El Ministerio Público indicó que algunos concejales de la ciudad denunciaron que, al parecer, se estarían exigiendo pagos y acosando a directivos y sindicalistas, situación que se expuso en un comunicado interno de la empresa en el que se alertó sobre la situación y se invitó a denunciar a quienes conozcan sobre casos.
De acuerdo con el órgano de control, serían las mujeres las principales víctimas de este tipo de peticiones, y que investigará las 300 vacantes que supuestamente se abrirían para suplir el pago de favores políticos, muchos de ellos en áreas administrativas, especialmente en el centro de atención de Emcali.
La Procuraduría abrió investigación a la Gerente de Aguas del Cesar, Lina Rosa Prado, y al director técnico de la misma entidad, Orlando Oliveros Urieta, por presuntas irregularidades administrativas en la elaboración del pliego de condiciones para la contratación de la construcción y optimización del acueducto en el corregimiento de Casacará en Codazzi.
Para el Ministerio Público, al exigirse condiciones de experiencia en tema muy altas, podría haber presunto direccionamiento en el proceso licitatorio del acondicionamiento del conducto para transportar agua en el corregimiento para beneficiar a un proponente.
Asimismo, el ente de control verifica las certificaciones y avales de los investigados para la elaboración de las normas que rigen el proceso de selección del contratista.
El Ministerio Público busca esclarecer las acciones de la servidora pública que son objeto de investigación.
La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López por el posible incumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la obligación de crear, dirigir, organizar, administrar, sostener y vigilar las cárceles, o centros de prisión preventivos, y los casos de hacinamiento registrados en la capital.
La investigación se extiende al secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, porque al parecer, según el Ministerio Público, «no se han brindado las garantías que la ley exige para las personas privadas de la libertad».
El órgano de control considera que la alcaldesa y su funcionario pudieron incumplir sus deberes funcionales, por lo que ordenó la práctica de pruebas que permitan el esclarecimiento de los hechos y la situación actual y real de los distintos centros de detención transitoria de la ciudad.
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, recordó que el Ministerio Público tiene funciones constitucionales para indagar, investigar, sancionar y suspender a servidores públicos, incluso los de elección popular. Y advirtió: “No tengan duda que lo vamos a utilizar cuando haya lugar”.
La declaración la hizo en el foro “Avances del Proceso Electoral” en la ciudad de Pereira, donde dio a conocer la Circular 003, que habla sobre los deberes en materia de propaganda electoral y publicidad exterior en espacios públicos y la directiva 007, donde se advierten las conductas prohibidas que pueden generar una indebida intervención en política.
“La Procuraduría, como máximo organismo de vigilancia dentro del proceso electoral, continuará convocando estos espacios de diálogo en diferentes regiones del país, con el fin de garantizar la transparencia y el derecho fundamental de participación, el ejercicio y control del poder político, así como del derecho a elegir y ser elegido”, afirmó.
Cabello Blanco, advirtió que la “Procuraduríava a estar vigilante para evitar que los recursos públicos destinados a programas sociales sean utilizados para actividades de carácter político”
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a un grupo de concejales de Bogotá por registrarse en las sesiones para luego retirarse.
Los investigados son Germán García Maya, Venus Albeiro Silva, Julián Espinoza Ortiz, Edwar Aníbal Arias Rubio, Pedro Julián López Sierra, Óscar Ramírez Vahos, Jorge Luis Colmenares Escobar, Diego Andrés Cancino Martínez, Luz Marina Gordillo Salinas y Javier Alejandro Ospina Rodríguez.
Los presuntos hechos fueron denunciados por medios de comunicación y el informe rendido por “Bogotá cómo vamos” en el que se realizó un análisis de la gestión adelantada por los cabildantes de la capital del país.
Lo que motivó la denuncia es porque el solo hecho de registrarse en las sesiones obliga al Distrito a cancelarle al concejal la suma de Millón quinientos mil pesos, no importa si permanece en ella cinco minutos a las 4 o cinco horas que estas suelen durar.
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer del Concejo Municipal de Medellín, por presuntas irregularidades en la aprobación de los proyectos presentados ante la corporación con el propósito de iniciar la venta de las acciones de UNE pertenecientes a Empresas Públicas de Medellín (EPM).
El ente de control indaga si 10 concejales y un exconcejal habrían negado la viabilidad a los citados proyectos, según lo indicó el precandidato a la gobernación de Antioquia, Esteban Restrepo, en una nota periodística titulada «Concejales de Medellín fueron denunciados por ser los presuntos responsables de la pérdida de más de $1 billón de EPM«, pese a que la junta directiva de dicha entidad había autorizado iniciar el proceso de enajenación desde mayo de 2021.
Asimismo, en el medio de comunicación nacional, el denunciante señaló que posiblemente los corporados omitieron las recomendaciones de expertos internacionales que desde el 2017 sugirieron «salir inteligentemente» del negocio, hecho que según Restrepo ha generado que esta ciudad haya dejado de percibir en el último año más de $ 300 mil millones de EPM, que habrían podido ser utilizados en proyectos sociales e inversiones de energías renovables.
«Espero que la Contraloría General también abra las investigaciones respectivas para que esto no quede impune, para que estos concejales tengan que pagar la plata que le hicieron perder a los medellinenses», afirmó Esteban Restrepo.
Los hechos ocurrieron el 2 de junio de 2020 en la vereda Rio Colorado, jurisdicción de Chítaga, Norte de Santander, finca en la que residía Aguablanca Villamizar con su esposa, hijos menores de edad y un cuñado con síndrome de Down. En la tarde del 1 de junio, un grupo de cinco guerrilleros fuertemente armados del ELN, al mando de alias “Marcial”, llegó a la finca y obligó a quienes allí habitaban a permitir que pasaran la noche.
El asesinato del líder indígena se presentó cuando los uniformados del Ejército llegaron al lugar y se presentó el cruce de balas con los guerrilleros del ELN. En el hecho, Aguablanca fue herido y, a pesar de haber recibido los primeros auxilios por parte del enfermero de la unidad militar, murió una hora después mientras esperaban un helicóptero para evacuarlo.
En su auto de cargos, el Ministerio Público asegura que los militares “habrían incurrido en una serie de irregularidades que desencadenaron en la muerte de Joel Aguablanca Villamizar, hecho que pudo evitarse si se hubiera cumplido el objetivo para el cual fue emitida la orden de operaciones N°013, la cual consistía en la captura de alias Marcial y los integrantes de su comisión”.
En reunión, convocada por el Ministerio Público, el Gobernador, Everth Hawkins, afirmó que el departamento padece una grave situación económica y social, generada por la salida de las empresas de Viva Air y Ultra Air que los impactó negativamente.
La Isla pasó de tener 34 vuelos diarios a 8 lo que ha ocasionado el incremento en el precio de los pasajes afectando la oferta hotelera y el comercio con pérdidas aproximadas a los 75 mil millones de pesos.
La isla recibía mensualmente 131 mil turistas, pero ahora por la problemática que se vive la cifra se reduce a poco más de la mitad. Justo en esta temporada de Semana Santa la ocupación hotelera, según Cotelco, no alcanza ni al 25 porciento de la oferta.
Ante la situación, el ente de control le pidió al Ministerio de Minas revisar la regulación de los precios de los combustibles y la Ley de Fronteras, además de crear mesas técnicas que logren soluciones para revivir el turismo en San Andrés.
A la vez, solicitó a la Aeronáutica Civil generar incentivos para que las aerolíneas aumenten o generen frecuencias a San Andrés y a la Gobernación.
El senador Iván Cepeda confirmó que presentó una queja disciplinaria contra la procuradora, Margarita Cabello, por presunta intervención política.
La Procuraduría General de Colombia solicitó este fin de semana que se declarase inexistente la ley ‘Paz Total’ aprobada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para facilitar la negociación con grupos armados, ya que estaría incumpliendo la ley al tratar una norma de seguridad ciudadana y sistema judicial sin haber sido consultado con el órgano encargado, el Consejo Superior de Política Criminal.
Cepeda también presentó una denuncia ante la Comisión de investigaciones y acusaciones del Congreso contra el fiscal general, Francisco Barbosa, por delitos de calumnia, prevaricato, abuso de autoridad, intervención en política y abuso de función pública.
«Entre los hechos se destacan los constantes ataques a la paz, los falsos señalamientos relacionados con la política de drogas del gobierno nacional y el presunto uso del cargo con fines políticos y electorales, en un intento por desequilibrar al Gobierno del presidente Gustavo Petro», señaló Cepeda.
Barbosa, durante un evento celebrado en la capital dominicana de Santo Domingo y ante la presencia de fiscales y procuradores iberoamericanos, manifestó que el Gobierno colombiano había lanzado en el Congreso propuestas para legalizar el narcotráfico.
«A través del Congreso, el Gobierno actual ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia. Yo me he opuesto. Como fiscal general no permitiré que pase porque no representa el pensamiento de Colombia y los colombianos», dijo Barbosa.
Tanto Petro como Cepeda criticaron estas declaraciones, el mandatario denunció que el fiscal había perpetrado «una verdadera calumnia», mientras que el senado acusó a Barbosa de «traición a la patria» por «injuriar» al país en un foro internacional.
Por posibles irregularidades en la elección del personero en San Vicente del Caguán, Caquetá, La Procuraduría General de la Nación, formuló pliego de cargos contra 14 concejales.
Las personas investigadas son: Wilman Fierro Lugo (2019), el primer vicepresidente, Luis Ángel Morales Perdomo (2019), la segunda vicepresidente, Aura Mirena Timaná Gutiérrez (2019) y los entonces cabildantes: Nelson Pedroza Gaitán, Eduardo Cedeño García, José Iván Suaza Gutiérrez, Luis Humberto Fierro Vega, Javier Guependo Guzmán, Javier Salcedo, Alfredo Pérez Rojas, Diafanol Borrero Caviedes, Jimeno Onatra, José Alirio Tunjano Ortiz y Nini Yohana Collazos Arango.
Al parecer, en desarrollo del concurso de méritos para la elección del personero adelantado en 2019, los investigados no habrían verificado la existencia de causales de inhabilidad o incompatibilidad de la aspirante Jessica Lorena Chica Floriano, quien fue electa, pese a que se había desempeñado como comisaria de familia de San Vicente del Caguán, Caquetá, en ese mismo año.
De acuerdo con el órgano de investigación disciplinaria, «tal omisión, permitió que la aspirante Chica Floriano, fuese admitida en el proceso según la evaluación que hizo la institución contratada para este fin».
Desde la Procuraduría, Margarita Cabello ha sido una de las críticas más visibles al proyecto de reforma laboral. Este fin de semana, Gloria Inés Ramírez -ministra de Trabajo- le respondió.
«Creo que esas expresiones simplemente lo que reflejan es un desconocimiento de la normatividad y de los compromisos de nuestro país tanto a nivel nacional como internacional, con la Constitución y las leyes de Colombia», aclaró Ramírez en entrevista con El Tiempo. La ministra recalcó que la reforma busca la fomentar la formalización y las garantías de seguridad social.
Entre las críticas que Margarita Cabello le hizo a la reforma se destaca la ausencia del impacto fiscal. «La Reforma Laboral no tiene en cuenta el impacto fiscal, podría golpear fuertemente la economía, fomentar la informalidad laboral y dejar en riesgo miles de empleos», expresó.
Además de las críticas a la Reforma Laboral, desdela Procuraduría también se criticó fuertemente el Plan Nacional de Desarrollo, otro de los proyectos de ley importantes para el gobierno de Gustavo Petro.
Este martes la Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra el Ministerio de Salud y el Invima por supuesta omisión de medidas con respecto a la escasez de medicamentos en el país.
La escasez de medicamentos venía siendo de debate en el Congreso junto a la controversia que ha levantado la Reforma a la Salud presentada por el gobierno nacional.
El ente de control argumentó que han agotado todo tipo de instancias para tener una respuesta efectiva del gobierno con comunicaciones y solicitudes que datan desde el 2022.
«La Procuraduría ha hecho requerimientos ala ministra de la cartera y al director del Instituto sobre la problemática que se presenta para los afiliados al sistema general de seguridad social debido al desabastecimiento de insumos, y pidió información acerca de las medidas adoptadas para atender la situación, que produjo incluso la declaratorio de alerta sanitaria», señaló el organismo dirigido por Margarita Cabello.
En dicho comunicado insisten que ordenaron pruebas documentales y testimoniales con el fin de investigar de lleno a los responsables y determinar si hubo o no conductas irregulares.
El órgano de control advirtió sobre la responsabilidad de los grupos ilegales detrás de estas actividades, que además de generar daños irreversibles en el medio ambiente, ponen en riesgo a las comunidades y estarían causando graves situaciones de orden público, como las que se presentan actualmente en el Bajo Cauca Antioqueño.
De acuerdo con las cifras referenciadas por la jefe del Ministerio Público, en Colombia fueron deforestadas 174.104 hectáreas de bosque (2021), afectación que se concentra en un 68 %, en 9 núcleos territoriales ubicados en zonas de los departamentos como Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo, Norte Santander, Antioquia, Nariño y Chocó.
La jefe del Ministerio Público también refirió a las reiteradas advertencias de la Procuraduría frente a la necesidad de fortalecer la lucha en contra de este flagelo, alertando ante las autoridades los efectos de la suspensión de los operativos de control contra la minería ilegal en el Bajo Cauca Antioqueño, así como la grave situación que está atravesando el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en donde se están desarrollando actividades de minería ilegal que redundan en afectaciones irreversibles a este ecosistema.
El Ministerio Público reportó que, en el departamento de Putumayo, el motor de la deforestación serían los cultivos ilícitos, concentrando el 21 % de las hectáreas sembradas de coca en la región Amazónica, al borde del río Putumayo, evidenciándose afectaciones por deforestación a causa de la siembra ilícita en el Parque Nacional Natural La Paya.
La Procuraduría General de la Naciónen una visita conjunta con la Defensoría del Pueblo encontró un hacinamiento de 144 % en los centros de detención transitoria de Risaralda.
El hacinamiento está generando serios problemas de salud y vulnera los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. A esto se suman deficiencias en la adquisición y preparación de alimentos y deterioro de las instalaciones, que agravan la condición de las personas allí recluidas.
Frente a la grave situación, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, sostuvo una mesa de trabajo interinstitucional en la que se hicieron compromisos para solucionar lo antes posible la crisis.
Entre los más importantes está la suscripción de convenios entre los entes territoriales y el INPEC para el traslado de sindicados a establecimientos de reclusión del orden nacional que permita disminuir el hacinamiento lo antes posible.
También se definieron brigadas de salud quincenales para garantizar la atención de las PPL y monitorear posibles brotes de enfermedades y la creación de un fondo común entre gobernación y alcaldías para mejorar la infraestructura de los centros.
La investigación de la Sala Disciplinaria de Instrucción buscará establecer los hechos de incidencia disciplinaria en los que pudieron incurrir los funcionarios y determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que tuvieron lugar los hechos que dieron a conocer los medios de comunicación.
Asimismo, la Entidad sostuvo que investigará los comportamientos que por acción u omisión podrían haber desplegado Prada Gil y Velásquez Gómez y decidir si podrían constituir falta disciplinaria a la luz del Código General Disciplinario, para lo que solicitó la práctica de pruebas conducentes al esclarecimiento de la situación.
Por su parte el presidente Gustavo Petro, defendió a los dos funcionarios, «»hace unos años una operación militar a través del bombardeo mató civiles en Putumayo. ¿Qué es lo que quieren hoy algunos entes públicos? ¿Que el Ejército entrara disparando a una manifestación de 7.000 campesinos de Guaviare, Macarena, Putumayo y Caquetá en el Caguán?», expresó.
Y añadió: «Desde las oficinas de Bogotá es fácil ordenar la muerte. Nuestros ministros y militares actuaron correctamente».
