Los puertorriqueños se pronunciarán dentro de una semana sobre la relación política con Estados Unidos en un plebiscito sin carácter vinculante que el Gobierno quiere que contribuya a su objetivo de incorporar la isla al país norteamericano, consulta para la que la oposición pide el boicot.
La población está convocada a las urnas el próximo día 11 para un plebiscito que es parte del programa electoral de Ricardo Rosselló, que desde que se convirtió en gobernador en enero ha dirigido todos sus esfuerzos a la celebración de una consulta cuyo resultado no tendrá, en principio, valor efectivo y legal alguno.
La consulta será posible gracias a la aprobación de La Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico, de 2017.
Rosselló es gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), formación que tiene como razón de ser la unión de Puerto Rico a Estados Unidos, del que es un Estado Libre Asociado.
Ese particular estatus permite a la isla, gracias a su propia Constitución y Asamblea Legislativa, dotarse de su propio Ejecutivo y cierto grado de autonomía, aunque áreas como defensa, fronteras o relaciones diplomáticas se las reserva Washington.
Rosselló no duda en apuntar cada vez que tiene la oportunidad que Puerto Rico es una colonia y que ese estatus es la razón de los males que aquejan a la isla, entre otros la imposibilidad de pagar su millonaria deuda, razón por la que el Congreso de EEUU impuso una entidad de control federal que debe aprobar cualquier decisión de naturaleza financiera que tome San Juan.
El plebiscito, el quinto que se celebra para preguntar a la población sobre la relación política con Estados Unidos, solo cuenta con el apoyo del Gobierno, ya que la oposición ha pedido el boicot a la consulta.
El Partido Popular Democrático (PPD), que desde hace décadas se alterna en el poder con el PNP, ya pidió por boca de su presidente, Héctor Ferrer, a sus simpatizantes que no acudan a las urnas, por entender que el Gobierno no tuvo en cuenta a su partido a la hora de elaborar las preguntas.
El presidente del más minoritario Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berríos, también ha pedido a sus seguidores que no acudan a votar, en este caso por entender que no es razonable que entre las opciones se incluya el actual estatus de Estado Libre Asociado.
El PIP, que al igual que el gobernante PNP se refiere al actual estatus de la isla como el de una colonia, entiende que la solución al problema de la relación política con EEUU no puede pasar, precisamente, por perpetuar un estatus vigente desde 1952, cuando arranca el actual Estado Libre Asociado.
Aunque la oposición del PPD entiende que en 1952, con la entrada en vigor del Estado Libre Asociado, se produjo un acuerdo entre Puerto Rico y Estados Unidos que otorgó a la isla un gobierno autónomo, Washington matizó en 2015 que Puerto Rico es un territorio del país norteamericano sujeto a los poderes plenipotenciarios del Congreso de EEUU.
La postura del Congreso en Washington sobre el plebiscito es la de permitir la consulta, aunque ningún miembro representativo de ese cuerpo legislativo ha dado a conocer cualquier postura que haga pensar que el resultado tendrá algún valor efectivo para el futuro del estatus político de Puerto Rico.
Uno de los caballos de batalla del plebiscito fue la elección de las opciones entre las que podrán pronunciarse los ciudadanos, ya que el Gobierno de Rosselló no quería que figurara la opción del actual estatus.
El secretario del Departamento de Justicia federal, Jeff Sessions, exigió incluir esa opción, a lo que accedió el Gobierno del PNP, no sin antes dejar claro que se trataba de una imposición.
La consulta incluye, finalmente, las opciones, en una sola papeleta de votación, de anexión o «estadidad», la «libre asociación/independencia» y el «actual estatus territorial».
En caso de que la anexión resultara la alternativa mayoritaria, la ley de la consulta dispone que comenzará de inmediato un proceso de transición para la admisión de Puerto Rico como un estado más de EEUU en igualdad de derechos y deberes.
En caso de imponerse la «libre asociación/independencia» la norma dispone que quedará automáticamente convocado un referéndum para el 8 de octubre de 2017 en el que los electores solamente podrán escoger entre las alternativas de soberanía separada de Estados Unidos con un tratado voluntario de libre asociación o independencia.
El resultado de la consulta del 11 de julio, como las de 1967, 1993, 1998 y 2012, carece de compromiso alguno por parte del Congreso estadounidense.
