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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Putumayo

Fajardo pide a Fiscalía investigación imparcial sobre masacre en Putumayo

El candidato presidencial Sergio Fajardo instó este lunes a la Fiscalía General de la Nación a adelantar una invertigación imparcial sobre el cuestionado operativo adelantado por el Ejército en zona rural de Puerto Leguízamo (Putumayo) el pasado 28 de marzo.

Así lo manifestó Fajardo en una misiva enviada a la Corte Suprema de Justicia donde expresó sus preocupaciones en torno al papel no nuetral que puede desempeñar el ente investigador en el caso, teniendo en cuenta que el actual jefe del ente investigador fue subalterno del Presidente Iván Duque en el pasado.

 

“Acudo ante ustedes en su condición de máxima instancia de la justicia ordinaria y de electores del fiscal Francisco Barbosa, para que le pidan a este garantías mínima de independencia e imparcialidad en el desarrollo de las investigaciones sobre estos hecho gravísimos”, indicó el candidato presidencial.

Así mismo, Fajardo reiteró a la Corte que los informes periodísticos sobre el episodio en Puerto Leguízamo y que fueron publicados en las últimas horas,  “deja muchas dudas acerca de si esa operación cumplió con los estándares en derechos humanos y derecho internacional humanitario”.

Fajardo cierra su misiva al Alto Tribunal agregando que, «la falta de confianza en las instituciones le hace un gran daño a la democracia, y pone en juego la legitimidad institucional».

 

Terror en la vereda El Remanso

Foto: Caracol Radio

Organizaciones de la sociedad civil en el Putumayo denunciaron que posterior al operativo del Ejército Nacional en la vereda El Remanso, que arrojó once personas fallecidas, entre ellas, algunos civiles, un líder comunal y un menor de edad, la población que reside en el sector ha recibido  maltrato físico y psicológico, además de padecer el confinamiento allanamientos ilegales en sus viviendas, lo que ha provocado el desplazamiento de un centenar de familias.

 

Lo pobladores del sector aseguran que también se han presentado hurto de bienes de la comunidad y personales, además de obstrucción a la justicia.

Estos hechos, según las organizaciones que conforman la Mesa Territorial de Garantías en el departamento del Putumayo, han generado miedo en las personas que decidieron quedarse en sus lugares de vivienda, quienes además han sido estigmatizados con versiones que aseguran qe son integrantes de las disidencias de las Farc.

El Alto Remanso, lugar donde ocurrió el cuestionado operativo del Ejército Nacional que iba detrás de alias Bruno, un hombre de las disidencias de las FARC también conocidas como Comandos de la Frontera, que según inteligencia militar,  se encontraba en el bazar,  es una vereda cuya comunidad está organizada en torno a una Junta de Acción Comunal con reconocimiento por parte de la Secretaría de Gobierno del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo.

El presidente de la República Iván Duque y el ministro de Defensa Diego Molano, se sostienen en sus declaraciones reafirmando que se trató de un operativo que contó con inteligencia militar y en cumplimiento al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

«Esa operación tenía planificación, información de inteligencia, tenía información precisa sobre la presencia de cabecillas y miembros de células terroristas y narcotraficantes en ese lugar del territorio», señaló el primer mandatario, desde Nueva York.

El Gobierno se encuentra a la espera de los resultados que adelanta la Fiscalía General de la Nación y los organismos de control para la toma de cualquier decisión al respecto.

 

 

Duque continúa defendiendo a ultranza operativo del Ejército en Putumayo

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha defendido este lunes que la operación militar en Putumayo del pasado 28 de marzo, sobre la que se ha denunciado que hubo ejecuciones extrajudiciales, se llevó a cabo al contar con información sobre «la presencia de cabecillas y miembros de células terroristas y narcotraficantes».

«Era una operación que tenía planificación, tenía información de Inteligencia, tenía información precisa (…). Se procedió con una información clara», ha asegurado el mandatario colombiano desde Nueva York donde desarrolla una visita oficial a Naciones Unidas.

 

En este sentido, el mandatario ha remarcado que la Fiscalía, quien ahora investiga el controvertido dispositivo militar, conocía de antemano la presencia de terroristas en la zona. El operativo está salpicado por la polémica pues para la sociedad civil colombiana se trata de un nuevo caso de ‘falsos positivos’.

Al menos once personas murieron, entre ellas un menor, como consecuencia de un operativo militar llevado a cabo en la vereda Remanso, en Puerto Leguízamo. Según el Ejército, las víctimas formaban parte del Frente 48, un de las disidencias de la desaparecida guerrilla de las FARC.

Sin embargo, días después la Procuraduría reclamó al Ejército un informe preciso sobre lo ocurrido, después de que las organizaciones locales hayan denunciado que las víctimas no eran supuestos disidentes o guerrilleros sino meros «integrantes de la comunidad», resultando estas declaraciones «altamente contradictorias con la información oficial».

En este contexto, la oposición ha informado de que está considerando presentar una moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano.

«No es la primera vez que, frente a la cartera de Defensa, se presentan graves cargos de violaciones de Derechos Humanos, por parte del Ejército Nacional, por eso, desde la oposición, estamos evaluando una moción de censura contra el ministro», ha trasladado la congresista Katherine Miranda.

Asimismo, el parlamentario Carlos Ardilla Espinosa, representante de la Cámara por el departamento de Putumayo, ha citado al ministro Molano a un debate de control político para que responda por los cuestionamientos sobre la operación militar.

«Desde el Congreso haremos un seguimiento exhaustivo y minucioso. También, ejerceremos un control político para conocer detalles y para que todas las autoridades responsables entreguen el informe pertinente y así poder aclarar esta situación», señaló Ardila.

Mindefensa estará en el banquillo de los acusados de la Cámara

El ministro de Defensa, Diego Molano, tendrá una nueva citación a debate de control político en la Cámara de Representantes  por las denuncias de posibles irregularidades en el operativo realizado por tropas del Ejército Nacional en la vereda del Alto Remanso en el departamento del Putumayo que dejó once muertos, entre ellos varios civiles de la comunidad.

El operativo fue anunciado por el presidente de la república, Iván Duque y por el ministro de Defensa, Diego Molano, “como un golpe a la disidencias de las Farc”.

 

Para la representante a la Cámara Katherine Miranda, una de las citantes, “no es la primera vez que frente a la cartera de defensa se presentan graves cargos de violaciones a los derechos humanos por el Ejército Nacional”.

La congresista no descarta que dentro de la oposición se evalue la posibilidad de proponer una moción de censura al ministro Molano.

El Senado no se quedará atrás

Los senadores Antonio Sanguino y Angélica Lozano harán lo propio en la plenaria de la cámara alta en donde también serán invitados: el comandante general de las Fuerzas Militares, Luis Fernando Navarro;  el comandante del Ejército Nacional, Eduardo Enrique Zapateiro y el director del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, General Jorge Hoyos.

Los citantes consideran que son muchas las explicaciones que deben dar tanto el ministro de Defensa como la alta cúpula militar ante un hecho que ha dejado muchos interrogantes.

Las denuncias de la irregularidades que se habrían presentado en la vereda del Alto Remanso, Putumayo, durante la celebración de un bazar que según las versiones de la comunidad, buscaba recaudar fondos para la construcción de un camino veredal, aumentaron con la última publicación de la Revista Cambio y de Noticias Caracol.

“Según los  testimonios, los cuerpos de los civiles muertos por las balas del Ejército, no solo fueron movidos, sino envueltos en sábanas y cortinas, que los mismos soldados pidieron a la comunidad. Los cuerpos tampoco habrían llegado a los forenses con las manos protegidas para las pruebas de absorción atómica lo que permitiría determinar si dispararon, como afirma el Gobierno”.

Al respecto se pronunciaron también la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, argumentando la existencia de posibles irregularidades en la escena.

 

ONGs no dudan que operación en Putumayo sea un ‘falso positivo’

La operación militar en Putumayo del pasado 28 de marzo fue una ejecución extrajudicial, así lo ha señalado una misión humanitaria formada por ocho organizaciones de la sociedad civil colombiana que ha insistido que este es un nuevo episodio de ‘falsos positivos’.

«Los testimonios coinciden en que lo que hubo fue una incursión armada del Ejército haciéndose pasar por la guerrilla. Dicen que llegaron al menos cuarenta hombres con camisetas negras y encapuchados, disparando al caserío», ha contado la directora de la Asociación Minga, Diana Sánchez.

 

Sánchez ha denunciado que la constante presencia de militares en la zona ha provocado que autoridades como la Fiscalía no haya podido iniciar con anterioridad y precisión las investigaciones pertinentes, con las irregularidades que ello conlleva.

«La Fiscalía llegó cinco días después de los hechos, no tenía acordonada la zona, que se había visto afectada por la lluvia y los animales que circulan por el territorio. Además, la gente estaba dando los testimonios a la Fiscalía, y ahí estaba el Ejército. ¿Con qué garantías y en qué condiciones la gente puede hablar tranquilamente?», se ha preguntado Sánchez.

Al mismo tiempo, ha solicitado tanto una unidad especial para investigar de manera imparcial y autónoma lo ocurrido, como una rectificación por parte del Gobierno de Colombia y el ministro de Defensa, Diego Molano, por sus palabras «mancillando la dignidad» de las víctimas y las comunidades en las que residían.

Al menos once personas murieron, entre ellas un menor, murieron como consecuencia de un operativo militar llevado a cabo en la vereda Remanso, en Puerto Leguízamo. Según el Ejército, las víctimas formaban parte del Frente 48, un de las disidencias de la desaparecida guerrilla de las FARC.

Sin embargo, días después la Procuraduría reclamó al Ejército un informe preciso sobre lo ocurrido, después de que las organizaciones locales hayan denunciado que las víctimas no eran supuestos disidentes o guerrilleros sino meros «integrantes de la comunidad», resultando estas declaraciones «altamente contradictorias con la información oficial».

Defensoría confirma la muerte de 3 civiles en operativo militar en el Putumayo

La Defensoría del Pueblo confirmó que entre las personas que murieron en el operativo que ejecutó el Ejército Nacional en la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo (Putumayo), se encontraban el Presidente de la Junta de Acción Comunal, su esposa, un adolescente de 16 años y un gobernador del pueblo indígena.

La versión del órgano de control va en contravía del informe presentado por el Ministro de Defensa, Diego Molano y por el mismo Ejército Nacional.

 

La Defensoría junto con Naciones Unidas y la Procuraduría General de la Nación pidieron a las Fuerzas Militares hablar con la verdad sobre lo ocurrido en el departamento del Putumayo donde la población insiste en que quienes cayeron en el operativo eran campesinos y líderes comunales.

Al respeto se pronunció el presidente Iván Duque quien pidió claridad sobre lo ocurrido y responder con prontitud a las preguntas hechas por la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y las mismas comunidades indígenas.

«Bajo ese entendido se tienen que hacer todos los actos urgentes por parte de la Fiscalía General y se tendrán que también hacer toda la claridad que se requiera por parte de cualquier organismo de control», indicó el mandatario.

La comunidad indígena OPIAC, denunció en días pasados que las personas que murieron en la escena fue un grupo de campesinos y Pablo Panduro Coquinche, una autoridad indígena de la región. “Eran civiles, no guerrilleros”, señaló uno de los voceros de la organización.

Continúa la ola de asesinatos a líderes sociales en Arauca y Putumayo

Tres líderes sociales y dos comuneros indígenas han sido asesinados en las últimas horas en los departamentos colombianos de Arauca, Cauca y Putumayo en un nuevo repunte de la violencia contra activistas e indígenas.

En Arauca ha sido asesinado Hernán Naranjo Quintero, afiliado a la Junta de Acción Comunal de la vereda Corocito, jurisdicción del municipio de Tame, en un ataque atribuido por las autoridades a grupos armados ilegales. Desconocidos llegaron hasta el lugar de residencia de Naranjo y se lo llevaron a la fuerza. Tras varias horas retenido su cuerpo fue hallado en un camino de la zona.

 

Naranjo fue atacado el pasado miércoles, mientras que este viernes y también en Arauca ha sido asesinado Víctor Manuel Pacheco, líder rural de la vereda Bruselas, municipio de Fortul, según ha informado el comandante de la Policía en Arauca, Fredy Ferney Pérez, en declaraciones recogidas por la emisora RTVC. Individuos armados llegaron a la finca de Pacheco y le dispararon en varias ocasiones.

Pacheco era especialmente activo en la reivindicación de agua potable para Bruselas. «Tenemos más de un mes que nos estamos quedando sin agua. Como el río Cusay se nos alejó, entonces se nos secaron los nacederos y las venas que surtían los pozos. Conseguíamos agua para tomar a un metro, pero ahora está a siete metros. Estamos en una calamidad tremenda», declaró el propio Pacheco en el mes de diciembre en declaraciones para Caracol Radio.

Por otra parte, el Instituto de Estudios para la Paz en Colombia (INDEPAZ) ha denunciado el asesinato del líder social Efrén Ramos, era fiscal de la Junta de Acción comunal de la zona de El Basal, en el municipio de Puerto Leguizamo, departamento de Putumayo. Ramos fue asesinado en una masacre con otras dos víctimas mortales, dos jóvenes, cuyos cuerpos aparecieron con signos de tortura.

Mientras, en Resguardo Alto del Rey, en el municipio de El Tambo, Cauca, dos comuneros indígenas fueron asesinados por hombres armados: un hombre y su sobrino de 17 años que se trasladaban en motocicleta cuando fueron interceptados por un grupo de hombres armados. Los dos fueron asesinados de un disparo en la cabeza y sus cuerpos fueron abandonados en la carretera junto a la motocicleta.

Los asesinos dejaron un cartel en el acusaban a los indígenas de supuestos delitos y amenazaban a otros comuneros que estarían en una lista para ser asesinados.