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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Procuraduría

Procuraduría investiga compra de uniformes de la Policía Nacional

La Procuraduría General de la Nación investiga si el Fondo Rotatorio de la Policía habría desconocido la utilización de los Acuerdos Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente, en el proceso de compra de material para la elaboración de uniformes de la Policía Nacional por $65.000 millones, adjudicado mediante subasta inversa el pasado 12 de abril.

Al parecer, el Fondo Rotatorio de la Policía habría desconocido la utilización de los Acuerdos Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente, a pesar de estar obligado a ello, por los bienes que pretendía adquirir.

 

Tomando en cuenta que el proceso de adquisición de insumos para la confección de uniformes ya fue adjudicado, será labor del operador disciplinario determinar la posible comisión de faltas y sus respectivas sanciones.

El traslado al operador disciplinario de instrucción se produjo luego de que la Delegada Preventiva para la Función Pública recomendara la suspensión de la subasta 001 de 2022, para evitar la materialización de riesgos por la adjudicación de un proceso de selección sin el cumplimiento de las disposiciones legales.

 

Procuraduría pone la lupa sobre las autoridades locales por posible participación política

La Procuraduría General de la Nación, abrió cuatro indagaciones preliminares contra los alcaldes de Ibagué y Cartagena, el gobernador de Vichada y concejales de San Vicente de Chucurí (Santander); y 9 aperturas de investigación a los alcaldes de Medellín, Manizales, y de los municipios de Caparrapí, Soacha, Puli y Paratebueno (Cundinamarca), y Mogotes (Santander); y concejales de Bogotá y Calarcá (Quindío), por presunta participación en política en las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del 13 de marzo de 2022.

El Ministerio Público señala que en las 1.825 quejas electorales registradas y clasificadas en 14 categorías, los errores más reiterados fueron los relacionados con la inscripción de cédulas (397), los cometidos por los jurados de votación: proselitismo en la mesa, inconsistencias en formularios E-14, uso indebido del celular y la omisión en la entrega del tarjetón electoral de consultas pese a la petición de los electores (172); fallas en indicaciones de los puestos de votación (166) y los denominados como varios (159).

 

A la fecha de corte mencionada, la Procuraduría evaluó el 65,15% de las quejas, equivalente a 1.189 casos que generaron 1.089 autos inhibitorios, que en su mayoría corresponden a fallas por problemas en el registro de inscripción de votantes y a quejas anónimas sin datos suficientes para investigar; 73 indagaciones previas, y 27 aperturas de investigación.

La Procuraduría abrió además, un macrocaso disciplinario, por la pluralidad de casos proferidos como inhibitorios ante la negativa de los jurados a permitir el voto, amparados en la inexistencia del registro del ciudadano en la plataforma.

 

“El trabajo de la Procuradora es un saludo a la bandera”: Aída Avella

Foto: Hacemos Memoria

La senadora Aída Avella en entrevista para Confidencial Colombia, lanza fuertes críticas a la gestión de la procuradora Margarita Cabello calificándolo como, “un saludo a la bandera”

 

¿Comparte la decisión de la Procuraduría de darle prioridad a la investigación disciplinaria que pesa sobre el registrador Alexander Vega?

Aída Avella: Conociendo las actuaciones de la Procuraduría no creo absolutamente nada. El Ministerio Público es del gobierno y el registrador también.

¿Le parece entonces que el tratamiento de “asunto prioritario” es un saludo a la bandera?

Aída Abella: Esta Procuraduría lo único que ha hecho es nombrar gente valiéndose de un fallo internacional. La Procuradora nos dijo cuando vino a exponer su presentación que “la corrupción no era su prioridad” y lo está cumpliendo y por eso quienes están cuestionados votaron por ella.

¿Eso quiere decir que usted no comulga con el trabajo que ha hecho la Procuradora Margarita Cabello?

Aída Avella: ¿Pero que ha hecho? No he visto mayores logros. No entiendo como no se preocupa por toda la corrupción que se respira. Hablemos por ejemplo de la Guajira en donde hay una corrupción terrible. Los últimos gobernadores de la Guajira están investigados y algunos han ido a la cárcel. Nos referimos a un departamento que se maneja a punta de corrupción y de robo y donde además, las empresas multinacionales secuestran el agua mientras a las comunidades se les instalan una cantidad de pilas que desalinizan ¿Por qué no le dan el agua dulce a los habitantes y entregan  la otra a las empresas que trabajan el carbón?

¿Comparte la idea de quienes proponen acabar con la Procuraduría?

Aída Avella: Me da la impresión de que su trabajo es un saludo a la bandera. No ha cumplido con su papel cómo órgano de control, sin embargo creo que esa propuesta hay que estudiarla muy bien y pensarla muy bien.

¿Debe la Procuraduría ejercer funciones sobre personas que son elegidos por voto popular?

Aída Avella: Debe hacerse un trabajo especial porque ahora no puede ser que los corruptos encuentren en las listas a corporaciones públicas el lugar ideal para hacer de las suyas. Lo segundo es que se debe castigar también al partido político quitándole gran parte del nivel de retorno. Alguna consecuencia debe existir sobre movimientos y partidos.

Personajes cuestionados los hay en todos los partidos, incluyendo los de izquierda…

Aída Avella: Es posible pero no son los mismos cuestionamientos. Estos son de carácter político. Los únicos señores de la izquierda que están en la cárcel son del Polo Democrático y esto es menos del 10%, mientras el otro 90% que son de partidos de la derecha está feliz por todo el país haciendo de las suyas. Aquí muchos de los que están sentados tienen que ver con Odebrecth y no les ha pasado nada.

 

Siguen los líos para el registrador Vega: Procuraduría lo tiene en la mira

Se complica la situación del registrador nacional Alexander Vega quien se encuentra en el ojo del huracán por las inconsistencias en el preconteo de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo.

A los fuertes cuestionaminetos que le han hecho al funcionario desde el Congreso de la República y varias toldas políticas, se suma ahora la investigación en su contra que anunció este viernes la procuradora general, Margarita Cabello Blanco.

 

De acuerdo con la Procuraduría, la investigación busca determinar si el registrador pudo incurrir en faltas disciplinarias relacionadas con posibles:

Extralimitación de sus funciones al exigir identificación biométrica de los votantes, presuntamente en desconocimiento de las disposiciones legales que regulan la materia.

Omisión en sus funciones en relación con la toma de decisiones tendientes a evitar irregularidades y hacer la debida vigilancia y control en el preconteo de las votaciones, en atención a sus deberes funcionales.

Incumplimiento de sus funciones por deficiencias, falencias u omisión en la capacitación de los jurados de votación.

Adicionalmente, la Procuraduría abrió indagación preliminar a funcionarios por establecer de la Registraduría por las presuntas irregularidades que pudieron presentarse en la administración de las plataformas de software usadas, y en general, en los procesos de inscripción de cédulas.

Lupa a 190 contratos en el Chocó

La Procuraduría General de la Nación puso la lupa sobre 190 contratos que se firmaron en el departamento del Chocó (90 en la Alcaldía de Quibdó y 100 en la Gobernación) luego de entrada en vigencia de Ley de Garantías.

En una visita que realizó el órgano de control disciplinario, encontró 90 contratos de prestación de servicios y contratos de arrendamiento, que en su mayoría no contaban con la firma del contratista a 3 de febrero del 2022, y algunos de ellos “tampoco habían sido gestionados o publicados en el SECOP II, pese a que tenían fecha del 4, 11,17 y 24 de enero de 2022”.

 

Los contratos que al momento de la visita no estaban suscritos por ambas partes fueron solicitados nuevamente por el ente de control el 9 de febrero del presente año y al ser entregados “ya contaban con la firma de las partes, es decir, al parecer fueron firmados después del día 28 de enero de 2022”, tras la entrada en vigor de la Ley de Garantías.

En lo que corresponde a la Gobernación del Chocó, el Ministerio Público revisa 100 contratos de prestación de servicios que, al parecer, habrían sido suscritos en plena Ley de Garantías.

El ente departamental asegura que a los convenios se les aplicó el protocolo transitorio emitido por Colombia Compra Eficiente, por la contingencia suscitada por la indisponibilidad de la plataforma SECOP II. “No obstante, los contratos en físico habrían sido firmados por parte del gobernador del departamento después del primero de febrero del año en curso, pese a que en algunos aparece la fecha de suscripción el 28 de enero 2022”.

La Procuraduría Regional de Chocó remitió a la delegada con funciones de instrucción disciplinaria las actas, informes y la documentación recaudada dentro de esta acción preventiva para que se adopten las decisiones correspondientes.

También compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de ese departamento para que estas entidades estudien la viabilidad de iniciar una investigación, tanto a los servidores públicos como a los particulares (contratistas), si así lo estima procedente.

Alcalde de Malambo en aprietos

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el alcalde de Malambo, Atlántico, Rummenigge Monsalve Álvarez, y la coordinadora del área de Programas Sociales, Dora Emilce Monsalve Parra, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato por $4.000 millones para atender la emergencia generada por el covid-19.

La investigación disciplinaria se hará a la contratación que hizo la alcaldía para el  suministro de 80 mil mercados destinados a población vulnerable del municipio con la Fundación El Lirio de los Valles -Funlidelosva–, que aparentemente no cumplía con los requisitos de experiencia ni de capacidad jurídica exigidos.

 

El Ministerio Publico indicó que en los estudios previos elaborados se habría destinado el presupuesto a ejecutar sin tener en cuenta un censo de los hogares o población vulnerable que se vería beneficiada. Adicionalmente, no se habría realizado el seguimiento adecuado a la entrega de los 80 mil mercados.

“Del análisis del material probatorio obrante en el expediente, se tiene que el señor Monsalve Álvarez suscribió el negocio jurídico bilateral materia del presente cargo disciplinario, sin que dicha sociedad contara con las condiciones de experiencia para desarrollar el mismo, conforme lo indicaba el mismo documento de estudios previos y que la misma necesidad contractual ameritaba; así mismo, que no contaba con la capacidad jurídica para llevar a cabo las actividades de esta contratación”, precisó el órgano de control en el pliego de cargos.

El Ministerio Público calificó la presunta conducta del alcalde Monsalve Álvarez como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

Por su parte, Dora Emilce Monsalve también será investigada por la aparente comisión de dos faltas gravísimas cometidas con culpa gravísima y una falta grave a título de culpa gravísima.

 

«Macrocasos abiertos por la JEP deben ser amplios»: Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación indicó que los nuevos macrocasos abiertos por la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- deberán ser tratados de manera amplia, no excluyente, en especial en aquellos territorios donde no hay condiciones de seguridad para las víctimas.

Buena parte de los territorios donde hay víctimas distantes no han tenido la suficiente oportunidad de reconocer este proyecto, situación que es un claro indicador de que no ha llegado a esos territorios la garantía de no repetición contemplada en el Acuerdo de Paz”, dijo Jairo Acosta Aristizabal, procurador delegado con funciones de coordinación ante la JEP.

 

Acosta Aristizábal precisó que no puede haber un desconocimiento o exclusión de las condiciones de las víctimas del conflicto armado, “en la medida en que cualquier mora o dilación puede suponer una revictimización y una acción con daño”.

Sostuvo que es de gran importancia que en todos los macrocasos abordados por esa justicia transicional se asuma una interpretación pro-víctima, en la que no se deje por fuera a ninguna de ellas.

Agregó que para los tres nuevos macrocasos abiertos y dar continuidad a los siete vigentes se requiere una plataforma vigorosa en la JEP, así como fortalecer la Sala de Reconocimiento.

Condenan a dos exparamilitares por el caso de la finca ‘Las Pavas’

Foto: Verdad Abierta.com/Cortesía

El Tribunal Superior de Cartagena revocó la absolución decretada en favor de dos procesados por el desplazamiento forzado de campesinos de la finca Las Pavas, en el sur de Bolívar, y los condenó a diez años de prisión.

 

Al resolver un recurso de apelación instaurado por la Procuradora 83 Judicial Penal de Cartagena, los magistrados del tribunal señalaron que Jesús Sierra Mayo y Mario Mármol Montero participaron en reuniones donde se profirieron amenazas en contra de las personas que se negaran a salir del predio.

De acuerdo con las investigaciones judiciales, durante la década de los años 90 el predio Las Pavas fue adquirido por Jesús Emilio Escobar, quien abandonó la finca en el año 1997 por el enfrentamiento que se dio en ese momento entre la Fuerza Pública y el narcotráfico que operaba en la zona, posteriormente, un grupo de agricultores se posesionó de la tierra, hasta el año 2003, cuando alias ‘Rapidito’, integrante del ‘Bloque Central Bolívar’ quien concertó con Sierra Mayo, reunir a los integrantes de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, Asocab, les ordenó desplazarse del predio, según lo estableció la Fiscalía.

El tribunal sostuvo además que, Marmol Montero, miembro del Bloque Central Bolívar, en calidad de informante, estuvo presente en una reunión sostenida el 26 de octubre de 2003, “donde se terminó de consumar la expulsión del predio de Las Pavas”. Además, “ejecutó conjuntamente el plan con alias ‘Rapidito’, Raúl y Gustavo de Jesús Sierra Malo”.

Un juez de primera instancia dictó la absolución a Marmol Monterio, lo mismo que a Sierra Mayo, sin embargo tras la apelación de la Procuraduría y la Fiscalía, los magistrados condenaron a diez años de prisión a los dos exparamilitares.

Sanción de la Procuradía le toca el bolsillo a exgobernadora de San Andrés

La Procuraduría General de la Nación sancionó en fallo de primera instancia con suspensión por doce (12) meses a la exgobernadora del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Aury Socorro Guerrero Bowie, por irregularidades en materia de contratación durante su período.

De acuerdo con el Ministerio Público, la exmandataria territorial suscribió un contrato para la construcción de la vía perimetral Cliff, financiado con recursos de regalías, y no previno las demoras ni prestó atención a las alertas emitidas en los informes de la supervisora.

 

El objeto del contrato consistió en la “consultoría para el estudio y diseño de la vía”, por valor de $450 millones y se pactó un plazo de siete (7) meses; sin embargo, hubo varias suspensiones y solo se terminó veintisiete (27) meses después, cuando ya había incluso otro mandatario departamental.

Asimismo, la entidad constató que el contrato para la construcción y dotación de un megacolegio en el sector de San Luis se celebró sin que se hubieran elaborado los diseños previos correspondientes, los cuales eran necesarios para dar inicio a las obras civiles.

Teniendo en cuenta que Guerrero Bowie ya no se encuentra en el cargo, la sanción de suspensión se convertirá en salarios de acuerdo al monto de lo devengado por la investigada para la época de los hechos (2014).

La Procuraduría calificó las faltas de forma definitiva como gravísimas cometidas a título de culpa grave.

Proyecto en Cartagena de vivienda Ocean Tower en la mira de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos a cinco exdirectores administrativos de Control Urbano de la Secretaría de Planeación de Cartagena, por presunta omisión en el control y vigilancia a la construcción del proyecto de vivienda Ocean Tower, en la capital de Bolívar.

Los afectados por la medida son Olimpo de Jesús Vergara Vergara (2016 – 2017), Héctor Antonio Anaya Pérez (2017), Ana Ofelia Galván Moreno (2017 – 2018), Edgar Marín Támara (2018 – 2019) y Luz Mercedes Simarra Navarro (2019).

 

El Ministerio Público los investiga porque al parecer los exfuncionarios incumplieron sus funciones de vigilancia sobre el desarrollo de las obras, lo que aparentemente habría afectado “a los compradores de vivienda en el referido proyecto, ante el supuesto incumplimiento en la entrega de los apartamentos en los plazos establecidos”, según se indica en el pliego de cargos.

El órgano de control señaló que los investigados habrían vulnerado el principio de eficacia de la función administrativa, por lo que calificó su presunta conducta como una falta grave cometida a título de culpa gravísima.

El expediente disciplinario fue remitido a la Procuraduría Regional de Bolívar, donde continuará su etapa de juzgamiento y los sujetos procesales podrán presentar sus descargos, versión libre y aportar o solicitar pruebas, si lo estiman pertinente.

Investigan a concejal por agresión a patrullera

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al concejal de Marulanda, Caldas, Alfredo Morales Llano, por presuntos ataques a la integridad física de una funcionaria de la Policía Nacional en ejercicio de sus funciones.

La Procuraduría investiga la veracidad de las denuncias en algunos medios, luego de que al parecer habría golpeado y mordido a una patrullera mientras esta cumplía con sus deberes en un lugar público.

 

El Ministerio Público busca esclarecer cuáles fueron sus motivos, circunstancias, modo y lugar de los hechos; a su vez, el presunto perjuicio causado.

El organismo de control solicitó “…tomar versión libre del investigado, testimonio de la policía, presuntamente atacada, informe de los hechos a la Policía Nacional del municipio y solicitar a la Fiscalía General de la Nación información si adelanta una investigación penal sobre lo ocurrido”.

Procuraduría obliga a la protección del humedal de la Ciénaga Grande de Lórica

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi acogió el concepto presentado por la Procuraduría General de la Nación y confirmó decisión de no acceder a la inscripción catastral del predio Villa Eva de 500 hectáreas, al considerar que está localizado al interior de un humedal, que además hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y fue declarado como Distrito Regional de Manejo Integrado Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, en Córdoba.

En desarrollo de su función de intervención, la Procuraduría Ambiental y Agraria de ese departamento recordó que este predio recae sobre el espejo de agua del humedal de la Ciénaga Grande de Lorica, aspecto que también corroboró el informe aportado por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y el San Jorge.

 

En su concepto el órgano de control precisó que “no son de recibo las afirmaciones del solicitante al pretender desconocer la condición de ciénaga o humedal por la inexistencia de declaratoria RAMSAR, pues no todos están categorizados de esta manera, pero no dejan de tener esta condición”.

Así mismo, advirtió que los baldíos inadjudicables identificados en el deslinde o delimitación de la ciénaga Grande del Bajo Sinú que realizó el Incora (hoy Agencia Nacional de Tierras) con la Resolución 010 del 11 de febrero de 1982, deben ser inscritos catastralmente a nombre de la Nación.

“Habida consideración de los argumentos expuestos (…) en los cuales, de manera clara, precisa y detallada, relacionan cada uno de los argumentos fácticos y jurídicos que permitan concluir a la Dirección Territorial de Córdoba, que de acuerdo con la normatividad existente no le es dable acceder a la inscripción catastral solicitada”, puntualizó el IGAC en la resolución por la cual resolvió el recurso de reposición.