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Duras lecciones desde Valencia

Escrito por Rafael Fonseca en Nov 13, 2024. Publicado en Opinión.

Siempre han existido los fenómenos climatológicos como las Depresiones Aisladas en Niveles Altos -DANA- en la región de Valencia, España. El que acaba de pasar en octubre fue muy grande y la probabilidad que se vuelva a presentar es mayor que en años anteriores, debido a los cambios de comportamiento del clima, que cada vez son más evidentes.

¿Qué es una DANA? La DANA que ha azotado el este de la península Ibérica es una bolsa de aire frío a mucha altura, que al chocar con el aire caliente y húmedo del Mediterráneo genera lluvias torrenciales. “En el argot meteorológico este episodio se conoce como un tren convectivo, una situación en la que tormentas muy intensas se regeneran continuamente en la misma zona, lo que deja en esa área cantidades desorbitadas de precipitaciones”, explica el portavoz de Aemet (EL PAÍS, 2024). Este fenómeno es la amenaza. Aunque también hay habitantes que piensan en conspiraciones.

Los desastres naturales no existen. Para explicarlo volvamos a las diferencias entre riesgo, amenaza y vulnerabilidad. La amenaza es la ocurrencia de un fenómeno como la DANA, la vulnerabilidad es la falta de características de los asentamientos humanos para que no se vean afectados por la amenaza, y el riesgo es la combinación de los dos. Con la misma amenaza, pero sin asentamientos en el recorrido de la creciente, riada o avalancha que genera, no hay vulnerabilidad de nadie, y por supuesto, no hay riesgo de desastre para humanos. En forma conceptual, el desastre no es natural porque sucede cuando los humanos nos situamos en lugares que pueden ser afectados por ese tipo de eventos naturales, conocidos, pero no predecibles totalmente, y nos hacemos vulnerables ante su ocurrencia; tal combinación se traduce en lo que calificamos como desastre.

Después del desastre que produjeron las dos riadas de 1957, en Valencia se construyó el Plan Sur, que desviaba el río Turia para proteger el centro de la ciudad, y evacuar hacia el sur los posibles eventos comparables, cuya medida indicativa se estableció en 3700 m3/segundo (casi dos veces el caudal del río Cauca), para lo cual, el canal de desvío se diseñó para 5000 m3/segundo (hay quienes dicen que ambos datos no estaban bien calculados, uno por defecto y el otro por exceso).

En el 2014, un informe advertía que “Los registros históricos y arqueológicos, así como las estadísticas, nos alertan de que tarde o temprano la meteorología volverá a repetir, o incluso empeorar, una situación como la que Valencia experimentó en 1957 y el cauce del Turia tendrá que soportar ingentes caudales. Situación en la que sin duda influirán los fenómenos asociados al cambio climático. A la vista de los datos expuestos en el presente estudio informativo, existen riesgos de que dicha situación meteorológica pueda derivar en una inundación catastrófica para Valencia. El Plan Sur está incompleto pues, por ejemplo, incluso actuaciones proyectadas y presupuestadas como la presa de Vilamarxant o el recrecimiento del Nuevo Cauce no han sido ejecutadas a día de hoy. Deducimos que el cauce actual es insuficiente para una riada como la del 57”. (Actualización del Plan Sur de Valencia, 2014). Este informe premonitorio fue escrito hace 10 años.

Para la época del desastre del 57, la zona al oeste de la l’Albufera (laguna costera y parque natural ubicado a unos 10 km al sur de la ciudad de Valencia) era dedicada a las actividades campesinas. Hoy, la urbanización es una realidad, cubriendo de calles y edificaciones lo que una vez fue campo abierto, lo que agrava la condición para toda la zona por la impermeabilización del suelo con la cual la escorrentía (lluvia que se convierte en corriente de agua) es mayor.

“El expresidente del Gobierno José María Aznar ha reivindicado este lunes el Plan Hidrológico Nacional (PHN) que aprobó su Gobierno y que incluía obras e inversiones en el sur de Valencia, como en el barranco del Poyo, y ha criticado que el PSOE lo derogara a partir de 2004 al llegar a Moncloa” (Sport45, 2024). El barranco del Poyo fue el mayor causante de la tragedia.

Los barrancos (caños o arroyos con cauces profundos que han labrado las mismas aguas torrenciales, pero que en otras estaciones permanecen secos), se llenan de materiales que ayudan a crear pequeñas presas que cuando se deshacen causan avenidas, que sumadas todas, forman las impresionantes riadas que se han registrado y que causaron tantos daños.

También se ha hablado que el desmantelamiento de presas en desuso es parte del problema porque servían de amortiguamiento, precisamente en las crecidas de los ríos. Pero “no hay evidencia de que se hayan demolido grandes presas o embalses en la región de Valencia que pudieran haber mitigado las inundaciones de octubre de 2024. Las infraestructuras eliminadas en la cuenca del Júcar, la más afectada por las inundaciones, fueron principalmente azudes y pequeñas presas en desuso, no grandes embalses. Estas 28 estructuras se demolieron por motivos de seguridad y para restaurar ecosistemas, y su ausencia no influyó significativamente en la magnitud de las inundaciones recientes” (MalditoClima, 2024). “Por el contrario, la presa de Forata desempeñó un papel crucial al retener 37.000 millones de litros de agua durante las lluvias torrenciales, evitando que la situación en la ciudad de Valencia fuera aún más grave. Expertos señalan que, sin esta infraestructura, el impacto de las inundaciones habría sido mucho mayor”. (Antena3, 2024). Además de las presas, “los desvíos de cauces junto con otras soluciones de ingeniería y arquitectura han hecho que zonas como la ciudad de Valencia hayan evitado la catástrofe tras el paso de la peor DANA en el último siglo”.

Por otro lado, el criticado desmantelamiento de la Unidad de Emergencias Valenciana como uno de los primeros actos al posesionarse el presidente derechista de la Generalitat, que había sido creada tan solo 4 meses antes por su antecesor socialista, ofrece otra pista para entender que los políticos estaban más atentos a su refriega ideológica que en prevenir y atender los riesgos de la tierra donde han llegado a ser responsables por todo lo que allí pase (El País, 2024).

A continuación, un esbozo del mapa de posibles causas simultáneas que operan sobre un sistema nada simple.

1. Cambio Climático y Fenómenos Meteorológicos Extremos: las lluvias torrenciales y las DANAs son fenómenos que, aunque han ocurrido históricamente en el Mediterráneo, se han intensificado en frecuencia e intensidad debido al cambio climático.

2. Vulnerabilidad de la Infraestructura: muchas de las infraestructuras en Valencia, como drenajes, puentes y carreteras, fueron diseñadas antes de que se tuviera en cuenta la posibilidad de lluvias tan intensas y frecuentes. Esto implica que no sean suficientes para manejar estos volúmenes de agua, agravando el impacto de las inundaciones. Y la expansión de construcciones en zonas propensas a inundaciones, como las bien conocidas allí llanuras de inundación, zonas ribereñas y áreas bajas, ya sea por falta de regulaciones o por incumplimiento de éstas, aumenta la exposición al riesgo de la población.

3. Deficiencias en la Planificación Urbana y Gestión Territorial: el crecimiento urbano desordenado y la proliferación de superficies impermeables (construcciones, carreteras, pavimentación) aumentan el riesgo de inundación, ya que el agua de lluvia no puede filtrarse de manera natural en el suelo. Y por otro lado, la deforestación y pérdida de vegetación puesto que la urbanización ha llevado a una reducción de áreas naturales y vegetación, que son esenciales para la absorción de agua; al no contar con suficientes zonas de retención natural de agua, las ciudades quedan desprotegidas y aumentan las posibilidades de inundación.

4. Gestión y Respuesta a Desastres: la magnitud de la tragedia sugiere que quizás los protocolos de emergencia y respuesta no estaban suficientemente preparados para enfrentar un desastre de estas características. Y además, las autoridades pueden haber reaccionado de manera tardía o insuficiente debido a una planificación deficiente y a la falta de recursos adecuados. Y la falta de inversión en infraestructura de mitigación como canales de desagüe más grandes, sistemas de retención de agua y sistemas de alerta temprana, que podrían haber reducido significativamente el impacto de las lluvias; puede haber sido por restricciones presupuestarias como por la priorización de otras obras de menor urgencia.

La tragedia de Valencia es resultado de la confluencia de factores naturales, agravados por la acción humana y una insuficiente adaptación al cambio climático. Para evitar futuras catástrofes de esta magnitud, es urgente que las autoridades implementen una serie de reformas integrales: invertir en infraestructura de adaptación climática, controlar la expansión urbana en zonas de riesgo, y fortalecer la gestión de emergencia.

Que nos sirva de espejo esta tragedia para reflexionar sobre el estado de la gestión de estos riesgos en nuestro país, que es altamente expuesto: lo más probable es que tengamos muchas más falencias en todo sentido que los españoles, que son del primer mundo. En el gobierno de la vida, hay que priorizar la vida. La UNGRD con el Fondo de Adaptación, deberían tener mucho trabajo en prevención y consecuentemente menos en atención de desastres. Pero ya se vinieron las lluvias torrenciales…

Referencias recomendadas:

Actualización del Plan Sur de Valencia, Estudio informativo acerca de los riesgos de que Valencia experimente una nueva inundación catastrófica. ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA – Grupo de Análisis “Impulso a Valencia” – 2014. (Actualización del Plan Sur de Valencia, 2014).

Una excelente referencia para entender de la tragedia y de todos los temas relacionados con gestión de riesgo de desastres es el blog del profesor Víctor Yepes, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, PhD, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia. https://victoryepes.blogs.upv.es/

Rafael Fonseca Zarate

Defender la ingeniería es defender el futuro de Colombia

Escrito por Rafael Fonseca en Oct 17, 2024. Publicado en Opinión.

El desarrollo de un país está fuertemente relacionado a la solidez y calidad de su infraestructura, esa que conecta, en sentido amplio, a las comunidades y al país con el mundo, y permiten el avance económico y social. En nuestro país, los ingenieros, constructores del progreso, ven hoy su rol amenazado por decisiones y discursos gubernamentales que, lejos de promover la transparencia y la participación democrática, los excluyen y los estigmatiza.

El Decreto 1961 de 2023, que pretende dar un impulso a los Caminos Comunitarios para la Paz, no solo ignora el papel esencial de los ingenieros en la construcción de infraestructura poniendo en riesgo la calidad de las obras y afecta gravemente la transparencia en su contratación, al permitir la contratación directa con comunidades y sin límites de cuantía (Uribe, 2024). Coloquialmente a esto se le dice “contratación a dedo” y que con estas características crea fuertes incentivos para la corrupción.

La reciente sentencia de la Corte Constitucional, que tumbó la disposición de la contratación sin límite de cuantía, no es solo el regreso del marco legal que pueda proteger los principios de transparencia y equidad en esta contratación estatal, y limitar la cuantía es un alivio para los pequeños contratistas y PYMES de ingeniería que históricamente han solucionado estas necesidades

El presidente Gustavo Petro, en la defensa del decreto y contrapunteando a la Corte, argumentó que la contratación directa con las comunidades “libera al país de odiosos carteles” y promueve la “democracia participativa” (Uribe, 2024). Si bien nadie niega la importancia del empoderamiento comunitario, las declaraciones del mandatario implican una falacia preocupante: pretender que todos los ingenieros y todas las pequeñas empresas de ingeniería —que son las verdaderas ejecutoras de estos proyectos en muchas regiones del país — sean parte de esos supuestos carteles corruptos que menciona. Nada más lejano de la realidad. Esto ya se ha explicado, pero no ha sido escuchado (Portafolio, 2023).

Y más: ¿de dónde saca el presidente Petro que una contratación directa es más transparente y democrática que un proceso licitatorio abierto? Todo lo contrario. ¿Y acaso los ingenieros pequeños contratistas particulares y las PYMES de ingeniería no son también parte de la comunidad? La ingeniería es parte esencial del tejido social del país, y excluir a sus profesionales bajo el pretexto de democratizar la contratación pública solo pone en riesgo la eficiencia, la calidad y la durabilidad de las obras, y discriminar a una parte esencial de la misma comunidad que se pretende democratizar.

Las carreteras y caminos no se construyen solo con buena voluntad; requieren de conocimiento técnico, planificación adecuada y ejecución por parte de profesionales capacitados para que queden bien construidas y duren en las condiciones de servicio adecuadas. La durabilidad es, normalmente, la gran debilidad de los caminos y las carreteras; se pueden inaugurar bonitas, pero si no están bien diseñadas y construidas, rápidamente se deterioran y destruyen, acabando con el beneficio que deberían aportar a las comunidades que las usan. Esto explica la frustración de las mismas comunidades, pero increíblemente sirve para que los políticos una y otra vez tengan cómo prometer que “ahora sí, se harán y quedarán bien construidas” y las ingenuas comunidades voten por ellos otra vez. Se suponía que este tipo de arreglos estructurales era parte del cambio prometido por el gobierno Petro.

La Ley 842 de 2003, que regula el ejercicio profesional de la ingeniería en Colombia, es clara: hay actividades que requieren de la intervención de ingenieros certificados. Esta ley no es una barrera burocrática; por el contrario, es una garantía para las mismas comunidades. Garantiza que los proyectos de infraestructura, que involucran el uso de recursos públicos y que son esenciales para el desarrollo sostenible, sean ejecutados por quienes poseen las competencias técnicas para hacerlo. Por pura lógica, los ingenieros son los principales aliados de las comunidades para que sus obras queden bien diseñadas y construidas y duren, duren mucho para beneficio de ellas mismas. No son ni sus enemigos ni sus competidores, son sus aliados estratégicos. El trabajo de las comunidades en los proyectos es siempre deseable y conciliable, por lo cual no se puede aceptar un argumento falaz alrededor de esto para polarizar a las comunidades en contra de los ingenieros

Y los procesos licitatorios llevados con observancia a la Ley 80 de 1993 no son obstáculos para la transparencia; al revés, son su salvaguardia. Contratar directamente a las comunidades puede sonar atractivo en el papel, pero hacerlo sin la participación técnica adecuada es condenar esas obras a una alta posibilidad de fracaso, y por ende, a las mismas comunidades a la frustración cuando las obras empiecen a fallar y no puedan aplicarse instrumentos de garantía. No es solo la cuestión de gestionar bien los recursos, sino de garantizar que esas infraestructuras, tan necesarias para el desarrollo rural, para que tengan la calidad, seguridad y durabilidad que las comunidades merecen. La falta de una correcta ejecución técnica no solo puede llevar a errores de ejecución, sino a la pérdida de miles de millones en recursos que el país no tiene suficientes y menos puede darse el lujo de desperdiciar.

Además, está en juego la reputación de la ingeniería colombiana. No se puede negar que una fracción de los ingenieros han sido partícipes en prácticas corruptas, como sucede en todas las otras profesiones en nuestro país. Nada se escapa a este asfixiador flagelo en Colombia. Sin embargo, generalizar y pretender que todos los ingenieros son corruptos es un despropósito inaceptable que, paradójicamente, el mismo presidente Petro sabe bien que no es verdad al igual que su ministra de Transporte, que es ingeniera.

Y pretender que los procesos licitatorios sean reemplazados por contratación directa, sin los controles necesarios para mejorar la trasparencia no puede ser más ingenuo. Si realmente se quiere combatir la corrupción en el sector, que era una promesa de campaña del presidente Petro, lo que se necesita es más control, más supervisión, y obviamente más transparencia en los procesos, no menos.

Estoy seguro de que la ingeniería colombiana estará dispuesta a coliderar el diálogo necesario y a colaborar con el Gobierno en la búsqueda de soluciones que permitan un desarrollo inclusivo y sostenible. La clave está en encontrar equilibrios: las comunidades deben ser empoderadas y tener un rol activo en la supervisión, control de los proyectos, y en su ejecución, siempre de la mano de los profesionales de la ingeniería, quienes pueden garantizar que esos proyectos sean viables, seguros y duraderos.

No es justo que, bajo el pretexto de luchar contra la corrupción, se descalifique a toda una profesión que ha dado tanto por este país. Lo que sí se necesita es un sistema que incentive la participación de ingenieros comprometidos con la ética, con la calidad y con el desarrollo del país. Los ingenieros, como parte de la comunidad, tienen la capacidad y pueden comprometerse para garantizar que las obras se hagan bien, respetando los principios de transparencia y eficiencia que se promueven.

Necesitamos un sistema de contratación que fomente la competencia justa, que permita la participación de los pequeños y medianos contratistas, y que garantice la calidad técnica de las obras. El gobierno no debería ver esto como un obstáculo, sino como una oportunidad para mejorar sus políticas, trabajando de la mano con la ingeniería colombiana para lograr el desarrollo que tanto necesitamos, todos.

En este camino, los ingenieros no son los enemigos, sino los aliados fundamentales, son los socios del desarrollo nacional. Defender la ingeniería es defender el futuro de Colombia, y estoy seguro de que, trabajando juntos, podemos construir un país donde la infraestructura pública sea sinónimo de progreso, calidad, durabilidad y transparencia.

Rafael Fonseca Zarate

Edificaciones que se convierten en trampas mortales: lecciones desde Londres

Escrito por Rafael Fonseca en Sep 19, 2024. Publicado en Opinión.

En 2017 sucedió en Londres “el incendio más grave de la historia” en un edificio residencial que dejó 72 muertos. Los reportes periodísticos lo resumen así: “Los reproches a los sucesivos gobiernos que consintieron la construcción de inmuebles sin garantías suficientes de seguridad y a las empresas que, con una «falta de honestidad sistemática», ocultaron los riesgos del revestimiento de la fachada, clave para la rápida extensión de las llamas”. Con una conclusión aún más dolorosa: “todas las muertes eran evitables» (20Minutos, 2024).

Las conclusiones de la extensa investigación del siniestro advierten las vulnerabilidades en el sistema de control del Estado y en las deficientes actuaciones de las empresas constructoras (para nosotros: promotores, diseñadores y constructores) que levantan señales de emergencia por nuestro precario sistema análogo de control del Estado y por las prácticas en la construcción de edificaciones, desde casas hasta edificios, porque podríamos estar incubando mecanismos de falla que cobrarían muchas vidas cuando se presenten eventos como terremotos e incendios, de los cuales no estamos exentos de ninguna manera.

La investigadora Dame Judith Hackitt extrae en su informe las lecciones de esta tragedia (GOV.UK, 2024), que son asombrosamente aplicables a nuestra situación, pero no solo para incendios, sino especialmente para sismo-resistencia, que hace que quedemos perplejos al revisar nuestra realidad, donde cerca del 87% de nuestras ciudades densamente pobladas se encuentran en una región expuesta a amenaza sísmica alta e intermedia con construcciones que podrían ser vulnerables (UNGRD, 2024).

En cuanto a condiciones particulares de incendio, la investigadora Hackitt concluye que faltó documentación adecuada para rastrear si se habían llevado a cabo trabajos esenciales de seguridad, que las puertas cortafuegos fallaron y que hubo propagación del incendio entre pisos, todos hallazgos que en una ciudad como Londres no deberían haber ocurrido (se supone un alto nivel de control estatal y un alto nivel de responsabilidad de todos los actores en la cadena de construcción dado el fuerte sistema de justicia al que deberán enfrentar después de un siniestro).

Pero sus conclusiones generales son las que más llaman la atención y son un llamado de emergencia por sus implicaciones en todo lo que abarca la garantía de seguridad de las construcciones, que se supone que brinda el control del Estado con sus procedimientos legales y obligatorios:

Hackitt destaca los problemas sistémicos principales en el sistema actual (Alvarez, 2024, minuto 22 en adelante):
Ignorancia: Las regulaciones y orientaciones no siempre son conocidas o comprendidas por aquellos que deberían seguirlas, y rara vez se busca el consejo de expertos.

Indiferencia: La motivación principal es hacer las cosas lo más rápido y barato posible, en lugar de ofrecer hogares seguros y de calidad. Las preocupaciones sobre la seguridad a menudo se pasan por alto en favor de minimizar costos.
Falta de claridad: La ambigüedad en las regulaciones y en las responsabilidades de las partes interesadas complica la implementación efectiva de las normas de seguridad.

Regulador inadecuado y falta de supervisión rigurosa: El regulador actual no puede garantizar que se construyan edificios seguros debido a una combinación de recursos insuficientes, la aplicación inconsistente de las reglas, y la falta de un enfoque de «mano dura».

Al hacer un paralelo con nuestra situación, principalmente de sismo-resistencia, se nota que compartimos exactamente estos problemas sistémicos, y tenemos muchos más. Que preocupación tan grande queda.

La primera alerta es que al menos el 50% de las edificaciones se hace sin control (estimativos sobre la informalidad). Y de esas, los expertos estiman que el 95% no haya tenido intervención de por lo menos algún profesional responsable que entienda bien la responsabilidad de la seguridad de la edificación (que de hecho, sería una contradicción) (Fonseca, 2022).

La segunda alerta, también enorme es que, del total de viviendas del país, 20,118 millones, en 2024 (DANE, 2024) se estima que el 50% datan de antes de la reglamentación de la Ley 400 de 1997 y que, por tanto, se puede presumir que no tuvieron control en su proceso constructivo (Álvarez, 2024). Es decir, que tan solo el 25% de todas las edificaciones tuvieron licencias y algún esquema de control.

La tercera alerta es que la supervisión técnica, que para explicarlo en términos más coloquiales es el control de calidad de todos los aspectos del diseño y construcción, es deficiente, pese a que se encuentra reglamentado en la Ley 1796 de 2016, Decretos 94 y 1203 de 2017 con las figuras de Revisor estructural independiente, Curaduría y Supervisor técnico independiente; recientemente, en una entrevista a un experto reconocido, afirmaba que de lo que él conocía, que era mucho, tan solo el 20% de la supervisión se hacía en forma aceptable y que en ningún caso se lograba una construcción con todas las condiciones deseables, por más esfuerzos para que todos los responsables cumplieran con todo lo necesario. Eso quiere decir que alrededor de solo el 5% de las nuevas construcciones sería realmente confiable.

}Muy grave. Además, y en contra de la seguridad de las edificaciones y por ende de sus moradores, desde la Ley 1796 de 2016 estas supervisiones no cubren acabados ni elementos decorativos, ni la revisión de bomberos (la fachada fue responsable en el caso de Londres, por ejemplo) quedando claro que la función del Estado no está completamente reglamentada, con problemas y con omisiones. Un absurdo.

Hay varios aspectos que hacen muy débil el sistema de control. La responsabilidad del Estado se traduce en que la competencia de inspección y control urbanístico la tiene el inspector de Policía y la responsabilidad es del Alcalde municipal (Ley 1801 de 2016), lo que en la práctica hace que no sea real en su generalidad, tanto por falta de personal, por falta de preparación específica y por falta de comprensión de la responsabilidad, para nombrar las principales causas.

Las Curadurías Urbanas y más aún las Oficinas de Planeación del municipio, estudian en forma no estándar los proyectos, lo cual hace que haya diferentes métodos de revisión para otorgar licencias de construcción; esas licencias no son modificadas con lo que se construye realmente (planos as built), lo que debería tener una previa autorización de la misma entidad; y ahora, el Promotor pretende que el Supervisor apruebe tales modificaciones, ya que al final otorgará el Certificado Técnico de Ocupación de la edificación, pero que claramente excede su alcance.

Para completar el cuadro, sumándole al de por sí ya un débil sistema de control, tanto los Curadores, los Revisores estructurales como los Supervisores técnicos, son escogidos y contratados por el Promotor de la edificación, lo que los hace sus subalternos y en la práctica seguidores de instrucciones de quien puede estar solo enfocado en el negocio, y para quien la calidad y la seguridad son un costo, y puede estar lejos de comprender su responsabilidad social (Fonseca, 2022). Este detalle, desvirtúa el sistema de control estatal delegado al sector privado, y deriva en que aquellos que tienen el propósito de hacer todo en forma correcta terminen en desventaja competitiva frente a los que no. Un verdadero despropósito.

Por otra parte, se sabe que la real aplicación del sistema de justicia está lejana, y que los recientemente introducidos seguros decenales tienen tantos agujeros legales que lo más probable es que nunca se logren cobrar, y menos, repetir contra los responsables porque tocaría demostrar que estuvieron mal diseñadas, mal licenciadas, mal revisadas, mal construidas y mal supervisadas, considerando además que esta garantía no cubre los siniestros de incendios, ni terremotos (Varela, 2024). Es decir, no hay incentivos reales para la calidad y la seguridad de las edificaciones.

Se requiere, con urgencia, que hagamos una revisión a fondo del marco legal de la seguridad de las edificaciones, y que corrijamos de una vez los problemas que están suficientemente diagnosticados. Y de paso, que nos enfrentemos, tanto políticos como técnicos, a la posibilidad de que haya una gran parte de las edificaciones que no cumplan con los mínimos establecidos en las normas, y que representen un riesgo mayor para una gran parte de los colombianos. Esta es una prueba ácida qué permitiría verificar hasta dónde va realmente la responsabilidad social de los dirigentes, y por supuesto, de la ética profesional de ingenieros, arquitectos y profesionales de la construcción en general.

Rafael Fonseca Zárate

Valorización en carreteras y el principio de justicia

Escrito por Rafael Fonseca en Ago 22, 2024. Publicado en Opinión.

En la financiación de las carreteras hay tres fuentes principales de pago de la inversión: los peajes, recursos del presupuesto nacional y la valorización (puede haber otros cobros adicionales por uso y usufructo del corredor como publicidad y derechos de uso de zonas para estaciones de servicio). La valorización en la vía Barranquilla – Cartagena ha planteado un conflicto que hay que resolver pronta y justamente porque es aplicable a todas las vías y autopistas del país.

Cuando una vía se paga exclusivamente por una sola de ellas, alguien está siendo subsidiado o el Estado le está regalando a alguien recursos de todos los colombianos, lo cual no está bien y no es lo justo. Cuando el recaudo de los peajes son la única fuente para construir y mantener la vía, aquellos que tienen tierra junto a esa infraestructura resultan beneficiados al subir su precio de mercado, en parte pagado o subsidiado por los que viajan y pagan esos peajes. Pero también, todos los colombianos resultamos beneficiados porque tenemos la disponibilidad de una buena vía para cuando queramos materializar el bienestar de viajar, y también de otra forma más cuantificable, por el hecho de que el país aumente su competitividad en alguna porción debido a una mejor conexión de las cargas y mercancías lograda por la carretera, y por ende, surjan más oportunidades, desde mayor producción y empleos hasta mayores impuestos, que terminan por revertirse para todos en alguna medida. Así es que el tema no es tan simple como una protesta con miras a no pagar.

De la misma forma, pero inversamente se puede analizar que, si las vías solo se pagan con recursos del presupuesto nacional, o sea impuestos, todos los colombianos terminamos regalándole a los terratenientes el mayor valor de sus predios, o a los que viajan y a los transportadores, el derecho de uso de una buena vía. Sería injusto también que solo se pagaran las vías por valorización porque resultarían los dueños de las tierras cercanas subsidiando a los viajeros y transportadores, y a todos los colombianos en cierta medida. Lo que ha estado pasando en la realidad es que la mayoría de las vías se han pagado con recursos del presupuesto nacional (caso de las vías manejadas por Invías) y por una combinación de peajes y presupuesto nacional (caso de las concesiones de la ANI, salvo las Iniciativas Privadas -IP- que solo se basan en peajes), todo lo cual significa que le estamos regalando el enorme mayor valor de las tierras a terratenientes y demás poseedores de tierras en el área cercana a la carretera, lo cual puede llegar a ser tan injusto como una redistribución totalmente regresiva, es decir, la mayoría de los colombianos, pobres, contribuyendo a que los que ya tienen mucho se hagan más ricos sin ninguna razón aceptable.

No hay que caer en la tentación de dejarse llevar por ideologías, de ningún lado, que terminan sesgadas frente a la justicia requerida para todos los ciudadanos. Lo que hay que comprender y actuar en consecuencia es la necesidad de establecer un satisfactorio equilibrio que haga justicia para todos.

En la legislación colombiana, la contribución por valorización es un tributo especial que se impone a los propietarios de bienes inmuebles (terrenos, edificios, etc.) cuando se realizan obras públicas que generan un incremento en el valor de sus propiedades, y de esa forma compartan con el Estado parte de ese beneficio. El monto de la contribución por valorización se determina según el aumento del valor que la obra pública genera en las propiedades beneficiadas. Es decir, no se basa únicamente en el costo de la obra, sino en el beneficio económico que esta aporta a los propietarios de los inmuebles. Esta contribución por valorización está regulada por la Ley 388 de 1997 (Ley de Desarrollo Territorial).

Se ha usado ampliamente en las ciudades, pero no tanto en las carreteras.

Algunos de los opositores en el caso de Barranquilla a Cartagena son los gremios económicos (Herrera, 2024), como Intergremial del Atlántico y el Comité Intergremial de Bolívar que actúan como cabildantes en nombre de sus afiliados y no como propietarios directos de tierras en la zona aledaña a la carretera, que seguramente sí son los dueños de las empresas que son afiliadas al gremio, que se verían afectados por el recaudo pero que ya se vieron positivamente impactados por el mayor valor de sus terrenos por el avance de los trabajos. Pero no necesariamente porque sea una labor del corazón del objetivo económico del gremio.

Expliquemos esto. Entre más conectividad haya (mejores carreteras y otros medios) mejor para todos los objetivos económicos, particularmente los regionales; deberían estar siempre al lado de la promoción de más y mejores vías. Si las fuentes no son solo peajes y presupuesto nacional, se esperaría que los peajes no fueran tan altos o los impuestos nacionales a la larga no fueran impactados por toda la inversión, y con ello la esperanza de que al menos en parte, no subieran más. Es decir, ambos objetivos alineados con los empresarios que representan esos gremios por lo cual no se entiende bien su oposición.

Quienes se oponen, no obstante, tienen observaciones importantes.

Dicen que no hay estudios suficientes y no se ha consultado la capacidad de pago. Sin embargo, la Ministra de Transporte ha explicado los estudios en varios foros, incluyendo debate en el Congreso de la República. Este tipo de estudios tienen también fases de desarrollo, y es posible que haya necesidad de aclarar en qué fase están y disipar las dudas.

Dicen que se está aplicándose una norma por fuera de tiempo, puesto que ya se ha avanzado la construcción y faltan solo 6 kilómetros de doble calzada. Esto tiene una implicación difícil: quienes compraron predios recientemente ya pagaron ese mayor precio por la valorización del terreno por la vía, y se verían conminados a pagar nuevamente por el mismo concepto. En el estatuto anterior se declaraban durante un tiempo como predios de utilidad pública para evitar que se negociaran con especulación, lo cual tiene el mayor sentido.

Expresan su preocupación por el destino de los recursos recaudados, advirtiendo que «el recaudo del impuesto se invertiría en otras regiones del país» basados en que la Ley 2010 de 2019, artículo 149 habla que los cobros de valorización nacional pueden destinarse como fuente de pago para el desarrollo de proyectos de infraestructura (en general). Si los recursos de la valorización no se usan en la misma vía, se pierde el equilibrio de las tres fuentes explicado, es decir, que ayuden a bajar la tarifa de los peajes y las contribuciones del presupuesto nacional. Algunas voces apoyan que se usen en vías terciarias en la misma región (editorial de Vanguardia, 22 de agosto 2024) pero querría decir que otra vez los viajeros y transportadores, y en parte los colombianos, estaríamos mejorando el valor de los predios en esa región en detrimento del equilibrio que debe existir sobre la vía. En el caso de la carretera que nos ocupa ya hay un acuerdo al respecto (Díaz, 2024) para que se queden los recursos en la región, desvirtuando el justo equilibrio planteado.

Esta discusión no es un asunto menor para ningún colombiano. Se trata de principios de justicia y atañe a asuntos de equidad, de competitividad del país, de desigualdad y de concentración de la riqueza. Debe aprovecharse el momento para hacer una reforma a la ley que arregle justamente los problemas de una vez.

Rafael Fonseca Zarate

La relativización de la ética

Escrito por Rafael Fonseca en May 4, 2024. Publicado en Opinión.

En la conferencia “Paradigmas en muros prefabricados” en el pasado congreso de ingeniería (Barranquilla, 2023) sobre el sistema de prefabricación de edificios de hasta seis pisos, desarrollado por Cementos Argos y presentado por el conocido profesor de la Universidad de los Andes, ingeniero Correal, PhD, abrió su explicación citando a Thomas Kuhn, filósofo de la ciencia, físico PhD, a quien se le recuerda en todo el mundo por su explicación de paradigma y cambio de paradigma (Kuhn T., 1962. La estructura de las revoluciones científicas). Kuhn le definió a la humanidad que un “paradigma es un conjunto de creencias, valores, técnicas, prácticas aceptadas y compartidas por una comunidad científica”; hablaba de los paradigmas científicos.

El expositor seguramente quería hacer hincapié en que había que afrontar un cambio de paradigma en la construcción de edificios con esta nueva tecnología. La prefabricación ha existido un desde 1897, año en que se construyó el primer edificio con elementos prefabricados (Vidal. A, Noticreto 133, nov-dic 2015, pag 42), pero este sistema industrializado podría representar importantes avances en costos y rapidez en la construcción de apartamentos que son bienvenidos en la industria, por supuesto.

Lo curioso, al citar a Kahn y asociarlo al nuevo paradigma, es que el sistema de prefabricación expuesto no es aún una práctica aceptada y compartida por la comunidad científica de los ingenieros estructurales en el país. Aún está en proceso de serlo. Para poderlo ser, entre otros, debería pasar por un proceso de homologación en la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes -CAPPRCSR-, adscrita al Ministerio de Vivienda, cuya función es la de ejercer como el regulador de todo cuanto se refiera a construcciones sismo resistentes en el país.

Un regulador es una entidad gubernamental encargada de supervisar y regular un determinado sector de la actividad económica o social y tienen la responsabilidad de establecer y hacer cumplir normativas, políticas y estándares que garanticen el funcionamiento adecuado, seguro, justo y eficiente del sector que supervisa. En este caso, de la construcción de edificios para que sean seguros frente a la amenaza de sismos que tenemos en el país.

La CAPPRCSR fue creada por la Ley 400 de 1997 y es cuerpo consultivo del gobierno en asuntos de sismo resistencia, adscrita al Ministerio de Vivienda. Está conformada por representantes del gobierno y algunas asociaciones de constructores, arquitectos e ingenieros (ver integración CAPPRCSR). Es la encargada de revisar y actualizar las normas de sismo-resistencia como NSR-98, NSR-10 y sus actualizaciones y de aprobar los regímenes de excepción. Por sus funciones, debería ser una comisión de alto nivel técnico en ingeniería.

Cuando algún método de construcción se aparta de lo convencional, esta Comisión debe decidir si se le aplica un régimen de excepción. En 2021 acordaron en su seno que la construcción con muros prefabricados de concreto debería tenerlo; por este motivo, el sistema de Argos debería pasar por el procedimiento de homologación mediante el cual la CAPPRCSR le dé su aprobación (ver actas de la CAPPRCSR). El punto clave son las conexiones entre los muros y las placas, puesto que, no son conexiones fundidas en sitio y hay expertos, dentro de esa comunidad científica, que tienen dudas de que se logre un vínculo sólido y se conforme un nudo rígido en ellas, por lo que se deberían ensayar a escala uno a uno, que seguramente sería parte del régimen de homologación. Es decir, el sistema no tendría aprobación oficial según lo acordado en la Comisión hasta surtir este procedimiento.

Al mismo tiempo, se está adelantando un proyecto en Tocancipá desde marzo de 2023. Posiblemente, la interpretación de sus promotores, más jurídica que técnica en un tema puramente técnico de ingeniería, es que no se requiera este regimen de homologación, puesto que el sistema cuenta con ensayos en la Universidad de los Andes, llevados a cabo por el profesor Correal, y que mostró en su conferencia; sin embargo, entre el video del proyecto en construcción y el de los ensayos de la conferencia hay diferencias a simple vista en la cantidad de los aceros del muro, que inducen a pensar que no se trata del muro representativo del sistema que se quería probar, por lo que sería difícil entender esta interpretación. Lo más importante del régimen de homologación de la CAPPRCSR, como regulador, es que a nombre del Estado colombiano dará la garantía de que lo construido será seguro para quienes vivirán en los apartamentos. Esto debería bastar para que todos los involucrados estuvieran muy interesados en cumplir con este requisito para estar tranquilos, empezando por el mismo Cementos Argos. Cualquier evento desafortunado con un sismo, que generara una tragedia, y sin contar con este requisito, representaría un enorme costo monetario y reputacional para los promotores del proyecto y para Argos. Son riesgos que no se pueden correr.

Lo particular en todo esto es que a la CAPPRCSR asiste el ingeniero Correal desde hace 9 años: 4 a nombre de AIS[1] y los últimos 5 en nombre de ACIES[2]. Y al mismo tiempo, ha dirigido tesis en su universidad sobre el sistema específico de Argos. Lo malo es que, al parecer, tan solo unos meses atrás se declaró impedido en el tema reconociendo ser el asesor de Argos, y por consiguiente, habiendo estado inmerso en un grave conflicto de intereses, porque fue parte del regulador y al mismo tiempo fue parte del regulado.

También hay que referirse a Camacol, el gremio de los constructores de vivienda, que tiene asiento en la CAPPRCSR; no obstante, Cementos Argos tiene un puesto casi fijo en su junta, que a su vez es la que da instrucciones al presidente nacional del gremio económico, quien a su vez da instrucciones a su representante en la CAPPRCSR, lo cual significaría otro conflicto de intereses, que no refleja lo expresado en sus estatutos sobre la ética (artículo 8, Deberes, de sus estatutos).

El propio Cementos Argos, tan importante para el sector, orgullo para todos los colombianos por su expansión en América, puntal de empresa formal que le apuesta permanentemente al país, propicia estas fallas éticas: su relación con el gremio de constructores y por ese conducto su influencia directa en la CAPPRCSR, al igual que esa relación de asesorada por el ingeniero Correal que ha integrado la Comisión y que por ende ha sido su propio regulador, conformando lo que se conoce como una captura del regulador. Y al mismo tiempo, no esperándose a la aplicación de la norma, que conoce bien, para la expedición del régimen de homologación y posteriormente adelantar la comercialización de su sistema, que le garantizaría estar cumpliendo toda la normatividad y legalidad en Colombia. Es muy difícil comprender ¿para qué asumir estos riesgos tan altos?

Inexplicable. Todos hablan y promulgan la ética, pero ninguno actúa con verdadera ética en este caso. En su participación en la CAPPRCSR, Camacol debería declararse impedida en todo lo referente a Argos; el ingeniero Correal debería retirarse de la Comisión por haber tenido el doble papel, de juez y parte en el tema de Argos; la mismísima Universidad de los Andes debería revisar como ha sido su papel en todo este entramado que no apunta a los pilares éticos que promulga; y Argos, debería alejarse de cualquier práctica que se pueda tildar de captura del regulador; también debería parar la comercialización del sistema y esperar sabia y prudentemente la expedición del régimen especial de homologación, para actuar con máxima responsabilidad en un tema tan sensible, y demostrar de que sí apunta a sus ideales éticos empresariales.

Esta relativización con la que tomamos el comportamiento ético en Colombia no corresponde a profesionales, empresarios, gremios y academias leales con su patria. Lo de menos es que un artículo como éste se tome como afrenta, que no le interesa serlo, y en cambio se desperdicie la posibilidad de reflexionar desde la comprensión del dolor de país que se siente al observar a los que están llamados a ser miembros modelo, magníficos, de nuestra sociedad, actuando de mala manera.

Siempre se puede mejorar lo actuado, y de paso, permitirnos creer que aún tenemos esperanza.

[1] Asociación de Ingeniería Sísmica

[2] Asociación colombiana de ingenieros estructurales.

Rafael Fonseca Zarate

Auscultando el corazón de la crisis del sistema de salud en Colombia

Escrito por Rafael Fonseca en Abr 17, 2024. Publicado en Opinión.

Un asunto muy complejo

El cuerpo humano y su interacción con el entorno, es un sistema complejo. La salud individual, igualmente. Si bien la ciencia ha logrado avances considerables en la comprensión del cuerpo humano, aún queda mucho por descubrir. La complejidad aumenta aún más por las características únicas del sistema de cada individuo, influenciadas por su familia, entorno infantil, hábitos, estilo de vida y posibilidades. Además, la salud está estrechamente ligada a la psique, introduciendo más variables y variabilidad. En contraposición al enfoque determinista, simplificado y basado en leyes que prevalecía hasta principios del siglo pasado, la realidad nos presenta un panorama donde solo contamos con aproximaciones para comprender la salud individual.

La salud de una población es un sistema aún más complejo que la de un individuo, debido a la multiplicidad de factores que influyen en la salud de cada uno de sus miembros. Los expertos agrupan a los individuos en grupos «gruesos» para simplificar el análisis, pero la realidad es que la salud de cada persona está estrechamente relacionada con su entorno social, económico, educativo, religioso, ambiental, familiar y cultural. La salud de un individuo puede variar significativamente dependiendo de su estrato social, lugar de residencia, nivel educativo, hábitos y acceso a servicios de salud. Es un tema sumamente complejo que requiere un enfoque holístico que considere todos los factores que influyen en la salud individual y la colectiva.

Y cuando se habla de todo el sistema de salud, dentro de un país, nos asomamos a otras complejidades propias de los sistemas sociales a los que la humanidad ha llegado para intentar vivir en poblaciones, colectividades o sociedades sobre la faz de la tierra, en porciones de su territorio, que hoy conocemos como naciones. Los sistemas de gobierno interrelacionados con los sistemas económicos, ambos fenómenos sociológicos, que a su vez son en sí mismos, sistemas llenos de más complejidades.

Esta aproximación al análisis, basada en la Teoría General de Sistemas, es una forma ordenada para poder explicar un asunto tan complicado como la crisis del sistema de salud.

El modelo

La ciencia maneja las complejidades haciendo modelos que tratan de explicar el comportamiento de los sistemas, naturales como la salud de los individuos, o inventados como la sociedad, la economía y la política de un país. Esos modelos serán buenos en cuanto mejor expliquen el comportamiento, y viceversa. No podemos sino resignarnos a entender que son modelos aproximados, con diferente aproximación en las diferentes disciplinas del conocimiento.

En el caso del sistema de salud, el modelo aproximado que tenemos desde la ley 100 de 1993 es un seguro mediante el cual se ahorra colectivamente para que haya dinero para la atención de los casos individuales cuando sucedan, sabiendo que no a todos los individuos les suceden todos los casos (enfermedades) al tiempo ni en la misma manera. Este es el corazón del sistema. Fue un cambio total frente a lo anterior y representó un avance enorme en cobertura y equidad en salud para los colombianos.

El modelo es el Plan Obligatorio de Salud (POS), el seguro está basado en las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y los eventos (enfermedades) son atendidas por las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). El POS es un modelo aproximado que intenta decir que en la vida de un individuo promedio se pueden presentar una serie de enfermedades con una frecuencia estudiada a través de la observación de la realidad en grupos de personas en forma estadística. Su característica principal es que es dinámico, es decir, que por más bien hecho el estudio y más grande la muestra de la observación, de un año a otro puede variar, porque varían las enfermedades según todas las complejas interacciones que anotábamos al inicio. Y su monetización (ponerle precio a los tratamientos y medicamentos) cambia permanentemente con los precios de los mercados, de los salarios, y de todos los factores que participan en esta gran bolsa de costos. Con base en esos delicados y difíciles cálculos aproximados sale la cifra de los aportes que conocemos como la Unidad de Pago por Capitación (UPC) (pago por persona).

Las EPS por su parte tienen varias responsabilidades (algunas de las que la reforma busca cambiar): son las encargadas de reclutar y afiliar individuos, las encargadas de recolectar y mantener el ahorro en el esquema de aseguramiento (reserva técnica), las administradoras de toda la prestación del servicio de atención en caso de eventos (enfermedades) para lo cual son quienes conforman, contratan y pagan a la red de IPS. En este diseño de organización, las EPS han tenido el manejo de dos asuntos clave: el ahorro del seguro, que son montos inmensos de dinero (o deberían serlo) y el manejo de los contratos con las IPS; estamos hablando de un poder económico muy grande.

Y el Estado tiene el rol del sistema de control y de corrección de las desviaciones que se presenten, basado en que los demás actores son privados, o entidades del Estado de otro orden.

Todo lo anterior podría funcionar debidamente en condiciones de calidad, no corrupción y no politización. Pero esas no son las condiciones de nuestra cultura reinante dentro del sistema social en que hemos evolucionado; ninguna de las tres. La crisis que hoy tenemos, en forma coloquial, consiste en que el sistema se quebró porque la plata no alcanza para garantizar la salud de los colombianos; hay que entender cuál es la causa de que no alcance, entonces.

¿Cuál es la causa?

Por una parte, la más densa, es muy complicado saber qué parte de la quiebra de las EPS provenga de que los ahorros fueron usados ilegalmente en otros asuntos (como se sabe que así ha sido) y que difícilmente se recuperarán por el precario sistema de justicia que tenemos (otro sistema del Estado), con el correspondiente impacto al sistema económico del Estado, y al final, seremos todos los colombianos los que pagaríamos esa factura de corrupción a través de los impuestos. Los fondos pudieron ser desviados para financiar la construcción de los emporios de salud que dependían de las EPS, dado que ellas podían determinar las IPS con las cuales contrataban, que preferiblemente serían las de ellos mismos, por lo cual la limitación de la integración vertical era esencial para eliminar el incentivo perverso a la concentración del negocio y favorecimiento en pagos y garantías (una especie de auto-pagos); se criticó siempre que la “salud no podía ser un negocio”, mal expresado tal vez, porque sí podría serlo dentro unos límites de razonabilidad, transparencia y control, integrando bien lo privado con lo público; control que por lo visto no funcionó, no se ejerció debidamente o que en forma fraudulenta no quiso ejercerse. Lo cierto es que también se usaron los ahorros de los individuos afiliados en otros asuntos, como fincas y clubes, como se registró en algunos casos muy sonados (Angarita, J. 2023).

O que esa quiebra haya sido generada por un mal cálculo de la UPC (Vesga, Ana. 2023) (Barragán, Andrés. 2023) (y de las demás fuentes de aporte al sistema), por falta de calidad en algo tan exigente y complejo durante toda la vida del sistema, por lo cual se puede concluir que los responsables gubernamentales hacia atrás no actuaron con la debida responsabilidad y diligencia. No se debe perder de vista también la ocurrencia de la pandemia años atrás, que pudo haber cambiado patrones en el modelo de salud que hasta ahora podrían estarse materializando.

O con intención, para quebrar al sistema y propiciar la reforma, como en estos días se alude debido a la politización y la ideología estatizadora que se le conoce al actual Gobierno. Junto a esta última posibilidad, también podría haber erodado la ya crítica situación del sistema, la demora en los giros que han expresado los administradores de las EPS (López, José. 2024). De paso, que el Estado tome las funciones que permitieron las presumibles acciones corruptas de algunas EPS es poco probable que solucione el problema, porque no se habrá solucionado la corrupción cultural reinante y porque la administración pública es especialmente vulnerable a ella.

El diseño de la organización del sistema genera incentivos en su contra

Más allá, el análisis de Flórez y Pérez y Soto explica cómo el diseño del modelo de competencia gestionada por el legislador y gestionada por el regulador (también referido como esquema de competencia regulada) no propicia la competencia, es estático para un sistema tan dinámico, en donde los precios (UPC) se establecen por decreto y los competidores (un oligopolio en la práctica, determinado por el regulador) no tienen que competir por los clientes (afiliados) de donde se pueden desprender incentivos para cortar costos (mal servicio, no servicios preventivos y negación de procedimientos, empujando a los usuarios a entablar tutelas) y en centrarse en cabildeo para capturar al legislador y al regulador para mejorar su negocio a través de gabelas en la ley y de menores controles. En últimas, lo que se ha observado es que este diseño no apunta a libertad de mercado con empresas privadas compitiendo sino a un mercado planificado por decreto, vulnerable a la corrupción, en donde los privados prestan servicios precariamente regulados y controlados, y sin tener que competir (Flórez, K; Pérez y Soto, A. 2014).

El causante primario

Seguramente la crisis es consecuencia de una combinación de las anteriores causas posibles y se necesita que las entidades de control aclaren cuáles y en qué proporción. Los sentimientos de impotencia, rabia y desesperanza que genera esta auscultación al corazón de la crisis del sistema de salud deben servir para generar conciencia. No es que la corrupción y los malos manejos no nos toquen a los ciudadanos de a pie, y que da pereza lo que pase en política. El causante primario de este asunto tan grave es el colombiano promedio, cualquiera de nosotros, que no le paramos bolas al manejo del Estado y dejamos que los mismos se salgan con las mismas prácticas, elección tras elección. La conciencia y participación política no se pueden delegar y menos darle la espalda.

Ahora es tiempo de arreglar lo necesario para erradicar las causas de los problemas, completar lo que faltaba y consolidar un sistema que logre avanzar con mejores resultados.

Rafael Fonseca Zárate

@refonsecaz

Referencias:

Angarita, Jenny (2023). Caso Saludcoop: Carlos Palacino se entregó a la justicia. La W Radio, 16 de noviembre de 2023.

Barragán, Andrés (2023). Adres nos paga a las EPS cada mes, pero el problema es que eso no nos alcanza. COMPENSAR en La República, 1 de septiembre de 2023.

Flórez, Katherine; Pérez y Soto, Alejandro (2014). El diseño institucional del sistema de salud colombiano: el papel de los supuestos de la política y la legislación en clave de análisis económico. Revista Gestión & Desarrollo, Universidad San Buenaventura, Volumen 11 Número 1.

López, José (2024). Anif considera que la crisis en el sistema de salud sería inducida por parte del Gobierno. Centro de Estudios Económicos, ANIF, en La República, 10 de abril de 2024.

Vesga, Ana (2023). Acemi propuso consolidar las funciones de Gestoras de Salud sin el riesgo financiero. ACEMI, en La República, 15 de octubre de 2023.

Rupturas que nos esperan en el siglo XXI

Escrito por Rafael Fonseca en Ago 30, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

Por: Rafael Fonseca Zárate

Así como vamos, para el año 2100 la tierra habrá alcanzado 3.3 grados centígrados más que la época preindustrial (antes del siglo XIX) como lo muestra el simulador climático del MIT. Los 14,000 científicos alrededor del mundo reunidos en torno al IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change (ONU) han establecido una meta física, técnica y económicamente posible de 1.5 grados de aumento (sobre la temperatura promedio de la tierra antes de la revolución industrial. Están alarmados, como lo indica en la revista BioScience (Oxford Academic): “advertir claramente a la humanidad de cualquier amenaza catastrófica, y están pidiendo un cambio transformador” con urgencia, porque en el 2050 ya habremos superado los 2 grados (La paradoja del negacionismo). Esta es la primera ruptura que nos espera.

La humanidad mayoritariamente aún no está entendiendo las consecuencias funestas del cambio climático y de la pérdida de la biodiversidad para nuestra vida sobre el planeta, generadas por el consumo de todo tipo de productos para mantener la comodidad actual, por lo que no han cedido los contaminantes y la explotación de materiales en la naturaleza. Pareciera que el mundo le apuesta a que los adelantos tecnológicos van a solucionar el problema y que no es necesaria la conciencia sobre el problema, que cambie comportamientos.

En su libro 21 lecciones para el siglo XXI (Harari, 2018), entre muchos asuntos dice que tanto la biotecnología, con la genética principalmente, como la infotecnología, con inteligencia artificial, automatismo y robótica, podrían salvarnos del cambio climático y de la pérdida de la biodiversidad, que llegarían a dejarnos sin el espacio vital de la tierra, al menos como la conocemos hoy. Pero también advierte que un fuerte enigma se cierne sobre la humanidad por tener desconectados los aspectos tecnológicos con los humanos y éticos.

Desde su análisis, más profundo, en Crisis y revolución en el pensamiento científico contemporáneo: la hipótesis del Nuevo Saber (Delgado, 2006), escrito más de una década antes, su autor ya abordaba la explicación de los cambios que han venido con las rupturas en la ciencia desde el siglo XX. En las palabras de su autor, principalmente en tres tipos de avances: la física del micromundo (la física cuántica), la cibernética y las biotecnologías.

Con la física del micromundo los humanos empezamos a tener conocimientos para trabajar con los niveles fundamentales de la materia y de la energía. Pronto esa potencialidad de creación se transformó en las bombas atómicas convirtiendo los avances en destrucción. Desde entonces tenemos esa amenaza vigente.

Con la cibernética, incluyendo las ciencias de la información y la microelectrónica (equivalente a la infotecnología en Harari) la humanidad llegó a la creación de la vida artificial, expresada en sistemas autónomos, inteligencia artificial y robótica, y la interacción, hasta hace poco tiempo utópica, de la fusión de los dispositivos técnicos con los sistemas vivos.

Con las biotecnologías (equivalentes en Harari), con avances espectaculares: clonación, modificación genética de animales y plantas, y sobre todo, instrumentación de esos avances para producción a gran escala y en breve tiempo convirtiendo los laboratorios en industrias creadoras de vida en modo concentrado e intensivo.

Como se lee, en las tres hay la potencialidad de crear nuevas formas de vida. Ya no se trata de ciencia que observa, descubre y explica los fenómenos de la naturaleza. Y estos avances han llegado al mismo tiempo con evoluciones sociológicas y económicas que empeoran el enigma que se cierne sobre la humanidad.

La ciencia clásica excluyó a la ética desde Descartes en el siglo XVII al proclamar que la ética le era intrínseca a la ciencia, y por lo tanto la ética debía ser estudiada por la filosofía de forma separada. Tal separación llega hasta nuestros días en los que tenemos que enfrentar que la proclama de Descartes seguramente era válida para su época, pero no en la nuestra donde hemos visto los avances científicos convertidos en armas de guerra, dominación, destrucción e incluso, auto-destrucción. Sin ningún límite de comportamiento basados en una ética, con un similar nivel de desarrollo a la ciencia, en torno a los principios morales que construyan el respeto a la vida, el derecho a vivir de todo ser vivo y opuesto a cualquier forma de violencia o discriminación que ponga en peligro su vida.

En las centurias anteriores al siglo XX en los que la ciencia era observadora, descubridora y explicadora de los fenómenos naturales, la dicotomía de la ciencia y la ética se sobrellevaba con una sociedad conservadora y temerosa ante los avances de la ciencia. Por el contrario, en nuestra época ya no solo enfrentamos rupturas en la ciencia, que pasó de explicar los fenómenos de la naturaleza a tener la capacidad de crear vida, sino que ahora tenemos con una sociedad liberal, individualista, consumista, que se ha engolosinado con la comodidad, no solo con el bienestar alcanzado, y al mismo tiempo con una hiper concentración de la riqueza y una pobreza generalizada en el tercer mundo.

Nos esperan una o varias revoluciones, pese a la fuerte explicación de por qué ya una revolución no es posible (Han, 2022), en la que el filósofo coreano-alemán resume bien el meollo actual: el sistema capitalista neoliberal ha sabido esclavizarnos voluntariamente, sin siquiera ser conscientes del sometimiento, aun cuando creamos que estamos en libertad.

Pero revoluciones de mayor grado, verdaderas «rupturas epistemológicas» (cambios radicales de paradigmas en la ciencia, no simplemente modificación de los conocimientos existentes, sino que suponen un cambio radical en la forma de entender la realidad) en las ciencias sociales y humanas, para construir y establecer las interacciones éticas necesarias que permitan a la humanidad sobrevivir con éxito el cambio climático, la desigualdad, la pobreza y la hiper concentración de la riqueza.

Para lograr el equilibrio entre las ciencias naturales y exactas con las ciencias sociales y humanas, que corrija la concepción errada de la cultura científico-técnica por encima de la humanística, que integre ética y ciencia, desarrolle una sabiduría científica y moral integrada, y que dé como resultado ciencia con valores.

Ahora, después del siglo XX, ya sabemos bien que la ciencia en contubernio con el poder económico y sin marco ético, puede llevarnos a la destrucción o a la dominación total.

Referencias

Delgado, C. J. (2006). Crisis y revolución en el pensamiento científico contemporáneo: la hipótesis del Nuevo Saber. En C. Marletti, & P. Ravelo, El gesto de la filosofía hoy. La Habana: Edizioni ETS – Pisa Imágen Contemporánea.

Han, B.-C. (2022). Capitalismo y pulsión de muerte. Barcelona: Herder.

Harari, Y. (2018). 21 lecciones para el siglo XXI. Debate.

@refonsecaz

¿Qué resultados producen los pequeños remedios para un gran mal?

Escrito por Rafael Fonseca en Ago 23, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

Este tema tiene que resultarnos interesante porque vivimos con grandes males. Solo para enunciar algunos: corrupción, narcotráfico, pobreza, desigualdad, y un largo etcétera en todo tipo de asuntos de la vida cotidiana. Y todo a lo que podemos aspirar es a que se planteen pequeños remedios, y si nos va bien, a que se implementen esos pequeños remedios.

La frase original es del filósofo y economista británico John Stuart Mill (1806-1876) y es de hace más de un siglo: «Contra un gran mal, un pequeño remedio no produce un pequeño resultado; simplemente no produce ningún resultado«. Una frase tremendamente actual.

Mill es un autor muy importante en economía por su defensa al libre mercado, a la teoría del valor subjetivo y también a su defensa de la función reguladora del Estado para corregir las fallas del mercado. Claro que, quienes conocen el “principio de la utilidad” de Mill, con la que se le considera como unos de los principales exponentes del utilitarismo, pueden no estar de acuerdo con una faceta de la frase que explicaré en forma breve. El utilitarismo sostiene que el principio moral para una decisión consiste en maximizar el beneficio para el mayor número de personas; suena lógico, pero se puede interpretar que tiene una extensión: por encima del derecho individual.

El utilitarismo puede conducir a resultados éticamente controvertidos. El ejemplo clásico es alrededor de la pena de muerte: los utilitaristas sostienen que la pena de muerte es moralmente justificable si disuade a otros de cometer delitos; sin embargo, otros sostienen que la pena de muerte es moralmente incorrecta, incluso si disuade a otros de cometer delitos, porque viola los derechos individuales. Para terminar sobre el tema, en nombre del utilitarismo se podrían argumentar decisiones que estarían cercanas a movimientos discriminatorios, al fascismo y a la validación de tiranías.

Comentar sobre Mill era necesario para evitar que se usara una falacia ad-hominen y así quitarle valor a esta frase, tan interesante, que desde luego tenemos que encuadrar siempre dentro de la ley y los derechos humanos. Pero sí nos permite reflexionar mucho.

La reflexión de fondo tiene que ver con la real posibilidad de establecer un gran remedio para un gran mal, o de lo contrario, no desgastarnos más haciendo pequeños remedios que nos mantengan entretenidos y abobados, a sabiendas que no producirán ningún remedio. Aunque suene tonto esto, en eso nos la pasamos: leyes, políticas de Gobiernos, decretos, estrategias, programas y planes, que no solucionan ningún problema. Y en todos los períodos repetimos la dosis, una y otra vez como si careciéramos de inteligencia.

Y caben más sub reflexiones, puesto que es usual que nos quejemos de que los demás son los que no hacen lo debido, pero no hablamos sobre qué es lo que podemos hacer nosotros para contribuir a la solución. Para que quede claro, aquí va una lista de lo que cada colombiano puede hacer para ayudar, entre todos, a formar un gran remedio al mas grave gran mal, la corrupción.

No ser pícaro, tramposo, mañoso, ni corrupto en forma alguna.
No participar en ningún acto corrupto en ninguna forma.
Evitar a personas que se sabe son corruptas, pícaras, tramposas, o mañosas.
Denunciar todo acto o forma corrupta que se conozca, sin importar que prospere o no la denuncia. Hay que lograr que a punta de persistencia se avance en la lucha contra la corrupción, así sea de forma anónima.
Votar por candidatos que de ninguna forma aparezcan asociados con actos corruptos en el pasado.

Algunas organizaciones que ayudan a esta lucha: Pacto Global Red Colombia, Transparencia por Colombia, Secretaría de Trasparencia de la Presidencia.

No nos quejemos más por la corrupción: ¡actuemos en contra de la corrupción!

Rafael Fonseca Zarate

Corrupción de alto nivel

Escrito por Rafael Fonseca en Ago 17, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

El caso del grupo AVAL y Corficolombiana está debidamente explicado por periodistas de la talla de Ana Bejarano Ricaurte (Cambio, 2023) y María Jimena Duzán (Cambio, 2023), cuyos artículos es importante leer para entender, no solo el caso en sí mismo, sino cómo opera la tergiversación de la información para hacer pasar un acuerdo de enjuiciamiento diferido que tiene un pago (enorme, 80 millones de dólares) para no hacer los cargos ahora, y esperar a que se cumplan algunas condiciones en tres años para archivar el caso o formular los cargos entonces y continuar con el juicio. Nada que ver con el cierre del caso con el pago de una multa como lo han querido hacer pasar El Tiempo y la revista Semana.

En estos dos medios es habitual que la información se tuerza y tergiverse para que la realidad se convierta en conveniente para sus accionistas, no importa lo grave que sea. Peor en este caso, que se trata nada menos que del más rico de Colombia, dueño también del periódico El Tiempo. Para el público se convierte en desinformación. No solo la enorme corrupción que está involucrada en el caso sino esta otra forma de corrupción que considera que los seres humanos son tontos, y que se les puede inocular información falsa. Bueno, sí pasa; si no, no lo harían: saben que funciona. ¿Dónde, se pregunta uno, está el sentido profesional y ético de los “periodistas” que trabajan en estos medios? La respuesta es obvia; no hay necesidad de desplegar más desprecio por el valor de sus conciencias que resulta tan escaso.

Por fortuna, aún tenemos algunos periodistas que son nuestra última frontera de esperanza. Cualquiera que lea las explicaciones del caso, de inmediato llega a la pregunta ¿y qué pasó con la justicia en Colombia? ¿no hizo nada? ¿hubo que esperar que en Estados Unidos se persiguiera al enorme grupo económico y tan importante entre nosotros, por usar el sistema bancario de ese país para pagar sobornos, para que confirmáramos lo que ya se sabía a voces aquí? Desafortunadamente, como me recordaba ayer un taxista opinador, la justicia en nuestro país sí es para los de ruana; lamentablemente es así, y este caso, como ninguno otro, lo confirma plenamente. En Colombia, entre más rico y poderoso se es, menos probabilidad hay que lo toque la justicia ante un delito. Hay artículos de opinión sobre el caso, en todos los medios, que recuerdan que el Fiscal Martínez era juez y parte para el grupo Aval (su cliente); empezando por ahí…

Pero quedan también otros interrogantes, de esos que mal llamamos en estas tierras “de malicia indígena”, como por ejemplo: teniendo semejante poder, que puede poner presidentes y congresistas, que hace algunos pocos años se jactaba de tener el “pasatiempo” de escribir las leyes, que da el visto bueno para las grandes políticas que se le ocurren a los gobernantes de turno… ¿cómo es que tiene que pagar sobornos (coimas, mordidas) para obtener contratos del Estado? Esta pregunta podría tener dos lecturas en la mente siempre suspicaz de los colombianos de a pie, a cual más de desesperanzadoras y graves. La primera, expresada con otra pregunta ¿es que así ha hecho su fortuna? ¿a punta de sobornos, torcidos y corrupción? Y la segunda, también con otra pregunta: si el más rico, el que manda, tiene que pagar para trabajar, ¿Cómo será la podredumbre generalizada que hay en el Estado colombiano?

Esta es una radiografía de nuestro alto nivel.

¿Podrá alguien señalar el camino que nos saque de esta inmundicia? Sin derrotar a la corrupción, de alto, medio, bajo nivel, la de los enormes negociados hasta la cotidiana, la de la trampa al vecino, no vamos a dejar atrás el subdesarrollo, la pobreza, la desigualdad, la falta de justicia y la impunidad resultante, y así no tendremos chance de mejorar el bienestar para todos los que vivimos en esta tierra.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

Corrupción, sólo 500 años de experiencia

Escrito por Confidencial Noticias en Ago 2, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Opinión | Ven, Punto de inflexión, Venezuela.

En días pasados el secretario general de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas -ACCE-, Alcides Gómez, durante la instalación del foro La corrupción en Colombia y las propuestas para su eliminación, organizado en conjunto con el Colegio Máximo de las Academias de Colombia -COLMAC-, y el Instituto Anticorrupción -IA-, hizo la presentación histórica del problema de la corrupción, remontándose hasta la colonia.

Presentó algunos fragmentos tomados del libro Corrupción: metáfora de ambición y deseo de Hermes Tovar Pinzón (Ediciones UniAndes, 2014) que nos llevan directamente a las raíces del problema más sofocante que tenemos, que es a su vez causa de la mayoría de los demás problemas que sufrimos, que no solo no nos deja avanzar sino que nos mantiene anclados al subdesarrollo y sin esperanza de salir de la pobreza y mejorar la desigualdad.

Las tres instituciones que nos trajo la colonia fueron la encomienda, la alcabala y la iglesia católica. El recorrido por estos fragmentos nos da una repasada sobre cómo estas instituciones forjaron una cultura de corrupción muy arraigada que fomentó la pobreza, la desigualdad, el racismo y la injusticia. Son hoy, esos resultados con los que nos ha tocado vivir.

Por considerarlo de gran importancia para la comprensión real del problema mayor de los colombianos, comparto los fragmentos de la conferencia (en una adaptación libre) que permiten visualizar aquella época infortunada:

La colonia tuvo una historia de poder, de familias poderosas y caciques locales que cayeron en la tentación de la corrupción y el fraude. En la sociedad colonial, funcionarios estatales, líderes religiosos y gamonales utilizaron lo ilícito para enriquecerse, generando malestar social. Las relaciones de poder se basaban en conveniencia, amiguismo, parentesco y prejuicios, lo que permitía el acceso a tierras, negocios y cargos mediante prácticas corruptas.

Durante la colonia, burocracia, empresariado e iglesia explotaron y dominaron la sociedad, incluyendo a indios, negros y mestizos. Esta «Santa Trinidad» creó sistemas de opresión, soborno e injusticia, con tribunales propios para castigar y torturar. Se unieron para controlar la tierra, ingresos fiscales y todas las estructuras de poder, afianzando su hegemonía e inmoralidad.

A lo largo del tiempo, se estableció la exclusión social y el racismo como formas de marginar y establecer una nueva estructura de castas en las colonias. Surgieron sistemas que limitaban las oportunidades de desarrollo para unos pocos. Se forjaron los pilares para mantener la impunidad y reprimir a aquellos que desafiaban su poder y privilegios en busca de libertad, democracia y derechos fundamentales. Los que controlaban el poder público ignoraron que, si el costo de la ley supera sus beneficios, la ley se incumple y se consolida la ilegitimidad.

En el mundo colonial, se aceptaron y promovieron conductas de despilfarro, violencia e impunidad, lo que dio lugar a una cultura de saqueo arraigada en el Estado colonial y posteriormente en la República, aún bajo los estandartes de libertad y orden. A pesar de los controles fiscales y restricciones comerciales, el desfalco, robo y evasión de impuestos fueron comunes, al igual que el contrabando de diversos bienes, respaldado por las autoridades aduaneras y militares de puertos y ciudades pequeñas.

La ilegalidad y la informalidad se afianzaron con el respaldo de funcionarios de alto y bajo nivel, así como de personas interesadas en beneficiarse de estas prácticas opacas de la economía. Desde mercaderes hasta oficiales reales, gobernadores y hasta obispos, todos se vieron involucrados en la corrupción, como se decía en la época alrededor de 1630.

Estas conductas operaron como la principal forma de acumulación de capital y riqueza para algunos en la época colonial, mientras que para otros eran medios de supervivencia. La escasez de oportunidades económicas impulsó el enriquecimiento de grupos que se establecieron en ciudades, villas y poblados, a través del uso de recursos públicos, la sobre explotación de los tributos y la evasión de impuestos. Esta ambiciosa economía de codicia y corrupción llevó a los menos favorecidos a imitar a predicadores de normas y leyes sobre el orden y la moral.

Los gobernantes, quienes debían promover la honestidad, equidad y equilibrio social, no fueron un buen ejemplo para los grupos subalternos que siguieron sus prácticas éticas. Un ejemplo de esto fue el fiscal de la audiencia de Panamá en 1608, quien reportó grandes fraudes en las aduanas durante la llegada de las flotas a Portobelo (Panamá) pero culpó a personas pobres de Sevilla (España) por dejarse sobornar.

Alrededor de 1620, los oficiales reales en Cartagena de Indias dejaron de inspeccionar los navíos a cambio de sobornos para permitir la introducción ilegal de negros y otros bienes de contrabando. Aproximadamente la mitad de los negros introducidos entre 1618 y 1620 fueron contrabando, y las autoridades recibían un tercio de los impuestos recaudados, que se repartían entre el teniente Gobernador, el tesorero y el contador. Un grupo de subalternos y colaboradores facilitaban el funcionamiento de estos sistemas corruptos, donde la inequidad en los ingresos y la impunidad en la justicia se consolidaron como los principales pilares de la corrupción desde el siglo XVII.

Durante la primera mitad del siglo XVIII, el contrabando se convirtió en un modo de vida que unía a políticos, funcionarios militares y comerciantes en una poderosa y persistente camarilla de contrabandistas. Incluso el virrey Villalonga fue acusado de extorsión y destituido debido a su complicidad con el gran grupo de contrabandistas establecido en Cartagena.

Después de 1830, quienes lideraron la construcción de la República heredaron los antivalores y corrupción del pasado, considerando legítimo mantener el dominio sobre cabildos, gobernaciones y aparatos estatales, así como los recursos públicos, sin los controles impuestos desde la metrópoli colonial. Estos herederos de la cultura de la venalidad y el cohecho establecieron una ética republicana basada en sus antiguos vicios y privilegios. Aunque ya no pagaban por los cargos burocráticos, utilizaron los recursos públicos para enriquecer a sus allegados.

Casi todas las guerras civiles buscaron intereses burocráticos más que fines políticos, ya que el botín estaba en las rentas públicas, utilizadas para recompensar a sus seguidores con pensiones, bienes y cargos oficiales. Los partidos luchaban por obtener el control de la administración pública para favorecer a sus allegados y familiares. Al ser denunciada la corrupción, los grupos en el poder respondieron con represión y violencia para silenciar a los críticos.

Esta dimensión humana de la corrupción y su evolución histórica se encuentran registradas en archivos históricos de Europa y América Latina. El impacto económico y los costos sociales de este desfalco han sido devastadores para el crecimiento y desarrollo de las regiones y de la nación colombiana.

Que legado tan funesto. Los 500 años de experiencia en todo tipo de prácticas corruptas explican nuestra cultura tan fuerte al respecto, y nos deja con la necesidad de ser más agudos y ácidos en la auto reflexión, en la reflexión conjunta y en el diseño de soluciones, desde puntuales hasta generalizadas, desde individuales hasta colectivas, desde legales hasta éticas, que nos permitieran tener al menos la esperanza de que algún día podríamos mejorar.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

Balance desolador pero bien conocido: corrupción e impunidad

Escrito por Rafael Fonseca en Jul 26, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

La impunidad es sobre todo una recompensa. Una recompensa para los corruptos que pueden llevarse el botín y los alienta a seguir robando. Recuerda esto una frase de Ayn Rand: “cuando caes en cuenta que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un sacrificio personal, entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que tu sociedad está condenada». Así estamos, condenados si no logramos hacer que una parte importante de la política colombiana haga los arreglos que se necesitan para parar la corrupción generalizada.

Sobre el “hallazgo desolador” del Secretario de la Transparencia, no hay nada de qué sorprendernos (CM&,2023). Es cierto que una impunidad del 94% es asombrosa. No se entiende cómo una sociedad puede vivir sin justicia. Pero no puede sorprendernos cuando es normal y cotidiano, desde hace décadas, que se destapen nuevos “escándalos” (no se escandaliza nadie ya) de personajes de la política. Los conocemos a través de los titulares de periódicos, revistas y sitios de internet que usualmente aprovechan para atacar a quienes les sean contrarios a los intereses de los dueños de su medio de comunicación, en el ejercicio, también corrupto, del oficio de “informar”. Lo único que ha ido cambiando, francamente al alza, es el monto de tales “escándalos”.

Por lo cual, lo “destapado” por el Secretario de Transparencia de la Presidencia Andrés Idárraga sí constituye un balance desolador, como él lo llama, pero no es un gran descubrimiento. Sí podría ser muy importante si en realidad este Gobierno estuviera dispuesto a “meterle ganas” para disminuir la corrupción. Si sólo es un mecanismo para desprestigiar al Fiscal y enviarle un mensaje de “hagámonos pasito” entonces no pasará nada diferente a todo lo anterior; no nos olvidemos que, en los hervores de todas las campañas, sin excepción, todos los candidatos han prometido que atacarán la corrupción, y nosotros, el pueblo bobo, vuelve y cree. Cínicamente, porque sabían que no lo iban a hacer, como en efecto, no lo hicieron. Ninguno.

Hay que advertir que no todas las denuncias tienen que terminar en encarcelamientos o terminan siendo “un positivo”, lo que significa que el número de denuncias que se manejan puede ser más alto que lo debido, y por su parte, la más grave, no todos los actos corruptos tienen su denuncia, lo que significa que el número de denuncias puede no reflejar un número mucho más grande de contratos con corrupción porque no hubo denuncias. Esto puede tener muchas causas (ejemplos): a la gente le da miedo denunciar, o piensa que no va a pasar nada denunciando y para que perder su tiempo, o porque se terminó la ejecución con todo y corrupción, o porque ya ha hecho carrera que así es el asunto y hay que aceptarlo.

Como todos podemos inferir, en la medida que haya más impunidad hay más corrupción por no haber ninguna consecuencia adversa por cometer ilícitos. Sin tener en cuenta la aclaración del párrafo anterior, con total impunidad (94%) pues debemos tener total corrupción. Algo así es lo que se percibe. No tenemos una cifra cierta sobre la corrupción, solo algunas estimaciones de las entidades de control de años recientes que hablaron de 50 billones anuales (ElPaís, 2017)(Alponiente, 2022); es posible que se queden cortas.

El sistema de control (Contraloría, Procuraduría y Fiscalía) y el judicial (jueces, tribunales y altas cortes), como se sabe con casos ciertos, han entrado en la cadena de corrupción y que, como dice el Secretario, son responsables de la impunidad. Desde que los montos de corrupción son enormes se habilitó también que hubiera dinero para silenciar y torcer a todos los posibles actores en el proceso. Pero, desde luego, la mejor forma de que no haya impunidad es que no haya corrupción a la cual procesar judicialmente y no termine en impunidad al final. De Perogrullo.

Y hay varias medidas preventivas de bulto, que se le pueden sugerir al Secretario con el mejor ánimo de proponer los cambios necesarios.

Posiblemente el aumento de los montos de la corrupción haya influido en forma directa en una mayor impunidad, porque habilita el pago de los torcidos en todo el sistema, desde los que entregan el contrato, los de los entes de control y los jueces hasta las altas cortes. Por lo tanto, hay que prohibir la agregación de contratos y en lo posible que, al revés, se desagreguen en partes más pequeñas. ¿Para qué agregar muchos colegios regados en la geografía nacional en un solo contrato, como lo hizo el FFIE? Con contratos pequeños, el monto es menor y la corrupción no alcanzaría para pagar a toda la cadena.

La más importante en todo caso, es prohibir las figuras que posibilitan que los dineros públicos no se controlen como públicos sino como privados, es decir, al antojo de quien los contrata. Ese es el caso de las entidades de economía mixta, de moda entre las entidades territoriales, que van desde poblaciones pequeñas hasta la mismísima Medellín. Al poder establecer las reglas como privado no se utilizan pliegos tipo para escoger al contratista; por supuesto, el pliego de condiciones se hace a la medida (sastre) del contratista que viene escogido de antemano. Esta cadena de corrupción, como ya se sabe también desde hace años, parte desde el Congresista que “consigue” los recursos y llega hasta el Alcalde, y seguramente funcionarios que se puedan atravesar o deban participar, que hacen caso y también participan del botín. Hay para todos. Desde luego, el contratista es parte de la banda.

En el Gobierno Duque y en este, los Presidentes han prohibido que no se usen pliegos tipo en las contrataciones del orden nacional mediante sendas “directivas presidenciales” a las que ninguno de sus funcionarios ha hecho caso y que terminaron siendo retiradas sin pena ni gloria meses después. A este nivel es la fuerza del “sistema corrupto” que hasta el todo poderoso Presidente de turno resulta pintado en la pared, seguramente por condicionamiento de los Congresistas que le advierten al mandatario que no lo acompañarán en sus iniciativas en el Congreso si no tienen como hacer fluir el dinero ilícito al que están acostumbrados.

Si el señor Presidente y su Secretario de la Trasparencia quieren de verdad impactar positivamente y en forma descomunal al país, lo que tienen que hacer es desmontar la posibilidad de saltarse la Ley 80 de 1993, a través de la figura descrita, que incluye la mermelada como se le conoce a los “acuerdos” que hace el Ejecutivo con los Congresistas para garantizar su “gobernabilidad”.

Los funcionarios de todas partes de la geografía nacional dirán que entonces no van a poder hacer mayor cosa en sus periodos puesto que los procesos de contratación son muy engorrosos. En la medida en que lo que les interese a los gobernantes sean los contratos y no los proyectos, la demora en los procesos perjudica a sus infames bolsillos. Pero es que los proyectos bien pensados para mejorar algún aspecto en el bienestar de los habitantes, bien planeados, bien licitados, bien contratados y bien desarrollados tienen ciclos de madurez que requieren tiempo. No obstante, se podría estudiar cómo mejorar los tiempos en esos procesos, puesto que siempre se encontrarán oportunidades dentro de la legalidad y con mayor uso de la tecnología. Se necesita que Colombia Compra Eficiente desarrolle un proceso eficiente al mismo tiempo de salvaguardar la trasparencia en la adquisición de bienes y servicios del Estado. Y en últimas, solo al principio habría un impacto en la ejecución mientras se hace el ajuste requerido, porque después los procesos fluirían con sus tiempos necesarios, aunque algunos pasarán de un período anual al siguiente, asunto que tampoco les gusta a los funcionarios corruptos porque les quita manejo frente a los otros actores corruptos coequiperos en el robo de los dineros públicos.

En este tema, especialmente, saber lo que se debe hacer esta bien pero no significa mayor cosa. Lograr hacerlo es lo que se lleva todos los méritos. Ninguno de los que pertenecen a este sistema corrupto querrá ayudar, como es apenas lógico. Y eso puede significar una gran soledad en una batalla peligrosa al máximo, que exige entonces mayor inteligencia y coraje. La gran oportunidad para, de verdad, cambiar al país y de paso para cumplir con la promesa de campaña y ganar una enorme cantidad de puntos en la opinión pública. Sin duda.

Rafael Fonseca Zárate

@refonsecaz

Saliendo de la crisis en la vivienda

Escrito por Rafael Fonseca en Jul 20, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Sociedad Superficial.

Las fuentes de la crisis en el sector de la construcción de vivienda provienen de varios frentes como lo han explicado los analistas (Casas en el Aire, EL Tiempo, 2023 y varios más). Uno tiene que ver con las tasas de intereses que subieron al ritmo de la inflación y de la reacción del Banco de la República subiendo su tasa de referencia, otro de la desaceleración de la economía que trae consecuencias en el empleo, otro proviene de las medidas que tomó el Gobierno en torno a los subsidios, o de la inflación específica de los materiales de construcción y al menos otro que habla sobre el pesimismo que invade a los ciudadanos cuando se presentan temporadas de malas calificaciones de los gobiernos.

53.3% de caída de la construcción en el primer semestre (Camacol entrevistado en La República, 2023), que es el doliente por ser el gremio de los constructores de vivienda, es alarmante y preocupa aún más por su encadenamiento de varios sectores, en especial la mano de obra no calificada y los materiales de la construcción.

Seguramente una parte importante de la causa, si no la más importante, tiene que ver con las medidas que tomó el Gobierno en el pasado abril con el Decreto 490 de 2023 en donde quita el precio de la vivienda como determinante en los subsidios y se establece la clasificación socioeconómica del SISBEN IV y se configura un sistema de puntajes para orientarlos hacia los hogares y municipios con necesidades mayores. Y se ha amplificado por la coyuntura de las tasas de interés, aunque manejable por el mismo Gobierno a través del mismo sistema de subsidios (a la tasa), los mayores costos de los materiales (que suben por la causas publicitadas pero no bajan cuando empiezan a desaparecer esas causas, y se convierte en especulación) y de pronto algo, aunque difícil de creer en los estratos a los que se dirigen los subsidios, por la opinión pesimista frente al Gobierno. Sin embargo, Camacol lo que resiente es la demora del Gobierno en reaccionar (La República, 2023).

En un artículo de noviembre del 2022 titulado “Subsidio VIS para clases altas” (ConfidencialColombia, 2023) di cuenta de la forma mañosa que hacían las constructoras para desviar subsidios para la Vivienda de Interés Social -VIS- a las clases que no lo necesitaban, estratos 5 y 6, con el esquema de renovación urbana, una especie de esguince para poder hacer el desvío. Todo legal, pero trampa al propósito del subsidio. Bueno, casi todo. Revisando el mecanismo de un contrato adicional para terminar el apartamento que ofrecían al límite de lo establecido en la norma quedaron muchas dudas de que eso fuera no solo tramposo sino también ilegal. La norma (Decreto 1077 de 2015 que estaba vigente el año pasado) decía que “Todos los valores contenidos en los contratos adicionales que se suscriban por parte del vendedor y los beneficiarios formarán parte del valor final de la vivienda” para efectos del cálculo del tope máximo, detalle que no se cumplía en los casos visitados. La información encontrada para el artículo citado mostraba que durante el año anterior (2021) el 70% de los recursos para subsidios que debieran haber beneficiado a las clases pobres, se había destinado a estratos 5 y 6 por este mecanismo. Había que hacer el ajuste corrigiendo esta injusticia, y desde luego hay que celebrarlo.

Pero trae también un cambio en los trámites que se deben hacer; en palabras de un potencial beneficiario “le pone muchas trabas a la compra de la vivienda” (CityTV, 2023) que hace más lento el proceso, lo cual también ha sido una causa para la crisis. Camacol dice que el 40% de los hogares no están clasificados en el SISBÉN lo que dificultará el trámite y habría que esperar para que logren hacer el proceso correspondiente, lo que ocasionaría un lento retorno a la mecánica que se llevaba, que prácticamente no tenía trámites (Portafolio, 2023)

Aún así, hay optimismo en el sector. La adición al Presupuesto General de la Nación por $1 billón para asegurar 75,000 subsidios (Ley 2299 de 2023) moviliza los recursos necesarios y la ministra Velasco dice que se va a pasar de 33,000 subsidios anuales que en promedio se lograron entre 2018 y 2020 a 50,000 entre 2023 a 2026 (MinVivienda, 2023). Y los empresarios, a través Camacol también se sienten optimistas (Camacol, 2023) aunque advierten que hay que disponer de mayores recursos porque la adición presupuestal no va a alcanzar. Hay que desear que salgan adelante los compradores y beneficiarios de los subsidios, que a los constructores les vaya bien en el proceso, que la economía repunte con este sector y que al Gobierno le funcione bien el ajuste para asegurar que los subsidios lleguen los necesitados y cierre la posibilidad de que injustamente vayan a engrosar las arcas de los que no los requieren. Este tipo de asuntos es necesario revisarlos en todos los sectores y hacer los ajustes que toquen.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

Contraloría no controla lo que debe controlar

Escrito por Rafael Fonseca en Jul 12, 2023. Publicado en Colombia, Opinión.

En los últimos días la Contraloría anunció un proceso en contra de los funcionarios del INVÍAS del anterior Gobierno que salvaron a la Nación de pagarle un monto adicional enorme al contratista del nuevo puente en Barranquilla sobre el río Magdalena en un reciente proceso ante su Tribunal de Arbitramiento, por haber pagado a los abogados y auxiliares de la justicia para lograrlo.

Opinan los funcionarios de la entidad de control que los 1,008 millones de pesos que pagaron para defenderse en el proceso arbitral eran evitables porque en un proceso ordinario se hubiera podido conciliar las diferencias con SACYR y tener el mismo resultado sin pagarle a la constructora un solo peso ni a los abogados y peritos (Las2Orillas, 2023). Y es que recurrir a la justicia ordinaria era el mecanismo de solución de controversias pactado en el contrato original que fue cambiado antes de la terminación del contrato por el mecanismo de resolución de controversias Tribunal de Arbitramiento, muy usado ahora porque es expedito.

Una opinión de expertos supone uno, pero opinión de todas formas. Y seguirá siendo opinión porque ya no se podrá saber cómo hubiera sido el curso de los hechos bajo esa opinión.

Como lo relatamos en el artículo Puentes agridulces la acción del INVÍAS, los abogados y los peritos evitó que la Nación le diera a SACYR otros 135,000 millones de pesos que estaba reclamando mediante el Tribunal de Arbitramento que falló que no había que pagarles nada.

La Contraloría resalta que al pactar el mecanismo del Tribunal de Arbitramiento antes de que se acabara el contrato, el INVÍAS había eliminado del contrato original la cláusula de resolución de controversias, mediante la cual la constructora hubiera tenido que recurrir a un proceso ordinario, cuyo primer paso obligado era la conciliación en la cual se hubiera podido llegar al mismo acuerdo, directamente, cero pesos de pago, sin “perder” lo de los abogados y peritos en el Tribunal. Con base en esa opinión, habría detrimento patrimonial.

Cuando SACYR salió ganadora en la licitación, y al revisar el diseño que debía construir determinó que no podía “apropiarlo” y que debería volverlo a hacer. El diseño original, adelantado por el reconocido diseñador Jaime Fandiño y su empresa, contando con expertos internacionales tan importantes como Jose Fernández Casado con la dirección del famoso ingeniero Materola, no dejaba duda en la calidad del mismo.

Pero para SACYR no debía ser así, ya que como buenos expertos en contratación con nuestro Estado, no podían “desaprovechar” la oportunidad de argumentar aumentos en el monto del contrato usando el procedimiento de “apropiación de los diseños” y efectivamente lograron facturar 120,000 millones de pesos adicionales a los 630,000 millones de pesos de la oferta original con la que se habían ganado la construcción del puente. Nada despreciable.

Su argumentación se basó en que tenían que construirlo sin prefabricación para que les saliera menos costoso; inaceptable porque se ganó el contrato dados unos diseños completamente terminados, con planos perfectamente listos para construir que supuestamente había estudiado en detalle para poder licitar. Pero además, insólito que cambie los diseños para reducir costos y no solo haya que pagarle más por el cambio de diseño sino que al terminar esté reclamando 135,000 millones de pesos más porque tuvo mayor permanencia en obra, precisamente por haber cambiado los diseños. ¿Quién entiende nuestra debilidad institucional?

La apropiación de los diseños es un paso obligatorio que se inventaron en el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU– de Bogotá, de la década de los años 90, con la directora Patiño, que buscaba una solución a tanto lío que había entre la entidad y los contratistas que argumentaban defectos en el diseño que les entregaba el Instituto pero que eran desde la licitación parte de las reglas de juego. Quería trasladar el riesgo-diseño al contratista para que no reclamara por sus posibles defectos. Al principio funcionó bien e incluso llegó a ser el modelo que adoptaron las entidades públicas a nivel nacional como mejor práctica para contratos de obra pública. Pero si el contratista no quiere “apropiar” el diseño tiene la posibilidad de hacerlo de nuevo; obviamente, pronto se dieron cuenta que los diseños hechos por el mismo contratista daban la oportunidad de cambiarlo en su beneficio y en desmedro de la entidad y de todos los ciudadanos. Los contratistas tienen claro su objetivo, no obstante no sea ético, siempre que siga siendo legal. De paso, acabaron con la consultoría de diseño: ¿a quién le importa lo bueno o malo de un diseño que no se usará?

El problema es que en el proceso del Tribunal de Arbitramiento los peritos técnicos demostraron que el diseño original era un buen diseño y que en cambio el rediseño de SACYR no solamente cambió el precio y el tiempo de ejecución sino que cambió los parámetros de diseño que no podían cambiarse, como el gálibo y la longitud, asuntos que no han debido aprobarse en su momento. Hay que recordar que el gálibo, que es la altura máxima disponible para el paso de los buques en este caso, era la razón para hacer el nuevo puente. Esa razón era incambiable, desde luego.

Los que conocen de grandes contrataciones estatales opinan que SACYR es un duro jugador, muy avezado, que difícilmente pondría una reclamación tan grande para conciliar en el primer paso del proceso y aceptar que no le pagaran nada. Claro, son opiniones.

Como la opinión de la Contraloría.

¿Qué actuaciones ha tenido este ente de control en torno al cambio de diseño que también cambió las razones por las cuales hacer el puente y además con una argumentación técnica discutible (como se demostró con el proceso del Tribunal de Arbitramiento)?

No suena bien que anden buscando castigar a los funcionarios que defendieron los 135,000 millones de pesos adicionales que pretendía la contratista, y en lo cual tuvieron que gastar 1,008 millones de pesos, y al mismo tiempo no haber hecho nada para evitar el cambio de diseño y de sus parámetros que no podían cambiarse, y sí justificar con su silencio una fortuna adicional de 120,000 millones de adición al contrato original.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

No son los Wayuú los que cortarán el viento a ENEL

Escrito por Rafael Fonseca en Jul 6, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Opinión | Ven, Punto de inflexión, Venezuela.

El 25 de mayo pasado ENEL anunció que no iba más con su planta de generación de energía eléctrica Windpeshi con base en los vientos de La Guajira, debido a sobre costos que le ha implicado la interacción con la comunidad Wayuú.

La planta eólica tiene un costo de más o menos USD 1 millón por cada 1 MW instalado. Es decir, que para una planta de 205 MW debía costar USD 205 millones; se supo que han reportado hasta el momento un sobre costo de USD 80 millones, pero que podría llegar hasta completar USD 400 millones. Con seguridad, con ese desfase en la inversión, las expectativas de negocio se fueron al piso.

Por otro lado, el presidente Petro ha sido motivo de burlas en las redes de sus opositores porque confundió capacidad instalada (MW) con energía (GWh), restándole importancia a sus anuncios. Incluso con imprecisiones como la de Lloreda (ElPaís, 2023) que asignan un factor de planta por debajo de la mitad de lo que realmente es, quizás también para menguarle su impacto. Lo que produce por año efectivamente una planta se calcula como su capacidad instalada multiplicada por todas las horas del año y multiplicado por el factor de planta, porque no todas las horas se puede generar a plena capacidad. La maravilla de los vientos de La Guajira es que el factor es bien alto, de más de 50% (y no como yerra Lloreda poniendo el 30%). Por ejemplo, la planta que nos ocupa generará 1,011 GWh/año (La República, 2023) con una capacidad instalada de 205 MW, lo que implica un factor de planta de 56%.

El potencial de generación en La Guajira sí es enorme. Desde hace años se habla de la factibilidad de instalar 15,000 MW (CrudoTransparente, 2023). No obstante que el Presidente hable de 25,000 MW, quedémonos con el primer dato para ser conservadores. Si en toda La Guajira se tuviera el factor de planta de Windpeshi, la generación eléctrica anual en todo el departamento sería del orden de 73,584 GWh/año, muy parecida al consumo nacional en un año que es de 76,654 GWh (durante 2022, XM); solo que hay que almacenar su energía no despachable a la red en las horas de no consumo. Para ello hay que optar por baterías, hidrógeno líquido (verde) u otras formas muy interesantes que están saliendo de las investigaciones científicas movidas por la urgencia del cambio climático (reporte Iberdrola). Entre ellas, la utilización reversible de las hidroeléctricas para almacenar energía potencial en sus actuales embalses (BID, 2018).

Hasta el primer semestre de 2018 se pensaba que era imposible desarrollar el potencial de generación eléctrica en La Guajira por dos asuntos difíciles de vencer: al parecer los “dueños” del negocio de generación en el país bloqueaban los proyectos para la construcción de las líneas de conexión eléctricas que pudieran evacuar la energía que se produjera, y dos, los Wayuú que eran “muy difíciles de manejar”. El evento desafortunado en el túnel auxiliar de desviación en Hidroituango creó una crisis y probablemente el susto sirvió para destrabar la construcción de las líneas. No así el asunto con los Wayuú según las noticias que llegan desde Windpeshi.

Hace unos años tuve la oportunidad de participar en la estructuración del parque eólico Jouktai (viento en wayuunaiki) planta de 20 MW (hoy de Isagen), la primera que tuvo licencia ambiental después de Jepirachi (viento del noreste) que hizo EPM con dineros de fomento del Estado para que abriera esa frontera de desarrollo, pero que malogró en prácticamente todos los aspectos de ese piloto tan importante. Jouktai, con una capacidad de planta del 68% (más sorprendente aún), ha tenido una experiencia con los Wayuú diferente; sus promotores invirtieron algo más de 16 años gestando una relación armónica y confiable. En el proyecto estan incluidas las comunidades a través de sus cabildos y dos municipios, contando con sus autoridades ancestrales (esto es muy importante como se verá). Y participaron en el negocio de varias formas y no solo en el recibo de regalías; aunque no era alta esa participación, ese principio facilitaba relaciones más justas y respetuosas con ellos.

El quid de la problemática es que se ha negociado con los representantes de las comunidades tradicionales (las que han ocupado el territorio) y no con las comunidades ancestrales (que son dueñas del territorio por herencia materna en generaciones anteriores). Esto revela la falta de conocimiento juicioso, mínimo, que cualquiera que fuera a meterse en este negocio debería tener sobre su casi único factor de inestabilidad e incertidumbre. La problemática está bien analizada en el artículo de Monsalve (El País América, 2023).

Los problemas pueden provenir de varias causas comentadas por expertos en el asunto: la legislación del país tiene errores y permite estos conflictos (Torres, Lexir, 2023), las empresas dejan todo en manos de abogados cuando las negociaciones con las comunidades deben ser directas y cercanas, y de alguna forma, se ha visto a las comunidades indígenas como conjuntos de niños tontos a los que se les puede manejar con desdeño. Proponen mejoras, que no solo aplican para esta comunidad, sino que son generalizadas para todo el territorio nacional:

Debería haber licencia cultural, adicional a la ambiental, enfocada claramente al respeto por la cultura y sabiduría de las comunidades y sus derechos. Los Wayuús saben negociar (onagua en wayuunaiki) y nadie en su población pelearía contra la autoridad ancestral.

Las consultas previas hay que arreglarlas, empezando por el conocimiento adecuado de la cultura y de las leyes que los indígenas respetan. Hoy en día pueden durar entre 2 y 3 años, en los que los abogados e incluso el Estado reciben dinero por sus gestiones pero las comunidades solo refrigerios y transporte. Deben estar basadas en la representación legal de las comunidades que quedó mal en la reglamentación actual, que dice tradicionales y no ancestrales. Y deben ser expeditas, para lo cual se incluyen los siguientes tres párrafos.

Para evitar la no alineación de abogados y otros terceros con los intereses de las comunidades y de las empresas, y cuyo interés es obtener la mayor cantidad de dinero posible y no la negociación rápida y en paz, las negociaciones no deben ser acompañadas por terceros, deben estar basadas únicamente entre los representantes legítimos de las comunidades y las empresas directamente, observadas por el Estado.

Se deben establecer formas de participación y tarifas predefinidas en la legislación.

Hay que modificar el Decreto 1088 de 1993, pero no derogarlo. Este decreto les da a las comunidades la oportunidad de asociarse o constituirse en empresas, pero en él se configuraron varias figuras de representación indígena o autoridad como cabildos y autoridad tradicional (la que generó toda esta confusión).

No se necesita pensar mucho para prever los beneficios de estas mejoras: certidumbre para las empresas con sus proyectos necesarios para el desarrollo, quienes dejan de ser tratadas como vacas a las que hay que ordeñar sin piedad, en equilibrio con la naturaleza a través de las licencias ambientales y en equilibrio con los indígenas a través de las licencias culturales, quienes dejan de ser tratados como pobres y miserables a quienes hay que tirarles alguna limosna, y que los proyectos se logran sobre y a pesar de ellos. Como se ve, la causa principalmente está del lado del Estado. No se puede esperar más para erradicarla.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

Asambleas Populares, mal remedio para una enfermedad mal diagnosticada

Escrito por Rafael Fonseca en Jun 28, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

El presidente Petro ordenó a sus ministros la celebración de Asambleas Populares en todos los municipios del país (Asamblea Nacional Popular, 2023) para que el pueblo pueda tener el poder, el poder de decidir, según sus palabras. ¿Qué tanto podrá lograr que “en adelante el Gobierno se moverá sobre las decisiones que surjan de las Asambleas Populares” en cada municipio” y que “las Asambleas Populares en cada municipio son para gobernar”?

Menciona al menos tres frentes de trabajo que son: las comunidades energéticas, los caminos campesinos y las comunidades de conectividad. Pero podría extenderse a todos los temas de sus reformas.

Varios artículos de opinión han expresado preocupaciones del alcance de la participación ciudadana, que coinciden principalmente en que no están en el ordenamiento constitucional, no tienen estructura definida, no tienen reglas legales conocidas y aceptadas, no está definida la forma y garantía de representación de toda la comunidad, no necesitan cuórum, las decisiones pueden basarse en abucheos y algarabía y que son vulnerables a la manipulación de grupos organizados; Wasserman (El Tiempo, 2023), Gómez Restrepo (La Patria, 2023), Flórez Arias (La Silla Vacía, 2023), Morales (El Tiempo, 2023).

Las advertencias de los columnistas se ven exacerbadas por nuestra cultura reinante marcada por no-educación, violencia común y corrupción generalizada, lo que avizora que muy posiblemente sean los grupos de poder presentes en los territorios los que tomen las decisiones y no la frágil democracia de las JAC, y por supuesto, por fuera del ordenamiento legal. Esto ya está sucediendo desde tiempo atrás en las zonas en donde las organizaciones armadas ilegales ejercen su influencia directa, pero el problema es que con las Asambleas Populares muy probablemente su ejercicio de poder, real e ilegal, se amplíe a muchas otras zonas en forma significativa.

El resultado puede apuntar a anarquía desde el nivel veredal hacia arriba, que podrán capitalizar los grupos armados ilegales con intereses en narcotráfico que ostentan el poder local. Un riesgo indescriptible, incluso para el mismo presidente Petro que promueve con sus frases tal nivel de entropía política que pronto podría llegar a la imposibilidad de controlarlas y al no poderlas satisfacer por escasez de recursos o límites legales, podrían tornarse en contra de él.

Por otro lado, las decisiones veredales serían eminentemente locales para poder ser populares (arreglar una vía existente que en invierno es impasable), por lo cual solo podrían priorizar las inversiones en su localidad frente a un presupuesto asignado ¿centralmente? Sería imposible priorizar proyectos zonales o regionales que podrían ser los más necesarios. Para ello, de todas maneras deberá haber funcionarios de planeación nacional informados que puedan hacer las optimizaciones zonales o regionales.

El presidente Petro tiene razón en cuanto a la necesidad de encontrar mecanismos para controlar la corrupción generalizada en la contratación estatal y en recuperar la participación de las comunidades en decisiones de proyectos (e inversiones) para su desarrollo y bienestar.

Pero no tiene razón cuando afirma que:

“Una gran inversión pública que en lugar de ir al gran contratista, que casi siempre termina en las cárceles por corrupción, pueda ir a las decenas de miles de acciones comunales”. Ningún gran contratista contrata caminos veredales (y obviamente, solo una mínima parte de los grandes contratistas ha terminado en las cárceles).

“Que sea el pueblo el que pueda contratar con el Estado para que el empleo se pueda irradiar a través del recurso público el trabajo comunal”. Es la pequeña y mediana ingeniería la que construye los caminos campesinos, profesionales necesitados que también son “pueblo” y se ganan la vida trabajando; el empleo irradiado es igual, y la mayoría de las veces la comunidad no tiene disponibilidad para trabajar en las vías porque tienen su trabajo en el campo: por eso son campesinos. Las obras de ingeniería deben contar con ingenieros (Ley 842 de 2013); poner a las JAC a contratar ingenieros (o a subcontratarlos) traerá más costo (intermediación innecesaria) o menos calidad (la contratación del ingeniero sin ningún criterio de selección; ingeniero sujeto a lo que diga o imponga su contratante) o más costo y menos calidad que será lo más probable (obras más caras y mal hechas).

“Y para que se pueda beneficiar en realidad la comunidad campesina y sobre todo para que no se pierda un solo peso del erario”. Una comunidad vigilante, a través de veedurías, sí puede ser garante de esto; pero nada asegura que una comunidad contratista no caiga en las mismas prácticas de corrupción generalizada del país. Lamentablemente no se puede contar con la certeza que no se pierda ningún peso del erario.

Partiendo de un mal diagnóstico de la enfermedad se llega a un mal remedio. En este caso de las vías campesinas, las Asambleas Populares sirven bien para la postulación y priorización local de los proyectos (dándoles la estructura necesaria), pero no son el remedio para la enfermedad de la corrupción en la ejecución, mal diagnosticada por el presidente y su Gobierno.

Es posible, dicen los amigos de las teorías de conspiración, que lo que se busca es crear expectativas y conducir a que los deseos no se pueden satisfacer porque el sistema no deja, y por tanto hay que cambiar el sistema. Y así, manejar votos por canalizar insatisfacciones.

Si el presidente Petro quisiera pasar a la historia como el artífice de grandes cambios positivos, como quisiéramos para que le vaya bien al país, entonces su máxima oportunidad sí es combatiendo la corrupción en la contratación pública lo cual traería un enorme impacto favorable para todos, incluyendo al campesinado.

Se debe establecer que la inversión con dineros públicos siempre debe ser controlada conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993 (estatuto de contratación pública) lo cual significaría meter en cintura a entidades como Findeter, DPS, DAPRE, Fondo Adaptación, Universidades y ESE públicas y la eliminación de los llamados “contrataderos”, que son Empresas Industriales y Comerciales del Estado creadas únicamente para prestar el “servicio de ELUDIR la Ley 80 a través de sus propios manuales” como EMDUCE, EDESO, EAG, Fundación Universidad del Valle, un gran etcétera y los fondos manejados mediante Fiducias, en las cuales se puede contratar con régimen privado, lo que a su vez permite establecer controles a su antojo, sin pliego tipo y contratar amañadamente, encareciendo de paso la contratación pública porque hacen el trabajo que las entidades públicas debieran realizar como parte de su misión natural.

Si los políticos difícilmente pudieran intermediar ilícitamente los contratos, perderían su interés en ellos, permitiendo que los proyectos se priorizaran debidamente, como debe ser, con participación de las comunidades y en conjunto con sus representantes políticos dentro del ordenamiento orgánico del Estado, que incluye los concejos municipales. Si no pudiera haber interés económico personal ilegal de los políticos por la dificultad de hacer corrupción, la capacidad del Estado mejoraría y la participación de las comunidades empezaría a brillar.

Ese es el camino en el cual el remedio correcto no solo es mucho mejor que la enfermedad sino que mejora efectivamente la enfermedad. Las Asambleas Populares, que pueden usarse exitosamente para la apropiación de las comunidades de sus proyectos de desarrollo y su priorización local, no son el remedio para la enfermedad de la corrupción en la contratación pública y es posible que nos dejen con mucha más enfermedad que la actual y anarquía. Ese es el riesgo.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz