El movimiento asegura que la decisión de restituir al alcalde de Bogotá “envía una señal de inestabilidad e incertidumbre” al país. De hecho, indican que les llama la atención que haya sido una “juez de tierras” quien ordenara el proceso.
La Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren, consideró que la sanción disciplinaria de la Procuraduría General contra el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar por presunta participación en política fue “desproporcionada”. El exalcade de Medellín vuelve a la vida política luego de la inhabilidad por 12 años proferida por el Ministerio Público.
Días después de que el exalcalde Gustavo Petro fuera finalmente destituido a través de la designación de Rafael Pardo y de el desconocimiento de las medidas cautelares de la CIDH que amparaban a Petro, se empiezan a ver grietas en el progresismo que ha acompañado a la administración de la Bogotá Humana.
Una protesta marcada por la nostalgia de miles de ciudadanos y el furor de “seguir dando la pelea”. Vea las imágenes de la expulsión de Noticias Caracol, el clímax de la manifestación y los múltiples rostros de la congregación que dio apoyo al dirigente tras su destitución.
En el que es tal vez el ultimo giro de la larga guerra jurídica entre el procurador Alejandro Ordóñez y le alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó las medidas cautelares que suspenden la sanción en contra del mandatario capitalino.
La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura aún no ha tomado una decisión acerca de las tutelas presentadas por algunos ciudadanos que buscaban frenar la destitución del alcalde Gustavo Petro. Para mañana se conocería una decisión del Consejo en rueda de prensa. El magistrado Ovidio Claros pidió más tiempo ara revisar el caso.
Con lo decidido el día de hoy por el juzgado tercero administrativo de Bogotá el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro logra respirar de nuevo después de que en la noche de ayer la Registraduría anunciara el aplazamiento del referendo revocatorio para Bogotá. El juzgado consideró que el decreto que establece el nuevo modelo de aseo en la capital es legal, decisión que va en contravía del fallo sancionatorio de la Procuraduría en contra de Petro, emitido el pasado 9 de diciembre.
Como la anticipó Confidencial Colombia la sanción en contra del Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, fue ratificada en segunda instancia, además de negarse las recusaciones solicitadas por la defensa del alcalde. Según el anuncio de la Procuraduría Petro debe dejar el cargo y queda inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años.
El impacto de la destitución del alcalde Gustavo Petro se ha venido manifestando de manera masiva en la Plaza de Bolívar. El Centro Nacional de Consultoría y Datexco realizaron encuestas en torno a la polémica decisión que profirió la Procuraduría en contra del burgomaestre, la cual mide el apoyo que la mayoría de la ciudadanía tiene con el alcalde y en la conformidad de los estratos más altos de la ciudad.
La Procuraduría General de Nación, en primera instancia, destituyó e inhabilitó por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro por la implementación del esquema de aseo en Bogotá. El comunicado leído por Alejandro Ordóñez, argumentó la “falta de planificación y la constante improvisación” con las que el actual alcalde adoptó las decisiones que llevaron la crisis del servicio de aseo en Bogotá entre los días 18 y 20 de diciembre de 2012.
El día de ayer un anuncio escueto y certero notificó al Presidente Juan Manuel Santos sobre la imposibilidad de utilizar la Casa de Nariño para hacer reuniones o actividades con fines proselitistas en el marco de su campaña política a la reelección. El anuncio lo hizo la Procuradora delegada para lo electoral, María Eugenia Carreño, quien es el ojo sobre las acciones del presidente-candidato
La Procuraduría General le hizo un llamado al presidente de la República, Juan Manuel Santos, para que tenga en cuenta la ley de Garantía Electorales que establece que el Palacio de Nariño no podrá ser utilizado para campaña política.
El Procurador General, Alejandro Ordóñez, no contento con ser el jefe del Ministerio Público ha decidido embarcarse en cuanta discusión existe en el país.
Además de la conocida guerra frontal que le ha declarado a la comunidad LGBTI por cuenta del derecho a casarse y a adoptar hijos, el Procurador ha opinado sobre temas tan disímiles y alejados de su competencia como los son el Fuero penal militar o la presencia de fotografías de candidatos en los logos de los partidos en los tarjetones de las próximas elecciones. Contraponiéndose, en ambos ejemplos, a las decisiones de otras entidades como la Corte Constitucional o el Consejo Nacional Electoral.
Muchas veces este tipo de actuaciones y opiniones generan la percepción de que el Ministerio Público está al servicio de los intereses de algunos grupos políticos en particular y no al servicio de la Constitución de 1991, que acoge a todos los colombianos sin distinguir credo, raza u orientación política o sexual.
Después de que el juez 44 civil de circuito de Bogotá, aceptando una tutela interpuesta por la Fundación Marido y Mujer de la mano de la Procuraduría General de la Nación, anulará el matrimonio civil celebrado entre dos mujeres en Gachetá; la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá decidió dejar en firme la unión.
En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó destitución e inhabilidad de 10 años a concejal de Chía Carlos Enrique Martínez, quien se valió de su cargo para influir en integrantes de la Policía Nacional e impedir su accionar en desarrollo de un proceso de inmovilización vehicular. En la actualidad se adelanta otra investigación disciplinaria contra Martínez Gallego, quien protagonizó el pasado fin de semana una persecución y el ingreso no autorizado a una unidad militar en la ciudad de Bogotá.