La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a los concejales Julián Forero Fuchi y Angelo Shiavenato por el ingreso de una moto al tercer piso del edificio del cabildo distrital.
El hecho que investiga el órgano de control disciplinario tiene que ver con el momento en que cuando ambos ingresaron una moto a las oficinas del cabildo distrital, hecho que no está permitido y que causó indignación ciudadana. En un video divulgado por el concejal Fuchi se observa a su colega Shiavenato ingresar en la moto por lo corredores de uno de los pisos superiores del Concejo de Bogotá, mientras su compañero celebra el hecho y lo llama ‘el visajoso mayor’.
El Ministerio Público confirma el video que circula en redes sociales en el que los dos concejales suben hasta el tercer piso de las instalaciones de la corporación en una moto y así posiblemente, poner en riesgo la seguridad en los espacios laborales de los funcionarios públicos.
En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción por cinco meses al expresidente del Banco Agrario de Colombia, Álvaro Miguel Navas Patrón (2013 – 2014), por la contratación de Estraval, empresa que no cumplía con el requisito mínimo de experiencia de tres años para la compra de cartera, lo que provocó la pérdida de más de $15 mil millones.
Así mismo, resaltó que Navas Patrón transgredió los principios de eficacia y economía, vulneró la política de la junta directiva del banco, sus funciones asignadas, y las normas precisas y concretas sobre los requisitos exigidos para la formalización de las operaciones que terminaron con la pérdida de la cuantía señalada.
El Ministerio Público ratificó además la responsabilidad de la gerente de Ventas de Banca de Consumo, Rosmary Malaver Figueroa; la vicepresidente de Crédito y Cartera, Gloria Marcela Ferrán Muñoz; la gerente nacional de Análisis de Crédito, Angélica María Castro Rodríguez; el subgerente de Crédito Empresarial y Oficial, Óscar Mauricio Romero Carrillo; y el subgerente de ventas de Banca de Consumo, Hernán Guillermo Urrego Olarte, quienes fueron sancionados e inhabilitados por 10 años.
El Consejo de Estado determinó que sí es competente para revisar las sanciones impuestas por la Procuraduría General de la Nación a funcionarios públicos elegidos por voto popular, siempre y cuando estos se encuentren en el cargo en el momento de la sanción disciplinaria.
El alto tribunal llegó a esta decisión luego de estudiar una sanción nuevo años impuesta por el Ministerio Público al exalcalde de Campoalegre, Neiva, Aldemar Gutiérrez Muñoz, por irregularidades en la firma de un contrato para la legalización de predios fiscales urbanos y rurales, así como la ejecución de trabajos de conservación y protección de recursos naturales por $ 126 millones.
El Consejo de Estado aclaró en la sentencia que al tratarse de una persona que ya está por fuera del período para el que fue elegido, se debe interponer una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
El Consejo de Estado tumbó la sentencia disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación dictada contra el exalcalde y excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, por propinar una cachetada al entonces concejal de Bucaramanga, Jhon Jairo Claro.
El órgano de control disciplinario sancionó al exmandatario de la capital de Santander, Rodolfo Hernández, por ocho meses por golpear al concejal Claro. El Ministerio Público le impuso una multa por más de 37 mil dólares y suspendido de sus funciones.
Hernández entabló una acción ante el Consejo de Estado pidiendo la revocatoria del fallo.
La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad general por 10 años contra el exalcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia Ramos (2012 – 2015), por el manejo y desvío de recursos del sector de educación destinados a las niñas, niños y adolescentes del distrito portuario y que terminó siendo pagado a niños fantasmas.
El Ministerio Público se sostuvo en su tesis que destinó cerca de $3.500 millones del Sistema General de Participaciones para pagar dos contratos de prestación de servicios educativos para 3.880 estudiantes de los que 2.321 resultaron ser alumnos inexistentes.
De acuerdo con el organismo de control, «el exmandatario provocó un detrimento patrimonial durante las vigencias 2014 y 2015, al omitir el cuidado de los recursos al que estaba obligado como autoridad de contratación del Distrito».
El procurador delegado de Intervención ante la JEP, Jairo Acosta Aristizabal, calificó de “aberrante” la propuesta planteada por los excomandantes de las Farc sobre crear una ley de punto final que reemplazaría a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Durante su intervención en la Audiencia de Observación de Víctimas del Subcaso Antioquia, Acosta señaló que “Hay quienes hoy en día piden que la JEP deje de existir y que hablemos de una ley de punto final. Nada más aberrante. Una ley de punto final no es posible en lo jurídico nacional e internacional, pero sería aquello que supondría la negación absoluta de todos los derechos de las víctimas”.
Así mismo, pidió a la Justicia Especial Para la Paz, atender las solicitudes, inquietudes e inconformidades de la ciudadanía con los resutlados que hasta el momento arroja el tribunal de justicia transicional en Colombia.
De otra parte, solicitó a los demás actores del sistema judicial, como la Fiscalía, continuar aportando en la búsqueda de la verdad: “La fiscalía no tiene por qué haber suspendido las investigaciones, suspendieron sí las órdenes de captura, las imputaciones, las acusaciones, y por supuesto, los llamados a condena, pero el resto sigue en pie”.
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómezfue beneficiado con la orden de juez de ejecución de sentencias de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.
La juez Luz Marina Zamora Buitrago aceptó los argumentos de la abogada de Salvatore Mancuso, Beatriz Eliana Quintero, quien expuso que su cliente siempre ha estado dispuesto a las citaciones y compromisos pactos en Justicia y Paz y que el mantiene su firme compromiso de atender todos los llamados que le haga la justicia y que su cliente tiene toda la voluntad para reparar a sus víctimas.
Zamora explicó además que la demora en cumplir con la reparación de las víctimas del paramilitarismo se dio porque no estaba en el país, lo que se constituyó en un obstáculo.
Al respecto, la Fiscalía no mostró ninguna oposición frente a la decisión de la juez. La Procuraduría en cambio sí se declaró en desacuerdo, al considerar que se constituye en una afrenta con el reconocimiento de los derechos de las víctimas que se le atribuyen al exjefe paramilitar.
La Procuraduría General de la Nación, le solicitó información a la Unidad Nacional de Riesgos de Desastres (UNGRD) sobre las acciones que se están implementando para brindar accesibilidad y calidad del agua potable para la población Wayuú en Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, municipios de La Guajira.
El ente de control pidió además el estudio y los conceptos técnicos que determinaron como la mejor solución de corto plazo para el abastecimiento de agua en La Guajira, la adquisición de los carrotanques, así como la constancia de la participación de las entidades competentes para el desarrollo de programas y proyectos para el acceso de la población a agua potable.
Así mismo, el organismo requirió información sobre la distribución y frecuencias de las entregas específicas para cada municipio por parte de los carrotanques que están funcionando, cómo se determinaron estas rutas y sus frecuencias, y la respectiva socialización con las administraciones municipales sobre esas rutas de distribución.
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años a tres gerentes generales de la Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento -Córdoba y Sucre “Manexka EPS-I”, por la pérdida sistemática de recursos de la entidad y del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Las personas destituidas por el Ministerio Público son Siria Sabina Pérez Riondo (2015-2016), Otoniel Jerónimo Roqueme (2016) y Ledis del Carmen Ortega Guzmán (2016-2017).
El Ministerio Público en su fallo explicó: «los exgerentes autorizaron, en proporción, el uso de los recursos del Régimen Subsidiado en Salud en gastos administrativos, operacionales y compra de activos lo que conllevó a que no se destinaran, para las señaladas vigencias, más de $ 3.100 millones, en beneficio de los afiliados. La Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) transfirió en 2015 y 2016 a Manexka EPS-I más de $ 266 mil millones, cifra que al ser contrastada con los gastos de administración superó los topes en $3.113.657.436 respecto al 8 % previsto en el señalado sistema».
La Procuraduría señaló además que el daño patrimonial ocasionado con esta conducta superó los $ 22.600 millones para los años 2015 y 2016.
Los hechos que investiga el Ministerio Público tienen que ver con una discusión que sostuvo el concejal de Bogotá, divulgada en un video en redes sociales el pasado 21 de febrero, en donde se observa al cabildante desafiando la autoridad del agente de tránsito en lo que sería un nuevo caso de «¿Usted no sabe quién soy yo?», cuando el Policía quiso realizar un control de la policía ubicado en la avenida 68 con calle 13, en las horas de la madrugada, el funcionario al ser detenido por los agentes habría irrespetado a los servidores públicos, presentándose además un cruce de reproches y un intercambio verbal violento.
El órgano de control corrobora las razones por las cuales le fue interpuesto un comparendo de alrededor de 1 millón de pesos al cabildante.
Finalmente, el ente disciplinario busca esclarecer los hechos que son objeto de investigación y se ordenó la práctica de las pruebas necesarias.
El Ministerio Público confirma si la Unidad Administrativa utilizó correctamente los recursos por aproximadamente $ 13.000 millones del negocio jurídico con la Unión Temporal Extintor 4×4, para la adquisición de vehículos operativos para la atención de emergencias.
Debido a esto, la Procuraduría busca esclarecer los hechos que son objeto de investigación y se ordenó la práctica de las pruebas necesarias en las entidades para conocer las actuaciones llevadas a cabo.
El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, no aceptó el pliego de cargos en su contra dentro de la investigación que adelanta la Procuraduría General de la Nación, por presunta participación en política durante la campaña electoral.
El Ministerio Público le investiga por algunos comentarios que emitió desde su cuenta de Twitter, al parecer, haciendo referencia a la campaña presidencial del entonces candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, utilizando la frase ‘cambio en primera’.
“En suma, la valoración en conjunto de las pruebas y el grado de corroboración que aportan a la hipótesis subjetiva, permiten aseverar que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, presuntamente actuó dolosamente porque, conocedor de la prohibición constitucional y legal que tienen los servidores públicos, incluidos los de elección popular de participar en política –así como su carácter de falta disciplinaria de manera informada, consciente y voluntaria– dirigió su comportamiento a desatender el ordenamiento jurídico, lo cual se demuestra con el hecho de que su posible participación en política ocurrió en tres oportunidades diferentes”, dice la citación.
Daniel Quintero pedirá la nulidad del proceso disciplinario que se adelanta su contra.
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, por presuntas irregularidades en el registro de familias vulnerables atendidas por el Programa Mi Familia, en el departamento de Nariño.
El Ministerio Público investiga si se registraron datos falsos respecto al número de hogares atendidos en desarrollo del contrato firmado con la Unión Temporal Mi Familia por 8.399 millones de pesos, con el objeto de visitar periódicamente a 3.930 familias en 16 municipios para prevenir el maltrato infantil.
El órgano de control busca identificar a los posibles autores del hecho y determinar si es procedente iniciar investigación disciplinaria por una aparente apropiación de dineros del departamento.
Es una enorme irresponsabilidad. Echarle más leña al fuego de una polarización política acechada por serios riesgos de una grave afectación a nuestra estabilidad institucional es una actitud francamente reprochable. A los dirigentes políticos no se les puede admitir un comportamiento cargado de odio comparable al de cualquiera de los energúmenos que bloquearon el parqueadero del Palacio de Justicia el jueves pasado. En estos tiempos de turbulencia lo aconsejable es la moderación y el sentido democrático.
Esta crispación política ha corrido por cuenta sobre todo de una prematura precandidatura presidencial del saliente Fiscal Francisco Barbosa. El hasta ahora jefe del ente investigador, no ha ahorrado esfuerzo alguno para abusar de su cargo como opositor político y dar rienda suelta a sus pretensiones electorales, con un lenguaje tan destemplado y grotesco contra el Presidente Petro como el utilizado por el Expresidente Cesar Gaviria. Es el mismo fiscal encubridor de la Ñeñe política de Duque, que ante la imposibilidad de demostrar en las conductas de Nicolás Petro actos que comprometan la financiación de la campaña presidencial del Pacto Histórico, precipita un allanamiento a Fecode para fabricar una acusación y un juicio político contra el Presidente. Y como si fuera poco, es el mismo Fiscal que ahora pretende mantener su control de la Fiscalía a través de su cuestionada Vice fiscal Marta Mancera. No sorprende para nada el ensordecedor silencio de Uribe y Duque, jefes políticos de Barbosa y de su compañera de causa laProcuradora Margarita Cabello, ante semejante socavamiento de la legitimidad de la justicia y del órgano de control disciplinario.
Con todo el respeto que reclama y merece la Corte Suprema de Justicia en su autonomía para la elección de la nueva fiscal general, es inocultable la inmensa responsabilidad política e institucional que le corresponde asumir en esta coyuntura. Sin que ello se interprete como una presión indebida, el alto tribunal debe entender que dilatar inexplicablemente la elección de la fiscal de una terna de altas calidades y demostrada independencia, aumenta el volumen de la confrontación política. Y tiene el efecto práctico de dejar la Fiscalía en manos de personas tan cuestionadas como la Vice fiscal Mancera y el fiscal Gabriel Jaimes. Una dilación que en ningún caso justifica conductas agresivas contra magistrados y trabajadores del Palacio de Justicia en Bogotá, único caso de alteración del orden público en la jornada de movilización ciudadana del pasado 8 de febrero, rápidamente neutralizado por orden presidencial a la fuerza pública.
Al Presidente de la Republica le corresponde asumir el principal liderazgo en la superación de la actual tensión política. La estabilidad institucional es una tradición democrática que debemos preservar y que no puede ponerse en riesgo bajo ninguna circunstancia. Estabilidad que es un imperativo para la realización de la agenda de cambio del gobierno y del cumplimiento eficaz del Plan Nacional de Desarrollo en un año que es crucial en la transformación del país. Presidente Petro: con su liderazgo el país puede calmar los ánimos y moderar el debate público en el marco de su convocatoria a un Acuerdo Nacional. Usted podría convocar de inmediato en Palacio una Cumbre de los poderes públicos, con presencia de los presidentes de las altas cortes, la Procuradora, el Contralor General, el Defensor del Pueblo y los Presidentes de Senado y Cámara, que permita construir un consenso alrededor de una ruta de salida institucional al impasse que afrontamos. La Conferencia Episcopal, la OEA y Naciones Unidas podrían acompañar esta convocatoria y proceso.
Presidente: su liderazgo e iniciativa son imprescindibles para unir al país y neutralizar el fuego de quienes quieren incendiarlo y sabotear los cambios por los que votamos las mayorías. Usted tiene la capacidad y el imperativo de convertir la estabilidad y el Estado de Derecho en la causa de las ciudadanías de la Colombia de hoy.
El Ministerio Público suspendió al funcionario por las irregularidades que, de acuerdo a la investigación, se habrían cometido durante el proceso de licitación a la expedición de pasaportes.
Una segunda investigación se abrió, luego de que Leyva decidiera no acatar la decisión y continuar despachando desde el cargo, pese a estar notificado de la decisión.
«La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que dentro de los hechos que serán objeto de revisión se encuentran las determinaciones que el titular de la cartera habría adoptado y las comunicaciones enviadas representando a la Cancillería, desconociendo que se encontraba apartado del cargo e inhabilitado para ejercer las funciones correspondientes», señaló el órgano de control.
