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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Procuraduría

Procuraduría investiga compra de helicópteros rusos

La Procuraduría General de la Nación abrió investiga a la exsecretaria general del Ministerio de Defensa Nacional, Ana María Garzón Botero, por posibles irregularidades en el convenio suscrito con una compañía rusa para el mantenimiento de helicópteros del Ejército.

Los hechos materia de investigación están relacionados con el contrato celebrado el 28 de enero de 2022, con la Nacional Aviation Services Company S.A. (NASC S.A.) para la “recuperación y puesta en funcionamiento del helicóptero MI-17-1V (MD) EJC-3385 S/N 170M11″, por valor de USD $ 7.747.710

 

Este contrato fue suspendido por dos meses calendario, por los conflictos entre Rusia y Ucrania que generaron incertidumbre y dificultades en el normal desarrollo de este y se reinició el 27 de enero de 2023, las partes suscribieron un suplemento al contrato que modificó, entre otros aspectos, la forma y condiciones de pago y el plazo de ejecución, a pesar de que la situación que originó la suspensión del bilateral no había sido superada.

De acuerdo con el Ministerio Público, el Gobierno Nacional hizo un giro con el 50% del valor a pagar como adelanto. Estos helicópteros Ml-17 se encuentran en los hangares de Tolemaida sin prestar servicio”.

Esmeralda Hernández radicó denuncia penal contra la procuradora Margarita Cabello

La Senadora del Pacto, Esmeralda Hernández, radicó hoy ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal en contra de la procuradora Margarita Cabello, por presuntas irregularidades frente al manejo de millonarios recursos públicos en la entidad.

En la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía, se advierte que la Procuraduría pasó de gastarse al año entre 800 y 5.000 millones en sus servicios tecnológicos, a montos que superan anualmente los 20 mil millones en la Administración de Margarita Cabello.

 

Según dice la congresista, los mismos han sido entregados a dedo a un solo operador: la Empresa de Recursos Tecnológicos, ERT.

“Nosotros alertamos que en 2023 este contratista recibió adiciones superiores al 50% en su contrato, que subcontrató el 90% de los servicios que debía prestar pese a que el argumento para entregarle el contrato a dedo fue que era el único contratista con la capacidad para ejecutarlo, lo que resultó siendo falso. A eso se suma un presunto sobrecosto, en ese solo contrato, por 1.600 millones de pesos”, manifestó la congresista.

Recalcó que, pese a ese antecedente irregular, Cabello siguió favoreciendo a la ERT, pasando por encima de los parámetros de objetividad, pluralidad y transparencia que ampara la Ley 80.

“No contentos con eso, hace solo unos días le entregaron un contrato por 22.489 millones de pesos a la ERT para la operación de la mesa de servicios tecnológicos durante lo que queda del año 2024. Es decir, que en el periodo de Margarita Cabello le han dado a dedo a la ERT más de 70 mil millones de pesos. Eso es un actuar vergonzoso y complaciente con la corrupción”, resaltó.

Procuraduría investiga a los docentes del Colegio Ciudadela Educativa de Bosa

La Procuraduría General de la Nación indaga a funcionarios por determinar del colegio ciudadela educativa de Bosa, por el presunto abuso sexual a una menor de 5 años en las instalaciones por uno de sus compañeros de clase de 7años. 

El Ministerio Público confirma si la estudiante y sus familiares habían informado a las directivas del plantel, en reuniones anteriores, que la infanta se había quejado de que el alumno la instigaba, molestaba y golpeaba en el salón de clases. 

 

Además, la entidad busca esclarecer si una de las maestras encerró a los dos menores a manera de castigo por su comportamiento y si en ese lugar ocurrieron los posibles hechos de acceso carnal a la niña. 

De acuerdo con las versiones de la madre de la niña, se habría informado a la directora de curso, quien, según la progenitora, «hizo caso omiso».

Investigan a policías que atendieron el caso del estadounidense detenido por explotación sexual con menores de edad en Medellín

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria de manera previa contra los integrantes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL)por presuntas irregularidades en la diligencia de captura y traslado de un ciudadano norteamericano acusado de acceso carnal abusivo y/o actos sexuales con dos menores de 14 años.

El Ministerio Publicó anunció que se analizarán las posibles irregularidades en los procedimientos por parte de los servidores encargados de la custodia del detenido, así como las acciones judiciales pertinentes para la verificación y captura por la comisión del posible delito u omisión en las gestiones pertinentes para ello.

 

Para el Ministerio Público los policías pudieron incurrir en falta disciplinaria, pero se indagará si es necesario vincular o determinar la existencia de más personas adscritas a otras entidades, quienes igualmente pudieron participar en los hechos que permitieron que el presunto agresor saliera posteriormente de Colombia hacia Estados Unidos.

Nota relacionada: Medellín: el turismo y la explotación sexual infantil

Procuraduría investiga si los carros de la UNP se estarían utilizando para pasear a extranjeros

La Procuraduría General de la Nación inició investigación disciplinaria contra el agente de la Unidad Nacional de Protección, Francisco Torres Luna, porque al parecer, utilizaba los vehículos que tenía a cargo en dicha entidad, ya que, al parecer estos eran utilizados para dar tours a ciudadanos extranjeros. 

El Ministerio Público evidenció que, presuntamente, «los tours transportaban a algunos turistas brasileros y mexicanos. Las excursiones ofrecidas se daban en Bogotá, y algunos municipios de Cundinamarca como lo son: Guadalupe, La Calera, Choachí, Zipaquirá y Cajicá». 

 

El Ministerio Público tuvo conocimiento que el funcionario cobraba sumas de $200.000 a $250.000, aproximadamente. 

Procuraduría investiga al interventor de un proyecto de vivienda en Atlántico

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al interventor y representante legal y director de servicios de Apoyo de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, Gustavo Adolfo Silva Quintero, por presuntamente omitir informar y advertir los actos que pusieran en riesgo la ejecución y entrega de las viviendas dentro del proyecto “La Arenosa”, ubicado en el Municipio de Santo Tomas del departamento de Atlántico.

De acuerdo con el Ministerio Público el posible comportamiento del disciplinable pudo ocasionar un detrimento de los valores pagados al contratista por más de $2.000 millones, generando incertidumbre sobre la estabilidad, entrega, funcionalidad y legalización de la obra, toda vez que está se encuentran en estado de abandono y ciertas estructuras han tenido que ser demolidas.

 

Silva Quintero no habría exigido el avance ajustado al cronograma de la obra, ni asegurado los desembolsos oportunos de recursos al contratista ejecutor y que se cumplieran todas las cláusulas del contrato, con lo que pudo incurrir en falta disciplinaria.

Procuraduría investiga al exdirector del IDU durante la administración de Claudia López

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al exdirector general del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de la alcaldía de Claudia López, Diego Sánchez Fonseca, por presunto incumplimiento en los proyectos de infraestructura de los sistemas de movilidad y de espacio público del Distrito Capital, contratados con recursos de valorización. 

El Ministerio Público investiga también a a la exsubdirectora general de infraestructura, Claudia Tatiana Ramos Bermúdez; al exdirector técnico de gestión contractual, Juan Carlos González Vásquez; al subdirector técnico de ejecución, Jaime Augusto Bermúdez Díaz; a la exdirectora técnica de construcciones, Denice Bibiana Acero Vargas; a la abogada de la dirección técnica de gestión contractual, Ginna Paola García Bohórquez; y al exdirector técnico de proyectos (e), José Félix Gómez Pantoja.

 

Además de los posibles incumplimientos en las obras, también se indaga por las razones para las demoras en la ejecución de las obras que, al parecer costaron alrededor de $ 18.000 millones. Al parecer, estas tienen problemas en el diseño, en la edificación y, por consiguiente, posibles irregularidades en el contrato de interventoría y supervisión. 

El órgano de control investiga 14 contratos más que se encuentran presuntamente en similares condiciones y también, habrían sido contratados con los mismos recursos. 

Investigación disciplinaria de la Procuraduría contra Nórida Rodríguez

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la gerente de RTVC, Nórida Rodríguez Muñoz y Jorge Luis Arzuaga Cadena, por posibles irregularidades en materia contractual que vendrían presentándose desde mayo de 2023.

El Ministerio Público investiga lo concerniente al contrato interadministrativo suscrito con la Agencia Nacional Digital que pretendía poner en marcha varias emisoras de paz. 

 

la Procuraduría puso su lupa sobre el contrato interadministrativo con la Agencia Nacional de Tierras que, al parecer, supera los $ 15.400 millones y mediante el cual RTVC se comprometió a prestar servicios de logística para eventos, sin contar, al parecer, con la experiencia y capacidad técnica para ello.

En este último caso, el Sistema de Medios Públicos habría tenido que subcontratar a la empresa Time Connexión SAS que, al parecer, finalmente terminó ejecutando el convenio, señaló el Ministerio Público. 

De otra parte, se cuestiona la suscripción de diferentes contratos u órdenes de servicios con personas naturales de las cuales se podría derivar un conflicto de intereses.  Se investiga además el posible conflicto de intereses que se presenta por parte del subgerente Arzuaga Cadena, quien presuntamente habría autorizado la contratación de sus dos cuñadas Jailin y Yuribeth Reina. 

Al respecto, la actual gerente de RTVC, Nórida Rodríguez, afirmó desde su cuenta de X sentirse tranquila y dispuesta a demostrar que sus actuaciones se han hecho conforme a la norma.

Procuraduría investiga a los concejales Fuchi y Shiavenato

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a los concejales Julián Forero Fuchi y Angelo Shiavenato por el ingreso de una moto al tercer piso del edificio del cabildo distrital.

El hecho que investiga el órgano de control disciplinario tiene que ver con el momento en que cuando ambos ingresaron una moto a las oficinas del cabildo distrital, hecho que no está permitido y que causó indignación ciudadana. En un video divulgado por el concejal Fuchi se observa a su colega Shiavenato ingresar en la moto por lo corredores de uno de los pisos superiores del Concejo de Bogotá, mientras su compañero celebra el hecho y lo llama ‘el visajoso mayor’.

 

El Ministerio Público confirma el video que circula en redes sociales en el que los dos concejales suben hasta el tercer piso de las instalaciones de la corporación en una moto y así posiblemente, poner en riesgo la seguridad en los espacios laborales de los funcionarios públicos. 

Nota relacionada: Regaño de Juan Baena a los concejales Fuchi y Schiavenato

Procuraduría confirma sanción disciplinaria a expresidente del Banco Agrario

En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción por cinco meses al expresidente del Banco Agrario de Colombia, Álvaro Miguel Navas Patrón (2013 – 2014), por la contratación de Estraval, empresa que no cumplía con el requisito mínimo de experiencia de tres años para la compra de cartera, lo que provocó la pérdida de más de $15 mil millones.

El organismo de control disciplinario estableció que el exdirectivo firmó el 17 de junio de 2014 el documento con el que se suscribió el negocio jurídico, pasando por alto el requerimiento mencionado y lo estipulado en el Manual de Políticas de Crédito, Cartera y Garantías de la institución financiera.

 

Así mismo, resaltó que Navas Patrón transgredió los principios de eficacia y economía, vulneró la política de la junta directiva del banco, sus funciones asignadas, y las normas precisas y concretas sobre los requisitos exigidos para la formalización de las operaciones que terminaron con la pérdida de la cuantía señalada.

El Ministerio Público ratificó además la responsabilidad de la gerente de Ventas de Banca de Consumo, Rosmary Malaver Figueroa; la vicepresidente de Crédito y Cartera, Gloria Marcela Ferrán Muñoz; la gerente nacional de Análisis de Crédito, Angélica María Castro Rodríguez; el subgerente de Crédito Empresarial y Oficial, Óscar Mauricio Romero Carrillo; y el subgerente de ventas de Banca de Consumo, Hernán Guillermo Urrego Olarte, quienes fueron sancionados e inhabilitados por 10 años.

Consejo de Estado se declara competente para revisar sanciones de la Procuraduría

El Consejo de Estado determinó que sí es competente para revisar las sanciones impuestas por la Procuraduría General de la Nación a funcionarios públicos elegidos por voto popular, siempre y cuando estos se encuentren en el cargo en el momento de la sanción disciplinaria.

El alto tribunal llegó a esta decisión luego de estudiar una sanción nuevo años impuesta por el Ministerio Público al exalcalde de Campoalegre, Neiva, Aldemar Gutiérrez Muñoz, por irregularidades en la firma de un contrato para la legalización de predios fiscales urbanos y rurales, así como la ejecución de trabajos de conservación y protección de recursos naturales por $ 126 millones.

 

El Consejo de Estado aclaró en la sentencia que al tratarse de una persona que ya está por fuera del período para el que fue elegido, se  debe interponer una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Consejo de Estado revoca fallo disciplinario contra Rodolfo Hernández

El Consejo de Estado tumbó la sentencia disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación dictada contra el exalcalde y excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, por propinar una cachetada al entonces concejal de Bucaramanga, Jhon Jairo Claro.

El órgano de control disciplinario sancionó al exmandatario de la capital de Santander, Rodolfo Hernández, por ocho meses por golpear al concejal Claro. El Ministerio Público le impuso una multa por más de 37 mil dólares y suspendido de sus funciones.

 

Hernández entabló una acción ante el Consejo de Estado pidiendo la revocatoria del fallo.

Confirman destitución a exalcalde de Buenaventura

La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad general por 10 años contra el exalcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia Ramos (2012 – 2015), por el manejo y desvío de recursos del sector de educación destinados a las niñas, niños y adolescentes del distrito portuario y que terminó siendo pagado a niños fantasmas. 

El Ministerio Público se sostuvo en su tesis que destinó cerca de $3.500 millones del Sistema General de Participaciones para pagar dos contratos de prestación de servicios educativos para 3.880 estudiantes de los que 2.321 resultaron ser alumnos inexistentes.

 

De acuerdo con el organismo de control, «el exmandatario provocó un detrimento patrimonial durante las vigencias 2014 y 2015, al omitir el cuidado de los recursos al que estaba obligado como autoridad de contratación del Distrito».

De «aberrante» califica la Procuraduría la idea Punto final

El procurador delegado de Intervención ante la JEP, Jairo Acosta Aristizabal, calificó de “aberrante” la propuesta planteada por los excomandantes de las Farc sobre crear una ley de punto final que reemplazaría a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Durante su intervención en la Audiencia de Observación de Víctimas del Subcaso Antioquia, Acosta señaló que “Hay quienes hoy en día piden que la JEP deje de existir y que hablemos de una ley de punto final. Nada más aberrante. Una ley de punto final no es posible en lo jurídico nacional e internacional, pero sería aquello que supondría la negación absoluta de todos los derechos de las víctimas”. 

 

Así mismo, pidió a la Justicia Especial Para la Paz, atender las solicitudes, inquietudes e inconformidades de la ciudadanía con los resutlados que hasta el momento arroja el tribunal de justicia transicional en Colombia.

De otra parte, solicitó a los demás actores del sistema judicial, como la Fiscalía, continuar aportando en la búsqueda de la verdad: “La fiscalía no tiene por qué haber suspendido las investigaciones, suspendieron sí las órdenes de captura, las imputaciones, las acusaciones, y por supuesto, los llamados a condena, pero el resto sigue en pie”.

Ordenan libertad para Salvatore Mancuso

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez fue beneficiado con la orden de juez de ejecución de sentencias de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

La juez Luz Marina Zamora Buitrago aceptó los argumentos de la abogada de Salvatore Mancuso, Beatriz Eliana Quintero, quien expuso que su cliente siempre ha estado dispuesto a las citaciones y compromisos pactos en Justicia y Paz y que el mantiene su firme compromiso de atender todos los llamados que le haga la justicia y que su cliente tiene toda la voluntad para reparar a sus víctimas.

 

Zamora explicó además que la demora en cumplir con la reparación de las víctimas del paramilitarismo se dio porque no estaba en el país, lo que se constituyó en un obstáculo.

Al respecto, la Fiscalía no mostró ninguna oposición frente a la decisión de la juez. La Procuraduría en cambio sí se declaró en desacuerdo, al considerar que se constituye en una afrenta con el reconocimiento de los derechos de las víctimas que se le atribuyen al exjefe paramilitar.