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La cercanía de las elecciones de Congreso y Presidencia altera todo, incluso aquello que debería permanecer en el terreno técnico. El aumento del salario mínimo es una prueba elocuente. Varias de las posiciones que hoy se observan difícilmente habrían surgido en ausencia de un calendario electoral inminente.

El enigma del 23 %

La incógnita no es el aumento en sí mismo, sino el proceso de dónde salió el 23 % decretado por el Gobierno en diciembre. La Corte Constitucional, a través del magistrado Morales, al suspender provisionalmente el decreto, no cuestionó directamente el número, sino el método: exige que el Gobierno explique con claridad el procedimiento y las bases técnicas que condujeron a ese resultado.

Según el análisis de La Silla Vacía, el cálculo del salario vital (de subsistencia digna) habla de 3.6 personas por familia (OIT, 2017), pero el Gobierno debió asumir 4 personas, que gasta en promedio 2.5 salarios; pero hoy (2025) las familias no son más grandes sino más pequeñas y por lo tanto el gasto debe ser menor. Además, como se nota, ninguna de estas variables son inflación o productividad, y la ley ordena que el cálculo del aumento del salario mínimo debe basarse en ellas.

La paradoja

El aumento decretado tiene un carácter extraordinario en términos históricos. Descontando la inflación, el incremento real es de 17.9% (La Silla Vacía), el mayor histórico observado por lejos; mirando los últimos 40 años el aumento real más grande había sido 2.88%.

El efecto inmediato fue la previsible alegría entre los trabajadores formales que perciben el salario mínimo. Este grupo representa una fracción limitada de la fuerza laboral, que según cálculos de La Silla Vacía es del orden de 2’7 millones que tienen empleos formales y que pertenecen a la base que devengan el salario mínimo (pero que podrían representar unos 4 millones de votos al incluir sus influenciados). La mayoría de los trabajadores en Colombia opera en la informalidad (55.7%, DANE), donde el salario mínimo funciona más como referencia que como ingreso efectivo.

Esto conlleva una paradoja estructural: la medida de política salarial formal beneficia directamente a una minoría, pero indirectamente podría afectar a toda la economía, lo que terminaría afectando también a esa minoría. Los economistas han advertido riesgos como posibles aumentos de la inflación (sin embargo, al revisar la experiencia latinoamericana no muestra una relación directa, pero sí en algunos casos multiplicando el efecto inflacionario motivado por otras causas, como emisión), imposibilidad de avances en el empleo formal por incentivos a la informalización, y afectación a las pequeñas empresas. No es que el aumento sea intrínsecamente incorrecto, sino que sus efectos dependen de la situación macroeconómica que lo rodea como emisión, déficit fiscal, productividad, tipo de cambio, expectativas inflacionarias, que en general no son positivas en la situación actual en Colombia.

El impacto no es uniforme entre empresas. En la industria manufacturera grande, el salario mínimo suele representar una parte relativamente pequeña de la estructura total de costos (entre 5% a 15%) (Academia, 2013) en donde los empleados de salario mínimo son una fracción de este porcentaje, lo que permite absorber el aumento mediante ajustes graduales en productividad, márgenes o precios.

La situación es distinta para las pequeñas empresas (las MyPymes que son las responsables del 79% del empleo, BBVA Research), donde el salario pesa entre el 30 % y el 50 % del costo operacional según el DANE y la OCDE, con una mayor fracción de trabajadores ganando salario mínimo, haciendo que su margen de maniobra sea reducido. En estos casos, el aumento puede traducirse en decisiones difíciles como reducción de contratación, traslado parcial a precios (sujeto a una competencia normalmente fuerte), o migración hacia informalidad. Aquí también podría manifestarse la paradoja porque a quienes se busca beneficiar directamente podrían terminar enfrentando mayores barreras de acceso al empleo formal.

La encrucijada

En este contexto, el Gobierno ha logrado poner a sus opositores en una posición muy incómoda, en una encrucijada que han tenido que esforzarse por sortear. A la emisión del decreto del Gobierno subiendo el 23% el salario mínimo muchos de ellos salieron a anunciar a voz en cuello que demandarían el decreto siguiendo su ideología. Los gobiernos de izquierda aplican medidas así, que no gustan a la derecha, que por el contrario busca quitar prebendas salariales y subsidios, de la misma forma que no gustan a la izquierda cuando los gobiernos de derecha bajan los impuestos a los empresarios con el objetivo de generar más empleo (medida que ya se sabe que no funciona, pero sí termina apoyando la desigualdad, LSE, 2023).

Pero ahora, oponerse frontalmente al aumento implicaría asumir el costo político de aparecer en contra de mayores ingresos para los trabajadores (nadie quisiera perder los 4 millones de votos, y los muchos otros, que por extensión los catalogaría como contrarios al pueblo potencialmente votante). No sorprende entonces que la mayoría de esos actores políticos ahora se muestren reacios a que se derogue el decreto. Algunos se han acomodado buscando compensación en la reducción de algunos impuestos para las empresas, y así, no quedar como los malos con la gente, pero tampoco con los empresarios. Es decir, les ha tocado ser incoherentes con la ideología que tanto han defendido.

El desplazamiento es evidente. El debate ha dejado de ser técnico, de economía, y se ha convertido en político, y aún peor, de rentabilidad política inmediata. El debate técnico ha sido reemplazado por un proceso de adaptación estratégica de los actores políticos. Las posiciones ideológicas, tradicionalmente más estables, han cedido terreno frente al cálculo electoral. Sin votos, la coherencia ideológica pierde su valor operativo.

Rafael Fonseca Zárate

En el lenguaje político cotidiano se confundiría el centrismo con el centro. Pero el centro se refiere a una ubicación dentro del espectro político; el centrismo es una forma de pensar. El primero describe dónde se encuentra una posición; el segundo describe cómo se llega a ella. Se puede estar en el centro por indefinición, tibieza, conveniencia, cálculo o temor, muy lejos del centrismo. Y se puede practicar el centrismo, es decir, el uso deliberado de la razón, la evidencia y la prudencia, sin que ello implique debilidad ni indecisión. Esta distinción es fundamental, porque el centrismo no emergió como una renuncia a pensar, sino como una forma más exigente de hacerlo.

Su origen se remonta, al menos simbólicamente, a la Revolución Francesa, cuando en la Asamblea Nacional quienes no se alineaban ni con el clero conservador ni con los revolucionarios más radicales ocupaban el centro físico del recinto. Desde entonces, el centro ha sido el lugar donde se intentan reconciliar fuerzas opuestas sin destruir el orden social. Pero el centrismo, en su sentido más profundo, no es un punto geográfico en el espectro político, sino una disciplina intelectual frente al cambio: avanzar sin destruir, corregir sin desestabilizar, transformar sin romper (Winegard, agosto 2017).

El centrismo como método de pensamiento

Uno de los aportes más clarificadores sobre el centrismo proviene del académico Bo Winegard, quien insiste en que no es una posición intermedia entre extremos, sino una forma de enfrentar el conocimiento político. Como él mismo señala, “el centrismo es una postura política flexible, pero es inflexible en su impulso a la investigación abierta y al discurso enérgico”. No se trata de dividir la diferencia entre dos posiciones opuestas (los extremos de derecha e izquierda), sino de someter ambas al examen de la razón (Winegard, octubre 2017).

Esta afirmación contiene una verdad profunda: el centrismo no es el punto medio, es el método.

En sociedades complejas, ninguna política es perfecta. Toda decisión implica costos y beneficios, ganadores y perdedores. El centrismo parte de esta realidad, no como una debilidad, sino como una condición inevitable. Por eso insiste en el debate abierto, en el reconocimiento de las compensaciones y en el rechazo de los dogmas. Como advierte Winegard, cuando las ideas se sacralizan, dejan de ser discutidas, y “la investigación abierta se convierte en la víctima”.

Este es, quizás, el aporte más importante que persigue el centrismo: sustituir la certeza ideológica por la honestidad intelectual.

Su fuerza no radica en la ausencia de convicciones, sino en la disposición a someterlas a la evidencia. No rechaza el cambio; rechaza el cambio ciego por ideología. No rechaza la firmeza; rechaza la obstinación. No rechaza las ideas fuertes; rechaza las ideas incuestionables.

El centrismo no es una ideología sino una ética: una disciplina del pensamiento político basada en el análisis, la prudencia, la evidencia y el respeto por la complejidad de la realidad social, con el único objetivo de enfilarse en cada aspecto, decisión y acción, a lo que más le convenga a los colombianos.

Las críticas necesarias: cuando el centrismo se convierte en estructura de poder

Sin embargo, como toda idea que entra en contacto con el poder, el centrismo ha sufrido deformaciones.

Uno de sus críticos incisivos, William Pearse, advierte que el centrismo puede convertirse en un instrumento de preservación del statu quo. En contextos de crisis profundas, la moderación puede ser percibida no como prudencia, sino como inacción, como debilidad. Cuando el orden existente es parte del problema, la gradualidad de los cambios puede resultar insuficiente frente a desafíos estructurales como la desigualdad, el endeudamiento generacional o el deterioro institucional (Pearse, 2021). Esta crítica es válida, y debe ser tomada en serio.

El análisis de Alexander Blum sobre el caso estadounidense revela una distorsión aún más preocupante: el centro político no siempre ha sido el punto de equilibrio de la razón, sino el punto de equilibrio del poder. Como él afirma, “el centro político no es el centro porque sea neutral, sino porque ahí es donde se asienta la masa del poder”. En este sentido, el centrismo, en su expresión política concreta, ha servido en ocasiones para legitimar estructuras existentes, más que para examinarlas críticamente (Blum, 2017). Y esta distinción es fundamental.

Existe un centrismo como método intelectual, orientado a la búsqueda de la verdad, y existe un centrismo como práctica política concreta, que en determinados contextos ha protegido equilibrios de poder existentes. Confundir ambos es un error frecuente en el debate contemporáneo.

El centrismo como inteligencia aplicada a la política

De todo lo anterior surge una conclusión clara: el centrismo, en su sentido más profundo, no es una posición débil, sino una forma superior de disciplina intelectual.

No responde a la ausencia de convicciones, sino al uso deliberado de la inteligencia para enfrentar la complejidad. No se basa en la adhesión a ideologías cerradas, sino en la evaluación constante de la realidad. No busca proteger el pasado ni imponer el futuro, sino construir el presente con responsabilidad. Representa algo más profundo que una ubicación política: representa la decisión de pensar antes de actuar.

Por ello conecta de manera tan natural con el pensamiento más probable de una mayoría de colombianos. Nuestra historia ha estado marcada por los extremos, y conocemos bien sus consecuencias. La sociedad colombiana no quiere perder la estabilidad, pero tampoco quiere renunciar al cambio. Quiere avanzar sin destruirse.

No es casualidad que, salvo contadas excepciones, la mayor parte de los candidatos presidenciales busquen ubicarse en el centro, o cerca de él, sin ser centristas o pretendiendo serlo. No se trata únicamente de estrategia electoral, sino del reconocimiento de una intuición colectiva: el país necesita transformación, pero también necesita equilibrio. Ninguno de los dos extremos puede ofrecer esto simultáneamente.

El verdadero valor del centrismo no es su ubicación en el espectro político, sino su contribución a algo más importante: el entierro de las ideologías como sustituto del pensamiento.

Durante demasiado tiempo, la política ha sido guiada por certezas absolutas que ignoran la complejidad de la realidad. El centrismo, en su forma más exigente, propone algo distinto: reemplazar la ideología por el método, el dogma por la evidencia, la reacción por el juicio.

El calificativo de “tibio” ha sido utilizado con eficacia por los extremos para desacreditar esta postura, presentándola como debilidad. Pero en realidad fue una estrategia para desplazar el debate desde el terreno de la razón hacia el terreno de la emoción. Hoy, con mayor claridad, es posible recuperar el verdadero significado del centrismo.

No como indecisión, sino como disciplina. No como temor, sino como responsabilidad. No como renuncia, sino como método. Un centrismo firme, coherente y decidido, capaz de actuar con fuerza cuando la evidencia lo exige, y de contenerse cuando la prudencia lo aconseja. Porque, no debe perderse de vista nunca, que el verdadero propósito de la política no debe ser defender ideologías, sino servir al país.

Rafael Fonseca Zárate

El mecanismo más usual de corrupción en la contratación pública funciona, en términos generales, así: unos contratistas “invierten” en campañas políticas a alcaldías, gobernaciones, Senado, Cámara, concejos o asambleas, desde las cuales los elegidos tendrán la posibilidad de “orientar” recursos públicos a través de contratos que se emiten directamente desde esas corporaciones o que pueden ser influidos desde esas posiciones. Pasadas las elecciones, los dignatarios comienzan a devolver la “inversión” y los “réditos” a los contratistas, mientras recogen también sus propios beneficios corruptos. En ocasiones, cuando surgen problemas judiciales, el circuito se amplía e incorpora actores del poder judicial.

En los últimos años, este esquema se ha facilitado mediante el uso de convenios interadministrativos con Empresas Industriales y Comerciales del Estado o Sociedades de Economía Mixta, creadas por ordenanzas o acuerdos municipales. Estas entidades, al operar bajo manuales de contratación propios y de naturaleza privada, logran escapar a los controles de la Ley 80, cuyo propósito es precisamente proteger los recursos públicos para que se traduzcan en desarrollo y bienestar, y no terminen en los bolsillos de los corruptos.

Un experto en contratación pública que ha señalado de manera sistemática este mecanismo durante más de una década es el ingeniero Rodrigo Fernández, a través de su cuenta en X. Él bautizó a estas entidades como “contrataderos”: organizaciones en las que participa mayoritariamente un ente público, por ejemplo, un municipio, junto con privados que las administran. Cuando un alcalde “necesita pagar” deudas electorales y obtener beneficios personales, acude a una de estas entidades para contratar, prácticamente a dedo, a los mismos contratistas con los que estableció relaciones corruptas antes de las elecciones. Los contratos se adjudican muy cerca del presupuesto oficial, se eliminan las economías derivadas de la competencia y se relajan las exigencias técnicas, porque parte del esquema puede incluir cooptar también a la interventoría. Todos quedan cubiertos. Todos ganan. Menos el país. (Fonseca, 2024).

Todo esto ocurre de manera visible, grotesca y poco sofisticada, todos los días, delante de nosotros. Y no es que no lo sepamos. Es que, en la práctica, pareciera que preferimos no saberlo. Basta observar las poquísimas expresiones de indignación que se producen incluso cuando los indicios son evidentes. A diarios, el ingeniero Fernández señala procesos con un solo proponente, contratos adjudicados sin competencia real, señales claras de captura del proceso. Y, sin embargo, no pasa nada. Miramos para otro lado. Aceptamos en silencio, como si así fuera el orden natural de las cosas. Es decir, aceptamos la corrupción, ni más ni menos.

Pero este fenómeno no se limita a la contratación pública. Se reproduce en cualquier espacio donde existan elecciones y que quien salga elegido adquiera poder para distribuir favores: cooperativas, asociaciones de residentes, agremiaciones. Allí también, quienes no participan directamente del circuito corrupto suelen optar por la pasividad: no ejercen control, no exigen transparencia, no denuncian. Olvidan que la democracia, en cualquier escala de la vida social, no se sostiene solo con derechos, sino con deberes. Y uno de los deberes fundamentales es controlar la corrupción.

Porque la corrupción es, en esencia, la gran destructora de la democracia: la del país, la de la cooperativa, la de la asociación de vecinos, la de la agremiación. Y lo hace siempre con la complacencia de la mayoría.

Hay que despertar.

Rafael Fonseca Zárate

La reciente carta de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB) al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con copia a la ministra de Transporte, es un llamado al presidente Petro a no trivializar decisiones que comprometen la sostenibilidad de la infraestructura vial del país. Siempre hay que darle la bienvenida a llamados como éste que abogan por conducir cualquier decisión estructural con el debido estudio y análisis, antes de dañar un modelo de gestión que está funcionando bien, dicen, que con “aciertos y errores” ha logrado que tengamos corredores estratégicos sin financiarlos desde el presupuesto nacional. Así reaccionaron los ingenieros cartageneros a los trinos del presidente Petro como “no renovar concesiones” y ahora “eliminar peajes” (Valora, 2025)(Infobae, 2026).

Antes de las concesiones y de las Alianzas Público-Privadas (APP) teníamos como ejecutor al Ministerio de Obras Públicas, cuyas inversiones dependían del presupuesto nacional precario, de recoger peajes que iban a una bolsa común, y de ahí se repartían según lo que podría llamarse la incertidumbre de lo político, al vaivén de las influencias, sin mucha técnica por estar subordinada a lo político. En esas condiciones, construir vías sin garantizar su mantenimiento, con presupuesto escaso e incierto, sin contar el alto costo para la sociedad por la ausencia de buena infraestructura, produce el resultado lamentable de tener vías en mal estado y de bajas especificaciones en todo sentido, y que todo le cueste mas al país y a sus ciudadanos. Ese esquema fallido entró en crisis en los 80, y de allí evolucionó en los 90 al separarse la ejecución de obra pública en el INVÍAS y de concesiones en el INCO (que posteriormente se convirtió en la ANI).

La memoria del país tiene claro que no se puede repetir esa historia fracasada; sería casi imposible movilizar los flujos de inversión que se logran en las APPs, desligar en una gran parte la incertidumbre de las decisiones políticas, amarrar los recursos públicos con vigencias futuras, asegurar el mantenimiento de las vías en magníficas condiciones de servicio y lograr que los concesionarios reciban su retribución de acuerdo con la calidad de las vías.

En estas épocas que todo se ve blanco o negro, sin matices, el presidente Petro habló y se convirtió en una amenaza contra las concesiones. Y es que cuando se vencieran no se renovarían y que por ello bajarían los peajes (Valora, 2025) que no pasa de ser una expresión de las que usa con frecuencia. ¿Acaso cree que la concesión es la traba para que bajen los peajes? A la reversión, si se estableciera una nueva concesión (o una APP según las condiciones), bien negociada, obviamente deberían bajar los peajes puesto que la inversión inicial ya estaría hecha, y solo habría que remunerar la operación y el mantenimiento de la vía. Esto no tiene novedad, así la Ministra Rojas exprese lo contrario (Senado, diciembre 2025). En cambio, entregándola al INVÍAS, caeríamos en la espiral descendente que ya describí; aun cuando ya no trataría de resolver lo de las grandes inversiones, si confluirían todos los demás problemas anotados. Si es un deseo por ideología, la historia es tozuda y está suficientemente documentada para el estudio del que quisiese, por lo que su empeño, de materializarse, sería un enorme descalabro. Hay un ejemplo muy sonado de concesiones que fueron revertidas al INVÍAS que, por falta de gestión e inversión, terminaron en un lamentable estado: recuérdese la Ruta del Sol, tramos 1 y 2. Pero, además, en la práctica, ya ni tiempo hay.

Y cuando, por motivos de los anuncios sobre la reversión al INVÍAS de la ruta Cartagena-Barranquilla, se dispararon estas alarmas, es apenas necesario dejar claro que no obedeció ninguna orden del presidente Petro. La ANI lo describe muy bien en un comunicado del 30 de diciembre de 2025 en el que explica que “celebraron un acuerdo de transacción mediante el cual las partes realizaron concesiones recíprocas que dieron lugar a la terminación anticipada, de mutuo acuerdo y por causales no imputables a las Partes”. El meollo tuvo que ver con diversos hechos de protesta social, menor recaudo de los peajes existentes, no instalación y operación del peaje Arroyo de Piedra, manifestación del concesionario que el impacto de dichas situaciones le impidió alcanzar el cierre financiero del proyecto (paráfrasis).

De esta problemática emerge una amenaza latente, y es que cuando la percepción de abuso se instala en las poblaciones, la gobernanza técnica colapsa bajo protestas, acciones populares y bloqueos recurrentes. La Defensoría del Pueblo tuvo que intervenir en estos conflictos por afectaciones reales a derechos colectivos y convivencia social (Defensoría del Pueblo, 2024). Gobernar la infraestructura sin incorporar esta dimensión puede concebirse desde lo técnico, pero es políticamente inviable. Esta situación debe conciliarse obligatoriamente, con el riesgo ya latente de tener un precedente difícil de manejar en cualquier localidad del país.

Como deja ver el Gobierno, el modelo concesional colombiano tiene defectos, y no propiamente por fallas de ingeniería (aunque también los ha habido y de qué magnitud: Chirajara, por ejemplo). Defectos que se generan por incentivos que seguramente quedaron mal diseñados, renegociaciones asimétricas, adiciones contractuales y competencia imperfecta. Recuérdense antecedentes judiciales ampliamente documentados en el caso Odebrecht–Ruta del Sol II, donde la captura del contrato y sus otrosíes terminó siendo un problema penal y fiscal, no técnico (Fiscalía General de la Nación; Corte Suprema de Justicia) o la denuncia del representante Osorio sobre la Autopista Armenia-Pereira-Manizalez sobre la que hace unos años dediqué un artículo. La judicialización se volvió un modo de funcionamiento: hoy, no es exagerado decir que buena parte de la relación Estado–concesionario se dirime en tribunales arbitrales. La proliferación de laudos, reclamaciones y controversias ha elevado costos, rigidizado decisiones y desplazado la lógica de solución técnica temprana por una lógica de expediente.  (Senado, diciembre 2025: “hay más de 10,5 billones de pesos en demandas contra el Estado derivadas de conflictos contractuales y decretos como el 050 de 2023 que congeló el cobro de peajes”). Esto no convierte a los concesionarios en villanos por definición, pero sí evidencia un diseño institucional que premia el conflicto más que la cooperación razonable.

Con este contexto, es posible entender por qué el Gobierno Petro ha encontrado eco al cuestionar peajes y concesiones. Pero se equivoca cuando reduce el problema a una consigna simple como “quitar peajes” en lo que pareciera un oportunismo electoral. Ya lo mostró el congelamiento y posterior normalización de tarifas, tras el Decreto 050 de 2023: la realidad fiscal y contractual es más dura que la narrativa.

Pero estas manifestaciones de advertencia no deben expedirse como llamados de corto plazo. Con el presidente Petro o con cualquiera otro, los problemas del esquema de concesiones deben estudiarse y resolverse, al menos de aquí en adelante (en Colombia difícilmente se puede modificar lo que ya está contratado). Gobierno, Congreso, los públicos incumbentes y las comunidades, deben discutir los problemas del modelo concesional, y emprender un rediseño que arregle sus defectos: competencia real, reglas claras de post-concesión, límites a renegociaciones, mecanismos efectivos para prevención de conflictos judiciales y de resolución temprana de conflictos, entre otros. No se puede perder de vista que de la buena infraestructura depende la movilidad de la economía, y una parte muy importante del bienestar de los colombianos. En su buen suceso se alimenta la velocidad con que nos enfilemos al desarrollo.

Rafael Fonseca Zarate

Me encontré la conferencia de Dani Sánchez-Crespo sobre geopolítica (¿Se ha vuelto loco el mundo?, DECODE, 2026) y la revisé con interés porque aborda sin ambages el análisis de la enorme incertidumbre actual, sin pretender adivinar el futuro pero atreviéndose a pronosticar con base en la revisión de los factores en cada caso, permitiendo entender la complejidad de la situación mundial y por qué, aunque cueste admitirlo, el tablero mundial ya no es el de hace apenas una década.

Sánchez-Crespo usa el nombre de Dani Novarama y es divulgador, diseñador, autor de libros (Pensar más, pensar mejor), profesor universitario y empresario, famoso en la red X (Twitter: @DaniNovarama) con cientos de millones de lecturas (Penguin); todo un influencer en la jerga cotidiana actual. Él insiste, con una humildad epistémica poco frecuente en este tipo de comentarios geopolíticos digitales, en que no tiene bola de cristal, sino que propone más bien observar tendencias, tensiones, incentivos y conveniencias. Y eso hace en su conferencia.

Su tesis, que articula todo el análisis, es que la globalización, cuyo orden fue construido tras la Segunda Guerra Mundial y profundizado desde los años setenta como parte de la receta neoliberal, no era solo comercio, tratados y cadenas de suministro; era, sobre todo, confianza, dice. Confianza para delegar producción en otro país, para aceptar flujos migratorios y para creer que gobiernos y élites gestionaban el interés general.

Cuando esa confianza se erosiona, la interdependencia deja de verse como eficiencia y empieza a percibirse como riesgo, argumenta. Por supuesto, la palabra confianza encierra una cantidad de relaciones complejas que hoy se entretejen en el panorama mundial, principalmente político y comercial. De resto, parecería un reduccionismo que no aportaría al análisis.

Sánchez-Crespo ubica esa erosión en una secuencia de eventos globales reconocible: (1) la crisis financiera de 2008, que quebró la confianza en tecnócratas y reguladores; (2) la pandemia, que reveló la fragilidad logística mundial y el “sálvese quien pueda” que emergió tras la urgencia; y (3) la guerra en Ucrania, que devolvió la guerra convencional al centro del sistema internacional. A partir de ahí, sostiene que los Estados reordenan prioridades en torno a seguridad, control, resiliencia productiva y reducción de dependencias, no porque la globalización haya sido un error, sino porque su condición implícita, la confianza, dejó de sostenerla.

Con ese marco, Sánchez-Crespo describe el retorno de una lógica que denomina neoimperialismo y la compara con el mundo justo antes de la primera guerra mundial: grandes potencias que actúan menos como garantes de reglas comunes y más como jugadores que aseguran su entorno, controlan recursos estratégicos y disputan territorios claves. No es un regreso literal a 1910, desde luego, pero sí una involución desde el multilateralismo cooperativo hacia una competencia fundamental por tecnologías, energía, materias primas y rutas comerciales. Pese a la peligrosidad que esto representa, su análisis no resulta fatalista.

En ese tablero, Europa aparece como un actor singular, consciente de que la lógica imperial clásica condujo a catástrofes, pero forzada a reaccionar ante la fragilidad de la protección estadounidense, si es que aún existe, ya que no podrá contar con la OTAN. De ahí su giro acelerado hacia la autonomía estratégica, la industrialización del rearme y el uso de su mercado como principal instrumento de poder. No por vocación belicista, sino por necesidad urgente.

Sánchez-Crespo analiza el enclave estratégico de Groenlandia, donde confluyen tres dimensiones: (1) militar (posición clave en el Atlántico Norte y defensa temprana frente a Rusia), (2) comercial (rutas árticas emergentes por el cambio climático) y (3) de recursos (minerales críticos que, también por el cambio climático se espera que empiecen a quedar al descubierto). Pronostica que Estados Unidos acabará controlando Groenlandia, pero no por la fuerza, debido a que una invasión sería inviable dentro de la OTAN, y además políticamente y comercialmente suicida, mientras que, con acuerdos, presencia militar reforzada, inversiones y exclusión de terceros actores, especialmente China, le permitirán a Washington asegurar el enclave sin disparar un tiro; la razón no es moral ni jurídica, sino estratégica, ya que no se trata de soberanía formal sino de control efectivo.

Algo similar analiza que ocurrirá con Taiwán, aunque con una complejidad mayor. Sánchez-Crespo plantea que China tenderá a controlar Taiwán sin una invasión militar, siguiendo una lógica de presión prolongada, desgaste político y cálculo estratégico, más parecida a Hong Kong que a una guerra abierta. La clave no es solo territorial, sino industrial, ya que Taiwán concentra la producción más avanzada de semiconductores, columna vertebral del mundo digital y militar. En paralelo, Estados Unidos no se ha quedado quieta, anticipando ese escenario, y está relocalizando una parte crítica de la producción de chips a su propio territorio. Seguramente esto es menos eficiente, pero en un mundo sin confianza sería inaceptable depender de un enclave potencialmente adverso. El resultado probable no sería una guerra inmediata, sino una transición en la que Taiwán irá perdiendo interés estratégico para Washington a medida que esta reduce su vulnerabilidad. Y podrá “sacrificar” a la isla frente a las pretensiones de China.

África aparece como el gran espacio de alineamientos silenciosos para Sánchez-Crespo: joven, rica en recursos, necesitada de infraestructura. Allí, sostiene que China juega con ventaja ofreciendo obras y comercio sin condiciones políticas explícitas, mientras Occidente llega con exigencias normativas que muchos gobiernos perciben como interferencia inoficiosa. Irán, por su parte, es leído como un punto de presión indirecta sobre Rusia y el equilibrio regional. E India emerge como el corredor de fondo que evita ataques frontales mientras amplía su mercado interno, su manufactura y su capacidad, sin desgastarse.

Su conclusión incómoda es que este tránsito implica una revocatoria práctica de los ideales que dábamos por sentados. La justicia y la democracia mundial, como límites reales al poder, quedan subordinadas a la lógica de fuerza y control. El pilar neoliberal de la globalización, que representaba la valiosísima promesa de que el mercado y el comercio pacificarían el mundo, ha quedado atrás.

En ese contexto, los países débiles son más vulnerables que antes, no solo por dependencia material, sino porque se convierten en piezas intercambiables en la rivalidad de los países fuertes. Frente a este nuevo orden mundial, que debemos aceptar, ahora nos corresponde diseñar bien, estratégicamente, sin miramientos partidistas ni sesgos ideológicos (¿de cuáles ideologías sobrevivientes?), cuál es el papel que debiéramos y pudiéramos jugar globalmente, como país débil, vulnerable y además con sus propios problemas internos graves, para que a pesar de todo logremos desarrollo y bienestar.

Rafael Fonseca Zárate

Hasta ahora, como en todas las campañas presidenciales, hemos visto el enfoque de los extremos en desprestigiar a sus opuestos ideológicos. Las campañas repiten con insistencia ataques, con argumentación incipiente, pseudo-argumentación o con mentiras, o la combinación de todos, para ganarse a los incautos (forma amable de señalar a ingenuos, desinformados, y dejo al lector completar esta descripción) y polarizarlos, con base en emociones y no en razones, que se ha convertido en la fórmula recurrente de la política contemporánea. Con esta efervescencia de pugnacidad entre los opuestos, es fácil que se olviden las propuestas importantes para mejorar al país.

No me refiero aquí a las propuestas simples. Hacia el final de las campañas empiezan las promesas populistas, que los candidatos saben que no van a poder cumplir, pero que tampoco importa porque si no se cumplen en realidad no tiene consecuencia alguna. Vienen las propuestas obvias, como seguir desarrollando la infraestructura, de transporte, de salubridad y de educación. También, y especialmente, las de seguridad que son las preferidas por su directa conexión al miedo, una de las emociones más fuertes; de ahí que los candidatos que ofrecen bala y mano dura tengan una posibilidad. También genera miedo la incertidumbre económica, la que se capotea normalmente con promesas populistas, unas de crecimiento económico, creación de empleos y reindustrialización, y otras de justicia social, subsidios y ayudas para mejorar las condiciones de pobreza. A las que sí me refiero es a las propuestas de fondo, sobre lo que realmente necesitamos hablar y discutir para seleccionar la mejor opción, que son esquivadas con facilidad en la mitad de todo ese verbo que se disfraza de indicadores y cifras para denotar conocimiento, que no pasa, en el mejor de los casos, de ser diagnóstico.

Necesitamos hablar de al menos cuatro pilares que limitan nuestras esperanzas de manera grave: de cómo vamos a hacer para romper la desigualdad estructural (El pobre no es pobre porque quiera), de cómo vamos a hacer para enfrentar los cambios que estamos viviendo como humanidad (climático, tecnológico y poblacional) cuyas repercusiones empezamos ya a sentir, de cómo vamos a lograr ser competitivos en el mundo cambiante e incierto que nos depara el futuro inmediato, y entrecruzado con todo, como si no fuera ya en extremo complejo, de cómo vamos a acabar con la corrupción que saquea los recursos disponibles, propios de un país pobre pero no menos cuantiosos, y que se ha instalado como parte central de nuestra cultura dominante. Para no llamarse a simplismos, estos cuatro pilares envuelven desde la educación, toda la economía, la justicia, la salud, hasta la visión estratégica que deberíamos tener sobre el mundo y cómo, a partir de ella, deberíamos actuar como un cuerpo integrado y coherente. Obviamente, por encima de ideologías, polarizaciones y fanatismos políticos. Mientras el mundo va a una velocidad impresionante, nosotros parecemos vivir enfrascados en riñas callejeras, como en siglos atrás.

Tenemos que esforzarnos por desmontar los dogmas, las mentiras y los pseudo-análisis, con la esperanza de que nos dejen hablar de lo importante lo antes posible. Uno de los preferidos de las derechas es la lucha frontal contra el comunismo. Después abordaremos los preferidos de las izquierdas. Aunque ya en artículos anteriores he avanzado en muchos de los temas que causan enfrentamientos clásicos, llegando a demostrar que son discusiones insulsas para el mundo real actual (Ideologías y Polarización, y artículos subsiguientes).

Me encontré con un libro de Axel Kaiser, chileno, de ultraderecha, que se titula “Nazi-comunismo: por qué marxistas-leninistas y nazi-fascistas son gemelos ideológicos” cuyo trasfondo es asociar un mal mayor completamente identificado en la mayoría del mundo, el nazismo, con la moribunda doctrina comunista, que se supone que aún sustenta ideológicamente a las izquierdas contemporáneas. Kaiser es un tipo ilustradísimo, pero también sesgadísimo; es un neoliberal a ultranza. Posiblemente ha tenido dificultades con su ideología en los años recientes por cuanto los postulados de las ideologías se han movido de sus orígenes, especialmente en este mismo 2025, en el que hemos visto desplomarse estatuas y emerger nuevos monstruos (Economía política en crisis).

No quiero hacer una crítica convencional a su libro, que refleja gran parte de su forma de pensar ideológica, sino tratar de aportar mi punto de vista, que va más allá, y plantear aspectos que permitan aterrizar esta discusión, para poder seguir con el análisis de los temas sin propuesta de los candidatos, que es lo que realmente debería ocuparnos en estas épocas electorales.

La experiencia histórica muestra que, en su implementación, las grandes ideologías modernas tienden a diluirse y a ser sustituidas por la lógica de la concentración del poder. En ese proceso, tanto comunismo como capitalismo han perdido sus principios normativos originales que han sobrevivido principalmente como justificaciones del orden existente (incluyendo su narrativa propagandística para fines electorales, como el mismo libro de Kaiser, incluso).

El comunismo que hemos conocido históricamente no es la idea original, sino su corrupción como mecanismo de concentración de poder por una nueva élite, sostenible solo por la fuerza. Hay que recordar que Marx no diseñó un Estado totalitario; su ideal final era incluso la extinción del Estado. Los problemas aparecieron en la implementación real de la dictadura del proletariado, del partido omnipresente y omnipotente, de la centralización del poder (cuya concepción fue temporal), para pronto descubrir que no era posible mantener la cohesión sin coerción y con ello, el adiós total a las libertades. La promesa igualitaria exige una concentración de poder tan alta que termina negándola. La corrupción del socialismo concentra el poder político-militar como condición de funcionamiento. La pérdida de la libertad terminó acabando con el comunismo (exceptuando el extraño caso chino que causa la mayor confusión ideológica de estos años, que próximamente abordaré).

De manera similar, el capitalismo que hemos implementado no es el reflejo de su idea seminal sino de su corrupción debido a que los postulados en los que se basa no se cumplen dando origen a la concentración de poder. El capitalismo clásico (Smith, Ricardo, incluso Mill) no asumía monopolios estructurales, captura del Estado, asimetrías extremas de poder, mercados sin competencia real, herencias concentradas indefinidamente, ni externalidades masivas ignoradas (como el absurdo supuesto tácito que la naturaleza no era finita). Lo que hoy llamamos capitalismo, es más bien un sistema de privilegios privatizados y pérdidas socializadas, lo que viola sus propios supuestos fundacionales. La corrupción del capitalismo ha concentrado el poder económico cuando han fallado (o se han abandonado) los límites institucionales y se han eliminado los contrapesos reales, y han terminado por convertir promesas emancipadoras en sistemas de dominación, dando paso a la creación permanente de desigualdad, aun coexistiendo con pluralismo político. Esa desigualdad creciente puede terminar acabando con el capitalismo. Muchos pensadores contemporáneos hablan ya de su declive, e incluso figuras claves de su propio seno están diseñando su reemplazo que se identifica como tecno-feudalismo. Pero aún está vigente.

En ambos casos, los sistemas no han sido desarrollados conforme a sus principios normativos; cuando se intentan imponer de forma total, tienden a degenerar en mecanismos de concentración de poder en manos de élites, sostenidos por coerción o captura institucional. En ambos casos, la ideología original muere cuando deja de limitar al poder.

Pero en cambio, el fascismo es distinto: en los casos históricos que conocemos su ideología no se ha perdido en la implementación porque su núcleo es precisamente la subordinación del individuo, la anulación del juicio, la homogeneización forzada, la identidad orgánica (que han llevado al embrutecimiento colectivo) y la coerción, voluntaria o por miedo (ambas y simultáneas), como forma de cohesión social. El fascismo no promete emancipación futura; no promete igualdad, ni libertad, ni extinción del poder. Promete unidad orgánica, subordinación del individuo, un enemigo permanente, obediencia y grandeza identitaria. En ese sentido, el fascismo no traiciona su ideología al volverse violento y anular las libertades: la cumple.

No se trata de acoger o rechazar las ideas originales, sino de desconfiar de cualquier sistema que prometa realizarlas concentrando poder, porque la historia muestra que, una vez concentrado, ese poder termina sustituyendo a los ideales. Con este discernimiento preliminar sobre las grandes ideologías, aprovechándonos de Kaiser, podríamos abandonar los esfuerzos estériles de hacer campaña enfocados en socavar los supuestos cimientos ideológicos del opositor. Mientras sigamos discutiendo fantasmas ideológicos, seguiremos permitiendo que los candidatos eviten presentar las propuestas importantes que el país necesita. Es tiempo ya de enfocarnos en ellas.

Rafael Fonseca Zárate

Las encuestas no eligen presidentes, y menos faltando cinco meses para las elecciones, pero sí revelan cómo se está moviendo el subsuelo emocional del país. La medición de Invamer de noviembre deja claro que Colombia está entrando en una fuerte recomposición: la izquierda aparece con un liderazgo nítido en primera vuelta, la derecha dura conserva un músculo emocional importante, y el centro sigue débil en arranque, pero competitivo en un escenario final. Tres velocidades, tres relatos y un solo tablero donde cada movimiento altera todo.

La lectura no es obvia. Requiere separar el ruido del dato y entender qué está diciendo la sociedad cuando distribuye su preferencia entre Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo. Las cifras hablan, pero lo hacen en clave de tensiones más profundas: continuidad, rabia y moderación. Con ayuda de la IA analizamos esas tensiones.

1. La izquierda gana la primera vuelta, pero no tiene asegurado el país

Iván Cepeda encabeza la intención de voto con un 31,9 % en el escenario con todos los candidatos. No es un apoyo “personalista”: es la cristalización de un bloque político que sigue viendo en la izquierda la narrativa dominante para interpretar el país, incluso después del desgaste del gobierno Petro. El reto es evidente: liderar sin heredar ciegamente, corregir sin renunciar, y evitar que el voto favorable al proyecto progresista se lea como cheque en blanco al continuismo.

El país está fracturado en dos mitades casi simétricas: 50,2 % dice preferir un candidato cercano al Gobierno; 46,9 % se va por la oposición. Cepeda no puede confiar en esa ventaja: la segunda vuelta lo obliga a hablarle a un electorado que duda entre la desconfianza hacia la derecha radical y el temor a repetir improvisaciones y malos resultados gubernamentales. La encuesta revela más que apoyo: expone una demanda de responsabilidad, de orden institucional y de resultados.

2. La derecha dura mantiene un voto emocional fuerte, pero con techo limitado

Abelardo de la Espriella es segundo con un 18,2 %. Su fuerza no nace de un proyecto de país: nace del enojo acumulado, del sentimiento de agravio moral, de la narrativa anti-política que se ha instalado en sectores urbanos y redes sociales. Es un voto real, duro, resistente al desgaste. Pero también es un voto con un techo evidente. Cada vez que se simula una segunda vuelta, la sociedad se repliega: Cepeda le gana con amplitud y Fajardo por un margen considerable.

La pregunta no es si De la Espriella puede pasar a segunda vuelta: puede. La pregunta es si puede ganar: hoy, no. Y esto coloca a la derecha en su viejo dilema: su base más ruidosa no es su base más representativa. El establecimiento conservador y empresarial tendrá que decidir si prefiere apostar a la “furia rentable” o a la “viabilidad gubernamental”.

3. El centro sigue pequeño en primera vuelta, pero sigue siendo decisivo donde importa: en segunda vuelta

Fajardo aparece con 8,5 %: una cifra fría, casi decepcionante. Pero en segunda vuelta, el clima cambia. Le gana a De la Espriella con holgura y casi empata con Cepeda. Es un candidato que no domina las alturas de la primera vuelta, pero que recoge la ansiedad del país cuando se reduce la oferta electoral. Representa una cierta necesidad de equilibrio: ni el vértigo de la radicalización ni la reanudación de la improvisación.

Su debilidad es conocida: carece de narrativa emocional de entrada. Su ventaja también: tiene la menor resistencia cuando el votante debe elegir entre extremos. En un país fatigado de tensiones, puede convertirse en el destino de electores de centro, segmentos empresariales y sectores de derecha desconfiados de la radicalización.

4. Tres campañas, tres estrategias y un solo problema compartido: la incertidumbre del rumbo

La encuesta no muestra un país inclinado hacia un modelo definitivo. Muestra un país tenso, dividido entre la urgencia de resultados, el hartazgo con la política habitual y la necesidad de un nuevo pacto de gobernabilidad. Por eso, cada campaña queda obligada a revisar su brújula:

• La izquierda debe demostrar que aprendió de sus errores y que puede gobernar sin polarizar.
• La derecha debe decidir si quiere ganar o solo hacer ruido.
• El centro debe construir una narrativa capaz de entusiasmar, no solo de tranquilizar.

Ningún bloque tiene la victoria asegurada. Más que ofrecer certezas, la encuesta ofrece advertencias.

5. Un país frente al espejo

Más allá de las cifras, la encuesta muestra algo más profundo: Colombia está buscando un relato que supere el péndulo entre indignación y esperanza. Ninguno de los tres proyectos logra articularlo del todo. La izquierda tiene liderazgo sin hegemonía. La derecha tiene volumen emocional sin viabilidad institucional. El centro tiene viabilidad electoral sin potencia narrativa.

Esa tensión es peligrosa, pero también es productiva: obliga a cada sector a dejar de hablarle solo a su nicho y volver a hablarle al país. La sociedad está enviando un mensaje claro, mejorado con respecto a las elecciones del pasado: no votará solo por identidad ideológica; votará por quién logre ofrecer un horizonte de estabilidad, resultados y coherencia.

El país sí está dejando claro en la encuesta qué tipo de país quiere dejar de ser.

Rafael Fonseca Zárate

Es asombroso que nuestra democracia en la práctica podría estar reducida a unas treinta y cinco personas (CNE, 2025) y no a los 41,241,599 colombianos que dice el censo electoral (CNE, 2025). Esas treinta y cinco corresponden a una por cada partido con personería jurídica ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, que determinan los avales que otorgan a los candidatos en las elecciones. Con ello deciden quién puede aspirar a la Presidencia o al Congreso, lo cual representa un gran poder porque a través de quienes salen elegidos controlan gran parte del Estado.

Ese poder se concentra en los que eligen a quiénes pueden ser elegidos, que no siempre son los representantes legales de los partidos: en todos los partidos se sabe quién es el que manda, y lo primero que mandan es la determinación de los avales. Lo que debería haber sido un trámite administrativo ante el CNE se convirtió en la llave al poder para manejar al Estado.

De la apertura al caos

En 1991, la Constitución prometió un pluralismo que reemplazara al viejo bipartidismo excluyente. Se trataba de abrir el sistema para que nuevas fuerzas políticas, incluidas las que dejaban las armas, pudieran competir en igualdad. Pero lo que debía ser un multipartidismo moderado derivó en una proliferación sin control.

Las leyes posteriores a la Constitución del 91, empezando por la Ley 130 de 1994, abrió esa puerta a la proliferación de partidos y movimientos sin control (Pizarro, UNAL, 2023). Para 2003, Colombia ya tenía 72 partidos registrados, lo que convirtió el pluralismo en un comercio con disfraz de democracia (Fescol–El Espectador–Los Andes, 2024). Esa crisis obligó a una reforma constitucional (Acto Legislativo 01 de 2003) que introdujo el umbral electoral, la lista única por partido y, posteriormente llegó la disciplina de bancada (Ley 974 de 2005), con la esperanza de reducir la dispersión. Pero las fisuras legales y las reinterpretaciones del CNE terminaron reviviendo el mismo problema: entre 2019 y 2023 se reconocieron 21 nuevos partidos llegando a 36, y otros siguen en fila para conseguir la personería (hasta las elecciones seguirán las fluctuaciones del número).

La ley exige democracia interna, pero en la práctica muchos de los partidos son microempresas electorales: estructuras que giran alrededor de un dueño, no de un programa. Hoy cada nuevo movimiento nace como una franquicia personal: En Marcha de Juan Fernando Cristo, La Fuerza de la Paz de Roy Barreras, Poder Popular de Ernesto Samper o la Nueva Fuerza Democrática de Andrés Pastrana. Todos distintos en discurso, idénticos en estructura (Pizarro, UNAL, 2023). También en los partidos “grandes” existen los jefes que mandan, y en últimas operan de igual forma.

Fábricas de avales

Lo que es de conocimiento público es que algunos partidos pequeños se han vuelto fábricas de avales. Según La Silla Vacía, en las regiones, durante las elecciones de 2023, los que más avalaron candidatos no fueron los grandes, sino la ASI y la Alianza Verde, convertidos en auténticos expendedores de franquicias políticas. A más avales, más ingresos por reposición de votos, más acceso a recursos públicos y más poder de negociación en las coaliciones (La Silla Vacía, 2023).

De esa economía del aval viven muchos de los jefes políticos regionales: los clanes que dominan departamentos enteros con el mismo apellido. Esos clanes no actúan como partidos, sino como redes familiares de contratación pública, sostenidas en favores, puestos y licitaciones amañadas. Allí la corrupción es el modelo operativo.

Tampoco los llamados “independientes” han cambiado el panorama. En teoría, representaban una vía ciudadana para renovar la política puesto que, al no pasar por los avales de los partidos, no quedaban dependiendo de los que determinan esos avales; en la práctica, se multiplicaron los candidatos y se diluyeron los resultados. Salvo la excepción de Rodolfo Hernández en 2022, ninguno ha tenido un respaldo significativo, aunque todos han contribuido a engordar la fragmentación y el costo del sistema electoral. Las reglas permiten el reembolso por voto obtenido, de modo que cada intento fallido implica gasto público sin beneficio colectivo. Más que abrir la democracia, los independientes terminaron ensanchando el negocio de la política, dispersando los votos y legitimando el mismo esquema de personalismo que decían combatir.

Fragmentación y parálisis

El resultado es la atomización. En 2023, el país tenía 36 partidos o movimientos con personería jurídica (Pizarro, UNAL, 2023); para 2024, tras algunas anulaciones, quedaban 34 (Fescol–El Espectador–Los Andes, 2024). La diferencia numérica importa poco: lo sustancial es que ninguno tiene fuerza suficiente para gobernar. En el Senado, el Pacto Histórico apenas alcanza 20 curules de 108; en la Cámara, el Partido Liberal suma 32 de 188. Las leyes se aprueban a punta de retazos, negociaciones y trueques. “Puestos por votos”, como lo resume bien Pizarro (Pizarro, Contexto, 2024).

Ese mismo autor advierte que esta fragmentación produce una paradoja: ni hay realmente partido sólido de gobierno ni tampoco uno sólido de oposición,. Los “independientes”, creados por la Ley 1909 de 2018, no fortalecieron la democracia; solo ampliaron el menú para la cooptación. El Ejecutivo compra apoyos individuales, quiebra bancadas y desfigura cualquier disciplina interna (Pizarro, Contexto, 2024).

La distancia entre norma y realidad

El Estatuto Básico de los Partidos (Ley 130 de 1994) define a estas organizaciones como instrumentos de participación ciudadana y de formación de la voluntad popular. Deberían funcionar con democracia interna, ética y transparencia. Pero en la práctica son pequeñas monarquías, donde el bolígrafo del jefe político decide listas y alianzas. Los tribunales de ética sancionan a los disidentes, pero nunca a los negociadores de avales. El resultado es un pluralismo aparente que legitima el clientelismo con fachada legal.

La ciudadanía lo percibe. Según Fescol y El Espectador, la confianza en los partidos cayó del 12,3 % en 2019 al 6,6 % en 2023. Es decir, más partidos, pero menos representación (Fescol–El Espectador–Los Andes, 2024).

Una democracia capturada

Lo que se llama “democracia representativa” es, en la práctica, una especie de oligarquía de intermediarios. Treinta y cinco personas deciden quién puede competir por el poder. Son pocos, pero controlan el sistema: a través de los elegidos, ellos también controlan buena parte de la contratación pública, la burocracia y las alianzas regionales. Son los nodos de una red de intereses que sustituye al ciudadano.

Las consecuencias son visibles: leyes incoherentes, reformas empantanadas y una ciudadanía cada vez más incrédula. El pluralismo degeneró en dispersión, y la dispersión en parálisis (Pizarro, UNAL, 2023). Colombia pasó del bipartidismo excluyente al multipartidismo ingobernable, donde todos se autoproclaman los representantes del pueblo, pero el pueblo poco se le escucha.

El desafío

Algunos sectores, desde orillas ideológicas opuestas, han pedido un acuerdo nacional para reformar la ley de partidos, reducir el número de colectividades y recuperar la coherencia del sistema (Pizarro, UNAL, 2024).

Pero mientras eso ocurre, seguiremos atrapados en un sistema que confunde pluralidad con dispersión, y representación con propiedad privada del aval. El precio de esa confusión no es abstracto: es la facilitación estructural de la corrupción, donde no delinquen individuos aislados sino redes que manejan el poder como patrimonio familiar, encabezadas por quienes ostentan el poder de otorgar avales.

Rafael Fonseca Zarate

En el artículo anterior abordé uno de los temas preferidos de confrontación por polarización ideológica: las funciones del Estado, desde un enfoque pragmático y no ideológico, y con la mira puesta en encontrar si realmente hay justificaciones para los enfrentamientos entre izquierda y derecha.

La conclusión, sin duda, es que que el desafío contemporáneo se centra más bien en liberar al Estado de la corrupción, desmantelar la captura corporativa y diseñar instituciones que sirvan al interés general, y que carece de todo sentido polarizarse alrededor de las diferencias ideológicas en economía política, sino enfocarse en la capacidad real del Estado para generar desarrollo y bienestar para el país.

Ahora abordaré otra de las discusiones ideológicas preferidas y motivo de peleas a diario: si el Estado debe o no ser el operador de los servicios públicos. Nuevamente desde un enfoque pragmático y no ideológico para poderlo discutir concluyentemente sin pasiones que nublen la razón.

Por todo el mundo hay ejemplos exitosos y fallidos de prestación de servicios públicos en distintas modalidades. Veamos algunos (1):

Ejemplos exitosos de gestión estatal

Transporte público en Singapur y Hong Kong: ambos son gestionados con fuerte control estatal, planificación a largo plazo y mecanismos de financiamiento estables. Resultado: sistemas confiables, puntuales y accesibles.

Agua y saneamiento en París (remunicipalización): en 2010 la ciudad recuperó el control del servicio que estaba en manos de los privados Veolia y Suez. El cambio permitió reducir costos y reinvertir en infraestructura, mejorando cobertura y transparencia.

Electricidad en Noruega: con empresas públicas regionales y un mercado regulado, se garantiza alta cobertura, tarifas competitivas y estabilidad en el suministro.

Ejemplos exitosos de gestión privada o mixta

Salud en Países Bajos y Alemania: operadores privados administran seguros y servicios bajo estricta regulación estatal. El resultado ha sido acceso universal con altos estándares de calidad y eficiencia.

Telecomunicaciones en Chile: la privatización en los años 90, acompañada de fuerte regulación y competencia, permitió cobertura nacional amplia y precios relativamente bajos en comparación con la región.

Gestión de aeropuertos en España (modelo AENA): aunque AENA es pública, abrió espacio a concesiones privadas en servicios complementarios, logrando altos estándares de eficiencia y calidad reconocidos internacionalmente.

Ejemplos fallidos de gestión estatal

Empresas públicas de energía en Venezuela: la captura política y el clientelismo llevaron al colapso del sistema eléctrico, con apagones recurrentes y deterioro de infraestructura.

Ferrocarriles en Argentina (décadas 80–90 antes de concesiones): bajo administración estatal, sufrieron de ineficiencia, déficit crónico y abandono de vías.

Ejemplos fallidos de gestión privada

Colapso energético en Texas (2021): un sistema altamente desregulado, basado en el mercado sin suficiente planeación estatal, dejó a millones sin luz ni calefacción tras una tormenta invernal.

Privatización del agua en Cochabamba, Bolivia (2000): concesión a Aguas del Tunari resultó en aumentos excesivos de tarifas, lo que generó la “Guerra del Agua” y la posterior reversión del contrato.

Ferrocarriles en Reino Unido (1990s): la privatización fragmentó la operación y mantenimiento, generando problemas de coordinación, alzas en tarifas y accidentes. En 2002 el Estado tuvo que retomar parte del control (Network Rail).

Los ejemplos muestran que ni el “Estado” ni el “mercado” (ni lo público ni lo privado) son garantía de éxito por sí mismos. No es que lo privado sea mejor que lo público ni viceversa en cuanto a las empresas de servicios públicos. La clave para su éxito no tiene que ver con lo ideológico. Hay dos asuntos clave para que sean exitosas en función del bienestar de la sociedad, por lejos más difíciles.

El primero está en la capacidad de control de la corrupción y la solidez de la regulación en ambos casos, incluyendo: la protección de la captura del Estado en el caso de los privados y la protección de la captura de la politiquería en el caso de las empresas públicas de servicios.

El segundo depende de la disponibilidad de recursos financieros del Estado suficientes para asegurar la cantidad, cobertura y calidad necesarias de la infraestructura de servicios.

Son estos asuntos clave lo que debería ser objeto de nuestro esfuerzo en encontrar lo mejor para nuestra sociedad. En todo caso, no depende de escoger dogmáticamente entre “Estado” o “mercado”. Por lo cual, un enfrentamiento sobre esto también resulta insulso.

Rafael Fonseca Zarate

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Nota (1): investigados con ayuda de chatGPT y DeepSeek

El desarrollo de un país está fuertemente relacionado a la solidez y calidad de su infraestructura, esa que conecta, en sentido amplio, a las comunidades y al país con el mundo, y permiten el avance económico y social. En nuestro país, los ingenieros, constructores del progreso, ven hoy su rol amenazado por decisiones y discursos gubernamentales que, lejos de promover la transparencia y la participación democrática, los excluyen y los estigmatiza.

El Decreto 1961 de 2023, que pretende dar un impulso a los Caminos Comunitarios para la Paz, no solo ignora el papel esencial de los ingenieros en la construcción de infraestructura poniendo en riesgo la calidad de las obras y afecta gravemente la transparencia en su contratación, al permitir la contratación directa con comunidades y sin límites de cuantía (Uribe, 2024). Coloquialmente a esto se le dice “contratación a dedo” y que con estas características crea fuertes incentivos para la corrupción.

La reciente sentencia de la Corte Constitucional, que tumbó la disposición de la contratación sin límite de cuantía, no es solo el regreso del marco legal que pueda proteger los principios de transparencia y equidad en esta contratación estatal, y limitar la cuantía es un alivio para los pequeños contratistas y PYMES de ingeniería que históricamente han solucionado estas necesidades

El presidente Gustavo Petro, en la defensa del decreto y contrapunteando a la Corte, argumentó que la contratación directa con las comunidades “libera al país de odiosos carteles” y promueve la “democracia participativa” (Uribe, 2024). Si bien nadie niega la importancia del empoderamiento comunitario, las declaraciones del mandatario implican una falacia preocupante: pretender que todos los ingenieros y todas las pequeñas empresas de ingeniería —que son las verdaderas ejecutoras de estos proyectos en muchas regiones del país — sean parte de esos supuestos carteles corruptos que menciona. Nada más lejano de la realidad. Esto ya se ha explicado, pero no ha sido escuchado (Portafolio, 2023).

Y más: ¿de dónde saca el presidente Petro que una contratación directa es más transparente y democrática que un proceso licitatorio abierto? Todo lo contrario. ¿Y acaso los ingenieros pequeños contratistas particulares y las PYMES de ingeniería no son también parte de la comunidad? La ingeniería es parte esencial del tejido social del país, y excluir a sus profesionales bajo el pretexto de democratizar la contratación pública solo pone en riesgo la eficiencia, la calidad y la durabilidad de las obras, y discriminar a una parte esencial de la misma comunidad que se pretende democratizar.

Las carreteras y caminos no se construyen solo con buena voluntad; requieren de conocimiento técnico, planificación adecuada y ejecución por parte de profesionales capacitados para que queden bien construidas y duren en las condiciones de servicio adecuadas. La durabilidad es, normalmente, la gran debilidad de los caminos y las carreteras; se pueden inaugurar bonitas, pero si no están bien diseñadas y construidas, rápidamente se deterioran y destruyen, acabando con el beneficio que deberían aportar a las comunidades que las usan. Esto explica la frustración de las mismas comunidades, pero increíblemente sirve para que los políticos una y otra vez tengan cómo prometer que “ahora sí, se harán y quedarán bien construidas” y las ingenuas comunidades voten por ellos otra vez. Se suponía que este tipo de arreglos estructurales era parte del cambio prometido por el gobierno Petro.

La Ley 842 de 2003, que regula el ejercicio profesional de la ingeniería en Colombia, es clara: hay actividades que requieren de la intervención de ingenieros certificados. Esta ley no es una barrera burocrática; por el contrario, es una garantía para las mismas comunidades. Garantiza que los proyectos de infraestructura, que involucran el uso de recursos públicos y que son esenciales para el desarrollo sostenible, sean ejecutados por quienes poseen las competencias técnicas para hacerlo. Por pura lógica, los ingenieros son los principales aliados de las comunidades para que sus obras queden bien diseñadas y construidas y duren, duren mucho para beneficio de ellas mismas. No son ni sus enemigos ni sus competidores, son sus aliados estratégicos. El trabajo de las comunidades en los proyectos es siempre deseable y conciliable, por lo cual no se puede aceptar un argumento falaz alrededor de esto para polarizar a las comunidades en contra de los ingenieros

Y los procesos licitatorios llevados con observancia a la Ley 80 de 1993 no son obstáculos para la transparencia; al revés, son su salvaguardia. Contratar directamente a las comunidades puede sonar atractivo en el papel, pero hacerlo sin la participación técnica adecuada es condenar esas obras a una alta posibilidad de fracaso, y por ende, a las mismas comunidades a la frustración cuando las obras empiecen a fallar y no puedan aplicarse instrumentos de garantía. No es solo la cuestión de gestionar bien los recursos, sino de garantizar que esas infraestructuras, tan necesarias para el desarrollo rural, para que tengan la calidad, seguridad y durabilidad que las comunidades merecen. La falta de una correcta ejecución técnica no solo puede llevar a errores de ejecución, sino a la pérdida de miles de millones en recursos que el país no tiene suficientes y menos puede darse el lujo de desperdiciar.

Además, está en juego la reputación de la ingeniería colombiana. No se puede negar que una fracción de los ingenieros han sido partícipes en prácticas corruptas, como sucede en todas las otras profesiones en nuestro país. Nada se escapa a este asfixiador flagelo en Colombia. Sin embargo, generalizar y pretender que todos los ingenieros son corruptos es un despropósito inaceptable que, paradójicamente, el mismo presidente Petro sabe bien que no es verdad al igual que su ministra de Transporte, que es ingeniera.

Y pretender que los procesos licitatorios sean reemplazados por contratación directa, sin los controles necesarios para mejorar la trasparencia no puede ser más ingenuo. Si realmente se quiere combatir la corrupción en el sector, que era una promesa de campaña del presidente Petro, lo que se necesita es más control, más supervisión, y obviamente más transparencia en los procesos, no menos.

Estoy seguro de que la ingeniería colombiana estará dispuesta a coliderar el diálogo necesario y a colaborar con el Gobierno en la búsqueda de soluciones que permitan un desarrollo inclusivo y sostenible. La clave está en encontrar equilibrios: las comunidades deben ser empoderadas y tener un rol activo en la supervisión, control de los proyectos, y en su ejecución, siempre de la mano de los profesionales de la ingeniería, quienes pueden garantizar que esos proyectos sean viables, seguros y duraderos.

No es justo que, bajo el pretexto de luchar contra la corrupción, se descalifique a toda una profesión que ha dado tanto por este país. Lo que sí se necesita es un sistema que incentive la participación de ingenieros comprometidos con la ética, con la calidad y con el desarrollo del país. Los ingenieros, como parte de la comunidad, tienen la capacidad y pueden comprometerse para garantizar que las obras se hagan bien, respetando los principios de transparencia y eficiencia que se promueven.

Necesitamos un sistema de contratación que fomente la competencia justa, que permita la participación de los pequeños y medianos contratistas, y que garantice la calidad técnica de las obras. El gobierno no debería ver esto como un obstáculo, sino como una oportunidad para mejorar sus políticas, trabajando de la mano con la ingeniería colombiana para lograr el desarrollo que tanto necesitamos, todos.

En este camino, los ingenieros no son los enemigos, sino los aliados fundamentales, son los socios del desarrollo nacional. Defender la ingeniería es defender el futuro de Colombia, y estoy seguro de que, trabajando juntos, podemos construir un país donde la infraestructura pública sea sinónimo de progreso, calidad, durabilidad y transparencia.

Rafael Fonseca Zarate