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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Procuraduría

La réplica de la ministra de Trabajo a la Procuraduría

Desde la Procuraduría, Margarita Cabello ha sido una de las críticas más visibles al proyecto de reforma laboral. Este fin de semana, Gloria Inés Ramírez -ministra de Trabajo- le respondió.

«Creo que esas expresiones simplemente lo que reflejan es un desconocimiento de la normatividad y de los compromisos de nuestro país tanto a nivel nacional como internacional, con la Constitución y las leyes de Colombia», aclaró Ramírez en entrevista con El Tiempo. La ministra recalcó que la reforma busca la fomentar la formalización y las garantías de seguridad social.

 

Entre las críticas que Margarita Cabello le hizo a la reforma se destaca la ausencia del impacto fiscal. «La Reforma Laboral no tiene en cuenta el impacto fiscal, podría golpear fuertemente la economía, fomentar la informalidad laboral y dejar en riesgo miles de empleos», expresó.

Además de las críticas a la Reforma Laboral, desdela Procuraduría también se criticó fuertemente el Plan Nacional de Desarrollo, otro de los proyectos de ley importantes para el gobierno de Gustavo Petro.

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MinSalud e Invima bajo la lupa de la Procuraduría

Este martes la Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra el Ministerio de Salud y el Invima por supuesta omisión de medidas con respecto a la escasez de medicamentos en el país.

La escasez de medicamentos venía siendo de debate en el Congreso junto a la controversia que ha levantado la Reforma a la Salud presentada por el gobierno nacional.

 

El ente de control argumentó que han agotado todo tipo de instancias para tener una respuesta efectiva del gobierno con comunicaciones y solicitudes que datan desde el 2022.

«La Procuraduría ha hecho requerimientos ala ministra de la cartera y al director del Instituto sobre la problemática que se presenta para los afiliados al sistema general de seguridad social debido al desabastecimiento de insumos, y pidió información acerca de las medidas adoptadas para atender la situación, que produjo incluso la declaratorio de alerta sanitaria», señaló el organismo dirigido por Margarita Cabello.

En dicho comunicado insisten que ordenaron pruebas documentales y testimoniales con el fin de investigar de lleno a los responsables y determinar si hubo o no conductas irregulares.

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Alerta de la Procuraduría por deforestación en la selva amazónica

Foto: AFP

La Procuraduría General de la Nación lanzó la alerta por el daño forestal en la selva amazónica consecuencia de la minería ilegal.

 

El órgano de control advirtió sobre  la responsabilidad de los grupos ilegales detrás de estas actividades, que además de generar daños irreversibles en el medio ambiente, ponen en riesgo a las comunidades y estarían causando graves situaciones de orden público, como las que se presentan actualmente en el Bajo Cauca Antioqueño.

De acuerdo con las cifras referenciadas por la jefe del Ministerio Público, en Colombia fueron deforestadas 174.104 hectáreas de bosque (2021), afectación que se concentra en un 68 %, en 9 núcleos territoriales ubicados en zonas de los departamentos como Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo, Norte Santander, Antioquia, Nariño y Chocó.

La jefe del Ministerio Público también refirió a las reiteradas advertencias de la Procuraduría frente a la necesidad de fortalecer la lucha en contra de este flagelo, alertando ante las autoridades los efectos de la suspensión de los operativos de control contra la minería ilegal en el Bajo Cauca Antioqueño, así como la grave situación que está atravesando el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en donde se están desarrollando actividades de minería ilegal que redundan en afectaciones irreversibles a este ecosistema.

El Ministerio Público reportó que, en el departamento de Putumayo, el motor de la deforestación serían los cultivos ilícitos, concentrando el 21 % de las hectáreas sembradas de coca en la región Amazónica, al borde del río Putumayo, evidenciándose afectaciones por deforestación a causa de la siembra ilícita en el Parque Nacional Natural La Paya.

Procuraduría evidencia hacinamiento del 144% en cárceles de Risaralda

Imagen de referencia
La Procuraduría General de la Nación en una visita conjunta con la Defensoría del Pueblo encontró un hacinamiento de 144 % en los centros de detención transitoria de Risaral​da.
El hacinamiento está generando serios problemas de salud y vulnera los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. A esto se suman deficiencias en la adquisición y preparación de alimentos y deterioro de las instalaciones, que agravan la condición de las personas allí recluidas.
Frente a la grave situación, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, sostuvo una mesa de trabajo interinstitucional en la que se hicieron compromisos para solucionar lo antes posible la crisis.
Entre los más importantes está la suscripción de convenios entre los entes territoriales y el INPEC para el traslado de sindicados a establecimientos de reclusión del orden nacional que permita disminuir el hacinamiento lo antes posible.
También se definieron brigadas de salud quincenales para garantizar la atención de las PPL y monitorear posibles brotes de enfermedades y la creación de un fondo común entre gobernación y alcaldías para mejorar la infraestructura de los centros.

Investigación disciplinaria a los ministros de Defensa y del Interior

La investigación de la Sala Disciplinaria de Instrucción buscará establecer los hechos de incidencia disciplinaria en los que pudieron incurrir los funcionarios y determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que tuvieron lugar los hechos que dieron a conocer los medios de comunicación.
Asimismo, la Entidad sostuvo que investigará los comportamientos que por acción u omisión podrían haber desplegado Prada Gil y Velásquez Gómez y decidir si podrían constituir falta disciplinaria a la luz del Código General Disciplinario, para lo que solicitó la práctica de pruebas conducentes al esclarecimiento de la situación.
Por su parte el presidente Gustavo Petro, defendió a los dos funcionarios, «»hace unos años una operación militar a través del bombardeo mató civiles en Putumayo. ¿Qué es lo que quieren hoy algunos entes públicos? ¿Que el Ejército entrara disparando a una manifestación de 7.000 campesinos de Guaviare, Macarena, Putumayo y Caquetá en el Caguán?», expresó.
Y añadió: «Desde las oficinas de Bogotá es fácil ordenar la muerte. Nuestros ministros y militares actuaron correctamente».

Procuraduría anuncia investigación contra el hijo de Gustavo Petro

La procuradora, Margarita Cabello, anunció la apertura de investigación contra Nicolás Petro, luego de conocer la solicitud del presidente, Gustavo Petro, para que se indague si las declaraciones de la exesposa de su hijo corresponden a la verdad.

Ordené a mi equipo disciplinario que aperture investigación, respecto al hijo por ser un servidor público, por lo que nos corresponde abrir la investigación correspondiente para, después del debate probatorio, tomar la decisión que corresponda”, indicó la jefa del Ministerio Público.

 

Dijo además que estará muy al pendiente de lo que indague la Fiscalía en los casos del hijo del presidente Petro como el de su hermano Juan Fernando Cristo.

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El primer mandatario, Gustavo Petro, pidió a la Fiscalía investigar no solo a su hijo sino además a su hermano, Juan Fernando Petro, de quien se rumora, habría recibido dineros de narcos para colarse en la ‘Paz Total’.

“El 7 de agosto pasado hice un compromiso con los colombianos y colombianas. Tengo la responsabilidad de ser leal al voto que muchos de ustedes depositaron en ml. Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Potro Urrego y mi hijo mayor Nicolás Petro Burgos, le pido al fiscal general de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades”, dio a conocer en un comunicado.

Rodolfo Hernández queda en el ojo de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez (2016 – 2019), porque en algunas de las emisiones del programa ‘Hable con el alcalde’, emitido por la red social Facebook, así como en entrevistas en medios de comunicación, el excandidato presidencial habría hecho señalamientos injuriosos en contra del entonces gobernador de Santander, Didier Tavera; el diputado del mismo departamento, Edgar Suárez Gutiérrez; el subcontralor de Bucaramanga para la época, Héctor Rolando Noriega, y el cuerpo de bomberos de la ciudad.

De acuerdo con el Ministerio Público, con su aparente conducta pudo afectar “los derechos de los servidores públicos a los que se refirió, al invadir incluso la esfera de su vida personal y familiar, sin respeto alguno de su intimidad, de su dignidad, buen nombre e imagen ante la comunidad, y sin considerar que, aun tratándose de funcionarios públicos, la información debía tener un mínimo de plausibilidad y cumplir con condiciones básicas de veracidad y credibilidad”.

 

Agregó que, con los aparentes señalamientos, el exfuncionario al parecer no solo buscaba “descalificar el ejercicio de las funciones públicas que ellos tenían, sino, además, generar el rechazo contra ellos por parte de la ciudadanía y el respaldo a su proyecto político”, precisó la Procuraduría en el pliego de cargos.

Rodolfo Hernández también deberá responder por los presuntos tratos irrespetuosos contra el ciudadano Fernando Martínez Arenas, de quien habría dicho en el mismo programa institucional que era un “vago sin sueldo”, que “deberían medicarlo” y “tocaba que lo llevaran al médico”.

 

Procuraduría alerta por presencia de mercurio en las fuentes hídricas de Cali

Foto: Fundación Farallones
La Procuraduría General de la Nación alertó  de la presencia de mercurio y explosivos que pone en riesgo las fuentes abastecedoras de agua de los habitantes de Santiago de Cali y en el por las actividades de minería ilegal en el en el Parque Nacional Farallones de Cali.
El Ministerio Público alertó que, pese a existir una acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales del Parque y de las fuentes abastecedoras de agua, en los comités de verificación que se adelantan para vigilar el cumplimiento de esta orden judicial, se ha reportado el aumento de la minería ilegal y la identificación de los líderes de la actividad ilícita, de lo cual tiene conocimiento la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección Especializada.
Ante este panorama y de cara a la articulación interinstitucional para enfrentar los delitos ambientales, el ente de control solicitó al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, los resultados de la Investigación estructural que se adelanta frente a la minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, así como en referencia a la conducta de las personas que realizan dicha actividad. También el ente de control referenció que estará realizando el monitoreo y seguimiento para evitar la contaminación y afectación del agua agua que consumen los habitantes de Cali.

Funcionarios elegidos por voto popular no escapan del poder de la Procuraduría

Al tumbar el artículo primero de la Ley 2094 de 2021, que le daba facultades jurisdiccionales a los procuradores para que adelantaran investigaciones en contra de los funcionarios elegidos por voto popular, la Sala Plena de la Corte Constitucional, dejó en firme la facultad de la Procuraduría General de la Nación para sancionar funcionarios públicos elegidos por voto popular.

La Corte consideró que fue equivocado delegar funciones jurisdiccionales a los procuradores delegados.

 

Esta potestad del Ministerio Público fue demandado por el senador Alexander López, el Colectivo de Abogados José Alvear y la excongresista, Ángela María Robledo, quienes consideran que el sistema en Colombia debe ponerse a tono con el artículo 23 de la Convención Americana que determina que la reglamentación legal de los derechos políticos puede referirse a condena por juez penal competente que, en la práctica, equivale a que su limitación, en especial el derecho a ser elegido, no puede darse por parte de autoridades administrativas.

al respecto, el presidente Gustavo Petro criticó fuertemente la decisión diciendo: “Como lo hemos defendido, Procuraduría, por ser autoridad administrativa, no puede quitar derechos políticos, como lo prohíbe el artículo 23 de la Convención Americana que es parte de la Constitución. Lástima que Corte Constitucional restrinja esa prohibición solo a funcionarios elegidos”

Y en otro mensaje señaló: “A ninguna persona se le pueden quitar sus derechos políticos si no (es) por sentencia de juez penal. Este que es el artículo 23 de la Convención Americana debe ser acatado por el Estado colombiano. Presentaremos proyecto de ley al respecto, ojalá en consenso con la actual Procuraduría”.

El primer mandatario acudió a la CIDH luego de ser destituido por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez.

Seis altos mandos del Ejército serán investigados por operativo en Putumayo

La Procuraduría General de la Nación investiga la operación militar adelantada por el Ejército en Puerto Leguízamo, Putumayo, (vereda El Alto Remanso) el pasado 28 de marzo de 2022, donde perdieron la vida 11 personas, donde podría verse comprometida la responsabilidad de seis altos oficiales de las Fuerzas Militares.

La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos ordenó vincular a la indagación previa, varios miembros del Ejército que participaron en la mencionada operación.​

 

De igual manera, a lo largo del año 2022 han sido expedidos diferentes autos que ordena la práctica de más pruebas, todas encaminadas a esclarecer lo sucedido.

La investigación busca establecer la responsabilidad de la cadena de mando del Ejército Nacional en la operación militar en la vereda El Remanso en el Putumayo. Testimonios de la comunidad presente en el lugar de los hechos, os militares se identificaron como guerrilleros para atacar a un supuesto grupo de los Comandos de la Frontera. Además, que los hombres venían vestidos de negro y que los cuerpos de las víctimas fueron movidos por el personal militar y estuvieron bajo su custodia por varias horas.

El Ejército Nacional y el ministro de Defensa de la época, Diego Molano defendieron el operativo, “fue una operación legítima contra Carlos Emilio Loaiza Quiñónez, Bruno, y otro comandante conocido en la guerra como Managua”.

 

Llamado de atención de la Procuraduría por la la persistencia del reclutamiento forzado de menores

Foto: Verdad Abierta
La Procuraduría General de la Nación manifestó su preocupación ante la persistencia y el aumento del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados y grupos delincuenciales en el país.
El ente de control reveló un aumento del 23% en el número de los niños, niñas y adolescentes en programas de protección por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pasando de 180 niños y niñas desvinculados por grupos al margen de la ley en el año 2021, a 220 beneficiarios en materia de protección durante el 2022.
El Ministerio público alertó que niñas, niños y adolescentes de pueblos étnicos también han sido afectados de manera desproporcionada por estos hechos, registrando según el Registro Único de Víctimas en Colombia, 68 Indígenas y 28 Afrocolombianos entre 2021 y 2022, dando cuenta de la persistencia de la violencia en sus territorios y los impactos de este delito.
El Ministerio Públicó señaló que los departamentos más afectados Antioquia, Chocó y Cauca.
El ente de control también afirmó que, a pesar de que el Estado colombiano cuenta con una política pública en la materia y oferta institucional para la prevención y promoción de este delito, esta ha sido insuficiente para mitigar el impacto del reclutamiento en territorios donde operan grupos ilegales y estructuras criminales, y donde este hecho se relaciona con otras victimizaciones como el desplazamiento forzado y el confinamiento.
Debido a la persistencia y propagación de esta situación, la Procuraduría General de la Nación hace un llamado a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales y a las entidades que conforman la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual (CIPRUNNA), a las y los mandatarios en las gobernaciones, los distritos y alcaldías, a que desarrollen estrategias robustas y eficientes de protección y acojan los exhortos y recomendaciones hechas en la Directiva 10 de 2021.

Petro aboga por el director de la SAE

Foto: SAE.

Como un “primer campanazo” para evitar que se hagan las reformas del Gobierno del Cambio calificó el Presidente Gustavo Petro la suspensión del Director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, por parte de un organismo de control.

 

El Mandatario se refirió al tema durante la entrega a 52 familias campesinas de 243 hectáreas de tierras, correspondientes a los predios El Romero y El Principio, que estaban en poder de la SAE.

En su intervención el Mandatario recalcó que, de tiempo atrás, un sector corrupto de la clase política se apropió de los bienes de la mafia, hasta que llegó este Gobierno y dijo: “Basta, paren el robo”.

Indicó que en su administración hay algunos “funcionarios de la línea roja”, a quienes los corruptos ponen dos alternativas: “O se arrodillan y reciben el billete y prestan el Estado a la corrupción, o los matan”.

“Esas líneas rojas son unos cuantos funcionarios que he tratado de escoger con el mayor cuidado, para que ni le tengan miedo a la amenaza de la muerte, ni se dejen arrodillar, vendiéndose por el dinero del narcotráfico”, sostuvo.

Consideró que no es fácil encontrar a esas personas, quienes arriesgan su vida y las de sus familias.

Además agregó: “En el caso de la SAE, escogí a Daniel. Y fíjese el resultado: a las pocas semanas de su posesión, aparece un órgano de investigación, que nunca jamás hizo la investigación del enorme robo de los bienes de la mafia incautados, por los políticos en el poder”.

“Y, en cambio, cuando empezamos a entregar las haciendas de esos mafiosos al pueblo pobre, al pueblo campesino, al pueblo que estaba inundado en ese momento, entonces sí inicia una flamante investigación y suspende al Director de la entidad”, subrayó el Presidente Petro.

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“¿Eso es justicia? ¿Qué es lo que estamos viendo ante nosotros solo en este hecho? Es el primer campanazo, apenas; es el primer paso que han dado para intentar que no hagamos lo que prometimos en la plaza pública, y por lo cual 11 millones y medio de poderosos votantes, hombres y mujeres y jóvenes y viejos” decidieron que era el momento de hacer el cambio en Colombia.

Entrega de tierras en San Benito Abad

Cabe indicar que durante su visita de este sábado al municipio de San Benito Abad, en el departamento de Sucre, el Jefe de Estado entregó a 52 familias campesinas un total de 243 hectáreas de tierras, correspondientes a los predios El Romero y El Principio, que estaban en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

En estos predios se realizará un proyecto de siembra de cítricos y marañón, además de una intervención ambiental para recuperar este sector afectado por actividades de minería.

El acto liderado hoy en San Benito Abad por el Presidente Petro hace parte de una serie de entregas de tierras por parte de la SAE, las cuales se llevaron a cabo los días 9, 10 y 11 de febrero en los municipios de Sampués, San Marcos y San Benito Abad, en Sucre.

En este sentido, a través de su estrategia ‘Tierras para la Paz Total’, la SAE –con el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación– entregó los derechos de uso de cinco predios en total para beneficiar a mujeres cabeza de hogar, afectados por la ola invernal, comunidades indígenas, mujeres artesanas y familias campesinas.

En Sampués, entregó dos predios: Bendición de Dios, de 77 hectáreas, a 25 familias campesinas. Y La Esperanza, de 12 hectáreas, a 50 mujeres vulnerables.

Asimismo, en San Marcos, entregó el predio El Paraíso, de 170 hectáreas, a 40 familias campesinas.

Los proyectos productivos que se apoyarán en estos predios buscan aportar a la economía popular y la soberanía agroalimentaria.

¿Por qué la Procuraduría suspendió al presidente de la SAE, José Daniel Rojas Medellín?

Foto: cortesía.

Este viernes la Procuraduría emitió una comunicación diciendo: «Ante la existencia de posibles faltas disciplinarias derivadas del presunto incumplimiento del contrato de compraventa del paquete accionario correspondiente al 82.16% de las acciones suscritas de Triple A S.A. E.S.P, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra José Daniel Rojas Medellín, presidente de la SAE; a quien se suspende por tres meses, también contra Sebastián Caballero Ortega, vicepresidente jurídico de la SAE; Jairo Alonso Bautista, vicepresidente de Sociedades de la SAE, y Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios».

 

«Para este ente de control, al parecer, las conductas podrían generar un detrimento patrimonial por presuntamente incumplir la obligación contractual de transferir las acciones objeto de la venta, cuya consecuencia derivaría, en principio, en hacer efectiva la cláusula penal por 59 mil millones de pesos, por parte de la empresa K-Yena; a la vez que advierte irregularidades en la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Triple A S.A. E.S.P que se realizó el 7 de febrero de 2023, en la cual se eligieron nuevos miembros de la Junta Directiva de la Triple A», explica la entidad.

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Así mismo, «El Ministerio Público también vinculó dentro de la investigación disciplinaria al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, quien al parecer habría sugerido, decidido, recomendado o manifestado ante la SAE que se suspendiera el cumplimiento del contrato, actuación funcional con la cual pudo haber contribuido a la consumación de comportamientos conjuntamente con los funcionarios de la SAE para que suspenda el cumplimiento de las obligaciones contractuales».

«Ante la gravedad que objetivamente revelan los hechos materia de investigación, en los términos que precisa la ley y con la finalidad de evitar que se pueda seguir incurriendo en la comisión de las posibles faltas disciplinarias y  posiblemente quebrantando el ordenamiento jurídico y afectando el patrimonio público, se ordenó la suspensión provisional del cargo del Presidente de la SAE, José Daniel Rojas Medellín, por el término de tres (3) meses», de está manera finaliza el comunicado emitido por la Procuraduría.

Ante la decisión el Presidente Gustavo Petro trinó: «Mi solidaridad con Daniel. El que encontró la corrupción en la SAE y en la triple A, ahora es suspendido por los órganos de control que hace mucho debieron haber descubierto la corrupción en al SAE con los bienes del narcotráfico y en la triple A».

También adicionó  el primer mandatario que «Llegó a San Benito Abad, Sucre. Vamos a repartir tierras de la SAE, a familias campesinas. No nos detenemos».

Por su parte, el director de la SAE, afirmó en su cuenta de Twitter: «Mientras siga en mis funciones seguiré cumpliendo con el mandato de poner las tierras que pertenecieron a la mafia al servicio de la producción de alimentos en manos de familias campesinas. Rumbo a San Benito (Sucre) a cumplirle a nuestro pueblo». 

Procuraduría se opone a la libertad del hijo de la ‘Gata’

La Procuraduría General de la Nación presentó un recurso de apelación contra la decisión del Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla que le otorgó la libertad a Jorge Luis Alfonso López, hijo de ‘La Gata’ Enilce López, tras la solicitud hecha por el Comisionado de Paz para que actúe como facilitador de paz.

El Ministerio Público, considera que la decisión del juez no se analizó la procedencia de su designación como facilitador de paz, y no hay claridad sobre si actuará como vocero o representante de algún grupo armado organizado, como lo establece la Ley 418 de 1997.

 

Tras la polémica desatada, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aclaró al país que el Gobierno Nacional en ningún momento ha solicitado la libertad de Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López, alias ‘La Gata’, quien hoy cumple una medida de prisión domiciliaria.

Alfonso López fue condenado a 29 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir y homicidio. En 2021 le fue concedida la detención domiciliaria, decisión que en su momento fue apelada por la Procuraduría y que se encuentra pendiente por resolver.

Procuraduría solicitó acciones concretas para Islas del Rosario y San Bernardo

Foto: cortesía.

Desarticulación entre las diferentes entidades nacionales y locales y recursos insuficientes destinados para restaurar y proteger ambientalmente el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, advirtió la Procuraduría General de la Nación, luego de reunión de seguimiento con autoridades obligadas al cumplimiento de las órdenes proferidas en el año 2011 por el Consejo de Estado, para enfrentar las diversas problemáticas en estos territorios insulares.

 

A través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, el ente de control instó a las entidades con competencias en el área insular del Distrito de Cartagena y a las autoridades obligadas con el fallo, a presentar acciones y fechas concretas para el cumplimiento de las ordenes de la decisión judicial, entre las cuales se referencia la definición de los responsables y recursos disponibles destinados al plan de señalización, requerido para preservar el ecosistema y evitar accidentes.

El Ministerio Público también referenció que es apremiante la definición de aforos para el ingreso de motonaves al archipiélago y el reforzamiento de los medios de la Armada Nacional y de Guardacostas, para apoyar de una manera más efectiva la protección de las Islas del Rosario y San Bernardo.

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Asimismo, la Procuraduría también advirtió que, aún no se evidencia el recaudo y la implementación del cobro a lanchas por parte del Parques Nacionales Naturales de Colombia, establecido por la Resolución No. 0173 de 2015, compromiso ratificado en la hoja de ruta acordada en agosto de 2021, en la que se identificaron las acciones conjuntas para la salvaguarda de este archipiélago en la zona insular.

A la reunión convocada por el Ente de Control y la Contraloría General de la República, fueron citados el Ministerio de Defensa Nacional, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Armada de Colombia y la Dirección General Marítima (Dimar), en su calidad de tomadores de decisiones a nivel nacional y ordenadores de los recursos con los que cuentan los funcionarios del nivel local, para ejercer las funciones constitucionales y legales en cabeza de las entidades y cumplir decisiones judiciales.