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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Protesta social

¡Justicia para Santiago Murillo y su familia!

Santiago Murillo era un joven de 19 años que el 1 de mayo de 2021 a las 8:45 pm, a menos de dos cuadras de su casa y en medio de las protestas, recibió un disparo en el pecho que le quitó la vida. Una víctima fatal que se suma a las cifras de las masivas violaciones a DDHH que se cometieron por la Policía Nacional y que han sido reconocidas por la CIDH, la ONU, e incluso por el Estado colombiano. El problema es que, como en la mayoría de los casos, no se ha garantizado la justicia y las víctimas se han quedado en cifras.

Cifras que desconocen el sufrimiento de las familias que se enfrentan a un sistema judicial ineficiente. Números que no reparan, que se sobreponen a la memoria de las víctimas y que excluyen a las familias que se enfrentan a la estigmatización y a un Estado que no las reconoce. Según un informe que revelamos el año pasado, la mayor parte de las violaciones que se registraron durante las protestas siguen impunes. Al menos en un 61,1% de los casos que reporta la Fiscalía General de la Nación no se han identificado los presuntos responsables[1].

Aunque el proceso se encuentra en etapa de juicio y está identificado el presunto responsable, el Mayor de la Policía Jorge Mario Molano Bedoya, desde septiembre de 2021, los padres de Santiago están esperando que se realice la audiencia de juicio. Sin embargo, las maniobras dilatorias para suspenderla han sido tantas y la ineficiencia de sistema judicial colombiano es tan mayúscula, que el pasado 31 de enero el Mayor Molano quedó en libertad por vencimiento de términos. En este caso hay doble penalidad, por el asesinato de Santiago y porque fue cometido por un policía cuya función es cuidar la vida y no eliminarla.

La CIDH, en su informe de verificación de cumplimiento a las recomendaciones que hizo con ocasión a las protestas del 2021, le sigue haciendo el llamado al Estado colombiano para que refuerce las acciones de investigación de carácter disciplinario y penal. A la fecha, el Estado no ha implementado ninguna medida de cumplimiento dirigida a reparar a las víctimas y familiares.

Detrás de estas cifras hay madres, como la de Santiago, que luchan incansablemente porque se garantice la justicia y no las vamos a dejar solas. Exigimos justicia por Santiago y por su familia, no podemos permitir que la impunidad nos venza. No podemos aceptar que mientras la Fiscalía muestra avances en la investigación de agresiones hacia miembros de la Policía, en las investigaciones de hechos en los que civiles fueron asesinados durante el Paro Nacional lo común sea la impunidad.

Diego Cancino

Concejal de Bogotá

[1] Diego Cancino (2022), Informe “Resistir a la Impunidad”.

 

 

¿Qué mecanismos acordaron Gobierno y la CIDH en el marco de la protesta social 2020 y 2021?

Foto: Europapress.

El Gobierno Nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordaron la creación de un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones presentadas por este organismo en un informe sobre los hechos ocurridos durante la protesta social en Colombia, entre los años 2020 y 2021.

Así se decidió este viernes en el marco de una reunión del Presidente Gustavo Petro, en la Casa de Nariño, con la Presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, y el Relator para Colombia de la CIDH, Joel Hernández García.

Al respecto se refirió la Viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Laura Gil, quien en declaración a medios de comunicación indicó que “hemos acordado en esta reunión montar un mecanismo de seguimiento institucionalizado con la CIDH, el Gobierno, con la participación de la sociedad civil para el seguimiento de cada una de estas recomendaciones”.

En el mismo contexto, la Viceministra sostuvo: “La razón por la cual hacemos esto es porque creemos que las recomendaciones que nos dejan los órganos internacionales de derechos humanos tienen el potencial para producir cambios estructurales, que nos permitan garantizar la no repetición”.

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Sobre el particular, la Presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla, explicó que en el citado informe la Comisión “reconoce los hechos concretos del estallido, pero las causas estructurales y, sobre todo, este seguimiento de recomendaciones implica abordar la situación, garantizar el derecho a la protesta, el respeto a la interseccionalidad, el rechazo que se tiene que dar a la judicialización de la protesta”.

Cooperación técnica de la CIDH

En tal sentido, Mantilla aseguró que “la Comisión Interamericana ofrece esta cooperación técnica y saludamos mucho poder contar con este mecanismo, que como bien dice la Vicecanciller, además de esta Comisión Interamericana contará con la participación también y el aporte sobre todo de la sociedad civil”.

A su turno, el relator de la CIDH para Colombia, Joel Hernández García, resaltó la cooperación del Presidente Petro con el organismo interamericano.

“Quiero expresarles el enorme beneplácito que nos da haber tenido esta reunión con el Presidente de la República, con la Viceministra. Ha sido una reunión sumamente importante, porque se ha puesto de manifiesto la vocación de cooperación del Presidente Petro con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Por último, subrayó que el mecanismo conjunto de seguimiento “va a permitir a la Comisión acompañar los esfuerzos nacionales en poder garantizar el derecho a la protesta social”, y precisó que “ha sido realmente una oportunidad única, pocas veces vista, de un nivel de cooperación tan estrecho”.

Imputan cargos a dos policías en retiro por la mujer de un joven en medio del estallido social

La Fiscalía  imputó ante un juez de control de garantías a los policías en retiro Jorge Enrique Bombita Uriana y Abberson de Jesús Acosta Salas, como posibles responsables del delito de homicidio.

Los hechos que se les atribuyen ocurrieron en el suroccidente de Bogotá, el 1 de mayo de mayo de 2021. Los dos procesados pertenecían al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad); y, presuntamente, actuaron de manera irregular para dispersar una manifestación y le causaron la muerte a un joven de 20 años.

El material de prueba da cuenta de que el patrullero en retiro Acosta Salas disparó un ‘true fly’ o lanzagranadas sin cumplir con los protocolos de uso definidos para este tipo de artefactos, pues lo accionó de manera lineal y directa impactando en la cabeza a Daniel Alejandro Zapata Pabón, quien fue trasladado a un centro asistencial y falleció 10 días después.

De otra parte, se estableció que el entonces intendente Bombita Uriana estaba al mando del grupo del Esmad que atendía la situación y dio la instrucción de intervenir para despejar la vía que era ocupada por varias personas. Para la Fiscalía, con su actuar habría desatendido su posición de garante de la población civil.

Fiscal y defensor confirman que no hubo desaparecidos en el marco de la protesta social

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, junto al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, explicaron de manera conjunta el protocolo aplicado para las denuncias de personas en Bogotá de las que no se sabía su paradero, con ocasión del estallido social.

Al respecto las dos instituciones dejaron claro que con la creación de una mesa interinstitucional el 4 de mayo de 2021 conformada por la fiscalía general de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Policía Nacional se conoció de primera mano la información aportada por la ciudadanía y las organizaciones sociales, entre otras entidades, y activar los Mecanismos de Búsqueda Urgente (MBU).

Asimismo, la Defensoría del Pueblo realizó entrega, diariamente, a la Secretaría Técnica de la Mesa Interinstitucional de las solicitudes de apertura del Mecanismo de Búsqueda Urgente sobre personas supuestamente no localizadas.

“Durante los meses de mayo, junio y julio de 2021, semanalmente se informó a la ciudadanía sobre los avances reportados. En ellos se corroboró que, después de haber hecho la búsqueda de todas las personas, en una parte importante de los casos se recibió información de las personas buscadas. Así mismo, una parte importante de los casos se recibían informaciones sobre el paradero de las personas buscadas”, dijo el fiscal Barbosa.

Explico además que se recibieron 627 reportes de personas no localizadas. “Las labores investigativas realizadas con debida diligencia y de acuerdo con los estándares internacionales permitieron identificar 132 casos duplicados permitieron ubicar a 300 ciudadanos, quienes fueron contactados y entrevistados, y aseguraron que no estuvieron en situación de riesgo o peligro inminente. Asimismo, se constató que 195 registros carecían de información y otros detalles que permitieran establecer la veracidad”, detalló.

Con respecto a Bogotá, la fiscalía general de la Nación conoció 53 reportes de personas desaparecidas, de los cuales 28 fueron admitidos y las personas localizadas, 18 registros estaban duplicados y 7 fueron inadmitidos.

Tanto el fiscal general de la Nación Francisco Barbosa Delgado, como el Defensor del Pueblo Carlos Camargo Assis, fueron contundentes al entregar el reporte:

“A la fecha, no existen en el país mecanismos de búsqueda urgente activos por posibles desapariciones durante las protestas de 2021. Este es un éxito investigativo y además un éxito de articulación, que se tiene que tener con entidades independientes, como la fiscalía general de la Nación y como la Defensoría del Pueblo”, concluyó el fiscal general de la Nación.

Según el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, “Revisada la información, actualizada, a la fecha no existe ningún mecanismo de búsqueda activo. En eso debo ser concluyente: todas las personas fueron ubicadas”.

 

 

Petro designa como Voceros de Paz a diez jóvenes más detenidos en la protesta social

El Presidente Gustavo Petro Urrego, designó como Voceros de Paz a 10 líderes sociales que fueron capturados en el marco de la protesta social. Ellos son: Andrés Cabrales, Daniela Pérez, Ludier Felipe Camacho, Steven Guevara, Cristian Andrés Cuéllar, Kevin García, Daniel Fernando Ruiz, Edwin Pimentel, Andrés Felipe Yara Sánchez y Davis Esteban López Barrera.

Los jóvenes han manifestado, a través de sus apoderados, la voluntad de ejercer su rol como Voceros de Paz. Una vez sean designados en tal rol, se comprometen, además de la declaración de su lugar de residencia, a comenzar una ruta de acompañamiento que incluye:

En este sentido, los Voceros de Paz tendrán que atender todas las diligencias judiciales a las que sean citados en el marco de sus procesos penales. Por todo lo anterior, en caso de cometer cualquier actividad delictiva, incumplir con su proceso judicial o sus obligaciones como Voceros de Paz, se procederá a revocar sus designaciones.

Las personas que ingresan al programa de Voceros de Paz harán parte de proyectos de entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (en apoyo a la temporada de lluvias, ollas comunitarias y entrega de ayuda humanitaria), Unidad para las Víctimas, el Sistema de Diálogo y Convivencia del Ministerio del Interior y el Grupo de Trabajo e Inclusión del Ministerio del Trabajo, entre otros.

El Estado no asignará salarios a los Voceros de Paz, ni generará contratos laborales.

 

Estos son los primeros jóvenes que saldrán de prisión para ser nombrados voceros de paz

El ministro de Justicia, Néstor Ozuna, anunció los nombres de los primeros jóvenes que en medio de la protesta social fueron privados de la libertad, que serían beneficiados por el decreto presidencial que les permitiría salir de prisión.

El funcionario confirmó que estas personas ejercerían la labor de Gestores de Paz mediando en las diferentes conflictividades de tipo social en las comunidades.

Dejó claro que ninguna de estas personas tiene procesos judiciales por temas de torturas, daño al patrimonio público o bienes privados, secuestros o asesinatos pero que los casos en su contra seguirán su curso normal.

“Analizamos más de 200 perfiles, 200 hojas de vida de personas que están privadas de la libertad por hechos relacionados con la protesta social, miramos que pudiera tener utilidad para esos efectos que nos habíamos propuesto, verificamos que formarán parte de alguna organización social”, afirmó el ministro Osuna en declaraciones.

Dijo además que estas personas no recibirán salarios del Estado pero que, si asumirán la tarea de acompañar y apoyar programas relacionados con el desescalamiento de la conflictividad social, la reconciliación de los colombianos y la construcción de la paz total.

Se trata de los jóvenes Santiago Márquez Charris, Arles Andrés Bolaños Zemanate, Adriana Esperanza Bermeo Súa, Laura Camila Ramírez Enciso, Laura Camila Ramírez Enciso, Álvaro Andrés Duque Ruiz, Bremmen  Hinestroza.