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Las marchas del  primero de mayo llegan cargadas de paradojas. Mientras el gobierno convoca a una gran movilización para defender su reforma laboral, las declaraciones de su ministro del interior Benedetti sobre una supuesta «mini reelección» encienden las alarmas. Esta “inocente” coincidencia nos revela que el oficialismo pretende capitalizar el descontento social para fines que van más allá de las reivindicaciones obreras. 

El gobierno, al no poder construir mayorías concertadas en el Congreso, recurre a la estrategia  de la calle como atajo institucional, usando la consulta popular como salvavidas a la naufragada reforma laboral. Lo que no concuerda con la  declaración de Benedetti sobre la «mini reelección», que claramente no fue una mini metida de patas, sino un cálculo  político, con el que el oficialismo deja entrever su verdadero objetivo de utilizar el mecanismo de participación popular para burlar los contrapesos del sistema de división de poderes  y no para fortalecer la democracia.

Así mismo, los  sindicatos -y los miles de indígenas-  que saldrán a marchar deberían preguntarse si no están siendo instrumentalizados en un juego político de doble vía. Recuerden que todos perdemos cuando los mecanismos de participación se convierten en herramientas para eludir el debate democrático, más aún cuando las marchas obreras se transforman en escenarios de proselitismo político.  

La protesta social merece respeto y no manipulación por parte del gobierno, quien deberá asumir un costo político muy alto al emplear esta estrategia devastadora para la institucionalidad. Los colombianos no caerán en estas trampas semánticas porque saben distinguir perfectamente entre una genuina defensa de los derechos laborales y una operación política disfrazada de participación ciudadana.

Si el gobierno insiste en este doble discurso, terminará por dilapidar su capital político, que hoy necesita más que nunca, de cara a la campaña electoral que hábilmente está adelantando. Aunque el presidente Petro tiene ante sí una oportunidad histórica de despejar dudas, le basta con que desautorice públicamente el concepto de «mini reelección», y se comprometa a respetar los límites temporales del mandato presidencial.

Su persistente silencio, sin embargo, sugiere complicidad con esta peligrosa ambigüedad. El verdadero significado de esta consulta no está en lo que dice, sino en lo que calla, y ese silencio -cada vez más ensordecedor- le está advirtiendo a toda Colombia sobre los riesgos que corre nuestra democracia cuando los instrumentos populares se ponen al servicio de ambiciones personales, cual libertador solitario que añora desenvainar su espada para vanagloriarse de sí mismo.

En conclusión, cuando el poder presidencial confunde la lucha legítima con su propia ambición política, no solo traiciona a quienes dice representar, sino que envenena los cimientos de la democracia. Colombia merece gobernantes que transformen realidades, no realismo mágico que convierta las necesidades del pueblo en trucos para perpetuarse en el poder. 

Presidente, recuérde que la verdadera justicia social no se construye con atajos institucionales ni con marchas instrumentalizadas, sino con transparencia, respeto a las reglas del juego y voluntad auténtica de servir… no de servirse.

Luis Fernando Ulloa