El expresidente afirmó que nunca sostuvo un encuentro con Fernando Londoño y el procurador Ordóñez para planear la destitución del alcalde Petro. El ‘Puro Centro Democrático’ añadió estar preocupado por la intervención de organismos internacionales en el caso.
La destitución e inhabilitación por 15 años que dictó el procurador Alejandro Ordóñez en contra del alcalde de Bogotá llegó hasta los titulares de los principales diarios en el mundo. Incluso, Eurodiputados le enviaron una carta al presidente Santos preocupados por la figura del Procurador.
Desde que el Procurador Alejandro Ordóñez anunció en rueda de prensa que destituía e inhabilitaba al Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, el pasado lunes 9 de diciembre, las reacciones han sido constantes y crecen progresivamente. Además, el choque de trenes entre Procuraduría y Fiscalía es solo cuestión de tiempo.
Muchas de las reacciones que provocó la destitución e inhabilidad del alcalde Gustavo Petro, se inclinaron a favor de este último y en contra del Procurador Alejandro Ordóñez, quien no es la primera vez que destituye a un funcionario público elegido por voto popular. Ante esta situación el Fiscal General Eduardo Montealegre solicitó una inspección judicial a la Procuraduría.
La delegación de las Farc en la mesa de diálogos de La Habana se pronunció fuertemente en contra de la decisión tomada por el Procurador Alejandro Ordóñez con la que destituyó e inhabilitó por 15 años, al Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro.
Desde que se anunció la destitución del Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, sus simpatizantes no dudaron en movilizarse hacia la Plaza de Bolívar. En este momento, este emblemático lugar espera por el pronunciamiento de Petro.
Así fue cómo el alcalde Gustavo Petro se enteró de la destitución e inhabilidad por 15 años que le dictó el procurador Alejandro Ordóñez por el manejo en el esquema de aseo y limpieza de Bogotá.
Nada más ofensivo para la democracia que la destitución y la inhabilitada de Petro por parte del procurador. Por varias razones. La primera, porque en un sistema electoral sano y efectivamente democrático es el pueblo el que, mediante el voto, debe decidir si aprueba o no una gestión. La Procuraduría, debe estar atenta a cuando se vulneran los derechos ciudadanos. Columna de opinión Lariza Pizano Rojas
El día de ayer un anuncio escueto y certero notificó al Presidente Juan Manuel Santos sobre la imposibilidad de utilizar la Casa de Nariño para hacer reuniones o actividades con fines proselitistas en el marco de su campaña política a la reelección. El anuncio lo hizo la Procuradora delegada para lo electoral, María Eugenia Carreño, quien es el ojo sobre las acciones del presidente-candidato
El procurador Alejandro Ordóñez dio un balance de la investigación que la comisionista Interbolsa S.A lleva presentando por más de dos años. Durante este balance se afirmó que debido a la falta de control, la Superintendencia Financiera de Colombia permitió que se presentara el desfalco financiero, lo que provocó la sanción de algunos funcionarios de la entidad.
El Procurador General, Alejandro Ordóñez, no contento con ser el jefe del Ministerio Público ha decidido embarcarse en cuanta discusión existe en el país.
Además de la conocida guerra frontal que le ha declarado a la comunidad LGBTI por cuenta del derecho a casarse y a adoptar hijos, el Procurador ha opinado sobre temas tan disímiles y alejados de su competencia como los son el Fuero penal militar o la presencia de fotografías de candidatos en los logos de los partidos en los tarjetones de las próximas elecciones. Contraponiéndose, en ambos ejemplos, a las decisiones de otras entidades como la Corte Constitucional o el Consejo Nacional Electoral.
Muchas veces este tipo de actuaciones y opiniones generan la percepción de que el Ministerio Público está al servicio de los intereses de algunos grupos políticos en particular y no al servicio de la Constitución de 1991, que acoge a todos los colombianos sin distinguir credo, raza u orientación política o sexual.
“Los desarrollos de las conversaciones de La Habana lo que han demostrado es la ausencia de voluntad de paz de las FARC”, dijo este lunes el jefe del Ministerio Público.
El Procurador Alejandro Ordóñez, del que hace poco se conoció su tesis de grado en la que expone un sistema teológico detrás del ordenamiento institucional, decidió asumir una postura de persecución desmedida en contra de dos procesos fundamentales en Colombia.
El Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez manifestó sus reservas frente a la concesión de beneficios a los testaferratos y criticó el proyecto de ley de extinción de dominio que encabeza la Fiscalía General de la Nación.
La decisión de la Procuraduría General de la Nación de inhabilitar por diez años para ejercer cargos públicos a Jhenifer Mojica, subgerente de tierras del Incoder, podría ser una más de las sanciones disciplinarias que imparte el Ministerio Público.