La plenaria del Senado dio voto positivo al proyecto de ley que busca modificar algunos puntos en la aplicación de justicia en Colombia y reducir la impunidad acelerando la respuesta del sistema de justicia penal garantizando reparación integral de las víctimas en diversos delitos.
La iniciativa fue aprobada con 63 votos a favor contra 3. “Tras 10 intentos fallidos, logramos dar este paso, fruto de un consenso ejemplar con la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia”, afirmó el presidente del Senado Efraín Cepeda.
Entre los aspectos generales del proyecto se introduce la reparación integral como un mecanismo para extinguir la acción penal en determinados delitos, permitiendo que el acusado pueda cerrar el proceso mediante la reparación completa a la víctima.
Se establecen mecanismos para agilizar los procesos judiciales mediante la implementación de alternativas legales y, en el menor tiempo, terminar los procesos. Que los procesos en materia penal pasen por una fase de juicio, reservando esa instancia para delitos graves.
“El objetivo de la reforma en materia de terrorismo es buscar, entre otros, lograr la desarticulación de bandas, redes o delincuencia organizada a través de la obtención de información”, señaló el senador Ariel Ávila.
Por su parte el senador Jota Pe manifestó su desacuerdo con la rebaja de penas para quienes integren estructuras y organizaciones criminales.
Los senadores ponentes, integrantes de la Comisión Primera del Senado acordaron eliminar del texto de reforma a la justicia el artículo que establece rebaja de penas a los confesos asesinos y violadores de menores de edad.
Los congresistas llegaron a este acuerdo de retirar la polémica propuesta del texto de la iniciativa, luego de analizar el concepto emitido por el Consejo de Política Criminal sobre la reforma quien considerar que la misma afectaba los derechos de los menores en el país.
Al respecto, el concepto es favorable, sin embargo, advierte que hay “riesgo” de una posible “vulneración de los derechos de los niños:
“Se destaca que algunos miembros del CSPC, aun cuando manifiesta su intención de acompañar integralmente la postura de este concepto, hacen la salvedad de que les resulta problemática la reforma al numeral 7º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006. Ello, por considerar que la eliminación de limitantes para lograr acuerdos y negociaciones en delitos relacionados con Niños, Niñas y Adolescentes tiene un riesgo de vulneración de los derechos de los niños, contemplados en el artículo 244 de la Constitución Política de Colombia”, dice el texto.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro; la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago Ruiz, se dieron cita en el Salón de la Constitución del Senado de la República para radicar un proyecto de reforma que busca reducir la impunidad, garantizar una justicia penal más pronta y eficaz que se ajuste a las necesidades de los ciudadanos y asegurar en todo momento los derechos de las víctimas.
El proyecto retoma el espíritu original del sistema penal colombiano, creado en 2004 para potenciar las actuaciones a través de la justicia premial, pero que ha ido sufriendo modificaciones aumentando las restricciones a figuras como los preacuerdos y principios de oportunidad, valiosas alternativas para la terminación anticipada de los procesos.
La Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia proponen ajustes como el levantamiento de restricciones a mecanismos procesales implementados por la Ley 906 de 2004, la concesión de beneficios por allanamientos y preacuerdos, y la aplicación del principio de oportunidad de manera eficiente.
El articulado plantea elementos como:
La extinción de la acción penal por la reparación integral a las víctimas.
Aplicación del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía desde el momento de la indagación.
La posibilidad de que las personas capturadas en situación de flagrancia puedan recibir beneficios por allanamiento de cargos en similares condiciones que aquellos que no han sido aprehendidos en flagrancia.
Procedimiento de allanamientos y preacuerdos para todos los delitos.
«La Revolución en Marcha es el deber del hombre de Estado de efectuar por medios pacíficos y constitucionales todo lo que haría una revolución»: Alfonso López Pumarejo.
Colombia ha sido un país reacio a las reformas y aferrado al status quo. Los cambios en general se asumen como riesgos innecesarios y posibles saltos al vacío, el famoso adagio popular lo expresa muy bien: mejor malo conocido que bueno por conocer. La historia política no ha sido ajena a esta propensión cultural, los sectores conservadores han liderado la agenda pública la mayor parte de la historia y el miedo al cambio ha atravesado todas las grandes discusiones nacionales desde el comienzo de la república.
El panorama que vivimos hoy parece seguir esta tendencia. La agenda de reformas planteadas por el gobierno que lidera Gustavo Petro ha creado una reacción sin precedentes para evitar que el país transite por los cambios que fueron planteados en el programa de gobierno eligieron los colombianos. Las mentiras y el miedo se han convertido en las principales estrategias de quienes quieren impedir transformaciones en el sistema de salud, el régimen pensional y laboral, la educación, el agro, las regulaciones energéticas, la agenda ambiental, entre otros. El propósito es despertar sensaciones de incertidumbre que lleven a la gente a desconfiar de las reformas y validar las decisiones de un congreso que parece secuestrado por la politiquería y los intereses de las élites económicas.
Sin embargo, la realidad detrás de la desinformación muestra una necesidad palpable de estas reformas para garantizar el bienestar y el acceso a derechos fundamentales. Por ejemplo, el régimen pensional actual excluye al 82% de la población, dejando a una gran mayoría sin amparo para su vejez. La informalidad laboral, que afecta al 60% de los trabajadores, agrava esta situación, privando a los trabajadores de cotizar para garantizar su seguridad social. La desigualdad en el sistema es palpable con subsidios pensionales que favorecen desproporcionadamente a los de mayores ingresos.
La situación en el sector salud no es menos crítica. El crecimiento exponencial en el número de tutelas relacionadas con salud señala deficiencias graves en el acceso y la calidad del servicio. La deuda acumulada de las EPS con la red pública que supera los 11 billones evidencia un sistema en crisis permanente. Además, los recientes hallazgos de la contraloría confirman que más de 9 billones de billones de pesos de la salud fueron desviados irregularmente por las EPS para otros propósitos.
Frente a este contexto, la resistencia a las reformas no es solo incongruente sino contraproducente. Es necesario derribar los muros del miedo y la desinformación para abrazar las transformaciones necesarias que aseguren un futuro más justo y equitativo para todas y todos los colombianos. Esta tarea no le corresponde solo al gobierno quien debe emplearse con todos los medios y herramientas constitucionales para sacarlas adelante, es necesario también que la sociedad se active a través de la participación popular y su poder constituyente. Si estas realidades no se transforman será el pueblo quien terminará perdiendo.
El ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, anunció que el presentará en febrero al Congreso de la República el primer paquete de proyectos de reforma a la Justicia que, tendrá con el objetivo de fortalecer la lucha contra la corrupción y hacer más ligeros los procedimientos del sistema.
“Nosotros tenemos la decisión de comenzar a presentar los proyectos ahora, cuando el Congreso se reúna a mediados de febrero. Cuando digo los proyectos es que van a ser varios, no una multitud, pero yo he pensado que van a ser unos tres o cuatro proyectos: uno en materia penal, uno en materia de familia, que se irán presentando a medida que estén listos. Pero todos este año”, indicó.
Manifestó que la reforma estará estructurada para que haya “más justicia” porque “el aparato de justicia de nuestro país se quedó pequeño frente a las necesidades de justicia que tenemos”.
Osuna explicó que en los últimos 30 años la demanda de justicia en el país ha aumentado un 400%, mientras que el aparato judicial ha crecido apenas un 33%.
“Hay que tener más jueces, mejores equipos judiciales, más funcionarios. Eso, por supuesto, implica también más presupuesto, ser más eficientes en el presupuesto. Esa es una idea que tendrá la reforma, procedimientos más ligeros, en fin”.
El Ministerio de Justicia abrió un canal de comunicación directa con la comunidad, para que cada colombiano interesado en contribuir con la reforma a la justicia entregue sus aportes, dé a conocer sus ideas, haga críticas, presente sus iniciativas, comentarios o proyectos.
Los mensajes se recibirán por el correo electrónico [email protected] entre los días 2 y el 7 de febrero.
En esas fechas se hará un primer corte de estos aportes, los cuales se sistematizarán, organizarán y se entregarán a los miembros de la Comisión de Reforma a la Justicia, quienes responderán las iniciativas ciudadanas.
Los comentarios de los comisionados se harán públicos el 16 de febrero, fecha en la que se celebrará la segunda sesión de la Comisión de Expertos de Reforma a la Justicia.
«El Gobierno nacional busca una reforma a la justicia que le dé mayores respuestas a la ciudadanía, que sea más eficaz en la lucha contra la corrupción, la impunidad, mucho más rápida, más accesible, más tecnológica, más parecida a la sociedad del siglo XXI”, puntualizó el ministro Néstor Osuna.
El presidente de la república, Gustavo Petro, anunció que presentará una reforma a la justicia en el año 2024 y que esta iniciativa estará construida, según el, alrededor de la verdad.
El primer mandatario recordó que en el pasado se hicieron varios intentos por reformar la justicia que no tuvieron éxitos porque no fueron pensadas en acercar al ciudadano del común a este derecho sino que fue diseñada para reacomodar el poder judicial.
«Hay varias malogradas, porque siempre se construyeron sobre la base de reformar la cúpula, es decir, el poder del poder judicial, pero nunca se pensó en la justicia en términos de volverla más efectiva, de acabar la impunidad, de acercar el juez al ciudadano, que en muchos territorios ni se conocen, cómo llevar jueces a la ciudadanía en la Colombia profunda, cómo lograr que la ciudadanía tenga justicia», afirmó.
En su discurso invitó a las altas cortes a conformar una comisión encargada de estudiar los temas que deben incluir una propuesta y que desde su opinión deben ser , » lo esencial para una reforma a la justicia».
Invitó a que se escojan las personas que se encargará de redactar la reforma a la justicia y que trabajen conjuntamente con el Gobierno en la construcción de la reforma.
Desde su cuenta de Twitter, el presidente de la república, Gustavo Petro, anunció la redacción del borrador del texto de una reforma a la justicia que presentará al Congreso de la República para su discusión y posible aprobación.
“El Gobierno creará una comisión para la reforma judicial compuesta por las personas que se hayan distinguido por su pulcritud en la administración de la justicia con el fin de redactar la reforma que se presentará al Congreso de la República”, dijo el mandatario.
En el texto se incluirá la eliminación de las sanciones que impone la Procuraduría General de la Nación a los funcionarios públicos elegidos por votos popular.
La mandataria de los bogotanos confirmó su rechazo a la iniciativa del Gobierno Petro oponiéndose a una posible excarcelación de por lo menos 6.000 presos.
«Invito a los ciudadanos a firmar y enviar al Presidente Gustavo Petro, al Ministerio de Justicia y a los congresistas esta #PeticiónContraLaImpunidad para rechazar cualquier intención o ley que dé libertad a ladrones y delincuentes sin el cumplimiento de su pena», dijo la burgomaestre desde cuenta de Twitter.
Por su parte el ministro de Justicia, Néstor Ozuna, aseguró que, el proyecto no busca la excarcelación, explicó que “es un proyecto que está centrado en restablecer los derechos de las víctimas y favorecer la resocialización».
De acuerdo con el funcionario, “el sistema penitenciario en Colombia es un fracaso”, por lo que según él, si el proyecto es aprobado se pondría solución a los problemas que hoy enfrentan las cárceles en el país.
Finalmente, Osuna invitó a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a sostener un diálogo amigable que permita calmar los ánimos y bajar las prevenciones que puedan existir frente a la iniciativa.