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Un país dividido en tres tensiones: lo que revela la encuesta de Invamer sobre el rumbo político de Colombia

Escrito por Rafael Fonseca en Dic 3, 2025. Publicado en Opinión.

Las encuestas no eligen presidentes, y menos faltando cinco meses para las elecciones, pero sí revelan cómo se está moviendo el subsuelo emocional del país. La medición de Invamer de noviembre deja claro que Colombia está entrando en una fuerte recomposición: la izquierda aparece con un liderazgo nítido en primera vuelta, la derecha dura conserva un músculo emocional importante, y el centro sigue débil en arranque, pero competitivo en un escenario final. Tres velocidades, tres relatos y un solo tablero donde cada movimiento altera todo.

La lectura no es obvia. Requiere separar el ruido del dato y entender qué está diciendo la sociedad cuando distribuye su preferencia entre Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo. Las cifras hablan, pero lo hacen en clave de tensiones más profundas: continuidad, rabia y moderación. Con ayuda de la IA analizamos esas tensiones.

1. La izquierda gana la primera vuelta, pero no tiene asegurado el país

Iván Cepeda encabeza la intención de voto con un 31,9 % en el escenario con todos los candidatos. No es un apoyo “personalista”: es la cristalización de un bloque político que sigue viendo en la izquierda la narrativa dominante para interpretar el país, incluso después del desgaste del gobierno Petro. El reto es evidente: liderar sin heredar ciegamente, corregir sin renunciar, y evitar que el voto favorable al proyecto progresista se lea como cheque en blanco al continuismo.

El país está fracturado en dos mitades casi simétricas: 50,2 % dice preferir un candidato cercano al Gobierno; 46,9 % se va por la oposición. Cepeda no puede confiar en esa ventaja: la segunda vuelta lo obliga a hablarle a un electorado que duda entre la desconfianza hacia la derecha radical y el temor a repetir improvisaciones y malos resultados gubernamentales. La encuesta revela más que apoyo: expone una demanda de responsabilidad, de orden institucional y de resultados.

2. La derecha dura mantiene un voto emocional fuerte, pero con techo limitado

Abelardo de la Espriella es segundo con un 18,2 %. Su fuerza no nace de un proyecto de país: nace del enojo acumulado, del sentimiento de agravio moral, de la narrativa anti-política que se ha instalado en sectores urbanos y redes sociales. Es un voto real, duro, resistente al desgaste. Pero también es un voto con un techo evidente. Cada vez que se simula una segunda vuelta, la sociedad se repliega: Cepeda le gana con amplitud y Fajardo por un margen considerable.

La pregunta no es si De la Espriella puede pasar a segunda vuelta: puede. La pregunta es si puede ganar: hoy, no. Y esto coloca a la derecha en su viejo dilema: su base más ruidosa no es su base más representativa. El establecimiento conservador y empresarial tendrá que decidir si prefiere apostar a la “furia rentable” o a la “viabilidad gubernamental”.

3. El centro sigue pequeño en primera vuelta, pero sigue siendo decisivo donde importa: en segunda vuelta

Fajardo aparece con 8,5 %: una cifra fría, casi decepcionante. Pero en segunda vuelta, el clima cambia. Le gana a De la Espriella con holgura y casi empata con Cepeda. Es un candidato que no domina las alturas de la primera vuelta, pero que recoge la ansiedad del país cuando se reduce la oferta electoral. Representa una cierta necesidad de equilibrio: ni el vértigo de la radicalización ni la reanudación de la improvisación.

Su debilidad es conocida: carece de narrativa emocional de entrada. Su ventaja también: tiene la menor resistencia cuando el votante debe elegir entre extremos. En un país fatigado de tensiones, puede convertirse en el destino de electores de centro, segmentos empresariales y sectores de derecha desconfiados de la radicalización.

4. Tres campañas, tres estrategias y un solo problema compartido: la incertidumbre del rumbo

La encuesta no muestra un país inclinado hacia un modelo definitivo. Muestra un país tenso, dividido entre la urgencia de resultados, el hartazgo con la política habitual y la necesidad de un nuevo pacto de gobernabilidad. Por eso, cada campaña queda obligada a revisar su brújula:

La izquierda debe demostrar que aprendió de sus errores y que puede gobernar sin polarizar.
La derecha debe decidir si quiere ganar o solo hacer ruido.
El centro debe construir una narrativa capaz de entusiasmar, no solo de tranquilizar.

Ningún bloque tiene la victoria asegurada. Más que ofrecer certezas, la encuesta ofrece advertencias.

5. Un país frente al espejo

Más allá de las cifras, la encuesta muestra algo más profundo: Colombia está buscando un relato que supere el péndulo entre indignación y esperanza. Ninguno de los tres proyectos logra articularlo del todo. La izquierda tiene liderazgo sin hegemonía. La derecha tiene volumen emocional sin viabilidad institucional. El centro tiene viabilidad electoral sin potencia narrativa.

Esa tensión es peligrosa, pero también es productiva: obliga a cada sector a dejar de hablarle solo a su nicho y volver a hablarle al país. La sociedad está enviando un mensaje claro, mejorado con respecto a las elecciones del pasado: no votará solo por identidad ideológica; votará por quién logre ofrecer un horizonte de estabilidad, resultados y coherencia.

El país sí está dejando claro en la encuesta qué tipo de país quiere dejar de ser.

Rafael Fonseca Zárate

Economía política en crisis: la ideología se extravió frente a la tecnología

Escrito por Rafael Fonseca en Nov 12, 2025. Publicado en Opinión.

Durante décadas, el debate económico giró en torno a una dicotomía cómoda: o se creía en el mercado libre y la competencia como motores del progreso, o se defendía la intervención estatal como correctivo y garantía de equidad. Esa discusión, que llenó libros, campañas políticas y cátedras universitarias, parece hoy una antigüedad. Las realidades de este siglo han dejado sin suelo tanto al neoliberalismo como a sus viejos antagonistas.

Primero, el propio Estados Unidos, cuna de la ortodoxia del mercado, ha terminado haciendo exactamente lo que por años predicó que no debía hacerse: intervenir directamente (Reuters, 2025), subsidiar, dirigir y proteger. Ya desde el 2022, el CHIPS and Science Act había destinado más de 280.000 millones de dólares para apoyar la producción nacional de semiconductores; y el Inflation Reduction Act comprometió otros cientos de miles de millones en subsidios verdes, en un movimiento que mezcla política industrial con estrategia geopolítica frente a China. Como se ve, hoy profundiza esa senda.

No es una anécdota. Es un giro de economía política.

El mismo país que evangelizó al mundo con el libre mercado está actuando hoy como un Estado cerrado y planificador que decide dónde invertir, qué producir y a quién apoyar. Es una materialización del “Estado emprendedor” que Mariana Mazzucato describió hace más de una década: un Estado que no se limita a “corregir fallas del mercado”, sino que invierte, arriesga y crea mercados nuevos. En su libro The Entrepreneurial State, Mazzucato, (2013) documentó que casi todas las innovaciones que sostienen la economía digital (internet, GPS, y pantallas táctiles) fueron financiadas con dinero público antes de que los inversionistas privados se animaran. Curiosamente, la realidad actual hace que el discurso de la “iniciativa privada” suene más a ideología y menos a evidencia.

En el otro extremo del tablero está China, que se ha convertido en el mayor laboratorio del siglo XXI. Su sistema económico no es ni capitalismo ni socialismo como hemos entendido. Es ambos a la vez. Combina planeamiento central, competencia de mercado y emprendimiento privado, bajo la dirección estratégica del Estado-partido. El gobierno define objetivos quinquenales, controla la infraestructura, fija prioridades tecnológicas y, a la vez, permite que empresas privadas, de la que es copropietario, como Huawei, BYD, Alibaba y Tencent, compitan e innoven a velocidades vertiginosas. Y el resultado está a la vista: crecimiento muy rápido y sostenido, dominio en tecnologías clave y una expansión global que dejó perplejos a quienes creían que solo el libre mercado podía generar eficiencia, crecimiento, desarrollo, prosperidad y sacar gente de la pobreza. Ninguna teoría económica clásica había previsto algo así.

Ambos casos, el estadounidense y el chino, desmontan los dogmas que nos enseñaron sobre la supuesta oposición entre Estado y mercado. Hoy el poder económico se ejerce a través de información, datos y algoritmos, no solo de capital financiero o producción física. El mercado podría ya no ser el mecanismo más eficiente para coordinar oferta y demanda: la inteligencia artificial empieza a hacerlo mejor. Los algoritmos podrán anticipar el consumo, ajustar precios, mover inventarios y hasta decidir inversiones antes de que los humanos puedan darse cuenta. En esa lógica, un sistema estatal o corporativo que maneje los datos globales podría, literalmente, planificar la economía sin llamarlo planificación central.

No se trata de ciencia ficción. Sam Altman, director de OpenAI, ha esbozado esa visión de un futuro donde la productividad extrema generada por la IA permitiría a las grandes tecnológicas convertirse en una especie de para-Estado digital, capaz de sostener incluso un salario básico universal para millones de personas que ya no tendrían que trabajar. Sería, paradójicamente, comunismo sin ideología, gestionado por algoritmos privados, y dando paso a un nuevo sistema político basado en unas pocas empresas privadas super-poderosas que ejercerán una dictadura en la práctica (Fonseca, 2025).

Estas transformaciones hacen tambalear la arquitectura intelectual sobre la que se construyó la economía moderna. Si el precio ya no es el principal portador de información, como decía la teoría, si el trabajo deja de ser el centro de la producción, y si un para-Estado llega a ser protagonista, pero con herramientas digitales, entonces el edificio conceptual de la economía se viene abajo. Y su siamesa, la política, se revuelve en su propio laberinto: ya no hay derechas ni izquierdas coherentes, sino estrategias de poder adaptándose a una economía que ya no obedece a ninguna teoría.

El resultado es un mundo donde las viejas etiquetas ya no sirven. Los Estados invierten como las empresas, las empresas regulan como los Estados y los algoritmos reemplazan las decisiones humanas que antes eran políticas. Las teorías económicas y políticas se están volviendo obsoletas, no porque hubieran sido falsas, sino porque fueron diseñadas para un mundo que ya no existe.

Tenemos que comprender esto para dejar de perder el tiempo en las viejas discusiones que solo representan pérdidas de tiempo ahora, a no ser para los historiadores económicos. El desafío ya no es “escoger” entre mercado o Estado, sino aprender a gobernar la inteligencia que los sustituye. Porque, si los algoritmos van a planificar por nosotros, más vale que pongamos atención a quién los programa, con qué propósito y en beneficio de quién.

Por: Rafael Fonseca Zárate

Los 35 dueños de nuestra democracia

Escrito por Rafael Fonseca en Oct 15, 2025. Publicado en Opinión.

Es asombroso que nuestra democracia en la práctica podría estar reducida a unas treinta y cinco personas (CNE, 2025) y no a los 41,241,599 colombianos que dice el censo electoral (CNE, 2025). Esas treinta y cinco corresponden a una por cada partido con personería jurídica ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, que determinan los avales que otorgan a los candidatos en las elecciones. Con ello deciden quién puede aspirar a la Presidencia o al Congreso, lo cual representa un gran poder porque a través de quienes salen elegidos controlan gran parte del Estado.

Ese poder se concentra en los que eligen a quiénes pueden ser elegidos, que no siempre son los representantes legales de los partidos: en todos los partidos se sabe quién es el que manda, y lo primero que mandan es la determinación de los avales. Lo que debería haber sido un trámite administrativo ante el CNE se convirtió en la llave al poder para manejar al Estado.

De la apertura al caos

En 1991, la Constitución prometió un pluralismo que reemplazara al viejo bipartidismo excluyente. Se trataba de abrir el sistema para que nuevas fuerzas políticas, incluidas las que dejaban las armas, pudieran competir en igualdad. Pero lo que debía ser un multipartidismo moderado derivó en una proliferación sin control.

Las leyes posteriores a la Constitución del 91, empezando por la Ley 130 de 1994, abrió esa puerta a la proliferación de partidos y movimientos sin control (Pizarro, UNAL, 2023). Para 2003, Colombia ya tenía 72 partidos registrados, lo que convirtió el pluralismo en un comercio con disfraz de democracia (Fescol–El Espectador–Los Andes, 2024). Esa crisis obligó a una reforma constitucional (Acto Legislativo 01 de 2003) que introdujo el umbral electoral, la lista única por partido y, posteriormente llegó la disciplina de bancada (Ley 974 de 2005), con la esperanza de reducir la dispersión. Pero las fisuras legales y las reinterpretaciones del CNE terminaron reviviendo el mismo problema: entre 2019 y 2023 se reconocieron 21 nuevos partidos llegando a 36, y otros siguen en fila para conseguir la personería (hasta las elecciones seguirán las fluctuaciones del número).

La ley exige democracia interna, pero en la práctica muchos de los partidos son microempresas electorales: estructuras que giran alrededor de un dueño, no de un programa. Hoy cada nuevo movimiento nace como una franquicia personal: En Marcha de Juan Fernando Cristo, La Fuerza de la Paz de Roy Barreras, Poder Popular de Ernesto Samper o la Nueva Fuerza Democrática de Andrés Pastrana. Todos distintos en discurso, idénticos en estructura (Pizarro, UNAL, 2023). También en los partidos “grandes” existen los jefes que mandan, y en últimas operan de igual forma.

Fábricas de avales

Lo que es de conocimiento público es que algunos partidos pequeños se han vuelto fábricas de avales. Según La Silla Vacía, en las regiones, durante las elecciones de 2023, los que más avalaron candidatos no fueron los grandes, sino la ASI y la Alianza Verde, convertidos en auténticos expendedores de franquicias políticas. A más avales, más ingresos por reposición de votos, más acceso a recursos públicos y más poder de negociación en las coaliciones (La Silla Vacía, 2023).

De esa economía del aval viven muchos de los jefes políticos regionales: los clanes que dominan departamentos enteros con el mismo apellido. Esos clanes no actúan como partidos, sino como redes familiares de contratación pública, sostenidas en favores, puestos y licitaciones amañadas. Allí la corrupción es el modelo operativo.

Tampoco los llamados “independientes” han cambiado el panorama. En teoría, representaban una vía ciudadana para renovar la política puesto que, al no pasar por los avales de los partidos, no quedaban dependiendo de los que determinan esos avales; en la práctica, se multiplicaron los candidatos y se diluyeron los resultados. Salvo la excepción de Rodolfo Hernández en 2022, ninguno ha tenido un respaldo significativo, aunque todos han contribuido a engordar la fragmentación y el costo del sistema electoral. Las reglas permiten el reembolso por voto obtenido, de modo que cada intento fallido implica gasto público sin beneficio colectivo. Más que abrir la democracia, los independientes terminaron ensanchando el negocio de la política, dispersando los votos y legitimando el mismo esquema de personalismo que decían combatir.

Fragmentación y parálisis

El resultado es la atomización. En 2023, el país tenía 36 partidos o movimientos con personería jurídica (Pizarro, UNAL, 2023); para 2024, tras algunas anulaciones, quedaban 34 (Fescol–El Espectador–Los Andes, 2024). La diferencia numérica importa poco: lo sustancial es que ninguno tiene fuerza suficiente para gobernar. En el Senado, el Pacto Histórico apenas alcanza 20 curules de 108; en la Cámara, el Partido Liberal suma 32 de 188. Las leyes se aprueban a punta de retazos, negociaciones y trueques. “Puestos por votos”, como lo resume bien Pizarro (Pizarro, Contexto, 2024).

Ese mismo autor advierte que esta fragmentación produce una paradoja: ni hay realmente partido sólido de gobierno ni tampoco uno sólido de oposición,. Los “independientes”, creados por la Ley 1909 de 2018, no fortalecieron la democracia; solo ampliaron el menú para la cooptación. El Ejecutivo compra apoyos individuales, quiebra bancadas y desfigura cualquier disciplina interna (Pizarro, Contexto, 2024).

La distancia entre norma y realidad

El Estatuto Básico de los Partidos (Ley 130 de 1994) define a estas organizaciones como instrumentos de participación ciudadana y de formación de la voluntad popular. Deberían funcionar con democracia interna, ética y transparencia. Pero en la práctica son pequeñas monarquías, donde el bolígrafo del jefe político decide listas y alianzas. Los tribunales de ética sancionan a los disidentes, pero nunca a los negociadores de avales. El resultado es un pluralismo aparente que legitima el clientelismo con fachada legal.

La ciudadanía lo percibe. Según Fescol y El Espectador, la confianza en los partidos cayó del 12,3 % en 2019 al 6,6 % en 2023. Es decir, más partidos, pero menos representación (Fescol–El Espectador–Los Andes, 2024).

Una democracia capturada

Lo que se llama “democracia representativa” es, en la práctica, una especie de oligarquía de intermediarios. Treinta y cinco personas deciden quién puede competir por el poder. Son pocos, pero controlan el sistema: a través de los elegidos, ellos también controlan buena parte de la contratación pública, la burocracia y las alianzas regionales. Son los nodos de una red de intereses que sustituye al ciudadano.

Las consecuencias son visibles: leyes incoherentes, reformas empantanadas y una ciudadanía cada vez más incrédula. El pluralismo degeneró en dispersión, y la dispersión en parálisis (Pizarro, UNAL, 2023). Colombia pasó del bipartidismo excluyente al multipartidismo ingobernable, donde todos se autoproclaman los representantes del pueblo, pero el pueblo poco se le escucha.

El desafío

Algunos sectores, desde orillas ideológicas opuestas, han pedido un acuerdo nacional para reformar la ley de partidos, reducir el número de colectividades y recuperar la coherencia del sistema (Pizarro, UNAL, 2024).

Pero mientras eso ocurre, seguiremos atrapados en un sistema que confunde pluralidad con dispersión, y representación con propiedad privada del aval. El precio de esa confusión no es abstracto: es la facilitación estructural de la corrupción, donde no delinquen individuos aislados sino redes que manejan el poder como patrimonio familiar, encabezadas por quienes ostentan el poder de otorgar avales.

Rafael Fonseca Zarate

Ideologías y polarización: empresas de servicios públicos ¿públicas o privadas?

Escrito por Rafael Fonseca en Sep 3, 2025. Publicado en Opinión.

En el artículo anterior abordé uno de los temas preferidos de confrontación por polarización ideológica: las funciones del Estado, desde un enfoque pragmático y no ideológico, y con la mira puesta en encontrar si realmente hay justificaciones para los enfrentamientos entre izquierda y derecha.

La conclusión, sin duda, es que que el desafío contemporáneo se centra más bien en liberar al Estado de la corrupción, desmantelar la captura corporativa y diseñar instituciones que sirvan al interés general, y que carece de todo sentido polarizarse alrededor de las diferencias ideológicas en economía política, sino enfocarse en la capacidad real del Estado para generar desarrollo y bienestar para el país.

Ahora abordaré otra de las discusiones ideológicas preferidas y motivo de peleas a diario: si el Estado debe o no ser el operador de los servicios públicos. Nuevamente desde un enfoque pragmático y no ideológico para poderlo discutir concluyentemente sin pasiones que nublen la razón.

Por todo el mundo hay ejemplos exitosos y fallidos de prestación de servicios públicos en distintas modalidades. Veamos algunos (1):

Ejemplos exitosos de gestión estatal

Transporte público en Singapur y Hong Kong: ambos son gestionados con fuerte control estatal, planificación a largo plazo y mecanismos de financiamiento estables. Resultado: sistemas confiables, puntuales y accesibles.

Agua y saneamiento en París (remunicipalización): en 2010 la ciudad recuperó el control del servicio que estaba en manos de los privados Veolia y Suez. El cambio permitió reducir costos y reinvertir en infraestructura, mejorando cobertura y transparencia.

Electricidad en Noruega: con empresas públicas regionales y un mercado regulado, se garantiza alta cobertura, tarifas competitivas y estabilidad en el suministro.

Ejemplos exitosos de gestión privada o mixta

Salud en Países Bajos y Alemania: operadores privados administran seguros y servicios bajo estricta regulación estatal. El resultado ha sido acceso universal con altos estándares de calidad y eficiencia.

Telecomunicaciones en Chile: la privatización en los años 90, acompañada de fuerte regulación y competencia, permitió cobertura nacional amplia y precios relativamente bajos en comparación con la región.

Gestión de aeropuertos en España (modelo AENA): aunque AENA es pública, abrió espacio a concesiones privadas en servicios complementarios, logrando altos estándares de eficiencia y calidad reconocidos internacionalmente.

Ejemplos fallidos de gestión estatal

Empresas públicas de energía en Venezuela: la captura política y el clientelismo llevaron al colapso del sistema eléctrico, con apagones recurrentes y deterioro de infraestructura.

Ferrocarriles en Argentina (décadas 80–90 antes de concesiones): bajo administración estatal, sufrieron de ineficiencia, déficit crónico y abandono de vías.

Ejemplos fallidos de gestión privada

Colapso energético en Texas (2021): un sistema altamente desregulado, basado en el mercado sin suficiente planeación estatal, dejó a millones sin luz ni calefacción tras una tormenta invernal.

Privatización del agua en Cochabamba, Bolivia (2000): concesión a Aguas del Tunari resultó en aumentos excesivos de tarifas, lo que generó la “Guerra del Agua” y la posterior reversión del contrato.

Ferrocarriles en Reino Unido (1990s): la privatización fragmentó la operación y mantenimiento, generando problemas de coordinación, alzas en tarifas y accidentes. En 2002 el Estado tuvo que retomar parte del control (Network Rail).

Los ejemplos muestran que ni el “Estado” ni el “mercado” (ni lo público ni lo privado) son garantía de éxito por sí mismos. No es que lo privado sea mejor que lo público ni viceversa en cuanto a las empresas de servicios públicos. La clave para su éxito no tiene que ver con lo ideológico. Hay dos asuntos clave para que sean exitosas en función del bienestar de la sociedad, por lejos más difíciles.

El primero está en la capacidad de control de la corrupción y la solidez de la regulación en ambos casos, incluyendo: la protección de la captura del Estado en el caso de los privados y la protección de la captura de la politiquería en el caso de las empresas públicas de servicios.

El segundo depende de la disponibilidad de recursos financieros del Estado suficientes para asegurar la cantidad, cobertura y calidad necesarias de la infraestructura de servicios.

Son estos asuntos clave lo que debería ser objeto de nuestro esfuerzo en encontrar lo mejor para nuestra sociedad. En todo caso, no depende de escoger dogmáticamente entre “Estado” o “mercado”. Por lo cual, un enfrentamiento sobre esto también resulta insulso.

Rafael Fonseca Zarate

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Nota (1): investigados con ayuda de chatGPT y DeepSeek

Lecciones por aprender de la tragedia de la discoteca en Santo Domingo

Escrito por Rafael Fonseca en Abr 23, 2025. Publicado en Opinión.

La noche del 17 de abril, el techo de la famosa discoteca JetSet en Santo Domingo se vino abajo matando a 225 personas. Colapsó en medio de una presentación de un famoso cantante de merengue y su orquesta (CNN, 2025). Y con él, se desplomó también la confianza mínima que cualquier sociedad debe tener en las edificaciones que habita, visita o usa. No porque se haya demostrado aún una negligencia clara por parte del dueño o del Estado —eso lo dirán las investigaciones—, sino porque lo que sí es evidente es que ese techo inseguro nunca debió estar allí. Ni colapsar. Ni matar.

Era una estructura construida hace más de cincuenta años para un uso muy distinto, que fue convertida en un espacio de entretenimiento con música, luces, equipos encima y otros colgados del techo, vibraciones, humedad permanente, y aglomeraciones constantes en su recinto. ¿Quién que fuera al JetSet se pudiera haber imaginado una tragedia así? ¿Acaso no había forma de evitarla? Lo más probable es que estemos corriendo riesgos enormes sin siquiera saberlo.

El mecanismo de falla

Para quienes no han seguido los hechos, los invito a ver este análisis técnico riguroso aunque con la información preliminar disponible, realizado por el ingeniero Jeff Ostroff. Su evaluación es clara sin ser aun la investigación de las autoridades. La estructura original, diseñada como cine, soportaba cargas adicionales que nunca estuvieron previstas: grandes sistemas de aire acondicionado encima del techo, que producen vibraciones y agua, luces y altavoces colgados del techo, y vibraciones permanentes por el sonido, con filtraciones que habrían debilitado el acero por corrosión, y más por la cercanía al mar, sumado a la contracción térmica del concreto a la hora del desplome.

Tragedia: fue una cadena de eventos

Lo anterior permite entender que esto no fue un accidente fortuito sino una cadena de eventos, de largo y corto plazo, que terminó en catástrofe. Fue el resultado de múltiples decisiones, algunas por acción, otras por omisión. Es indispensable entonces, hablar de responsabilidades.

La del propietario, que operaba un establecimiento con indicios visibles de deterioro —goteras, fisuras, desprendimientos— y no actuó. Quizás por ignorancia técnica, lo cual obviamente, no lo exime de su responsabilidad. En ese caso, la ausencia del Estado es aún más grave.

El Estado debe proteger incluso a quienes no saben cómo protegerse a sí mismos ni a los demás. No se le puede permitir a nadie abrir y operar un negocio con público masivo en una edificación sin verificar periódicamente que cumple con las condiciones mínimas de seguridad estructural. El Estado es responsable por no tener normas y estándares técnicos actualizados y/o no hacerlos cumplir, por no hacer control, por no exigir revisiones periódicas.

Por último, la de los profesionales que hayan hecho alguna intervención allí y no previeron, desde la técnica, todo lo necesario para hacer segura la estructura con su nuevo uso y condiciones. Si alguien actuó sin garantizar la seguridad de lo construido o remodelado, estaríamos frente a una falta profesional y ética muy grave.

Una discusión que suele surgir en estos casos es si el dueño sabía o no sabía el riesgo. Pero había goteras y desprendimientos del techo: había evidencias físicas. La pregunta no es si sabía, sino por qué no actuó. Y por qué el Estado lo dejó operar sin hacer inspecciones y exigencias. Tener un permiso de funcionamiento no puede ser suficiente para suponer que un espacio es seguro, si ese permiso (licencia) no incluye esta verificación periódica. Como dijimos, la ignorancia no hace que el propietario pueda eludir su responsabilidad. Ni el silencio del Estado es una forma de exoneración. Nada sustituye la verificación técnica para asegurar a los ciudadanos; para eso está el Estado.

En el mundo hay recertificaciones

En EE.UU. a sabiendas que las edificaciones envejecen, cambian de uso, se transforman, y que su seguridad estructural y funcional no puede seguir siendo presumida eternamente, existen códigos como el International Existing Building Code (IEBC), adoptado por los estados (California, Florida). Este código establece inspecciones periódicas obligatorias, especialmente para edificaciones con más de 30 años, con revisiones cada diez años.

En Colombia el Capítulo A.10 de la Norma Sismo Resistente NSR-10, Ley 400/97 habla de la intervención de edificaciones existentes, pero no con el alcance equivalente al IEBC. El Decreto 1077/15, Ley 388/97 habla de las intervenciones de edificaciones existentes como son las ampliaciones, modificaciones, adecuaciones, reforzamientos y sus licencias. Pero no tenemos una norma para recertificación estructural, que obligue a inspecciones sistemáticas de las estructuras existentes.

Hay normas en caso de incendios. Sin embargo, aparecen noticias incomprensibles: los concejales Sandra Forero y Daniel Briceño a finales del año anterior lideraron la eliminación de la visita técnica de bomberos (para su concepto favorable) para la apertura y/o funcionamiento de establecimientos de comercio. Semejante barbaridad en contra de la seguridad de los ciudadanos fue promulgada por sus autores y el gremio de comerciantes -Fenalco- como una gran conquista. Es una absoluta irresponsabilidad que los concejales (y en general, todos los políticos que ocupen posiciones legislativas) no se aseguren de entender bien cualquier norma que promuevan o desmonten.

Urgencia de acción

Esta tragedia debe sacudirnos. No se puede seguir esperando que haya tragedias y muertos para reaccionar. Y en esto, la responsabilidad no recae solo en el Estado: también en las academias y los profesionales ingenieros civiles y arquitectos. ¿Dónde están las voces que exigen que se reglamente la inspección periódica de construcciones existentes? ¿Dónde está el liderazgo técnico que, con conocimiento, presione decisiones oportunas?

El llamado debe ser contundente: el Estado debe establecer un marco normativo para que cualquier edificación existente —especialmente si se pretende usar para públicos numerosos— sea inspeccionada y recertificada periódicamente. La inspección debe incluir cambios de uso, aspectos estructurales, condiciones de carga, vibraciones, humedad, corrosión, toda señal de deterioro y todos los aspectos de prevención de incendios. En caso de cambio de uso, no puede haber licencia de funcionamiento sin evaluación estructural previa. El IEBC propone plazos de 30 años para la primera revisión, y luego cada 10. Pero en un cada cambio de uso, por supuesto que la expedición de la licencia debe exigir cuidadosamente la revisión estructural.

Ningún evento debería terminar con muertes evitables. Ninguna estructura insegura debería estar en pie. Ninguna tragedia debería necesitarse para mover la conciencia de quienes tienen la capacidad —y el deber— de actuar.

Rafael Fonseca Zarate

Estancados, sin ingeniería que genere desarrollo tecnológico (1)

Escrito por Rafael Fonseca en Abr 2, 2025. Publicado en Opinión.

En Colombia se nos ha vuelto costumbre repetir una afirmación indulgente: que hemos avanzado en muchas dimensiones del desarrollo humano, pero algo subyacente —corrupción, malas instituciones, falta de liderazgo— nos impide despegar. La versión tecnocrática de este mito sostiene que, en medio del estancamiento general, la ingeniería es como una isla brillante en medio de un país rezagado.

Pero si se observa con más rigor, esa narrativa se cae. En una reciente charla (en Políticas Públicas), el profesor Ricardo Hausmann —exministro venezolano, economista jefe del BID y hoy director del Growth Lab de Harvard— desnudó la razón por la que América Latina sigue estancada: una creciente brecha tecnológica, alimentada por un sistema universitario centrado en la docencia y unas empresas que no encuentran por qué innovar. En el corazón de esa brecha, una ingeniería desconectada del desarrollo productivo.

Todo parece mejorar, menos el ingreso

Hausmann parte de una pregunta clásica: ¿por qué América Latina no converge en ingreso con los países desarrollados? En Colombia, el ingreso per cápita ronda apenas el 10% del estadounidense, sin tendencia al alza. Y explica que tres factores determinan el ingreso: cuántas personas trabajan, cuánto capital tienen, cuánta tecnología usan. Los dos primeros han mejorado: ha aumentado el número de trabajadores per cápita, la participación laboral femenina, y los años de escolaridad de la fuerza laboral. También la inversión en capital se ha sostenido. En cambio, el ingreso no ha subido en la misma proporción. “Todo converge menos el ingreso per cápita. Entonces tiene que ser que la tecnología está divergiendo”, deduce el profesor en su análisis. Peor aún, Colombia no solo no absorbe la tecnología al ritmo global, sino que no participa en su producción. Lo que nos condena no solo al atraso, sino a la dependencia creciente. Y si no innovamos, no exportamos. Si no exportamos más cosas, no crecemos.

Cifras que desmienten el discurso optimista

Hausmann usa la interesante comparación de todos los indicadores frente a Estados Unidos (tomado como referencia del 100%). Así se ven grupos de brechas: unas que ya empiezan a cerrarse, otras que están en el cambio de tendencia, y otras que no muestran cambio.

Esperanza de vida: 85%.
Urbanización: 80%.
Tasa de fertilidad: ya similar a la de EE.UU.
Participación femenina: llegó a estar por encima del 100% pre-pandemia.
Escolaridad en la fuerza laboral: 70%.
Matrícula universitaria: también 70%.

Pero al pasar de la educación al conocimiento aplicado, el rezago se hace abismal:

Publicaciones científicas per cápita: apenas 15%, y muchas en áreas no tecnológicas sino en medicina, humanidades o ciencias sociales.
Patentes per cápita: menos del 1%.
Nuevas exportaciones en 15 años: solo 1% del total, frente al 37% de Vietnam (ejemplo importante).
Índice de complejidad económica: Colombia retrocede del puesto 59 al 66 mientras que Vietnam sube del 107 al 61.

En otras palabras, formamos más universitarios, pero no generamos conocimiento productivo. Y la causa no es falta de gasto, sino un sistema mal diseñado.

Universidades pobres, empresas desconfiadas

Las universidades están enfocadas casi exclusivamente en docencia. No necesariamente por falta de visión, sino por falta de ingresos: las matrículas son bajas porque los estudiantes pueden pagar poco. Eso limita la contratación de investigadores, la creación de centros tecnológicos y la articulación con empresas. Como señala Hausmann, algunas universidades ni siquiera tienen mecanismos para recibir donaciones o ejecutar proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D). Contratan docentes, no investigadores. Se enseña, pero no se innova.

Del otro lado, las empresas colombianas no invierten en investigación, no necesariamente por miopía, sino porque —como dice Hausmann— no perciben que exista esa ‘caja negra’ confiable que transforme inversión en soluciones tecnológicas. Y solo un tonto pone dinero en una caja que no devuelve nada, advierte.

El resultado: un mal equilibrio. Empresas que no invierten porque no ven cómo monetizar inversiones en I+D. Universidades que no investigan porque no tienen recursos para investigar en I+D aplicado para quienes pueden monetizar sus resultados. Y en el meollo de todo esto, una ingeniería que no conecta el conocimiento con la productividad.

La falsa competitividad de nuestra ingeniería

Muchos en el medio creen que, aunque el país no avanza, la ingeniería colombiana sí es competitiva. Pero la evidencia — e incluso varios testimonios en el mismo conversatorio— apuntan en dirección contraria. Muchos de los ingenieros más brillantes acaban migrando a otros países, o a otras disciplinas, como si la ingeniería local no ofreciera espacio para actuar. La idea de que “el país está mal, pero nosotros somos buenos ingenieros” no resiste análisis puesto que el lamentable estado de desarrollo en que se encuentra el país está directamente relacionado con los resultados de una ingeniería que no innova y no produce desarrollo tecnológico como sí debiera.

Sin innovación, solo nos queda importar

Hausmann lo resume con una frase potente: “Tecnología es el conocimiento que usamos para cambiar el mundo de cómo es, a cómo queremos que sea”. Colombia, hoy, no produce ese conocimiento, le toca importarlo, en general no lo adapta, y ni siquiera lo absorbe bien. Sin investigación en ingeniería aplicada, sin articulación universidad-empresa, sin apuestas tecnológicas, seguiremos dependiendo de importar soluciones, software, maquinaria, y respuestas.

Si no reconocemos que nuestro atraso tecnológico es profundo, que la ingeniería necesita recuperar su vocación científica tanto en la universidad como en su aplicación generando conocimiento a partir de problemas reales, y que sin un sistema de innovación serio que produzca avances tecnológicos, Colombia seguirá en la senda de un país educado pero pobre, moderno pero ineficaz, tecnificado pero irrelevante.

Rafael Fonseca Zarate

Duras lecciones desde Valencia

Escrito por Rafael Fonseca en Nov 13, 2024. Publicado en Opinión.

Siempre han existido los fenómenos climatológicos como las Depresiones Aisladas en Niveles Altos -DANA- en la región de Valencia, España. El que acaba de pasar en octubre fue muy grande y la probabilidad que se vuelva a presentar es mayor que en años anteriores, debido a los cambios de comportamiento del clima, que cada vez son más evidentes.

¿Qué es una DANA? La DANA que ha azotado el este de la península Ibérica es una bolsa de aire frío a mucha altura, que al chocar con el aire caliente y húmedo del Mediterráneo genera lluvias torrenciales. “En el argot meteorológico este episodio se conoce como un tren convectivo, una situación en la que tormentas muy intensas se regeneran continuamente en la misma zona, lo que deja en esa área cantidades desorbitadas de precipitaciones”, explica el portavoz de Aemet (EL PAÍS, 2024). Este fenómeno es la amenaza. Aunque también hay habitantes que piensan en conspiraciones.

Los desastres naturales no existen. Para explicarlo volvamos a las diferencias entre riesgo, amenaza y vulnerabilidad. La amenaza es la ocurrencia de un fenómeno como la DANA, la vulnerabilidad es la falta de características de los asentamientos humanos para que no se vean afectados por la amenaza, y el riesgo es la combinación de los dos. Con la misma amenaza, pero sin asentamientos en el recorrido de la creciente, riada o avalancha que genera, no hay vulnerabilidad de nadie, y por supuesto, no hay riesgo de desastre para humanos. En forma conceptual, el desastre no es natural porque sucede cuando los humanos nos situamos en lugares que pueden ser afectados por ese tipo de eventos naturales, conocidos, pero no predecibles totalmente, y nos hacemos vulnerables ante su ocurrencia; tal combinación se traduce en lo que calificamos como desastre.

Después del desastre que produjeron las dos riadas de 1957, en Valencia se construyó el Plan Sur, que desviaba el río Turia para proteger el centro de la ciudad, y evacuar hacia el sur los posibles eventos comparables, cuya medida indicativa se estableció en 3700 m3/segundo (casi dos veces el caudal del río Cauca), para lo cual, el canal de desvío se diseñó para 5000 m3/segundo (hay quienes dicen que ambos datos no estaban bien calculados, uno por defecto y el otro por exceso).

En el 2014, un informe advertía que “Los registros históricos y arqueológicos, así como las estadísticas, nos alertan de que tarde o temprano la meteorología volverá a repetir, o incluso empeorar, una situación como la que Valencia experimentó en 1957 y el cauce del Turia tendrá que soportar ingentes caudales. Situación en la que sin duda influirán los fenómenos asociados al cambio climático. A la vista de los datos expuestos en el presente estudio informativo, existen riesgos de que dicha situación meteorológica pueda derivar en una inundación catastrófica para Valencia. El Plan Sur está incompleto pues, por ejemplo, incluso actuaciones proyectadas y presupuestadas como la presa de Vilamarxant o el recrecimiento del Nuevo Cauce no han sido ejecutadas a día de hoy. Deducimos que el cauce actual es insuficiente para una riada como la del 57”. (Actualización del Plan Sur de Valencia, 2014). Este informe premonitorio fue escrito hace 10 años.

Para la época del desastre del 57, la zona al oeste de la l’Albufera (laguna costera y parque natural ubicado a unos 10 km al sur de la ciudad de Valencia) era dedicada a las actividades campesinas. Hoy, la urbanización es una realidad, cubriendo de calles y edificaciones lo que una vez fue campo abierto, lo que agrava la condición para toda la zona por la impermeabilización del suelo con la cual la escorrentía (lluvia que se convierte en corriente de agua) es mayor.

“El expresidente del Gobierno José María Aznar ha reivindicado este lunes el Plan Hidrológico Nacional (PHN) que aprobó su Gobierno y que incluía obras e inversiones en el sur de Valencia, como en el barranco del Poyo, y ha criticado que el PSOE lo derogara a partir de 2004 al llegar a Moncloa” (Sport45, 2024). El barranco del Poyo fue el mayor causante de la tragedia.

Los barrancos (caños o arroyos con cauces profundos que han labrado las mismas aguas torrenciales, pero que en otras estaciones permanecen secos), se llenan de materiales que ayudan a crear pequeñas presas que cuando se deshacen causan avenidas, que sumadas todas, forman las impresionantes riadas que se han registrado y que causaron tantos daños.

También se ha hablado que el desmantelamiento de presas en desuso es parte del problema porque servían de amortiguamiento, precisamente en las crecidas de los ríos. Pero “no hay evidencia de que se hayan demolido grandes presas o embalses en la región de Valencia que pudieran haber mitigado las inundaciones de octubre de 2024. Las infraestructuras eliminadas en la cuenca del Júcar, la más afectada por las inundaciones, fueron principalmente azudes y pequeñas presas en desuso, no grandes embalses. Estas 28 estructuras se demolieron por motivos de seguridad y para restaurar ecosistemas, y su ausencia no influyó significativamente en la magnitud de las inundaciones recientes” (MalditoClima, 2024). “Por el contrario, la presa de Forata desempeñó un papel crucial al retener 37.000 millones de litros de agua durante las lluvias torrenciales, evitando que la situación en la ciudad de Valencia fuera aún más grave. Expertos señalan que, sin esta infraestructura, el impacto de las inundaciones habría sido mucho mayor”. (Antena3, 2024). Además de las presas, “los desvíos de cauces junto con otras soluciones de ingeniería y arquitectura han hecho que zonas como la ciudad de Valencia hayan evitado la catástrofe tras el paso de la peor DANA en el último siglo”.

Por otro lado, el criticado desmantelamiento de la Unidad de Emergencias Valenciana como uno de los primeros actos al posesionarse el presidente derechista de la Generalitat, que había sido creada tan solo 4 meses antes por su antecesor socialista, ofrece otra pista para entender que los políticos estaban más atentos a su refriega ideológica que en prevenir y atender los riesgos de la tierra donde han llegado a ser responsables por todo lo que allí pase (El País, 2024).

A continuación, un esbozo del mapa de posibles causas simultáneas que operan sobre un sistema nada simple.

1. Cambio Climático y Fenómenos Meteorológicos Extremos: las lluvias torrenciales y las DANAs son fenómenos que, aunque han ocurrido históricamente en el Mediterráneo, se han intensificado en frecuencia e intensidad debido al cambio climático.

2. Vulnerabilidad de la Infraestructura: muchas de las infraestructuras en Valencia, como drenajes, puentes y carreteras, fueron diseñadas antes de que se tuviera en cuenta la posibilidad de lluvias tan intensas y frecuentes. Esto implica que no sean suficientes para manejar estos volúmenes de agua, agravando el impacto de las inundaciones. Y la expansión de construcciones en zonas propensas a inundaciones, como las bien conocidas allí llanuras de inundación, zonas ribereñas y áreas bajas, ya sea por falta de regulaciones o por incumplimiento de éstas, aumenta la exposición al riesgo de la población.

3. Deficiencias en la Planificación Urbana y Gestión Territorial: el crecimiento urbano desordenado y la proliferación de superficies impermeables (construcciones, carreteras, pavimentación) aumentan el riesgo de inundación, ya que el agua de lluvia no puede filtrarse de manera natural en el suelo. Y por otro lado, la deforestación y pérdida de vegetación puesto que la urbanización ha llevado a una reducción de áreas naturales y vegetación, que son esenciales para la absorción de agua; al no contar con suficientes zonas de retención natural de agua, las ciudades quedan desprotegidas y aumentan las posibilidades de inundación.

4. Gestión y Respuesta a Desastres: la magnitud de la tragedia sugiere que quizás los protocolos de emergencia y respuesta no estaban suficientemente preparados para enfrentar un desastre de estas características. Y además, las autoridades pueden haber reaccionado de manera tardía o insuficiente debido a una planificación deficiente y a la falta de recursos adecuados. Y la falta de inversión en infraestructura de mitigación como canales de desagüe más grandes, sistemas de retención de agua y sistemas de alerta temprana, que podrían haber reducido significativamente el impacto de las lluvias; puede haber sido por restricciones presupuestarias como por la priorización de otras obras de menor urgencia.

La tragedia de Valencia es resultado de la confluencia de factores naturales, agravados por la acción humana y una insuficiente adaptación al cambio climático. Para evitar futuras catástrofes de esta magnitud, es urgente que las autoridades implementen una serie de reformas integrales: invertir en infraestructura de adaptación climática, controlar la expansión urbana en zonas de riesgo, y fortalecer la gestión de emergencia.

Que nos sirva de espejo esta tragedia para reflexionar sobre el estado de la gestión de estos riesgos en nuestro país, que es altamente expuesto: lo más probable es que tengamos muchas más falencias en todo sentido que los españoles, que son del primer mundo. En el gobierno de la vida, hay que priorizar la vida. La UNGRD con el Fondo de Adaptación, deberían tener mucho trabajo en prevención y consecuentemente menos en atención de desastres. Pero ya se vinieron las lluvias torrenciales…

Referencias recomendadas:

Actualización del Plan Sur de Valencia, Estudio informativo acerca de los riesgos de que Valencia experimente una nueva inundación catastrófica. ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA – Grupo de Análisis “Impulso a Valencia” – 2014. (Actualización del Plan Sur de Valencia, 2014).

Una excelente referencia para entender de la tragedia y de todos los temas relacionados con gestión de riesgo de desastres es el blog del profesor Víctor Yepes, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, PhD, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia. https://victoryepes.blogs.upv.es/

Rafael Fonseca Zarate

Defender la ingeniería es defender el futuro de Colombia

Escrito por Rafael Fonseca en Oct 17, 2024. Publicado en Opinión.

El desarrollo de un país está fuertemente relacionado a la solidez y calidad de su infraestructura, esa que conecta, en sentido amplio, a las comunidades y al país con el mundo, y permiten el avance económico y social. En nuestro país, los ingenieros, constructores del progreso, ven hoy su rol amenazado por decisiones y discursos gubernamentales que, lejos de promover la transparencia y la participación democrática, los excluyen y los estigmatiza.

El Decreto 1961 de 2023, que pretende dar un impulso a los Caminos Comunitarios para la Paz, no solo ignora el papel esencial de los ingenieros en la construcción de infraestructura poniendo en riesgo la calidad de las obras y afecta gravemente la transparencia en su contratación, al permitir la contratación directa con comunidades y sin límites de cuantía (Uribe, 2024). Coloquialmente a esto se le dice “contratación a dedo” y que con estas características crea fuertes incentivos para la corrupción.

La reciente sentencia de la Corte Constitucional, que tumbó la disposición de la contratación sin límite de cuantía, no es solo el regreso del marco legal que pueda proteger los principios de transparencia y equidad en esta contratación estatal, y limitar la cuantía es un alivio para los pequeños contratistas y PYMES de ingeniería que históricamente han solucionado estas necesidades

El presidente Gustavo Petro, en la defensa del decreto y contrapunteando a la Corte, argumentó que la contratación directa con las comunidades “libera al país de odiosos carteles” y promueve la “democracia participativa” (Uribe, 2024). Si bien nadie niega la importancia del empoderamiento comunitario, las declaraciones del mandatario implican una falacia preocupante: pretender que todos los ingenieros y todas las pequeñas empresas de ingeniería —que son las verdaderas ejecutoras de estos proyectos en muchas regiones del país — sean parte de esos supuestos carteles corruptos que menciona. Nada más lejano de la realidad. Esto ya se ha explicado, pero no ha sido escuchado (Portafolio, 2023).

Y más: ¿de dónde saca el presidente Petro que una contratación directa es más transparente y democrática que un proceso licitatorio abierto? Todo lo contrario. ¿Y acaso los ingenieros pequeños contratistas particulares y las PYMES de ingeniería no son también parte de la comunidad? La ingeniería es parte esencial del tejido social del país, y excluir a sus profesionales bajo el pretexto de democratizar la contratación pública solo pone en riesgo la eficiencia, la calidad y la durabilidad de las obras, y discriminar a una parte esencial de la misma comunidad que se pretende democratizar.

Las carreteras y caminos no se construyen solo con buena voluntad; requieren de conocimiento técnico, planificación adecuada y ejecución por parte de profesionales capacitados para que queden bien construidas y duren en las condiciones de servicio adecuadas. La durabilidad es, normalmente, la gran debilidad de los caminos y las carreteras; se pueden inaugurar bonitas, pero si no están bien diseñadas y construidas, rápidamente se deterioran y destruyen, acabando con el beneficio que deberían aportar a las comunidades que las usan. Esto explica la frustración de las mismas comunidades, pero increíblemente sirve para que los políticos una y otra vez tengan cómo prometer que “ahora sí, se harán y quedarán bien construidas” y las ingenuas comunidades voten por ellos otra vez. Se suponía que este tipo de arreglos estructurales era parte del cambio prometido por el gobierno Petro.

La Ley 842 de 2003, que regula el ejercicio profesional de la ingeniería en Colombia, es clara: hay actividades que requieren de la intervención de ingenieros certificados. Esta ley no es una barrera burocrática; por el contrario, es una garantía para las mismas comunidades. Garantiza que los proyectos de infraestructura, que involucran el uso de recursos públicos y que son esenciales para el desarrollo sostenible, sean ejecutados por quienes poseen las competencias técnicas para hacerlo. Por pura lógica, los ingenieros son los principales aliados de las comunidades para que sus obras queden bien diseñadas y construidas y duren, duren mucho para beneficio de ellas mismas. No son ni sus enemigos ni sus competidores, son sus aliados estratégicos. El trabajo de las comunidades en los proyectos es siempre deseable y conciliable, por lo cual no se puede aceptar un argumento falaz alrededor de esto para polarizar a las comunidades en contra de los ingenieros

Y los procesos licitatorios llevados con observancia a la Ley 80 de 1993 no son obstáculos para la transparencia; al revés, son su salvaguardia. Contratar directamente a las comunidades puede sonar atractivo en el papel, pero hacerlo sin la participación técnica adecuada es condenar esas obras a una alta posibilidad de fracaso, y por ende, a las mismas comunidades a la frustración cuando las obras empiecen a fallar y no puedan aplicarse instrumentos de garantía. No es solo la cuestión de gestionar bien los recursos, sino de garantizar que esas infraestructuras, tan necesarias para el desarrollo rural, para que tengan la calidad, seguridad y durabilidad que las comunidades merecen. La falta de una correcta ejecución técnica no solo puede llevar a errores de ejecución, sino a la pérdida de miles de millones en recursos que el país no tiene suficientes y menos puede darse el lujo de desperdiciar.

Además, está en juego la reputación de la ingeniería colombiana. No se puede negar que una fracción de los ingenieros han sido partícipes en prácticas corruptas, como sucede en todas las otras profesiones en nuestro país. Nada se escapa a este asfixiador flagelo en Colombia. Sin embargo, generalizar y pretender que todos los ingenieros son corruptos es un despropósito inaceptable que, paradójicamente, el mismo presidente Petro sabe bien que no es verdad al igual que su ministra de Transporte, que es ingeniera.

Y pretender que los procesos licitatorios sean reemplazados por contratación directa, sin los controles necesarios para mejorar la trasparencia no puede ser más ingenuo. Si realmente se quiere combatir la corrupción en el sector, que era una promesa de campaña del presidente Petro, lo que se necesita es más control, más supervisión, y obviamente más transparencia en los procesos, no menos.

Estoy seguro de que la ingeniería colombiana estará dispuesta a coliderar el diálogo necesario y a colaborar con el Gobierno en la búsqueda de soluciones que permitan un desarrollo inclusivo y sostenible. La clave está en encontrar equilibrios: las comunidades deben ser empoderadas y tener un rol activo en la supervisión, control de los proyectos, y en su ejecución, siempre de la mano de los profesionales de la ingeniería, quienes pueden garantizar que esos proyectos sean viables, seguros y duraderos.

No es justo que, bajo el pretexto de luchar contra la corrupción, se descalifique a toda una profesión que ha dado tanto por este país. Lo que sí se necesita es un sistema que incentive la participación de ingenieros comprometidos con la ética, con la calidad y con el desarrollo del país. Los ingenieros, como parte de la comunidad, tienen la capacidad y pueden comprometerse para garantizar que las obras se hagan bien, respetando los principios de transparencia y eficiencia que se promueven.

Necesitamos un sistema de contratación que fomente la competencia justa, que permita la participación de los pequeños y medianos contratistas, y que garantice la calidad técnica de las obras. El gobierno no debería ver esto como un obstáculo, sino como una oportunidad para mejorar sus políticas, trabajando de la mano con la ingeniería colombiana para lograr el desarrollo que tanto necesitamos, todos.

En este camino, los ingenieros no son los enemigos, sino los aliados fundamentales, son los socios del desarrollo nacional. Defender la ingeniería es defender el futuro de Colombia, y estoy seguro de que, trabajando juntos, podemos construir un país donde la infraestructura pública sea sinónimo de progreso, calidad, durabilidad y transparencia.

Rafael Fonseca Zarate

Edificaciones que se convierten en trampas mortales: lecciones desde Londres

Escrito por Rafael Fonseca en Sep 19, 2024. Publicado en Opinión.

En 2017 sucedió en Londres “el incendio más grave de la historia” en un edificio residencial que dejó 72 muertos. Los reportes periodísticos lo resumen así: “Los reproches a los sucesivos gobiernos que consintieron la construcción de inmuebles sin garantías suficientes de seguridad y a las empresas que, con una «falta de honestidad sistemática», ocultaron los riesgos del revestimiento de la fachada, clave para la rápida extensión de las llamas”. Con una conclusión aún más dolorosa: “todas las muertes eran evitables» (20Minutos, 2024).

Las conclusiones de la extensa investigación del siniestro advierten las vulnerabilidades en el sistema de control del Estado y en las deficientes actuaciones de las empresas constructoras (para nosotros: promotores, diseñadores y constructores) que levantan señales de emergencia por nuestro precario sistema análogo de control del Estado y por las prácticas en la construcción de edificaciones, desde casas hasta edificios, porque podríamos estar incubando mecanismos de falla que cobrarían muchas vidas cuando se presenten eventos como terremotos e incendios, de los cuales no estamos exentos de ninguna manera.

La investigadora Dame Judith Hackitt extrae en su informe las lecciones de esta tragedia (GOV.UK, 2024), que son asombrosamente aplicables a nuestra situación, pero no solo para incendios, sino especialmente para sismo-resistencia, que hace que quedemos perplejos al revisar nuestra realidad, donde cerca del 87% de nuestras ciudades densamente pobladas se encuentran en una región expuesta a amenaza sísmica alta e intermedia con construcciones que podrían ser vulnerables (UNGRD, 2024).

En cuanto a condiciones particulares de incendio, la investigadora Hackitt concluye que faltó documentación adecuada para rastrear si se habían llevado a cabo trabajos esenciales de seguridad, que las puertas cortafuegos fallaron y que hubo propagación del incendio entre pisos, todos hallazgos que en una ciudad como Londres no deberían haber ocurrido (se supone un alto nivel de control estatal y un alto nivel de responsabilidad de todos los actores en la cadena de construcción dado el fuerte sistema de justicia al que deberán enfrentar después de un siniestro).

Pero sus conclusiones generales son las que más llaman la atención y son un llamado de emergencia por sus implicaciones en todo lo que abarca la garantía de seguridad de las construcciones, que se supone que brinda el control del Estado con sus procedimientos legales y obligatorios:

Hackitt destaca los problemas sistémicos principales en el sistema actual (Alvarez, 2024, minuto 22 en adelante):
Ignorancia: Las regulaciones y orientaciones no siempre son conocidas o comprendidas por aquellos que deberían seguirlas, y rara vez se busca el consejo de expertos.

Indiferencia: La motivación principal es hacer las cosas lo más rápido y barato posible, en lugar de ofrecer hogares seguros y de calidad. Las preocupaciones sobre la seguridad a menudo se pasan por alto en favor de minimizar costos.
Falta de claridad: La ambigüedad en las regulaciones y en las responsabilidades de las partes interesadas complica la implementación efectiva de las normas de seguridad.

Regulador inadecuado y falta de supervisión rigurosa: El regulador actual no puede garantizar que se construyan edificios seguros debido a una combinación de recursos insuficientes, la aplicación inconsistente de las reglas, y la falta de un enfoque de «mano dura».

Al hacer un paralelo con nuestra situación, principalmente de sismo-resistencia, se nota que compartimos exactamente estos problemas sistémicos, y tenemos muchos más. Que preocupación tan grande queda.

La primera alerta es que al menos el 50% de las edificaciones se hace sin control (estimativos sobre la informalidad). Y de esas, los expertos estiman que el 95% no haya tenido intervención de por lo menos algún profesional responsable que entienda bien la responsabilidad de la seguridad de la edificación (que de hecho, sería una contradicción) (Fonseca, 2022).

La segunda alerta, también enorme es que, del total de viviendas del país, 20,118 millones, en 2024 (DANE, 2024) se estima que el 50% datan de antes de la reglamentación de la Ley 400 de 1997 y que, por tanto, se puede presumir que no tuvieron control en su proceso constructivo (Álvarez, 2024). Es decir, que tan solo el 25% de todas las edificaciones tuvieron licencias y algún esquema de control.

La tercera alerta es que la supervisión técnica, que para explicarlo en términos más coloquiales es el control de calidad de todos los aspectos del diseño y construcción, es deficiente, pese a que se encuentra reglamentado en la Ley 1796 de 2016, Decretos 94 y 1203 de 2017 con las figuras de Revisor estructural independiente, Curaduría y Supervisor técnico independiente; recientemente, en una entrevista a un experto reconocido, afirmaba que de lo que él conocía, que era mucho, tan solo el 20% de la supervisión se hacía en forma aceptable y que en ningún caso se lograba una construcción con todas las condiciones deseables, por más esfuerzos para que todos los responsables cumplieran con todo lo necesario. Eso quiere decir que alrededor de solo el 5% de las nuevas construcciones sería realmente confiable.

}Muy grave. Además, y en contra de la seguridad de las edificaciones y por ende de sus moradores, desde la Ley 1796 de 2016 estas supervisiones no cubren acabados ni elementos decorativos, ni la revisión de bomberos (la fachada fue responsable en el caso de Londres, por ejemplo) quedando claro que la función del Estado no está completamente reglamentada, con problemas y con omisiones. Un absurdo.

Hay varios aspectos que hacen muy débil el sistema de control. La responsabilidad del Estado se traduce en que la competencia de inspección y control urbanístico la tiene el inspector de Policía y la responsabilidad es del Alcalde municipal (Ley 1801 de 2016), lo que en la práctica hace que no sea real en su generalidad, tanto por falta de personal, por falta de preparación específica y por falta de comprensión de la responsabilidad, para nombrar las principales causas.

Las Curadurías Urbanas y más aún las Oficinas de Planeación del municipio, estudian en forma no estándar los proyectos, lo cual hace que haya diferentes métodos de revisión para otorgar licencias de construcción; esas licencias no son modificadas con lo que se construye realmente (planos as built), lo que debería tener una previa autorización de la misma entidad; y ahora, el Promotor pretende que el Supervisor apruebe tales modificaciones, ya que al final otorgará el Certificado Técnico de Ocupación de la edificación, pero que claramente excede su alcance.

Para completar el cuadro, sumándole al de por sí ya un débil sistema de control, tanto los Curadores, los Revisores estructurales como los Supervisores técnicos, son escogidos y contratados por el Promotor de la edificación, lo que los hace sus subalternos y en la práctica seguidores de instrucciones de quien puede estar solo enfocado en el negocio, y para quien la calidad y la seguridad son un costo, y puede estar lejos de comprender su responsabilidad social (Fonseca, 2022). Este detalle, desvirtúa el sistema de control estatal delegado al sector privado, y deriva en que aquellos que tienen el propósito de hacer todo en forma correcta terminen en desventaja competitiva frente a los que no. Un verdadero despropósito.

Por otra parte, se sabe que la real aplicación del sistema de justicia está lejana, y que los recientemente introducidos seguros decenales tienen tantos agujeros legales que lo más probable es que nunca se logren cobrar, y menos, repetir contra los responsables porque tocaría demostrar que estuvieron mal diseñadas, mal licenciadas, mal revisadas, mal construidas y mal supervisadas, considerando además que esta garantía no cubre los siniestros de incendios, ni terremotos (Varela, 2024). Es decir, no hay incentivos reales para la calidad y la seguridad de las edificaciones.

Se requiere, con urgencia, que hagamos una revisión a fondo del marco legal de la seguridad de las edificaciones, y que corrijamos de una vez los problemas que están suficientemente diagnosticados. Y de paso, que nos enfrentemos, tanto políticos como técnicos, a la posibilidad de que haya una gran parte de las edificaciones que no cumplan con los mínimos establecidos en las normas, y que representen un riesgo mayor para una gran parte de los colombianos. Esta es una prueba ácida qué permitiría verificar hasta dónde va realmente la responsabilidad social de los dirigentes, y por supuesto, de la ética profesional de ingenieros, arquitectos y profesionales de la construcción en general.

Rafael Fonseca Zárate

Valorización en carreteras y el principio de justicia

Escrito por Rafael Fonseca en Ago 22, 2024. Publicado en Opinión.

En la financiación de las carreteras hay tres fuentes principales de pago de la inversión: los peajes, recursos del presupuesto nacional y la valorización (puede haber otros cobros adicionales por uso y usufructo del corredor como publicidad y derechos de uso de zonas para estaciones de servicio). La valorización en la vía Barranquilla – Cartagena ha planteado un conflicto que hay que resolver pronta y justamente porque es aplicable a todas las vías y autopistas del país.

Cuando una vía se paga exclusivamente por una sola de ellas, alguien está siendo subsidiado o el Estado le está regalando a alguien recursos de todos los colombianos, lo cual no está bien y no es lo justo. Cuando el recaudo de los peajes son la única fuente para construir y mantener la vía, aquellos que tienen tierra junto a esa infraestructura resultan beneficiados al subir su precio de mercado, en parte pagado o subsidiado por los que viajan y pagan esos peajes. Pero también, todos los colombianos resultamos beneficiados porque tenemos la disponibilidad de una buena vía para cuando queramos materializar el bienestar de viajar, y también de otra forma más cuantificable, por el hecho de que el país aumente su competitividad en alguna porción debido a una mejor conexión de las cargas y mercancías lograda por la carretera, y por ende, surjan más oportunidades, desde mayor producción y empleos hasta mayores impuestos, que terminan por revertirse para todos en alguna medida. Así es que el tema no es tan simple como una protesta con miras a no pagar.

De la misma forma, pero inversamente se puede analizar que, si las vías solo se pagan con recursos del presupuesto nacional, o sea impuestos, todos los colombianos terminamos regalándole a los terratenientes el mayor valor de sus predios, o a los que viajan y a los transportadores, el derecho de uso de una buena vía. Sería injusto también que solo se pagaran las vías por valorización porque resultarían los dueños de las tierras cercanas subsidiando a los viajeros y transportadores, y a todos los colombianos en cierta medida. Lo que ha estado pasando en la realidad es que la mayoría de las vías se han pagado con recursos del presupuesto nacional (caso de las vías manejadas por Invías) y por una combinación de peajes y presupuesto nacional (caso de las concesiones de la ANI, salvo las Iniciativas Privadas -IP- que solo se basan en peajes), todo lo cual significa que le estamos regalando el enorme mayor valor de las tierras a terratenientes y demás poseedores de tierras en el área cercana a la carretera, lo cual puede llegar a ser tan injusto como una redistribución totalmente regresiva, es decir, la mayoría de los colombianos, pobres, contribuyendo a que los que ya tienen mucho se hagan más ricos sin ninguna razón aceptable.

No hay que caer en la tentación de dejarse llevar por ideologías, de ningún lado, que terminan sesgadas frente a la justicia requerida para todos los ciudadanos. Lo que hay que comprender y actuar en consecuencia es la necesidad de establecer un satisfactorio equilibrio que haga justicia para todos.

En la legislación colombiana, la contribución por valorización es un tributo especial que se impone a los propietarios de bienes inmuebles (terrenos, edificios, etc.) cuando se realizan obras públicas que generan un incremento en el valor de sus propiedades, y de esa forma compartan con el Estado parte de ese beneficio. El monto de la contribución por valorización se determina según el aumento del valor que la obra pública genera en las propiedades beneficiadas. Es decir, no se basa únicamente en el costo de la obra, sino en el beneficio económico que esta aporta a los propietarios de los inmuebles. Esta contribución por valorización está regulada por la Ley 388 de 1997 (Ley de Desarrollo Territorial).

Se ha usado ampliamente en las ciudades, pero no tanto en las carreteras.

Algunos de los opositores en el caso de Barranquilla a Cartagena son los gremios económicos (Herrera, 2024), como Intergremial del Atlántico y el Comité Intergremial de Bolívar que actúan como cabildantes en nombre de sus afiliados y no como propietarios directos de tierras en la zona aledaña a la carretera, que seguramente sí son los dueños de las empresas que son afiliadas al gremio, que se verían afectados por el recaudo pero que ya se vieron positivamente impactados por el mayor valor de sus terrenos por el avance de los trabajos. Pero no necesariamente porque sea una labor del corazón del objetivo económico del gremio.

Expliquemos esto. Entre más conectividad haya (mejores carreteras y otros medios) mejor para todos los objetivos económicos, particularmente los regionales; deberían estar siempre al lado de la promoción de más y mejores vías. Si las fuentes no son solo peajes y presupuesto nacional, se esperaría que los peajes no fueran tan altos o los impuestos nacionales a la larga no fueran impactados por toda la inversión, y con ello la esperanza de que al menos en parte, no subieran más. Es decir, ambos objetivos alineados con los empresarios que representan esos gremios por lo cual no se entiende bien su oposición.

Quienes se oponen, no obstante, tienen observaciones importantes.

Dicen que no hay estudios suficientes y no se ha consultado la capacidad de pago. Sin embargo, la Ministra de Transporte ha explicado los estudios en varios foros, incluyendo debate en el Congreso de la República. Este tipo de estudios tienen también fases de desarrollo, y es posible que haya necesidad de aclarar en qué fase están y disipar las dudas.

Dicen que se está aplicándose una norma por fuera de tiempo, puesto que ya se ha avanzado la construcción y faltan solo 6 kilómetros de doble calzada. Esto tiene una implicación difícil: quienes compraron predios recientemente ya pagaron ese mayor precio por la valorización del terreno por la vía, y se verían conminados a pagar nuevamente por el mismo concepto. En el estatuto anterior se declaraban durante un tiempo como predios de utilidad pública para evitar que se negociaran con especulación, lo cual tiene el mayor sentido.

Expresan su preocupación por el destino de los recursos recaudados, advirtiendo que «el recaudo del impuesto se invertiría en otras regiones del país» basados en que la Ley 2010 de 2019, artículo 149 habla que los cobros de valorización nacional pueden destinarse como fuente de pago para el desarrollo de proyectos de infraestructura (en general). Si los recursos de la valorización no se usan en la misma vía, se pierde el equilibrio de las tres fuentes explicado, es decir, que ayuden a bajar la tarifa de los peajes y las contribuciones del presupuesto nacional. Algunas voces apoyan que se usen en vías terciarias en la misma región (editorial de Vanguardia, 22 de agosto 2024) pero querría decir que otra vez los viajeros y transportadores, y en parte los colombianos, estaríamos mejorando el valor de los predios en esa región en detrimento del equilibrio que debe existir sobre la vía. En el caso de la carretera que nos ocupa ya hay un acuerdo al respecto (Díaz, 2024) para que se queden los recursos en la región, desvirtuando el justo equilibrio planteado.

Esta discusión no es un asunto menor para ningún colombiano. Se trata de principios de justicia y atañe a asuntos de equidad, de competitividad del país, de desigualdad y de concentración de la riqueza. Debe aprovecharse el momento para hacer una reforma a la ley que arregle justamente los problemas de una vez.

Rafael Fonseca Zarate

La relativización de la ética

Escrito por Rafael Fonseca en May 4, 2024. Publicado en Opinión.

En la conferencia “Paradigmas en muros prefabricados” en el pasado congreso de ingeniería (Barranquilla, 2023) sobre el sistema de prefabricación de edificios de hasta seis pisos, desarrollado por Cementos Argos y presentado por el conocido profesor de la Universidad de los Andes, ingeniero Correal, PhD, abrió su explicación citando a Thomas Kuhn, filósofo de la ciencia, físico PhD, a quien se le recuerda en todo el mundo por su explicación de paradigma y cambio de paradigma (Kuhn T., 1962. La estructura de las revoluciones científicas). Kuhn le definió a la humanidad que un “paradigma es un conjunto de creencias, valores, técnicas, prácticas aceptadas y compartidas por una comunidad científica”; hablaba de los paradigmas científicos.

El expositor seguramente quería hacer hincapié en que había que afrontar un cambio de paradigma en la construcción de edificios con esta nueva tecnología. La prefabricación ha existido un desde 1897, año en que se construyó el primer edificio con elementos prefabricados (Vidal. A, Noticreto 133, nov-dic 2015, pag 42), pero este sistema industrializado podría representar importantes avances en costos y rapidez en la construcción de apartamentos que son bienvenidos en la industria, por supuesto.

Lo curioso, al citar a Kahn y asociarlo al nuevo paradigma, es que el sistema de prefabricación expuesto no es aún una práctica aceptada y compartida por la comunidad científica de los ingenieros estructurales en el país. Aún está en proceso de serlo. Para poderlo ser, entre otros, debería pasar por un proceso de homologación en la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes -CAPPRCSR-, adscrita al Ministerio de Vivienda, cuya función es la de ejercer como el regulador de todo cuanto se refiera a construcciones sismo resistentes en el país.

Un regulador es una entidad gubernamental encargada de supervisar y regular un determinado sector de la actividad económica o social y tienen la responsabilidad de establecer y hacer cumplir normativas, políticas y estándares que garanticen el funcionamiento adecuado, seguro, justo y eficiente del sector que supervisa. En este caso, de la construcción de edificios para que sean seguros frente a la amenaza de sismos que tenemos en el país.

La CAPPRCSR fue creada por la Ley 400 de 1997 y es cuerpo consultivo del gobierno en asuntos de sismo resistencia, adscrita al Ministerio de Vivienda. Está conformada por representantes del gobierno y algunas asociaciones de constructores, arquitectos e ingenieros (ver integración CAPPRCSR). Es la encargada de revisar y actualizar las normas de sismo-resistencia como NSR-98, NSR-10 y sus actualizaciones y de aprobar los regímenes de excepción. Por sus funciones, debería ser una comisión de alto nivel técnico en ingeniería.

Cuando algún método de construcción se aparta de lo convencional, esta Comisión debe decidir si se le aplica un régimen de excepción. En 2021 acordaron en su seno que la construcción con muros prefabricados de concreto debería tenerlo; por este motivo, el sistema de Argos debería pasar por el procedimiento de homologación mediante el cual la CAPPRCSR le dé su aprobación (ver actas de la CAPPRCSR). El punto clave son las conexiones entre los muros y las placas, puesto que, no son conexiones fundidas en sitio y hay expertos, dentro de esa comunidad científica, que tienen dudas de que se logre un vínculo sólido y se conforme un nudo rígido en ellas, por lo que se deberían ensayar a escala uno a uno, que seguramente sería parte del régimen de homologación. Es decir, el sistema no tendría aprobación oficial según lo acordado en la Comisión hasta surtir este procedimiento.

Al mismo tiempo, se está adelantando un proyecto en Tocancipá desde marzo de 2023. Posiblemente, la interpretación de sus promotores, más jurídica que técnica en un tema puramente técnico de ingeniería, es que no se requiera este regimen de homologación, puesto que el sistema cuenta con ensayos en la Universidad de los Andes, llevados a cabo por el profesor Correal, y que mostró en su conferencia; sin embargo, entre el video del proyecto en construcción y el de los ensayos de la conferencia hay diferencias a simple vista en la cantidad de los aceros del muro, que inducen a pensar que no se trata del muro representativo del sistema que se quería probar, por lo que sería difícil entender esta interpretación. Lo más importante del régimen de homologación de la CAPPRCSR, como regulador, es que a nombre del Estado colombiano dará la garantía de que lo construido será seguro para quienes vivirán en los apartamentos. Esto debería bastar para que todos los involucrados estuvieran muy interesados en cumplir con este requisito para estar tranquilos, empezando por el mismo Cementos Argos. Cualquier evento desafortunado con un sismo, que generara una tragedia, y sin contar con este requisito, representaría un enorme costo monetario y reputacional para los promotores del proyecto y para Argos. Son riesgos que no se pueden correr.

Lo particular en todo esto es que a la CAPPRCSR asiste el ingeniero Correal desde hace 9 años: 4 a nombre de AIS[1] y los últimos 5 en nombre de ACIES[2]. Y al mismo tiempo, ha dirigido tesis en su universidad sobre el sistema específico de Argos. Lo malo es que, al parecer, tan solo unos meses atrás se declaró impedido en el tema reconociendo ser el asesor de Argos, y por consiguiente, habiendo estado inmerso en un grave conflicto de intereses, porque fue parte del regulador y al mismo tiempo fue parte del regulado.

También hay que referirse a Camacol, el gremio de los constructores de vivienda, que tiene asiento en la CAPPRCSR; no obstante, Cementos Argos tiene un puesto casi fijo en su junta, que a su vez es la que da instrucciones al presidente nacional del gremio económico, quien a su vez da instrucciones a su representante en la CAPPRCSR, lo cual significaría otro conflicto de intereses, que no refleja lo expresado en sus estatutos sobre la ética (artículo 8, Deberes, de sus estatutos).

El propio Cementos Argos, tan importante para el sector, orgullo para todos los colombianos por su expansión en América, puntal de empresa formal que le apuesta permanentemente al país, propicia estas fallas éticas: su relación con el gremio de constructores y por ese conducto su influencia directa en la CAPPRCSR, al igual que esa relación de asesorada por el ingeniero Correal que ha integrado la Comisión y que por ende ha sido su propio regulador, conformando lo que se conoce como una captura del regulador. Y al mismo tiempo, no esperándose a la aplicación de la norma, que conoce bien, para la expedición del régimen de homologación y posteriormente adelantar la comercialización de su sistema, que le garantizaría estar cumpliendo toda la normatividad y legalidad en Colombia. Es muy difícil comprender ¿para qué asumir estos riesgos tan altos?

Inexplicable. Todos hablan y promulgan la ética, pero ninguno actúa con verdadera ética en este caso. En su participación en la CAPPRCSR, Camacol debería declararse impedida en todo lo referente a Argos; el ingeniero Correal debería retirarse de la Comisión por haber tenido el doble papel, de juez y parte en el tema de Argos; la mismísima Universidad de los Andes debería revisar como ha sido su papel en todo este entramado que no apunta a los pilares éticos que promulga; y Argos, debería alejarse de cualquier práctica que se pueda tildar de captura del regulador; también debería parar la comercialización del sistema y esperar sabia y prudentemente la expedición del régimen especial de homologación, para actuar con máxima responsabilidad en un tema tan sensible, y demostrar de que sí apunta a sus ideales éticos empresariales.

Esta relativización con la que tomamos el comportamiento ético en Colombia no corresponde a profesionales, empresarios, gremios y academias leales con su patria. Lo de menos es que un artículo como éste se tome como afrenta, que no le interesa serlo, y en cambio se desperdicie la posibilidad de reflexionar desde la comprensión del dolor de país que se siente al observar a los que están llamados a ser miembros modelo, magníficos, de nuestra sociedad, actuando de mala manera.

Siempre se puede mejorar lo actuado, y de paso, permitirnos creer que aún tenemos esperanza.

[1] Asociación de Ingeniería Sísmica

[2] Asociación colombiana de ingenieros estructurales.

Rafael Fonseca Zarate

Auscultando el corazón de la crisis del sistema de salud en Colombia

Escrito por Rafael Fonseca en Abr 17, 2024. Publicado en Opinión.

Un asunto muy complejo

El cuerpo humano y su interacción con el entorno, es un sistema complejo. La salud individual, igualmente. Si bien la ciencia ha logrado avances considerables en la comprensión del cuerpo humano, aún queda mucho por descubrir. La complejidad aumenta aún más por las características únicas del sistema de cada individuo, influenciadas por su familia, entorno infantil, hábitos, estilo de vida y posibilidades. Además, la salud está estrechamente ligada a la psique, introduciendo más variables y variabilidad. En contraposición al enfoque determinista, simplificado y basado en leyes que prevalecía hasta principios del siglo pasado, la realidad nos presenta un panorama donde solo contamos con aproximaciones para comprender la salud individual.

La salud de una población es un sistema aún más complejo que la de un individuo, debido a la multiplicidad de factores que influyen en la salud de cada uno de sus miembros. Los expertos agrupan a los individuos en grupos «gruesos» para simplificar el análisis, pero la realidad es que la salud de cada persona está estrechamente relacionada con su entorno social, económico, educativo, religioso, ambiental, familiar y cultural. La salud de un individuo puede variar significativamente dependiendo de su estrato social, lugar de residencia, nivel educativo, hábitos y acceso a servicios de salud. Es un tema sumamente complejo que requiere un enfoque holístico que considere todos los factores que influyen en la salud individual y la colectiva.

Y cuando se habla de todo el sistema de salud, dentro de un país, nos asomamos a otras complejidades propias de los sistemas sociales a los que la humanidad ha llegado para intentar vivir en poblaciones, colectividades o sociedades sobre la faz de la tierra, en porciones de su territorio, que hoy conocemos como naciones. Los sistemas de gobierno interrelacionados con los sistemas económicos, ambos fenómenos sociológicos, que a su vez son en sí mismos, sistemas llenos de más complejidades.

Esta aproximación al análisis, basada en la Teoría General de Sistemas, es una forma ordenada para poder explicar un asunto tan complicado como la crisis del sistema de salud.

El modelo

La ciencia maneja las complejidades haciendo modelos que tratan de explicar el comportamiento de los sistemas, naturales como la salud de los individuos, o inventados como la sociedad, la economía y la política de un país. Esos modelos serán buenos en cuanto mejor expliquen el comportamiento, y viceversa. No podemos sino resignarnos a entender que son modelos aproximados, con diferente aproximación en las diferentes disciplinas del conocimiento.

En el caso del sistema de salud, el modelo aproximado que tenemos desde la ley 100 de 1993 es un seguro mediante el cual se ahorra colectivamente para que haya dinero para la atención de los casos individuales cuando sucedan, sabiendo que no a todos los individuos les suceden todos los casos (enfermedades) al tiempo ni en la misma manera. Este es el corazón del sistema. Fue un cambio total frente a lo anterior y representó un avance enorme en cobertura y equidad en salud para los colombianos.

El modelo es el Plan Obligatorio de Salud (POS), el seguro está basado en las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y los eventos (enfermedades) son atendidas por las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). El POS es un modelo aproximado que intenta decir que en la vida de un individuo promedio se pueden presentar una serie de enfermedades con una frecuencia estudiada a través de la observación de la realidad en grupos de personas en forma estadística. Su característica principal es que es dinámico, es decir, que por más bien hecho el estudio y más grande la muestra de la observación, de un año a otro puede variar, porque varían las enfermedades según todas las complejas interacciones que anotábamos al inicio. Y su monetización (ponerle precio a los tratamientos y medicamentos) cambia permanentemente con los precios de los mercados, de los salarios, y de todos los factores que participan en esta gran bolsa de costos. Con base en esos delicados y difíciles cálculos aproximados sale la cifra de los aportes que conocemos como la Unidad de Pago por Capitación (UPC) (pago por persona).

Las EPS por su parte tienen varias responsabilidades (algunas de las que la reforma busca cambiar): son las encargadas de reclutar y afiliar individuos, las encargadas de recolectar y mantener el ahorro en el esquema de aseguramiento (reserva técnica), las administradoras de toda la prestación del servicio de atención en caso de eventos (enfermedades) para lo cual son quienes conforman, contratan y pagan a la red de IPS. En este diseño de organización, las EPS han tenido el manejo de dos asuntos clave: el ahorro del seguro, que son montos inmensos de dinero (o deberían serlo) y el manejo de los contratos con las IPS; estamos hablando de un poder económico muy grande.

Y el Estado tiene el rol del sistema de control y de corrección de las desviaciones que se presenten, basado en que los demás actores son privados, o entidades del Estado de otro orden.

Todo lo anterior podría funcionar debidamente en condiciones de calidad, no corrupción y no politización. Pero esas no son las condiciones de nuestra cultura reinante dentro del sistema social en que hemos evolucionado; ninguna de las tres. La crisis que hoy tenemos, en forma coloquial, consiste en que el sistema se quebró porque la plata no alcanza para garantizar la salud de los colombianos; hay que entender cuál es la causa de que no alcance, entonces.

¿Cuál es la causa?

Por una parte, la más densa, es muy complicado saber qué parte de la quiebra de las EPS provenga de que los ahorros fueron usados ilegalmente en otros asuntos (como se sabe que así ha sido) y que difícilmente se recuperarán por el precario sistema de justicia que tenemos (otro sistema del Estado), con el correspondiente impacto al sistema económico del Estado, y al final, seremos todos los colombianos los que pagaríamos esa factura de corrupción a través de los impuestos. Los fondos pudieron ser desviados para financiar la construcción de los emporios de salud que dependían de las EPS, dado que ellas podían determinar las IPS con las cuales contrataban, que preferiblemente serían las de ellos mismos, por lo cual la limitación de la integración vertical era esencial para eliminar el incentivo perverso a la concentración del negocio y favorecimiento en pagos y garantías (una especie de auto-pagos); se criticó siempre que la “salud no podía ser un negocio”, mal expresado tal vez, porque sí podría serlo dentro unos límites de razonabilidad, transparencia y control, integrando bien lo privado con lo público; control que por lo visto no funcionó, no se ejerció debidamente o que en forma fraudulenta no quiso ejercerse. Lo cierto es que también se usaron los ahorros de los individuos afiliados en otros asuntos, como fincas y clubes, como se registró en algunos casos muy sonados (Angarita, J. 2023).

O que esa quiebra haya sido generada por un mal cálculo de la UPC (Vesga, Ana. 2023) (Barragán, Andrés. 2023) (y de las demás fuentes de aporte al sistema), por falta de calidad en algo tan exigente y complejo durante toda la vida del sistema, por lo cual se puede concluir que los responsables gubernamentales hacia atrás no actuaron con la debida responsabilidad y diligencia. No se debe perder de vista también la ocurrencia de la pandemia años atrás, que pudo haber cambiado patrones en el modelo de salud que hasta ahora podrían estarse materializando.

O con intención, para quebrar al sistema y propiciar la reforma, como en estos días se alude debido a la politización y la ideología estatizadora que se le conoce al actual Gobierno. Junto a esta última posibilidad, también podría haber erodado la ya crítica situación del sistema, la demora en los giros que han expresado los administradores de las EPS (López, José. 2024). De paso, que el Estado tome las funciones que permitieron las presumibles acciones corruptas de algunas EPS es poco probable que solucione el problema, porque no se habrá solucionado la corrupción cultural reinante y porque la administración pública es especialmente vulnerable a ella.

El diseño de la organización del sistema genera incentivos en su contra

Más allá, el análisis de Flórez y Pérez y Soto explica cómo el diseño del modelo de competencia gestionada por el legislador y gestionada por el regulador (también referido como esquema de competencia regulada) no propicia la competencia, es estático para un sistema tan dinámico, en donde los precios (UPC) se establecen por decreto y los competidores (un oligopolio en la práctica, determinado por el regulador) no tienen que competir por los clientes (afiliados) de donde se pueden desprender incentivos para cortar costos (mal servicio, no servicios preventivos y negación de procedimientos, empujando a los usuarios a entablar tutelas) y en centrarse en cabildeo para capturar al legislador y al regulador para mejorar su negocio a través de gabelas en la ley y de menores controles. En últimas, lo que se ha observado es que este diseño no apunta a libertad de mercado con empresas privadas compitiendo sino a un mercado planificado por decreto, vulnerable a la corrupción, en donde los privados prestan servicios precariamente regulados y controlados, y sin tener que competir (Flórez, K; Pérez y Soto, A. 2014).

El causante primario

Seguramente la crisis es consecuencia de una combinación de las anteriores causas posibles y se necesita que las entidades de control aclaren cuáles y en qué proporción. Los sentimientos de impotencia, rabia y desesperanza que genera esta auscultación al corazón de la crisis del sistema de salud deben servir para generar conciencia. No es que la corrupción y los malos manejos no nos toquen a los ciudadanos de a pie, y que da pereza lo que pase en política. El causante primario de este asunto tan grave es el colombiano promedio, cualquiera de nosotros, que no le paramos bolas al manejo del Estado y dejamos que los mismos se salgan con las mismas prácticas, elección tras elección. La conciencia y participación política no se pueden delegar y menos darle la espalda.

Ahora es tiempo de arreglar lo necesario para erradicar las causas de los problemas, completar lo que faltaba y consolidar un sistema que logre avanzar con mejores resultados.

Rafael Fonseca Zárate

@refonsecaz

Referencias:

Angarita, Jenny (2023). Caso Saludcoop: Carlos Palacino se entregó a la justicia. La W Radio, 16 de noviembre de 2023.

Barragán, Andrés (2023). Adres nos paga a las EPS cada mes, pero el problema es que eso no nos alcanza. COMPENSAR en La República, 1 de septiembre de 2023.

Flórez, Katherine; Pérez y Soto, Alejandro (2014). El diseño institucional del sistema de salud colombiano: el papel de los supuestos de la política y la legislación en clave de análisis económico. Revista Gestión & Desarrollo, Universidad San Buenaventura, Volumen 11 Número 1.

López, José (2024). Anif considera que la crisis en el sistema de salud sería inducida por parte del Gobierno. Centro de Estudios Económicos, ANIF, en La República, 10 de abril de 2024.

Vesga, Ana (2023). Acemi propuso consolidar las funciones de Gestoras de Salud sin el riesgo financiero. ACEMI, en La República, 15 de octubre de 2023.

Rupturas que nos esperan en el siglo XXI

Escrito por Rafael Fonseca en Ago 30, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

Por: Rafael Fonseca Zárate

Así como vamos, para el año 2100 la tierra habrá alcanzado 3.3 grados centígrados más que la época preindustrial (antes del siglo XIX) como lo muestra el simulador climático del MIT. Los 14,000 científicos alrededor del mundo reunidos en torno al IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change (ONU) han establecido una meta física, técnica y económicamente posible de 1.5 grados de aumento (sobre la temperatura promedio de la tierra antes de la revolución industrial. Están alarmados, como lo indica en la revista BioScience (Oxford Academic): “advertir claramente a la humanidad de cualquier amenaza catastrófica, y están pidiendo un cambio transformador” con urgencia, porque en el 2050 ya habremos superado los 2 grados (La paradoja del negacionismo). Esta es la primera ruptura que nos espera.

La humanidad mayoritariamente aún no está entendiendo las consecuencias funestas del cambio climático y de la pérdida de la biodiversidad para nuestra vida sobre el planeta, generadas por el consumo de todo tipo de productos para mantener la comodidad actual, por lo que no han cedido los contaminantes y la explotación de materiales en la naturaleza. Pareciera que el mundo le apuesta a que los adelantos tecnológicos van a solucionar el problema y que no es necesaria la conciencia sobre el problema, que cambie comportamientos.

En su libro 21 lecciones para el siglo XXI (Harari, 2018), entre muchos asuntos dice que tanto la biotecnología, con la genética principalmente, como la infotecnología, con inteligencia artificial, automatismo y robótica, podrían salvarnos del cambio climático y de la pérdida de la biodiversidad, que llegarían a dejarnos sin el espacio vital de la tierra, al menos como la conocemos hoy. Pero también advierte que un fuerte enigma se cierne sobre la humanidad por tener desconectados los aspectos tecnológicos con los humanos y éticos.

Desde su análisis, más profundo, en Crisis y revolución en el pensamiento científico contemporáneo: la hipótesis del Nuevo Saber (Delgado, 2006), escrito más de una década antes, su autor ya abordaba la explicación de los cambios que han venido con las rupturas en la ciencia desde el siglo XX. En las palabras de su autor, principalmente en tres tipos de avances: la física del micromundo (la física cuántica), la cibernética y las biotecnologías.

Con la física del micromundo los humanos empezamos a tener conocimientos para trabajar con los niveles fundamentales de la materia y de la energía. Pronto esa potencialidad de creación se transformó en las bombas atómicas convirtiendo los avances en destrucción. Desde entonces tenemos esa amenaza vigente.

Con la cibernética, incluyendo las ciencias de la información y la microelectrónica (equivalente a la infotecnología en Harari) la humanidad llegó a la creación de la vida artificial, expresada en sistemas autónomos, inteligencia artificial y robótica, y la interacción, hasta hace poco tiempo utópica, de la fusión de los dispositivos técnicos con los sistemas vivos.

Con las biotecnologías (equivalentes en Harari), con avances espectaculares: clonación, modificación genética de animales y plantas, y sobre todo, instrumentación de esos avances para producción a gran escala y en breve tiempo convirtiendo los laboratorios en industrias creadoras de vida en modo concentrado e intensivo.

Como se lee, en las tres hay la potencialidad de crear nuevas formas de vida. Ya no se trata de ciencia que observa, descubre y explica los fenómenos de la naturaleza. Y estos avances han llegado al mismo tiempo con evoluciones sociológicas y económicas que empeoran el enigma que se cierne sobre la humanidad.

La ciencia clásica excluyó a la ética desde Descartes en el siglo XVII al proclamar que la ética le era intrínseca a la ciencia, y por lo tanto la ética debía ser estudiada por la filosofía de forma separada. Tal separación llega hasta nuestros días en los que tenemos que enfrentar que la proclama de Descartes seguramente era válida para su época, pero no en la nuestra donde hemos visto los avances científicos convertidos en armas de guerra, dominación, destrucción e incluso, auto-destrucción. Sin ningún límite de comportamiento basados en una ética, con un similar nivel de desarrollo a la ciencia, en torno a los principios morales que construyan el respeto a la vida, el derecho a vivir de todo ser vivo y opuesto a cualquier forma de violencia o discriminación que ponga en peligro su vida.

En las centurias anteriores al siglo XX en los que la ciencia era observadora, descubridora y explicadora de los fenómenos naturales, la dicotomía de la ciencia y la ética se sobrellevaba con una sociedad conservadora y temerosa ante los avances de la ciencia. Por el contrario, en nuestra época ya no solo enfrentamos rupturas en la ciencia, que pasó de explicar los fenómenos de la naturaleza a tener la capacidad de crear vida, sino que ahora tenemos con una sociedad liberal, individualista, consumista, que se ha engolosinado con la comodidad, no solo con el bienestar alcanzado, y al mismo tiempo con una hiper concentración de la riqueza y una pobreza generalizada en el tercer mundo.

Nos esperan una o varias revoluciones, pese a la fuerte explicación de por qué ya una revolución no es posible (Han, 2022), en la que el filósofo coreano-alemán resume bien el meollo actual: el sistema capitalista neoliberal ha sabido esclavizarnos voluntariamente, sin siquiera ser conscientes del sometimiento, aun cuando creamos que estamos en libertad.

Pero revoluciones de mayor grado, verdaderas «rupturas epistemológicas» (cambios radicales de paradigmas en la ciencia, no simplemente modificación de los conocimientos existentes, sino que suponen un cambio radical en la forma de entender la realidad) en las ciencias sociales y humanas, para construir y establecer las interacciones éticas necesarias que permitan a la humanidad sobrevivir con éxito el cambio climático, la desigualdad, la pobreza y la hiper concentración de la riqueza.

Para lograr el equilibrio entre las ciencias naturales y exactas con las ciencias sociales y humanas, que corrija la concepción errada de la cultura científico-técnica por encima de la humanística, que integre ética y ciencia, desarrolle una sabiduría científica y moral integrada, y que dé como resultado ciencia con valores.

Ahora, después del siglo XX, ya sabemos bien que la ciencia en contubernio con el poder económico y sin marco ético, puede llevarnos a la destrucción o a la dominación total.

Referencias

Delgado, C. J. (2006). Crisis y revolución en el pensamiento científico contemporáneo: la hipótesis del Nuevo Saber. En C. Marletti, & P. Ravelo, El gesto de la filosofía hoy. La Habana: Edizioni ETS – Pisa Imágen Contemporánea.

Han, B.-C. (2022). Capitalismo y pulsión de muerte. Barcelona: Herder.

Harari, Y. (2018). 21 lecciones para el siglo XXI. Debate.

@refonsecaz

¿Qué resultados producen los pequeños remedios para un gran mal?

Escrito por Rafael Fonseca en Ago 23, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

Este tema tiene que resultarnos interesante porque vivimos con grandes males. Solo para enunciar algunos: corrupción, narcotráfico, pobreza, desigualdad, y un largo etcétera en todo tipo de asuntos de la vida cotidiana. Y todo a lo que podemos aspirar es a que se planteen pequeños remedios, y si nos va bien, a que se implementen esos pequeños remedios.

La frase original es del filósofo y economista británico John Stuart Mill (1806-1876) y es de hace más de un siglo: «Contra un gran mal, un pequeño remedio no produce un pequeño resultado; simplemente no produce ningún resultado«. Una frase tremendamente actual.

Mill es un autor muy importante en economía por su defensa al libre mercado, a la teoría del valor subjetivo y también a su defensa de la función reguladora del Estado para corregir las fallas del mercado. Claro que, quienes conocen el “principio de la utilidad” de Mill, con la que se le considera como unos de los principales exponentes del utilitarismo, pueden no estar de acuerdo con una faceta de la frase que explicaré en forma breve. El utilitarismo sostiene que el principio moral para una decisión consiste en maximizar el beneficio para el mayor número de personas; suena lógico, pero se puede interpretar que tiene una extensión: por encima del derecho individual.

El utilitarismo puede conducir a resultados éticamente controvertidos. El ejemplo clásico es alrededor de la pena de muerte: los utilitaristas sostienen que la pena de muerte es moralmente justificable si disuade a otros de cometer delitos; sin embargo, otros sostienen que la pena de muerte es moralmente incorrecta, incluso si disuade a otros de cometer delitos, porque viola los derechos individuales. Para terminar sobre el tema, en nombre del utilitarismo se podrían argumentar decisiones que estarían cercanas a movimientos discriminatorios, al fascismo y a la validación de tiranías.

Comentar sobre Mill era necesario para evitar que se usara una falacia ad-hominen y así quitarle valor a esta frase, tan interesante, que desde luego tenemos que encuadrar siempre dentro de la ley y los derechos humanos. Pero sí nos permite reflexionar mucho.

La reflexión de fondo tiene que ver con la real posibilidad de establecer un gran remedio para un gran mal, o de lo contrario, no desgastarnos más haciendo pequeños remedios que nos mantengan entretenidos y abobados, a sabiendas que no producirán ningún remedio. Aunque suene tonto esto, en eso nos la pasamos: leyes, políticas de Gobiernos, decretos, estrategias, programas y planes, que no solucionan ningún problema. Y en todos los períodos repetimos la dosis, una y otra vez como si careciéramos de inteligencia.

Y caben más sub reflexiones, puesto que es usual que nos quejemos de que los demás son los que no hacen lo debido, pero no hablamos sobre qué es lo que podemos hacer nosotros para contribuir a la solución. Para que quede claro, aquí va una lista de lo que cada colombiano puede hacer para ayudar, entre todos, a formar un gran remedio al mas grave gran mal, la corrupción.

No ser pícaro, tramposo, mañoso, ni corrupto en forma alguna.
No participar en ningún acto corrupto en ninguna forma.
Evitar a personas que se sabe son corruptas, pícaras, tramposas, o mañosas.
Denunciar todo acto o forma corrupta que se conozca, sin importar que prospere o no la denuncia. Hay que lograr que a punta de persistencia se avance en la lucha contra la corrupción, así sea de forma anónima.
Votar por candidatos que de ninguna forma aparezcan asociados con actos corruptos en el pasado.

Algunas organizaciones que ayudan a esta lucha: Pacto Global Red Colombia, Transparencia por Colombia, Secretaría de Trasparencia de la Presidencia.

No nos quejemos más por la corrupción: ¡actuemos en contra de la corrupción!

Rafael Fonseca Zarate

Corrupción de alto nivel

Escrito por Rafael Fonseca en Ago 17, 2023. Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

El caso del grupo AVAL y Corficolombiana está debidamente explicado por periodistas de la talla de Ana Bejarano Ricaurte (Cambio, 2023) y María Jimena Duzán (Cambio, 2023), cuyos artículos es importante leer para entender, no solo el caso en sí mismo, sino cómo opera la tergiversación de la información para hacer pasar un acuerdo de enjuiciamiento diferido que tiene un pago (enorme, 80 millones de dólares) para no hacer los cargos ahora, y esperar a que se cumplan algunas condiciones en tres años para archivar el caso o formular los cargos entonces y continuar con el juicio. Nada que ver con el cierre del caso con el pago de una multa como lo han querido hacer pasar El Tiempo y la revista Semana.

En estos dos medios es habitual que la información se tuerza y tergiverse para que la realidad se convierta en conveniente para sus accionistas, no importa lo grave que sea. Peor en este caso, que se trata nada menos que del más rico de Colombia, dueño también del periódico El Tiempo. Para el público se convierte en desinformación. No solo la enorme corrupción que está involucrada en el caso sino esta otra forma de corrupción que considera que los seres humanos son tontos, y que se les puede inocular información falsa. Bueno, sí pasa; si no, no lo harían: saben que funciona. ¿Dónde, se pregunta uno, está el sentido profesional y ético de los “periodistas” que trabajan en estos medios? La respuesta es obvia; no hay necesidad de desplegar más desprecio por el valor de sus conciencias que resulta tan escaso.

Por fortuna, aún tenemos algunos periodistas que son nuestra última frontera de esperanza. Cualquiera que lea las explicaciones del caso, de inmediato llega a la pregunta ¿y qué pasó con la justicia en Colombia? ¿no hizo nada? ¿hubo que esperar que en Estados Unidos se persiguiera al enorme grupo económico y tan importante entre nosotros, por usar el sistema bancario de ese país para pagar sobornos, para que confirmáramos lo que ya se sabía a voces aquí? Desafortunadamente, como me recordaba ayer un taxista opinador, la justicia en nuestro país sí es para los de ruana; lamentablemente es así, y este caso, como ninguno otro, lo confirma plenamente. En Colombia, entre más rico y poderoso se es, menos probabilidad hay que lo toque la justicia ante un delito. Hay artículos de opinión sobre el caso, en todos los medios, que recuerdan que el Fiscal Martínez era juez y parte para el grupo Aval (su cliente); empezando por ahí…

Pero quedan también otros interrogantes, de esos que mal llamamos en estas tierras “de malicia indígena”, como por ejemplo: teniendo semejante poder, que puede poner presidentes y congresistas, que hace algunos pocos años se jactaba de tener el “pasatiempo” de escribir las leyes, que da el visto bueno para las grandes políticas que se le ocurren a los gobernantes de turno… ¿cómo es que tiene que pagar sobornos (coimas, mordidas) para obtener contratos del Estado? Esta pregunta podría tener dos lecturas en la mente siempre suspicaz de los colombianos de a pie, a cual más de desesperanzadoras y graves. La primera, expresada con otra pregunta ¿es que así ha hecho su fortuna? ¿a punta de sobornos, torcidos y corrupción? Y la segunda, también con otra pregunta: si el más rico, el que manda, tiene que pagar para trabajar, ¿Cómo será la podredumbre generalizada que hay en el Estado colombiano?

Esta es una radiografía de nuestro alto nivel.

¿Podrá alguien señalar el camino que nos saque de esta inmundicia? Sin derrotar a la corrupción, de alto, medio, bajo nivel, la de los enormes negociados hasta la cotidiana, la de la trampa al vecino, no vamos a dejar atrás el subdesarrollo, la pobreza, la desigualdad, la falta de justicia y la impunidad resultante, y así no tendremos chance de mejorar el bienestar para todos los que vivimos en esta tierra.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz