La Procuraduría General de la Naciónindaga si la senadora Isabel Cristina Zuleta, ha cometido irregularidades en lo que va de la campaña electoral para elegir las autoridades regionales.
La congresista del Pacto Histórico dio a entender que habría hecho donaciones económicas a diferentes candidatos.
Isabel Cristina Zuletaasegura sentirse tranquila porque según ella no está impedida para hacer donaciones, ya que no es una financiación a una campaña, algo que según el Ministerio Público, pudo incurrir en una falta disciplinaria.
El Ministerio Público verifica si por las condiciones de ocupar un cargo de servidora pública pudo incurrir en constitutivos de falta disciplinaria, y esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, se refirió a la decisión de la Procuraduría General de la Nación de abrir indagación preliminar contra el comandante del Ejército Nacional, general Luis Mauricio Ospina, por presuntamente haber ocultado información sobre el supuesto atentado contra el Fiscal General, Francisco Barbosa, por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“Según mi investigación interna y como Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, debo decir que no fue así”, afirmó el Presidente a través de su cuenta de Twitter.
El primer mandatario indicó que “la información de inteligencia que le entregan al Fiscal General no llegó al conducto regular: la comandancia del Ejército ni al presidente. Tanto Fiscalía como inteligencia deben establecer la veracidad de la fuente”.
El mandatario además recordó que “como medida de prevención, desde el momento en que fuimos enterados por el Fiscal General ordené al general Ospina fortalecer la seguridad del General (en retiro, Eduardo Enrique) Zapateiro y, a la Policía Nacional, la seguridad del Fiscal General de la Nación y la de las demás personas amenazadas”.
El representante a la cámara, Pedro José Suarez, presentó un proyecto de ley que modifica las funciones de la Procuraduría General de la Nación quitando las facultades sancionatorias que hoy tiene el órgano de control sobre los funcionarios públicos elegidos por voto popular.
De acuerdo con el congresista, la iniciativa pretende armonizar la constitución política con lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
La modificación del artículo 40 se centran en asegurar los derechos políticos de los ciudadanos, los cuales sólo podrán ser limitados por un juez penal mediante sentencia judicial, preservando a la
Procuraduría tal como lo estipula el artículo 277 sobre la facultad de investigar a los funcionarios públicos atendiendo la modificación del artículo 40, y reiterando la facultad del Procurador de
desvincular del cargo a los funcionarios públicos salvo los elegidos por voto popular.
El proyecto busca garantizar que el proceso sancionatorio que implique suspensión, inhabilidad o destitución sea adelantado ante un juez quien goza de imparcialidad, independencia y objetividad en sus decisiones, alejado de intereses propios, tal como lo exige la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por presuntas irregularidades en la ejecución física y presupuestal de proyectos financiados con recursos de regalías, por $ 88.065 millones, la Procuraduría General de la Naciónabrió investigaciones contra los gobernadores de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa; Huila, Luis Enrique Dussán López; Guainía, Juan Carlos Iral Gómez y Guaviare, Heyder Yovanni Palacio Salazar.
La investigación del Ministerio Público tiene que ver con proyectos de infraestructura vial que debieron terminarse en el período actual. En Antioquia por ejemplo, la Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño (Asomura), entidad designada como ejecutora, al contratista Sigma Construcciones S.A. para el mejoramiento de vías terciarias en los municipios del occidente, sin tener en cuenta las disposiciones legales para la contratación pública.
En Huila el proyecto cuestionado tiene que ver con la construcción de un tramo de siete kilómetros en la vía entre los municipios de San Marcos y Acevedo, por valor de $ 18.215 millones. Esta presenta solo el 50 % de avance, aunque su ejecución financiera ya llegó al 100 %.
En Guainía la investigación tiene que ver con la construcción de dos puentes vehiculares en el municipio de Inírida por valor de $ 16.150 millones. La ejecución registra más de un año de retraso, ha sido denunciado por las comunidades indígenas de la región, debido a sus demoras y por habérselo entregado al cuestionado empresario Winston Hernández, como representante legal de la Unión Temporal Puentes de Guainía.
La Procuraduría delegada para el Seguimiento a Regalías, se encuentra solicitando a las entidades responsables de la aprobación y ejecución de los diferentes proyectos, las pruebas documentales y testimoniales necesarias para determinar la responsabilidad de los investigados.
Aunque Rodolfo Hernández promueve su candidatura en la Gobernación de Santander, este miércoles la Procuraduría ratificó suspensión e inhabilidad especial de cuatro meses.
A Hernández lo sancionaron por las irregularidades en el manejo de las basuras durante su alcaldía en Bucaramanga de 2016 a 2019 en el famoso caso de Vitalogic.
«En fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular señaló que no hay ninguna duda sobre las palabras usadas por el entonces alcalde contra el veedor Fernando Martínez Arenas, al responderle un reclamo por la poda de árboles que adelantaban funcionarios de la Empresa Municipal de Aseo en ese espacio, el 26 de octubre de 2018″, expuso la Procuraduría.
A pesar de esta decisión, la candidatura no se le cae a Rodolfo Hernández debido a que esta decisión deberá ser revisada por el Consejo de Estado y el proceso podría tardarse al punto de sobrepasar las fechas para las elecciones de octubre.
En fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular estableció que entre enero y mayo de 2016 el funcionario ejerció simultáneamente como abogado y edil, pues no renunció al poder otorgado por personas para instaurar demandas contra los hospitales distritales de Meissen y Pablo VI, en la capital del país.
El órgano de control señaló que Reyes Gómez fungió como abogado en un total de ocho procesos adelantados contra las dos entidades hospitalarias, “actuación con la que desconoció sus deberes funcionales e impactó sustancialmente el principio de moralidad de la función administrativa, ya que antes de posesionarse como edil tenía la obligación de renunciar a los poderes otorgados”.
Para el Ministerio Público incumplió un deber funcional y vulneró los principios de la función pública como son la moralidad y transparencia sin ningún tipo de justificación, por lo que calificó su conducta como una falta grave cometida a título de culpa grave.
Hernán Reyes Gómez fue elegido como edil de la localidad de Teusaquillo en Bogotápor el Partido Liberal.
La solicitud del órgano de control disciplinario se hizo en medio de una demanda que estudio el alto tribunal.
El Ministerio Público considera que así como están las cosas hoy, no es posible determinar con quién sería el responsable de este impuesto, es decir, si debe estar cargado a las compañías productoras, o importadoras de productos plásticos, que son utilizados para envasar, embalar o empacar bienes (industria de plástico), o a las empresas productoras o importadoras de bienes que están contenidos en envases, o embalajes o empaques de plásticos de un solo uso (industria en general) y si el tributo debe ser reflejado en los precios al consumidor.
Para el Ministerio Público, al ordenar el “impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes”, el Congreso al aprobarlo, desconoció el principio de legalidad y certeza tributaria,* puesto que omitió definir los elementos del gravamen de forma “clara e inequívoca a fin de que la ciudadanía pueda determinar los sujetos obligados y la actividad que origina el cobro, es decir, tenga la oportunidad de comprender razonablemente sus deberes fiscales a partir del texto legal.
El presidente de la república Gustavo Petro le advirtió a la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, a través de una carta que no firmará ni una sola destitución relacionada con funcionarios públicos elegidos por voto popular.
El primer mandatario hace referencia al fallo disciplinario que pide la suspensión por un término de tres meses al alcalde de Riohacha, José Emilio Bermúdez, por presuntas irregulares contractuales en la planeación del acueducto de la ciudad.
«la orden de la autoridad administrativa disciplinaria dispuesta en los Autos referenciados y soportada bajo la figura de medida cautelar, contiene una manifiesta restricción al ejercicio pleno y eficaz de uno de los derechos políticos de las personas electas popularmente según lo dispuesto en el artículo 23 No 1 de la Convención ADH, nada menos, el de quedar impedido por la orden administrativa para ejercer temporalmente su cargo”, indicó Gustavo Petro.
De inmediato la procuradora Cabello respondió insinuando que la actitud del mandatario es un mal ejemplo de incumplimiento y que generaría un colapso institucional, porque los funcionarios sancionados podrían aspirar a cargos públicos en las próximas elecciones.
“El problema es que en un estado de derecho lo que dice una decisión de constitucionalidad, de la Corte Constitucional debe ser acatada por el país entero, incluyendo al presidente de la República, se tiene que acatar le guste o no le guste”, argumentó.
La procuradora le recordó que el presidentetiene la obligación de nombrar a un remplazo para el alcalde de la capital de La Guajira, cuando los organismos de control imponen medidas contra los funcionarios de elección popular.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión de cuatro meses para el ejercicio de su cargo al Alcalde de Cartagena, William Jorge Dau Chamat, por faltar al respeto a los directivos de la Universidad pública.
De acuerdo con el Ministerio Público, el mandatario local se refirió a los directivos de la Universidad en términos desobligantes en el marco de la problemática ocasionada por la elección del Contralor Distrital de esta ciudad.
«Con su conducta el servidor público faltó al deber de tratar con imparcialidad y rectitud a los directivos de dicha institución y con la cual afectó su dignidad humana e integridad, usando expresiones tales como: “corruptos”, “nido de ratas”, “malandrines”, entre muchos otras», estableció el órgano de control.
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, y al secretario de Cultura de la ciudad, José Darwin Lenis Mejía, por presuntas irregularidades en la organización de la Feria de Cali de 2020.
Al parecer el convenio firmado entre la ciudad y Corfecali para su organización se habría firmado por 11.955 millones de pesos sin contar con estudios previos integrales, serios y suficientes que justificaran ese valor, pues fue fijado a partir de una indexación de costos de los tres años anteriores, sin tener en cuenta que en 2020 los eventos se realizarían de forma virtual por la pandemia del covid-19.
El Ministerio Público señaló que el alcalde Ospina pudo incurrir en una omisión de sus funciones de control, vigilancia y supervisión sobre el proceso de contratación, que estaba en cabeza del secretario de Cultura Lenis Mejía, pues no le habría advertido sobre los cambios contractuales que implicaba la organización de la Feria, no le requirió informe alguno sobre la metodología para fijar los costos y tampoco le pidió una explicación por la inclusión de aspectos que eran propios de eventos presenciales.
La Procuraduría General de la Naciónabrió investigación disciplinaria contra León Fredy Muñoz Lopera por su participación en una marcha en Nicaragua del partido Sandinista a favor de la revolución que tumbó al presidente Anastasio Somoza Debayle”.
Muñoz ocupa el cargo de embajador de Colombia en Nicaragua lo que le obliga a guardar distancia de cualquier evento de tipo político en el país centroamericano.
Al parecer, el funcionario estuvo presente en el evento convocado en el país centroamericano utilizando símbolos del Frente Sandinista de Liberación Nacional durante su recorrido.
De igual manera, el organismo de control investigará las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las declaraciones que hizo el señor Muñoz Lopera, en las que manifestó que es “embajador desde el 30 de septiembre y es un pueblo alegre, bonito, amable y sobre todo convencido de su revolución. Estoy gratamente sorprendido”.
LaProcuraduría sostuvo que, como garantía al derecho de defensa, el disciplinable podrá ser escuchado en versión libre y espontánea si así lo solicita.
La Procuraduría General de la Nación destituyó por ocho años al gobernador de Vichada, Álvaro Arley León Flórez, quien firmó un contrato $ 1.700 millones con una persona que estaba inhabilitada.
El Ministerio Público estableció que el mandatario local otorgó con contrato con un financiador de su campaña política.
El órgano de control disciplinario encontró que esta persona aportó a la campaña del gobernador León Flórez, un monto que supera los 40 mil millones cuando el máximo valor autorizado para que una persona natural o jurídica pueda donar a una causa electoral es de $ 22.096,965 pesos como cifra tope para no generar la inhabilidad para contratar con entidades públicas del Vichada.
Se demostró que, al interior de la campaña, se tenía conocimiento de esta contribución y donación en especie “y en especial, el disciplinable quien suscribió, en su condición de candidato, el formulario de las contribuciones realizadas por particulares”.
Quedó demostrado que el mandatario desconoció su deber de cumplir de manera irrestricta el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en materia de contratación estatal.
Dentro de las recomendaciones generales para dar cumplimiento a la Ley de Garantías Electorales, especialmente, en lo relacionado con la prohibición de celebrar convenios o contratos administrativos, modificación de plantas de personal, participación en política de servidores públicos, y a la observancia del principio de la planeación, la Procuraduría General de la Nación destacó las siguientes:
No está permitido celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos; participar, promover o destinar recursos públicos para reuniones de carácter proselitistas, inaugurar obras públicas o iniciar programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos o voceros de partidos políticos, así como modificar las plantas de personal, entre otras.
En lo que respecta a los servidores públicos y quienes cumplan funciones públicas, reiteró la Directiva 07 de 2023, donde se especifican cuáles son las prohibiciones y conductas relacionadas con la intervención en actividades de los partidos políticos y en controversias políticas.
En materia de contratación, recomendó tener en cuenta las excepciones a las prohibiciones en materia de contratación, entre estas, para cubrir emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, así como los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias.
Ante los constantes incendios en Vía Parque Isla de Salamanca, la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, tomar acciones que garanticen la protección del ecosistema.
el Ministerio Público citó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que declaró al “Vía Parque Isla Salamanca” como sujeto de derechos, requiriendo a la ministra que informe los avances en la implementación del plan estratégico para reducir los niveles de deforestación y degradación a cero, cumpliendo los términos previstos por el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.
Así mismo solicitó evaluar la posibilidad de convocar de manera urgente al Comité Permanente de Seguimiento al Plan Estratégico o la utilización de otra estrategia, que permita la articulación institucional en aras de afrontar las situaciones de incendios y quemas que se presentan en la actualidad.
