Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Procuraduría

Alerta de la Procuraduría por retrasos en las obras para los Juegos Nacionales en el Eje Cafetero

La  Procuradora General de la Nación encontró un panorama preocupante en Pereira en algunos de los proyectos de infraestructura para la realización de los Juegos Nacionales y Paranacionales Eje Cafetero 2023 , con escenarios inconclusos y otros que apenas avanzan a media marcha.

La procuradora Margarita Cabello verificó los trabajos de mejoramiento del Coliseo Menor, que alcanzan una ejecución del 65,86 ​%, y las obras para la construcción del Complejo Acuático, que avanzan en un 55,47 %; proyectos que, en ambos casos, exceden los plazos previstos de entrega, a pesar de que la fecha de inicio de los juegos es el próximo 11 de noviembre.

 

Para la procuradora Cabello Blanco son preocupantes los trabajos en las canchas de tenis de campo, los cuales solo alcanzan la ejecución del 4 %, así como las obras del Coliseo Mayor Rafael Cuartas Gaviria que, si bien registra un 78 % de avance, los trabajos serían culminados una semana después de la inauguración de los juegos. 

Por los lados de la construcción del campo de Rugby y canchas de voleibol playa, en el Parque Metropolitano del Café, obras iniciadas en febrero de 2023 y para entrega en agosto, la ejecución es del 58 %.

¿Cómo van en Quindío?

El porcentaje de los trabajos de adecuación del Coliseo del Café y de la pista de Atletismo en Armenia, así como la construcción de la cancha de squash es menor al 55 %.

Allí en el departamento del Quindío, la situación se enreda todavía más, ya que los trabajos de adecuación en el Coliseo del Sur apenas intentan arrancar y su avance es del 0 %.

En cuanto al Coliseo Multideportes el porcentaje de ejecución apenas alcanza el 22,42 %, mientras que en la construcción del complejo acuático los trámites administrativos no le permiten avanzar.

¿Cómo avanzan las obras en Caldas?

Allí una de las obras que presenta mayores avances es la del Centro Internacional de Aguas, Cameguadua, con una ejecución cercana al 67 %.

En menor desarrollo se dan los trabajos de remodelación del Coliseo Mayor de Manizales con avances del 12,7 %, mientras que se corre el temor de que no se puedan alcanzar a entregar los proyectos del Coliseo Multipropósito, el Coliseo Menor y el Patinódromo. 

En el departamento de Caldas la mala noticia embarga al Complejo Acuático del Parque Bicentenario, que no se podrá utilizar por no cumplir con las condiciones mínimas exigidas por el certamen, lo único que se salvó y pasó la prueba fue la piscina que servirá para actividades de polo acuático.

La razón por la que la Procuraduría entuteló al Consejo de Estado

Este martes la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que interpuso acciones de tutela en contra de tres sentencias que profirió el Consejo de Estado por anular fallos del ente que daban destitución e inhabilidad a tres funcionarios.

Los funcionarios en cuestión son el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía; el exsenador de la República, Eduardo Merlano; y el exalcalde municipal de San José del Fragua (Caquetá), Dúber Trujillo Medina.

 

«Vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de la Procuraduría, porque se desconoció la Constitución Política y el precedente de la Corte Constitucional respecto de la competencia de esta entidad para ejercer el control disciplinario sobre los servidores públicos de elección popular», explicó la Procuraduría en un comunicado.

La Procuraduría aclaró que desde que se expidió la Constitución Política de 1991 tenían la facultad de «suspender, destituir e inhabilitar» funcionarios.

Por el momento, no hay un pronunciamiento oficial por parte del Consejo de Estado después del recurso acogido por la Procuraduría al respecto.

Le puede interesar: Condenan a la mujer que llamó «simio» a la vicepresidenta Francia Márquez

Alerta de la Procuraduría por aumento de feminicidios en el Atlántico

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco reportó con preocupación el aumento de los casos de homicidios contra mujeres en el Atlántico.

Según la jefe del Ministerio Púbico, entre el 1º de enero al 29 de agosto del año 2023, se reportaron 31 hechos de muertes violentas de mujeres en el departamento, de los cuales 2 se tipificaron como feminicidio (uno en el municipio de Galapa y otro en Ponedera) y 29 casos como homicidio, estos últimos con un alarmante aumento del 12% con relación al 2022, según datos del Observatorio de Violencia contra la mujer de la Fundación Teknos. 

 

Así mismo, la Procuradora referenció que, según el Reporte Dinámico de Feminicidios Colombia, 252 mujeres han sido víctimas de feminicidios a nivel Nacional, sumado a los 68 casos en grado de tentativa, para un total de 320 eventos en el país en el primer semestre del año. En el Atlántico, fueron reportados  16 feminicidios según los criterios consumados.

Cabello Blanco también alertó por las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde en el primer semestre 2023 se reportaron en Barranquilla, 921 casos de violencia intrafamiliar, de estos, 580 en el contexto de pareja; y fueron practicados 255 exámenes medico legales a mujeres, por presunto delito sexual. 

La Procuradora se unió al llamado de las organizaciones de mujeres del Atlántico, para que las autoridades locales, regionales y nacionales, implementen una eficiente restricción al porte ilegal de armas, porque los últimos casos de homicidios contra mujeres y niñas, se han producido con arma de fuego.

Procuraduría investiga como se permitió la libertad de Gordo Lindo

 La Procuraduría General de la Nación adelantó una inspección disciplinaria en la cárcel La Picota, de Bogotá con el fin de establecer la veracidad sobre el presunto ingreso de una comunicación al sistema de información de esa entidad, en la que la Fiscalía habría notificado  sobre una orden de captura o medida de aseguramiento contra alias Gordo Lindo que, de haberse tenido en cuenta, habría impedido su salida por pena cumplida, decretada por el juez de ejecución de penas.

Entre las pruebas practicadas por el equipo del Ministerio Público,  estuvieron los testimonios del director del penal, Horacio Bustamante Reyes, así como el de Fabián Andrés Solano Ocampo, Coordinador del Grupo de Gestión Legal de La Picota.

 

La comisión también recolectó copias de los documentos relacionados con el proceso administrativo surtido desde que se conoció la orden de libertad, hasta que se materializó la salida del mencionado narcotraficante, los protocolos establecidos en el penal para surtir este proceso, copias de las consultas hechas por correo electrónico a las diferentes autoridades (DIJIN, SIJIN, Rama Judicial y Fiscalía) sobre procesos pendientes que hubieran podido frenar la liberación y las identidades de los funcionarios responsables de cada proceso y procedimiento, entre otras.

Nancy Patricia Gutiérrez pide vigilar la elección director de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca

La candidata a la Gobernación de Cundinamarca, Nancy Patricia Gutiérrez, pidió a la Procuraduría General de la Nación realizar un estricto seguimiento al proceso  de selección y nombramiento del director de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca. La aspirante considera que el proceso carece de la transparencia necesaria.

» La ventana de postulación estuvo abierta por pocos días, sumando a un pliego de 26 páginas de requisitos y trámites por realizar, lo cual quita posibilidad para que aquellas personas que no conocieran previamente el proceso pudieran postularse”.

 

“Ojo! procuradura por favor se requiere transparencia en estos procesos tan importantes para la región de Cundinamarca y Bogotá”.

La candidata aseguró que “En vista de la importancia de este cargo para Bogotá y Cundinamarca, y reconociendo su compromiso con la justicia y la legalidad, me atrevo a solicitar respetuosamente su intervención en la supervisión y vigilancia de este proceso. La falta de claridad en los criterios de selección y la percepción de posibles influencias externas han generado incertidumbre y desconfianza entre los ciudadanos”.

Agregó que “su intervención como procuradora podrá permitir la restauración de la confianza pública en la integridad del proceso de selección. La transparencia, imparcialidad y el respeto a los principios de mérito y capacidad son esenciales para garantizar la elección del candidato más idóneo y para salvaguardar los intereses de nuestra comunidad.

Nota relacionada: “El narcomenudeo está presente en toda Cundinamarca”: Nancy Patricia Gutiérrez

Procuraduría abre nuevo capítulo de cartel de la toga con formulación de cargos a excongresista

Al excongresista en el periodo de 2014-2018 por el partido Conservador, Julio Gallardo Archbold, la Procuraduría de la Nación le formuló cargos por «pago indebido de $200 millones al entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos».

El ex representante a la Cámara por San Andrés y Providencia habría pagado dicha suma para obtener una decisión favorable en un proceso penal ante la corte.

 

Esta formulación de cargos entra en como un nuevo capítulo del escándalo del cartel de la toga que inició en 2017 cuando un grupo de magistrados liderados por Leonidas Bustos recibía dineros a cambio de decisiones positivas en algunos casos.

«La Sala de Instrucción Disciplinaria indicó que, como parte del entramado de corrupción denominado el cartel de la toga el parlamentario supuestamente hizo llegar el monto referido a través del exfiscal Luis Gustavo Moreno, con lo que se pudo materializar un cohecho por dar u ofrecer», explicó la Procuraduría en un comunicado.

Además, el ente de control consideró que esta conducta era calificada como falta gravísima a título de dolo por parte de Julio Gallardo Archbold.

Le puede interesar: Nueva investigación de la Procuraduría al alcalde de Riohacha

 

Nueva investigación de la Procuraduría al alcalde de Riohacha

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, y el exalcalde, Juan Carlos Suaza Móvil, (2018 – 2019) por presuntas irregularidades en la puesta en marcha del sistema Integral de acueducto y alcantarillado en el corregimiento de Camarones, Riohacha, financiado con recursos de regalías por $ 7.481.132.237.

Con esta nueva investigación, el Ministerio Público busca establecer si las obras del acueducto y alcantarillado para el corregimiento de Camarones, fueron terminadas y entregadas a satisfacción, fueron puestas en funcionamiento.

 

Se constató que la geomalla textil de las lagunas de oxidación de la PTAR había sido hurtada y que la maleza estaba invadiendo la obra, de lo cual obran fotografías en el expediente”, señala el organismo de control.

El Ministerio Público asegura que el proyecto perdió su derrotero, pues, para el 31 de diciembre de 2019, cuando culminó su mandato, el Sistema, entregado el 18 de noviembre de 2018, aún no había entrado en funcionamiento.

La senadora Isabel Cristina Zuleta quedó en la mira de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación indaga si la senadora Isabel Cristina Zuleta, ha cometido irregularidades en lo que va de la campaña electoral para elegir las autoridades regionales.

La congresista del Pacto Histórico dio a entender  que habría hecho donaciones económicas a diferentes candidatos.

 

Isabel Cristina Zuleta asegura sentirse tranquila porque según ella no está impedida para hacer donaciones, ya que no es una financiación a una campaña, algo que según el Ministerio Público, pudo incurrir en una falta disciplinaria.

El Ministerio Público verifica si por las condiciones de ocupar un cargo de servidora pública pudo incurrir en constitutivos de falta disciplinaria, y  esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Petro defendió al comandante del Ejército

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, se refirió a la decisión de la Procuraduría General de la Nación de abrir indagación preliminar contra el comandante del Ejército Nacional, general Luis Mauricio Ospina, por presuntamente haber ocultado información sobre el supuesto atentado contra el Fiscal General, Francisco Barbosa, por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Según mi investigación interna y como Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, debo decir que no fue así”, afirmó el Presidente a través de su cuenta de Twitter.

 

El primer mandatario indicó que “la información de inteligencia que le entregan al Fiscal General no llegó al conducto regular: la comandancia del Ejército ni al presidente. Tanto Fiscalía como inteligencia deben establecer la veracidad de la fuente”.

El mandatario además recordó que “como medida de prevención, desde el momento en que fuimos enterados por el Fiscal General ordené al general Ospina fortalecer la seguridad del General (en retiro, Eduardo Enrique) Zapateiro y, a la Policía Nacional, la seguridad del Fiscal General de la Nación y la de las demás personas amenazadas”.

Con proyecto de ley buscan eliminar facultades de sanción de la Procuraduría a elegidos por voto popular

El representante a la cámara, Pedro José Suarez, presentó un proyecto de ley que modifica las funciones de la Procuraduría General de la Nación quitando las facultades sancionatorias que hoy tiene el órgano de control sobre los funcionarios públicos elegidos por voto popular.

De acuerdo con el congresista, la iniciativa pretende armonizar la constitución política con lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

 

La modificación del artículo 40 se centran en asegurar los derechos políticos de los ciudadanos, los cuales sólo podrán ser limitados por un juez penal mediante sentencia judicial, preservando a la
Procuraduría tal como lo estipula el artículo 277 sobre la facultad de investigar a los funcionarios públicos atendiendo la modificación del artículo 40, y reiterando la facultad del Procurador de
desvincular del cargo a los funcionarios públicos salvo los elegidos por voto popular.

El proyecto busca garantizar que el proceso sancionatorio que implique suspensión, inhabilidad o destitución sea adelantado ante un juez quien goza de imparcialidad, independencia y objetividad en sus decisiones, alejado de intereses propios, tal como lo exige la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Procuraduría investiga a los gobernadores de Antioquia, Huila, Guainía y Guaviare

Por presuntas irregularidades en la ejecución física y presupuestal de proyectos financiados con recursos de regalías, por $ 88.065 millones, la Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones contra los gobernadores de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa; Huila, Luis Enrique Dussán López; Guainía, Juan Carlos Iral Gómez y Guaviare, Heyder Yovanni Palacio Salazar.

La investigación del Ministerio Público tiene que ver con proyectos de infraestructura vial que debieron terminarse en el período actual. En Antioquia por ejemplo, la Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño (Asomura), entidad designada como ejecutora, al contratista Sigma Construcciones S.A. para el mejoramiento de vías terciarias en los municipios del occidente, sin tener en cuenta las disposiciones legales para la contratación pública. 

 

En Huila el proyecto cuestionado tiene que ver con la construcción de un tramo de siete kilómetros en la vía entre los municipios de San Marcos y Acevedo, por valor de $ 18.215 millones.  Esta presenta solo el 50 % de avance, aunque su ejecución financiera ya llegó al 100 %.
En Guainía la investigación tiene que ver con la construcción de dos puentes vehiculares en el municipio de Inírida por valor de $ 16.150 millones. La ejecución registra más de un año de retraso, ha sido denunciado por las comunidades indígenas de la región, debido a sus demoras y por habérselo entregado al cuestionado empresario Winston Hernández, como representante legal de la Unión Temporal Puentes de Guainía.
La Procuraduría delegada para el Seguimiento a Regalías, se encuentra solicitando a las entidades responsables de la aprobación y ejecución de los diferentes proyectos, las pruebas documentales y testimoniales necesarias para determinar la responsabilidad de los investigados.

Procuraduría ratifica sanción a Rodolfo Hernández ¿Qué pasará con su candidatura?

Aunque Rodolfo Hernández promueve su candidatura en la Gobernación de Santander, este miércoles la Procuraduría ratificó suspensión e inhabilidad especial de cuatro meses.

A Hernández lo sancionaron por las irregularidades en el manejo de las basuras durante su alcaldía en Bucaramanga de 2016 a 2019 en el famoso caso de Vitalogic. 

 

«En fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular señaló que no hay ninguna duda sobre las palabras usadas por el entonces alcalde contra el veedor Fernando Martínez Arenas, al responderle un reclamo por la poda de árboles que adelantaban funcionarios de la Empresa Municipal de Aseo en ese espacio, el 26 de octubre de 2018″, expuso la Procuraduría.

A pesar de esta decisión, la candidatura no se le cae a Rodolfo Hernández debido a que esta decisión deberá ser revisada por el Consejo de Estado y el proceso podría tardarse al punto de sobrepasar las fechas para las elecciones de octubre.

Le puede interesar: Inicia el juicio contra Rodolfo Hernández

Procuraduría suspende a edil de Teusaquillo

La Procuraduría General de la Nación suspendió por cuatro meses al edil de la localidad de Tunjuelito, Hernán Reyes Gómez, por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades durante hechos ocurridos en su periodo anterior entre 2016 y 2019.
En fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular estableció que entre enero y mayo de 2016 el funcionario ejerció simultáneamente como abogado y edil, pues no renunció al poder otorgado por personas para instaurar demandas contra los hospitales distritales de Meissen y Pablo VI, en la capital del país.
El órgano de control señaló que Reyes Gómez fungió como abogado en un total de ocho procesos adelantados contra las dos entidades hospitalarias, “actuación con la que desconoció sus deberes funcionales e impactó sustancialmente el principio de moralidad de la función administrativa, ya que antes de posesionarse como edil tenía la obligación de renunciar a los poderes otorgados”.
Para el Ministerio Público  incumplió un deber funcional y vulneró los principios de la función pública como son la moralidad y transparencia sin ningún tipo de justificación, por lo que calificó su conducta como una falta grave cometida a título de culpa grave.
Hernán Reyes Gómez fue elegido como edil de la localidad de Teusaquillo en Bogotá por el Partido Liberal.

Procuraduría pide tumbar impuestos a los plásticos de un solo uso

La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional tumbar el impuesto sobre productos plásticos de un solo uso.

La solicitud del órgano de control disciplinario se hizo en medio de una demanda que estudio el alto tribunal.

 

El Ministerio Público considera que así como están las cosas hoy, no es posible determinar con quién sería el responsable de este impuesto, es decir, si  debe estar cargado a las compañías productoras, o importadoras de productos plásticos, que son utilizados para envasar, embalar o empacar bienes (industria de plástico), o a las empresas productoras o importadoras de bienes que están contenidos en envases, o embalajes o empaques de plásticos de un solo uso (industria en general) y si el tributo debe ser reflejado en los precios al consumidor.

Para el Ministerio Público,  al ordenar el “impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes”, el Congreso al aprobarlo,  desconoció el principio de legalidad y certeza tributaria,* puesto que omitió definir los elementos del gravamen de forma “clara e inequívoca a fin de que la ciudadanía pueda determinar los sujetos obligados y la actividad que origina el cobro, es decir, tenga la oportunidad de comprender razonablemente sus deberes fiscales a partir del texto legal.