La semana anterior fue agridulce para la ingeniería en el país.
Lo agrio: Se cayó el puente del Alambrado sobre el río La Vieja en el Quindío, que impide la conexión directa entre el Valle, incluyendo el puerto de Buenaventura, y el centro del país, una de las más activas en el territorio nacional. Por fortuna, hay una vía alterna razonable pese a tener que recorrer más kilómetros y un poco más de tiempo. Comentaremos este caso próximamente cuando se dispongan los análisis técnicos de la falla.
Lo dulce: el Tribunal de Arbitramento del contrato del puente sobre el río Magdalena en Barranquilla, determinó que la reclamación de la firma SACYR no tenía fundamente y sentenció que el INVÍAS no tendría que pagarle un solo peso de un monto reclamado de 135 mil millones de pesos (actualizado a hoy rondaría los 150 mil millones). En realidad es un poco agridulce también, porque el recuento de cómo se llegó a esta situación es agrio, pero por lo menos genera grandes lecciones aprendidas para que sean aplicadas de aquí en adelante. Su historia a continuación.
Laudo arbitral del puente sobre el río Magdalena en Barranquilla
La mayor parte de la reclamación de SACYR se trataba de una Mayor Permanencia en Obra (70% aproximadamente) debido al cambio de diseño y sistema constructivo. Una paradoja si se tiene en cuenta que el principal objetivo de la constructora al inicio del contrato era este cambio, para lo cual se llenó de argumentos (entre los cuales estaba la eventual compra de un terreno en el lado oriental por la existencia de una instalación de una empresa de gas) y terminó convenciendo al INVÍAS de ambos cambios y además facturarle 120 mil millones adicionales a los 630 mil millones con los cuales se había ganado la licitación de construcción de obra pública. Para que nos hagamos una idea, la sola adición significa nada menos que hacer más de un puente como el Chirajara, el famoso de la vía al Llano. La constructora dijo que no era posible construirlo con prefabricados; en el fondo lo que quería fundir in situ para que le saliera menos costoso; insólito si se recuerda que se ganó el contrato dados unos diseños completamente terminados, con planos listos para construir, como debe ser.
El diseño del puente fue contratado por el reconocido ingeniero Jaime Fandiño con su empresa y un consorcio que lo acompañó; a su vez de contaron con la asesoría de la firma de Jose Fernandez Casado con el ingeniero Materola liderando el diseño, pesos pesados de la ingeniería española con renombre mundial. Se reforzaron del lado colombiano con el ingeniero Jorge Padilla para tener una relación técnica de altísimo nivel con los asesores. Este punto es importante.
A partir del hallazgo de una menor longitud del puente construido comparado al inicialmente diseñado (315 metros menos) el perito técnico, ingeniero Mario Lara, desenredó una madeja que llevó al equipo de defensa del INVÍAS a una posición muy sólida ante el Tribunal.
Se preguntaba el ingeniero Lara que al disminuir la longitud del puente lógicamente tendrían que haberse aumentado las pendientes del mismo. Sin embargo, al comprobar que no fue así siguió investigando y encontró que se había bajado el gálibo de diseño en la sección central (de 51 metros a 45), lo cual tenía implicaciones en la prestación de servicio para el que fue construido el puente. El gálibo en este caso es la altura libre entre el nivel del río y la parte más baja del puente en su punto más alto, o sea, la mayor altura que puede tener un barco al pasar por debajo del puente; nada menos que el argumento principal por el que se decidió hacer el puente con semejante inversión (ese es otro debate de grueso calibre que revisaremos en próximo artículo).
Pero encontró más asuntos difíciles. La menor longitud del puente fue lograda recortándolo en el lado oriental, con el argumento de evitar la instalación de gas. El diseño original entraba unos 400 metros desde la orilla del río; por supuesto les pareció más fácil entrar solamente 100 metros y así evitar los gastos aparentemente innecesarios de adquirir los terrenos. Lo que descubrió el perito técnico es que el río está permanentemente erosionando esa margen y que el diseño original proyectó tal longitud para poder preservar la vida útil del puente a 75 años. Eso significa que tal decisión nos está dejando con la inminente construcción de protecciones cuando el río con su erosión esté llegando al estribo del puente. Pero adicionalmente, revisando en detalle la geometría del sitio llegó a la conclusión que se hubiera podido evitar la compra de los terrenos de la instalación de gas y conservar la longitud original. Es decir, una solución errada usada seguramente para justificar el cambio de diseño, para a su vez generar un mayor valor, tal como sucedió.
Y con esta reclamación, además, querían otros 135 mil millones por haberles aprobado el cambio de diseño y sistema constructivo para bajar sus costos de construcción y pese a haberles aprobado los primeros 120 mil millones.
A buena hora los Árbitros comprendieron muy bien los argumentos del perito ingeniero Lara, ya conocido por sus explicaciones sencillas de entender a temas complejos de ingeniería, para las que utiliza maquetas y gráficos que facilitan la comprensión.
Un gran logro, puesto que estamos más acostumbrados a recibir malas noticias en la defensa del Estado contra los grandes contratistas y mas trasnacionales como SACYR, reconocidos por tener más abogados que ingenieros.
A pesar del alborozo, no es lo ideal. Lo ideal es que no se llegaran a estas controversias y que los contratos del Estado, grandes y pequeños, se llevaran en la paz contractual que emergería de procesos de contratación trasparentes y bien madurados. Por eso hay que sacar las lecciones aprendidas de este sonado y abultado caso.
Lecciones aprendidas
Los contratos de construcción deben basarse en diseños bien hechos. Este era el caso, pero se ha perdido con las figuras de apropiación de diseños, las concesiones y las actividades de diseño y construcción unidas en las que el contratista de construcción hace el diseño; es simple prever que conllevan, todas, el incentivo perverso de hacer diseños de acuerdo con los intereses del constructor.
Los diseños bien hechos deben respetarse. El mismo tema, para hacernos revisar de fondo las formas contractuales actuales que van en contra de los intereses del Estado. No es cierto que las Entidades no puedan volver a manejar procesos contractuales de diseños bien hechos con la debida responsabilidad del diseñador.
Los cambios en el diseño o el sistema constructivo deben estar a cargo exclusivamente del contratista y así debe especificarse en los pliegos. Deberían quedar prohibidos estos cambios en los contratos, pero si así se aceptaran, los mayores costos inducidos deben estar a cargo exclusivo del contratista, eliminando así el incentivo perverso.
En caso de controversias es de la mayor importancia que las Entidades estatales se asesoren de los mejores peritos técnicos y que en el Tribunal de Arbitramento o en el Panel de Amigables Componedores debe haber al menos un ingeniero de mucha experiencia. Sobre todo en casos de gran complejidad y monto enorme, es clave poder llegar a los detalles técnicos más agudos que permitan valorar debidamente los argumentos del contratista.
Hay que mejorar el sistema de selección de árbitros evolucionándolo a un sistema similar al de reparto, para evitar que los árbitros otorguen una especie de premio de consolación para no estar en la lista negra de empresas que, como SACYR, permanentemente están invocando Tribunales de Arbitramiento que representan grandes ingresos para ellos.
Curiosamente así era antes. Hemos involucionado en contratación estatal y hemos, de paso, privilegiado las argucias y la corrupción. Tenemos que recuperar el trecho desandado lo antes posible.
Rafael Fonseca Zarate
