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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: reforma agraria

Organizaciones campesinas convocan a una marcha

La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) convocó una movilización para el próximo 7 de julio para protestar por lo que considera el retraso del Gobierno para hacer entrega de tierras y aplicar el Plan Integral de Reparación Colectiva, relacionado con los daños causados por el conflicto armado.

La ANUC reconoce que si bien hay una voluntad por parte del presidente Gustavo Petro, existen también una serie de «políticas restrictivas» de las instituciones contra el campesinado que ellos representan. «Estamos exigiendo nuestros derechos», ha reclamado la organización a través de un comunicado.

Asimismo, ha argumentado que esta movilización viene también motivada por la «continua campaña de descrédito» contra los líderes campesinos de la organización. «Lamentablemente, la ANUC sigue siendo revictimizada por las entidades encargadas de cumplir el sistema nacional de reforma agraria«, ha denunciado.

La organización ha señalado que continuará con el paro hasta que las autoridades den una respuesta satisfactoria a los problemas de acceso a la tierra, así como a servicios básicos de salud, vivienda y educación para sus afiliados, establecidos en el Plan Integral de Reparación Colectiva.

«Exigimos que se tomen medidas inmediatas para cumplir con los compromisos adquiridos y garantizar el acceso a los derechos que como pueblo campesino organizado tenemos en todo el territorio nacional», reclama la ANUC.

Avanza imparable la reforma agraria

Narciso Beleño Belaides fue un líder campesino agrominero de Bolívar, presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, vilmente asesinado el 21 de abril. En vida centró su lucha en los derechos de las comunidades campesinas, la protección del medio ambiente, especialmente la Serranía de San Lucas, la denuncia del accionar paramilitar y el desarrollo de la reforma agraria en su territorio.

Conseguir justicia para su crimen es la obligación del Estado, pero también lo es ayudar a que se materialicen las causas que abanderó; que lo que quede en la memoria no sea únicamente el dolor de su muerte sino que se lo recuerde siempre por su compromiso con el reparto equitativo de la tierra para el campesinado. Por eso celebró que la jornada de Reforma Agraria desarrollada en el país el 4 de mayo del presente año haya tenido por nombre el de “Narciso Beleño”, conmemorando a él y a todos los líderes sociales que han sido asesinados tratando de lograr que la tierra esté en manos de quien la trabaja.

La maratón de entrega de tierras se llevó a cabo de manera simultánea en diferentes regiones del país, con el liderazgo del Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras en conjunto con el resto de las entidades que hacen parte del Sistema de Reforma Agraria, como lo son la Superintendencia de Notariado y Registro, la Sociedad de Activos Especiales, la Unidad de Restitución de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entre otras. Esa debe ser la meta del trabajo interinstitucional, que todas las entidades del Gobierno aporten cada uno desde sus competencias y funciones lo necesario para poder cumplirle al pueblo colombiano, para hacer realidad el cambio.

Se entregaron en un sólo día aproximadamente 6.000 hectáreas y 163 títulos de formalización de propiedad a familias rurales de 11 municipios del país. Campesinos y organizaciones sociales en San Jacinto, Caucasia, Chinú, Corinto, Puerto Lleras, Montería, Pailitas, San Alberto, Santa Ana, San Sebastián de Buenaventura y Pitalito vieron cómo el Gobierno les cumplió a su justa demanda de contar con el acceso a la tierra para poder desarrollar actividades productivas, formar una vivienda y tener una vida digna.

En Caucasia, donde la respuesta del Gobernador ante el reclamo de tierras de la gente fue tratar de usar la violencia, poniendo tal vez por encima de la gente los intereses de un confeso narcotraficante, el Gobierno Nacional entregó 1.540 hectáreas a 535 familias campesinas cumpliendo así con una parte de los compromisos adquiridos por el presidente Petro en su visita al municipio. Una muestra más de que quienes afirman que el presidente no quiere a Antioquia lo que en verdad quieren decir es que desean que sólo se preocupe por los grandes terratenientes y los privilegiados del departamento, que deje de centrar sus acciones en ayudar a los olvidados.

Estas jornadas de entrega de tierras deben ser sólo el punto de partida de la Reforma Agraria. La institucionalidad debe llegar también con programas que faciliten el desarrollo de proyectos productivos. Así como se ha visto tan bien la coordinación interinstitucional para entregar, debe serlo también para apoyar y fortalecer la economía campesina.

Alejandro Toro

Tierra para el que la produce

Decir que Colombia es un país centralizado es hablar de una frase trillada, pero cada vez más real y difícil para el desarrollo económico y social del país.

El campo refleja la profunda desigualdad que caracteriza a la Nación. A pesar de que el 75 % de los municipios son rurales y abarcan el 94 % del territorio, el acceso a la tierra y los recursos sigue siendo un desafío para la mayoría de sus habitantes. El 64% de los hogares rurales carece de tierra y solo el 11% de los productores ha solicitado un crédito agropecuario. Esta brecha se amplía aún más cuando se considera que el 46 % de la tierra está en manos del 0,4% de los propietarios.

La pobreza extrema en el campo alcanza casi el 20%, en contraste con el 5% en las áreas urbanas. Las condiciones de vida en las zonas rurales también son precarias, con un déficit de vivienda del 61% y una cobertura de servicios básicos considerablemente más baja que en las ciudades. La clase media rural constituye solo el 8 % comparado con el 30.1% en las zonas urbanas y por supuesto la falta de acceso a la tierra perpetúa un ciclo de pobreza y limita las oportunidades de desarrollo.

El gobierno actual está trabajando en una reforma agraria que busca abordar estas desigualdades. Se han entregado más de 200.000 mil hectáreas a campesinos en los últimos dos años y se han ayudado a titular más de 1.000.000 de hectáreas. Esto sin duda contribuirá al acceso al crédito, al incremento de cultivos en diferentes zonas del país y una mayor dinamización económica del territorio. Esto en conjunto con la visión del Plan de Desarrollo Nacional en llevar inversiones a lugares históricamente olvidados que generarán las semillas propicias para una Colombia que avance con todos sus ciudadanos y ciudadanas.

Esteban Restrepo

Petro logra sacar a miles de personas a las calles para que apoyen sus reformas

Miles de personas salieron a las calles de Bogotá y de las demás ciudades principales, para apoyar con banderas, pancartas y cánticos las reformas emprendidas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

«Cerca de 20.000 personas se han desplazado a la plaza de Bolívar desde los parques Tercer Milenio, Renacimiento y Nacional junto a más de 200 gestores y 1.300 unidades de Policía», ha informado un portavoz de la Secretaría de Gobierno en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

Las marchas en la capital, bajo el nombre de «Gran movilización por la vida y por la justicia social», concluirán con un programa de conciertos en la plaza de Bolívar y un discurso de Petro.

Las movilizaciones también se han repetido en otros puntos del país, como en Medellín, Cali o Barranquilla, y a ellas han asistido pensionistas, ciudadanos de sectores como el educativo o el sanitario, así como organizaciones sociales y sindicales.

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La disputa entre Lafaurie y Petro

Recientemente se desató una polémica entre José Felix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) y Gustavo Petro, presidente de la república, por la propuesta del gremio ganadero de crear “brigadas solidarias” para prevenir y proteger la invasión de tierras ganaderas, una iniciativa que el primer mandatario de los colombianos calificó como “invitación al paramilitarismo”. Esta discusión se enmarca en el perenne contrapunteo entre “defensa de la propiedad” y “acceso a la tierra” que incrementó los niveles de violencia en nuestro país. Al hacer una revisión histórica se encuentran, al menos tres momentos, en los que este contrapunteo ha desencadenado oleadas de hechos victimizantes en los campos.

Inicialmente, el intento de reforma agraria de Alfonso López Pumarejo con la ley 200 de 1936 buscó que la propiedad sobre la tierra tuviera una “función social”, es decir, que la propiedad estuviera sujeta al “bien común”. En ese sentido, la ley posibilitaba que las tierras improductivas podían ser expropiadas por el Estado, en un término de 10 años, para adjudicarlas a quienes las necesitaban y podían trabajarlas. Se edificó, así, la esperanza de acceso a tierras en millones de campesinos colombianos que no eran propietarios. Sin embargo, con la expedición de la ley 100 de 1944 se echó al traste todo el proceso de reforma agraria; además de ampliar el plazo de expropiación a 15 años, empoderó a los terratenientes que decidieron armar a sus peones para atacar a campesinos que, previamente, habían ocupado tierras pensando en la adjudicación. Las primeras masacres por ocupación de tierras privadas se empiezan a registrar en 1945 y, posteriormente, con del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948, darían paso a lo que se conoce en la historia nacional como el periodo de la Violencia “con V mayúscula”.

El segundo momento se registró en el marco de la malograda reforma agraria impulsada por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. En esta ocasión el presidente impulsó la creación de una confederación campesina que sirviera como interlocutor válido con el gobierno con miras a defender y reivindicar los derechos de los campesinos y el acceso a la tierra. Con el nombre de Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), la confederación, que tuvo su acta de constitución en 1970, inspiró el proceso más significativo que, en materia organizativa, habían tenido los sectores rurales en la historia nacional. Se promovió, de esta forma, la ocupación o toma de tierras para que el Estado las adjudicara. La costa caribe fue una de las regiones donde más ocupaciones se registraron y un número importante de campesinos se benefició. No obstante, la arremetida terrateniente no se hizo esperar. Con la promulgación de las leyes 5 y 6 de 1973 (producto del acuerdo de grandes tenedores de tierra conocido como el Pacto de Chicoral) se frenó el intento de reforma agraria promovido por Lleras Restrepo al eliminar la expropiación del latifundio improductivo y priorizar la explotación empresarial por encima del desarrollo campesino. Como consecuencia, nuevamente, la violencia por la defensa de la propiedad se incrementó en los campos colombianos.

El tercer momento se viene presentando desde la década del ochenta y se materializó en la connivencia de algunos terratenientes con paramilitares para expulsar a campesinos de tierras con vocación productiva. El despojo y abandono forzado de tierras propiciado por grupos organizados al margen de la ley contra millones campesinos, afectó, en mayor medida, a poseedores de predios privados y ocupantes de baldíos, justamente, por la informalidad de la tenencia de la tierra en Colombia. En varios de los casos trabajados por la Unidad de Restitución de Tierras se da cuenta que propietarios infringieron violencia sobre poseedores utilizando grupos al margen de la ley para recuperar sus tierras y afianzar el derecho a la propiedad privada.

Vale decir que la legislación colombiana, en parte, ha sido condescendiente con la creación de “grupos de autodefensa” para la amparar del derecho a la propiedad y la lucha contrainsurgente. Con el Decreto Legislativo No. 3398 de 1965 (que tenía una vocación transitoria, pero fue adoptado como normatividad permanente con la ley 48 de 1968) se estableció la posibilidad que personas civiles podían integrar “grupos de autodefensa” e, incluso, utilizar armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Aunque en 1989 la Corte Suprema de Justicia declaró “inexequible” el parágrafo 3 del artículo 33 del Decreto legislativo 3398 de 1965 que posibilitaba la creación de grupos de autodefensas, con el Decreto 535 de 1993 y el Decreto Extraordinario 356 de 1994 se facultó dotar de armamento de uso privativo de las fuerzas militares a los Servicios Especiales de Seguridad Privada “Convivir”. El funcionamiento de estas organizaciones (instrumentalizadas por el paramilitarismo y algunos terratenientes para la protección del derecho a la propiedad y la lucha contrainsurgente), finalizó en 1997 cuando la Corte Constitucional publicó la Sentencia C-572 y declaró su ilegalidad. Se selló, por esta vía, la laxitud del Estado en la promoción de grupos de autodefensa.

Los colombianos esperamos que las “brigadas solidarias” que está impulsando el presidente de Fedegan no devengan en más violencia y, peor aún, como lo ha señalado Gustavo Petro, inviten al paramilitarismo. Aunque Jose Felix Lafaurie ha sido tajante en mencionar que estos grupos son pacíficos y que los propietarios “tenemos el derecho a movilizar la solidaridad de los ganaderos para el buen propósito de evitar que la propiedad privada sufra cualquier tipo de menoscabo”, la historia de la violencia no debe repetirse, más cuando la actual administración está promoviendo la movilización y organización campesina por la reforma agraria por medio de comités municipales para dicho fin.       

El tonito

La semana pasada, el gobierno nacional expidió un decreto en el cual convoca a la organización de la movilización campesina para apoyar la reforma agraria. El decreto en sí no habría generado un mayor escándalo si no fuera por la cantidad y dimensión de prejuicios que persisten en el país, entre los cuales se encuentra el más nefasto de todos: la percepción de que la organización campesina y su movilización son violentas.

En síntesis, y a solicitud de muchas organizaciones campesinas, el gobierno va a apoyar logística y financieramente la creación de comités e instancias municipales para la reforma agraria. Y ahí es donde en Colombia se unen dos palabras malditas: reforma y agraria. En virtud de ese pánico, un periodista le preguntó a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, si el Estado iba a financiar grupos armados que participaran en las protestas. La respuesta pudo ser perfectamente un NO tajante, porque en ninguna parte del decreto se puede inferir que movilización equivalga a protesta, que se permitirá a grupos armados participar en ella, y peor aún, que se financiará a los mismos.

No obstante, la ministra respondió con firmeza: «¿De dónde saca eso?» Acto seguido, reprendió a la periodista por estigmatizar el movimiento campesino. Repetí el video varias veces, y, por supuesto, se notaba la molestia, pero nunca hubo un tono alterado.  Eso sí, su respuesta fue contundente y categórica. Las críticas, tanto en la forma como en el fondo, no se hicieron esperar. Al final, el debate se abrió, y es evidente que el gobierno de Petro busca implementar una reforma agraria y respaldar al campesinado junto con sus organizaciones en un país que tiene una deuda no solo histórica, sino también infame, con los y las campesinas. También es evidente la incomodidad de varios gremios, acostumbrados a gobiernos que tenían canales de diálogo exclusivos para ellos y que ahora deben compartirlo con el campesinado. Aún más, se pone de presente cuán distanciados han estado los gobiernos pasados – incluyendo el de Juan Manuel Santos – con las agendas más básicas de la ruralidad colombiana.

A pesar de ello, la discusión que llenó las redes sociales fue la forma en que respondió la ministra. Una vez más, el debate se centró en «el tono». Y una vez más, aquí estamos, llenas de hilos y columnas mayoritariamente escritas por hombres que nos explican cómo las mujeres debemos hablar y responder en público. Ramiro Bejarano, notable columnista y líder de opinión, llegó a mencionar en X que el tono soberbio y hostil de la ministra impedía, entre otras cosas, el acuerdo nacional. No dedica ni dos líneas de análisis a la propuesta. Solo pide que sea serena.

No sé si el señor Bejarano se dará cuenta de que su comentario es un machismo clásico, puro y duro, de ese que muchos tienen interiorizado y que instintivamente les hace rechazar cuando una mujer, además de tener poder, habla con firmeza. No gritando, no amenazando, no insultando. Simplemente con firmeza, o incluso solo siendo enfática, como es el caso. Me llama la atención y me pregunto con frecuencia si estos hombres, tan acostumbrados al halago, alguna vez se preguntan a sí mismos si esas frases contundentes que postean con facilidad se deben a un mínimo nivel de análisis o simplemente son expresiones de la frustración y el rechazo a un rol que en el fondo no quieren ver.

Si ellos quisieran hacer la tarea, al menos de pensarlo en silencio para evitar validadores y aduladores, podrían hacerse la pregunta: ¿Se le ha atribuido el mismo tono hostil y soberbio a un hombre en un cargo público similar, en un caso parecido? ¿Por ejemplo, cuando responde a una pregunta que claramente está fuera de contexto? ¿Ha exigido la misma corrección, postura y serenidad a otras mujeres cuando hablan con firmeza sin faltar al respeto? ¿Compara a las mujeres que tienen un tono tal vez enfático con otras mujeres con poder que hablaban de una forma más dulce o elegante?

Hay temas difíciles y la reforma agraria tal vez sea uno de los más polémicos, y el hecho de que una mujer esté liderando la cartera también va a agregar dificultad al debate. No sé si ustedes, queridas personas que me leen, se han dado cuenta de que también la semana pasada se aprobó una rebaja significativa en las tasas de interés para campesinos y pequeños productores: un 4% de interés efectivo anual. ¿No les parece que lo realmente sorprendente es que algo tan básico nunca se haya hecho antes? Sin embargo, aquí estamos hablando del tono de la ministra.

Laura Bonilla

Todos y todas deberíamos acompañar el propósito de la reforma rural integral

Mucho revuelo ha causado en algunos líderes políticos, gremios y periodistas, el “atrevimiento” del Gobierno Nacional y de la ministra de agricultura de proponer un decreto para fortalecer la movilización y la organización campesina. Que abominación tan grande, que atrevimiento el de este gobierno al querer organizar a los ninguneados, a los parias, a los excluidos, a los despojados, a los sin tierra, y más aún, pretender reconocerles capacidad política y de movilización, para hacer realidad la tal reforma agraria.

Se multiplicaron las voces estigmatizadoras, se indignaron los despojadores de tierras, se molestaron los acumuladores de millones de hectáreas, se incomodaron los narcotraficantes y lavadores de dólares, se rasgaron los vestidos e “hicieron sonar las joyas”, las señoras y señores feudales. Cómo es posible que la servidumbre vaya a tener nuevamente el acompañamiento de un gobierno que con recursos provenientes de los impuestos de la “gente de bien”, pretende apoyar la organización y la movilización y quién sabe qué más acciones, atentatorias contra el buen nombre y buen transcurrir de la vida en el campo.

Se les olvida o recurren al olvido generalizado, que Colombia es uno de los pocos países en el mundo en donde no ha sido posible la democratización de la tierra, en donde millones de hectáreas de propiedad de todos y todas, bajo el pretexto de “terrenos baldíos”, han sido apropiadas ilegalmente. Miles de metros cuadrados de humedales y ciénagas, en donde tradicionalmente se paseaban las aves, se pescaba o se gozaba de la vida han sido intervenidos o desecados, con el cuento del desarrollo ganadero.

Han sido los y las campesinas, constantemente obligados por fuerza de la violencia, la persecución, el hambre y la pobreza, llevados a romper selvas y bosques, a enfrentarse o buscar refugio en los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes, a sembrar coca o marihuana, han sido las y los campesinos los utilizados como carne de cañón en una guerra que no les pertenece. ¿Cuántos colegios, cuantas universidades, cuantos hospitales o puestos de salud, cuantos distritos de riego, cuantas viviendas o acueductos han construido los gobiernos de quienes hoy posan para las cámaras con lágrimas en los ojos, para beneficio del campesinado?

En un país medianamente democrático e incluyente, que piense en el desarrollo, la producción y la equidad, se debería estar brincando de alegría, con la noticia de que un gobierno esté pensando en hacer realidad la Reforma Rural y en organizar a las y los campesinos para que, en coordinación con las instituciones, se logre superar el atraso y las violencias en el campo, y romper la dominación violenta que los actores armados imponen en los territorios. No es para menos, teniendo en cuenta que lo que se busca superar o transformar, es el conflicto por la tierra, que dio origen junto con las persecuciones políticas e ideológicas desatadas en los años 50 y 60 del siglo pasado a las violencias políticas que hoy nos afectan profundamente.

Pero, más allá de defender una iniciativa campesina, que es recogida por un gobierno y solo a manera de recordación, para quienes piensan que esta administración es muy generosa con los y las campesinas y que el decreto atenta contra el derecho a la propiedad y que solo quiere polarizar, les hago un pequeño recordatorio de cómo la violencia desatada contra el movimiento campesino en época del tristemente célebre presidente godo Guillermo León Valencia, hoy todavía se manifiesta.

Según los registros de la Unidad Atención y Reparación Integral a las Víctimas- URIV, a primero de junio de 2023, entre los hechos victimizantes que este sector de la población ha sufrido, está el desplazamiento forzado, pues hoy se reportan oficialmente 6.908.681 víctimas de esta afectación. Asimismo, 400.257 personas del campo han soportado amenazas (de un total de 626.915), y 172.453 sufrieron homicidio (de un total de 1.091.430); pero esto, solo son unas cifras, de las muchas que el conflicto violento contra el pueblo ha producido, lo peor, es el grave daño social, político y económico que se ha infringido contra uno de los más importantes sectores, que conforman la sociedad y la cultura colombiana.

Durante más de 60 años, los poderes ocultos y reconocidos, se han ensañado contra los y las lideresas campesinas, buscando exterminar a sus organizaciones, despojándolas de su voz y su capacidad política, aprovechándose de los manejos económicos errados y del poder que el narcotráfico y la corrupción les ha otorgado, para intentar desaparecer la cultura y la vida en el campo. La mayoría de las víctimas de reparación colectiva, reconocidas por el Estado, son de origen campesino y rurales. Organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos- ANUC, la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia –ANMUCIC, la ANUC- Unidad y Reconstrucción, entre otras, son ejemplo del daño y dolor que les han causado las campañas de estigmatización, exterminio y despojo.

Si Colombia, realmente quiere un cambio, no debería aplazar más, por ningún motivo, la posibilidad de adelantar una reforma rural integral, que reconozca todas las formas de vivir y gozar la tierra y el territorio, una reforma rural apoyada en las organizaciones campesinas y rurales, no solo para movilizarse por carretas y ciudades, exigiendo o buscando tierras, infraestructura vial, distritos de riego, tecnología, apoyo económico y mercadeo, salud, vivienda y educación, sino también para fortalecer un gran torrente de organizaciones, que basadas en la economía solidaria, popular, cooperativa, familiar o privada, hagan posible vivir y permanecer en el campo, lograr la soberanía alimentaria nacional, aumentar y mejorar la producción agrícola y pecuaria, avanzar hacia la transformación y el mercadeo de los productos, la apropiación técnica y tecnológica, el cuidado y respeto por el ambiente, entre muchas consideraciones.

Si verdaderamente queremos la paz, la justicia social, la equidad, superar las pobrezas, el hambre y la desnutrición, deberíamos acompañar el propósito de la reforma rural, y las y los poseedores de tierras despojadas, las y los tenientes de tierras improductivas, las y los invasores de las rondas de los ríos, ciénagas y humedales, deberían sentirse convocados desde la bondad y la generosidad, desde la justicia y el compromiso, a buscar todos los caminos posibles, para que la Agencia nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, y el Ministerio del Ambiente, puedan adquirir, recibir y recuperar las propiedades que pueden ser objeto de reforma y las que deben ser recobradas para la lucha contra el cambio climático.

Es el momento de hacer justicia con las y los campesinos, es ahora, es hoy. No podemos pasar a la historia nuevamente, como aquellos que pudimos hacer todo lo que estaba a nuestro alcance para hacer justicia en el campo, y la mezquindad, el egoísmo, la avaricia, la falta de solidaridad, o los dogmas ideológicos y políticos nos impidieron hacerlo.

Luis Emil Sanabria D

Clamor y compromiso campesino para una sociedad en paz

Nuevamente, Bogotá fue escenario de uno de los más importantes eventos encaminados a consolidar la paz integral. Más de 120 delegadas y delegados de aproximadamente 60 organizaciones campesinas territoriales y nacionales, provenientes de todos los rincones del país, se encontraron durante tres días para, desde la sabiduría popular y cultural del campo, formular propuestas para alimentar la vida, el amor y la solidaridad, como parte del proceso social, hacia una Reforma Agraria y Rural Integral y Popular.

El debate fraterno, profundo y constructivo, se apoderó de la palabra dulce y la tradición cultural, y mezcló la diversidad de dialectos y gestos que representan la riqueza cultural y política de este importante sector social. El sombrero vueltiao se combinó con la ruana boyacense, las manos endurecidas de llaneras y llaneros, se hicieron suaves para saludar a paisas y opitas, el rio Catatumbo abrazó al Atrato, el Cauca se juntó con el Putumayo, y la madre tierra hizo valer su poder y energía para construir propuestas y generar confianzas.

Fueron varias las temáticas abordadas que dieron cuenta del compromiso que se tiene, no solo en la producción de los alimentos que llegan a las mesas de millones de colombianos y colombianas diariamente, o que son exportados, sino también, para aportar a la unidad del sector, la reconciliación nacional, la democracia y la justicia social.

Quién más que las campesinas y campesinos, que resisten y persisten desde los territorios, en la defensa de la vida y el medio ambiente, que sufren el rigor de las violencias estructurales, políticas y sociales, tienen la autoridad para exigir el cese al fuego bilateral, que se convierta en multilateral y excluya a la población civil de cualquier tipo de violencia armada. Ellas y ellos, que diariamente sufren el dolor de ver morir en combate a sus seres queridos, que lloran el reclutamiento de sus hijos e hijas por parte de las Fuerzas Armadas, las Guerrillas, las bandas criminales y los herederos del paramilitarismo, que caen gravemente heridos o muertos en los campos minados, son hoy ejemplo de lucha por la paz y de compromiso por el cambio.

Mujeres y hombres, que además de sufrir el rigor de la guerra, padecen la exclusión y el empobrecimiento, producto de años de políticas inequitativas que, como lo propone el gobierno del cambio, deben ser transformadas. Comunidades marginalizadas sin acceso adecuado y pertinente a una educación publica de calidad, sin el derecho a la salud y la vivienda, sin acceso a las tecnologías de la información, como el internet, sin vías adecuadas para el transporte de sus productos y de materias primas, y menos aún sin programas de comercialización justas, recuperan la esperanza en un presente y un futuro mejor.

De allí, la importancia de avanzar en el cumplimiento de los acuerdos de paz pactados con las extintas FARC-EP en el 2016, y los acuerdos con las organizaciones sociales y campesinas, firmados por anteriores gobiernos, y que fueron incumplidos. Por eso, el campesinado organizado, con autonomía e independencia y con un profundo compromiso movilizador, se aferra al programa de gobierno propuesto por el Pacto Histórico. Con el lenguaje propio de quienes, sin adornos y sin hipocresías, expresan sus exigencias, la convención campesina hizo un llamado vehemente a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, fundamentalmente en lo correspondiente al capítulo de la Reforma Agraria, Integral y Popular.

Estas exigencias, que no son sinónimo de oposición, sino aportes a las transformaciones políticas, económicas y sociales, requieren la pronta instalación de la Comisión Mixta Nacional de Asuntos Campesinos, instancia de interlocución, concertación y negociación entre el Gobierno Nacional y el movimiento campesino, para construir una gobernabilidad de la mano del poder popular, en donde las y los campesinos son un sector fundamental. Sin el campesinado colombiano, será muy difícil avanzar en la construcción de la paz integral, por eso la convención, valoró profundamente y aceptó la invitación a hacer parte del Comité Nacional de Participación, instancia convocada por la mesa de diálogo Gobierno Nacional-ELN.

Luego de siete intentos fallidos en el Congreso de la República, en donde los partidos tradicionales fueron fuertes saboteadores, se resaltó, como un logro de la lucha decidida del campesinado en alianza con congresistas campesinos y el gobierno del cambio, la aprobación del acto legislativo que reforma el artículo 64 de la Constitución Política, y que incorpora al “Campesinado como sujeto de derechos de especial protección”; este artículo aunque insuficiente, por cuanto no incorpora los derechos políticos, significa un gran salto en las conquistas sociales, que abre la puerta a más y mejores condiciones de vida. A buena hora, se reconoce al campesinado y su inigualable aporte a al desarrollo y la soberanía, saldando una deuda histórica, que nunca debió acumularse.

La ciudadanía, especialmente de las grandes ciudades, deberá respaldar y acompañar, el clamor y compromiso del campesinado por una sociedad en paz, con justicia social y vida con dignidad. El Estado debe garantizar la vida y la permanencia en los territorios de líderes y lideresas y de las organizaciones.

 Colombia cuenta hoy, con un acumulado social y político en el campesinado que, puede ser el motor de las transformaciones económicas para modernizar el país, con sentido solidario, soberano y democrático capaz de garantizar la alimentación de toda Colombia, y el ingreso de recursos a partir de las exportaciones, si se brindan las herramientas tecnológicas y económicas adecuadas, y se generan espacios de participación con poder de decisión para la planeación territorial.

 

Luis Emil Sanabria D.

Ministerio de Agricultura será dirigido por mujeres por primera vez

Jhenifer Mojica posesionó a dos nuevas viceministras y con ello el Ministerio de Agricultura queda por primera vez enteramente dirigido por mujeres.

La ministra de Agricultura posesionó este martes a las nuevas viceministras de Asuntos Agropecuarios y Desarrollo Rural, Aura María Duarte y Martha Viviana Carvajalino, respectivamente en un hecho inédito para la cartera.

El Ministerio de Agricultura fue creado desde octubre de 1913 y es la primera vez que tres mujeres están al frente de la cartera. La tarea principal de las tres mujeres será la implementación de la reforma agraria.

“Este es el momento en el que queremos florecer el tema campesino, porque sentimos que la agricultura familiar campesina es la que nos puede generar esa seguridad alimentaria que tanto necesita este país y el mundo”, señaló Mojica.

Aura María Duarte, viceministra de Asuntos Agropecuarios es veterinaria con maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo; mientras que Martha Viviana Carvajalino es abogada especialista en derecho constitucional y maestría en Derecho con énfasis en investigación de la Universidad Nacional de Colombia.

Adicionalmente, la ministra Mojica también posesionó a Claudia Liliana Cortés como la nueva directora de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria, UPRA.

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*Con información de Ministerio de Agricultura

**Foto: Ministerio de Agricultura

Con el artículo 55 comienza la reforma agraria

Uno de los grandes pilares de transformación de este gobierno es la reforma agraria que busca modificar la producción y propiedad de la tierra en nuestro país para que las y los campesinos puedan tener un porcentaje de tierra para ejercer sus labores. Este principio busca solucionar años de inequidad e injusticia que ha habido en Colombia con respecto al tema de tierras, que incluso pasa por desplazamientos y despojos.

El artículo 55 que la oposición calificó de expropiación exprés en una lectura simplista y un poco alejada de la realidad es simplemente un espaldarazo que desde el legislativo le dimos a la tan anhelada reforma agraria y a la paz. En la práctica real lo que se busca es facilitar los procesos de avalúo y saneamiento de bienes pues debido a la falta de información o a la desactualización se presentan inconvenientes o retrasos sobre las ofertas de tierras que llegan.

Este gobierno desde el día uno ha hablado de forma diferente en temas de tierras y comprende la necesidad de avanzar en el tema y superar años de ineficiencia administrativa, de falta de voluntad política, de centralismo y de un exceso de institucionalidad que se queda en el “eso no se puede” para avanzar en un “cómo podemos hacerlo” con garantías para todos y todas.

El propósito de este gobierno es dignificar a las y los campesinos, cumplirle al país con la paz y hacer de los territorios lugares para la vida y las oportunidades y uno de los principios para materializar este propósito es la reforma agraria, una deuda histórica que como país tenemos y que no podemos permitirnos seguir incumpliendo.

Una Colombia Potencia Mundial de la Vida, deberá entonces iniciar por resolver los conflictos de las tierras y llegar a acuerdos incluso con los sectores más conservadores y tradicionales que no han permitido un avance significativo, ello implica consensos con las orillas diferentes e implica informar mejor a la comunidad para que no se generen ruidos innecesarios como el de la expropiación exprés.

Desde mi lugar en la Cámara de Representantes me comprometo a ser un garante y abanderado de la reforma agraria y a hacer las gestiones necesarias para que por fin superemos años de inequidad en temas agrarios. En buena hora, por la aprobación del artículo 55 en el PND, el primer paso para que se materialice.

Así será la reforma agraria en la era de Petro

Este viernes el Presidente Gustavo Petro desde la Universidad Nacional en la ciudad de Bogotá, anunció que su Gobierno se apresta a iniciar, en las próximas semanas, una reforma agraria, de manera pacífica y sin despojar a los indígenas de sus tierras.

“Comenzar la reforma agraria, de manera pacífica, he ahí el reto”, dijo el Mandatario y afirmó que “los países se han industrializado allí donde han repartido democráticamente la tierra”.

En tal sentido, consideró que “esa no ha sido una consigna comunista, como ahora dirán”, sino que “repartir democráticamente la tierra para industrializar un país es el principio de la sociedad capitalista”.

Sostuvo que “eso ni siquiera se ha hecho en Colombia”, ya que “en Colombia nos han querido mantener en el feudalismo”, en “una exclusión de las mayorías nacionales, de las cuales hace parte el campesinado colombiano”.

“Nosotros queremos comenzar a hacer una reforma agraria, y por las buenas, sin quitarle la cabeza al Rey, sin robarles la tierra a los indígenas, sin estatizar la tierra, como hicieron en China o en la Unión Soviética”, indicó el presidente.

El Mandatario explicó que el objetivo de su administración es, como ocurrió en Japón o Corea del Sur, comprar la tierra, incluso a un precio comercial.

“Ese Estado que hemos recibido tiene, en el corto plazo, en cuestión de semanas, que prepararse para comprar grandes cantidades de tierra fértil y tiene que combinar esa actividad con el crédito del Banco Agrario, al cual hay que convertir, también de manera rápida, en el primer banco de Colombia”, resaltó.

Respecto al Banco Agrario, el Jefe de Estado además subrayó que “no se puede priorizar la producción de alimentos y su industrialización si no hay una palanca financiera”, que apoye al campesinado.

Además, indicó que se busca impulsar la compra de cosechas, para que los campesinos y campesinas no estén supeditados a las especulaciones de precios, sino que el Estado adquiera los productos y los lleve especialmente a los sitios donde hay hambre.

Igualmente, el Presidente hizo hincapié en que la reforma agraria beneficie, a través de la política de titulación, a las mujeres que viven en las zonas rurales, las cuales prioritariamente también deben ser dueñas de la tierra.

“La reforma agraria necesita de ustedes”, les dijo el Presidente Petro a los representantes de las organizaciones participantes en la Convención Agraria, al considerar que es preciso “hacer sentir la voz campesina en la sociedad colombiana”.

“Una reforma agraria implica una condición básica: que haya campesinos y campesinas para cultivar esa tierra”, reiteró.

El Mandatario citó a la filósofa Hanna Arendt, quien dijo: “No hay nación en el mundo que se haya configurado sino cuando el campesinado levanta la bandera nacional”.

De acuerdo con el Jefe de Estado, la filósofa judía “no estaba equivocada; lo había visto en Francia y Estados Unidos. Aquí, al contrario”, lo que se ha querido es “enterrar al campesinado en el páramo, en el desierto y en una fosa común”.

“Pues este Gobierno del Cambio quiere la alianza con el campesinado para que el campesinado levante la bandera nacional y podamos construir una Colombia en paz”, una Colombia que se pueda “llamar, con dignidad, con acierto, con legitimidad, una Potencia Mundial de la Vida y para la vida”, puntualizó el Presidente de la República.

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Foto: Presidencia de la República

Caras e inútiles. Crónica de las inversiones agrarias de la R.R.I.

Ahora que por fin el país está hablando de la necesaria reforma rural, el debate en este campo está lleno de aportes tan inteligentes como necesarios. La excelente columna del viernes de Francisco Gutiérrez Sanín pone énfasis en la necesidad de nivelar la cancha para que el gobierno hable con las organizaciones sociales del campesinado de la misma forma y al mismo nivel que lo hace con los gremios. También se han destapado cifras preocupantes como el bajo avance del catastro rural multipropósito y se han hecho propuestas para la construcción del diseño institucional que deberá implementar la reforma agraria. No obstante, mientras hay avances institucionales en las rutas para que la población acceda a tierra, cuando se trata de la producción y la comercialización, la historia del campo colombiano es una suma de fracasos, algunos más vergonzosos que otros.

Qué producir, bajo qué figura, cómo transformar, cómo comercializar, y sobre todo cómo hacer que la población rural, que vive en la pobreza en su gran mayoría, logre tener los medios no sólo para sobrevivir, sino para vivir de su oficio. Aquí las fórmulas van desde el proyecto productivo de corta duración, que no impacta sustancialmente el ingreso de la población, hasta la idea de que el campo debe ser y solo ser de la agroindustria. Excluyendo la figura de las Zonas de Reserva Campesina, cuyo gran potencial productivo y ecológico se ha probado, el resto termina siendo campañas sin contenido. Voy a contar una historia que conozco bien, para ejemplificar mi punto.

Recién firmado el acuerdo de paz, algunas cooperativas de población reincorporada pusieron el 100% de su capital, más proyectos de cooperación internacional, más todos los aportes que llegaban, para producir Tilapia en el Caquetá. Palabras más, palabras menos, el proyecto nació muerto porque el clima y la geografía hacía difícil, casi imposible su implementación. Los diseñadores, algunos de agencias de cooperación altamente sofisticadas solucionaron el impase con paneles solares para producir energía limpia que alimentara las piscinas de las tilapias. Más de dos mil quinientos millones de pesos invertidos en la solución más complicada y menos viable, porque eran los proveedores que llenaban los papeles. Como estos proyectos hay miles. Es uno de los secretos que las agencias, con vergüenza, llaman lección aprendida.

Al mismo tiempo, proyectos viables se estancaron en los OCAD esperando un padrino político que nunca llegó. Otros, aún más viables murieron antes de arrancar porque no tenían los operadores que llenaban todos los requisitos y papeleos necesarios, contadores, apoyos legales, recursos humanos y aseguramiento para poder ejecutar recursos. La persona que me lee no se imagina el porcentaje de costos indirectos en burocracia que tienen que usarse para implementar cualquier mínimo proyecto de desarrollo rural, con vocación productiva. Entonces, ¿qué les queda a las organizaciones campesinas? Animales de engorde, semillas y crédito rural de difícil acceso.

Otro ejemplo. A menos de dos horas del proyecto piscícola, una asociación campesina y agroecológica logró con innovación propia y pocos recursos producir casi o más pescado, con pozos en tierra, con geomembrana, usando menos energía y por supuesto con mejor manejo ambiental. ¿Hubiera podido, la cooperativa del primer ejemplo usar el segundo y replicarlo para ejecutar los recursos de su proyecto productivo? Por supuesto que no. En primer lugar, las cooperativas de reincorporados no manejaron sus propios recursos porque es más costoso administrar plata que implementarla. Eso hizo necesarios intermediarios, con procesos tan complejos y descontextualizados que hacen imposible comprar un tornillo en una tienda local de Florencia, Caquetá. Súmele a lo anterior dos semanas de proceso por cada tornillo, una por semillas, cambio de precios en la comida de animales, etc.  Ahora, una organización que logre posicionar su producto y lograr una venta decente, se enfrenta con el día a día para no quebrar. Los mercados locales son los mejores, porque pagan contra entrega. Las empresas grandes pagan a noventa días y ningún negocio campesino tiene ese flujo de caja. Ante eso, hubo una solución aún más innovadora: atraer inversionistas privados para que invirtieran en esas zonas a cambio de certificaciones sociales o ambientales. Y sí, hay gente que invirtió en negocios que facturaran aproximadamente 1.000 millones de pesos al año. Así hemos pasado los últimos cinco años, invirtiendo y perdiendo miles de millones de pesos, con muy escasos resultados.

¿A qué traigo a colación todo esto? A que, por supuesto no es sano ni democrático que un gobierno hable de enemigo interno, pero recordando estas experiencias hay mucho de verdad en que ese arrume de leyes, burocracias y procedimientos absurdos e inútiles encarecen el desarrollo hasta los límites del absurdo. El resto, es retórica.

 

Se aplaza la compra de tierras a Fedegan: mientras Petro cumple con agenda privada en Cartagena

Se aplazó la firma del acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), en el que se pretendía oficializar la compra de tres millones de hectáreas, y que estaba programado para hoy, así lo informó la oficina de comunicaciones de la Casa de Nariño.

Está decisión obedece a que el presidente de la República, Gustavo Petro, se quedó en Cartagena, en reuniones de su agenda privada.

El Ministerio de Agricultura reprogramará el evento con el cual se prevé que esté presente el jefe de Estado, junto a la ministra Cecilia López y los representantes del gremio ganadero del país.

El presidente calificó como un “acuerdo histórico”, entre el Gobierno nacional y el gremio ganadero del país “Fedegan” con el cual se inicia el proceso de compra de tres millones de hectáreas, que se sumarán al programa que diseñó el mandatario para reactivar la producción agrícola del país.

Este jueves la ministra de Agricultura, Cecilia López, al término de una reunión de alto nivel con el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, indicó que el acuerdo que se logró sellar este jueves permitirá consolidar en el país una reforma agraria y la política de paz total.

“Hemos llegado a un acuerdo total con Fedegán y este es un acto histórico, empieza y arranca el tercer componente de la reforma agraria; ya teníamos el primero que era la titulación y lo estamos haciendo con un número significativo de hectáreas con más de 600.000 y está en proceso lo de la Asociación de Agricultores de Colombia (SAC), donde se arrendarán 125 hectáreas para organizaciones campesinas y hoy arranca la compra de tierras con Fedegán”, indico la ministra López.

Por su parte, el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, destacó el proceso que se logró con el Gobierno nacional, al señalar que el proceso tendrá una metodología de diálogo y concertación.

“Hemos avanzado muy rápidamente, en menos de un mes hemos logrado un gran acuerdo que va a traer mucha tranquilidad al sector rural y al mismo tiempo la posibilidad que el sector rural consolide una clase media que sea capaz de responder a los retos de un país, que tiene que ser necesariamente una potencia agroalimentaria para el mundo”, afirmó Lafaurie.

Foto: cortesía

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Según la ministra Cecilia López, la reforma agraria busca convertir al país en “potencia agroalimentaria”

La ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, explicó en un debate de control político en la Comisión V del Senado de la República, los cinco puntos clave de lo que será el proyecto de reforma rural integral para la Paz Total:

Según la ministra, el proyecto busca convertir a Colombia en una potencia agroalimentaria, y la reforma será el punto central. “Si la iniciativa es aprobada, los campesinos, comunidades indígenas, negras y otros grupos étnicos, jugarán un papel protagónico”, dijo la funcionaria.

Se tiene en cuenta los temas ecológicos y la regeneración de los ecosistemas, que el presidente Gustavo Petro ha llamado “La agricultura para la vida”. Y el ordenamiento en torno al agua.

La iniciativa tendrá como tema central la seguridad alimentaria y se hará con enfoque territorial.

La ministra López Montaño afirmó que su cartera, junto con las agencias de cooperación internacional, van a identificar líneas de acción que tengan que ver con las prioridades del Ministerio de Agricultura y Desarrolla Rural, entre ellos temas como mujer rural, cuidado de bosques y áreas protegidas por parte de indígenas y afros.

En cuanto a las cadenas productivas, la ministra Cecilia López informó que ya están en marcha varias de ellas. “Productos como la soya, el maíz, cacao, ya empezaron su producción para suplir el consumo interno. Vienen dos productos a los cuales el Ministerio les está apostando: la miel de abejas y el fique”.

Al referirse a los temas incluidos en el Acuerdo de La Habana, destacó la funcionaria: “El punto uno, que tiene que ver con la reforma rural integral, el tres que habla del cese al fuego y la dejación de armas, tienen que ver con lo que pasa en el campo. Y el cuarto, la solución al problema de drogas ilícitas”.

Agregó que “la cumbre cocalera es un principio histórico. Hay voluntad de los cultivadores de coca para entrar a la legalidad. Tenemos que lograr transición de cultivos, por ejemplo, al cacao”, señaló.

La funcionaria terminó su intervención advirtiendo que “debemos tratar de que el sector rural sea sociedad de derecho, hacer una gestión sostenible, y garantizar la seguridad alimentaria”.

 

Es hora de activar el agro en Colombia, finalmente.

 Durante el siglo pasado algunos gobiernos intentaron una gran reforma agraria en Colombia, algunos incluso, como López Pumarejo bajo el marco de su revolución en marcha, propuso grandes cambios en esta materia, sin grandes consecuencias en gobiernos posteriores, así mismo, López Michelsen en su momento comentaba que Colombia debería convertirse en la gran despensa de América Latina. La realidad a hoy, utilizamos en Colombia una cifra menor al 14% de nuestras fértiles tierras para cultivar, es decir, aproximadamente 39 millones de Hectáreas. Es evidente la desigualdad e ineficiencia del sector agrícola en Colombia.

Las importaciones en 2022 en Colombia aumentaron de forma general, llegando a los $6.050 millones de dólares, crecieron un 58% comparado con el año anterior. El 13% de este rubro corresponde a importaciones de bienes agropecuarios. La alerta no solo es el aumento en el déficit de la balanza comercial, es también el hecho del aumento progresivo en las importaciones de alimentos en el país, el riesgo de la seguridad alimentaria puede aumentar también, temas a los que se les debe prestar mayor atención, sumado a la crisis por escases de insumos por la guerra entre Rusia y Ucrania, escases de fertilizantes, entre otros. Por ejemplo, el 20% de los requerimientos de fertilizantes en Colombia, se importan de esa zona de Conflicto.

Se puede pensar que no se ha logrado implementar una eficiente y alcanzable reforma agraria en Colombia que garantice la optimización de los procesos agrícolas, entre otros factores, debido al problema de acceso a la tierra, el problema del narcotráfico y la imperante desigualdad. Gran parte de lo que se produce en el país en ese sector, proviene de las grandes empresas agroindustriales, pero aún con esto, como se mencionó, no logramos aprovechar más del 14% de los suelos cultivables.

Existen más factores que podrían explicar la ineficiencia y voluntad del Estado colombiano para lograr una verdadera reforma agraria que articule la nación como una gran potencia agrícola, o como lo propone el actual gobierno del presidente Petro y su ministra de Agricultura, Cecilia López: “Colombia debe ser potencia mundial de Alimentos”. Se siguen y seguirán debatiendo esos factores, pero es hora de actuar, de planear y ejecutar.

Palabras fuertes del nuevo gobierno, pero talvez necesarias para activar el agro en Colombia, finalmente. Así como otras propuestas de este gobierno, es una ambiciosa iniciativa para esta reactivación a través de varias estrategias específicas donde se encuentran como prioridades la redistribución de la tierra y la transformación del campo inicialmente a través del aprovechamiento real de la existente ley 160 de 1990 y el decreto 902 de 2017. La ley 160 ya establece mecanismos para subsidios y adquisición de tierras entre otras disposiciones y el decreto 902 establece medidas que facilitan implementación de reformas rurales referentes al acceso y la formalización de tierras. Por estas razones la ministra López, propone no esperar nuevos proyectos de ley y comenzar con lo que tenemos para trabajar más proactivamente en torno a la transformación y activación del Agro en ese sentido.

Ministra, le propongo también revisar con sumo cuidado por favor, la nueva ley del cáñamo, la 2204 de 2022, marco legal para aprovechar el cáñamo con fines industriales, el Ministerio igual tiene plazo hasta el 10 de noviembre para reglamentar las condiciones de este tema, así como para fortalecer el plan de sustitución de cultivos con el cáñamo, allí existe una valiosa oportunidad para el largo plazo en Colombia en torno al Agro.

Adicionalmente, y con base a esta titánica iniciativa, se propone un aumento en un 30% de los recursos que se le otorgan a esta cartera, no menos, si se analiza todo lo que implica poner a funcionar esta gran máquina del agro en Colombia. Se debe tener en cuenta que se recogió para este sector menos del 50% de lo presupuestado. Entraron $2 billones de pesos cuando se esperaban $4.2 billones.

El argumento de la ministra es que, a la reforma agraria y a la redistribución de la tierra propuesta para Colombia, se le debe dar la misma importancia como se le dará en este gobierno a la sustitución de importaciones, la transición energética y la diversificación de las importaciones para convertirse progresivamente en una “potencia mundial de alimentos”, entre otras metas para el Agro. La reforma parece, se vendrá con todos los elementos que esto implica.

¿Cuál será la diferencia de este intento de reforma agraria con los anteriores? ¿Existe la suficiente credibilidad en esta cartera teniendo en cuenta que ya han existido algunos de estos funcionarios en gobiernos anteriores sin mayores cambios en la materia?

SI se aprueban y ejecutan estas iniciativas, el tiempo nos dirá si serán efectivas o no. Es innegable que bajo las condiciones económicas mundiales y de escases en temas de alimentos, inflación, entre más adversidades, debemos concentrarnos como país para lograr un aprovechamiento y desarrollo sostenible para el Agro en Colombia. Como todos los retos para los años siguientes, no será fácil, pero lo importante es que existe una voluntad política para sacar adelante una seria reforma agraria. Esperamos que la ministra López, como otros ministros de este gobierno, sea muy receptiva, que escuchen a todos los actores de las cadenas productivas, empresarios, campesinos, sociedad civil y lograr los urgentes cambios que necesitamos para la agricultura en nuestro país.

@jack80x