus planes para matar a periodistas detractores de del expresidente Fujimori, según el diario peruano ‘La República’.

Sin embargo, la jueza Miluska Cano ha establecido que “las penas impuestas deben computarse desde el año en el que estos criminales están recluidos”.

Montesinos lleva cumpliendo sentencia desde junio de 2001 por malversación de fondos, abuso de poder, cohecho, o tráfico de influencias, entre otros delitos; en 2021 fue declarado culpable de secuestro, pero la pena de 17 años le fue “compurgada” por encontrarse ya preso.

Mujer acusada de robar joyas valoradas en 11.000 euros de la residencia de un anciano

La Policía Nacional ha detenido y puesto a disposición judicial a una mujer de 60 años y origen venezolano acusada de sustraer joyas valoradas en 11.000 euros del interior del domicilio de un anciano al que cuidaba por estar necesitado de especial atención y cuidados, cuyas alhajas han sido recuperadas por los agentes.

En las labores de control de compraventa de joyas, agentes de la Brigada de Policía Judicial de Granada, detectaron una operación en la que se habían vendido varias joyas que podrían tener un origen ilícito.

Por este motivo, contactaron con el propietario de las joyas el cual, una vez le fue mostrada la fotografía de las mismas, las reconoció como propiedad de su difunta esposa y, una vez comprobado que, efectivamente, las mismas no se encontraban en su domicilio, formuló denuncia por la sustracción.

Los agentes de la Comisaría de Distrito Centro comprobaron que las ventas las efectuó una mujer la cual resultó estar contratada por el denunciante como personal de ayuda a domicilio y que no era la única operación que había llevado a cabo, ya que había realizado un total de cinco ventas de oro en diferentes comercios situados en el distrito Centro, donde también se encuentra el domicilio de la víctima.

Pero no eran las joyas vendidas en estas cinco ocasiones las únicas que habría sustraído del interior del domicilio del anciano, sino que continuaba teniendo en su poder bastantes otras, incluyendo relojes, anillos, pendientes, cadenas y pulseras, que fueron recuperadas por los policías en el momento de su detención, según detalla en una nota el Cuerpo Nacional de Policía.

La empleada, que carecía de antecedentes policiales, estaba contratada a través de una empresa de servicios, ajena a sus actuaciones, y trabajaba en el domicilio objeto de las sustracciones desde el mes de noviembre del año pasado.

Los agentes han podido recuperar tanto las joyas que había en poder de la arrestada, como las vendidas en los últimos contratos, ya que las restantes se habían realizado con anterioridad y había finalizado el plazo legalmente establecido para su recuperación, motivo por el que ya habían sido fundidas.

Por su parte, todas las alhajas han sido reconocidas por su propietario, por lo que se le han devuelto una vez realizadas las comprobaciones oportunas. Los policías también han recuperado los cinco contratos de venta localizados en diferentes establecimientos, en los que figura la misma empleada como vendedora.

Venezolano condenado a 16 años de prisión por abuso sexual de dos menores

El peluquero de origen venezolano juzgado en Vigo como presunto autor de dos agresiones sexuales a sendos menores ha sido condenado a un total de 16 años de prisión y que ha sido recurrida por su defensa.

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra considera probado que el acusado, J.A.H.F., que trabajaba como peluquero a domicilio, agredió sexualmente a dos jóvenes menores de 16 años. El primer episodio tuvo lugar en su domicilio, el 16 de noviembre de 2020, cuando forzó a un niño a mantener relaciones sexuales completas, aún sabiendo que tenía infección por VIH y del riesgo que ello comportaba para el menor.

Como consecuencia de estos hechos, el niño se contagió de una enfermedad de transmisión sexual (una gonorrea que fue tratada con antibióticos y con una vacuna contra el virus del papiloma humano) y sufrió daños psíquicos y estrés postraumático. La víctima tuvo problemas de irritabilidad, ansiedad y perdió un curso académico.

La otra agresión se produjo unos días más tarde, también en la vivienda del acusado, en la que realizó tocamientos a otro menor con el que había quedado, con la excusa de ponerle una loción en el cabello. En este caso, no quedaron acreditadas lesiones.

Por estos hechos, el tribunal provincial ha condenado, en una sentencia que se ha hecho pública ahora aunque es de febrero, al acusado a penas que suman 16 años de prisión, multa de 1.080 euros, y libertad vigilada por 12 años, por dos delitos de agresión sexual sobre menor de 16 años y uno de lesiones. Además, deberá indemnizar en más de 27.000 euros al primer chico, y en 2.000 euros al segundo, y también al Sergas, en 2.265 euros, por los gastos derivados de asistencia sanitaria.

Mauricio Funes, expresidente de El Salvador, fue condenado a 14 años de prisión

El Tribunal Especializado de Sentencia C de San Salvador ha condenado este lunes a 14 años de prisión al expresidente Mauricio Funes por la tregua pactada con las pandillas. Además ha sido condenado a 18 años de prisión al exministro de Justicia y Seguridad, David Victoriano Munguía Payés.

“Condénase por el delito de agrupaciones ilícitas a ocho años de cárcel, y seis años de cárcel por el delito de incumplimiento de deberes”, reza sobre Funes la sentencia del juez especializado, recogida por el diario salvadoreño ‘El Mundo’.

Munguía ha sido condenado a ocho años de prisión por agrupaciones ilícitas, a seis por el delito de incumplimiento de deberes y cuatro más por el delito de actos arbitrarios.

El juez basa su fallo en la prueba testimonial, pericial y documental que calificó como útiles, pertinente y lícitas y que prueban la comisión de los delitos por la que se condena a los procesados.

Los dos responsables políticos tenían el conocimiento y el dominio de la acciones ilegales que se realizaban en el marco de los acuerdos con las pandillas Barrio 18 y la Mara Salvatrucha MS13 durante 2011 y 2013, recoge la sentencia.

Así, se han acreditado reuniones entre pandillas, visitas de mujeres a los centros penales, la entrada de orquestas para fiestas, traslados de pandilleros a otros centros penales o la visita de mediadores a las prisiones sin cumplir con el debido protocolo.

Los directores de las prisiones “no tenían el poder de decisión de realizar esas acciones ilegales”. “Todo era del pleno conocimiento del presidente y del ministro”, destaca el texto.

Venezolano detenido en España por allanar una vivienda

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, tres hombres y una mujer de entre 18 y 21 años y de origen español, venezolano, dominicano y ecuatoriano, por allanar una vivienda aprovechando que la víctima estaba ingresada en el hospital.

Según ha informado el cuerpo en nota de prensa, los hechos sucedieron el domingo, en el barrio del Secar de la Real, donde unos vecinos observaron a cuatro desconocidos entrando en el interior de la casa de la víctima.

Una vez en el lugar, los agentes observaron que la puerta del domicilio estaba cerrada con una cadena atada a un candado. Dentro de la casa había, además, varias personas.

Finalmente, las mismas acabaron abandonando la vivienda y los policías procedieron a su detención como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada.

Exministro boliviano se declara inocente tras arresto por posibles cargos de corrupción

El exministro de Medio Ambiente y Agua de Bolivia Juan Santos Cruz ha asegurado ser inocente tras su detención el pasado martes en el marco de una investigación por posible corrupción.

“Soy inocente. Voy a demostrar en la investigación”, ha declarado el exministro antes de ser trasladado a la cárcel de San Pedro, donde estará detenido de forma preventiva durante al menos seis meses, según la emisora boliviana ERBOL.

Las autoridades investigan un supuesto caso de sobornos a cambio de adjudicaciones de obras de su ministerio, cantidad que llegaría a 19 millones de bolivianos (unos 2,5 millones de euros).

Además del exministro, su sobrino y una funcionaria también fueron detenidos por haber tenido transacciones bancarias con él y por la compra de inmuebles por cantidades que no concuerdan con sus ingresos.

Fiscalía pide 16 años de prisión para expresidente salvadoreño

La Fiscalía General de El Salvador ha solicitado este viernes al Tribunal la pena de 16 años de cárcel para el expresidente, Mauricio Funes Cartagena, y 20 años para el exministro de Justicia y Seguridad, David Victoriano Munguía Payés, procesados por el pacto que realizaron en 2012 con pandillas para la reducción de homicidios.

En concreto, acusan a Mauricio Funes de delito de agrupaciones ilícitas y de incumplimiento de deberes, por el que piden por cada uno ocho años de prisión.

Para Payés, además de los delitos que comparte con el expresidente, la Fiscalía solicita cuatro años más por el delito de actos arbitrarios, según ha informado el periódico salvadoreño ‘El Mundo’.

Los hechos por los que se les acusa ocurrieron durante una tregua entre noviembre de 2011 y mayo de 2013 pactada entre las pandillas Mara Salvatrucha y el Barrio 18 con el Gobierno.

La Fiscalía ha explicado en sus alegatos finales que durante el juicio han quedado probados los delitos gracias a las declaraciones en calidad de testigos de un pandillero de la Mara Salvatrucha que participó en la tregua y la del obispo de San Miguel, Fabio Colindres, quien en calidad de mediador participó en las primeras reuniones y relató que fueron autorizadas por los dos procesados.

Han añadido que ambos funcionarios “omitieron y se excedieron en sus obligaciones”, además de “violentar el protocolo de seguridad, estando al cargo de instituciones”, no haciendo nada para acabar con las acciones que se realizaron en los centros penales como parte de la tregua, en referencia a los actos ilícitos que se cometieron bajo la Ley Penitenciaria.

Por el delito de agrupaciones ilícitas, la Fiscalía ha sostenido que ambos funcionarios “promovieron, facilitaron y ayudaron” a que las pandillas obtuvieran beneficios en los centros penitenciarios, que fueron entregados a través de los mediadores.

El abogado defensor del expresidente ha alegado que la Fiscalía no ha conseguido “quebrantar su inocencia”, ya que en el caso de agrupaciones ilícitas, no se ha probado que haya sido miembro de alguna de las pandillas que supuestamente participaron en la tregua, ni ningún testigo probó con documentos o de vistas que Funes diera órdenes sobre las facilidades a pandilleros en los centros penales.

En el caso del delito de incumplimiento de deberes, ha afirmado que las autorizaciones de traslados o de permitir el ingreso de civiles a los centros penales no era parte de las facultades que tenía el expresidente.

Por su parte, la defensa de Payés ha alegado que la Fiscalía no ha acreditado la existencia del delito de incumplimiento de deberes, ya que los testigos no han probado que el exministro “tuviera conocimiento”, ni que “haya avalado, continuado, o permitido el ingreso de ilícitos a centros penales” por lo que han pedido una sentencia absolutoria para su defendido.

Biden conmutará las condenas relacionadas con las drogas

La Administración Biden ha anunciado este viernes que conmutará las penas de 31 presos estadounidenses por condenas “no violentas” relacionadas con las drogas como parte de una política más amplia destinada a corregir los fallos en el sistema judicial.

“Estas personas, que han estado cumpliendo con éxito sentencias de confinamiento domiciliario, han demostrado su compromiso con la rehabilitación, incluso consiguiendo un empleo y mejorando su educación”, ha señalado en un comunicado la Casa Blanca.

La Administración Biden ha defendido que muchos de estos presos “habrían recibido una sentencia menor si hubieran sido acusados del mismo delito hoy en día debido al cambio en las leyes”, en referencia a la reforma en 2018 del sistema penal estadounidense.

La conmutación, que reduce la pena, aunque la condena permanece vigente, coincide con el lanzamiento del llamado Plan Estratégico de Alternativas, Rehabilitación y Reingreso, que plantea otras medidas para los presos, como el acceso a la vivienda, la atención médica, el empleo o la educación.

“Al invertir en la prevención de los delitos y en un sistema de justicia penal más justo, podemos abordar las causas fundamentales del crimen, mejorar los resultados individuales y comunitarios y aliviar la carga de la Policía”, ha sentenciado la directora del Consejo de Política Doméstica, Susan Rice, ha recogido Bloomberg.

Biden ha emitido cerca de 80 conmutaciones durante su mandato, según datos del Departamento de Estado. Asimismo, ha ofrecido el perdón a nueve presos y ha indultado a unos 6.000 por posesión de marihuana, ha recogido la cadena CBS.

La Administración Biden anunció en octubre de 2022 la eliminación de las condenas previas por posesión de marihuana en un intento por volver a poner el foco sobre la agenda de la legalización y despenalización de esta sustancia en el país.

Justicia boliviana determina prisión preventiva contra el gobernador de Santa Cruz

La Justicia de Bolivia ha dictado una sentencia de seis meses de detención preventiva contra el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por su presunta implicación en el paro de 36 días ocurrido entre octubre y noviembre del año pasado en protesta por la realización de un censo poblacional.

El juez primero de Anticorrupción, Helmer Laura, ha dictado sentencia cumpliendo así con la solicitud presentada esta misma semana por la Fiscalía, que pedía también medio año de prisión preventiva para el líder opositor boliviano por supuesto terrorismo, racismo, discriminación y actos contrarios a la Constitución boliviana.

Asimismo, la Justicia le acusa de haber atentado contra la libertad de trabajo, la seguridad de los servicios públicos, por impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictiva y desórdenes o perturbaciones públicas, según recoge el diario local ‘El Deber’.

Camacho fue junto a otros líderes como Rómulo Calvo, entre otros, una de las principales cabezas visibles de las protestas ciudadanas registradas en Santa Cruz –feudo de la oposición boliviana– a finales del año pasado. Sin embargo, el gobernador es el único imputado en este caso.

La Policía de Bolivia detuvo a Camacho a finales de diciembre del año pasado por su presunta implicación también en el caso ‘golpe de Estado I’, que investiga la salida de Evo Morales de la Presidencia boliviana en 2019 tras presiones de las Fuerzas Armadas y bajo sospechas de fraude electoral.

Expresidente peruano, Alejandro Toledo, ya está bajo prisión preventiva

El expresidente peruano Alejandro Toledo ya se encuentra en la prisión de Barbadillo, a las afueras de Lima, después de que en la mañana del domingo fuera finalmente extraditado a Perú por su implicación en un caso de sobornos relacionado con la constructora brasileña Odebretch.

Toledo cumplirá por el momento 18 meses de prisión provisional en el mismo penal en el que se encuentran los también expresidentes Pedro Castillo y Alberto Fujimori.

Según ha confirmado la Policía Nacional de Perú, el expresdiente ha sido trasladado en helicóptero después de un rutinario control de identidad en la sede del Poder Judicial ubicada en la avenida Tacna de la capital peruana.

Toledo fue detenido nada más llegar a Perú desde Estados Unidos, donde tras varias apelaciones que finalmente fueron rechazadas, la justicia estadounidense decretó su extradición para responder en la acusación en su contra por recibir presuntamente millones de euros en sobornos de la constructora para la adjudicación de la carretera Interoceánica.

Toledo, en principio, debe cumplir 18 meses de prisión preventiva impuestos por las presuntas irregularidades en la concesión de la construcción de la Interoceánica en el penal Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, a falta de decisión final del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Fallece un detenido en la operación anticorrupción

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado este jueves el fallecimiento de uno de los detenidos en el marco de la operación anticorrupción del país, identificado como Leoner Azuaje Urrea.

Saab ha indicado que ha instruido a varios fiscales para que investiguen “el lamentable suicidio del ciudadano Leoner Azuaje Urrea en su lugar de reclusión”.

Asimismo, ha indicado que ha ordenado a la unidad criminalística del Ministerio Público junto al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para adelantar la inspección técnica, las entrevistas y autopsias de ley.

Azuaje Urrea fue detenido este martes, cuando el fiscal informó que había subido a 80 el número de funcionarios detenidos por su presunta vinculación a tramas de corrupción de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sumando un total de 172 redadas.

EE.UU. sentencia a la extesorera y al exjefe de seguridad de Chávez por lavado de dinero

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confirmado la sentencia de 15 años de cárcel a la extesorera de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillen, así como a su marido y exjefe de seguridad del presidente venezolano fallecido Hugo Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa, por estar envueltos en una red de lavado de dinero y sobornos.

Díaz Guillen, que fue además enfermera de Hugo Chávez, y Velásquez han sido acusados de lavado de más de 136 millones de dólares (124 millones de euros), un dinero que habrían recibido de un empresario millonario venezolano, el dueño de la cadena Globovisión.

Según la investigación estadounidense, el empresario Raúl Gorrin Belisario habría pagado a Díaz Guillen para comprar bonos de la Tesorería Nacional de Venezuela con un tipo de cambio favorable, lo que le habría llevado a ganar cientos de millones de dólares en beneficio.

“La conspiración incluyó montos de dinero en efectivo escondido en cajas de cartón, empresas ficticias en paraísos fiscales, cuentas bancarias suizas y transferencias bancarias internacionales supuestamente enviadas por Gorrin en beneficio de Díaz y Velásquez, e incluía la compra de múltiples jets y yates privados y la financiación de una línea de moda de alta gama creada por Díaz y Velásquez en el sur de Florida”, detalla el comunicado del Departamento de Justicia.

El fiscal del distrito sur de Florida, Markenzy Lapointe, ha afirmado que esta sentencia manda claramente el mensaje de que “Estados Unidos no tolerará el uso de sus sistemas financieros para el lavado de dinero de oficiales extranjeros corruptos”.

Gorrin ya fue condenado por estos delitos en agosto de 2018, pero actualmente se encuentra huido de la justicia, residiendo en Venezuela.

Díaz Guillen y Velásquez fueron detenidos en España –de donde ambos poseen la doble nacionalidad, además de la venezolana– en 2020, tras ser reclamados por estos cargos en Estados Unidos, y extraditados al país norteamericano en mayo y octubre de 2022 respectivamente.

Ambos habían sido detenidos anteriormente, en abril de 2018, a petición de la Embajada de Venezuela, que emitió una orden de detención contra ambos por delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó casi un año después, en febrero de 2019, rechazar sus extradiciones a Venezuela debido a la “posible vulneración de derechos fundamentales” de la que podrían ser víctimas en caso de ser entregados.

Fiscal General de Ecuador pide detención preventiva para Lenín Moreno

El fiscal general de Ecuador, Wilson Toainga, ha solicitado este miércoles la prisión preventiva para el expresidente ecuatoriano Lenín Moreno, así como para su mujer, Rocío González, y ocho imputados más por el caso ‘Ina Papers’.

La petición de prisión preventiva se da después de que diez de los 37 acusados en el caso –que contempla presuntos delitos de cohecho y cuyo perjurio económico asciende a 76 millones de dólares (unos 70 millones de euros)– no se presentasen a comisaría periódicamente, tal y como dictó el juez que investiga el caso tras imputarles cargos de cohecho.

Moreno y González se encuentran en Paraguay, donde residen actualmente. En marzo, un juez de Ecuador rechazó su petición de presentarse periódicamente en la Embajada de Ecuador en Asunción, la capital paraguaya, en lugar de en una comisaría de Quito. Al ser rechazada, ambos debían presentarse en las dependencias policiales de Ecuador cada 15 días, cosa que finalmente no han hecho.

Ahora, el juez encargado del caso deberá decidir si acepta la petición del fiscal, que además de la prisión preventiva para los diez acusados, ha solicitado que se dicte orden de búsqueda y captura de la Interpol para los que se encuentran en el extranjero.

El caso ‘Ina Papers’ estalló en 2019, cuando se conocieron supuestas irregularidades relacionadas con empresas ‘offshore’ y con personas del entorno cercano de Moreno, entonces presidente del país y quien en aquel momento ya negó su participación en la presunta trama de corrupción.

Corte Suprema de Perú aprueba prisión preventiva para Pedro Castillo

La Corte Suprema de Perú ha ratificado este jueves la orden de 36 meses de prisión preventiva al expresidente de Perú, Pedro Castillo, acusado de liderar una organización criminal.

Este mismo organismo ha informado en su cuenta de Twitter que van a variar la medida de comparecencia por prisión preventiva contra Geiner Alvarado, extitular de Vivienda.

Castillo, que ya está cumpliendo 18 meses de prisión preventiva por presunta rebelión tras anunciar el 7 de diciembre la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción, ha sido condenado a tres años de prisión por presuntos amaños de contratos de obras públicas durante su mandato.

El exmandatario ha negado haber organizado un golpe de Estado, así como haber participado en el amaño de contratos públicos.