Etiqueta: Rafael Fonseca Zárate

Mientras las decisiones técnicas no sean definidas técnicamente, no saldremos del subdesarrollo

Escrito por Rafael Fonseca en Dic 7, 2022. Publicado en Opinión, Punto de inflexión.

De Perogrullo. Pero así nos pasa a diario y se volvió nuestra forma de vivir el país. Lamentablemente, mientras no tengamos consciencia colectiva de lo grave que es que los asuntos técnicos sean definidos por los políticos o los codiciosos, no saldremos del atraso, de la pobreza, de la falta de bienestar y de todos los males que nos aquejan. No es la única causa, pero sí es una que pesa mucho en conjunto con la falta de justicia y educación.

Se observa en todos los sectores: en salud (agua potable, saneamiento, centros de salud, hospitales), en educación, en infraestructura ni se diga. Los decisores han privilegiado andenes sobre redes de alcantarillado y parques Sacúdete sobre salud básica. Y lo peor es que sabemos perfectamente por qué pasa: los decisores, en su gran mayoría políticos (cuyo objetivo no es el bien común, sino su bien particular), están muy interesados en el contrato y no en el proyecto. El proyecto, que debería ser el vehículo mediante el cual se beneficia una comunidad en algún sentido para que le aumente su bienestar, sus posibilidades de desarrollo y un mejor futuro, es el vehículo para que quienes participan en la decisión se llenen sus bolsillos.

Tan grave como el hecho mismo de corrupción, es que esta corrupción nos priva de tener desarrollo ya que tiene doble mal efecto: es muy grave que el poco dinero que se destina a las inversiones que mejoran la vida de nuestra gente, no solo se la roban en parte sino que no está bien invertida; los proyectos no son priorizados con respecto a la mayor urgencia de solución de problemas y el mayor beneficio posible de las comunidades.

Y encima de esto, ya de por sí pésimo, es que los políticos se meten a decidir los asuntos de ingeniería, de salud, de educación, de todas las disciplinas, que definitivamente implican el debido conocimiento y experiencia para poder ser quienes determinen tales decisiones. Ejemplos en ingeniería hay por montones: el Metro de Bogotá, la solución de la séptima en Bogotá, ahora hasta el arranque de HidroItuango, el puente Hisgaura, el Canal del Dique, La Mojana, BioEnergy, las carreteras terciarias, los POTs y gran etcétera… Otra fuente de malas decisiones es la codicia, en la que hay funestos ejemplos también: edificios en Medellín, puente Chirajara, y quien sabe cuántos más. No solo en sector público, como se puede uno dar cuenta. Los políticos y los codiciosos deben dejar de tomar decisiones erradas, con problemas, privilegiando sus intereses y dañando al país. Un peligro.

Un ejemplo más directo para ilustrar el peligro.

Causa temor ver al Alcalde de Medellín vendiéndole a la opinión pública que el arranque de HidroItuango está asegurado. Este, como los otros ejemplos, es un tema complejísimo de gente técnica, de ingenieros principalmente. En un país sensato, lo primero que harían sería sacar todo tipo de manipulación política y no dejar apelar a una anacrónica y desatinada exacerbación regionalista.

Igual de respetables los técnicos que deben echar a andar la máquina como los técnicos que deben prevenir cualquier desastre. Entre la vida y la economía, la duda no tiene cabida. La vida siempre primero. En el país tenemos dolorosísimas experiencias en que los políticos de turno se adjudicaron la pertinencia de dar las instrucciones que solo los ingenieros podían hacer bien. Y en aras de no crear pánico o privilegiar la economía expusieron a la población a riesgos enormes en los que finalmente murieron. Le hemos pedido muchas veces a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres -UNGRD- que deje de ser una atendedora tardía, cuando el desastre ya sucedió, a que sea preventiva para que el desastre no ocurra. Y cuando por fin lo hace, como en este caso, medio país sale a esgrimir lo del optimista ignorante: “eso no pasa nada”. Y sí pasa, que no se nos olvide.

La ingeniería no es solo para hacer, construir y edificar. La ingeniería es ante todo la construcción de la vida segura y del bienestar de la humanidad.

(1) De Perogrullo o verdad de Perogrullo sirven para expresar que una cosa es tan sabida y conocida que resulta tonta repetirla, pero que toca repetirla porque así de tonta es la realidad. Ver Pedro Grullo.

* @refonsecaz

Riesgo de burla al Estado con reversión de concesiones viales

Escrito por Rafael Fonseca en Nov 30, 2022. Publicado en Opinión, Punto de inflexión.

El preocupante caso de las Autopistas del Café, con la coautoría del ingeniero Marco Alzate, experto en estos temas.

Autopistas del Café es un Concesionario del proyecto que une las tres ciudades del eje cafetero Armenia-Pereira-Manizales (APM). Fue contratada en 1997 por el Instituto Nacional de Vías -Invías-, siguiendo la estructura de lo que se conoce como la primera generación de concesiones que se caracterizaba porque el Estado asumía los riesgos a través de garantizar una Tasa de Retorno -TIR- (en este caso del 15%) sobre el flujo proyectado de inversiones y egresos versus ingresos del Concesionario privado (Odinsa es su mayor socio). Debido a esta forma pactada para garantizar el negocio al privado, el modelo financiero en el cual se muestran estos flujos y se calcula la TIR se vuelve en el instrumento esencial para poder administrar el contrato y mantener esa garantía. Si durante la ejecución del contrato, a largo plazo (17 años fue en promedio para la primera generación) con los valores reales y lo que quedaba de la proyección se presentaban desequilibrios para la TIR, se ajustaba el plazo hasta lograr el valor acordado. Este tipo de fórmulas supone que también puede disminuir el plazo.

El contrato se reestructuró mediante un contrato adicional modificatorio en el año 2000 y se estableció que el valor de las obras correspondía a $174.762 millones (todas las cifras se citarán en $ constantes de septiembre de 1996, cuyo equivalente aproximado a pesos de hoy se logra multiplicando por 4.3).

Posteriormente, mediante Otrosí de tribunales de reestructuración y desequilibrio, en 2005 se redefinió el valor del contrato en $154.524 millones, siendo este el valor que debía incorporarse en el modelo financiero del proyecto. La cifra era menor a la original principalmente debido a obras que no se ejecutaron. Sin embargo, este valor no correspondió al registrado en el modelo financiero dejando el monto original y por lo tanto se calculó erróneamente que la concesión iría hasta el 2027 cuando ha debido llegar al 2015.

Solo hasta el 30 de diciembre de 2011 el Concesionario hizo entrega oficial a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- (que recibió las concesiones desde ese año, puesto que antes estaban en cabeza del Instituto Nacional de Concesiones – INCO – desde el 2003) del modelo financiero de la restructuración del otrosí de 2005, incluyendo en la Línea de ingresos lo acordado pero no así la en la Línea de egresos en la que se reportó el valor de las obras por valor de $172.597 millones, desconociendo lo acordado en 2005, como ya se anotó.

Tanto la ANI como la Interventoría y el Concesionario realizaron las evaluaciones que permitieron establecer a través de diferentes documentos, incluyendo el Otrosí de 2005, el valor acordado de las obras de Construcción y Rehabilitación en los $ 154,524 millones mencionados.

Tanto así que hasta la Contraloría General de la República – CGR -, mediante “Auditoria Concesiones del Modo Carretero” de Junio de 2012 presentó el hallazgo 226 mediante el cual indicó las diferencias entre el valor de las obras pactadas y las incluidas en el modelo financiero.

De por sí entregar el modelo financiero actualizado tantos años después ya es un muy mal síntoma. Y además sugiere que la ANI no lo tenía, lo que es peor síntoma. Pero entregarlo mal, desconociendo lo acordado 6 años atrás es una anomalía gravísima e inexplicable. De hecho, hay voces que ponen en duda la existencia del modelo hasta ese momento. Esta presumible falta de trasparencia hace que estos enormes contratos puedan ser muy vulnerables a corrupción, pero no cualquier corrupción, sino aquella de alto nivel con enormes montos.

Por tales razones, en el 2016 la ANI convocó a un Tribunal de Arbitramento para lo cual tuvo en cuenta el monto de las inversiones pactadas en 2005 (construcción, rehabilitación y construcción de infraestructura de operación) y el Índice de Precios al Consumidor – IPC – real (ya que en el modelo financiero, manejado por el Concesionario, aún figuraba con el valor inicial de estructuración que era del 7% (también inexplicable)) y producto de ello había logrado establecer que la fecha según la cual el Concesionario Autopistas del Café S.A. obtendría la TIR pactada contractualmente en el 2015. En el año 2018, mediante el laudo arbitral correspondiente, que fue desfavorable a la ANI (al país), se desconoció la contundencia de las pruebas presentadas y se determinó que el plazo de la concesión no solo se mantenía en el 2027 sino que se ampliaba 2 meses más allá de la fecha demandada.

En un evento de Arbitraje en Cartagena en 2019 un expresidente de la ANI criticó a los abogados de la entidad que atendieron el Tribunal de Arbitramento por haber “perdido” todos los casos que se les encomendaron. Tales abogados fueron “recomendados” a la Agencia, por no decir impuestos, por el Vicepresidente de la Republica de ese entonces. La ANI perdió, léase los colombianos perdimos, por una precaria defensa judicial de la entidad que fue adelantada por un grupo de abogados sin experiencia previa en proyectos de concesión.

Esta podría ser una injusticia enorme contra el Estado, y por esa vía para los usuarios que tienen que cancelar tarifas altas de peajes, que a su vez siguen pagando una vía que ya se pagó. En términos jurídicos, además, podría estarse violando el principio de suficiencia financiera ya que las tarifas de los peajes no están evitando la posibilidad de una sobre-remuneración de la infraestructura muy por encima de los costos más una utilidad razonable. El recaudo de este año se espera que supere los 250.000 millones de pesos de los cuales atender la operación y mantenimiento no pasa del 20%. El 80% será de utilidad ya que, como se anotó, las inversiones para construcción y rehabilitación se pagaron hace rato (hasta 2015).

A nivel local la dirigencia representada por los Gobernadores de los Departamentos involucrados han estado protestando por esto: “nos dejaron con los crespos hechos…” expresó el Gobernador del Quindío (La crónica del Quindío, 2018) después del laudo. Muchas opiniones a nivel nacional se preguntan hasta cuando tendremos peajes altísimos (por ejemplo El volcán de los peajes, Suárez, Semana, 2022).

Debe ser claro para cada colombiano que una vez pagadas las inversiones de construcción de las concesiones, cuando revierten al Estado, los peajes solo se necesitan para pagar la operación y el mantenimiento, lo cual debería corresponder a una fracción de lo que se pagaba antes de la reversión. Alguna parte del peaje podría ser una fuente de los recursos, además de la valorización que no se ha aplicado, que se requieren con urgencia para cerrar las brechas en materia de infraestructura vial de integración para esta región y su desarrollo.

Es fácil percibir la urgencia de hacer una auditoría detallada y minuciosa en esta concesión, y en general en todas, para verificar si las cuentas están bien hechas, si los modelos financieros sí están disponibles en la ANI y con las cifras correctas según la vida contractual, puesto que, como en este caso de APM hay muchos y gruesos interrogantes. Y para verificar que una vez revertidas las concesiones, los peajes sí bajen.

Si no, el esperado aumento en la competitividad se esfumó en los fletes, que nunca bajaron tras haber reemplazado las viejas carreteras de montaña por autopistas de doble calzada y especificaciones de talla mundial.

Tendremos que estar muy pendientes para que algún día veamos el primer caso de reducción de tarifas de peajes y para que el riesgo de burla al Estado no se materialice.

Un nuevo tipo de pensamiento es esencial: enfrentar el cambio climático

Escrito por Rafael Fonseca en Nov 16, 2022. Publicado en Opinión, Punto de inflexión.

Durante la COP 27 en Egipto vuelve al ruedo la tensión entre los países desarrollados y los que se les dice que están en vía de desarrollo. Los primeros, causantes de la gran mayoría de los efectos del cambio climático que ponen en riesgo la supervivencia de los animales, incluidos los humanos, sobre la faz de la tierra; los segundos, que sufren ya, y sufrirán, los mayores impactos de las reacciones en cadena del clima que se vendrán con el calentamiento provocados por los gases de efecto invernadero -GEI-, dada su vulnerabilidad y su pobreza.

Los primeros forcejeando para no salirse de las estrategias basadas en compromisos voluntarios de los países, los mecanismos de mercado y de nuevos negocios verdes que resulten muy rentables para las multinacionales y para sí mismos. Los segundos reclamando la promesa de aporte financiero de los primeros para poderle hacerle frente al cambio climático, no solo en las vulnerabilidades existentes sino porque al mismo tiempo hay que enfrentar la pobreza, y más ahora que el sistema económico imperante se ha estancado como mecanismo para sacar a los pobres de su condición económica. Además, claro, de reducir sus emisiones, lo cual podría pasar por el tan mal debatido decrecimiento económico.

Recomiendo leer una buena descripción crítica y centrada sobre esta tensión, que para nada es nueva, y se podría decir que ha madurado desde sus planteamientos iniciales en Río (1992) y muy bien reafirmada en París (2015) generada por las promesas incumplidas, en “Responsabilidad ante la crisis climática: las potencias responsables deben pagar” de Camilo González Posso (Indepaz, 2022). Y para ambientarse en esta lectura se puede leer “La caverna: Un cuento sobre el decrecimiento económico y la asfixia de la humanidad” (ConfidencialColombia, 2022) y “Racionalizar antes que decrecer” (ConfidencialColombia, 2022).

Una de las muchas frases atribuidas a Einstein dice que “no podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento (nivel de consciencia) que usamos cuando creamos esos problemas” que parece muy indicada para reflexionar sobre las opciones disponibles para resolver el problema que enfrenta la humanidad. Sin embargo esta frase, como muchas otras, no fue del físico genio. Lo que sí firmó en 1946 como presidente del Comité de Emergencia de Científicos Atómicos un año después de lanzadas las bombas atómicas y por el impacto terrible que generaron en la humanidad, fue una carta para solicitarle fondos a los ricos de la época para poder adelantar campañas para darle un uso diferente a la energía atómica, en la cual se incluía una frase aún mejor para reflexionar en nuestros días: “Nuestro mundo enfrenta una crisis aún no percibida por quienes poseen el poder de tomar decisiones importantes por el bien o el mal… Necesitamos … que la gente sepa que un nuevo tipo de pensamiento es esencial para que la humanidad sobreviva y avance hacia niveles más altos” (Quora, 2013).

Al igual que aquel grito desesperado para que los poderosos tomaran consciencia del riesgo, ahora estamos ante una situación análoga. Si quienes deben tomar decisiones serias y responsables, de largo plazo, sobre cómo revertir la tendencia y emprender la recuperación, no lo hacen, seguramente no lo lograremos y los años venideros nos golpearán cuando ya no podamos hacer mayor cosa. Ni siquiera hacerles pagar su torpeza servirá para nada.

En la COP27 se enfrentan quienes quieren volver el riesgo en oportunidad versus quienes ya tienen el agua al cuello (Pakistán (NewsUN), por ejemplo, y los cientos de millones de personas que viven en los países pobres que no solo están bajo amenaza sino que ya reciben los efectos).

Hace dos años yo creía que lo lograríamos con la nueva economía verde y los mecanismos de mercado al escribir “El capitalismo se está vistiendo de verde” (ConfidencialColombia, 2020): “el poder económico mundial está experimentando un gran giro conceptual, que representa la única esperanza para la humanidad. Para ser prácticos, si el capitalismo dominante, dominado por el poder económico, no se ocupara de esta amenaza, no tendríamos mayor futuro.” Y me mostraba optimista por las declaraciones en 2019 de la Business Roundtable redefiniendo los objetivos de las empresas buscando beneficios para todos sus públicos interesados y no solo para sus accionistas, o por las afirmaciones del fondo BlackRock al anunciar que “la sostenibilidad será su nuevo estándar para definir inversiones alrededor del mundo, ante la creciente tendencia mundial en la que los inversionistas no sólo valoran criterios financieros, sino también ambientales y sociales”. Parecían anuncios de un nuevo nivel de consciencia de los poderosos, de quienes realmente comandan al capitalismo. Pero la realidad es que las promesas hechas por los países desarrollados no se han cumplido, la esperanza de nuevas tecnologías salvadoras en conjunto con los mecanismos de mercado y la velocidad de la transición energética mundial no están siendo suficientes al menos para revertir la tendencia y ya suena rayado advertir que no vamos a alcanzar.

Es muy probable que se equivoquen quienes, en su mayor claridad en prever la crisis que se nos cierne, intenten desconocer que los países poderosos no actúan porque son gobernados por políticos que a su vez obedecen a los accionistas y dirigentes de las multinacionales que quieren encontrar oportunidades de negocio al filo de la situación de emergencia. Y las invitaciones a que el activismo climático pueda saltarse el poder formal de los gobernantes son un tanto inverosímiles: el poder es el poder, y quienes ostentan ese poder saben usarlo. Una sin salida para los 8,000 millones de personas en manos de unos poquísimos poderosos que confían en que las nuevas tecnologías lograrán los equilibrios necesarios entre sus intereses personales y salvar el mundo, y a tiempo. ¡Jugándose el destino de la humanidad por sus mayores utilidades a corto plazo! (mayores utilidades que resultan ridículas en cualquier comparación frente al riesgo).

Una demostración de esto ha sido Canadá. Cuarto productor de petróleo y al mismo tiempo “tiene uno de los impuestos al carbono más altos y prohibió los plásticos de un solo uso… en medio de una política de transición energética que espera llevar a cero las emisiones en 28 años” (La República, 2022), y su aparición en la COP27 con petroleras a bordo (consideradas antagónicas por ambientalistas y activistas climáticos) revela nada menos que su apuesta es por la tecnología salvadora que solucionará la captura de GEI para regresarlos a la tierra, en medio de la nueva economía verde en la que las multinacionales lograrán sus mayores utilidades, que se impondrán a los países pobres quienes de todas maneras tendrán que pagar sus facturas.

Es necesario entender que muy probablemente el estribillo “en vías de desarrollo”, significando por desarrollo cuando no hay pobreza en un país y sus nacionales tiene un digno nivel de bienestar, deberá definitivamente abandonarse y volver a denominarlos países subdesarrollados, puesto que con esta estrategia para enfrentar el cambio climático no están en esa vía y estarán destinados a seguir con pobreza por siempre.

En Colombia, país pobre y subdesarrollado, ridículamente esta discusión es casi imposible debido a la politización. Una prueba difícil del pensamiento crítico es la capacidad de reconocer asuntos valiosos en quienes nos resulten opositores. Es de esperar que personas muy ideologizadas, como los militantes de partidos políticos de extremas, no sean capaces de tener pensamiento crítico aun cuando estemos hablando de una amenaza global, cuyas consecuencias les caerá igual a ellos y a sus familias. Es una demostración de que la ideologización sí embrutece o mínimo tiene como efecto que quienes están ideologizados actúan torpemente. Una reafirmación desafortunada de subdesarrollo mental.

Es esencial pensar en cómo generar “un nuevo tipo de pensamiento” para salir del paradigma que nos llevó a esta crisis, apoyando a quien genere los mejores argumentos sin importar su ideología. Es necesario que encontremos esas estrategias que equilibren bien los intereses de los poderosos y las cargas injustas a los pobres, lo cual pasa porque el mundo rico entienda bien y acepte que entre esos intereses debe estar incluida al mismo tiempo la necesidad de reducir la pobreza en el mundo pobre.

* @refonsecaz

Las causas de fondo de las casas caras en Providencia

Escrito por Rafael Fonseca en Sep 16, 2022. Publicado en Opinión.

En los dos artículos anteriores analizamos las causas primarias que salieron a flote en la problemática de las casas y que comentaron los medios. Ahora ya es tiempo de revisar las causas de fondo (o raíz) que pudieron detonar que este no fuera un proyecto exitoso (basta observar la cantidad de problemas resultantes y críticas de varios de los públicos incumbentes para darse cuenta).

Causas de fondo que deberíamos corregir para la próxima emergencia

La actitud diferente de los funcionarios del PNUD (9), expertos en estas reconstrucciones y al mismo tiempo muy identificados con la necesidad sentida de hacer rendir los fondos disponibles, debe ser el ejemplo a seguir, con una misión de ser muy cuidadosos con los recursos. Lograr rápido, solucionar rápido, en condiciones de emergencia, pero gastar lo menos posible. No parece haber sido la misión que desplegaron los representantes del gobierno en este proyecto, aun teniendo toda una estructura dedicada, con una Gerente de Reconstrucción a bordo que por su especial encargo tenía que ser totalmente estratégica.
El contrato de administración delegada debe ser administrado de cerca, con un interventor de primera categoría que ayude a lograr calidad al mejor precio (y cuyo pago no dependa del gasto). De lo contrario, tiende a incentivar a gastar más, y peor aún en esta circunstancia en que las justificaciones eran menos exigentes porque se trataba de correr para recuperar rápido la emergencia, objetivo que tampoco fue logrado.
En lo sucesivo, para los privados que se ofrezcan a trabajar sin utilidades “por amor a la patria” como en el caso del Consorcio de las constructoras, será muy conveniente que revisen el riesgo reputacional como el que hoy se está materializando. ¿Qué pasaría, por ejemplo, que en las investigaciones resultaran comparaciones de honorarios que develaran que eran más altos que los normales (una utilidad disfrazada) y que no era todo solidaridad con el Gobierno? Ojalá no. Mejor desplegar sus habilidades como es usual, compitiendo, con el mayor rigor y control en todo sentido, y con utilidades. La lección aprendida es que probablemente salga más económico para el país y mucho menos riesgoso para ellos.
La gobernanza de la recuperación del desastre, en cabeza de una Gerencia de alto rango, que no tiene experiencia en nada de estas labores tan especializadas puede llegar a ser un inconveniente fuerte, influyendo en (o peor, tomando) las decisiones estratégicas basándose en sus propias opiniones amplificadas por el poder con que se le revistió. La presencia de tantas entidades volvía aún más exigente este trabajo. Fuera de la UNGRD -Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres-, los Ministerios de Vivienda, de Salud y de Educación, estaban el DAPRE, FONTUR, el SENA, el Invías e Innpulsa y las locales entre otros. No solo se requiere mucha experiencia en situaciones de desastre y su recuperación sino unas habilidades en estrategia, planeación y liderazgo sobresalientes, que aquí claramente hicieron falta. No es un cargo para un político convencional, así fuera muy amiga y con línea directa con el Presidente de la República; es una misión compleja para un verdadero líder, experto en todo lo mencionado. Es necesario revisar el alcance real de la UNGRD en estos casos, en los cuales debería poder desplegar a sus expertos de carrera, dedicados a solo a estos difíciles trabajos, para entrar a controlar la situación no solo en la fase de emergencia sino en la de recuperación.
Las malas estrategia y planeación de la atención del desastre terminan contribuyendo con el desastre. Es necesario afinar los procedimientos obligatorios de la atención y determinar cuál planeación y correspondientes acciones, son de emergencia, y cuáles las de recuperación; las primeras, por ser urgentes requieren mucho más esfuerzo de planeación. Puede sonar contraintuitivo, pero es lo que precisamente hay que mejorar: esto no corresponde a una lógica simple, se requieren expertos, y por lo tanto es necesario que la entidad que tiene esta misión en Colombia, la UNGRD tenga los mejores. A juzgar por los resultados, en Providencia se presentaron serias fallas de estrategia y de planeación. Siempre la coordinación de todas las acciones de recuperación de desastres debería estar centrada en la UNGRD, que debe diseñar la estrategia, hacer la planeación y ejecutar la coordinación entre todas las entidades que vayan a participar incluyendo las ayudas internacionales; para eso fue creada.
Las intervenciones de recuperación de la situación para devolverla a su situación anterior, la normalidad, lo antes posible y al menor costo posible (económico, no solo financiero) deben ser el objetivo. De nuevo, a juzgar por los resultados aquí tampoco hubo una buena estrategia para devolver a esa comunidad a su normalidad. Los excesos en diseño y cambios por fuera de lo convenido con la comunidad es un ejemplo de esto; la intervención masiva con una población flotante de más del 60% es otro ejemplo en el que con toda certeza se podía prever que iba a tener enormes impactos permanentes y no solo de coyuntura, como se observan en algunos de los testimonios. Esto deja ver que muy seguramente la exigencia en habilidades estratégicas no está clara dentro del sistema de atención de desastres, que debe exceder en mucho el simple activismo de hacer rápido lo que primero se analice a cualquier precio. Es necesario avanzar mucho en estrategia, antes que en la planeación, y aprovechar este caso tan claro para aprender al máximo y lograr que este conocimiento sea parte integral del valor que la UNGRD debe estar siempre lista para desplegar al país.
En consecuencia, el alcance de la UNGRD no es solamente lanzar unos contratos a unas entidades de manejo contractual como FINDETER sino que tiene que tener previsto todo un sistema de atención, que no funcionó si es que lo tiene, en el cual haya especializado a posibles contratistas (puede estar incluida FINDETER) en este tipo de proyectos, que se insiste, son mucho más exigentes que lo normal (valga la pena advertir que en general en los proyectos “normales” del Estado hay una muy notoria precaria planeación con casos aberrantes en los cuales no hay planeación literalmente).
Hay que revisar el régimen de contratación directa y las exenciones para evitar la ley de contratación. ¿Con base en qué se puede argumentar que es necesario “contratar de afán” proyectos para la recuperación de un desastre que van a durar 2 años? Se entiende perfectamente que para la primera fase de una emergencia, en la que la misión es salvar vidas de inmediato y cuya duración en el tiempo sea menor a un mes, que exista un régimen de excepción ¡de resto, no! Todo lo demás debe pasar por un procedimiento rápido de selección de contratistas sin salirse de la Ley 80, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, para la cual la entidad UNGRD se debe haber preparado previamente (paradójico, puesto que la Unidad debe saber lo preventiva que debe ser en todo) y tener precalificados numerosos contratistas para diversas tareas típicas de atención en diferentes partes del país, como reconstruir y construir casas, cuya máxima dificultad no es la actividad en sí misma sino la de actuar bajo la presión del tiempo y en contextos no favorables al mismo proyecto. Nada que corresponda a “física cuántica”, pero sí exigente en estrategia, planeación y prevención, en las que la UNGRD debería darle cátedra al país. Varias entidades, incluyendo ministerios, saliendo a contratar de emergencia lo que consideran para ayudar a la atención del desastre, llevan a resultados como los logrados en Providencia, que desafortunadamente demuestran cuán lejos está el país de las debidas fortalezas que deberíamos tener al respecto.
Otra tarea muy importante es revisar el valor agregado de la figura de “gestor contractual” (ya que a los colombianos nos fascinan los eufemismos). En términos generales, una entidad como FINDETER despliega valor por la posibilidad de agregar masa crítica a sistemas de contratación que presenten pocos casos, como puede ser el de un pequeño municipio, para que pueda contar con un proceso robusto y correcto pero eficiente en tiempo y costo simultáneamente, comparado a que si lo hiciera el pequeño municipio con sus escasos recursos monetarios y humanos. Sería muy importante que la Contraloría -CGR- estudiara si esta supuesta generación de valor se está obteniendo en la actualidad, no solo en el caso de FINDETER sino en la diversidad de pseudo-entidades que se han creado, en y entre municipios y gobernaciones, para concentrar la contratación y que, como se tiene demostrado por los ya generalizados casos de proponente único logrados a través de pliegos sastre, también concentrar la corrupción en la contratación estatal.
FINDETER viene siendo un “super mega” contratista que atendió: reconstrucción de 1.845 viviendas, construcción del Aeropuerto (nueva terminal aérea y de la plataforma de parqueo de aviones), obras complementarias del acueducto y optimización de la planta de agua potable, construcción de tanques para almacenar 810 m3 de agua, construcción de muro en los gaviones, dragados de los embalses de Agua Dulce y Bowden, reparación de los colegios Boyacá y Bomboná, rehabilitación de infraestructura de escenarios deportivos, escenarios culturales y la gerencia de la reconstrucción de 158 posadas turísticas. ¿Qué pasaría si hubiera tenido que competir abiertamente para estar al frente de tal cantidad de contratos y de sus montos? Sería de esperar que la probabilidad de ser escogida con unos pliegos de condiciones exigentes y objetivos hubiera sido baja. Esa es la magia negra de los convenios interadministrativos.
En el caso que nos ocupa, en la UNGRD no debería poderse justificar este tipo de “gestores contractuales” debido a su enorme contratación de alcance nacional y sobre todo por el nivel de especialización que se está reclamando en los primeros puntos de esta parte. El conocimiento incremental y acumulado que debe tener la UNGRD para lograr su misión es indelegable por ser de carácter estratégico. Pero en gracia de discusión podría activarlo a través de FINDETER pero con un convenio marco de largo plazo en el cual se garantice la acumulación de tal conocimiento especializado y el aseguramiento de que cada día se estaría aprendiendo más y mejorando las intervenciones. Por lo tanto, el costo de funcionarios y demás asuntos relacionados con esta parte estratégica, no debería estar repetido dentro de la Unidad porque se supone que ya estarían en el gestor contractual. Lo que se pudo observar es que no existió, ni en el contratista FINDETER, ni en la UNGRD, ni menos en la Gerencia de la Reconstrucción, ya que no se refleja que hubiera impuesto una estrategia sólida e infranqueable al contratista y que se asegurara el aprendizaje de las buenas y malas experiencias.
Y obviamente el control de la corrupción debe existir. Salir a contratar en emergencia es una invitación enorme para derivar dineros públicos y de ayudas internacionales para los bolsillos inescrupulosos a lo largo y ancho del proceso. Esto exige especial cuidado en la selección de los funcionarios, lejos de la politiquería, además de mecanismos de transparencia y control más estrictos que para la contratación normal.

Muchos asuntos vitales por reestudiar y arreglar en la prevención y atención de desastres, que no dan espera porque el siguiente desastre se puede presentar mañana mismo.

* @refonsecaz

Referencias

(1) Pelea entre Petro y Duque por casas de Providencia: ¿sí valen $600 millones? El Colombiano, 2022.

(2) Saqueo en Providencia: la isla de la fantasía que dejó Iván Duque, A fondo con Maria Jimena Duzán, 2022

(3) ¿Por qué costaron tanto las viviendas que hizo Duque en Providencia? El Colombiano, 2022

(4) Arquitecto San Andresano, constructor habitual. (pendiente verificar fiabilidad)

(5) Twitter del constructor Leonardo Castro (en las respuestas hay quienes desmienten que sean en la isla pero sí en San Andrés y que no han pasado realmente por la prueba de un huracán). (pendiente verificar fiabilidad).

(6) Casas de más de 600 millones en Providencia ya tienen grietas y daños: ¿qué responde el consorcio? Noticias Caracol, Diego Alvira, 2022

(7) ¿Qué pasa con las casas en Providencia? Revista Cambio, 2022

(8) Contraloría confirma sobrecostos y otras irregularidades en reconstrucción de Providencia, Revista Semana, 2022

(9) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD–